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Carta al Doctor Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solicitándole estudiar y, eventualmente, derogar, los términos del Oficio 18988, que enviara el entonces Gerente de la División Médica, doc

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Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Sirva la presente para solicitarle estudiar y, eventualmente, derogar, los términos del Oficio 18988, fechado 16 de julio de 2003, que enviara el entonces Gerente de la División Médica, doctor Horacio Solano Montero, a todas las dependencias institucionales referente al asunto indicado (deslealtad), con instrucciones de acatamiento obligatorio; mismas que provocaron gran indignación entre los trabajadores, dado que se ordenó algo así como “VER Y CALLAR”.

La resolución del Consejo Asesor de la Dirección Jurídica (Sesión 1156-2003, celebrada el 8 de abril de 2003), ofrece conclusiones subjetivas que indujeron al entonces gerente a ordenar directrices equivocadas, dicho esto con todo respeto; las cuales, desde luego, no nos parecen válidas en tiempos en que la denuncia de actos irregulares se constituye en una obligación patriótica, máxime cuando fue sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que una gavilla de mafiosos, desde el lado político y del lado empresarial, se propuso concretar el más vergonzoso saqueo conocido en la historia de nuestro país.

La revisión de lo instruido en materia de “lealtad” a la institución, es una solicitud que hacemos en procura de que exista, tanto en trabajadores como en usuarios de los servicios de la CCSS, suficiente confianza para protegerla de nuevos actos de corrupción.

Le reiteramos nuestro respaldo a todas aquellas acciones que emprenda en la conducción institucional, en defensa de la ética en la función pública, que mejoren la calidad de los servicios públicos y que garanticen una seguridad social fortalecida como herencia para las generaciones venideras.

Quedamos en espera de su pronta respuesta, considerando que entre la población laboral de la institución, en su abrumadora y contundente mayoría, existe un profundo espíritu para revindicar la imagen de la institución, altamente lesionada por los sucesos ya de amplio conocimiento; pero, considerando, a la vez, que la Caja es la entidad pública más querida de los y de las costarricenses.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

—-
c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorable Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Dirigentes y Delegados de ANEP-CCSS.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Archivo.

Posición de ANEP ante las autoridades institucionales, trabajadores y trabajadoras del A y A; respecto al nombramiento de direcciones y subdirecciones institucionales

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Señores y señora Honorable Junta Directiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (A y A) Presente

Señor
Everardo Rodríguez Bastos
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ( A y A).
Su Despacho

M.B.A.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Honorables trabajadoras
Honorables trabajadores
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)

Reciban, en primera instancia, un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Recientemente hemos sido enterados y documentados de algunos cambios jerárquicos en dos de las direcciones estratégicas de esta querida e insigne institución.

Nos referimos, concretamente, al nombramiento del Lic. Luis Alvarado Aguilar como nuevo jerarca en la Dirección del Área Metropolitana; así como del nombramiento en la Dirección de Suministros, del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, anterior jerarca de la Región Metropolitana.

También hemos sido puestos en conocimiento de la salida de la Licda. Wendy Goicurría Rodríguez, de la Dirección de Suministros.

Primeramente es oportuno señalar que ANEP no cuestiona, en absoluto, los méritos personales y profesionales de estos destacados y apreciados funcionarios; de tal manera que nuestras observaciones y/o posición oficial, van dirigidas a cuestionar los aspectos de fondo utilizados por la administración superior para los respectivos nombramientos o cambios, que pudiesen ser interpretados por la misma como “estratégicos”.

Así las cosas, nos permitimos exponer, de manera respetuosa, nuestras consideraciones.

Primero: Para ubicarnos en el contexto, es oportuno destacar que en el A y A, existen tres herramientas jurídicas internas que rigen tanto las políticas institucionales, como las relaciones laborales, que son: a) la Ley Constitutiva de esta estratégica institución, denominada cotidianamente como A y A; b) El Reglamento de la Junta Directiva; y c) el Reglamento Autónomo de Trabajo, recientemente publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. A lo anterior, podemos adicionar la Ley de Control Interno, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Segundo: La Ley Constitutiva del A y A da la potestad a la Junta Directiva de nombrar al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor; de igual manera establece que la Presidencia Ejecutiva la nombra el Consejo de Gobierno.

Tercero: Existe una agregación o adición que realizaron los autores intelectuales del Reglamento Autónomo del A y A, vigente desde el 19 de noviembre del 2004, misma que nunca se contempló en el documento borrador del mismo. Esta afirmación se corrobora al comparar el Artículo 20 aparecido en ese borrador, con lo que posteriormente fue aprobado por la honorable Junta Directiva de la institución, como Reglamento Autónomo.

Cuarto: Desde nuestra perspectiva, existe una contundente contradicción de orden jurídico que roza con la Ley Constitutiva; pues la decisión de que los directores y subdirectores de área y/o región sean nombrados, directamente, por la Junta Directiva del A y A, contraviene dicha ley; además de que se violenta el reglamento emitido en cuanto a respetar procesos de selección basados en ternas, inopia, ascensos, concursos internos y externos.

Quinto: Somos del criterio de que tales procesos deben seguirse observando para la designación de directores y subdirectores; correspondiéndole a la Junta Directiva de A y A, únicamente, la ratificación de tales nombramientos, luego de haberse observado esos procesos. Por tanto, la decisión que se tomó muestra que estamos ante un excesivo poder de imperio, de orden político, tanto por quienes impulsaron dicha reforma como por parte de la Honorable Junta Directiva de A y A.

Finalmente quedaremos a la espera de que las máximas autoridades institucionales tengan la gentileza de rendir cuentas sobre este y otros particulares, pues esta situación ha provocado un cisma a lo interno del A y A; poniéndose en riesgo la paz laboral de la valiosa fuerza de trabajo, que representa el capital mas valioso con el que cuenta esta estratégica institución.

Aprovechamos la valiosa oportunidad, para solicitarle a las autoridades institucionales que propicien, sin exclusión alguna, los espacios de discusión y análisis, tanto con las trabajadoras y los trabajadores como con las instancias sindicales; a propósito del plan piloto que viene manejando el programa denominado A y A-Banco Mundial.

Ese plan piloto pretende convertir a esta estratégica institución en una instancia rectora de políticas; dejando la parte sustancial, denominada operativa, a operadores especializados o empresas privadas vía concesiones; propuesta que desconoce tanto el personal como los sindicatos y que, por supuesto, nuestra agrupación rechaza, enérgicamente, ad portas.

Sobre esta situación de fondo que tiene que ver con el rumbo institucional, dejaremos patente nuestra posición oficial en los próximos días; reiterando a las instancias sindicales internas del A y A, repensar nuestra propuesta de alianza sindical, denominada Unidad en la Diversidad, que hiciéramos hace más de un año; misma que consideramos fundamental para la defensa y el fortalecimiento institucional, especialmente en momentos en que la privatización, vía concesión, amenaza seriamente al A y A.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

—-
c.:Trabajadores y trabajadoras del A y A.
c.:Sindicato de Profesio0nales del A y A (SIPAA).
c.:Asociación Sindical de Trabajadores del A y A (ASTRAA).
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

Carta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), a la Licenciada Lineth Saborío Chaverri Primera Vicepresidenta de la República, sobre la falta de celeridad para determinar la nulidad, y/o resolución, y/o rescisión de lo que constituye el anticonstitucion

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Licenciada
Lineth Saborío Chaverri
Primera Vicepresidenta de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimada señora Vicepresidenta:

A nombre del Movimiento Cívico Nacional (MCN) le expresamos un respetuoso saludo.

Le agradecemos su disposición a atendernos este día en el marco de la actividad de calle que hemos promovido con miras a plantearle respetuosamente lo siguiente:

Estimamos que no se le ha dado la debida celeridad al proceso que habría de determinar la nulidad, y/o resolución, y/o rescisión de lo que para el Movimiento Cívico Nacional constituye el anticonstitucional e ilegal monopolio privado de la Revisión Técnica Vehicular; considerando que de parte de nosotros ha existido la mejor buena voluntad de que este grave problema se resuelva por el cause establecido en la institucionalidad jurídica del país. Nosotros cumplimos en tiempo y forma con la presentación documental que nos correspondía hacer; misma que tiene una base argumental sumamente sólida como para que el país resuelva en forma definitiva esta situación de latente amenaza a la estabilidad social del país. Sentimos que de parte del Gobierno de la República, como indicamos, aún hay problemas para entender qué es lo que se está jugando en todo esto y por tanto no es conveniente ni sano más dilaciones.

Reconocemos que en cuanto al punto sobre Costo de Vida, el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha actuado de manera responsable y el proceso, que ya va por su cuarta sesión, muestra signos esperanzadores de que pueda haber buenas conclusiones en un asunto de tanta trascendencia para el pueblo trabajador, especialmente.

Es igualmente relevante dejar constancia vehemente que como Movimiento Cívico Nacional repudiamos profundamente la gestación, el desarrollo y la práctica institucionalización del sistema de corrupción política que al más alto nivel de la estructura dirigente de Costa Rica ha sido revelado a la opinión pública nacional. En tal sentido dejamos constancia de nuestra voluntad de apoyar todas aquellas iniciativas que en distintos campos se están o se van a promover, para castrar de raíz este terrible flagelo que se ha cometido contra el pueblo costarricense y como Movimiento Cívico Nacional respetuosamente exigimos la debida participación para aportar nuestros planteamientos en tal sentido, en los distintos escenarios en que tales ideas, así como las de otras entidades sociales y políticas, se puedan considerar.

Por último una vez más, el Gobierno de la República por su distinguido medio debe saber que rechazamos categóricamente el TLC que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América. No nos oponemos al comercio con esta potencia pero el mismo debería ser sobre la base de un comercio justo, guardando entre otras cosas, las inexorables asimetrías entre nuestras dos economías; y mucho menos podríamos aceptar la entrega como se hizo en el TLC de lo mejor del patrimonio público institucional representado en entidades claves de nuestro desarrollo pasado, presente y futuro como el ICE, la CCSS, el INS, el AyA, la agricultura nacional, nuestro patrimonio ambiental y nuestras conquistas socio-laboral así como lo que tiene que ver con la micro, pequeña y mediana empresa nacional.

Muy respetuosamente firmamos,

Carta al Doctor Luis Paulino Hernández Castañeda, Director Médico del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, solicitándole una investigación administrativa sobre presunto Abandono de Trabajo del Dr. Víctor Manuel Ruiz, Médico Cirujano de ese hos

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Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de nuestra organización sindical.

En segundo término deseamos manifestarle lo siguiente: A raíz de los hechos denunciados públicamente en nuestro país, sobre actuaciones de diferentes personalidades de la vida política, concretamente de los partidos tradicionales que se han visto involucrados en una red de corrupción jamás vista en nuestra patria; se hace necesario mantener a este respecto una auscultación permanente sobre las actuaciones de los funcionarios públicos, especialmente de quienes laboran para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Como bien sabemos, la misma ha sido objeto de serios cuestionamientos que la hacen más vulnerable, situación por la cual quienes ven en la salud un negocio se frotan las manos. Contrariamente, quienes estimamos y defendemos nuestra institucionalidad y nuestro Sistema de Seguridad Social, nos causa gran preocupación su desprestigio; máxime si éste se origina en las actuaciones de sus funcionarios. Nos declaramos por tanto impulsores de la ética y la calidad en los servicios públicos.

No habiendo salido aún del asombro, que se mezcla con la indignación que nos provoca todo el daño que se le causa a la Patria , habiéndose establecido un peligroso clima de desconfianza ciudadana ,dada la amplia cobertura periodística generada sobre estos lamentables acontecimientos; hemos detectado mediante la prensa sobre las visitas en horas de la mañana de parte del Dr. Víctor Manuel Ruiz, funcionario del hospital a su digno cargo a la casa de habitación del Expresidente de la República, Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier antes de su detención y posterior reclusión en el Centro de Atención Institucional La Reforma, donde como sabemos cumple prisión preventiva,

La prensa también han informado sobre las visitas el doctor Víctor Manuel Ruiz al presidio, de quien se afirma es su médico de cabecera. Lo preocupante de esto es que esas visitas las habría realizado, presuntamente, dentro de su jornada habitual de trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social.

Como referencia, mencionamos la publicación del periódico Al Día, de 29 de octubre 2004, con foto y cita, señalando, transcripción textual,: “Visita de Rigor. Ayer a las 4.15 de la tarde Víctor Manuel Ruiz, médico del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, abandonó cargado de bolsas el centro penitenciario La Reforma”.

Si efectivamente el Dr. Víctor Manuel Ruiz ha estado usando tiempo laboral de su horario contratado con la institución, para visitar al Lic. Calderón Fournier, ello se constituiría en evidente Abandono de Trabajo, situación que podrá confirmarse no sólo con la información periodística sino también solicitando los registros de ingreso al centro penal mencionado.

No es interés de nuestra organización observar la actividad privada que pueda tener el doctor Ruiz con la familia Calderón, en el campo medico y cualesquiera que desee tener de manera particular; pero si nos interesa se investigue si incurrió en abandono de sus obligaciones laborales para con la CCSS., ya que de resultar probadas estas situaciones mediante la investigación que reiteramos solícitamente se realice, deberán tomarse las acciones disciplinarias que en derecho correspondan, y de acuerdo al marco normativo institucional.

Finalmente solicitamos ponernos al corriente de la decisión que tome esa Dirección Medica al respecto.

Sin más de momento suscribimos con la debida consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

—-
c.:Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo CCSS.
c.:Dr. Víctor Manuel Ruiz Médico Cirujano, HCG. Junta Directiva CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

Aguinaldos para el Sector Público ¿Chantaje o realidad?

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La Defensoría de los Habitantes ha denunciado que el Gobierno deja de percibir anualmente la suma de 182 mil millones de colones al año. Si el Ministro de Hacienda cumpliera con sus obligaciones no tendríamos ni siquiera necesidad de pedir limosna para garantizar la salud de nuestros niños, en una teletón.

En ANEP, rechazamos, las manifestaciones esgrimidas por el señor Ministro de Hacienda, Federico Carrillo Zürcher, en el sentido de que ese ministerio no cuenta con los recursos para hacerle frente al pago de aguinaldos previstos para el próximo 6 de diciembre.

Consideramos que tales manifestaciones tienen como propósito crear incertidumbre ente los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público y chantajear a los señores y señoras diputadas, para que se apruebe un paquete de impuestos en la Asamblea Legislativa, que tiene como propósito llevar recursos al Gobierno para financiar una posible implementación de los negocios que se harán con las instituciones y empresas públicas una vez aprobado, si es que logran aprobar el TLC.

¿Chantaje o realidad?, que no hay plata en el Gobierno, es un cuento que ya nadie se lo come, si no preguntémosle a Abel Pacheco, cuántos millones de colones se han invertido este año en las ya famosas consultorías y asesorías y a cuánto asciende la suma presupuestada en este rubro para el año 2005? Preguntémosle al Gobierno, ¿cuántos miles se gastaron en la campaña para llevar a su compinche político Miguel Ángel Rodríguez a la Secretaría de la OEA? ¿Cuántos millones de colones ha invertido la Casa Presidencial y todo el Gobierno en sus risibles y espurias campañas publicitarias, para levantar su alicaída imagen pública y en ¿cuántos millones se incrementó esta partida en el presupuesto del próximo año? ¿Cuántos millones de colones gastó esta Administración este año en la compra privada de servicios, que bien pueden ser prestados con la capacidad instalada que tiene la propia Administración? ¿Cuántos millones se han vaciado en la implementación de negocios como los de RITEVE, ALTERRA, y la preparación de la entrega del INCOP a manos privadas? ¿A cuántos millones colones ascienden las partidas específicas que se recetaran algunos diputados y diputadas para proseguir con la mala practica del clientelismo político electoral?

Si calculamos estos rubros las sumas serían astronómicas, quizá incomprensibles para muchos de los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público, que hoy recibieron la noticia desencantadora de que su aguinaldo pende de una venta de bonos.

¿CHANTAJE O REALIDAD?:

Independientemente, si hoy a un mes de que el Gobierno irresponsablemente nos anuncie que aún no tiene los recursos económicos para enfrentar el pago de aguinaldos, ya sea por chantaje o por una realidad financiera del Gobierno, lo cierto es que cuándo el río suena piedras trae, y puede ser que el Gobierno con este anuncio, desde ya se esté justificando para recetar otro decretazo salarial para el primer semestre del 2005, muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor como ya es su costumbre y quizá proponer congelar el salario escolar y salarios de la gente que labra en el Sector Público.

¿CHANTAJE O REALIDAD?:

Independientemente de la respuesta, nuestra organización no se va a esperar al desenlace fatal de esta premonición, desde ya dejamos alertados a los trabajadores y trabajadoras, para que nos presentemos frente al Ministerio de Hacienda a exigirle al Ministro y al Gobierno el pago oportuno del aguinaldo.

San José, 5 de noviembre de 2004.

Carta al Licenciado Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, solicitando que convoque al señor Lic. Percy Rodríguez Argüello, Alcalde de Tibás, cuya Administración ha decido promover el despido de nuestra representante sind

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Estimado señor Ministro:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Creemos oportuna y necesaria la intervención de su despacho, con base en la facultad legal que le asiste, para que convoque al señor Lic. Percy Rodríguez Argüello, Alcalde de Tibás, cuya Administración ha decido promover el despido de nuestra representante sindical, la señora Iris Cervantes Paniagua;

Para la ANEP tal despido tiene un carácter abusivo, ilegal y antisindical, especialmente; dado que nuestra organización seccional en la Municipalidad de Tibás, de la cual la señora Cervantes Paniagua es directiva, ha mantenido una conducta muy crítica sobre la transparencia de la gestión del Sr. Alcalde Rodríguez Argüello; cuestionamientos que incluso lo han llevado ya ante el Ministerio Público.

Vistas así las cosas, creemos urgente una intervención de la cartera ministerial a su digno cargo, considerando, además, que los despidos de carácter antisindical como usted bien lo sabe, Sr. Ministro, ponen en entredicho al país ante instancias mundiales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.:Sra. Iris Cervantes Paniagua, Integrante Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Archivo.

Carta a la Licenciada Virian Mejías Padilla, Secretaria General de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), felicitando a esa organización por la estratégica e importantísima victoria político-social que han obtenido, con la prom

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Estimada compañera:

Luego de expresarle a usted y por su digno medio, a toda la Junta Directiva de ANPE, un fraterno y respetuoso saludo; dejamos constancia por esta vía de la más sincera felicitación por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE); por la estratégica e importantísima victoria político-social que han obtenido, con la promulgación de la ley que dignifica la profesión de Enfermería en Costa Rica, luego de que con una oportuna y masiva movilización derrotaran los intentos neoliberales para evitar la realidad de dicha legislación.

Sin duda alguna que ANPE ha dado un enorme paso hacia su consolidación como una organización sindical de enorme impacto en la vida sociolaboral de Costa Rica, incrementando su prestigio y su representatividad.

Para la ANEP es un honor compartir los destinos con ANPE en el marco de la alianza estratégica que representa la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP); y anhelamos que sigamos profundizando dicha relación para bien del desarrollo de nuestra democracia, sobre todo en momentos en que por lo que ya es sabido, se ocupa de un gran responsabilidad activa y militante de las entidades que nos ubicamos en los sectores sociales patrióticos de la institucionalidad costarricense.

Calurosos saludos y felicitaciones en estos importantes días para la ANPE.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Sr. Rafael Ángel Mora Solano, Coordinador Nacional, de la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP).
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Carta al Licenciado Fabio Molina Rojas, Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, solicitando que ordene al Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez desistir de la persecución contra nuestro dirigente en ese centro laboral, Miguel Soto Soto.

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Estimado señor Alcalde:

Con fecha 14 de octubre de 2004, oficio No 2055-ARDS-2004, el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Recolección de Desechos Sólidos a.í..; reporta ante las autoridades de Recursos Humanos y de Servicios Jurídicos de esa municipalidad, la ausencia del señor Miguel Soto Soto, Dirigente Sindical de la ANEP en la misma; quién el día 12 de octubre del presente año, respondiendo al clamor popular y al llamado del Gobierno de la República y de las Universidades Estatales, en su condición de ciudadano, marchó junto a la columna de ANEP, contra la corrupción y contra la impunidad, como lo hicieron miles de funcionarios públicos honestos y comprometidos con el decoro y honor de la Patria; servidores de la Administración Pública que marcharon con miles y miles de ciudadanos de otros sectores de la vida nacional.

En su nota, el Ing. Sandoval reconoce que el funcionario Soto se presentó el día 12 de octubre a las 7:20 a.m., para comunicarle que se dirigía a formar parte de las actividades a realizarse en San José, sea la marcha contra la corrupción. No obstante, el citado jerarca no señala en el oficio, que, en su calidad de jefatura, previniera al subalterno de posibles sanciones atinentes a una ausencia injustificada; por el contrario, el subordinado consideró que contaba con la anuencia de su jefatura inmediata por razones obvias, máxime que se trataba de un día feriado, cuyo traslado como tal para el día 18 de octubre, aún la alcaldía, a su digno cargo no oficializaba (adjunto copia circular oficio 2545-D-04, firmado por su estimable autoridad).

Estimado señor Alcalde Molina Rojas: A nuestro juicio el hecho que el Ing. Sandoval envíe notificación de lo ocurrido a la Unidad de Recursos Humanos para que se aplique el rebajo del día no laborado al funcionario Soto Soto y a la Unidad de Servicios Jurídicos “ para que se tomen las medidas del caso”, denotan una clara persecución sindical; toda vez que el señor Soto, es miembro de nuestra Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, actualmente el más activo, después de los despidos de otros dirigentes que conformaban la dirigencia sindical de nuestra organización en esa corporación.

Es claro que en estos casos, si el funcionario no hubiese informado a su superior a dónde se dirigía, para que fuera orientado o se le prohibiese realizar otra actividad que no fuera propia de su función, como trabajador de la institución; y que éste desoyera tal mandato, su jefatura procediera tal como lo señala el artículo 149 incisos a) – b), sea amonestar verbalmente o por escrito al trabajador y enviar copia a la Oficina de Personal, para que se archive en el expediente.

Por el contrario, no así al departamento de Servicios Jurídicos porque no procede, a no ser que se pretenda abrir un órgano director para investigar lo que está claro, incurriéndose innecesariamente en gastos de tiempo y recursos de la institución para perseguir a un dirigente sindical como se colige por el procedimiento seguido.

Así las cosas, le solicitamos, con todo respeto, ordene al Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez desistir de la persecución contra nuestro dirigente; o de lo contrario, nos obligarían a recurrir a otras instancias, en detrimento de la imagen de las autoridades de esa Municipalidad.

Por ejemplo: cómo podría percibir la opinión pública nacional que haya persecución contra un trabajador de la Municipalidad de Alajuela, por atender el clamor nacional de un alto a la corrupción y un repudio a la misma; evidenciándose que la Municipalidad de Alajuela, la segunda más importante del país, estuvo al margen de tan noble jornada patriótica y que restringió el deseo de sus trabajadores, en cuanto ciudadanos, a participar de un evento de tanta trascendencia, como el del pasado 12 de octubre; evento sin precedentes en la historia nacional, pues contó con el respaldo de las autoridades políticas del país, de los sectores sociales y populares organizados, del sector empresarial, del sector político todavía honesto y limpio, de la academia, de la prensa y, lo más importante, del propio pueblo de Costa Rica.

Le solicitamos, en consecuencia, actuar conforme a la lógica aquí expuesta y que cese la acción contra nuestro dirigente, don Miguel Soto Soto.

La presente petición la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorables Señores del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
c.: Sr. Miguel Soto Soto, Representante Sindical ANEP-Municipalidad de Alajuela.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Alajuela.
c.: Archivo.

Carta al Licenciado Roberto Arguedas Pérez, Viceministro de de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), solicitando que nos informe si existe a la fecha aprobación del proyecto de resolución que

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Estimado Señor:

Primeramente, nos es grato poder expresarle un cordial y muy respetuoso saludo y, a la vez, desearle el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones.

De acuerdo al oficio No Al-255 2004, suscrito por el Auditor General, Lic. Oscar Serrano Madrigal, remitido al Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; en el que se informa sobre lo sucedido con el Informe A1 05 2003 denominado “Funciones y cargos desempeñados por la Licda. Mildred Bogantes Pereira, en la Unidad de la Asesoría Legal, en el período comprendido entre el 16 02 1999 al 16 07 2001; seguimiento a la Auditoría No INF AC 014 2002 de la Dirección General de Servicio Civil, sobre la gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)”, sus puntos Nos. 12, 13 y 14 señalan lo siguiente:

“…12. En la sesión No 30 2004 del 13 de mayo del 2004, se recibió a la Licenciada Mercedes Valle, en esa ocasión el CETAC dispuso:

“Se recibe a Licda. Mercedes Valle, a quien el CETAC le pide aclaraciones en relación al expediente analizado mediante contratación directa No 1436, denominado “Contratación de un consultor experto en auditoría interna y control para el Consejo Técnico de Aviación Civil”, al respecto el CETAC necesita saber si los hechos son atenuantes o no, y si es necesario poner la denuncia ante el Ministerio Público. La Licda. Valle indica que desde el punto de vista administrativo ella recomienda enviar el informe al Ministerio Público para que emitan criterio al respecto. Sobre el particular, Se Acuerda: Acoger y aprobar el informe presentado por la Licda. Valle; y se comisiona al Lic. Antonio Solera Víquez para que prepare la resolución administrativa que recoja el informe presentado”.

13. El informe en cuestión se encuentra en los archivos de la Secretaría del Consejo Técnico de aviación Civil.

14. No tenemos conocimiento, si a la fecha de este oficio el Licenciado Antonio Solera Víquez ha presentado al CETAC la resolución administrativa solicitada por ese órgano colegiado, por lo cual no podemos afirmar si este último punto esta pendiente.

También mediante oficio No 041696 de fecha 06 de agosto de 2004, suscrito por el Lic. Federico Carrillo Zurcher, Presidente del CETAC en ese momento, le da respuesta al Diputado Lic. José Miguel Corrales Bolaños, donde indica lo siguiente:

“… Damos respuesta a su oficio DDJMC 1 152 2004, con fecha 03 de agosto del año en curso; donde solicita información con respecto al resultado de los informes de auditoria AC 014 2002 y el AI 05 2003.

Sobre el particular, le informamos que existe un proyecto de resolución, para conocer por parte de este Consejo, el cual una vez aprobado y firme, le será remitido para su conocimiento.

No omito indicarle que este Consejo, conoce los alcances de la Ley de Control Interno y se apega a ella como corresponde. Sin embargo tratándose de documentos donde se relacionan presuntas responsabilidades de funcionarios, dicha información no puede divulgarse hasta que exista acto firme…”.

En virtud de lo anterior, con todo respeto, le solicito nos informe si existe a la fecha aprobación del proyecto de resolución que debía realizar el Lic. Antonio Solera y, qué acuerdo ha tomado el cuerpo colegiado de ese Consejo Técnico con relación a las recomendaciones del informe de la Auditoría No AI 05 2003; pues se desprende de la documentación antes señalada que el mismo entró en conocimiento del Consejo Técnico desde 16 de julio de 2003, en sesión ordinaria No 41 2003 y que en la actualidad se encuentra en proceso de resolución administrativa, desde el día 13 de mayo de 2004.

Es decir, ha pasado 1 año y 3 meses desde que entro en conocimiento del Consejo Técnico y 5 meses desde de que se tomó el acuerdo “acoger y aprobar el informe de la Licda. del Valle” y que se preparará la respectiva resolución administrativa designando como responsable de dicho proyecto al Lic. Solera.

Así las cosas, con fundamento en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es que nuestra organización sindical solicita una respuesta pronta de su autoridad, con el fin de que todos estos actos en apariencia anómalos no se queden en la impunidad.

Agradeciéndole por anticipado toda la atención prestada a nuestra solicitud, nuevamente le expresamos todas nuestras consideraciones por su fina atención para con nuestra solicitud.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Tobías Vargas Pacheco
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP- Aviación Civil

c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
c.: Señores Junta Directiva del CETAC.
c.: Lic. Oscar R. Serrano Madrigal. Auditor General de la DGAC.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Aviación Civil.
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Carta a al Doctora Maria del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud, donde se le adjuntan agotamientos de vía administrativa de funcionarias que laboran como Auxiliares de Salud en el programa CEN-CINAI.

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Estimada señora:

Luego de saludarla y desear lo mejor al frente de dicho ministerio; nos permitimos adjuntar agotamientos de vía administrativa, de funcionarias que laboran como Auxiliares de Salud en el programa CEN-CINAI.

Lo anterior de conformidad con resolución DG 351-2003 del 11 de agosto 2003; en la que el Área de Instrumentación Tecnológica de la Dirección General del Servicio Civil, suprimió las clases anchas de dicho manual para los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios del Ministerio de Justicia y Gracia.

Por lo tanto, en ANEP creemos que dicha resolución es aplicable a estas funcionarias para que se les considere cocineras y no auxiliares, al estar estas cubiertas por el Régimen del Servicio Civil.

También es nuestro criterio que en el presente caso, tomando en consideración el principio de economía procesal, apelamos ante su autoridad para resolver este reclamo positivamente en vía administrativa y así evitarnos ambas partes un desgasto en dinero, tiempo y otros, innecesario, para lo cual estaremos en la mayor disposición de sentarnos a conversar sobre el tema.

Esperando una respuesta positiva, nos despedimos con todo respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Jorge Campos Alfaro
Responsable ANEP-Ministerio de Salud

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Trabajadoras de los CEN-CINAI.
c.: Archivo