Carta a la MSc. Delia Villalobos Álvarez, Directora Nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), donde se detalla los recientes hechos que se están desarrollando en el Parque Recreativo de Cariari, de la Provincia de Lim

Estimada señora:

Luego de manifestarle nuestro atento y respetuoso saludo; pasamos a detallar a usted los recientes hechos que se están desarrollando en el Parque Recreativo de Cariari, de la Provincia de Limón, por una conducción de la política de manejo del recurso humano que a nuestro criterio está errada, desde el nivel central, depositada en los niveles superiores que dirige este personal.

Observamos, en primera instancia, la existencia de un abandono de este tipo de parques recreativos, revelándose carencia absoluta de políticas que mejoren este tipo de espacios y lo rescaten para las familias costarricenses. Esta carencia se nota en que no hay una inversión en sus instalaciones y los espacios donde se presta el servicio. ¿Estará tomando en cuenta la propuesta de reestructuración el mejoramiento de estos parques?

La otra observación lo constituye los equipos con el cual deben de contar los funcionarios del Área de Vigilancia, o sea, sus dos trabajadores, que los instruyen para la portación de armas; pero en la práctica no les proporcionan absolutamente nada, más que una vara policial, un foco y un cilindro de gas de defensa personal para el trabajo nocturno; que en muchos casos lo hacen solos, en espacios muy amplios y la realización de recorridos amplios donde se exponen al peligro.

En la Fuerza Pública, a sus similares se les brindan las herramientas de trabajo y se les reconoce un sobresueldo denominado Riesgo Policial; básicamente porque su trabajo se realiza en relación directa con la delincuencia y se le reconoce un 18% a su salario base. En el presente caso, estos trabajadores de los parques lidian con toda clase de personas, incluidas, en alguna medida, aquellas que llegan a estos espacios a deteriorar o hacer acciones vandálicas.

Valga recordar que el ICODER no es un ente aislado del resto del Sector Público y las labores que estos funcionarios realizan, son en igual condición. Seria conveniente retomar este concepto y reconocerlo para estos servidores que realizan tales labores.

El tiempo extraordinario que a continuación paso a detallarle:

1. Normalmente existen dos vigilantes en dicho lugar que tienen un horario rotativo y semanalmente les corresponde los días de descaso. Es aquí donde se dan las distorsiones e hacen incurrir a la institución en mayores gastos, como por ejemplo, el que actualmente se está produciendo en el sitio. Uno de los funcionarios le corresponde un mes como período de sus vacaciones. Se toma la decisión de enviar desde Turrialba a dos misceláneos, cuyos requisitos exigidos, distintos a los anteriores (exámenes para el manejo y portación de armas, etc.), ya no son necesarios; cancelándoseles diariamente la suma de 6.000.00 colones por concepto de viáticos por los 15 días, a cada uno. Este realmente no es problema porque tienen derecho a disfrutarlo. El asunto reside en que el problema se resuelve con los propios trabajadores de la zona el cual tienen el aval para estos eventos que son, de alguna manera, especiales.

2. Con dicho traslado se está haciendo un uso abusivo del “ius variando”, puesto que se les causa perjuicio de naturaleza salarial a dichos servidores. Es evidente que no se está reconociendo el salario de Agentes de Seguridad y Vigilancia. Sumado a lo anterior se efectúa un traslado mayor a los 10 kilómetros que lo permitido para el patrono; además de que las funciones originadas en el contrato se están variando. Hay sentencias recientes en los tribunales de trabajo que demuestran lo aquí indicado.

3. Lo grave de la situación es que las arcas del gasto se disparan para el presente caso y cuando se trata de reconocer su tiempo extraordinario a los funcionarios en particular de dicho centro, se les reconocen solamente 4 horas por día, que cubren los 13,000.00 colones por cuatro días al mes. En contraste con el actual ejemplo en que a cada uno se les cancelan 30.000.00 colones por cuatro días.

4. Por otra parte al funcionario Javier, actual vigilante, cuando repone el día libre de su compañero Bladimir, que lo realiza una vez a la semana, no se lo reconoce dicho tiempo. Aquí es donde la organización se pregunta, que no existe en los niveles de jefatura superiores, una política acertada del Recurso Humano de quienes dirigen, son erráticos en sus medidas, profundizando mayores diferencias entre los trabajadores, lo que obligan a éstos a enfrentar dichas medidas.

5. Solicitamos, con todo respeto pero con vehemencia, que la solución de los problemas está en sus propios trabajadores, cuando se les toma en cuenta. Con esto queremos decir que el haber conversado con los funcionarios de la localidad, el problema se resuelve reconociéndoles adicionalmente ese tiempo extraordinario. Estos servidores estarían de acuerdo en contribuir con la institución si ella los toma en cuenta, y no sentar un precedente que le sale más caro a la institución, violentan el “ius variando” de los servidores.

Ante las situaciones presentadas, corresponde a su autoridad corregir lo mas pronto posible los yerros aquí enumeradas, de tal forma que permita recuperar una línea mas acertada sobre el recurso humano y en particular este centro, que sienten lesionados sus derechos y acuden a su estimable persona, como corresponde y no tener que acudir a tribunales de trabajo para corregir lo planteado.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta se despiden de usted reiterando nuestro atento saludo,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.: Señores Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Archivo.

Carta al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), solicitándole una audiencia que nos permita ampliar algunos criterios en torno al presupuesto paralelo que justifican la Seguridad Pri

Estimada señora:
Estimados señores:

Reciban un saludo cordial y atento de parte de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el oficio S.G. 0670-04 de fecha 16 de setiembre del año en curso, les trasmitimos a ese honorable Consejo, una serie de inquietudes en torno al presupuesto paralelo, que justifican la Seguridad Privada en dicha Institución; las cuales hasta la fecha no han sido respondidas.

Nos interesa sobremanera, que nos concedan una audiencia que nos permita ampliar algunos criterios que a nuestro parecer son de fundamental importancia.

Por ello, les estamos reiterando una vez más, concedernos audiencia lo más pronto posible a fin de abordar lo planteado en el oficio de marras.

Sin otro particular se despiden de usted, muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Seccional ANEP-ICODER.
c.: Archivo.

Carta al Licenciado Luis Antonio Román Hernández, Director del Área de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), solicitándole nos conceda una certificación escrita con respecto a si en la actu

Estimado señor:

Reciba un saludo cordial y atento saludo de parte de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De conformidad con el Manual sobre los Lineamientos que deben cumplir las instituciones del Estado para la apertura de un Proceso de Reestructuración Institucional, le estamos solicitando, muy respetuosamente, concedernos la certificación escrita de los siguientes aspectos:

  • Si en la actualidad existe alguna solicitud expresa de reestructuración de la institución denominada Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).
  • Fecha y año de autorización del proceso de reestructuración y si el mismo tiene fecha de vencimiento.
  • Si la reestructuración para la mencionada entidad se debe, entre otras cosas, a una reducción de servicios por falta de fondos; o por el contrario, la misma es total y obedece a una reducción forzosa de servicios, en donde busque mayor eficacia que, valga indicar, debe afectar al 60% de la población laboral; tal como lo esgrime la Procuraduría General de la Republica en su dictamen C-022-91.

Nuestra solicitud la hacemos amparados al artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Agradeciendo de antemano las gestiones que al respecto nos proporcione, nos despedimos de su estimable autoridad,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.: Archivo.

Estalló Huelga en la Municipalidad de Tibás

Un elevado número del personal de trabajo de campo y del ámbito administrativo decidieron suspender su trabajo a partir de hoy, jueves 28 de octubre de 2004, al considerarse que las condiciones laborales se han deteriorado al máximo, producto de la errática y prepotente gestión del máximo jerarca municipal, el Lic. Percy Rodríguez Argüello.

El cúmulo de problemas que origina esta huelga va desde el deterioro de condiciones socioambientales para desarrollar un mejor trabajo; hasta el deterioro de la legitimidad política del Sr. Alcalde Municipal, dada la serie de cuestionamientos que se le han formulado; generando no solamente la intervención de la Contraloría General de la República, sino que han llegado al Ministerio Público, el cual ya realizó una primera indagatoria al Lic. Percy Rodríguez Argüello.

Como represalia por tal situación, dicho funcionario procedió ya con acciones represivas contra quienes cuestionan su accionar; procediendo a ordenar el despido arbitrario de la trabajadora Iris Cervantes Paniagua, con casi 30 años de antigüedad en la Municipalidad de Tibás; quien es representante de la ANEP en este municipio.

Se trata de un despido arbitrario, intimidatorio e ilegal que podría generar repercusiones legales más allá del ámbito municipal; e incluso, podría generar un grave daño patrimonial a la institución pues en sede judicial la Municipalidad de Tibás, con toda seguridad, será condenada a una alta indemnización.

Los trabajadores de campo tales como recolectores de desechos sólidos, aseadores de vías y de parques, choferes y otros; carecen de uniformes (zapatos, herramientas, bolsas para recoger basura, escobones); además, algunos de ellos son obligados a montarse en los camiones recolectores de basura pese a que éstos circulan violando estipulaciones obligatorias de la Ley de Tránsito.

A todo el personal de la Municipalidad de Tibás se le adeuda el reajuste salarial del segundo semestre del presente año que ya está en etapa de conclusión. Lo más grave del asunto es que mañana viernes 29 de octubre, es el último día hábil para presentar la tramitación presupuestaria correspondiente ante la Contraloría General de la República, sin que se tenga noción alguna de cómo el Sr. Alcalde Municipal pretende resolver este problema.

Para complicar las cosas, el ente contralor ha advertido que no tramitará presupuesto alguno, si el mismo no contempla el pago de una indemnización de 3 millones de colones que se le adeuda a un vecino; plata que nadie sabe de dónde deberá salir.

Además, se ha acumulado un adeuda por la suma de 18 millones de colones en el pago de la obligatoria póliza de Riesgos de Trabajo con el Instituto Nacional de Seguros (INS); que si bien estará vigente hasta el mes de diciembre próximo, se desconoce qué pasará en el 2005 si no se cancela; Esto habrá de generar una grave desprotección para la población laboral, especialmente la de campo, de dicha municipalidad.

Como se puede observar, la actividad laboral de los trabajadores y de las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás se desarrolla en medio de un clima de tensión, de autoritarismo y de prepotencia; además de enorme incertidumbre, inseguridad y deterioro creciente de las condiciones de Salud Ocupacional; lo cual, indudablemente, atenta contra la seguridad emocional y física de todo el personal de la institución.

Estas poderosas razones y otras más que no se puntualizan por razones de espacio, generaron el estallido de huelga que se da desde esta mañana; huelga que seguirá hasta que cese, de alguna manera, el acoso laboral del Alcalde Municipal de Tibás para con su personal, mediante intervención externa; para lo cual, en esta misma fecha, la ANEP está pidiendo la intervención urgente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás, así como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitan a la comunidad de Tibás disculpas por los contratiempos que esta situación de huelga habrá de generar; amén de pedirles su apoyo total para esta justa causa social que tiene relación directa con la necesidad de una gestión institucional transparente que ya no está en condiciones de garantizar el Lic. Percy Rodríguez Argüello.

San José, 28 de octubre de 2004.

Presunto tráfico de influencias del primo del mandatario, Asesor Presidencial en materia de turismo, con concesiones en Papagayo

Las empresas RUJAN, RUPAL Y JAPAL, agrupadas en una sociedad denominada Enjoy Hotel & Resorts S.A., todas vinculadas con el señor Rubén Pacheco y su familia, participaron como oferentes en un cartel del licitación (ver copia de cartel adjunta), a través del cual se sacó a concurso la concesión de 8 lotes libres todavía en el proyecto Papagayo. De estos lotes, Enjoy ofertó para 5 de ellos (ver PGP-296-04).

Este cartel se abrió por un mes y al cerrarse el mismo, se procedió al análisis correspondiente en lo legal, económico y técnico por parte de la Comisión Evaluadora de la Invitación a Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Golfo de Papagayo (comisión interdepartamental integrada por siete miembros). Esta comisión dictaminó que de todos los oferentes, sólo 3 empresas lograron la puntuación requerida para optar por la concesión de sendos lotes (ver memo PGP-296-04 y PRO-0000-2004) y de estos ninguno fue para la empresa Enjoy Hotel & Resorts S.A.

A partir de este momento y como queda demostrado en memorando adjuntos, se inicia un proceso inaudito de presión por parte de la jerarquía superior de la institución sobre la Comisión Evaluadora. Tanto el Ministro de Turismo, como miembros de la Junta Directiva y del Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PGP), proceden a cuestionar los resultados de la calificación de los oferentes llevada a cabo por la Comisión Evaluadora.

Esta presión culmina en acuerdos de la Consejo Director del PGP (ver acuerdos de Consejo Director del PGP – A – 273 – 2004 y 274 – 2004), en los que prácticamente se ordena una revisión o replanteamiento total de la valoración llevada a cabo por la Comisión, presumiblemente para lograr la calificación del grupo Enjoy que había quedado afuera en este proceso.

A esta presión del Consejo Director, se suma la presión directa del Ministro de Turismo, Rodrigo Castro Fonseca, quien por correo electrónico, emitido el día 22 de octubre de 2004 (se adjunta), dirigido a los técnicos de la Oficina Ejecutora del PGP, solicita a estos responder a las dudas presentadas por un miembro de Consejo Director de Papagayo sobre la calificación de las ofertas.

Toda esta presión trae como consecuencia la elaboración del memorando PRO-813-2004, firmado sólo por un miembro de la Comisión Evaluadora, en la que se justifica el permitir a la sociedad Enjoy “subsanar la información relativa a la experiencia de sus empresas integrantes RUJAN, RUPAL y JAPAL” (la experiencia es uno de los aspectos en los que no calificó), como puede leerse en el citado memorando que adjuntamos.

Por fin, el día martes 26 de octubre, en sesión del Consejo Director del PGP, la Comisión nuevamente fue sometida a cuestionamiento, presumimos que para aprobar la adjudicación de dos lotes a Enjoy, para los que en la evaluación normal y correcta no había alcanzado la puntuación mínima de 60% requerida en el cartel. Lamentablemente, el Consejo Director de Papagayo aprobó darle la oportunidad a Enjoy de reparar y adjudicarse dos concesiones.

En este sentido creemos que, independientemente de que el Consejo Director de Papagayo pudiera quebrar la decisión de la Comisión Evaluadora, o haya logrado manipular una justificación para Enjoy, surge un problema moral mayúsculo: ¿Cómo puede el Consejo Director de Papagayo premiar con nuevas concesiones a la familia Pacheco, cuando en la concesión que han poseído desde hace más de diez años, denominada Le Wafou S.A., otorgada por contrato turístico número 486 suscrito el 26 de octubre de 1992, no han cumplido con los plazos y etapas constructivas que exige el articulo 17 de la Ley de Papagayo?.

Es más, es un terreno donde no existen más que ruinas y que representa un ejemplo de irresponsabilidad y una muestra de la competencia desleal para con otros empresarios que han puesto todo su esfuerzo en sacar adelante el Polo Turístico.

Otro problema moral: ¿Por qué se nombró una Comisión Evaluadora interdepartamental y no se procedió como siempre se había hecho, asignando esta tarea a los técnicos de la Oficina Ejecutora del Proyecto Papagayo? ¿Estará esto relacionado con alguna desavenencia entre el Consejo Director y la Oficina Ejecutora?

Este proceso de descomposición lo habíamos denunciado desde mayo del 2004 (ver artículo de La Extra del martes 25 de mayo) en donde también emplazamos a don Abel, respecto a su primo. Lamentablemente, y a contrapelo de las promesas de lucha contra la corrupción realizadas por el Presidente, esta es la hora en que nada en absoluto se ha hecho para detener este flagrante tráfico de influencias ya consumado.

Todo esto se suma a los vergonzosos casos ya denunciados por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), referentes a la asignación de concesiones en Papagayo y otras regiones del país y que evidencian como algunos negociantes quieren hacerse ricos con el Patrimonio Nacional.

Por todo esto, exigimos una acción inmediata de las autoridades para detener estas transacciones que, en la práctica, son comisiones en especie (en tierras con alta plusvalía), con valores en dólares más altos que los que se discuten sobre Alcatel. Exigimos a don Abel, además, que nos aclare que tipo de relaciones, además de las de tipo político y familiar, guarda con el señor Rubén Pacheco, su familia y sus empresas.

San José, 28 de octubre de 2004.

Documentos que sustentan nuestra denuncia:

1. Memorando DL-1064-2004, que contienen la calificación legal de las ofertas. Nota técnica normal.
2. Nota FOM-2725-2004, del 13 de septiembre del 2004, en la que se realiza la evaluación económica de las ofertas presentadas. Nota técnica normal.
3. Memorando PGP-296-04, del 13 de septiembre del 2004, en el que se da el informe de resultados de la evaluación técnica de las ofertas. Nótese que Enjoy no califica para ninguna concesión.
4. Memorando PRO-0000-2004, del 14 de septiembre de 2004, al cual se adjunta el expediente de la licitación “Concesión para el Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Papagayo”, en donde se resume claramente que Enjoy no gana ninguna adjudicación.
5. Memorando PRO-813-2004, del 5 de octubre de 2004, en el que se trata de justificar un nueva reconsideración a favor del caso Enjoy (empresa compuesta por RUJAN, RUPAL Y JAPAL). Este memorando es firmado por sólo uno de los miembros de la Comisión Evaluadora, lo cual evidencia su ilegalidad.
6. Memorandos PGP-273-2004 y PGP-274-2004, ambos de 22 de octubre de 2004, en los que se evidencia la presión ejercida por el Consejo Director de Papagayo sobre la Comisión Evaluadora de la Invitación a Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Golfo de Papagayo y en el que se aprueba el criterio dado en el oficio PRO-813-04 a favor de Enjoy Group.
7. Correo electrónico del Ministro dirigido Javier Bolaños en el que le añade un documento con preguntas que cuestionan el dictamen de la Comisión, en clara presión sobre el equipo técnico y la comisión

Valiente decisión de la Contraloría. Enorme satisfacción por perseverante lucha de ANEP: Detenida la privatización del INCOP

Nuestra organización sindical ANEP, que ha venido planteando desde hace tres años las irregularidades en el proceso de privatización del INCOP, se siente sumamente complacida por esta decisión.

Sentimos que, al fin, la Contraloría General de la República está dispuesta a ponerle freno a los negocios que un grupo de políticos-empresarios y empresarios-políticos, ha fraguado con las instituciones públicas.

Este rechazo hay que sumarlo a la correcta y oportuna posición de este órgano contralor con respecto al contrato de las líneas celulares de ERICSSON y al de RITEVE; negocios que sumados a la famosa concesión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, tienen en entredicho la institucionalidad costarricense.

En el caso concreto del INCOP, ANEP había denunciado lo pernicioso de este contrato ante el Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella. No obstante, el mandatario hizo caso omiso a nuestras observaciones y procedió a firmar los contratos; que hoy, para salvaguardia del interés público, son rechazados por la Contraloría General de la República.

Consideramos que la posición valiente de la Contraloría General de la República, de cara al interés público, abre una nueva oportunidad para que los y las puntarenenses y la comunidad nacional, nos demos a la tarea de rescatar este puerto, modernizarlo, eficientizarlo y ponerlo al beneficio del desarrollo nacional y no en manos de mezquinos intereses privados.

San José, 21 de octubre de 2004.

Municipalidad de Santa Ana Sumida en un Caos Total: Amaneció con dos alcaldes

Ocurre que cinco meses después de haber presentado la renuncia al cargo, el Sr. Traña Calvo se retractó de la misma, ante una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre si mantenía tal determinación. Durante la ausencia de dicho señor, el Concejo Municipal había designado en su sustitución a la señora Vargas Solís, quien alega ser la Alcaldesa oficial por cuanto el TSE no ha resuelto nada en definitiva.

En la sesión de anoche, martes 19 de octubre de 2004, una verdadera trifulca política se desató en el Concejo Municipal de Santa Ana, con dos alcaldes reclamando la posesión del cargo; ante lo que se considera que podría ser una inexplicable pasividad o falta de responsabilidad del citado tribunal electoral de la República.

La confusión reina hoy entre el personal de dicho municipio, el cual no sabe a quién debe obedecer. Los trabajadores y las trabajadoras se sienten amenazados, acosados, desmotivados y se sienten las víctimas visibles ante la comunidad, de las vendetas políticas que hoy tienen atascada a la Municipalidad de Santa Ana.

Un verdadero caos institucional se apoderó de la Municipalidad de Santa Ana; municipalidad que ya venía padeciendo una total paralización política porque los enfrentamientos entre los regidores, entre ellos mismos y algunos con la Alcaldesa Vargas Solís, tiene al Cantón de Santa Ana sin la realización de proyectos, pese a que dicho municipio tiene un superávit de 700 millones de colones.

Nadie sabe qué hacer en la Municipalidad de Santa Ana. La comunidad es la gran perdedora de toda esta situación. ANEP alerta a los vecinos, a las fuerzas vivas del cantón y al TSE para que se ponga orden en dicho municipio.

Además, ANEP hace un llamado a las fracciones políticas municipales (dos regidores del Partido Liberación Nacional, dos regidores del Partido del Sol y un regidor del Partido Unidad Social Cristiana) para que depongan su peleas personalistas y politiqueras en bien de la comunidad de Santa Ana.

San José, 20 de octubre de 2004.

Nace coordinadora sindical municipal de carácter nacional

De manera particular, la naciente coordinadora busca defender de las Convenciones Colectivas de Trabajo, en aquellos concejos donde existe; así como promover el establecimiento de las mismas en aquellas municipalidades donde aún no se cuenta con esta herramienta de paz laboral, en plena correspondencia con el rango constitucional que ostenta.

La Coordinadora Municipal de la ANEP nace, también, para contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales; luchar contra la corrupción en estas instituciones; y aportar en la mejora de la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía de cada cantón.

La ANEP está, desde ya, exhortando a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores municipales a formar parte de esta Coordinadora Municipal; así como a organizarse en cada centro de trabajo; de cara a la situación que para el futuro se estima alcanzarán los gobiernos locales, de gran impacto en el desarrollo de sus respectivas comunidades.

La Coordinadora Municipal de la ANEP está presidida por el señor Jorge Rojas Arias, trabajador de la Municipalidad de Tibás; acompañado en la Vicepresidencia, por el señor David Barboza Peralta, de la Municipalidad de San José.

San José, 19 de agosto de 2004.

Miguel Ángel en «Perrera»

La degeneración del mismo produjo a Miguel Ángel Rodríguez y a todos los que como él, están acusados y detenidos (en la casa o en la cárcel), por las situaciones ya de amplio conocimiento ciudadano.

La acción de la justicia, a cargo, en primera instancia, del Sr. Fiscal General de la República, Lic. Francisco Dall`Anesse,, es ejemplarizante y digna de encomio. Sin embargo, se va a quedar corta si no ocurren transformaciones legales estructurales, para que en el futuro no haya más “Migueles Ángeles”; o para reducir al mínimo la aparición de casos tan vergonzosos y repugnantes como los que estamos viviendo.

La raíz de todos estos acontecimientos de corrupción, de tráfico de influencias, de compadrazgos, de licitaciones y de concesiones amañadas, está en el desarrollo de una poderosa red de tráfico de influencias generada al amparo del sistema de repartición de cargos públicos en las instituciones, conocido como Ley 4-3; entre otras disposiciones legales y administrativas diseñadas para su degeneración moral y ética, como lo estamos sintiendo en carne propia.

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría no es el problema; el problema es el sistema bipartidista que se corrompió y que abjuró de los principios filosóficos del bien común, enraizados en la filosofía socialcristiana y en la filosofía socialdemócrata.

El largo brazo de la ley será amputado si no ocurren esas transformaciones estructurales en el sistema de elección de las junta directivas de las instituciones. Si no de establece la obligatoriedad de hacer públicas sus sesiones deliberativas.

Además, si no se modifica, sustancialmente, la ley de la contratación administrativa; si no se establece un sólido proceso de rendición de cuentas. Si no se cambia la forma de financiación de las campañas electorales y el control riguroso de los aportes, entre otras necesarias modificaciones sustanciales que permitan el desarrollo de una nueva democracia que refuerce y que inmunice en buena medida, la institucionalidad republicana que hoy vemos lesionada.

Bienvenida la acción de la justicia, tal y como lo estamos presenciando. Enhorabuena por la restauración moral de la república y por la recuperación de la deteriorara imagen que hemos estado transmitiendo al mundo, especialmente a la América Latina. Costa Rica está dando un gran ejemplo de lucha decidida contra la corrupción.

Pero, repetimos, no basta. La degeneración política y ética del actual sistema político bipartidista es la causa profunda y estructural de la corrupción. Ese sistema es incapaz de cambiarse a sí mismo, lo cual indica que se ocupa de una nueva generación ciudadana en la política costarricense, que sí tenga la autoridad moral y el convencimiento pleno para impulsar los cambios requeridos.

San José, 16 de octubre de 2004.

Costo de Vida: Segunda sesión de discusión Gobierno de la República-Movimiento Cívico Nacional

La cita tendrá lugar en la Sala de Exministros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La delegación del Gobierno la compone el titular del mismo, Lic. Fernando Trejos Ballestero; así como las viceministras de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC); licenciadas Florita Azofeifa y Martha Castillo, respectivamente.

La delegación del Movimiento Cívico Nacional tiene entre sus representantes, a los dirigentes laborales Fabio Chaves, de ASDEICE; Danilo Rojas, de APSE; y Albino Vargas, de ANEP. Igualmente, los dirigentes transportistas Quírico Alpízar y Rafael Quesada.

Además, el Movimiento Cívico Nacional contará, a partir de la fecha, con la asesoría del doctor en Economía, Henry Mora Jiménez.

Mientras que el Gobierno ha planteado que las propuestas sobre costo de vida que se plantearon en los acuerdos del 31 de agosto, se aborden por subcomisiones; el Movimiento Cívico Nacional estima que se deben trabajar esas propuestas de manera integral, conjuntamente, en un período de cuatro a seis sesiones, para valorar posibles resultados de un proceso. Sin embargo, esta controversia será dirimida hasta la sesión de hoy.

Además, se hizo una solicitud para registrar las discusiones y elaborar minutas que sean fieles testigos de la discusión que se habrá de desarrollar.

San José, 15 de octubre de 2004.