Lo viejo va muriendo…Lo nuevo va naciendo

Estamos plenamente convencidos de que Costa Rica es un país bendecido por Dios, Nuestro Señor. No nos cansamos de darle gracias al Creador, por habernos dado el privilegio de haber nacido en esta maravillosa tierra. Tantos años de resistencia, contra la implementación total de una concepción de “desarrollo” excluyente, egoísta y sin alma, han valido la pena.

Pareciera que el concubinato escandaloso entre cierta prensa corrupta (que degeneró en negocio meramente, renegando de todos sus principios de democracia y equidad informativas), con una buena parte de la menos corrupta clase política tradicional, está llegando a su fin.

Aunque quizás no se tiene claro cuál es la naturaleza de lo nuevo que se quiere, mucho de lo viejo fue repudiado con ocasión de las elecciones del pasado domingo 5 de febrero. Esto sigue sin ser comprendido por esos que siempre han vivido en lo viejo, sin poder entender que la historia que ya está cerca, se ha de escribir por nuevos actores. Por eso es que nos atacan tanto.

La gente quiere Patria no la nación que unos pocos han pretendido imponernos. La ciudadanía quiere información y poco a poco, al día, va dejando de comprar las “noticias” publicadas en pasquines rosa. La prensa responsable, participativa, alternativa, equitativa, militante con la democracia, va imponiéndose.

Los gritos histéricos y los insultos vulgares han puesto, en vela, el cadáver todavía insepulto de los que en otros tiempos, imponían cuando hablaban; condenaban cuando señalaban; ungían cuando nombraban. Hoy, ese tipo de gacetilleros asalariados, amanuenses de planilla, forma parte de todo lo viejo que va muriendo. Esa putrefacción que muestra esa perversa forma de hacer periodismo, pronto quedará enterrada.

Lo nuevo va naciendo. Una sociedad que, pese a tanta adversidad, continúa soñando. Una sociedad que se resiste a renegar de su legado histórico. Una ciudadanía que va cobrando autonomía y que no se traga los cuentos del falso “libre” comercio. Una sociedad civil organizada, que ha sido capaz de imaginarse un país en el que quepan todos, hasta esos gacetilleros asalariados y esos amanuenses de planilla.

Fuimos originales como país. Seguimos siendo especiales como Patria. Esa visión de la nación que algunos quieren tener (e infructuosamente nos han intentado imponer), no es la de la inmensa mayoría.

Como costarricenses supimos tomar elementos positivos de las más diferentes filosofías políticas. Hay algo de liberalismo en nuestra rebelión al autoritarismo; hay algo de humanismo cristiano en nuestra sensibilidad; hay algo de socialismo científico en nuestra sociabilidad; hay algo de socialdemocracia en nuestra solidaridad. El extremismo no pasará.

Es todo esto lo que nos hizo distintos y por eso el fracaso mediático de quienes, pese a tener tanto dinero a su haber, no han podido doblegarnos. Sigamos adelante para seguir construyendo lo nuevo que va naciendo, porque ya hemos empezado a enterrar lo viejo que está muriendo.

Albino Vargas
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Unidad de Trabajo en el Sector Privado

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Guillermo Keith Bonilla
gkeith@anep.or.cr
Tel: 2257-8233 extensión 221

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Llámenos, escríbanos, visítanos:
San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado”, Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores, R. L. / Teléfonos 2257 82 33 – 2257 99 24 – 2257 99 32 – 2257 99 51 – 2257 99 59 – 2257 83 43 – Fax 2257 88 59 / Apartado Postal 5152-1000 San José

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DEL TLC SOBRE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE

Nuestra primera y más importante pregunta: ¿Quedó la educación pública fuera del tratado?

Según se afirma en un boletín impreso del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX),

“… la educación pública como tal no está cubierta por el TLC y ese es el caso en todos los países que forman parte de este tratado, incluido Costa Rica. … El TLC no afecta de ninguna forma a la educación pública, incluyendo primaria, secundaria y universitaria” (Preguntas frecuentes sobre el TLC, COMEX, 2004: 14).

¿Es correcta esta afirmación? Definitivamente, no. Veamos.

En general, tengamos en cuenta que con este tipo de tratados comerciales, y de acuerdo a la lógica mercantil y neoliberal que los define, los “servicios de enseñanza” (el nuevo nombre que se da ahora a la educación), se transforman en un servicio comercial más, junto a otros servicios como los financieros, los transportes, los seguros o los servicios de construcción. En el TLC, tales “Servicios de enseñanza” quedan comprendidos en el Capítulo Once (Servicios Transfronterizos).

El párrafo 6 del Artículo 11.1 (Ambito de Aplicación), define cuáles servicios públicos quedan fuera del tratado:

“Este Capítulo no se aplica a los servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales”.

Para acto seguido aclarar:

“Un servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”.

Obviamente, la educación pública no cumple este riguroso criterio de exclusión. La educación general básica cumple con la primera parte de la definición (que no se suministre en condiciones comerciales), pues se supone que es gratuita; pero no cumple con la segunda parte (que no exista competencia con uno o varios proveedores de servicios); ya que junto a los centros educativos públicos (jardines infantiles, escuelas y colegios), coexisten proveedores privados de “servicios de enseñanza”, a lo largo y ancho del país. Obsérvese que la educación universitaria no cumple con ninguno de los dos criterios de la definición (ni es gratuita ni es suministrada exclusivamente por el Estado).

Una reserva no es igual a una exclusión

Lo que si existe “a favor” de la educación pública es una reserva, tal como se enlista en el Anexo II de Medidas Disconformes, Lista de Costa Rica. Esta reserva le permite a Costa Rica “adoptar o mantener cualquier medida respecto a la ejecución de leyes y al suministro de servicios”, en el ámbito de los “servicios sociales”, incluida la educación pública. Pero una reserva no es una exclusión.

Esta reserva_ “desaplica”_ o deja sin efecto las siguientes obligaciones a favor de los inversionistas y proveedores extranjeros de servicios, que aparecen en los Capítulos 10 (Inversión) y 11 (Servicios Transfronterizos):

· Trato Nacional (Artículos 10.3 y 11.2)

· Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 10.4 y 11.3)

· Presencia Local (Artículo 11.5)

· Requisitos de Desempeño (Artículo 10.9)

· Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 101.10)

· Acceso a los Mercados (Artículo 11.4).

Así, ninguno de estos derechos (privilegios) que reciben las empresas extranjeras en ambos capítulos se podrán aplicar al campo de la educación pública. Pero hay que preguntarse, ¿es esto suficiente para estar tranquilos? En absoluto, pues basta tomar en cuenta que aun con dicha reserva se siguen aplicando tres artículos muy importantes del Capítulo Diez:

· Nivel Mínimo de Trato (Artículo 10.5)

· Expropiación e Indemnización (Artículo 10.7)

· Transferencias (Artículo 10.8).

Particularmente grave es el hecho de que la ficha de Servicios Sociales del Anexo II no “desaplique” el Artículo 10.7, ya que éste, junto con el 10.28 (Definiciones) y el Anexo 10-C (Expropiación), crean el marco para que una determinada medida gubernamental (ley, reglamento, procedimiento, etc.) pueda ser impugnada por un inversionista extranjero, si la considera una “expropiación indirecta” de su inversión o patrimonio. Esto podría ocurrir si una política gubernamental a favor de la educación pública (general o particular) tiene el efecto de disminuir la rentabilidad financiera de una empresa extranjera dedicada a los “servicios de enseñanza” (una significativa disminución en la matrícula, y por ende, en las ganancias, por ejemplo).

Así, si en Costa Rica nos propusiéramos elevar el nivel y la calidad de la educación pública, de tal manera que la rentabilidad de la educación privada se reduzca sensiblemente (reducción de matrícula, cierre de algunos centros); los inversionistas extranjeros que se sientan perjudicados podrían exigir al Estado cuantiosas indemnizaciones compensatorias. Distinto sería si el artículo 10.7 también hubiese sido incluido en la ficha de medidas disconformes del Anexo II. ¿Por qué no se lo hizo?

El círculo de amenazas se cierra se tenemos en cuenta el Anexo 20.2 (Anulación y Menoscabo), el cual establece lo siguiente:

“Las Partes podrán recurrir al mecanismo de solución de controversias de este Capítulo, cuando en virtud de la aplicación de una medida que no contravenga el Tratado, consideren que se anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudieron haber esperado recibir de la aplicación de las siguientes disposiciones: … (d) Capítulo Once (Comercio Transfronterizo de Servicios) …” (subrayado nuestro)

Es decir, incluso medidas que no contravengan el tratado pueden ser impugnadas en el campo de los servicios, incluyendo los_ “servicios de enseñanza”_. En resumen, ni siquiera la educación pública queda a salvo de las amenazas derivadas de los privilegios que reciben las empresas extranjeras en los Capítulos 10 y 11 .

Algunos posibles efectos indirectos derivados de la total desregulación y mercantilización de la educación privada

Como vimos antes, la reserva contemplada en el Anexo II (Servicios Sociales), se refiere exclusivamente a la educación pública, de manera que la educación privada queda completamente convertida en un campo más de los negocios. De esta forma, los inversionistas extranjeros en el área de los “servicios de enseñanza” adquieren plenamente los derechos (privilegios) contemplados en los capítulos 10 y 11 (Acceso a Mercados, Trato Nacional, Requisitos de Desempeño, etc.). Y recordemos que estos derechos adquieren rango supra legal (El tratado en sí tendría rango superior a las leyes).

Lo anterior significa que, por ejemplo, el Estado costarricense no podrá imponer ninguna restricción de “acceso a mercados” a universidades extranjeras (estadounidenses, salvadoreñas, etc.), tal como lo exige el Artículo 11.4, por lo que las disminuidas potestades del CONESUP para regular a estos centros desaparecerían del todo, ya que sólo podrían ser “inspeccionadas” (Artículo 79 de la Constitución). Tampoco se les podrá imponer “requisitos de desempeño”, ni regulaciones sobre nombramiento de profesores o personal administrativo nacionales (todos podrían ser extranjeros y enseñar con los textos y métodos que consideren convenientes).

Tampoco podrá el Estado subvencionar colegios o universidades privadas nacionales (por ejemplo, a cambio a destinar esas subvenciones para otorgar becas a estudiantes de bajos recursos), si simultáneamente no subvenciona a los centros extranjeros; pues ello violaría el principio de “trato nacional”. El Estado costarricense subvenciona con casi 5 000 millones de colones anuales a 29 centros educativos privados, en los que estudian unos 20 000 estudiantes (MEP pide cuentas a centros privados con subvención estatal, La Nación, 14-11-05). Estas subvenciones se encuentran amparadas en el Artículo 79 de la Constitución Política. Si por causa del TLC, el Estado estuviera obligado a subvencionar también a los centros extranjeros privados, se daría un importante drenaje de recursos que no iría a las arcas de las instituciones de educación pública, que tanto los necesitan . En el caso de las universidades privadas, estas subvenciones podrían darse (en el marco de un plan nacional de desarrollo de la educación), tanto para favorecer estudiantes en desventaja económica y social, como para proyectos de investigación científica. Y también tendrían que otorgarse a universidades extranjeras que los soliciten (trato nacional).

Si tenemos en mente que los privilegios mencionados y la incapacidad estatal para establecer regulaciones serían a favor de los centros privados extranjeros (de las otras Partes signatarias del tratado), esto propiciaría una rápida extranjerización de la educación privada en Costa Rica, especialmente de la educación superior (universitaria y para-universitaria).

Y si repasamos la experiencia latinoamericana en este campo, es altamente probable que se profundice la segmentación del mercado de la educación superior privada en Costa Rica: unas pocas universidades extranjeras con adecuada infraestructura y altos costos de matrícula, sólo alcanzable para los estratos de altos ingresos; y un puñado de centros en condiciones mínimas y captando estudiantes de clase media que obtendrían una educación de segunda o tercera categoría. Desde luego, esto representaría una mayor presión para el acceso de la población joven a las universidades públicas, que ahora sí podrían sufrir una “fuga de cerebros” hacia las universidades privadas extranjeras..

Conclusiones y reflexión final

La educación pública no ha sido excluida del TLC con los Estados Unidos, al tiempo que la reserva contemplada en el Anexo II es claramente insuficiente, al dejar por fuera, entre otras, la peligrosa cláusula de “expropiación indirecta”. Así, medidas gubernamentales en el campo de la educación podrían ser impugnadas si a juicio de los inversionistas extranjeros en el campo de los “servicios de enseñanza”, representan una medida equivalente a una expropiación.

Los centros educativos privados (en todos los niveles) que pretendan seguir siendo_ “nacionales”_, se verán envueltos en una competencia desleal con los extranjeros, ya que estos últimos quedarían fuera de cualquier clase de regulación estatal; o terminarán convirtiéndose en sociedades anónimas con la mayor parte de sus acciones en manos de extranjeros. Y cualquier subvención que el Estado pretenda otorgar a los centros privados, tendría que extenderse automáticamente a los extranjeros, dilapidando recursos que deberían ir a la educación pública.

¿Será por estas y otras razones que el documento del COMEX antes mencionado termina diciendo en su acápite sobre educación:

“… desde esta perspectiva, el TLC conlleva el replanteamiento de una serie de temas relacionados con políticas educativas en Costa Rica”

¿Qué esconde este planteamiento? Es lo que hemos querido develar en este breve documento.

EL TLC Y EL EMPLEO EN COSTA RICA

RESUMEN

COMEX ha justificado el TLC indicando que 500 mil empleos están en peligro si no se firma el tratado, por el vencimiento de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe; que se crearán miles de nuevos empleos, y que los empleos existentes de sectores como el agropecuario no se verán afectados. El estudio elaborado demuestra que estas premisas son falsas.

Primero: El pequeño gran exportador está concentrado en el 2.33% de las empresas nacionales (cuadro 1 y gráficos 2 y 3). Además el 61.2% de las exportaciones está concentrado en 41 empresas y casi el 98% de las exportaciones está concentrado en 591 empresas (cuadro 1).

Segundo: El empleo directo e indirecto relacionado con la exportación abarca al 30% de la población ocupada (gráfico 4), es decir el 70% del empleo no está ligado a la exportación

Tercero: No todos los empleos ligados a la exportación están relacionados con Estados Unidos, ya que el 47% de las exportaciones está dirigido a Centroamérica, Europa y otros mercados (gráficos 5 y 6) por lo que no dependen del TLC.

Cuarto: El empleo nacional que depende de las exportaciones a EEUU es mucho menor. El 34% de las exportaciones de Costa Rica se dirigen a ese país sin depender de ningún régimen especial con fecha de vencimiento. Sin régimen especial de exportación se exportan productos con aranceles muy bajos o sin aranceles como los chips de INTEL, el equipo médico de Abott, los bananos y el café. Estas exportaciones y sus respectivos empleos nunca han estado amenazados ya que su régimen de exportación no tiene fecha de vencimiento (gráfico 7 y cuadro 3) y es de aplicación general para todo el mundo.

Quinto: Por medio de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y por la CBTPA (Caribean Basin Trade Partnership Act) sobre textiles se exporta solamente el restante 19%, por lo que esos dos regímenes representan a los sumo 93 mil empleos directos e indirectos y no 500 mil. Pero tampoco estos están amenazados si no se firma el TLC.

Sexto: De ese 19% de las exportaciones el 11% depende de la ICC, régimen sin plazo de vencimiento, y por el cual exportan cantidad de empresas de capital estadounidense (como piña, melón, secadoras de pelo), o que producen bienes que EEUU no produce (como yuca y otros tubérculos). Una exclusión de Costa Rica de ese régimen de exportación afectaría directamente grandes intereses económicos de empresas estadounidenses.

Sétimo: El restante 8% de las exportaciones depende de la CBTPA (textiles), que sí tiene fecha de vencimiento, pero que a partir del 2005 tendrá una competencia imposible: la exportación china sin cuotas, con costos de producción extremadamente bajos: el salario chino es de $0.30 por hora mientras que el costarricense con contribuciones sociales se ubica en el rango de $1.41 a $1.94 por hora. Aún con TLC este sector entrará en crisis.

Octavo: El actual TLC no mejora las condiciones de exportación sino que mantiene las existentes. No hay por lo tanto razones para prever que, como producto de este TLC, habrá un aumento del empleo.

Noveno: Debido a la importación de productos de los Estados Unidos a menor precio debido a subsidios y apoyos a los productores de ese país, el TLC pone en riesgo inmediato y mediato a productores que producen fundamentalmente para el mercado interno como el sector lácteo y productores de carne de bovino (37.513); porcicultores (12.426); avicultores (20.000); productores de granos básicos (14.588), productores hortícolas, industria farmacéutica, entre otros, a los que hay que sumar el empleo directo e indirecto generado por estos productores.

Décimo: La Inversión Extranjera Directa no compensará esta pérdida de empleos dado que su rendimiento es, en este sentido, muy escaso: entre 1986 y el 2000 ha generado 34 mil empleos, equivalente al 2,5% de la población ocupada. Este empleo equivale al que sectores que producen principalmente para el mercado interno han generado durante cada año en ese período. Además, esta inversión está débilmente relacionada con el resto de la economía y sus compras locales, fuera de las zonas francas, es de menos del 5%.

En conclusión: Dado que no se creerán nuevos empleos vinculados a la ICC sino que a lo sumo se mantendrán, que en el corto plazo se perderán empleos textiles, y que además se perderán empleos vinculados a la producción para el mercado interno, desde el punto de vista del empleo el TLC tendrá resultados negativos. Esta situación anuncia pérdida de empleos y contrasta con la versión oficial de Gobierno.

Puede descargar el informe completo que se adjunta en PDF y Word

OTRA COSTA RICA SÍ ES POSIBLE:

INVITACIÓN

Un grupo de ciudadanos y de ciudadanas, quienes nos desenvolvemos en los ámbitos social, productivo, académico-intelectual y político-partidista; hemos venido a lo largo de casi 15 meses, en sesiones quincenales, desarrollando un proceso de reflexión acerca del país que ahora tenemos producto de veinte años de políticas públicas inspiradas en el denominado Consenso de Washington; cuyos resultados están más que a la vista: estrujamiento de la clase media, crecimiento de la pobreza y de la desigualdad social; concentración de riqueza, retroceso salarial y alta inflación, corrupción galopante, deterioro de la institucionalidad, deterioro sostenido de los ecosistemas y pérdida de fe de la ciudadanía en la acción política; entre otros no menos perniciosos factores que nos están conduciendo a situaciones insospechadas.

Este proceso de reflexión arrojó un producto que queremos compartir con usted, con su organización y con ciudadanos aspirantes a altos cargos políticos que someterán su nombre al escrutinio ciudadano en las elecciones generales de febrero del 2006; específicamente, para la Presidencia de la República.

Estos aportes son ideas generales y puntualizaciones relativamente concretas para impulsar un cambio de rumbo que tanto necesita nuestra querida Costa Rica; aportes generados con la convicción de que es posible la construcción de una gobernabilidad democrática con políticas públicas de carácter inclusivo que restauren la fe ciudadana en la acción política.

Este esfuerzo será expuesto públicamente el próximo día miércoles 10 de agosto, a las 8 de la mañana, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, situado en la Calle 20, 250 metros al norte del Hospital Nacional de Niños.

Programa

De 08:00 a.m. a 08:30 a.m.
Recepción, registro y entrega de documento

De 08:30 a.m. a 08:45 a.m.
Palabras de bienvenida y entonación del Himno Nacional

De 08:45 a.m. a 09:00 a.m.
Presentación del proceso

De 09:00 a.m. a 09:30 a.m.
Exposición de ideas-fuerza contenidas en el documento

De 09:30 a.m. a 10:30 a.m.
Ronda de intervenciones de representantes partidarios, de organizaciones sociales y a título individual

De 10:30 a.m. a 10:45 a.m.
Cierre de la actividad

De 10:45 a.m. a 11:30 a.m.
Refrigerio

Eva Carazo Vargas

Ronald Solís Bolaños

Alberto Cortés Ramos

Gilberth Bermúdez Umaña

Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
San José, miércoles 10 de agosto de 2005

Llamado urgente al personal de la policía penitenciaria

01- ¡Alerta!: ANEP reconoce que, en todo momento, las máximas autoridades políticas de la institución, señoras Ministra y Viceministra de Justicia y Gracia, han gestionado y apoyado el pago de la Homologación Salarial para todo el personal de la Policía Penitenciaria. De la misma manera, la ANEP ha estado dándole un seguimiento responsable y sostenido a todo esta lucha. Sin embargo, han surgido en los últimos días los siguientes tropiezos:

02- Investigaciones de la ANEP permitieron determinar que el concepto de Homologación Salarial como se entendió desde un inicio, no es lo que se está tramitando; sino un nuevo Manual de Puestos para la Policía Penitenciaria, documento que hasta el momento desconocemos.

03- Por tanto, la aspiración económica que cada compañero y que cada compañera tiene al respecto, podría no ser real, sino más bien, una gran decepción.

04- Es decir que, al hablarse de Manual de Puestos y no de Homologación Salarial, los nuevos salarios base para la Policía Penitenciaria, podrían no quedar en el mismo nivel que los que actualmente se tienen en la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Publica; lo cual ha sido la pretensión original y legítima de toda la lucha que se ha desarrollado al respecto.

05- ANEP reconoce que la decidida intervención política de las licenciadas Patricia Vega Herrera y Nuria Rodríguez Vásquez, máximas jerarcas ministeriales de la cartera de Justicia y Gracia, ante la Asamblea Legislativa, en el pasado mes de noviembre, permitió asegurar los dineros para el pago de la Homologación Salarial, como siempre se entendió y a partir de enero del 2006.

06- Sin embargo, también es necesario dejar bien claro que, paralelamente a esa gestión de las citadas funcionarias, la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, hicieron un intenso cabildeo con diputados clave, en oficinas y pasillos del parlamento, a fin de que el dinero indicado quedase debidamente aprobado, pues el Ministerio de Hacienda había “macheteado” fuertemente el presupuesto de Justicia y Gracia para el 2006, incluyendo el contenido para el pago de la Homologación Salarial como siempre la entendimos. Finalmente, la plata está.

07- El cabildeo de la ANEP en la Asamblea Legislativa surge a partir de la manifestación de trabajadores y de trabajadoras de Adaptación Social que hiciéramos en esos días, cuando desfilamos saliendo desde el CAI-San Sebastián, pasando por las oficinas centrales de Justicia y Gracia y por el Ministerio de Hacienda, terminando en la sede del parlamento costarricense, en Cuesta de Moras. ¿Recuerdan…?

08- Ahora resulta que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, afirma que, según sus “lineamientos”, aparte de que lo que está tramitando es un nuevo Manuel de Puestos para la Policía Penitenciaria (y no necesariamente una Homologación Salarial); lo que salga regiría hasta un mes después de su aprobación definitiva; es decir, no tendría efecto retroactivo al 1 de enero de 2006.

09- Aquí es justo reconocer que la Sra. Ministra Vega Herrera, se ha pronunciado por reconocer retroactivo a tal fecha, según consulta que le hiciera el propio Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, ante pedido de la ANEP a éste, para que no se jugara con la expectativa de pago retroactivo que tiene todo el personal de la Policía Penitenciaria.

Así las cosas y resumiendo, estamos con el siguiente problema:

A) La expectativa económica que se creó bajo el criterio de Homologación Salarial, para una equiparación con los salarios base que se pagan en la Fuerza Pública, es totalmente incierta en estos momentos; porque lo que está en trámite en un nuevo “Manual de Puestos” para la Policía Penitenciaria; documento éste que la ANEP desconoce completamente porque no se ha tenido acceso al mismo.

B) La expectativa de un pago retroactivo al 1 de enero de 2006, también está en “la cola de un venado”, porque los “lineamientos” del Ministerio de Hacienda, indican que los nuevos salarios base que se derivarían de un nuevo “Manuel de Puestos”, entrarían a regir hasta un mes después de que tal manual quede aprobado.

NO HAY ALTERNATIVA: TENEMOS QUE MOVILIZARNOS MASIVAMENTE, PARA QUE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL SEA COMO SE NOS PROMETIÓ DESDE UN INICIO Y PARA QUE SE PAGUE CON CARÁCTER RETROACTIVO, AL 1 DE ENERO DE 2006

ANEP llama a una primera acción: Lunes 20 de febrero. A la salida de los centros, traslado general hacia el CAI de San Sebastián para que una vez que estemos todos reunidos, desfilemos hacia el Ministerio de Hacienda, a fin de exigir un compromiso claro y contundente como todos lo merecemos.

LA POLICÍA PENITENCIARIA TIENE LA RAZÓN Y TIENE LA FUERZA PARA HACERSE SENTIR
EL LUNES 20 DE FEBRERO, ES NUESTRA PRIMERA ACCIÓN

Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

San José, 4 de febrero de 2006.

Elecciones de mañana: ANEP exhorta a la ciudadanía votante a mantener el secreto del voto en todo momento, especialmente a la salida del recinto electoral

De manera vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lanza una fuerte exhortación respetuosa a la ciudadanía que se hará presente en las urnas electorales de mañana domingo 5 de febrero, para que en todo momento conserve el secreto del voto, especialmente a la salida del recinto electoral una vez que haya emitido el sufragio.

La ANEP ha detectado que, en las últimas horas y en importantes sectores cívicos, anida una gran preocupación ante lo que podría ser algún intento de cierta prensa oligárquica para, aún sin cerrarse las urnas, ejercer manipulación o hasta fraude mediático, indicando que a cierta hora del día la votación estaría inclinándose hacia determinado candidato; especialmente favoreciendo a aspirantes presidenciales tutelados por el gran capital y el poder económico neoliberal pro-TLC.

Dada la trascendencia histórica de las elecciones nacionales de mañana domingo 5 de febrero, no debe quedar la más mínima duda de un proceso transparente, sin inducciones perversas, que finalice en paz y sin sesgos manipuladores que podrían derivar en consecuencias impredecibles.

De darse alguna intentona de manipulación mediática, en el transcurso de la votación y con descarados fines partidistas, la ANEP plantearía ante todos los movimientos sociales una movilización de emergencia, frente a la sede de prensa que ejerza provocaciones de tan peligroso calibre.

La sagrada paz de Costa Rica necesita de un proceso de votación en total libertad y con el más absoluto respeto a la intimidad de la decisión de cada votante.

Finalmente, informamos a la prensa nacional e internacional que la ANEP dará una Conferencia de Prensa el próximo lunes 6 de febrero, a las 10 de la mañana, para referirse al resultado electoral sea cual fuere y el escenario que el mismo abriría. Desde ya expresamos nuestra gratitud si se decide atender nuestra convocatoria.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, sábado 4 de febrero de 2006.
S.G. 05-07-0383-06

Carta de la Embajada de del República Bolivariana de Venezuela a Ottón Solís, Candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), sobre publicación electoral donde compromete la dignidad del pueblo venezolano

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en absoluta correspondencia con su Constitución Política, con los diversos tratados internacionales y con los preceptos propios del proyecto bolivariano que desarrollamos, ha mantenido como elemento fundamental de su política exterior y de las relaciones con los países hermanos, una profunda y expresa actitud de respeto a la soberanía de los pueblos y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Estos principios se recogen y transparentan también en el modelo y praxis de integración en el cual creemos, denominado Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que configura un sistema de relaciones con los países latinoamericanos y caribeños, a partir de la cooperación, la solidaridad y la complementaridad.

En tal sentido, queremos dejar sentada una firme protesta y una denuncia pública frente al irrespeto para con nuestro país, nuestro pueblo, y nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, mediante el uso de su nombre en un campo pagado por el grupo político que usted lidera, como parte de su campaña electoral.

Con este hermano país, Costa Rica, nos unen lazos de entrañable amistad así como una larga tradición de relaciones que van desde la diplomacia hasta el desarrollo de importantes tratados comerciales, como el Pacto de San José.

Creemos que este uso irrespetuoso del nombre del Presidente Hugo Chávez, en asuntos que son de estricta competencia y atención de los ciudadanos y ciudadanas costarricense, sirven sólo para empañar estos firmes e históricos lazos entre nuestros pueblos.

Como país libre y soberano, en una gesta libertadora sellada por nuestros héroes independentistas en 1821, con Simón Bolívar al frente, la República Bolivariana de Venezuela, con el liderazgo actual del Presidente Hugo Chávez, ha decidido su propio destino, al margen de quienes se sientan o no sintonizados con nuestro proceso sociopolítico.

No es la primera vez que representantes del partido que lidera ha hecho públicas declaraciones destempladas acerca del Presidente Hugo Chávez, y del proceso que el pueblo venezolano, mayoritariamente, ha escogido como camino para su desarrrollo.

Ya la Secretaria General de su grupo político, Sra. Elizabeth Fonseca, en su columna “El PAC y la Tercera República”, publicada en un conocido diario capitalino, el pasado 19 de enero de este año, nos sugiere “seguir el ejemplo de Costa Rica” para resolver nuestros problemas. Cito textualmente: “Si los Chávez citados por don Rodolfo (Saborío) hubieran seguido el ejemplo de Costa Rica, hace muchos años hubieran resuelto los problemas de sus países”, expresa la Sra. Fonseca.

Hoy, una declaración de prensa, esta vez del Sr. Alberto Cañas, dirigente del PAC, alude nuevamente al Presidente Hugo Chávez, con la gravedad de que sugiere una comparación con Manuel Antonio Noriega. Cito textual: “Bueno, pues no somos amigos de Hugo Chávez, como Óscar Arias lo fue de Manuel Antonio Noriega, que está preso en Miami por dictador y por narcotraficante y que le financió la campaña del 86”.

Como verá, y le reiteramos, es asunto de su partido cómo piensan y construyen su proyecto político de país, y decisión absoluta del pueblo costarricense, definir y construir su propia historia. En ello no participamos, ni tenemos injerencia.

Exigimos, en adelante, no utilizar al pueblo venezolano ni el nombre del Presidente Hugo Chávez, en sus debates políticos electorales, pues la República Bolivariana de Venezuela asume por convicción el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y el principio de no intervención, lo que nos da suficiente moral y derecho para exigir la correspondencia en estos mismos términos.

Nora Uribe Trujillo
Embajadora

San José, 03 de febrero de 2005

AJUSTADOS RESULTADOS ELECTORALES, EXIGEN TRANSPARENCIA ABSOLUTA

01- EMPATE POLÍTICO. El resultado preliminar de las elecciones presidenciales del pasado domingo 5 de febrero de 2006, emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), evidencia, prácticamente, un empate técnico, entre el candidato de la oligarquía neoliberal y pro TLC, Oscar Arias Sánchez y el señor Otón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana (PAC); quien por lo visto se hizo acreedor del voto costarricense que repudió en las urnas, la implementación final del modelo neoliberal para Costa Rica y su proyecto estrella, el mal llamado tratado de “libre” comercio (TLC).

02-TRANSPARENCIA ABSOLUTA. Estos estrechos resultados exigen que el TSE, exhiba la más clara transparencia en el manejo de la información electoral, sin dejarse presionar por los poderosos intereses de alguno de los candidatos; dándose por tanto, todo el tiempo necesario para un conteo cuidadoso de los votos emitidos, de tal suerte que el resultado final de ese conteo, no permita la más mínima duda, sobre el resultado definitivo de estas elecciones.

03-INTOLERANCIA CON LAS IRREGULARIDADES. Además, esa obligada transparencia no lo será tal, si presuntas anomalías, que ya están apareciendo, por más aisladas que sean, se toleran, se intentan justificar ó lo que sería nefasto, ocultar; particularmente en potenciales episodios de irregularidades (“chorreo”), en regiones rurales que parece podrían ser documentadas con solidez en próximos días, según algunas fuentes. Todo lo anterior hace imperativo que, al menos y hacia el futuro, el TSE restablezca el uso de la huella digital a la hora de emitir el voto.

*04- PARTIDO “ABSTENCIONISTA”.*Esta demanda de un profundo y transparente escrutinio, que no deje la menor duda, es más que imprescindible si consideramos que ya un 35% de la población no cree en el sistema electoral vigente (el partido “abstencionista”), como instrumento para el relevo de los gobernantes. Pese a que muchos factores lo explican, sin duda alguna que el comportamiento histórico del denominado (casi ya inexistente) sistema político bipartidista tradicional, tiene una enorme responsabilidad por ello. De la misma forma, de esa “cultura” abstencionista en desarrollo peligroso, el propio TSE no puede esconder la responsabilidad que le compete.

05- DESLIZ FATAL. Cabe advertir que el más mínimo desliz del tribunal electoral costarricense en este escrutinio, le traerá un grave daño a la institucionalidad democrática; y puede poner en peligro la ya de por sí erosionada paz social de la familia costarricense.

06- COLAPSO BIPARTIDISTA. Es importante destacar, además, que los resultados expresados en las urnas apuntan, ineludiblemente, a la sepultura del PUSC, al estancamiento “libertario” y a la paulatina extinción del PLN. Particularmente, el partido liberacionista sale sumamente herido de este proceso y apenas sobrevive en los hombros del arismo, hoy usurpador neoliberal de la otrora gloriosa bandera socialdemócrata que, por muchas décadas, enarboló tal colectividad política.

07- GOLPE A LA OLIGARQUÍA. Ciertamente, en estas elecciones, la oligarquía neoliberal y pro TLC, ha recibido un duro golpe de parte de un pueblo que se resiste a seguir siendo burlado, robado y empobrecido. Esto debe hacernos sentir satisfechos, pero nunca triunfalistas. Estamos seguros que ese sentimiento de dolor por tanta estafa política anida, incluso, en muchísimos votantes del arismo pero que decidieron dar una “última” oportunidad.

08- CONSTRUIR Y MOVILIZAR. El futuro político del país es incierto y requiere de los movimientos sociales, estudio, prudencia y movilización en los momentos oportunos; y, sobre todo, de sólidos aportes para la construcción compartida de acuerdos patrióticos que nos lleven al fortalecimiento de las instituciones democráticas y, por ende, a la recuperación de nuestro Estado Social de Derecho, hoy diezmado y amenazado por las políticas neoliberales y el TLC.

09- “CASA DIVIDIDA”. Quien llegue a la Casa Presidencial deberá tener presente esta realidad: Ó nos ponemos de acuerdo entre todos, como debe ser en una democracia madura; ó, por el contrario, si los sectores oligárquicos insisten en imponernos un modelo ajeno al sentimiento costarricense, lamentablemente, el trastorno de la paz social estará a la vuelta de la esquina.

10-DESAFIO DE FORTALECIMIENTO. Ha quedado claro que el modelo económico de la derecha, en estas elecciones, ha sufrido un frenazo estrepitoso. Sin embargo, nos falta impulsar un vigoroso movimiento social, que sea capaz de vincular este revivir de la conciencia nacional, con un nuevo acuerdo patriótico para sentar las bases de refundación de un estado democrático y solidario, donde la producción y el mercado sean instrumentos al servicio del ser humano. Dependerá de la madurez del espectro social, darle cuerpo y vida a esta maravillosa oportunidad.

San José, viernes 10 de febrero de 2006

Volante para invitar al personal de la Municipalidad de Escazú a presenterse al Concejo Municipal

Compañeras y Compañeros de la Municipalidad de Escazú

ANEP les invita a presentarnos el próximo jueves 29 de julio, a las 6.30 p.m. al Concejo Municipal.

Seremos recibidos por el Honorable Concejo, con la finalidad de que la ANEP brinde una explicación legal con respecto a la vigencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Su presencia es indispensable. Defendamos nuestros derechos convencionales.

En otro orden de cosas, les informamos que el pasado miércoles 21 de julio varios dirigentes sindicales de diferentes municipalidades, sostuvimos una reunión con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Ovidio Pacheco Salazar, relacionado con este mismo tema. Valga decir que la posición de dicho es la de apoyar, junto con nosotros, la lucha por la defensa de las convenciones colectivas.

Preparémonos para pelear en las barras de la Asamblea Legislativa, la próxima ratificación de los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ), de las cual Costa Rica es miembro.

Dichos convenios se refieren en resumen a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

28 de julio de 2004