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La clase trabajadora costarricense, tanto la del Sector Privado como la del Sector Público, es la gran castigada con el triste anuncio de que la inflación del presente año, acumulada al mes de noviembre, llegó al 11.89 %; la más alta en los últimos ocho años. Al terminar el presente mes de diciembre, es de esperar un empeoramiento de tal situación, cuando se habrá de superar la barrera del 12 %.

Anuncio desesperanzador, acongojante e ingrato para una población laboral, como la clase trabajadora, que es la base fundamental de la generación de riqueza nacional.

Sin duda alguna estamos ante la más evidente muestra del fracaso de una política económica, de signo neoliberal, destinada únicamente para el favorecimiento de reducidos grupos económicos de gran poder, por su ligamen con el sector financiero; sector que ha gozado de enorme posición hegemónica en el control de los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional, incluido el actual.

2005 será un año durísimo para las personas trabajadoras dependientes de un salario. Los reajustes salariales se quedarán cortos para hacerle frente a la alta inflación del 2004.

Nuevamente, la orientación principal de la política económica predominante castiga duramente a nuestra clase trabajadora; certificando, con dolor y angustia, el abominable proceso de concentración de la riqueza que nos lleva, de manera irreversible, hacia una polarización social de consecuencias insospechadas.

Abrigamos la esperanza de que, al menos, puedan darse algunos resultados positivos, aunque sean mínimos, del proceso actualmente en desarrollo, de conversación y eventual negociación, en materia de costo de vida, entre el Gobierno de la República y el Movimiento Cívico Nacional. En los primeros días de enero, se sabrá si algo positivo habrá salido de este proceso.

San José, 3 de diciembre de 2004.

1- El Movimiento Cívico Nacional reitera, por este medio, su rotunda oposición a la abusiva pretensión de consorcio RITEVE, de incrementar las tarifas por el servicio de la revisión técnica vehicular; en momentos en los cuales la supervivencia de dicha empresa en su condición monopólica ó su permanencia como prestataria de dicho servicio, está en serio cuestionamiento.

2- El Movimiento Cívico Nacional indica al Consejo de Transporte Público (CPT), que no se aproveche de las festividades navideñas para recetarle a los propietarios de vehículos, aumentos tarifarios en materia de revisión técnica. Esto sería inmoral y dejaría en estado de indefensión a miles de ciudadanos hastiados de los abusos que se cometen en tal sentido.

3- El Movimiento Cívico Nacional estará solicitando, en próximos días, ser recibido en audiencia por el CPT para entregar su manifiesto opositor al incremento tarifario en comentario; de la misma forma que hará una petición a la Contraloría General de la República para que enmiende los errores procedimentales en cuanto al proceso seguido para denegar las injustas pretensiones de RITEVE para aumentar sus tarifas.

4- El Movimiento Cívico Nacional hace un vehemente llamado a todos los propietarios de vehículos automotores, a que se abstengan de presentarse a la revisión técnica vehicular en los actuales momentos; pues el día 15 de diciembre vence el plazo para la decisión definitiva en este polémico asunto; cuando ha de conocerse los resultados del proceso desarrollado en el denominado Órgano Director del Procedimiento.

5- El Movimiento Cívico Nacional, como se recordará, presentó ante dicho órgano una profusa documentación tendiente no solamente a demostrar la completa nulidad del proceso adjudicatorio de dicho servicio; sino que, para solicitar la rescisión y/o resolución contractual con RITEVE S y C, a partir de la cadena de incumplimientos en sus compromisos para con la prestación de tal servicio.

6- El Movimiento Cívico Nacional lanza hoy un reto público para que las entidades empresariales socias del Consorcio RITEVE S y C, demuestren su transparencia en materia tributaria, haciendo constar de manera pública la honra al día de sus compromisos impositivos. Directamente estamos hablando de empresas como TRANSAL, S. A., TUASA, Empresa Villa Bonita, IMPORTAL, S. A., al señor Marvin Herrera Alvarado y sus hermanos. Varias de estas entidades habrían sido investigadas en los últimos meses por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por presuntas evasiones fiscales.

7- El Movimiento Cívico Nacional continúa en el desarrollo de comités cívicos locales y regionales, preparando una nueva y contundente salida a las calles, si el Gobierno de la República burla las aspiraciones ciudadanas, cristalizadas por este movimiento, para liberarse de la opresión que significa el mantenimiento del ilegal e inconstitucional monopolio de la revisión técnica vehicular.

San José, 30 de noviembre de 2004.

Marjorie Lizano Páez
CCTT Eddie González Sánchez
ATICOS Albino Vargas Barrantes
ANEP

Célimo Guido Cruz
Instituto Defensa Ciudadana Hugo Chávez Miranda
SICOTA Ricardo Araya Montero
FENAC

Eligio Luna Vargas
ATIH y S.C.

El Movimiento Cívico Nacional deja constancia pública de su más rotunda oposición, a la pretensión del ilegal e inconstitucional monopolio privado de la revisión técnica vehicular, a cargo de la firma empresarial RITEVE, de lograr un aumento en las tarifas que cobra a todos los propietarios de vehículos automotores del país.

En las próximas horas entregaremos un documento, en tal sentido, ante el Consejo de Transporte Público (CPT); pidiendo, además, audiencia al mismo para expresar nuestra oposición, pues argumentos sobran para ello.

En primer lugar, no es cierto que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, haya “avalado” un aumento en las tarifas de RITEVE. Plantearlo así expresa una malintencionada manipulación que tiende a favorecer los intereses de este monopolio privado.

La Sala IV lo que hizo fue dar autorización para un proceso de solicitud de aumento tarifario, lo cual es muy distinto; pues ese proceso abre cabida para cuestionar dicho aumento, lo cual haremos en el Movimiento Cívico Nacional.

En segundo lugar, las tarifas actuales que cobra RITEVE han sido fuertemente cuestionadas por la Contraloría General de la República. Según el ente contralor, adolecen de mal cálculo y los montos actuales están distorsionados pues reflejan una gran inclinación para favorecer, únicamente, los intereses de negocios de dicha firma empresarial.

Otra razón para objetar la pretensión de aumento tarifario en el servicio de la revisión técnica vehicular, estriba en el mismo carácter de dicho monopolio privado; que está siendo cuestionado, severamente, en el proceso abierto por el denominado “Organo Director del Procedimiento”; de tal suerte que el futuro de RITEVE es bastante sombrío

El Movimiento Cívico Nacional ha presentado una sólida argumentación para establecer la nulidad total del proceso adjudicatorio; o bien, incluso, para resolver ó rescindir dicho contrato, sin detrimento alguno del patrimonio público.

Las conclusiones de dicho proceso deben estar listas, según nuestro cálculo, el próximo 15 de diciembre y dada la situación social explosiva que ha representado la lucha ciudadana contra dicho monopolio privado, la suerte del mismo parece, prácticamente, echada.

San José, 25 de noviembre de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
a nombre del
Movimiento Cívico Nacional

Una realidad dolorosa es la constatación de que ha aumentado la pobreza en nuestro país, según los últimos datos que brinda la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Los datos son contundentes: En el último año la pobreza subió del 18,5 % al 21,7; y el segmento de extrema pobreza, pasó del 5.1 % al 5.6 %.

Paralelo a lo anterior, la certificación de la caída en el poder adquisitivo de los salarios, es más que dramática. Los ingresos reales por remuneraciones del trabajo cayeron un 5.7 %. La clase trabajadora, indudablemente, se empobreció más.

No hay duda. Las consecuencias de una política económica de excesivo sesgo fiscalista, inspirada en las concepciones extremistas que pregona el neoliberalismo, nos conducen hacia una Costa Rica totalmente polarizada desde la perspectiva de la distribución del ingreso nacional.

El desdibujamiento de la Costa Rica de clase media, bastión de la estabilidad democrática tan reconocida en el exterior, es una realidad aplastante.

Particularmente, la ruta que enseña la indicada encuesta, es la del tránsito sostenido hacia la inequidad distributiva y, por ende, fácilmente se explican las muestras ostentosas de una concentración de riqueza que estamos presenciando.

En lo que respecta a las personas asalariadas de la clase trabajadora, el desafío de la conservación del empleo ha estado condicionado a resignarse a la pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario; sin embargo, las muestras de resistencia ante tal situación han sido más que evidentes, si observamos los acontecimientos sociales de agosto del presente año.

¡Qué ironía!. En el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, la encuesta nos muestra el menor grado de participación económica; detectándose una caída de la tasa de participación de las mujeres en cuanto a ocupación laboral.

Definitivamente no hay más opción que incrementar los niveles de lucha social, en todos los ámbitos posibles, para obligar a los detentadores del poder político y económico, a dar las primeras muestras de obligado cambio en la injusta senda de dolor, miseria e injusticia, que arrojan los datos de la Encuesta de Hogares.

San José, 25 de noviembre de 2004.

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA INYECTA, VÍA BANCO INTERAMERICANO DE DEARROLLO (BID), LA SUMA DE $700 MIL DÓLARES, PARA LA PROMOCIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), ENTRE COSTA RICA Y ESA NACIÓN.

TLC: una lucha abrumadoramente desigual.

01- Recientemente, los medios de comunicación colectiva de nuestro país nos anunciaron, con gran despliegue, que el Gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), a través del Banco Interamericano Desarrollo (BID) y de la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (AmCHAM), aportaron a nuestro país la astronómica suma de 700 mil dólares (casi 300 millones de colones costarricenses al tipo de cambio actual), para la promoción del TLC entre los EUA y Costa Rica.

02- El propósito de esta millonaria inversión es “convencer” a los y las costarricenses sobre las supuestas bondades del TLC y ahogar en una abrumadora campaña publicitaria, las voces de cuantos nos oponemos a este nefasto tratado; voces que provienen de una amplia multiplicidad de sectores más allá de los meramente sindicales.

Una lucha sostenida de gran resistencia ciudadana

03- El innegable aprecio y respeto que tiene el pueblo costarricense sobre sus instituciones, nos han permitido a la organizaciones sociales y sindicales, así como a las fuerzas políticas patrióticas; resistir, desde hace bastante tiempo y con buen éxito, la implementación del modelo neoliberal, deshumanizante y privatizador, que se nos vende desde Washington.

04- Esta circunstancia, el aprecio que tiene el pueblo costarricense por sus instituciones públicas proveedoras de servicios esenciales de carácter universal, nos ha permitido a las fuerzas progresistas y democráticas realizar grandes movilizaciones sociales, de dimensión nacional; movilizaciones y acciones sociales que nos han servido para detener, momentáneamente, las intenciones privatizadoras de los grupos neoliberales de la derecha costarricense, hoy expresados en la figura del Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, quien pretende volver a la silla presidencial en el 2006.

05- Sin embargo, tales manifestaciones de repudio popular a las pretensiones neoliberales, no han contenido el impulso de estos sectores, por imponer por todos los medios su modelo de desarrollo.

06- Estas fuerzas (las neoliberales), agrupadas en las cúpulas políticas y económicas del tradicional bipartidismo costarricense, hoy muy desprestigiado por los escándalos de dimensión internacional ya de sobra conocidos (con expresidentes, incluso, recluidos en cárceles); no han dejado de insistir en su intención de sepultar el modelo de desarrollo social impulsado por nuestro pueblo a partir de la años 40 y copular su ansiado proyecto: Privatizar, ahora vía TLC, nuestras instituciones y empresas de servicios públicos (telecomunicaciones, energía, agua, combustibles, bancos, puertos, salud y seguridad social).

07- Debemos anotar que el modelo de desarrollo social que hemos disfrutado la familia costarricense en los últimos 60-70 años se sustenta, precisamente, en la pujanza de sus instituciones y empresas públicas, como motores y columnas vertebrales de desarrollo económico, distribución de la riqueza y de la inversión social. Capital éste que es reconocido en el mundo, por nuestro sistema político de respeto a la institucionalidad democrática, desarrollo humano y convivencia pacífica.

TLC, una oportunidad para los intereses de las fuerzas más retrógradas de nuestra sociedad.

08- Hoy, las fuerzas retrógradas, neoliberales, de la derecha más recalcitrante de nuestro país, se han reagrupado políticamente, como indicamos, en la figura del Expresidente de la República y Premio Nóbel de la Paz, Dr. Oscar Arias Sánchez (abanderado de las políticas neoliberales); así como en la firma del TLC, para relanzar su estrategia política y económica, la implementación, total, del modelo neoliberal en nuestro país. Implementación que pasa y requiere precisamente el traslado de esa institucionalidad a manos privadas y, con ello, el entierro del modelo social de desarrollo construido por nuestro pueblo, a partir de los años 40 del siglo pasado y aún antes.

09- No sobra señalar que, precisamente, dos expresidentes de la República, defensores e impulsores de las políticas neoliberales, hoy se encuentran en prisión, acusados de recibir supuestas dádivas de parte de empresas transnacionales que buscan la privatización de la institucionalidad costarricense; igualmente, otro connotado expresidente se niega a regresar a Costa Rica a responder ante las autoridades publicas, por cargos de similar naturaleza.

10- Es obvio que estos sectores requieren de la aprobación del TLC, para darle careta jurídica a los negocios que se traman con los bienes públicos. Paralelamente, con dicho TLC se habrá de provocar un verdadero colapso en el sistema productivo nacional, acabando con lo poco que queda de la agricultura nacional; segmento poblacional que ha sido clave en la promoción de una sociedad de mayor inclusión y movilidad social como lo constata nuestra trayectoria histórica.

11- Es claro: El pueblo de Costa Rica y sus organizaciones sociales, así como sectores patrióticos decentes, nos encontramos en una lucha abrumadoramente desigual contra ese TLC y todo lo que representa, que no es ni más ni menos que la liquidación total del Estado Social de Derecho de Costa Rica.

Reclamamos la Solidaridad Internacional

12- Sin embargo, con la ayuda material y el apoyo solidario de los movimientos sindicales, sociales y políticos del mundo, que se resisten y se oponen a al globalización deshumanizante y anticristiana que promueve el modelo neoliberal, podemos derrotar a este nuevo Goliat

13- Les instamos a crear redes de solidaridad y comunicación internacional con las organizaciones sociales y sindicales de nuestro país.

14- La lucha es abrumadora, abismalmente desigual; pero tenemos una ventaja, el pueblo, nuestro pueblo, el cual ama y defiende sus instituciones democráticas, porque éstas les han sido útiles para su bienestar y paz social.

15- Si la solidaridad y el apoyo llega con tiempo y oportunidad, estos nefastos propósitos serán derrotados; sino el continente latinoamericano habrá perdido la ventana de resistencia social, que hemos exhibido los y las costarricenses en los últimos 20 años.

Viva la solidaridad internacional de los pueblos
Con ella en Costa Rica saldremos adelante

San José, Costa Rica, 23 de noviembre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Diversos líderes comunales, vecinales, deportivos y hasta religiosos, han venido motivando a varias de las comunidades más humildes de Santa Ana; con la finalidad de exigirle a su gobierno local más política pública a favor del desarrollo del cantón, pues la mencionada municipalidad es muy solvente desde el punto de vista económico.

La parálisis política que vive el Concejo Municipal, por los líos partidarios de sus integrantes; así como los pleitos por la posesión de la silla de la alcaldía, han llegado a tal extremo que se cuenta con un superávit de 700 millones de colones para este año; los cuales no se pueden poner al servicio de la comunidad, por falta de acuerdos políticos a lo interno del citado gobierno local.

La población, especialmente sus segmentos más pobres y de clase media, exige mayor obra comunal y no entiende cómo es posible que habiendo suficiente plata para la misma, la politiquería impida que se gasta en beneficio del desarrollo cantonal.

La manifestación, que es avalada y orientada por la ANEP, será totalmente pacífica a pesar de que se habría pedido ya la intervención de la Fuerza Pública; lo cual consideramos totalmente innecesario.

San José, 18 de noviembre de 2004.

1. Una Constitución Política paralela. Al documento en mención se le denomina Declaración Maestra. Su estructura guarda una asombrosa similitud con una carta fundamental. En ella se define una nueva territorialidad, una nueva ciudadanía y un nuevo gobierno.

2. Un Territorio paralelo. El Reglamento designa un territorio propio (Art. 1.1). Sus límites son, en principio, los de la concesión a Ecodesarrollo Papagayo S.A. aprobada en 1993. A este territorio lo denominan el Terreno Total.
a. A pesar que la propiedad en toda esta área corresponde al Estado exclusivamente, este Reglamento se refiere reiteradamente a la ocupación de terrenos en términos de propiedad (Art. 1.3, por ejemplo).

b. El acceso a este Terreno Total queda restringido para los ciudadanos y visitantes (Arts. 3.5, 5.13 y 5.23). Esta disposición contradice lo establecido por la Contraloría General de la República en Dictámen No OJ-216-2003 del 31 de octubre del 2003 que reza:

“El desarrollo del Proyecto Turístico de Papagayo no conforma un régimen jurídico de excepción, sustraído del resto del ordenamiento jurídico (…) En bienes demaniales, como son los terrenos de ese Proyecto, es inadmisible la tesis de vías privadas”.

c. Este acceso al Terreno Total se restringe mediante controles fronterizos. Este control lo puede ejercer la Policía privada del proyecto “manteniendo portones de control de acceso, pidiendo identificación para la admisión a la Comunidad del Resort Península de Papagayo, examinando o requiriendo el registro de vehículos, invitados y otros que ingresen a la Comunidad del Resort Península de Papagayo, grabando con video o inscribiendo y documentando de otra manera a todos los vehículos que entren a la Comunidad…” (Art. 5.24).

d. Además, estas limitaciones se extienden al mar (Art. 7.3 A y B). En este Mar Territorial “a menos que la Asociación Maestra autorice otra cosa, el uso de botes y otras naves acuáticas en cualquier cuerpo de agua dentro de la Comunidad del Resort Península de Papagayo queda estrictamente prohibido”.

e. A esto se suma el hecho que, con el favor del ICT, dentro del Terreno Total no se ha dispuesto ningún área para el uso de acampantes.

f. Esta nueva República tiene además vocación anexionista. Por una parte, se incluyen en el Terreno Total no solo las tierras concesionadas a Ecodesarrollo Papagayo, sino también “(c) todas las áreas costeras de desarrollo, consistentes en tierra y vías oceánicas, ubicadas de manera inmediatamente adyacente al Terreno…”. Por otra parte, pueden anexarse al Terreno nuevos lotes (Art. 14).
3. Una Nación paralela. Dentro de este Territorio Total, los concesionarios privados de parcelas componen la Comunidad Resort Papagayo (Art. 4.1). A esta Comunidad, parece de más decirlo, no pertenece el Estado Costarricense, ni sus instituciones, ni las municipalidades. Es una Comunidad absolutamente privada y empresarial.

4. Un Estado paralelo. Se crea la Asociación Maestra, instancia que agrupa a los concesionarios y que asume todas las facultades de gobierno dentro del Territorio Total, es decir:

a. Potestades reglamentarias para ordenar prácticamente cualquier materia dentro del Terreno Total (Art. 5.13). Esta facultad incluso no requiere de la publicidad exigida para los Reglamentos de la Administración Pública.

b. Facultades de Policía de todo tipo. A esta policía se le denomina “Fuerza de Seguridad” (Art. 5.21). Con ella, por ejemplo, la Asociación Maestra podría expulsar del Terreno Total a cualquier infractor sin la mediación de la Policía costarricense (Art. 5.13).

c. Prestación de todos los servicios públicos (Arts. 5.4, 5.22 y 5.37). Esto incluye “servicios de agua, electricidad u otros servicios públicos (incluyendo su generación), y servicios de telecomunicaciones, tales como satélite, cable y acceso a Internet a Personas dentro y fuera de la Comunidad…”. Esta disposición pone al vecino Estado Costarricense, a lo sumo, en calidad de proveedor de agua, electricidad y telefonía ordinaria. Esta disposición es por demás completamente ilegal. Estos servicios podrían trasladarse finalmente a alguna institución pública (AyA, ICE, etc.), siempre que esta acepte las condiciones que dicte la Asociación (Art. 5.41). A esto se agrega la prestación exclusiva de los medios de transporte dentro del Terreno Total (Art. 5.25) y la disposición de desechos (Art. 5.26).

d. Facultades punitivas (Art. 5.13) como multas y otras sanciones razonables.

e. Facultades fiscales para el cobro de tasas internas, análogas a los impuestos territorial (Art. 6.3 y definiciones 5, 11 y 24, Apéndice A) y de ventas (Art. 6.8 y siguientes), entre otros.

Es decir, corresponde a esta Asociación Maestra “cumplir todas las funciones que considere necesarias para promover y preservar la salud, la seguridad y el bienestar de las Personas en la Comunidad…” (Art. 1.10).

Para finalizar, está claro que esta Declaración ha sido elaborada en íntimo entendimiento con las empresas Ecodesarrollo Papagayo S.A. y Grupo Istmo Papagayo (Hotel Tour Seasons). La Junta Directiva del ICT únicamente hace eco de las intenciones de estos grupos.

Se trata entonces de un documento temerario que lesiona la soberanía nacional, que cercena una parte del territorio costarricense con el beneplácito de las autoridades del ICT y que favorece un negocio de muy dudoso provecho para el país y para la población guanacasteca.

17 de noviembre de 2004

Nos estamos refiriendo a la realización del evento denominado “Cambio hacia la democracia en Cuba”, en el cual habrán de participar extranjeros caracterizados por su acción subversiva contra el gobierno de tal país, con el cual Costa Rica mantiene relaciones consulares.

Se puede estar a favor ó en contra del sistema político imperante en ese hermano país de la América Latina. Ese no es el punto. La vergüenza de la situación que hoy condenamos, es que desde la propia sede del Primer Poder de la República del país anfitrión de la presente Cumbre Iberoamericana, se ejecuta un acto de evidente intromisión en los asuntos internos de uno de los gobiernos invitados a dicho encuentro internacional.

Costa Rica queda así en total ridículo, descalificándose al propio gobierno costarricense, organizador de tan magno evento, mostrándose una descomunal descortesía y un acto totalmente antidiplomático contra uno de los gobiernos invitados, en este caso, el cubano.

Exhortamos, respetuosa pero vehemente, al Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, para que, de inmediato, corrija tan vergonzoso error y que los conspiradores contra un gobierno ampliamente reconocido por la comunidad internacional, no mancillen la sede del parlamento costarricense con su conducta subversiva en suelo patrio.

San José, 16 de noviembre de 2004.