El Salvador: Los estragos del TLC

San Salvador, 25 de septiembre (apro).- El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) no era lo que la publicidad oficial pregonaba.

El presidente salvadoreño Antonio Saca “vendió sin reservas” que el pacto comercial traería consigo la solución a graves problemas, como los bajos índices de crecimiento, falta de empleo y de inversión extranjera que ha padecido esta nación centroamericana en la última década.

Algunos analistas locales y pequeños productores, al observar la realidad en apenas seis meses, insisten que el CAFTA es todo lo contrario de lo que indican los postulados oficiales.

Angel Ibarra, de la red social Sinti Techan, manifiesta: el acuerdo, lejos de crear los 40 mil empleos y atraer la inversión que anunció el gobierno, ha propiciado_ “impactos serios en el sector de la agricultura y en otras áreas, provocando que muchos productores nacionales vayan camino a la quiebra, causando la pérdida de miles de empleos, sin haber logrado la tal inversión internacional”_.

El CAFTA fue firmado en mayo 2004 pero entró en vigor en El Salvador hasta marzo de 2006, tras superar dos meses de retraso, debido a que el Parlamento salvadoreño tenía que aprobar un “paquete de reformas”, referidas a la propiedad intelectual y de protección de inversiones que Estados Unidos demandaba como requisitos para hacerlo efectivo.

Originalmente el tratado debía entrar en vigor en enero de ese año. Después de El Salvador paulatinamente el resto de naciones lo han puesto en vigencia, con la excepción de Costa Rica.

El CAFTA fue promocionado excesivamente por los gobiernos centroamericanos como de gran importancia para sacar adelante las deprimidas economías de la región, pero representa un acuerdo modesto para Estados Unidos. Según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que analiza el impacto del intercambio comercial internacional, el CAFTA sólo le generará a Estados Unidos apenas una ganancia de 0.01% para su economía.

Mateo Rendón, gerente de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (Fesacora), que reúne a 189 cooperativas del sector agropecuario, manifestó a Apro:

“Lo que sucede es que nuestra soberanía productiva y alimenticia se ha venido perdiendo por el aumento de los importaciones de productos con los que nos alimentamos y aquí producimos: maíz, fríjoles, arroz, lácteos y carnes. Eso hace que nuestra producción se deprima”.

De acuerdo con Rendón, desde la entrada en vigor del CAFTA, unas 35 mil 700 toneladas métricas de maíz blanco, 65 mil de arroz y 10 toneladas de leche han ingresado al país procedente de Estados Unidos, inundando el mercado local y desplazando los productos salvadoreños.

“Nosotros pedimos (al gobierno) que se postergara la entrada de estos productos por cinco años, mientras restablecíamos el sector agropecuario, y así poder competir”, pero el gobierno salvadoreño no los escuchó, añadió.

Y agregó que el CAFTA ha causado que las importaciones hacia El Salvador hayan aumentado 15%, mientras las exportaciones disminuyeron en 18% en sólo estos últimos seis meses.

Sus datos coinciden con el análisis que elaboró la red social Sinti Techan, adscrita a la Alianza Social Continental, la cual se extiende desde Canadá hasta el sur de Latinoamérica.

Las economías centroamericanas, con excepción de Costa Rica —que aún no ha ratificado el CAFTA—, continúan afrontando crisis económicas: tasas de crecimiento bajas, inversión extranjera escasa, falta de empleos, pobreza en amplios segmentos de la población y crisis de seguridad ciudadana. Todo ello ha provocado que miles de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos encuentren en la emigración hacia Estados Unidos mejores oportunidades de trabajo y salarios dignos.

Paradojas


“Es curioso que Costa Rica, que no ha puesto en vigencia el CAFTA, haya incrementado sus exportaciones a Estados Unidos, mientras que el resto de naciones que ya lo pusieron en vigencia, lo que han aumentado son las importaciones de productos estadunidenses”
, aseguró Ibarra, protagonista junto con el economista Raúl Moreno, de un monitoreo diario de los impactos del acuerdo comercial.

“El monitoreo que realizamos, con un equipo multidisciplinario de economistas, abogados, biólogos y médicos, nos indica que el CAFTA no beneficiará a la población en nada”
, alegó.

Según un estudio reciente sobre el impacto del CAFTA, denominado Impactos del TLC entre El Salvador y Estados Unidos en el sector agropecuario y en las cooperativas, en el 2000 se producían unas 70 mil toneladas de arroz, y apenas se importaban 10 mil; hoy con el acuerdo se importan unas 70 mil toneladas y únicamente se producen unas 10 mil.

Debido al ingreso de productos estadunidenses, los precios de los productos salvadoreños han caído considerablemente, ocasionando la quiebra de muchos agricultores nacionales. “Hace un mes el precio del maíz estaba entre 11 y 12 dólares el quintal, hoy que ya entró el maíz blanco y amarrillo de Estados Unidos, el precio de nuestro producto ha bajado a ocho dólares”, apuntó Rendón.

“En mi caso personal yo regularmente siembro tres manzanas de maíz y fríjol cada año, ya con esto que se viene encima (Tratado), lo más que voy a sembrar es media manzana, sólo para el consumo familiar; ahora la seguridad alimenticia del pueblo se está basando en las importaciones”, lamentó el cooperativista.

Fesacora, que aglutina a más de 23 mil socios —aunque muchos han emigrado hacia Estados Unidos por falta de oportunidades—, y que poseen unas 133 mil hectáreas de tierra, estima que se perderán 8 mil empleos por las 35 mil 700 toneladas de maíz que ya se importaron, y unos 15 mil por el arroz importado, cada año.

Las estimaciones de esta federación indican que por cada tonelada de productos que se importen de Estados Unidos, un agricultor nacional se irá la bancarrota.

Los análisis de Sinti Techan indican también que no sólo en la agricultura hay impactos negativos, sino en el área de propiedad intelectual. “En este tema el gobierno salvadoreño ha adoptado varios convenios internacionales orientados a patentes y biodiversidad, que están en contra de los pueblos como los nuestros y que servirán para darle entrada a las trasnacionales, principales beneficiaras de tales instrumentos”, recalcó Ibarra.

El activista social agregó que en el área de propiedad intelectual, por el CAFTA han sido afectados entre 60 mil y 65 mil vendedores de CD y de DVD (no originales o “piratas”). Sostiene que estos vendedores han sido perseguidos y reprimidos y sus productos decomisados. “En breve y antes de que termine el año esta situación que afecta a los comerciantes informales de música y películas, afectará a miles de vendedores de ropa y zapatos, así como a los que comercian software”, agregó Ibarra.

“Es decir, el futuro del CAFTA es sombrío para la población salvadoreña y centroamericana”, finalizó Angel Ibarra.

Fuente: www.proceso.com.mx, Mexico

Trabajadores del Banco de Costa Rica contra el TLC

20 de febrero de 2007
RMM-48-02-07
PARA: TODO EL PERSONAL BCR
ASUNTO: TRATADO DE LIBRE COMERCIO

¡Llegó el momento de cumplir con nuestro deber ciudadano¡

Hace 150 años, una falange de mercenarios invadió el territorio nacional y trató de adueñarse de nuestro país. Afortunadamente, en esa ocasión, nuestra Nación estaba bajo el mando de un Señor Presidente, incorruptible, insobornable, que por el contrario, marchó personalmente, al frente de nuestro glorioso ejército libertador, a enfrentar y derrotar a los filibusteros.

Pero lo que en aquella oportunidad no lograron con la fuerza de las armas, porque se encontraron con la resistencia de un pueblo que no estaba dispuesto a sacrificar su soberanía y libertad, lo tratarían de intentar, después, con “la diplomacia del dólar”. Este fue el pronóstico del derrotado W. Walker.

Ahora es con el Tratado de Libre Comercio que pretenden dominarnos y saquear todos nuestros recursos.

Los tratados de libre comercio son instrumentos que los EEUU han promovido y celebrado con diferentes países, para garantizar su hegemonía política, económica y militar.

De_ “libre”_ comercio no tienen absolutamente nada, porque en su negociación siempre han prevalecido los poderosos intereses de los EEUU y las compañías que representa. Así lo admite el propio JOSEPH STIGLITZ, Premio Nóbel de Economía, quien llegó a presidir el Consejo de Asesores Económicos de la Administración Clinton y después vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial:_ “En la asimétrica negociación de tratados comerciales no priman la equidad o la democracia, sino los intereses de grupos particulares como las farmacéuticas y las petroleras, o al menos son los intereses que representa la oficina comerciales de EU.(…) Si la firma del TLC tuviese negociaciones reales y posibilidades de beneficiar a los países, sí lo recomendaría, pero Estados Unidos no negocia sino que demanda e impone.”_

Nada más cierto que lo que afirma Stiglitz en el caso de la tristemente célebre negociación del TLC de EEUU con Centroamérica, que se desarrolló al amparo a la sombra de una cláusula de secretividad o confidencialidad, impuesta por aquel país, dócilmente aceptada por los
negociadores costarricenses, que le impidió a la ciudadanía conocer el proyecto original y los avances del oscuro proceso, hasta que se nos dio a conocer la criatura ya consumada, totalmente perjudicial para Costa Rica.

¡Y ni qué decir de la tramitación que hasta ahora ha tenido el TLC en la Asamblea Legislativa, cuyo trámite ha sido totalmente atropellado, autoritario y hasta más de una legisladora ha sido cuestionada por un pretendido conflicto de intereses¡

Jamás podríamos estar en contra de la apertura comercial, ni mucho menos del libre comercio, pero este TLC no tiene nada de libre, ni mucho menos de justicia, porque no se respetaron las asimetrías que existen entre nuestro país y aquella poderosa nación, cuyo típico ejemplo es el subsidio a la agricultura norteamericana, que EEUU se opuso a cualquier medida que afectara esa política pública.

Ya existen países que están pagando muy caro la firma de un TLC. El caso más patético es México, cuya agricultura ha sido barrida, los salarios mínimos reales sustancialmente han disminuido y pasó a ser de un país que exportaba, a un país que ahora tiene que importar una buena parte de la producción de granos. Ya se le vendió el alma al Diablo y cuando se trata de esta clase de comercio, no hay acción de regreso y nadie se salva de las llamas del fuego.

No queremos que le ocurra la misma suerte a nuestro querido país. No queremos esta clase de TLC, que entregará toda la inversión que los costarricenses, a lo largo de más de 50 años, con mucho costo y sacrificio, destinamos al desarrollo de las telecomunicaciones, electricidad y la protección de nuestros recursos naturales.

No queremos esta clase de TLC que devastará la seguridad social costarricense, que obligaría a la CCSS a comprar medicamentos patentados, con el consecuente perjuicio para la salud pública.

No queremos un TLC que violenta nuestra institucionalidad democrática, destruirá nuestro Estado Social de Derecho y que “llevaría a Costa Rica a transformarse en una colonia norteamericana”, que fue lo que le advirtió recientemente ADOLFO PEREZ ESQUIVEL, Premio Nóbel de la Paz, al Presidente Arias: “El fracaso de los EEUU de implantar en el nivel continental en el 2005 el TLC, es una muestra clara y contundente que hay pueblos que no claudican, que resisten a las fuertes presiones y que tienen el coraje de defender sus derechos. Otros lamentablemente han claudicado y han hipotecado la vida de sus pueblos, traicionando su libertad y autonomía. (….)Frente a estos desafíos, cabe peguntarse ¿qué quiere el pueblo costarricense?.”

La Junta Directiva de UNEBANCO se suma a todas las voces de los diferentes sectores sociales, económicos, productivos, eclesiásticos, de este país, intelectuales, de las universidades públicas, que no están de acuerdo con este TLC. Nos alienta y reconforta mucho la reciente declaración de más de treinta sacerdotes costarricenses, que recogiendo el clamor de sus feligreses, también se pronunciaron en contra del TLC.
Tenemos una responsabilidad que cumplir con nuestros hijos y futuras generaciones; que no nos vayan a reclamar que no supimos defender la justicia, la soberanía y la libertad, que nuestros antepasados, labriegos y sencillos, que no eran de muchas letras, pero que no necesitaron muchos estudios para comprender, que cuando la Patria está amenazada, el deber está por encima de todo.

Hacemos un caluroso llamado a todos los trabajadores y trabajadoras del Banco de Costa Rica, para que participemos, cada uno de acuerdo con nuestras posibilidades, en la marcha pacífica que se estará realizando el próximo 26 de febrero, por la defensa de nuestra paz, justicia y libertad.

P/COMITÉ EJECUTIVO
Róger Muñoz Mata
Secretario General

POR UN SINDICATO PARTICIPATIVO

Campaña para radio invita a marcha del lunes 26

Costa Rica no puede quedarse atrás


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¿Por qué será?


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NUEVAS EVIDENCIAS CONFIRMAN GRAVE CONFLICTO DE INTERESES DE LA DIPUTADA ANTILLÓN GUERRERO EN EL TRÁMITE DEL TLC

El pasado 7 de febrero de 2007 la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos (*PhRMA* por sus siglas en inglés), presentó una petición formal ante el Representante Comercial de Estados Unidos en la que solicita la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica por no aplicar las normas de protección a las patentes sobre medicamentos contenidas en el TLC.

PhRMA es la cámara empresarial que agrupa a las principales trasnacionales farmacéuticas de Estados Unidos.

El documento presentado pide a las autoridades comerciales de ese país que tomen acciones agresivas “en todos los niveles” contra Costa Rica y varios países más que, en su opinión, no protegen adecuadamente sus intereses en materia de propiedad intelectual sobre productos farmacéuticos.

Concretamente, PhRMA y sus afiliados solicitan que Costa Rica, junto con 24 países más sea incluida en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” del Procedimiento Especial 301. Este es un mecanismo unilateral de la legislación estadounidense que faculta a las autoridades de ese país a elaborar informes anuales sobre las normas de propiedad intelectual que aplican otras naciones.

La inclusión de un país en la_ “Lista de Vigilancia Prioritaria”_ implica la amenaza de sufrir sanciones comerciales unilaterales, por parte del Gobierno estadounidense.

Históricamente este procedimiento ha sido utilizado por EEUU para presionar a otras naciones para que apliquen normas de protección a la propiedad intelectual que superen los niveles exigidos en la OMC (_“ADPIC-plus”_).

Y esto es lo que ocurre en el caso de Costa Rica. La solicitud de* PhRMA* para que nuestro país sea sometido a dicho procedimiento se fundamenta básicamente en que nuestro país no aplica las normas “ADPIC-plus” contenidas en el Capítulo 15 del TLC, a pesar de que dicho Tratado no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa.

Costa Rica ha aprobado legislación que cumple plenamente con las obligaciones asumidas en la OMC.

Sin embargo, las compañías farmacéuticas estadounidenses piden que se sancione a nuestro país porque no aplica los beneficios adicionales que obtendrían con el TLC, tales como:

  • Uso exclusivo de datos de prueba. PhRMA alega que la legislación costarricense contiene “excepciones y limitaciones” en relación con la publicidad de datos prueba utilizados para comercializar medicamentos, que “no serían inconsistentes con el TLC” Reclaman la imposición de una protección absoluta por un plazo de cinco años.

Es decir, lo que el TLC establece en su artículo 15.10.1.

  • Vinculación “patente-registro sanitario”. PhRMA pide sancionar al país por no establecer un sistema que “asegure” que el Ministerio de Salud se convierta en policía de patentes, de manera que no apruebe el registro sanitario a un segundo solicitante, para un producto que está incluido dentro de una patente.

Otra vez, lo que el TLC exige en su artículo 15.10.2.

  • Ampliación del plazo de las patentes por atrasos en el registro sanitario. También se reclama porque Costa Rica no incorpora en su Ley de Patentes (compatible con la OMC) este beneficio para las empresas farmacéuticas contenido en el artículo 15.9.6.

(*FUENTE: PhRMA,* “Especial 301 Submission 2007”, páginas 152 a 155)

Un hecho adicional de gran importancia es que en el informe citado PhRMA celebra y apoya la decisión del Representante Comercial de EEUU de incluir a Chile en la “Lista de Vigilancia Prioritaria”, adoptada el pasado 8 de enero de 2007. Esta medida se tomó a pesar de que ese país ya cuenta con un TLC suscrito con EEUU en vigencia, lo que contradice la afirmación de que Costa Rica dejaría de exponerse a este tipo de presiones si aprobara un Tratado de esta naturaleza. De hecho, las autoridades estadounidenses están cuestionando las normas de implementación que Chile adoptó para cumplir con sus obligaciones del TLC. Normas similares a las que en Costa Rica el COMEX pretende adoptar para –supuestamente- mitigar los impactos negativos del Capítulo de Propiedad Intelectual sobre el derecho de la población al acceso a los medicamentos.

DE LAS GANANCIAS MILLONARIAS PARA LAS FARMACÉUTICAS CON EL TLC

La solicitud presentada por PhRMA al Gobierno de EEUU incluye estimaciones de los ingresos que supuestamente habrían dejado de percibir las compañías farmacéuticas –entre enero y setiembre de 2006- por la no aplicación de las medidas de propiedad intelectual requeridas por estas empresas en cada uno de los países cuestionados.

Aplicando una metodología que toma en cuenta las normas aplicadas en materia de patentes y protección de datos de prueba, PhRMA procede a calificar como “daños” los ingresos adicionales que esperaría percibir si se aplicaran las medidas “ADPIC-plus” que reclama.

Así las cosas, en el caso de Centroamérica PhRMA estimó que los ingresos que dejó de percibir fueron de más de ciento doce millones de dólares ($112,352,000), de los cuales diecisiete millones y medio ($17,631,000) serían por protección de datos de prueba y casi 95 millones ($94,721,000) por patentes, como se muestra en el cuadro a continuación. (*FUENTE: PhRMA,* “Especial 301 Submission 2007”, Apéndice I)

  • (Ver Cuadro 1)*

El informe no contiene un desglose que especifique los “daños” que las farmacéuticas estiman haber sufrido en Costa Rica.

Sin embargo, los únicos tres países signatarios del TLC incluidos en el documento son Guatemala, República Dominicana y nuestro país, de manera que la estimación de 112 millones de dólares dejados de percibir en Centroamérica provendría de estas naciones.

Las conclusiones que se extraen del citado informe son reveladoras y determinantes a la hora de analizar el conflicto de intereses de diputados como la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional en relación con la aprobación del TLC.

A confesión de parte, relevo de pruebas dicen los abogados. La cámara empresarial que representa los intereses de las grandes compañías farmacéuticas de EEUU declara públicamente ante su propio Gobierno que la no aplicación en Costa Rica de una serie de medidas “ADPIC-plus” para reforzar y ampliar sus patentes sobre medicamentos implica que deje de percibir ingresos millonarios.

Se trata de decenas de millones de dólares (como mínimo) según sus propias estimaciones realizadas solo para los primeros nueve meses de 2006.

Las medidas cuya falta de aplicación provocan que no existan estos millonarios ingresos adicionales son en su gran mayoría las mismas que se le imponen a Costa Rica en el Capítulo 15 del TLC que se discute actualmente en el Parlamento de nuestro país.

A su vez, es posible concluir que, si la Asamblea aprueba este Tratado y Costa Rica asume la obligación internacional de adoptar tales medidas, las compañías farmacéuticas percibirían esos millonarios ingresos adicionales que ahora no están obteniendo.

Es decir, hay un reconocimiento expreso, público y formal (sustentado en estudios técnicos) de las farmacéuticas estadounidenses en sentido de que la aprobación de las normas “ADPIC-plus” de patentes sobre medicinas contenidas en el TLC implicaría para ellas un beneficio económico directo de millones de dólares en ingresos adicionales que hoy no perciben.

Ingresos adicionales millonarios que se originarían por la incorporación al ordenamiento jurídico costarricense de las normas contenidas en los artículos 15.9 y 15.10 de dicho Tratado.

¿Y TODAVÍA DICEN QUE NO HAY CONFLICTO DE INTERESES?

Mediante el aporte de las pruebas documentales pertinentes, se ha demostrado que el cónyuge de la diputada Antillón Guerrero, señor Luis Pal, es representante en Costa Rica de Pfizer Inc. y otras compañías farmacéuticas estadounidenses, para la defensa de sus intereses relacionados con patentes sobre medicamentos y otros asuntos de propiedad intelectual.

Pfizer Inc. y esas otras compañías farmacéuticas estadounidenses son miembros de PhRMA.

PhRMA
y sus agremiados le solicitaron el pasado 7 de febrero al Gobierno de EEUU que someta a Costa Rica a un procedimiento de vigilancia y eventuales sanciones por no aplicar normas “ADPIC-plus” en patentes sobre medicamentos que están contenidas en el Capítulo 15 del TLC.

En dicha solicitud, PhRMA y sus agremiados reconocen públicamente que la aplicación de las normas “ADPIC-plus” en patentes sobre medicamentos contenidas en el Capítulo 15 del TLC les generarían ingresos millonarios adicionales (decenas de millones de dólares) que hoy en día NO reciben, porque tales normas no se aplican en Costa Rica.

El TLC con los Estado Unidos se tramita en el Plenario de la Asamblea Legislativa bajo el expediente 16.047. Fue dictaminado en la Comisión de Internacionales con el voto favorable de la diputada Antillón Guerrero, Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional.

Si el Plenario Legislativo aprueba el TLC, Costa Rica asumiría la obligación de aplicar una serie de normas en materia de patentes sobre medicamentos, que actualmente no tiene el deber de aplicar.

Al mismo tiempo, la aprobación del TLC se traducirá en millonarios ingresos adicionales para las compañías farmacéuticas que integran PhRMA, como Pfizer Inc.

Por lo tanto, las actuaciones que realice la diputada Antillón Guerrero en el ejercicio de su cargo a favor de la aprobación del Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC, en la práctica, producirán beneficios económicos millonarios para las compañías farmacéuticas de las cuales su cónyuge es representante, encargado de la defensa de sus intereses en asuntos de patentes y propiedad intelectual. Es decir, encargado de la defensa de los intereses de estas compañías en los asuntos que producirán tales beneficios económicos, en los asuntos relacionados con el Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC.

De esta relación directa y concreta entre la actividad de la citada funcionaria pública y la obtención de cuantiosos beneficios económicos para las empresas representadas por su cónyuge es que se configura un conflicto de intereses.

De más está señalar que esta relación existe independientemente de si es querida o no por las partes involucradas.

Por las razones expuestas, es que resulta sumamente preocupante que algunos sectores pretendan distraer la atención de estas graves denuncias a través de burdas generalizaciones que ocultan el problema de fondo.

En este caso, no se trata de “educadores legislando sobre educación” o “agricultores legislando sobre agricultura” o “abogados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos”. No nos encontramos ante supuestos similares como de forma absurda se ha intentado hacer creer a la opinión pública.

El conflicto de intereses se presenta por la participación de una diputada en la aprobación de leyes que implican cuantiosos beneficios económicos para un grupo específico de empresas que son representadas por su cónyuge en el área específica en la que se producirán esos beneficios.

Si un diputado que es de profesión educador aprueba una ley que beneficia a la educación no está recibiendo un beneficio económico para si, salvo el beneficio general que recibirá toda la sociedad. Si una diputada que labora para una institución aprueba una ley para fortalecerla no está recibiendo un beneficio económico directo.

Asimismo preocupa también el absoluto silencio guardado por algunos medios de comunicación, como la “La Nación” sobre los hechos que motivan esta denuncia. El 13 febrero de 2007 ese medio informó sobre la petición de una Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) para que se incluya al país en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” por no perseguir adecuadamente la piratería de libros, discos musicales y revistas. Pero no informó sobre la petición similar presentada por PhRMA, ni sobre la denuncia sobre el conflicto de intereses de la diputada Antillón Guerrero.

Igualmente, hace un año este y otros medios le dieron amplia difusión a una denuncia por conflicto de intereses contra una diputada del PAC, cuya familia es productora de arroz. En esa oportunidad “La Nación” y otros medios celebraron que esa diputada decidiera abstenerse de tener cualquier participación en el trámite de los proyectos relacionados con el sector arrocero. ¿Por qué ahora tanto silencio?

Grandes farmaceúticas solicitan sanciones comerciales contra Costa Rica

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social UNDECA

Partido Frente Amplio

COMUNICADO DE PRENSA
Jueves 22 de febrero, 2007.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en conjunto con el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río descubrimos que el pasado 7 de febrero la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA) solicitó la imposición de sanciones comerciales en contra de Costa Rica.

Esta solicitud formal la presentó ante el Representante Comercial de Estados Unidos, bajo el argumento de que no se aplican las normas de protección a las patentes sobre medicamentos, contenidas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En el documento solicitan a las autoridades comerciales del país norteamericano que tomen acciones agresivas “en todos los niveles” contra Costa Rica, porque, en su criterio, no protegen adecuadamente sus intereses en materia de propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos.

“En concreto PhRMA y sus afiliados piden que nuestro país sea incluido en la Lista de Vigilancia Prioritaria, la cual, precisamente, implica la amenaza de sufrir sanciones comerciales por parte de Estados Unidos”, explicó el secretario general de UNDECA, Luis Chavarría.

La solicitud que busca que nuestra nación sea sometida a dicho procedimiento, se fundamenta en que no aplicamos las normas “ADPIC-plus” contenidas en el Capítulo 15 del TLC, a pesar de que dicho Tratado no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa.

Es decir, comentó el secretario general de ANEP, Albino Vargas, que nos quieren sancionar porque no les hemos dado beneficios adicionales a estas empresas, las cuales, están dejando de percibir ganancias por unos $112 millones en Centroamérica.

Con esta situación, quedamos claros que hay un reconocimiento expreso, público y formal de las farmacéuticas estadounidenses de que la aprobación de las normas contenidas en el TLC, implicarían un gran beneficio económico directo, que hoy no perciben.

A su vez, es posible concluir que, si la Asamblea aprueba este Tratado y Costa Rica asume la obligación internacional de adoptar tales medidas, las compañías farmacéuticas percibirían esos millonarios ingresos.

“Este informe es revelador y determinante a la hora de analizar el conflicto de intereses de diversos diputados, como es el caso de la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, Mayi Antillón, de quien hemos demostrado con pruebas documentales, que es cónyuge del representante de Pfizer Inc. y otras compañías farmacéuticas estadounidenses, en Costa Rica”, señaló el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río.

Pfizer Inc. y esas otras compañías farmacéuticas estadounidenses son miembros de PhRMA, por lo tanto, las actuaciones que realice la diputada Antillón en el ejercicio de su cargo a favor de la aprobación del Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC, en la práctica, producirán millonarios beneficios para las compañías de las cuales su esposo es representante, encargado de la defensa de sus intereses en asuntos de patentes y propiedad intelectual.

Es decir, encargado de la defensa de los intereses de estas compañías en los asuntos que producirán tales beneficios económicos, en los asuntos relacionados con el Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC.

Le recordamos a la diputada liberacionista que la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en su artículo 48, sanciona con cárcel de uno a ocho años al funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos que otorguen beneficio directo a su cónyuge o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.

NUEVAS EVIDENCIAS DE CONFLICTO DE INTERESES DE DIPUTADA ANTILLON GUERRERO

Trabajadores Nicaraguenses se solidarizan con el pueblo costarricense

Frente Nacional de los Trabajadores

FETSALUD, CGTEN-ANDEN, UNE, CST-JBE,
FEDPES-ATD, FESITUN, STPCP

Managua, 15 de febrero del 2007

Cro. Edgar Morales Quezada,

Secretario General Adjunto de ANEP y

Coordinador de la PSCC en Costa Rica.

San José, Costa Rica.

Sus Manos.

Estimado Edgar:

Recibe nuestra solidaridad militante. Estamos con vosotros y la agresión que habéis sufrido es una agresión contra todos los hombres y mujeres patriotas y honesto de Centroamérica.

La represión, la amenaza cobarde y la agresión a los ciudadanos es propio de gobiernos dictatoriales que han dejado de representar los intereses de sus pueblos. Pero estamos seguros que en Costa Rica existe un pueblo inteligente, con mucho talento y talante que sabrá censurar las acciones equivocadas de su gobierno y el DR-CAFTA del neoliberalismo y sus multinacionales se estrellarán frente a la gallardía del pueblo y trabajadores ticos.

¡Ni un paso atrás!.

Fraterno,

José Ángel Bermúdez Lazo,

Secretario Ejecutivo Nacional

Coordinación Nacional del FNT

Cc: Archivo RR.II – Cro. José Antonio Zepeda López

Rechazan en Dominicana nuevas exigencias de EE.UU. para TLC

Santo Domingo, 13 feb (PL) Nuevas exigencias de Estados Unidos a República Dominicana para lograr más concesiones antes de la entrada en vigor de un Tratado de Libre Comercio (TLC) regional, provocaron hoy expresiones de rechazo del Gobierno.

El secretario de Industria y Comercio (SEIC), Francisco Javier García, advirtió que el Estado dominicano no está obligado a aceptar requisitos adicionales para aplicar el TLC firmado con de Estados Unidos y Centroamérica.

La entrada en vigencia del DR-CAFTA, como se conoce el acuerdo por sus siglas en inglóés, ha venido sufriendo postergaciones desde el pasado año. En cuanto la parte dominicana accede a una demanda, surge otra.

El gobierno de Estados Unidos, denunció García, ha presentado a las autoridades dominicanas nuevos requisitos “no incluidos en el texto aprobado, y eso no podemos aceptarlo”.

“Todo lo que Estados Unidos requería como requisito para la entrada en vigencia del DR-CAFTA, el país ya lo cumplió”, recalcó el funcionario.

Las nuevas presiones provienen ahora de la transnacional Texaco-Chevron a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en esta capital, en busca de monopolizar el transporte de combustible con sus camiones.

Con ese propósito la compañía estadounidense canceló 45 contratos a empresas transportistas nacionales, en el interés de controlar una actividad cuyos ingresos anuales ascienden a tres mil millones de pesos (90,9 millones de dólares).

Un “intercambio de información” con las autoridades comerciales estadounidenses a principio de año hizo a las autoridades dominicanas abrigar esperanzas sobre la entrada en vigencia del tratado el 15 de enero pasado.

El 7 de enero ya se habían cumplido las últimas exigencias estadounidenses al eliminar el impuesto selectivo a los automóviles y autorizar la importación de vehículos de más de cinco toneladas y hasta 15 años de antigüedad.

Mas el país no fue certificado para entrar y empezaron a solicitar nuevas informaciones sobre una resolución gubernamental de diciembre pasado para intervenir y regular cancelaciones de contratos del transporte de combustibles, entre distribuidoras y transportistas.

Con esa resolución, las autoridades dominicanas fijaron su posición en torno a la decisión unilateral de Texaco-Chevron, de acuerdo con su llamado Proceso Global de Optimización del Transporte, para intentar controlar la distribución de combustibles en el país.

Fuente: Prensa Latina

¿QUIÉN NECESITA UN AEROPUERTO INTERNACIONAL EN OSA?

COMUNICADO DE PRENSA

¿QUÉ NECESITA OSA?

Primero que nada, en Osa urgen centros educativos públicos de calidad . Hoy en día, maestros y profesores tienen que hacer milagros para impartir lecciones en escuelas y colegios que no ofrecen las mínimas condiciones. Las sedes de universidades estatales en la región hacen lo mejor que pueden, pero no son suficientes para atender la demanda de jóvenes obligados a emigrar en busca de mejores opciones. Más que un aeropuerto, hace falta en Osa un instituto tecnológico especializado en ciencias naturales, forestales y agrícolas. Hacen falta además asilos de ancianos y centros recreativos y deportivos para niños, jóvenes y adultos.

Se necesitan más y mejores EBAIS y hospitales. Basta viajar de Chacarita a Puerto Jiménez para darse cuenta que hablar de aeropuertos es una burla, donde caminos y puentes constituyen un permanente atentado. Asimismo urgen mejores servicios de transporte para que nuestra gente, trabajadores, estudiantes, amas de casa, dejen de viajar hacinados como si se tratara de ganado. Nada de esto se resolverá con la construcción de un aeropuerto.

LIBERIA TIENE AEROPUERTO

¿Y de qué les ha servido a los liberianos? ¿Han mejorado las escuelas, los colegios, los EBAIS y hospitales, los puentes y caminos? ¿Se ha fomentado el desarrollo de actividades agropecuarias? ¿Se ha fortalecido la identidad y la cultura de los guanacastecos? ¿Se han abierto más caminos públicos para disfrutar de las playas? ¿Se ha controlado la deforestación y la erosión de los suelos? ¿Se ha consolidado la tenencia de la tierra en manos costarricenses?

Al contrario. El aeropuerto de Liberia, pagado con el dinero de las y los costarricenses, ha servido para atender las necesidades de enclaves turísticos en manos de poderosos empresarios nacionales y extranjeros, tales como Papagayo, Los Sueños, Barceló, Meliá. ¿Y los guanacastecos? Simplemente, han pasado de sabaneros a saloneros.

ALGUNOS FRUTOS DEL AEROPUERTO DE OSA

  • Los nuevos dueños de las tierras podrán llegar en avión directamente de su país, sin tener que pasar por el Juan Santamaría.
  • El valor de la tierra subirá a precios exorbitantes y se acelerará la venta a extranjeros.
  • Más y más condominios y hoteles cubrirán cerros, bosques y playas, acelerándose la deforestación, la erosión y la desaparición de ecosistemas terrestres y acuáticos.
  • Se multiplicarán las piscinas y los campos de golf y se reducirá la disponibilidad de agua para los pueblos.
  • Se reducirán las vías de acceso a las playas y ríos, restringiéndose cada vez más las posibilidades de recreación para las y los costarricenses.
  • Se generarán empleos temporales para obreros de construcción, guardas, mucamas, saloneros…
  • Proliferarán la violencia, las drogas, el alcohol y la prostitución.
  • Escuelas, colegios, hospitales, caminos vecinales… seguirán exactamente igual.

¿A QUIÉN LE SIRVE UN AEROPUERTO EN OSA?

Quien haya viajado de Dominical a Palmar no podrá negar que esta autopista es quizá una de las mejores del país, si no la mejor. Los viajeros se preguntan: ¿Por qué nuestros políticos habrán decidido invertir tanto dinero en una carretera tan ancha y espléndida, habiendo tantas necesidades prioritarias en otros lugares más poblados? Probablemente la respuesta se encuentre en los cientos de rótulos dispuestos a la orilla de la famosa autopista: FOR SALE, REAL ESTATE, OCEANVIEW, BEACH FRONT.

A falta de políticas favorables y mejores opciones, los pobladores de la zona se han visto en la necesidad de desprenderse de su principal patrimonio: la tierra. Cada día más y más tierras pasan a manos de extranjeros y los políticos viven encandilados con la ocasión de atraer más dólares en menos tiempo. La “lucha contra la pobreza” y los “mejores servicios” son simples adornos retóricos. En tiempos de globalización y TLC, cuando lo comercial es más importante que lo social, los políticos están transformando a Costa Rica en una mercancía que se vende al mejor postor. El poder ejecutivo ve solo cifras donde hay costarricenses de carne y hueso; los jerarcas municipales se relamen pensando en los jugosos beneficios que vendrán con la plusvalía de los terrenos.

No por casualidad, el tema de campaña del nuevo alcalde de Osa, Alberto Cole, fue el aeropuerto. No por casualidad, el diputado puntarenense Olivier Jiménez, otro de los impulsores del aeropuerto, asegura que la obra será una “fuente primordial de trabajo”. Los dos pertenecen del partido de gobierno y su misión es servir a los intereses que los llevaron al poder.

¿No cree usted?

Para más información: Juan Figuerola – Tel. 283-7193

Organizaciones sociales solicitan observadores de la Defensoría de los Habitantes

Mesa Intersectorial de Derechos Humanos
Red de Control Ciudadano
Red de Organizaciones de Derechos Humanos,
No Violencia y Paz
Movimiento Ecuménico Mazorca

San José, 19 de febrero de 2007

Ciudadana Defensora Lisbeth Quesada
Defensoría de los Habitantes
Costa Rica

Reciba un cordial saludo:

Para el próximo 26 de febrero de 2007, organizaciones cívicas de muy diversa naturaleza están convocando a una marcha en la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Se trata de una gran manifestación ciudadana que quiere expresar su repudio al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y pacíficamente desea transmitir a la Asamblea Legislativa una excitativa, enérgica pero respetuosa, en el sentido de que no se ratifique este Tratado.

Las organizaciones participantes en esta marcha son de la más heterogénea naturaleza. Se incluyen organizaciones juveniles y estudiantiles, ambientalistas, de agricultores y campesinos, de mujeres, de diversidad sexual, indígenas, sindicales, empresariales, comunales y vecinales, artísticas, culturales y académicas, entre tantas otras. Les explicamos lo anterior con el fin de enfatizar la gran heterogeneidad y el carácter pluralista y democrático de esta manifestación ciudadana.

La convocatoria a esta marcha ha sido hecha enfatizando su carácter pacífico y civilista. Tal ha sido una constante en los mensajes formulados por los principales líderes que encabezan esa convocatoria, así como por parte de las distintas instancias de coordinación de las organizaciones ciudadanas participantes.

Sin embargo, desde el gobierno de la República se insiste en transmitir mensajes amenazantes que generan honda preocupación. Se insinúa que van a darse actos de violencia y desorden. Incluso personajes de tan alto nivel como la Vice-Presidenta Chinchilla, se han expresado esos términos.

Enfatizamos el contraste: la convocatoria realizada desde las organizaciones ciudadanas enfatiza el carácter civilista y pacífico de la movilización. El gobierno, por su parte, insiste en mensajes de intolerancia que, una y otra vez, sugieren violencia. Eso nos hace temer seriamente acerca de las intenciones oficiales. No solamente porque podrían darse acciones represivas por parte de las fuerzas policiales, sino porque podría existir el propósito encubierto de introducir subrepticiamente elementos que promuevan la violencia, con el fin de inculpar posteriormente a los y las manifestantes, cuyo propósito, todo lo contrario, es expresarse de modo pacífico.

Por todo lo antes explicado, con el mayor respeto solicitamos que la Defensoría de los/as Habitantes destaque algunas personas, en calidad de observadoras, con el fin de que bajo su vigilancia imparcial, podamos tener mayor tranquilidad en el sentido de que tales expresiones de violencia no se darán. Es importante que el propio gobierno de la República esté enterado de la presencia de tales observadores/as, y de que éstos estarán presentes a solicitud de la misma ciudadanía organizada, con lo cual se ratifica, sin asomo de duda, nuestra voluntad civilista, patriótica y pacifista.

Les agradecemos efusivamente la colaboración que nos brinden, en la seguridad de que ello favorecerá el que la marcha del 26 de febrero sea, como nosotros y nosotras queremos, un enorme y masivo acto de civilidad y democracia.

Atentamente,

Mesa Intersectorial de Derechos Humanos

Red de Control Ciudadano

Red de Organizaciones de Derechos Humanos, No Violencia y Paz

Movimiento Ecuménico Mazorca

MANIFIESTO DEL FRENTE AGRARIO-CAMPESINO SOBRE EL TLC

Considerando:

1. Que las actividades agropecuarias y forestales son las principales actividades económicas, sociales y culturales en todos los países del mundo y en donde los países industrializados protegen su agricultura como una actividad estratégica para el desarrollo, por eso le dan más de $1000 millones diarios de subsidios, mientras que el TLC viene a destruir nuestra agricultura y nuestro agricultor.

2. Las políticas anticampesinas han hecho que el agricultor no pueda competir y se vea obligado a vender su tierra y migrar, generando una reforma agraria al revés aprovechada por el capital especulativo y el crecimiento de la inversión extranjera agroindustrial.

3. Que las transnacionales aprovechan todo esto para aumentar los precios y asegurar su control sobre toda la cadena alimentaria. México ya ha gastado más de $60.000 millones importando alimentos, más de 1.400.000 campesinos han tenido que emigrar a las ciudades, un promedio anual de 240.000 campesinos se han ido mojados a Estados Unidos y está importando maíz subsidiado y transgénico de ese país porque las políticas económicas y el TLC ya destruyeron la producción mexicana y su encadenamiento.

4. Que el TLC defiende los intereses del sector dominante estadounidense, tal y como lo señaló el mismo secretario de Estado de U.S.A, Colin Powell, cuando dijo: “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo e l hemisferio.”;

5. Que el TLC adquiere un status jurídico por encima de nuestras leyes y riñe con nuestra Constitución. El capítulo uno, artículo 1-3 dice: “para mayor certeza, nada en este tratado impedirá a las partes centroamericanas mantener sus instrumentos jurídicos existentes de la integración centroamericana, adoptar nuevos instrumentos jurídicos de integración, o adoptar medidas para fortalecer esos instrumentos, siempre y cuando esos instrumentos y medidas no sean inconsistentes con este tratado”. De modo que nuestras leyes, actuales y futuras, deberán estar siempre supeditadas al TLC.

6. El capítulo 15, artículo 15.9 inciso 6 (a) sobre la Propiedad Intelectual
prorroga las patentes para crear monopolios en los insumos agrícolas por mas de 20 años, lo cual es una imposición del TLC, no de la OMC, premiando a las transnacionales. E n el caso de los insumos, los dueños de los productos patentados tendrán múltiples mecanismos de creación de monopolios privados vía extensiones de patentes, protección de datos y la conversión del Ministerio de Agricultura en el policía de las patentes de las transnacionales. Los precios se dispararían y tendríamos que pagar lo que quieran cobrar estos monopolios privados como ya lo hacen en otros países. Este incremento en costos sucedería al mismo tiempo que nos ponen a competir contra productos subsidiados, lo cual constituye el típico “burro amarrado contra tigre suelto” que destruye las familias campesinas.

7. Que El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que da propiedad intelectual privada sobre la vida de las plantas y permite que las empresas se apropien de nuestros recursos, traerá como consecuencia que el sector campesino pase a ser un mercado cautivo de las transnacionales, que podrán conseguir las patentes y así reproducir semillas que tendremos que comprar al precio que cobren, incluso con penas de cárcel para los agricultores que comercialicen o intercambien semillas sin el permiso de la empresa dueña de la patente.

8. Que el capítulo #10, artículo 10.9 (in cisos b y c) sobre requisitos de desempeño prohíbe al Estado “comprar, utilizar y otorgar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o adquirir mercancías de personas en su territorio”, o “alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional”. Quiere decir que el Tratado prohíbe la acción del Estado para proteger y premiar los encadenamientos productivos y la producción nacional, y por lo tanto la destruye.

9. Que el capítulo #3, artículo 3.13, inciso c, en lo que tiene que ver con la
administración de los contingentes arancelarios, dice: “no asigne ninguna porción de una cuota a una asociación de la industria y organización no gubernamental, excepto que se disponga lo contrario en este tratado”. En el capítulo #11 artículo 11.2 y en lo relacionado al trato nacional dice: “cada parte otorgará a los proveedores de servicios de otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores de servicios”. El Estado costarricense en este capítulo se prohíbe a si mismo favorecer o estimular al sector productivo nacional, pero sí le abre la puerta a las transnacionales.

Nuestro futuro como sector productivo y como sociedad solidaria está el juego. Está en juego la alimentación de la mayoría de los habitantes del país, el TLC destruiría nuestra producción de alimentos y nos despojaría de nuestra tierra, nuestro patrimonio productivo, nuestras semillas… Aunque se nos quiera ignorar como sector productivo, representamos a una población importante, el segundo en población ocupada y con una contribución valiosa a la economía nacional. Somos soporte de la estabilidad económica y social de este país. El TLC empujaría a la población rural y al país en general al despeñadero, seríamos cientos de miles despojados de nuestros recursos y nuestra forma de vida.

En resumen, el TLC es la estocada final de las políticas de apertura que se han aplicado desde los PAEs y los CATs a favor de las grandes empresas agropecuarias transnacionales, que atentan abiertamente contra el derecho del país a producir sus alimentos (soberanía alimentaria) y de los consumidores a contar con los productos básicos (seguridad alimentaria). El TLC amenaza y atomiza la organización campesina, agudiza la tendencia de concentración de tierras en manos transnacionales, e impulsa una “agricultura sin campesinos” que consideramos inaceptable. Primero destruyeron las organizaciones, después se dejaron las parcelas, y ahora nos ofrecen un MIPRO para fortalecer sus empresas exportadoras y terminar de destruir la producción nacional.

La familia campesina ha sido soporte de la sociedad costarricense, un acervo de valores espirituales, culturales y económicos, seguidores de los valores cristianos que nos mandan amarnos los unos a los otros, y no a competir unos contra los otros.

Por lo tanto, el FRENTE AGRARIO-CAMPESINO acuerda y manifiesta ante el pueblo costarricense y los poderes públicos:

1.- Exigimos el inmediato y definitivo retiro del TLC y de la agenda complementaria de la corriente legislativa;

2.- Nos declaramos en estado de alerta máxima y permanente ante las maniobras parlamentarias y negociaciones secretas de los poderes del Estado;

3.- Denunciamos los contubernios y el tráfico de influencias en la venta de tierras de Reforma Agraria Integral a políticos y empresarios corruptos;

4.- Iniciamos la discusión y análisis con las organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores de un nuevo proceso de Reforma Agraria Integral que articule la tierra, la naturaleza, la familia, la comunidad, la producción, la pos-cosecha e industrialización y el consumo en un enfoque integral. Con esto no necesitamos TLC.

5.- Acordamos organizarnos y movilizarnos, junto al movimiento social, en demanda de nuestras justas reivindicaciones con todos los medios de resistencia y lucha dentro del carácter civilista y pacífico de nuestro pueblo. Con este fin constituimos en este acto el Frente Agrario Campesino y nos comprometemos a fortalecerlo como un espacio de coordinación y lucha.

6.- Llamamos a todas las familias agricultoras y a toda la población a manifestarnos participando en la movilización nacional del 26 de febrero en la capital y en las regiones, y a estar alerta para participar y unir esfuerzos en la protesta del movimiento social organizado.

12 de febrero del 2007

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