Actualmente, la policía trabaja con serias falencias tanto en equipo como en recurso humano. En algunas delegaciones del país, incluso han llegado a implementar rifas para reparar las unidades que se encuentran en mal estado debido a la falta de recursos.
Categoría: Fuerza Pública
Regla fiscal debilitó cuerpos policiales mientras el crimen organizado y la inseguridad ciudadana crecen
– Cuerpos policiales carecen de recursos y equipamiento para hacerle frente a esta situación país, que se agrava cada día.
– No descartan realizar manifestación para solicitar los recursos necesarios y solicitar ser excluidos de la regla fiscal
Nuestro país enfrenta una difícil situación en materia de seguridad ciudadana. A la fecha se contabilizan más de cien homicidios, con un promedio de tres por día, superando por mucho al año 2022 y proyectando un nuevo récord. Ante dicho panorama, en ANEP y en sus seccionales en los diversos cuerpos policiales del país, consideramos pertinente solicitarle una vez más a los diputados y a las diputadas, que vuelvan la mirada hacia los cuerpos policiales, pero, no para estarles pidiendo explicaciones en torno del incremento en la inseguridad ciudadana, sino para dotarlos de los recursos necesarios.
“Es notorio y evidente el incremento en la violencia e inseguridad ciudadana que golpea a todas las comunidades de nuestro territorio. Si bien, es un asunto que se debe abordar de manera integral, es a la Fuerza Pública a la que le corresponde la tarea de prevenir la comisión de delitos, resguardar los bienes de los habitantes y mantener el orden público. Pero, cómo hacerlo sin contar con los recursos necesarios, tanto humanos como logísticos; es imposible fortalecer la lucha contra el crimen organizado, sino se mejoran las condiciones laborales de los cuerpos policiales” expresó Mainor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Entre las principales afectaciones que presenta la Fuerza Pública se encuentran: la falta de personal, no se crece, por el contrario, se decrece en cantidad de efectivos, se tiene escasez de calzado táctico policial “vemos policías en tenis, zapatillas, o con botas rotas”; es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, no se cuenta con insumos para el embalaje de evidencia, “dicho en términos operativos, la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales esta disminuida”.
“Las condiciones laborales de los Cuerpos Policiales se han desmejorado, algunas decisiones tomadas en el pasado reciente provocaron regresividad salarial y afectaron la capacidad de gestión del Ministerio de Seguridad Publica, en ANEP lo habíamos advertido, en el momento oportuno advertimos que no era prudente incluir al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida como la Regla Fiscal. Nuestras previsiones se han materializado, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra ¨amarrado¨ por dicha normativa, de ahí que, es imperativo que los diputados y las diputadas, que se dicen preocupados por la situación de inseguridad, excluyan al MSP de la aplicación de la Ley Fiscal”, aseveró Anchía.
Servicio de Vigilancia Aérea
Situación similar se presenta en el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), con falta de personal policial, las plazas de personas que se jubilan, renuncian o fallecen, no son repuestas, Además las plazas policiales deben ser utilizadas en labores administrativas, necesarias para continuar la operación, lo que provoca una disminución del recurso policial en aeropuertos.
Jonathan Flores, Asesor Sindical de la ANEP en cuerpos policiales, también detalló el faltante de radios de comunicación, así como el deterioro de patrullas y demás equipos.
Policía Profesional de Migración
Flores detalló que, en este cuerpo policial a mediano plazo, corre el riesgo de caer en cierre técnico, pues los recursos con los que cuenta son insuficientes para cubrir las demandas operativas de alimentación, alquileres, equipamiento policial, viáticos y demás.
“La institución carece de presupuesto para contratar la cantidad de personal que le urge al país para atender las crisis migratorias; así como para adquirir los vehículos, y equipo tecnológico que pueda ayudar a una atención más eficiente de tema migratorio en fronteras y aeropuertos”, explicó el Asesor Sindical.
Policía de Control de Drogas
Este Cuerpo Policial, adolece del presupuesto necesario para contratar la cantidad de oficiales antidrogas necesarios para hacer frente de manera más o menos digna al reto que el narcotráfico y actividades conexas demandan.
No se cuenta con los recursos económicos para cubrir las necesidades operativas verdaderas en cuanto a combustible, viáticos, pago por información y equipo tecnológico, como escáneres que se requiere en las investigaciones antidrogas.
“Ni siquiera se cuenta con recurso económico para dotar de equipamiento básico, requerido para la revisión de camiones en los puestos fronterizos, ni presencia policial para cubrir todos estos puntos, como es el caso del puente Binacional en Sixaola, frontera con Panamá”, cuestionó Flores.
Policía Penitenciaria
Las limitaciones de la regla fiscal en la Policía Penitenciaria impacta negativamente el tema de la contratación del personal requerido, la compra e implementación de la tecnología requerida para el combate de la actividad delictiva intracarcelaria, el mejoramiento de la infraestructura, Afectación directa al reconocimiento de derechos laborales de los agentes de policía y, en general, en el adecuado abordaje de protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas a lo interno de los centros penitenciarios del país.
Para los representantes sindicales de la ANEP en los cuerpos policiales y sus seccionales, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, seguirá siendo perdida mientras no tomen las medidas para fortalecer y dotar de recursos y equipo a las policías, situación que se agravó aún más con la aplicación de la regla fiscal.
Conferencia de prensa realizada por cuerpos policiales afiliados a la ANEP.
Agenda 2023 de la ANEP
De qué nos ocuparemos, principalmente:
ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO
01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.
02– Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.
03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).
04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).
06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO
08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.
09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.
10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.
11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).
12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.
13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.
14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.
16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.
17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.
18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.
19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.
20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.
22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.
23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.
24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.
25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.
Acuerdo Unánime y Firme de la
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
ANEP
Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)Viernes 13 de enero de 2023
Recorte presupuestario en Seguridad Pública beneficiará al crimen organizado, impactando negativamente la seguridad ciudadana
• Reducción imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos
Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestionamos fuertemente el recorte presupuestario de mil millones de colones que sufrirá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el año 2023, el cual se verá reflejado, sin lugar a dudas, en la seguridad pública que reciben todos los ciudadanos del país.
No es la primera vez que se presenta un recorte en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual prácticamente imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos. Esto, en momentos en que seguimos viendo como el narcotráfico se apodera de nuestro país, generando un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.
En verdad, hace un buen tiempo hemos venido señalando que, pareciera algo planificado, producto de una estrategia, nos referimos al debilitamiento de los cuerpos policiales, que cada día ven achicada su capacidad de respuesta. No hay botas, Los uniformes escasean, no se cuenta con suficientes vehículos, las delegaciones policiales, ciento veinticinco (125) mantienen ordenes sanitarias por deficiencias en la infraestructura, algunas son verdaderas trampas para el personal que pernocta en ellas.
Seguimos careciendo de voluntad política, legislatura tras legislatura se repite la misma historia, diputados que gastan su tiempo en discursos peyorativos, una Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, que hace lo mismo que sus antecesoras, citar a los jerarcas de seguridad pública, en donde no se resuelve nada y únicamente vemos a diputados sin el menor conocimiento cuestionando “él porqué del incremento en la inseguridad ciudadana”.
Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, las condiciones están dadas para que el crimen organizado siga tomando nuestro país como su centro de operaciones, si señores, y eso no sucede únicamente por nuestra posición geográfica, fundamentalmente obedece a la falta de visión, al desinterés, a la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad humana.
Tal como se puede apreciar en el documento que se adjunta, la mayoría de delegaciones policiales con órdenes sanitarias se encuentran en, San José, Puntarenas, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, ¡mismos lugares en donde se presenta mayor penetración del narcotráfico!
Por ahí vemos a figuras políticas hablando de reformas a la Ley General de Policía, de unificación de cuerpos policiales, de mando único como la estrategia para mejorar la articulación y con ello, fortalecer la seguridad. No señores, para fortalecer la seguridad lo primordial y fundamental es enaltecer el trabajo de los cuerpos policiales, dotando a las personas trabajadoras de condiciones dignas, delegaciones de primer nivel, equipo moderno, botas tácticas de calidad, mínimo dos pares por año, salario justo y acorde el nivel de responsabilidad que implica la función policial y la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. En síntesis, voluntad política y presupuesto.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Seccional ANEP Fuerza Pública.
Seccional ANEP y viceministros avanzan en el fortalecimiento y mejora del MSP
Es momento de dignificar el salario de nuestros policías
– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías
Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.
Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.
Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.
Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.
Jefaturas de la Fuerza Pública no están cumpliendo a cabalidad aplicación de roles de servicio
Criterio de la Procuraduría abre posibilidad de mejora salarial para policías
– Posición de las seccionales de ANEP en los cuerpos policiales
Las diversas seccionales de la ANEP presentes en los cuerpos policiales del país, como lo son Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Servicio Nacional Guardacostas, hacen un llamado al Poder Ejecutivo para que mejore el salario de los y las policías, basados en el criterio de la Procuraduría General de la República (PJR-oj-102-2022) que avaló el reajuste salarial de los Ministros y Viceministros de Estado.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, argumentando que sus salarios eran muy bajos. Antes de eso, el mismo Presidente mencionó que no podía contar con algunas buenas personas en su gobierno, por los bajos salarios que se pagaban. Ciertamente, en ANEP hemos considerado que las personas trabajadoras deben ganar un salario digno, justo y acorde a su nivel de compromiso y peligrosidad.
Las personas trabajadoras de los cuerpos policiales se encuentran entre los más mal pagados del Gobierno Central. Por mencionar un ejemplo: el salario base de un oficial de la Fuerza Pública, de los que no tienen rango, ronda los ₵342.250,00 colones mensuales, sumándoles los incentivos de Riesgo Policial, Disponibilidad, títulos académicos y de formación policial, alcanza a lo sumo los ₵500.000,00, monto que sigue siendo bajo en relación con la peligrosidad, la entrega y el compromiso que implica el desempeñarse como oficial de policía, en cualquiera de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el aval de la Procuraduría General de la República mediante criterio (PJR-oj-102-2022), del incremento salarial de ministros y viceministros por voluntad del Ejecutivo, refleja claramente que cuando hay voluntad política las cosas son posibles, y los criterios técnicos responden favorablemente. Hay sectores laborales dentro del Empleo Público a quienes se les ha afectado mucho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), entre ellos, los servidores de los distintos cuerpos de policía del país.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), conoce muy bien la Ley 9635 y sus efectos adversos para los sectores más vulnerables del Empleo Público. De igual manera, coincide con que existen posibilidades reales de mejorar las condiciones salariales de estos grupos de servidores.
La Ley en mención señala que cuando el nivel de endeudamiento sea igual o mayor al 60% del PIB, se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base, es decir, existe una imposibilidad de realizar incrementos por costo de vida. No obstante, de acuerdo a los criterios de la Procuraduría General de la República (PJR-oj-102-2022), si es jurídicamente viable realizar una revaloración salarial por ajuste técnico, puesto que, las razones técnicas y jurídicas son distintas a las del costo de vida. Además, y concordante con las consideraciones de la Procuraduría, los puestos de policía están excluidos del Régimen del Servicio Civil, dejando abierta la posibilidad de realizar una revaloración salarial de estos servidores y estas servidoras.
Así que, ANEP solicita al Ejecutivo, con sobrada justificación que, se utilice una argumentación de similar naturaleza a la ofrecida para el incremento de las y los ministros, para el caso de los distintos Cuerpos de Policía. Y se les realice una mejora salarial, tomando en cuenta que, este ajuste técnico responde a causas totalmente distintas del factor costo de vida, lo cual, reiteramos, es jurídicamente posible según lo ha señalado la Procuraduría General de la República. Sin dejar de lado el hecho de que las y los policías no están siendo compensados justamente por el trabajo que brindan al servicio del país, lo que ha acumulado una deuda histórica con tan importante sector laboral.
