A partir del próximo 1 de enero de 2014, deberá entrar a regir el reajuste salarial por costo de vida que debe aplicarse a los salarios base del personal de toda la Administración Pública.

Será la última fijación salarial en el saliente gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, quien se despedirá de su gestión con un altísimo descrédito entre la ciudadanía del pueblo trabajador; quizás la más mala calificación de gobierno alguno, al salir, desde que se hacen tales mediciones estadísticas.

Nuevamente, a la hora de establecer esta fijación (ya sea que la misma se logre de manera negociada, ó, por el contrario, sea establecida por decreto unilateral lo más probable), estará pesando el “enganche” salarial médico que impide mejores remuneraciones para varios de los puestos de más baja base salarial en el sistema del Servicio Civil: policías, misceláneos, oficinistas, trabajadoras de CEN-CINAI y otros.

Efectivamente, los artículos 12 y 15 de la “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, No. 6836, de 22 de diciembre de 1982, lleva tal “enganche” salarial a determinar, a grosso modo, que mil colones a la base de un policía (de la Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria, de Migración, por ejemplo), genere un incremento cercano a los 4 mil colones para un médico.

Esta es la “excusa” perfecta que esgrimen los gobiernos a la hora de establecer estas fijaciones salariales semestrales por costo de vida, cuando se debe definir lo pertinente para el Gobierno Central (Poder Ejecutivo).

Hace ya varios meses que, valientemente, la ANEP denunció tal situación planteando la necesidad, en consecuencia, de lo que comúnmente denominamos el “desenganche”. Esta posición le generó severos enfrentamientos con los corporativos gremios médicos

La insistencia de la ANEP llegó hasta la Asamblea Legislativa y se presentó en la corriente parlamentaria el Expediente Legislativo No. 18.702, por parte del diputado don Luis Fishman Zozinsky, con el apoyo de otros colegas de varias fracciones. Se tramita en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y, precisamente, abre paso al “desenganche”, variando esos artículos 12 y 15 de la ley salarial médica.

Lamentablemente, el presente gobierno de la Presidenta Chinchilla no ha mostrado mayor interés político en el asunto; y, en concreto, no convocó este expediente legislativo al actual proceso de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que está comenzando en este domingo 1 de diciembre de 2013 y que termina el 30 de abril de 2014.

En cuanto a propuesta salarial sindical en sí para esta ocasión, la ANEP, pese a que hará sus propios números, busca conjuntarlos con los que harán otras corrientes sindicales para una propuesta lo más unitaria y unificada posible.

El Gobierno de la Presidenta Chinchilla bate otro “record” en el balance negativo de toda su gestión. Ahora resulta que la desigualdad creció en la presente administración, más que todo lo que creció en un período acumulado de 25 años (1987-2012), según lo indica de manera contundente el prestigioso Informe del Estado de la Nación que acaba de dar a conocer su XIX edición.

Costa Rica se hizo más intensamente desigualdad en los años de la Presidenta Chinchilla y ello explica, en parte, otro de los “records” negativos de su administración: el número de protestas callejeras.

El dato es sintomático. En el 2012, el ingreso del 10% de los hogares más ricos fue 24.8% veces más grande que el ingreso del 10% de los hogares más pobres.

Y esto que nosotros pensamos que esta medición se queda cortísima para medir cómo acumulan más plata los que de por sí ya tienen demasiado, pues tal medición de ingreso por hogar tiene componentes restrictivos.

En otras palabras, en la administración de la señora Chinchilla, la esencia de la política pública ha sido posibilitar la acumulación de los que más tienen entre los que ya de por sí siempre han tenido más.

El mencionado informe nos hace afirmar que la senda que venimos transitando como organización sindical, junto a otras entidades colegas de similar visión e idéntica responsabilidad, ha sido un camino más que relegitimado, al puntualizar un día sí y otro también que el crecimiento de la desigualdad es el problema número 1 de la sociedad costarricense de hoy; y que, por tanto, el uso del instrumento de la protesta social que denominamos como la Democracia de la Calle, se repotencia con este dato del décimonoveno Informe del Estado de la Nación.

Deberían detenerse “en seco”, de manera inmediata, las medidas por venir que aumentan ese problema de la desigualdad en la presente administración. Por un lado, la pretensión del gran empresariado de que le rebajen la tarifa de luz para que sean los hogares del pueblo trabajador, los que paguen la diferencia; y, que la Caja detenga esa “carrera loca” de entregar los EBAIS a la lógica mercantil del lucro privado.

Finalmente, las apelaciones a que en tal escenario de desigualdad se debe combatir con un “diálogo nacional”, se caen a pedazos: si reparamos en lo que ha venido pasando con el proceso legislativo de la “Reforma Procesal Laboral”, cuyo acuerdo político-multisectorial ha sido reiteradamente burlado, precisamente, en el presente Gobierno Chinchilla Miranda.

Los sindicalistas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dieron un giro total a la forma de anunciar una manifestación. Esta vez no convocaron a una conferencia de prensa, tampoco le mandaron una carta de queja a las autoridades, sino que los visitaron.

De esta forma, los líderes e integrantes de la ANEP acudieron de forma sorpresiva a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) donde entraron, según relataron, incluso por la fuerza al edificio de las autoridades, para avisar del movimiento del próximo 11 de noviembre.

Durante este día realizarán una marcha desde el edificio principal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y se trasladarán hasta Guachipelín de Escazú, bloqueando la ruta 27 que comunica hasta Caldera.

“Este es un aviso de que el movimiento que traemos es fuerte, que estamos en contra de la rebaja de la luz a los industriales que generaría una alza para el pueblo”, detalló el sindicalista Geiner Oviedo.

Además, confirmaron que el próximo lunes harán “temblar” las calles del país.

Nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, junto a Fabio Cháves, Edgar Mesén y Jorge Muñoz del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) se reunieron con la Defensora de los Habitantes, doña Ofelia Taitelbaum, para hablar de la gran preocupación que tenemos como organizaciones sindicales, respecto a la pretención de los grandes consumidores de electricidad para que se les rebajen las facturas eléctricas, en detrimento de los ingresos del ICE y de la factura que pagamos “los y las de abajo”.

La Defensora se mostró sumamente preocupada, no sólo por el tema en específico, sino por los números que el FIT y ANEP en conjunto han presentado, respecto a lo que representa en colones la rebaja del 30% que quieren los grandes industriales, que ronda por los 65 mil millones de colones anuales en pérdidas para el ICE, y para las diversas instituciones que prestan en servicio de electricidad.

La Defensoría propuso enviar a la ARESEP una petición formal de los documentos que envió la ACOGRACE, Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, para tramitar el rebajo, y así formular una contundente oposición a que se de ese rebajo, sobretodo porque el mismo significaría un aumento promedio del 11% a la factura eléctrica del sector residencial.

Además, se le hizo saber a la señora Defensora, que nuestras organizaciones sindicales, con apoyo de gran parte del resto del mundo gremial, participaríamos una vez más, de actividades de protesta el lunes 11 de noviembre, cuyo llamado se realizará en las afueras de las oficinas centrales del ICE, y que marcharemos por la ciudad capital para pedir el apoyo de toda la ciudadanía, en esta lucha en contra de la pretensión industrial de una subvención ciudadana a sus negocios.

Formulamos un vehemente llamado a la clase trabajadora que representamos, y en términos generales, al pueblo costarricense y al conjunto de organizaciones sociales y civiles que defienden sus intereses desde diferente perspectivas; para que salgamos a la calle, en manifestación pacífica, el día lunes 11 de noviembre próximo, con la finalidad de expresar una rotunda oposición ciudadana a las pretensiones de los grandes consorcios empresariales y corporativos (muchos de ellos de naturaleza transnacional), de que se le rebaje los actuales niveles tarifarios que por el consumo de energía eléctrica vienen pagando tanto al ICE como a la CNFL, así como a cooperativas y empresas públicas distribuidoras de electricidad.

Varias razones nos llevan a formular esta convocatoria:

1. Las entidades públicas arriba mencionadas sufrirían impactos graves en su situación financiera, si la indicada pretensión empresarial se concreta, de hasta un 30% menos de lo que pagan hoy en día. En conjunto habría una reducción de ingresos tarifarios por el orden de los 65 mil millones de colones anuales; cifra astronómica que deberá ser pagada por los hogares de la clase trabajadora, y por las micro, pequeñas y medianas empresas.

2. Todo el mundo reconoce que nuestro país vive un acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías ciudadanas. Esta situación se agravará si a las mismas se les obliga a desembolsar una cifra como la indicada, producto de la reducción tarifaria a los grandes consorcios de negocios.

3. Es imprescindible destacar que este tipo de empresariado, ya viene pagando un precio por KW/hora menor al que pagamos en nuestros hogares. En el caso de mediana tensión de provisión eléctrica, el precio del KW/hora para estas empresas arranca en 12 centavos US. Mientras que en una casa ubicada, en Hatillo, por ejemplo y en un mismo marco de condiciones, ese mismo KW/hora parte de los 19 centavos US.

4. En el caso del ICE, el impacto negativo de esta pretensión es de una mayor profundidad, considerando las gigantescas erogaciones a las que se ha visto obligado por un mayor uso de combustible, por demás, el más caro de Centroamérica y del mundo. Para que se note la magnitud del impacto negativo en sus finanzas, si la ARESEP accediera a las mencionadas pretensiones corporativas, a los 110 mil millones de colones que implica la factura por consumo de combustible de este año, habría que agregarle 35 mil millones de colones producto de la reducción en la tarifa empresarial de la cual venimos hablando. En tal escenario financiero negativo, no le quedará más opción al ICE que solicitar aumentos en la tarifa de electricidad para esas grandes mayorías populares.

Por lo tanto, reforzamos este llamado de calle a la ciudadanía para el 11 de noviembre próximo y los detalles los daremos en próximas comunicaciones de prensa, dado el interés que en este evento están manifestando importantes organizaciones y que nos obliga mejorar negociar en días próximos los detalles organizativos.

Movimiento de Protesta Social y Sindical Nacional

Entidades responsables:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS DEL ICE (FIT-ICE)

San José, 31 de octubre de 2013. Este miércoles 30 de octubre un grupo de aproximadamente 50 mujeres representantes de diversas organizaciones, un grupo de 27 personas de la comunidad de Guacimal e integrantes de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa para solicitar al Presidente de la institución la aprobación del proyecto de ley N. 17.742 denominado “Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

Este proyecto fue presentado para su conocimiento en el año 2010 por medio del mecanismo de Iniciativa Popular y cuatro años después sigue en la Comisión Especial de Ambiente.

El período establecido por la Ley de Iniciativa Popular es de dos años, y en pocos días finalizará el plazo, por lo que se hace urgente su aprobación en el Plenario. El cómputo del plazo se interrumpe por recesos legislativos y sesiones extraordinarias si el proyecto no es convocado por el Poder Ejecutivo. (Art. 6 de la Ley de Iniciativa Popular).

La representante de la Alianza de Mujeres y Mesoamericanas en Resistencia, Marlene Chacón Cubillo, fue la encargada de leer y entregar el pronunciamiento al Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, y al Presidente de la Comisión Especial Permanente de Ambiente, Alfonso Pérez.

“Las mujeres solicitamos que atiendan nuestra realidad y nos aseguren que el agua llegará a los hogares en la cantidad, calidad y precio adecuado, incluyendo a los hogares con menos recursos económicos. También demandamos que se fortalezca la gestión y el manejo del agua por parte del Estado y de las comunidades”, declaró Chacón.

La situación actual del recurso hídrico obliga al Estado a crear un marco legal para asegurarle a la población el acceso equitativo al agua, así como evitar situaciones de desabastecimiento como sucedió en Sardinal y Aserrí, o de contaminación como los casos de Siquirres y Cañas; sin embargo el proyecto ha estado estancado desde su presentación en el año 2010.

Luis Fernando Mendoza admitió que el proyecto ha sido trabado en la Asamblea Legislativa y se comprometió a hacer un recordatorio a las y los legisladores con el fin de que se discuta el tema del agua, “les prometo también que el día de mañana voy a llevar este grupo de firmas a la reunión de jefes de fracción y haremos mención, precisamente, de esta manifestación de ustedes el día de hoy para de nuevo entrar y recordar a las diputadas y diputados que esto es una reforma importante, relevante, de vida o muerte y que este país debe decidir sobre este tema”.

Por su parte, Alfonso Pérez comentó que el trabajo se está intensificando en la Comisión de Ambiente y tratarán de resolver varios temas lo más pronto posible y así poder votar el proyecto antes de finalizar la legislatura, “nuestro compromiso a seguir avanzando tan rápido como podamos en el tema de asadas, se mandaron consultas, tenemos cerca de 30 respuestas que se están procesando, yo esperaría que a principios de noviembre tengamos un dictamen del proyecto y lo mandemos a Plenario.”

Rolando Castro, Director de CEDARENA y representante de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) enfatizó en la necesidad de un marco legal que garantice el recurso y evite situaciones de desabastecimiento en las comunidades, “este proyecto de ley que se presentó por iniciativa popular busca garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para las futuras generaciones y que el agua, como se dijo, siga siendo un bien de dominio público y un derecho humano.”

Las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña y Carmen Granados, también estuvieron presentes en la conferencia. Acuña manifestó el apoyo y compromiso de la fracción al proyecto. También denunció los intereses políticos que estancan el proyecto “efectivamente aquí hay esa oposición y ya uno entiende, tras tres años y medio, que está detrás, está la privatización, está que el agua ojalá sea un bien, pero no un bien de manial, si no un bien de algunos y ojalá tengamos que ir todos al supermercado a comprarla, eso es lo que se quiere.”

El proyecto también crea espacios para la coordinación de distintas instituciones estatales que han de velar por la gestión adecuada del recurso y abrir la posibilidad de participación de sectores interesados tales como las comunidades, el sector productivo, el sector académico y la sociedad civil.

La Alianza Nacional por la Defensa del Agua y las mujeres presentes solicitaron a las autoridades de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo que:

1. Se apruebe la reforma constitucional para reconocer y garantizar el derecho humano del acceso al agua y declarar el recurso como un derecho humano y un bien de dominio público, de modo que se garantice su protección constitucional.

2. Se apruebe el proyecto de ley “Gestión Integrada del Recurso Hídrico” antes de que concluyan la presente legislatura.

3. Se mantengan y apoyen los principios básicos para una gestión integrada del recurso hídrico.

Es hora de aprobar el proyecto de Ley de Aguas y proteger el recurso hídrico para todos y todas las costarricenses.

Cerca de 35 organizaciones sociales, incluída la ANEP, están demostrando su preocupación respecto a la creencia que la Caja “a sido salvada” y que ya la institución no tiene ningún problema serio que enfrentar.

Este lunes 21 de octubre se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Enfermeros y Enfermeras, para presentar cinco puntos fundamentales para seguir trabajando en el salvamento y mejoramiento de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Un primer tema tiene que ver con las deudas acumuladas por el Estado, un eje de lucha al que nunca renunciaremos. Pero dejamos claro que, en el caso que algún Gobierno remotamente pensara en desarrollar un mecanismo para cancelar esa monstruosa deuda, nada ganaríamos con tener todos esos recursos si la realidad y la cultura institucional de servicio público de salud no varía radicalmente, convirtiendo al ser humano en su eje principal.

La Caja es presa de tres grandes conflictos de interés: uno de orden político partidario, otro de carácter mercantil y otro de perfil corporativo gremial. Si no se atacan estos conflictos de manera urgente la institución está destinada a desaparecer. Urge atender demasiados problemas como las citas en los Ebais, citas con especialistas, ultrasonidos, operaciones, TAC, mamografías, entre tantos otros, mientras que hay que atacar y erradicar los distintos focos de corrupción a nivel nacional, regional y local en la Caja. La salud es un gran negocio, y hay intereses que desde dentro están carcomiendo a nuestra querida institución.

El conglomerado social, laboral y sindical unido en esta lucha solicita la instauración de una verdadera mesa de diálogo que trascienda esta administración, enviando un claro mensaje a quien resulte electo en el 2014 para dirigir a este país. Como organizaciones merecemos respeto y transparencia, ya que nos hemos enterado de las autoridades de la Caja han instaurado, casi de manera secreta, tres equipos técnicos que analizan temas como reformas al sistema de servicios de salud, redes integradas y niveles de atención institucional.

Se está también exigiendo, de manera urgente, el auditoraje ciudadano. Las autoridades de Gobierno, y quienes salgan electas en febrero de 2014, deben impulsar las reformas necesarias a las leyes, decretos, reglamentos o instructivos con el objeto de que se incorpore la participación laboral, social y sindical en esats instancias.

Por último, es necesario transparentar el trámite que gestiona la ingeniera Dinorah Garro Herrera, para la contratación internacional de un estudio para el régimen de pensiones de la Caja; y, además, se debe apuntar a un debate integral que incorpore en el diálogo nacional para el año 2014 este régimen de jubilación, por cuanto las distintas variables de salud del país definitivamente hacen visible la necesidad de dialogar seriamente y tomar decisiones que vinculen ambos seguros.

Las organizaciones que firmaron el documento son:

Sinae, ANEP, CTRN, CMTC, SEC, SITRAPEQUIA, Coopealianza, Coopeagri, CSJMP, Coopetarrazú, UPIAV, ILCO, Sintracobal, UNAG, Upanacional, SITET, Sintrapifrut, Conges, ARSC, UNEHA, Fereprodis, Acamude, Fenatsea, Centros Agrícolas Cantonales, FECCC, Sithosajudi, Sintratafcor, Fenati, SITRAP, FENOTRAPP y Red Costarricense de Agendas de Mujeres.