Salarios, solidarismo y sindicalismo

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Este asunto se “cocina” en una instancia que se llama el Consejo Nacional de Salarios (CNS), adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el CNS los representantes empresariales y los del gobierno (al final de cuentas, los mismos), hacen una alianza y votan juntos, contra la propuesta que presentan los sindicatos (algo que es puramente testimonial, por cierto).

Que sepamos, nunca se conoce en el CNS una propuesta salarial presentada por el solidarismo. Esta es la clave: el solidarismo no puede formular propuestas salariales porque ello, aparte de ilegal según nuestras leyes, lo enfrentaría con los propios patronos, los empresarios, quienes, a final de cuentas, controlan el movimiento solidarista.

La corriente sindical a la cual pertenecemos no está en contra del Movimiento Solidarista. Éste tiene su propia legislación. Igualmente, el Movimiento Sindical tiene la suya; y, también, el Movimiento Cooperativo tiene su correspondiente marco legal. En una sociedad verdaderamente democrática, estas tres formas de organización social a las cuales debe tener acceso la clase trabajadora, deben existir a plenitud.

Sin embargo, es el Movimiento Sindical el que sufre las más odiosas discriminaciones, empezando por la real prohibición de formar sindicatos en las empresas privadas, en las cuales, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido.

Precisamente, por las posibilidades que tiene el Movimiento Sindical de actuar con independencia frente a los patronos, frente al Estado y frente a los partidos políticos, es que se le ataca con virulencia; se le invisibiliza, muchas veces, en los “grandes” medios de comunicación colectiva, aunque se le ataca desde éstos, despiadadamente, por parte del sicariato intelectualoide de escribanos y amanuenses, mercenarios todos de la palabra, caracterizados por sus desviaciones antidemocráticas y totalitaristas.

El potencial de fuerza de la clase trabajadora organizada en sindicatos libres e independientes, es un riesgo político que la clase en el poder (con sus diversos partidos), no está dispuesta a correr. Por eso, incluso, prefieren la condena moral (a darse el próximo año y que la caerá al nuevo gobierno), de una entidad como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes que aprobar (honrando la palabra comprometida por el país con la misma), el proyecto de ley sobre Libertades Sindicales (expediente legislativo 13.475); y aunque para evitar su aprobación deban incurrir en el filibusterismo parlamentario que tanto han criticado.

El reajuste salarial venidero para el sector Privado, será más que miserable. Ustedes lo verán. Por el contrario, es el Movimiento Sindical (no el Solidarista), el que ha propuesto (con otros sectores sociales), una nueva política salarial en tiempos de “crisis”. En el marco de las “Diez medidas para enfrentar la crisis económico con inclusión social y productiva”, propusimos toda una política de recuperación del poder adquisitivo del salario para que éste sea creciente de manera progresiva.
Se explica usted, entonces, porqué es que el gremio empresarial más “selecto” del país (para decirlo con elegancia), la UCCAEP, se opone al proyecto 13.475, de Libertades Sindicales. Pues muy sencillo, el Movimiento Sindical piensa, propone, debate, formula planteamientos; es decir, es independiente del patrono y esto es peligrosísimo: que la clase trabajadora asalariada piense por sí misma. Esto es a los ojos de los que acumulan plata y la acumulan aceleradamente, sencillamente “subverviso”.

Por eso hay que aniquilar al Movimiento Sindical y por eso hay que impedirle que asuma su rol de espacio organizativo natural de las personas asalariadas: el sindicato. La democracia de “los de arriba”, “su” democracia, no da para tanto. Hoy más que nunca se impone un cambio estructural en la forma de fijación de salarios para la clase trabajadora, pero parece que ese cambio tiene que ser también del sistema que nos empobrece, que nos excluye, que concentra la riqueza de pocos basada en la pobreza salarial de muchos.

Salarios Sector Privado: No más sacrificios para la clase trabajadora asalariada

Es criterio sindical, tanto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), que el Consejo Nacional de Salarios (CNS), como nunca antes, debe desarrollar una discusión de fondo, profunda, realmente efectiva, sobre la importancia de los salarios en atención a tres cruciales aspectos:

a) como factor redistribuidor de riqueza;

b) como factor que atenúe la velocidad que en Costa Rica presenta la concentración de la misma; y,

c) como factor, altamente dinamizador, del consumo y del mercado internos como elementos centrales para superar la crisis.

Tanto la ANEP como la CSJMP están trabajando ya en la elaboración de su propuesta para la indicada fijación; propuesta que se basará en las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.

Como se recordará, las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, fueron dadas a conocer al país al 24 de abril anterior y es una propuesta de sectores productivos, sociales y sindicales, sumamente representativos. Esta propuesta establece cinco medidas desde la Oferta de Trabajo Decente: el Fomento Productivo; y otras cinco, desde la Demanda de Trabajo Decente: Poder Adquisitivo y Capacidad de Consumo.

De cara a establecer en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), de cuánto será el aumento salarial en el sector Privado, nos centraremos en una propuesta basada en una política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos.

La ANEP y la CSJMP creemos que resulta imprescindible mantener el poder adquisitivo a partir de una canasta de consumo fundamental, lo cual requiere que los ajustes salariales no respondan a la inflación sufrida, sino que el costo inflacionario se reparta equitativamente entre empleadores y personas trabajadoras asalariadas, a partir de un aumento parcial de la inflación adelantada.

Se debe considerar que la capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial y de seguir ésta con un sesgo restrictivo, profundizará una mayor contracción del mercado interno, reduciéndose así las posibilidades de salida de la crisis.

San José, 16 de setiembre de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)

Listo Proyecto de Ley de Recursos Hídricos por Iniciativa Popular

Jueves 17 de setiembre, Auditorio Asamblea Legislativa

Todos y todas a la Asamblea Legislativa
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Este proyecto de Ley recoje una serie de consensos desarrollados a lo largo de más de 8 años de discusiones y negociaciones en el marco del Grupo Técnico del Agua, así como de las comisiones ministeriales de carácter interesectorial que desde el año 2005 venían trabajando por lograr un proyecto de ley técnicamente correcto, socialmente consensuado y políticamente viable.

Ante la falta de voluntad política del Gobierno de la República, y especialmente del exministro Dobles, las organizaciones sociales que participaban en dicha comisión ministerial acuerdan hacer un amplio llamado a todos los sectores sociales del país, organizaciones ambientales, movimientos populares, para proponer un proyecto de ley mediante el mecanismo de iniciativa popular que obliga al Congreso a conocer el proyecto en un plazo máximo de dos años.

El proyecto de ley ha incorporado todas las propuestas y planteamientos de las organizaciones sociales participantes en ANDA y constituye un poderoso instrumento para la protección y defensa de los recursos hídricos por parte de las comunidades y sus organizaciones frente a las pretenciones de grandes multinacionales y compañías de aprovechar en forma intensiva y sin controles, los recursos hídricos de nuestro país.

Entre los aspectos más importantes de este proyecto están el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental, la regionalización y desconcentración de la gestión del agua en función de la cuenca hidrográfica, el consumo humano y la protección del ecosistema como usos prioritarios, la participación real en la toma de decisiones en torno al recurso, nuevas regulaciones para la protección del agua y el otorgamiento de las concesiones para su aprovechamiento y la defensa del carácter público y no lucrativo de los servicios de abastecimiento de agua potable, enfoque de género, entre otras.

Publicado el 08-09-09

SETENA: ¿Conflicto de intereses?

San José, 14 de setiembre de 2009.
S.G. 09-11-0108-09

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia
Casa Presidencial
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Le saludamos, en primer término, de la manera más respetuosa.

Nuestros compañeros integrantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), han recurrido a esta organización con el fin de denunciar lo que estiman como un posible tráfico de influencias del Grupo ICE (específicamente, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., CNFL), ante la SETENA; en la figura de su Secretaria General, Ing. Sonia Espinoza Valverde.

La situación denunciada empezó desde los inicios del 2008, cuando la citada funcionaria, actualmente Secretaria General de la SETENA, siendo funcionaria del MINAET, habría buscado un acercamiento con la CNFL con el presunto fin de obtener una plaza de esta institución que hoy en día tiene un salario que ronda los 2.2 millones de colones mensuales.

Mediando un aparente apoyo de las altas autoridades del MINAET y, particularmente, del señor Jorge Woodbrige, Ministro de Competitividad y Mejoras Regulatorias, a través de un “Convenio de Colaboración Institucional” entre el MINAET y la CNFL, se dio una especie de préstamo de la plaza de la señora Espinoza Valverde de la primera entidad para la segunda, con el compromiso de que ella desempeñara sus funciones en la SETENA.

Lo irregular del asunto es que la mencionada servidora podría ocupar cualquier puesto dentro de la SETENA, siendo pagada por la CNFL, pero de ninguna manera en la figura de la Secretaría General de la institución, debido a que se incumple con este procedimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente.

Tal como se indicó, lo más grave del caso es que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, una funcionaria pagada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o por el Grupo ICE, no puede ejercer el puesto de Secretaría General de la SETENA.

Para ilustrar la situación, se señala el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ambiente que dice:

Artículo 85. Integración de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental estará integrada por los siguientes miembros: a) Un representante del Ministro del Ambiente y Energía, quien será el Secretario General.

Aquí se reafirma que el Secretario General de la SETENA no puede ser ningún otro funcionario de los demás miembros que componen la Comisión Plenaria de la SETENA. Al tener el Grupo ICE-CNFL un funcionario pagado con fondos de esta última (CNFL), se convierte en juez y parte y pone en peligro de nulidad actos asumidos por la señora Espinoza Valverde al ocupar un puesto ilegal, con visos de peculado eventualmente y bajo los intereses particulares de una institución cuyos proyectos impactan negativamente el ambiente, a juicio de muchos.

Para ser más claros, la CNFL tiene dos funcionarios en puestos clave de la SETENA: Uno en la Comisión Plenaria y otro en la Secretaría General; ambos claves en la toma de decisiones. La indicada comisión tiene, además, representación del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de las universidades estatales y del Grupo ICE.

Se comenta por parte de los compañeros de la SETENA que se habrían dado casos en los cuales el equipo técnico de la SETENA rechaza un estudio de impacto ambiental del ICE (como es el caso del PH Diques y otros); e, inmediatamente, se habrían girado instrucciones por parte de la señora Espinoza Valverde para que se cambie radicalmente y, en su lugar, se nombren otros profesionales que a la larga habrían terminado aprobando los estudios que otros compañeros habían rechazado. Algo parecido habría ocurrido con el proyecto PH Cote y otros. Presuntamente, esta situación también se habría presentado con proyectos piñeros entre Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Si bien es cierto a la ANEP en cuanto tal no le consta lo anterior, decidimos hacernos eco de la denuncia con la finalidad de que se investigue lo correspondiente para ó desestimarla ó certificar que las denuncias de nuestros representados son casos ciertas.

Finalmente, estima la ANEP que el despacho ministerial a su distinguido cargo, debe determinar y/o defina:

– Si el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ing. Jorge Rodríguez Quirós, está enterado de esta situación.

– Cuáles son las personas integrantes de la Junta Directiva de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. que avalaron el pago del salario, hasta la fecha, de la señora Espinoza Valverde, para ocupar el puesto de Secretaria General de la SETENA, con probable favorecimiento a proyectos de interés de esta institución, la CNFL.

– Se solicite a la Contraloría General de la República estudiar este caso por las presuntas irregularidades que presenta y a la luz de lo que pareciera ser un sesgado convenio institucional.

Con la mayor consideración y respeto, agradeciendo que la respuesta a nuestra inquietud se produzca al amparo del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos despedimos muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto


cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Reconversión productiva y préstamo del BID: ANEP pregunta al jerarca del MAG

San José, 9 de setiembre de 2009.

S.G. 09-11-0088-09

Ingeniero
Javier Flores Galarza
Ministro
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Dado el último escándalo con los Fondos de Reconversión Productiva y en razón de que su Cartera Ministerial debe observar un control directo en los asuntos pertinentes al agro nacional, nos permitimos, conforme al numeral 27 de nuestra Carta Fundamental y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se nos informe lo siguiente.

Señor Ministro, revisando la Ley 8408, sírvase indicarnos:

– ¿Cuál es el objetivo del Programa de Fomento para la Producción Agropecuaria Sostenible (PFPAS) que es financiado por el Contrato de Préstamo 1436/OC/CR, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?

– ¿Cuántos componentes contemplan el Programa y cuál es el monto de cada uno?

– Esta Ley nos habla de una Agencia Especializada Administradora de los recursos del Programa, ¿quién es ésta Agencia?, ¿cómo se escogió?, ¿administra la misma la totalidad de los componentes, conforme lo determina la Ley de comentario?

– Si alguno de estos componentes, ha sido trasladado a otro programa, indicar a qué se debe que esta norma establece una Unidad Coordinadora (UCP) y una estructura administrativa propia del Programa para ejecutar de manera eficiente la gerencia y coordinación de las actividades de éste, podría indicarnos si se cumplió con este requisito y cómo se encuentra conformada actualmente. Y si no es así porqué se ha violentado lo establecido en ella.

– Cuando salió la licitación la plaza del Director que indica el Reglamento del Programa y por qué actualmente ese cargo lo ocupa el Director Administrativo Financiero del MAG?, ¿participó este funcionario en el proceso de licitación? ¿reúne los requisitos y requerimientos para el desempeño del cargo?

– ¿Mantiene al día su representada estados financieros y registros contables para cada uno de los componentes?, favor suministrarlos.

– ¿Cuál es el porcentaje de ejecución para cada uno de los componentes desde el inicio del Programa en el año 2006 a la fecha? Favor suministrar esta información.

– Cómo se han seleccionado los beneficiarios del Programa, en el caso de asociaciones, cuentan las mismas con idoneidad ante la Contraloría General de la República para recibir y administrar fondos públicos. Rogamos suministrar listado de los beneficiarios (as) para cada componente y los montos asignados a cada uno de ellos, así como los parámetros utilizados para su selección y asignación de los montos.

– Así mismo requerimos saber, cuáles han sido los indicadores establecidos para brindar seguimiento a los recursos desembolsados, indicar entidades o personas responsables de dicho seguimiento.

En algún momento ha habido cambios sustanciales en cuanto al destino de los fondos, aprobados en la Ley 8408 o bien, han salido algunos componentes del Programa del Control de la Agencia Especializada Administradora. De ser así, cómo y porqué, quién los administra y a quiénes y porque les han sido asignados esos recursos.

Como usted entenderá señor Ministro, en el marco del Grupo de las 10 Medidas para enfrentar la Crisis Económica con Inclusión Social y de la Central Social Juanito Mora Porras, compartimos con organizaciones agrarias y sociales, que al igual que nosotros tenemos gran interés en saber en qué y cómo se han invertido y los resultados obtenidos, hasta ahora, de la inversión de este crédito de 17 millones de dólares.

Sin más y agradeciendo su atención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Junta Directiva de CSJMP.
Junta Directiva de ANEP.
Junta Directiva de FENAC.

Colombia: Foro Nacional de Derechos Humanos revela crisis humanitaria

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ­ COLOMBIA.

Declaración Final
XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ
Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009

Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:

1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.

2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.

3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (³falsos positivos²), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.

4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.

5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.

6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de ³seguridad y defensa democrática². La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.

7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.

8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.

9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.

10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.

11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.

12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.

PROPONEMOS:

1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:

– 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE. – 7 de octubre por el trabajo digno. – 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.

2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.

3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.

4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.

5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.

6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.

8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia

9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.

10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.

12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos
agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.

¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!

LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,

¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!

¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!

Bogotá, 12 de septiembre de 2009

Siete personas enfrentarán demanda por paro en hospitales

Impulsar un paro de labores en hospitales y clínicas en momentos en que el país vive una emergencia a raíz de la gripe A, provocó que las autoridades de Salud demandaran a siete sindicalistas.

La denuncia fue presentada por María Luisa Avila, ministra de Salud, en contra de los siete secretarios generales de los sindicatos que impulsaron el movimiento, entre ellos la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

Estos podrían ir a la cárcel si se les comprueba la falta, debido al presunto incumplimiento de una orden sanitaria emitida el martes.
La disposición obligaba suspender de forma inmediata todo movimiento, ya fuese un paro o una huelga, en los servicios de Salud, debido a la alerta que vive el país ante la primera ola pandémica de gripe A H1N1.
Sin embargo, los sindicalistas ignoraron la medida y promovieron el paro de labores que afectó algunos servicios, entre ellos, nutrición, laboratorio y aseo.

Incluso, en algunos hospitales como el San Juan de Dios y el México, se debieron suspender cirugías programadas ante el faltante de asistentes.
Y aunque la atención hospitalaria no sufrió mayores consecuencias, Avila decidió llevar a los sindicalistas ante los tribunales, por presunta desobediencia a una autoridad sanitaria.
“Las sanciones son penales”, argumentó Avila.

“No es contra el movimiento sindical, es a favor de las personas que merecen y tienen derecho a recibir atención. Las huelgas o paros en el sector salud son ilegales, inmorales y antiéticas, porque el artículo 121 de la Constitución garantiza el derecho a la vida, lo que la ponga en riesgo, por ende es inconstitucional”, dijo Avila.

La demanda interpuesta provocó la reacción de los sindicalistas, quienes aseguran que no existe fundamento alguno.

“La demanda no tiene razón. Nosotros nos comprometimos a que con el paro no se iban a afectar en lo mínimo los servicios que estaban atendiendo la pandemia, las emergencias ni la atención de pacientes crónicos y ninguno de ellos fue suspendido”, explicó al respecto Luis Chavarría, secretario general de Undeca.

A su juicio, se logró el objetivo del movimiento, el cual era abrir el diálogo para buscar mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud.

El sindicalista cuestionó el hecho de que no se suspenda otro tipo de actividades públicas para evitar la propagación de la gripe A, entre ellas conciertos o el encuentro de la Cultura, que a su juicio serían de mayor peligrosidad.

Fuente: La República
Yessenia Garita
ygarita@ larepublica. net

Si hay que ir a la cárcel…se irá a la cárcel: La lucha por la justicia social no se detendrá jamás

Lea además: Siete personas enfrentarán demanda por paro en hospitales
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La señora Ministra de Salud expresa así su malestar porque la orden intimidatoria que emitió en contra del citado movimiento, fue desatendida por miles de personas trabajadoras de la Caja, las cuales consideraron sumamente justo el llamado de los sindicatos al indicado movimiento, ante el crecimiento de las desigualdades salariales irracionales que se han generado en tal entidad.

Ante el conocimiento previo que tuvo de la inminencia de tal movimiento, como rectora del Sector Salud, la doctora Ávila debió informarse previamente de, no solamente la cantidad y la calidad de las medidas que se impulsaron para reducir al mínimo la afectación de los servicios básicos, esenciales, imprescindibles y otros de similar calibre; sino que, además, le faltó iniciativa para convocar a las entidades laborales del movimiento y obtener de viva voz, un relato de un largo proceso de tolerancia, de paciencia y de fe en el diálogo que los sindicatos desarrollamos frente a las altas autoridades de la Caja, siendo éstas las que lo descartaron.

Acostumbrada a la adulación constante y a una eficiente comisión de aplausos interna que tiene en el Ministerio de Salud, la doctora Ávila Camacho no logró comprender cómo no funcionó en esta ocasión, la institucionalización del miedo; lo cual sí operó a su favor durante la imposición al personal del Ministerio de Salud, del llamado proceso verticalista de_ “Desarrollo Organizacional”_ (D.O.); reestructuración disfrazada con un costo multimillonario por medio del famoso proceso de las “consultorías”.

Además, el indicado proceso de paro dejó en evidencia que la citada jerarca, en su calidad de rectora del sector Salud de la política pública del país al efecto, debe dar muchas explicaciones a la sociedad, en cuanto a su accionar en tal posición, con respecto a la oportunidad, a la eficiencia, a la eficacia de los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a la población nacional. Indudablemente que esto generó en la mencionada funcionaria gran molestia.

Sin duda alguna, la acusación en sede judicial que nos hace la señora Ministra Ávila, abre un mar de oportunidades para no solamente abrir un debate público sobre el carácter de su propia gestión, sino para evidenciar la estrategia de ataque que desde el poder neoliberal (del cual ella forma destacada parte), se ha venido urdiendo en la democrática Costa Rica contra el Movimiento Sindical, especialmente contra aquellas organizaciones que como la ANEP, hemos enfrentado los desmanes de tal poder, de manera abierta y transparente.

En este caso, el diálogo que la Ministra Ávila no fue capaz de propiciar, y que tuvo que ser abierto por los varios miles de trabajadores y de trabajadoras de la Caja que fueron el paro del pasado jueves 10 de setiembre, se ha de mantener y el próximo miércoles 16 empezarán las conversaciones oficiales.

Si hay que ir a la cárcel, se irá a la cárcel, pero no será la indicada jerarca piedra en el camino del diálogo, de la negociación y de la eventual construcción de acuerdos, en beneficio de la paz institucional de la Caja y, por ende, en beneficio de la enorme mayoría de la población costarricense que depende de los servicios de salud que brinda esta estratégica entidad de la democracia.

San José, domingo 13 de setiembre de 2009.

Foro de discusión del Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios

El Frente Nacional de Comunidades Costeras Amenazadas por Políticas de Extinción, hace invitación para el lunes 21 de setiembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa.

Los y las pobladoras de las comunidades costeras, nos sentiremos muy complacidas con su presencia, en el foro de discusión del Proyecto de Ley de los Territorios Costeros.

El evento se llevará a cabo en la Antigua Capilla de Sión, en el edificio de la Asamblea Legislativa, a las 10:00 del día 21 de setiembre del 2009.

Hay grandes intereses económicos, de empresas llamadas “desarrolladoras” que están impulsando las políticas de desalojo que sufren las comunidades costeras del país.

Urge detener esos desalojos en resguardo de la Paz y la Justicia Social en Costa Rica.

La Ley de los Territorios Costeros Comunitarios, ofrece una propuesta integral, que aborda muchos aspectos indispensables para promover el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades costeras y pesqueras así como asegurar el libre disfrute de nuestras playas.

Este proyecto de ley es el resultado del trabajo, la deliberación y la creación colectiva de hombres y mujeres de más de 53 comunidades costeras, pesqueras e isleñas agrupadas en el Frente Nacional de Comunidades Afectadas por Políticas de Extinción.

Un grito de dignidad recorre las costas de nuestro país.
Por fin ha llegado la hora de hacer justicia a las y los pobladores de nuestras zonas costeras.

Urgimos su apoyo con su presencia, en el Foro del 21 de setiembre.
¡Que los y las diputadas comprueben que todo Costa Rica, reclama un modelo de desarrollo a la tica!

En Paz y con Justicia Social.

Crónica de la dignidad y el valor en Crucitas

Ciudad Quesada, 13 de setiembre 2009

(Si desean descargar la versión con fotos aquí http://twitdoc.com/c/g6dwkk)

Cerca de las 9:30 alguien dijo que los magistrados estaban en el salón comunal, a lo que corrimos presurosos, en el tanto no sabíamos dónde era el inicio de la inspección, porque en las notificaciones solamente decía Coopevega a las 10 am. Llegamos al salón y acaban de salir, un vecino nos dijo que “andaban viendo unas fincas”, 15 minutos después llegaron y tras nuestra insistencia decidieron acreditar las personas ahí mismo. Incluso hubo un pulso para acreditar a Otto Méndez, presidente y representante legal de UNOVIDA.

En total, logramos acreditar unas 10 personas, pues la notificación decía recurrente y asesor legal, no se nos permitió acreditar asesores técnicos, sin embargo durante todo el recorrido hubo abundancia de personal técnico de la minera.

Se estaba terminando la acreditación cerca de las 10 am, cuando nos dimos cuenta los magistrados se habían ido, y alguien por ahí nos dijo: van para la sala de cómputo, que no se nos indicó ni dónde estábamos… así que de nuevo a correr detrás, a tratar de llegar al lugar, muchos de las y los compañeros no lograron llegar ni observar la inspección ni hacer las indicaciones que nos parecían pertinentes que quedasen consignadas en el acta.

Le solicitamos al la magistrada Calzada y al magistrado Mora que por favor se nos indicara la ruta y el itinerario de la visita, a los solamente nos indicaron que íbamos para el punto número 9 – ¿y los otros 7? – Pregunté yo, la respuesta fue el silencio… y ¡corra a abordar los carros porque vamos o nos dejan botados!

Así que abordamos los autos y llegamos a la intersección donde se unen la calle pública que va a Crucitas y la calle que hizo la minera. Ahí nos bajaron de los autos y nos dijeron que teníamos que caminar, que solamente 4 carros iban a entrar porque dentro no había donde dar vuelta (cosa que es totalmente falsa). De esta manera caminamos cerca de 2 Km, a medio día, hasta llegar a donde estaban los magistrados, la gente de Setena y los mineros. Hasta con el ganado se es más benevolente…

Evidentemente ya tenían cerca de 20 minutos o más de estar ahí, sin nosotros.

Entonces pedimos un momento para reunirnos, y fue donde decidimos interponer un Habeas corpus ante los magistrados presentes que quedó en el acta, en el tanto nos habían impedido circular por un camino público con nuestros vehículos, hasta plantear en algún momento que si las condiciones seguían así, era mejor cancelar la visita, a lo que el magistrado Mora reaccionó molesto y la magistrada Calzada guardó silencio, hasta que se dirigieron a deliberar y al regreso nos lo acogieron.

El diputado Merino también manifestó su descontento, pues no le fue posible acreditar su abogado José María Villalta, pues los encargados le pusieron a escoger entre el abogado y el biólogo Javier Baltodano, el otro técnico, Gabriel Rivas tampoco pudo ingresar. Así como también los técnicos que UNOVIDA había acreditado en el expediente.

Al regreso, las y los compañeros que caminaban, decidieron, en un acto de dignidad, caminar a su ritmo por media calle, impidiendo cuando menos que los magistrados se adelantaran nuevamente a llegar al siguiente punto de inspección sin nosotros, a lo que nuevamente don Luis Paulino Mora reaccionó molesto, increpando a los compañeros y amenazando con cancelar la inspección y doña Ana Virginia Calzada, guardó silencio.

Dejaron, al final, el paso libre porque algunas personas sufrimos problemas de salud por el sol y la alta temperatura que había en ese momento, en cuenta la bióloga Yamileth Astorga, recurrente y la diputada Lesvia Villalobos, persona adulta mayor, por lo tanto necesitábamos pasar para ser atendidas por la Cruz Roja que quedó también en la salida.

¡¡Si la intensión NO fue desgastarnos desde el principio… lo disimularon muy bien!!

El papel del Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones fue de bajo perfil, como si no existiera, pero a partir de este primer regreso, siguió todo el resto del trayecto en el vehículo de la empresa. Lo cual me parece sumamente vergonzoso.

No así el protagonismo del “abogado del poder ejecutivo” Fabián Volio, quien no solo había participado en un programa de radio defendiendo el proyecto, … y no solo en la radio si no en persona parecía más bien ¡¡abogado de la minera!!

Luego, mi compañero Edgardo Araya de UNOVIDA solicitó que fuésemos a ver los puentes que se habían construido sin permiso, a lo que el magistrado Mora accedió y le dijo que se fuera adelante para guiar… ¡Cuál fue nuestra sorpresa cuando él junto con Jorge Mora, mi asesor legal, se fueron a los puentes y el resto de la caravana entró por un portón, el cual cerraron nuevamente a unos pocos carros e hicieron a los compañeros y compañeras ingresar de nuevo aproximadamente 1 Km hasta el cerro Fortuna.

El resultado de esta maniobra fue que, nuevamente, nuestros asesores llegaran tarde a la inspección y no quedara consignada nuestra observación con respecto al bosque y la tala.

La respuesta vergonzosa del magistrado Mora ante nuestro reclamo: – Ahí estaba un abogado de ustedes, pregúntenle para que vean que no conversamos nada, ya que le creen más a él…

Luego seguimos hacia el vivero, donde tuvimos que esperarlos cerca de media hora porque “andaban en el baño”…

Una vez dentro, observamos en el vivero que las especies que estaban ahí no correspondían ni en un 25% a las especies del bosque, dada la alta biodiversidad de la zona, pero al tratar de hacer consignar eso, callaron al biólogo Javier Baltodano, único técnico en todo el equipo; sin embargo a la regente ambiental, sí le permitieron dar toda la explicación… digo…, le preguntaron.

Lo mismo sucedió en la bodega del cianuro, cuando quisimos consignar la distancia que había entre la bodega y el río San Juan, y que ahí nacía la quebrada que daba al río Infiernillo, medida por un GPS, ya se habían ido a ver el siguiente punto, donde también quisimos ofrecer algunas observaciones pero solamente la empresa pudo… digo, solamente le preguntaron a la empresa…

Luego de eso fuimos a ver la escuela de Crucitas, donde los niños y las niñas estaban esperándonos, pero donde tampoco nos dieron tiempo de consignar la forma en que se abastece de agua la escuela: Mediante un pozo… ¿de dónde sale el agua de ese pozo? Posiblemente del acuífero que ellos dicen que no sirve para nada….

Curiosa la placa de la escuela, ¿No?

Después visitamos un par de nidos de lapa que hay en la finca de don Alfredo Arias

Pero el colmo de la humillación e indignación surgió cuando la magistrada Calzada y el magistrado Mora, ofrecieron una conferencia de prensa, no solamente en las instalaciones de la minera si no también rodeados de signos externos, incluso con una camiseta de la misma al frente de las mesas, de cara a los medios de comunicación presentes, haciendo caso omiso de nuestra advertencia.

Posterior a eso, no sabemos si por lástima o por disimular, al fin accedieron a visitar los puentes construidos sin permiso, siendo las 4 pm.
Después de llevar sol, agua, caminar por largas horas, regaños y sufrir humillaciones, volvimos a la casa de don Guillermo Herrera a reunirnos con los demás compañeros, compartir nuestra experiencia con quienes no habían podido entrar y a comer algo…

Como una apreciación personal, me parece que tanto la magistrada Calzada como el magistrado Mora, perdieron toda la perspectiva del papel histórico que en esta ocasión les tocaba asumir. Se olvidaron del título político de su investidura, no solamente como defensores de la Constitución POLÍTICA, o sea, el pacto político entre las y los costarricenses, donde tenemos como derecho fundamental el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no solamente simples trámites legales.

La magistrada Calzada con un perfil bajo, sin decir ni preguntar mucho, sin demostrar la más mínima compasión por el atropello a nuestros derechos de defendernos, no solamente con argumentos legales, técnicos si no también de trato igualitario en el proceso. Y el magistrado Mora, prepotente, insolente, cual Dios del Olimpo, demostrando que algunos ciudadanos son más iguales que otros.

La crónica de lo que vimos, lamentamos y soñamos ese día vendrá después… hasta aquí esta crónica triste, pero llena de dignidad y valor: nos hicieron sudar, caminar, aguantar hambre, regaños, humillaciones cuales mendigos de la justicia, pero resistimos, así como hemos resistido por 15 años cuando la Placer Dome inició este proyecto de muerte y seguiremos resistiendo y luchando hasta que logremos que Infinito Gold le devuelva el nombre a Crucitas, se vaya del pueblo y prohibamos de una vez por todas, la explotación de nuestros recursos naturales, mediante industrias tan agresivas como la minería, que es pan para hoy y hambre para mañana.

* Presidenta FECON

Más fotos y videos:
http://picasaweb.google.com/Hmurilloq/VisitaACrucitas
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