La Sala Constitucional ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública solventar las deficiencias sanitarias y estructurales que atentan contra la salud y dignidad de los funcionarios y usuarios de 27 Delegaciones Policiales, entre ellas las que se ubican en La Cruz (Guanacaste), Sixaola (Limón), el Roble (Puntarenas) y La Uruca (San José).
La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud por el mal estado de las delegaciones. Este recurso de ampro se une a varios de la misma índole que ha interpuesto la seccional, en busca de mejorar las condiciones laborales de los policías.
Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre delegaciones
Dichas delegaciones cuentan actualmente con una o varias órdenes sanitarias las cuales no se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente, pese a que algunas datan del 2016.
Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen: pisos deteriorados, estructuras ruinosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), por ejemplo.
La resolución número 2019-21277,
que se origina en un recurso de amparo interpuesto por un directivo de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue votada por
unanimidad este viernes 1° de noviembre y emplaza a Seguridad para que en un
máximo de 18 meses ejecute las acciones y gire las instrucciones necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto por Salud en las órdenes sanitarias
emitidas.
“Evidentemente la protección de la salud de los trabajadores es indispensable
para garantizar el respeto a su dignidad…el trabajador tiene derecho a ejecutar
las funciones que le competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones
garanticen la protección de su derecho a la salud”, señala la sentencia.
Delegaciones cuya situación sanitarias debe remediarse según la sentencia
Cuatro Cruces de Miramar, Miramar, Costa de Pájaros, Naranjo de Laurel, Paquera, Barranca de Puntarenas, El Roble de Puntarenas, San Mateo de Orotina, Chacarita de Puntarenas, Fray Casiano de Puntarenas, Potrero Grande de Buenos Aires, La Cruz, Sixaola, Isla Calero, Agua Dulce, San Jorge de Paso Canoas, Sierpe de Osa, Zona Americana Palmar Sur (La Casona), Drake de Osa, Hatillo Delta 11, Santa Ana de San José, Tirrases, San Isidro de Alajuela y La Uruca-Mata Redonda, así como los Puestos Policiales en Delta, Santa Cecilia de La Cruz y Conventillos.
Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.
Está información ha
esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor
y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP,
la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las
condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa
una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental
labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más
bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se
adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder
adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que
sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco
mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases
Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el
ejecutivo lo paraliza.
Adoptar una posición pesimista
no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún
resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban
las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El
mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos
razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del
resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de
sacarlos de la Ley 9635”.
Si asuntos de más sencilla
subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por
revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido
resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición
salarial de los policías.
Esperemos que nuestros
gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción
preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos
servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que
demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido
incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos
hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy
claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los
cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las
Finanzas Públicas.
Esta posición de la ANEP, aplica para los
cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y
Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control
Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones
salariales.
Atribuir a las huelgas el incremento en los homicidios e inclusive en
la actividad delictiva, no es más que una excusa “mediática” por parte del
Ministro de Seguridad, Michael Soto, para encubrir las falencias en materia de
seguridad pública, que se han agudizado en los gobiernos del Partido Acción
Ciudadana (PAC).
No podemos olvidar que los cuatro años de gobierno de Luis Guillermo
Solís, fueron un desastre, que se superaron las cifras históricas en materia de
homicidios, llegando nuestro país al nivel de pandemia, según lo que establece
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sería oportuno que nos muestre el ministro Soto, los datos que dan
sustento a su aseveración. Es sabido por nosotros, que, para cubrir eventos
masivos como partidos de fútbol, se destinan entre trescientos y quinientos
efectivos por partido, o sea que, si al mismo tiempo se dan tres eventos
masivos, se requiere entre 900 y 1.500 funcionarios policiales.
Lo que debe hacer el ministro Soto, es asumir con seriedad el cargo
que le fue encomendado, dejar los “berrinches”, atender a los medios de
comunicación, así como a quienes somos parte del contrapeso, cuando se le
cuestiona por alguna situación institucional, no solamente cuando tiene algo
que favorece la imagen del Gobierno.
Lo que se espera de un Ministro de Seguridad, es que tenga claro el rumbo que se debe seguir para mejorar en materia de prevención y de contención de los delitos, sean estos comunes o producto del crimen organizado. Un ministro que se disponga en trabajar en un modelo de seguridad, en una política de Estado que deje de lado la política electoral. Lo anterior se fundamenta, en que desde hace años se ha visto la seguridad ciudadana como un “botín” político, se anuncian contrataciones, se usa la compra de vehículos para fines políticos, se anuncian las acciones policiales (megaoperativos), como una estrategia de marketing, es común mirar al viceministro Solano, en medio de megaoperativo subiendo selfies en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.
Es claro que las cosas no van bien. Hace unos días fuimos enterados de
un audio que salió del Director Regional de San José, el cual fue dirigido al
mando medio policial, señalándose ausencia de liderazgo, desidia, incapacidad
de gestión, corrupción e inclusive, que algunos altos mandos se hacen de la
vista gorda ante hechos que se presumen graves. Ante lo cual, tanto el ministro
como sus viceministros han guardado un total y absoluto silencio.
Así las cosas, es posible, que conociendo el ministro la situación actual en torno con las huelgas, le haya parecido sumamente atractivo, acreditar a las mismas el incremento en la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las más de cien delegaciones con orden sanitaria, la falta de planificación, los problemas para dotar a nuestros policías de uniformes, botas, capas, radios de comunicación, así como otros accesorios, no tienen nada que ver con las huelgas.
ANEP-Fuerza Pública ha solicitado capacitación constante, inversión en armas menos letales y reformas legales
En las redes
sociales, así como en los medios de comunicación, se ha difundido un video en
el cual se observa una situación en Uvita de Osa, que en principio parece
controlada por la Fuerza Pública, la cual se torna en violenta con un
enfrentamiento entre civiles y los uniformados.
En tal sentido, en
la Seccional de ANEP en la Fuerza Pública, hemos abogado por una capacitación
constante de nuestros policías, que incluya una mayor capacitación en defensa
personal, liderazgo y resolución alterna de conflictos. Además, hemos insistido
en la necesidad de que se invierta en armas menos letales para equipar a
nuestros policías.
Es evidente que el
uniforme y la figura de autoridad pública, no representan ninguna contención
para quienes alteran el orden público, participan en riñas o en general
transgreden las normas de convivencia social; por ello, también hemos abogado
por reformas legales, que vengan a fortalecer la figura de autoridad, así como
a disminuir la impunidad que se produce en función de que las faltas a la
autoridad se contemplan en su mayoría como contravenciones.
Nuestros Cuerpos Policiales enfrentan cada día situaciones
más complejas, el riesgo se ha incrementado, a partir de una sociedad más
violenta, la penetración del crimen organizado, lo cual se ve fortalecido con
la incerteza jurídica que se viene generando en torno con la actuación
policial. Así las cosas, si no
fortalecemos las destrezas, sino dotamos de mejores herramientas y reformamos
algunas leyes, estaremos muy pronto todos a expensas de los antisociales, que
un día sí y otro también, desprecian las normas de convivencia en sociedad e
irrespetan a nuestras autoridades.
Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministro de
Seguridad Pública, Michel Soto, investigar las situaciones descritas en un audio
de la plataforma WhatsApp, que en apariencia fue producido por el Comisionado
Randall Picado, donde se describen una serie de irregularidades en torno a la
supervisión de personal en la Región Policial de San José e incluso que
oficiales de policías estarían escoltando narcotraficantes.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza
Pública indicó que el día jueves 05 de setiembre, recibió en la plataforma
WhatsApp decenas de mensajes con un audio que en apariencia fue producido por
el Comisionado Randall Picado. En el mismo, se escucha una especie de llamado
de atención para el mando de la Región Policial de San José, en torno con
debilidades en la supervisión de personal. El aparente llamado de atención
incluye también a las subdirecciones e inclusive direcciones.
En el audio se puede escuchar “Hemos detectado una serie de
conductas, debilidades, anomalías, irregularidades, donde el mando de las
delegaciones y el mando también superior, y me incluyo yo dentro de esos, por
supuesto también los sub directores que tienen sus áreas de jurisdicción nos
hemos vuelto pasivos, o nos hacemos de la vista gorda, o nos falta iniciativa,
o nos falta liderazgo o capacidad de gestión para detectar esas irregularidades
(…)”. Más adelante, se escucha decir que algunos policías están ingiriendo
licor en las delegaciones, peor aún, que estarían “escoltando al narcotráfico”
Para Anchía, resulta alarmante escuchar en un audio,
presuntamente producido por un director regional, en el que se indica que no
existe ningún nivel de supervisión, que el mando medio y el alto mando es
permisivo o se hacen de la vista gorda, que carece de iniciativa y de
liderazgo, e inclusive, de capacidad para desempeñar sus funciones. Además, le preocupa
escuchar en dicho audio que, se tienen denuncias de jefes jugando en las computadoras
en tiempo laboral.
“Es inaceptable que se hable de corrupción y de debilidades
en la supervisión, al mismo tiempo que se han incrementado las plazas de sub
directores regionales, por ejemplo, San José pasó de una subdirección a tres
subdirecciones regionales. Además, en la Fuerza Pública, el nivel de mando medio
y el mando superior, disfruta de muy buenos salarios. Por estas situaciones,
planteamos con carácter de urgencia ante el Ministro Soto que se proceda con
una investigación con la finalidad de determinar la veracidad de las
declaraciones”, manifestó Anchía.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública debe realizarse una valoración de las capacidades y competencias del mando superior de la Fuerza Pública, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, recuerdan que los puestos de dirección y de subdirección son puestos de confianza, siendo potestad del Ministro su nombramiento y la remoción de los mismos.
Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo
La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques. Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.
“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.
Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.
“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.
“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la
siguiente:
1- Reformar
la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la
aplicación de la misma.
2- Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.
3- Iniciar
un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder
Ejecutivo, con los del Poder Judicial.
4- Retomar y
replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.
5- Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.
6- Presupuestar
la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y
Administrativo, de las herramientas necesarias.
7- Presentar
reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una
contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.
8- Respaldar
el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el
Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.
9- La
Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.
10- Que se deje
sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de
Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.
11- Que la
Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de
armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación
policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.
12- Que el
Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en
proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial
“Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que
dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir
en la Fuerza Pública.
13- Equipo de
protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que
refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros,
guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial
especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).
14- Que, siendo
nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad
sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la
sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las
Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en
torno al ejercicio democrático de la organización sindical.
Esta delegación cuenta con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud
La seccional ANEP-Fuerza Pública hace un llamado al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y al Ministerio de Salud, para que realicen una intervención urgente en la delegación policial de la Fuerza Pública Delta 3, ubicada en el cantón josefino de Desamparados, debido a una plaga de ratas que afecta la bodega de alimentos.
En fotografías enviadas por parte de oficiales destacados de la
delegación, se pueden observar como las ratas perforaron las pacas de arroz,
frijoles y azúcar, contaminando los alimentos que diariamente deben de
consumir; incluso, dentro de estos paquetes se encontraron crías y excremento
de los roedores.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública
manifestó su preocupación ante lo sucedido, ya que de no darse una atención
pronta por parte de las autoridades podrían presentarse afectaciones a la salud
de los oficiales y contagio de leptospirosis.
“Nos preocupa y alarma que uno de los jefes de la delegación indicó que se rescatara parte de las pacas de arroz, frijoles y azúcar; las cuales podrían estar contaminadas, poniendo en riesgo la salud de los oficiales. Estas pacas deben ser desechadas en su totalidad”, dijo Anchía
Mainor Anchía sobre plaga de ratas
Es importante resaltar que la delegación policial de Desamparados es
uno de las 114 recintos policiales que el Ministerio de Salud ha declarado con
orden sanitaria u orden de clausura. Esto luego de varias denuncias realizadas
por la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
“Por estas y otras razones insistimos en la necesidad de mejorar las condiciones laborales en las que se desempeñan nuestros oficiales. No obstante, el Gobierno sigue sin atender nuestras peticiones para mejorar dichas condiciones”, finalizó Anchía.
Funcionarios de la Academia Nacional de Policía por
medio de la Seccional de ANEP en el Ministerio de Seguridad Pública presentaron
una apelación ante esta cartera debido a que se les aplicó un rebajo al
parecer, por sumas presuntamente acreditas de más por concepto de anualidades.
Dicho rebajo se dio en aplicación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la cual vino a modificar lo
dispuesto en la Ley de Salarios de la Administración Pública (2166).
La problemática obedece a que la administración no
realizó las modificaciones pertinentes al sistema de pagos (integra). Los
trabajadores afectados no detectaron ninguna irregular en el salario mensual
por cuanto era el mismo que venían percibiendo antes de la Ley 9635. Sin embargo,
al aplicarse dicha ley los incentivos salarias como la anualidad se calculan con
un monto nominal y no porcentual.
Bajo este panorama, la administración postergó la
aplicación de la ley y omitió comunicar a los funcionarios de los cambios que
generaría la misma y por el contrario, quedó en evidencia que la ley afecta a
todos por igual.
Pese a que en menos anteriores y reiteradamente indicaron que no habría afectación para los trabajadores que ingresaron antes de la Ley.
Es importante destacar que dichos rebajos se están dando nivel general.
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
