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TLC. El envío del TLC a la Asamblea Legislativa, activará todos los mecanismos de movilización que se han venido preparando, por parte de las diferentes redes organizativas que se han establecido para este enfrentamiento. La explosión social que se tiene en perspectiva, adquirirá un carácter jamás visto, de consecuencias imprevisibles.

PENSIONES IVM.CCSS. La reforma de pensiones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es otro coctel explosivo. Si la Junta Directiva de la CCSS decide tomar una decisión únicamente con base en el apoyo del empresariado y del solidarismo, no estaría más que prendiendo una candela de dinamita; pues estamos seguros que la clase trabajadora no aguantará una reforma de pensiones cuyo costo será absorbido, totalmente, por la parte laboral, quedando exoneradas las partes empresarial y estatal.

SALARIOS. Los salarios de la clase trabajadora de los sectores Público y Privado, sin duda alguna que es otro factor de conflicto latente. Recordemos, por ejemplo, que para los empleados públicos no se ha fijado el aumento salarial del primer semestre del 2005. Los datos de este año por concluir, revelan una sensible pérdida, de casi un 6 %, del poder adquisitivo real de los salarios; los cuales anduvieron muy por debajo del índice de inflación, por demás alto como bien es conocido.

RITEVE. El asunto de la revisión técnica vehicular, en manos del ilegal monopolio privado de RITEVE, sigue en capilla ardiente. Esta empresa deberá defenderse de los cargos que le imputa el Movimiento Cívico Nacional, en audiencia oral y pública prevista para el día 12 de enero de 2005. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar en las calles de Costa Rica.

PLAN FISCAL. El tema fiscal es otra brasa caliente. La reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, no es aceptada por importantes sectores sociales, por cuanto no incluye muchas de las propuestas que en su momento se hicieron para hacerla más justa y equitativa. Sin tales cambios, nunca se podría aceptar el ya famoso plan fiscal. Además, la necesidad de tal reforma se ha descalificado, aún más, ante el movimiento popular costarricense, conociendo el dato espantoso de la cuantía gigantesca anual de dinero que se evade, desde el Sector Privado, en pago de impuestos: unos 200 mil millones de colones (casi un 3 % del Producto Interno Bruto PIB).

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS. Aunado a lo anterior, las restricciones presupuestarias implicarán confrontaciones sectoriales muy serias, pues ni los trabajadores ni las personas usuarias de los servicios públicos afectados, se quedarán con los brazos cruzados ante el agravamiento del deterioro de la calidad de los mismos por la supuesta falta de fondos.

Ante este panorama, no hay más que una conclusión: el 2005 promete ser mucho más intenso y confrontativo, que el no menos agitado año que está por concluir.

Solamente una combinación correcta entre responsabilidad y credibilidad políticas, con sentido estratégico, podrá posibilitar sólidos espacios de búsqueda de acuerdos sociales de alto alcance, con participación social y productiva sin exclusiones; buscando evitar así que las colisiones anunciadas no se den. Lamentablemente, en tal sentido, la clase política y económica que hoy dirige el país, como bien sabemos, no da muestras serias y responsables para apuntar en la dirección indicada de la paz social.

San José, 16 de diciembre de 2004.

Elevado al más alto pedestal de la gestión contralora del país, por un acuerdo político extraparlamentario del desacreditado sistema bipartidista “PLUSC”, incluido el beneplácito del Expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez; el Lic. Alex Solís Fallas parece haber desatado la furia de ese sistema cuando evidenció que le imprimiría un sesgo independentista a la Contraloría General de la República, dando paso a la superioridad del interés público por encima del interés del lucro privado.

En tal estado de cosas, altamente riesgosas para los tradicionales y poderosos intereses económicos tutelados por el PLUSC, nada mejor que las revelaciones públicas de las actuaciones erráticas privadas en el campo de la actividad notarial de quien ya, hoy, es Excontralor General de la República, el Lic. Alex Solís Fallas; pese a que los resultados del tiempo en que permaneció en el mismo (seis meses), dejaron al desnudo cuán permisivo había sido el rol político contralor de los últimos años, en la construcción de la compleja red de negocios privados con la institucionalidad pública, para el favorecimiento del proceso concentrador de riqueza que vive la Costa Rica de hoy.

Ese fue el eje central de nuestra posición con respecto a toda esta situación: Observar y aplaudir resultados concretos en el corto tiempo, en beneficio de la transparencia en la gestión pública; y que el cuestionamiento legal de la irregular actividad notarial del Lic. Alex Solís Fallas, se ventilase para la sanción respectiva, en las instancias correspondientes según el ordenamiento jurídico vigente.

Desde nuestra perspectiva, tales resultados ponían en peligro la existencia útil de la poderosa red de negocios privados con los servicios públicos que, en no pocas ocasiones, recibió la bendición contralora; como ya consta en varios casos de conflicto abierto entre el interés público y el lucro privado, con las necesidades que representa la satisfacción del bien común.

Sinceramente, siguiendo el sentido que nos dicta nuestra orientación de clase, observamos cuidadosamente el ataque sistemático, persistente y hasta rabioso que la gestión del ya hoy Excontralor General de la República, estuvo recibiendo desde el periódico La Nación; como vocero de esos poderosos grupos económicos que han encontrado inspiración política en la devaluada figura del Expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez.

Para la ANEP está más que claro que La Nación, verdadero partido político-ideológico con ropaje de medio de comunicación colectiva, decidió la suerte política de quien hasta ayer fue Contralor General de la República; creando las condiciones escénicas necesarias para garantizar su remoción; habida cuenta de que los poderosos intereses económicos que se reflejan en la línea informativa y editorial de tal periódico, se sentían incómodos con una gestión contralora que, sencillamente, “se salió de control”.

El tránsito sociopolítico y económico hacia una total neoliberalización de la sociedad costarricense, reduciendo al mínimo el papel del Estado en la conducción del país, no podía ponerse en riesgo; mucho menos, en vísperas de la concreción del más ansiado sueño de esa neoliberalización: la imposición del denominado tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos de América.

Indudablemente que el descrédito en que ha caído el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa (descrédito no del todo completamente genuino por sus propias obras, sino que inducido, en no pocas ocasiones), necesitaba de una acción política de impacto como la remoción del Contralor General de la República; mejor todavía si esa estratégica decisión era tomada en una atmósfera circense creada al efecto. Nuestro parlamento, acorralado para los efectos del caso, siente que logra para sí un poco de reivindicación política.

“Muerto el rey, viva el rey”. Queda para el ya casi encima 2005, la elección de la persona que habrá de encabezar la estratégica entidad contralora. Sobre el tema quisiéramos aportar en su momento.

San José, 14 de diciembre de 2004.

Que el documento denominado “Informe Final de la Comisión Social”, con relación al proceso para buscar una solución compartida, en cuanto al carácter de las reformas necesarias para la sostenibilidad financiera futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); NO RESPONDE A UN CONSENSO ENTRE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE TOMARON PARTE EN TAL DISCUSIÓN; considerando que, por ejemplo, nuestras dos organizaciones se vieron en la imperiosa necesidad de retirarse de tal proceso, habida cuenta de la imposibilidad política de que, particularmente, los representantes de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y, peor aún, la persona nombrada como facilitadora del proceso, consideraran discutir sobre propuestas alternativas a las oficiales, prácticamente delineadas éstas desde una perspectiva de corto plazo, reduccionista del problema y con un único y dominante sesgo paramétrico.

Por tanto, el denominado “Informe Final de la Comisión Social”, no refleja la realidad del proceso que se dio en torno a la discusión y es irrespetuoso de las posiciones disidentes de la línea oficial; posiciones construidas con gran precisión técnica y la más seria responsabilidad profesional. Por tanto, el subtítulo que tal informe presenta, “Propuesta de Reforma al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, es la propuesta de una parte de las representaciones que estuvieron discutiendo sobre el tema: esa parte, en esencia es la coalición de la cúpula empresarial tradicional, su rama laboral (el solidarismo) y la conducción tecnocrática de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (ni siquiera su conducción institucional principal en estos momentos, que es el actual Gerente Financiero, el cual tiene la Gerencia de Pensiones como recargo). Esa conducción tecnocrática, carente de un real sustento político, impuso “su” reforma.

Vistas así las cosas, la ANEP y la ANPE (así como potencialmente otros sectores sociales que sienten la misma sensación de exclusión en esta situación), haremos absolutamente todos los esfuerzos necesarios, de las más distinta naturaleza y en la mayor cantidad de escenarios posibles; para denunciar la farsa de un falso consenso en materia de reformas al Régimen de Pensiones I.V.M. No seremos cómplices de una reversión social en esta sensible materia y creemos que la última palabra la habrá de decir la propia clase trabajadora y la población costarricense afectada por esta reforma.

Como evidencia de hasta qué punto la comisión no ha alcanzado acuerdos en aspectos fundamentales de la propuesta; adjuntamos el documento presentado por la Gerencia de Pensiones, con fecha 8 de diciembre de 2004, señalando, punto por punto, los profundos problemas técnicos que contiene esa propuesta; su desconocimiento de la legislación actual, la falta de voluntad política para cumplirla, así como su desencuentro con los principios de universalidad, equidad, solidaridad y obligatoriedad que animan nuestra Seguridad Social.

San José, 10 de diciembre de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional de ANEP

MSc. Virian Mejías Padilla
Secretaria General ANPE

01- El desprestigiado sistema bipartidista tradicional, golpeado duramente por las últimas situaciones de presunta corrupción al más alto nivel, ampliamente conocidas, uno de los últimos peldaños de un proceso sistemático de degeneración política; resiente la pérdida del control de dos de las instituciones de mayor trascendencia para la transparencia y la justicia de un sistema que realmente se precie de democrático: la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República.

02- La designación del actual responsable máximo de la Contraloría General de la República, parece habérseles salido en el último minuto, del control esperado; luego de que en el proceso previo de designación, había recibido la “bendición” de dicho sistema, a través del respaldo de figuras poderosas, expresidenciales, del decadente “PLUSC”.

03- Independientemente de los cuestionamientos formulados al Lic. Alex Solís Fallas, en su vida previa a la asunción de tal cargo, la cadena de sus actuaciones, sus pronunciamientos y sus señalamientos puntuales desde esa posición contralora, en múltiples situaciones críticas de controversia entre política pública y negocios privados, tiene muy molestos a los abanderados de tal forma de enriquecimiento; quienes habían elaborado un tejido prácticamente perfecto entre esos dos ámbitos de la vida institucional del país (la relación política-empresarial, empresarial-política).

04- Ahora que el actual Contralor General de la República se les “salió” de control, tratan de deshacerse de su incómoda presencia, lo más rápidamente posible; sobre todo a partir de las órdenes dictadas por ese partido político con ropaje de periódico, el cual es el gran tutelador de la citada forma de hacer dinero con la cosa pública.

05- Por otra parte, sin duda alguna, que la otra “pieza” molesta, es el responsable máximo de la Fiscalía General de la República. El montaje que se le hizo en estos días, revela la profundidad del rechazo generado en esas intrincadas redes tejidas al amparo del bipartidismo tradicional, para la facilitación de negocios privados con los servicios públicos.

06- En vez de “deshacerse” del Lic. Francisco Dall`Anese Ruiz, porque su destitución es políticamente inviable, sin tener ningún punto flaco en que apoyarse para ello (como sí estaría presente en la otra situación); lo ideal es desprestigiarlo, restarle autoridad, “candidatearlo”, para disminuir el impacto de sus decisiones, que han golpeado a figuras prácticamente intocables hasta ahora de la política tradicional.

07- En uno y en otro caso, pese a la diferencia de las situaciones, el mejor de los escenarios para el bipartidismo corrupto, es que ambas figuras desaparezcan del ámbito institucional de control de la gestión pública, en sus más altos niveles. “Negocios son negocios”, parece ser la única consigna motivadora de ese nefasto accionar del hoy alicaído sistema bipartidista tradicional.

08- Hoy, en los momentos en que se ha de tomar una decisión presuntamente final en el primer caso; hacemos un vehemente pero respetuoso llamado a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, para que sopesen de manera adecuada la decisión que habrán de tomar.

09- Por un lado, si ha de pesar más una presunta conducta errónea, asumida antes de la asunción al cargo, censurable sí, pero que no puede catalogarse de corrupta; versus, por otro lado, la ya larga lista de situaciones abordadas en estas semanas, desde la Contraloría General de la República, reveladoras de un sano y comprometido accionar de tal entidad, con respecto a la protección del interés público.

10- Esto es lo que en ANEP valoramos en su real dimensión, contrastándolo con el carácter de la gestión contralora precedente, la cual fue altamente permisiva del deterioro de la institucionalidad pública; generándose así, por ejemplo, hoy cuestionados contratos como la prestación de servicios públicos aeroportuarios y de revisión técnica vehicular, entre otros.

11- Sabemos que para varios honorables legisladores y no menos honorables señoras legisladoras, el escenario de votación no será autónomo, producto de un libre albedrío soberanamente ejercido, dada una atmósfera circense de quemas sumarias deliberadamente construidas, para castrarles esa voluntad autónoma. Aún así, les instamos a ser valientes y actuar, únicamente, con lo que su conciencia les ha de dictar. Únicamente deben tener presente su juramento constitucional, ante Dios y la Patria; y no lo que cierto periódico quiere imponerles.

12- Los señalamientos formulados desde esta entidad han dejado en absoluta evidencia, cómo se venían acumulando situaciones irregulares, ilegales y hasta corruptas, en el ámbito de la política pública y en su relación con las aspiraciones privadas de lucrativos negocios al amparo de la misma.

13- En ANEP preferimos que en la Contraloría General de la República se continúe por tal senda; y que las sanciones administrativas que han de corresponder, se tomen en las instancias adecuadas según las determinaciones procedimentales.

14- De la misma manera, deben hacerse todos los mayores esfuerzos para que el camino marcado por la Fiscalía General de la República, no sea saboteado ni descalificado, pues está en juego casi que la última oportunidad de restaurar una confianza más que lesionada en nuestra institucionalidad.

San José, 6 de diciembre de 2004.