Autor: ANEP

El pasado lunes 7 de marzo, en las páginas de este prestigioso medio de comunicación colectiva que es Diario Extra, el señor Álvaro Ramírez Bogantes, candidato a la Primera Vicepresidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), pronunció el siguiente criterio: “Es cierto que el país está quebrado, pero se puede levantar con oportunidades.” Así lo afirmó en la entrevista que Extra le publicó en la fecha mencionada.

Imposible dejar pasar de manera desapercibida el indicado criterio de don Álvaro pues, él (junto a don José María Figueres Olsen, como candidato a la Presidencia; así como junto a la señora Laura Arguedas Mejía, quien aspira a la Segunda Vicepresidencia del país), podría compartir la dirección política fundamental del Poder Ejecutivo si ganan las elecciones de segunda ronda previstas para el domingo 3 de abril.

Don Álvaro, por una parte, nos dice lo siguiente: “Es cierto que el país está quebrado…”; por otro lado, indica: “…pero se puede levantar con oportunidades”.

Sorprende que, a las puertas de llegar al Gobierno, si ganan las votaciones de segunda ronda, tan alta autoridad política admita que el país está quebrado. Desde la corriente sindical en la cual militamos, hemos venido alertando ya, durante mucho tiempo, que Costa Rica está en una crisis fiscal tan grave que podría caer en default (quiebre del Estado-cesación de pagos). Don Álvaro fue más lejos y afirma, categóricamente, que estamos, como país, quebrados.

Seguramente don Álvaro estaba pensando en que, si son gobierno, les tocará enfrentarse a pagos de deuda pública por el orden de los 10 billones de colones; es decir, en promedio, a razón de 7 mil millones de colones cada 24 horas.

Para comprender la magnitud de tal cantidad, se lo ponemos de esta manera: En la primera hora de un gobierno liberacionista, tendrán qué pensar en que deberán honrar compromisos de deuda pública por unos 290 millones de colones, en promedio; y, así, cada hora de cada día de los 1.460 días en que serían Poder Ejecutivo.

Estamos hablando de que deberá atenderse, en el cuatrienio de gobierno 2022-2026, pagos de créditos de deuda pública de una cifra por el orden de los 15 mil millones de dólares, calculados a 650 colones. ¡Sin contar intereses!

Cómo no, entonces, negarnos a aceptar la realidad de que el país está quebrado. ¡Tiene razón don Álvaro! Y, de un modo u otro, se nos da la razón pues llevamos, repetimos, enorme cantidad de tiempo hablando de que esta quiebra del Estado es inminente. ¡Ya llegó! Él nos lo confirmó.

Que Costa Rica, ya quebrada, se pueda levantar con “oportunidades”, nos hace fruncir el ceño pues, según nuestra visión-país, tales oportunidades son prácticamente inviables con la carga de deuda pública y su obsceno pago de intereses que pesa sobre las espaldas del pueblo costarricense, aunque no fue éste quien la generó.

De seguro la papeleta presidencial liberacionista tiene que tener escondida una “fórmula mágica”: dar oportunidades con un Estado quebrado. Es más, don Álvaro afirmó que “el Estado debe ser amigo de los que la pulsean” y nosotros decimos ¡por supuesto que sí! Pero, ¿cómo?…

Nos indigna muchísimo que, tanto de un lado como del otro que competirán por la silla presidencial el próximo domingo 3 de abril, la contundencia en afirmar cómo harían, con una Costa Rica quebrada, con un Estado quebrado, para que éste sea “amigo de los que la pulsean”, esté ausente.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Personas profesionales serias y estudiosas del proceso constitucional costarricense que se ha desarrollado a partir de la entrada en vigencia de la Carta Magna, el 7 de noviembre de 1949, consideran que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, abre las puertas para dar paso a la acción ejecutiva del Estado con carácter autoritario colocando, en cuanto a hegemonía política, al Poder Ejecutivo por encima del Legislativo y del Judicial. ¡Esto es grave!

Por ejemplo, don Manuel Hernández Venegas, abogado especialista en Derecho Laboral y con gran conocimiento de la cuestión constitucional del país, nos indica que el contenido de este, ahora votado en segundo debate, proyecto de Empleo Público, tiene fuerte connotación ideológica pues recoge postulados de pensadores neoliberales como los señores Friedrich Hayek, James Buchanan y Milton Friedman.

Los agentes políticos promotores de esta legislación están en su derecho de promover, a su gusto ideológico, este tipo de leyes; sin embargo, el grave problema que surge es si el contenido de fondo del constitucionalismo costarricense puede ser modificado mediante una ley ordinaria.

Me dirán que la Sala Cuarta avaló este proyecto, sin embargo, sus pronunciamientos (divididos, en algunos casos), indican que otro conjunto de pensamientos no neoliberales han sido pisoteados; y, por el contrario, ha ocurrido el alineamiento de varios magistrados integrantes de tan alto tribunal, con posiciones de cierta prensa que defiende, precisamente, la imposición absoluta del mercado sobre el Estado.

La preponderancia del Estado central, vía un ministerio hasta ahora de “segunda”, como lo es el de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), viola, de manera sensible, la división de poderes que hemos conocido como piedras angulares de la democracia republicano-representativa.

Además, la violentación de varias de las autonomías constitucionales, como la municipal, borradas de un plomazo, nos pone en un punto de inflexión en cuanto al estado calamitoso en que quedan varios de los valores fundamentales de la Carta Magna de 1949.

El texto final de este expediente legislativo de Empleo Público, necesariamente, tendrá que ser visto con la lupa de los compromisos jurídicos del país con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos; particularmente, con los compromisos de obligado acatamiento de Costa Rica para con los diversos instrumentos y procedimientos que se establecen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Particularmente, valorar lo que está pasando con esta Ley Marco de Empleo Público, a la luz de la recientemente emitida Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los sensibles temas de Negociación Colectiva, Huelga y Libertad Sindical; pondrá contra la pared la decisión-país de seguir pregonando su apego irrestricto al respeto pleno de los Derechos Humanos y su “humilde” decisión política de acatar y someterse a los dictados-pronunciamientos y sentencias de dicha corte, por demás, con sede oficial en el país. Esto que, de seguro, implicará un fuerte proceso de litigio internacional, desnudará a la clase gobernante matriculada con el constitucionalismo neoliberal del Estado autoritario.

Las supuestas economías en cuanto a lo que el Estado tendrá al aplicar esta detestada legislación en el seno del sector obrero-social del país, son como una especie de gota de agua en el desierto fiscal en que está sumido el país, pues no pocas son las personas para las cuales el nivel de endeudamiento público es de tal calibre que un riesgo de quiebra del propio Estado está más cerca que nunca. La historia completa del tema de la arbitraria y totalitaria legislación de Empleo Público no ha terminado de escribirse.