Categoría: Fuerza Pública

Por Mainor Anchía, Directivo Nacional ANEP

En los últimos días varios medios de comunicación nos han informado sobre la “desarticulación” de un grupo, presuntamente, ligado con el narcotráfico. Se ha informado que dicho grupo tenía entre sus actividades, desarrollar proyectos hoteleros y habitacionales.

Sin duda alguna, estamos hablando de lavado de dinero, legitimación de capitales, algo sobre lo cual se refirió en su momento el entonces Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves Robles, quien mencionó algo así como que, veintidós puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (22 % PIB), provienen del lavado de dinero. Dicho de otra manera, es dinero proveniente del narcotráfico.  

Como si caer en cuenta de la penetración del narcotráfico no fuera suficiente, se nos informa que, al menos, trece legisladores, ¡sí!, trece diputados y diputadas de la República habrían mantenido alguna relación o contacto con el grupo recientemente desarticulado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); mismo que habría venido siendo asesorado por funcionaros judiciales.

No hacía mucho se había detenido otro grupo, presuntamente vinculado con narcotráfico, a los cuales se les relacionó con un diputado y con algunos alcaldes de la zona sur del país, grupo que aparentemente también habría logrado reclutar a funcionarios del Poder Judicial. Tendrá alguna relación la aparente penetración del narcotráfico, con la inercia en torno con aprobar la Ley de Extinción de Dominio, legislación que permitiría incautar bienes obtenidos producto del ilícito negocio de las drogas.

En días recientes, decía el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal Soto, que por Sierpe de Osa y por la zona sur, en general, en promedio, pasan 500 toneladas de cocaína por año ¿Cuánto se detiene por año en todo el país? Si acaso un 0.5%, que posiblemente es el “diezmo”, algo así como para que el actual ministro del ramo salga a dar conferencia de prensa para anunciar un nuevo “golpe” al narcotráfico.

“Antes los colombianos pagaban con dinero en efectivo, ahora el negocio lo controlan los mexicanos, ellos pagan con droga. Se calcula que un poco más del 20 % se queda en Costa Rica, eso quiere decir que cerca de 200 toneladas de cocaína, o más, se quedan en el país. Esto lo saben las autoridades actuales y pasadas; si no lo saben, es cuestión de que envíen al ministro de Seguridad Pública y al director de la DIS a enterarse en Washington o Bogotá, ahí se los van a explicar. Esto no puede seguir así.” Lo dijo el señor don Fernando Berrocal Soto.

La penetración del crimen organizado (narcotráfico) en la institucionalidad del país, ha dejado de ser una presunción, Por ello, más allá de sus discursos trillados, las diputadas y los diputados que han sido señalados por no solamente mantener contacto, atender, sino inclusive interceder por personas líderes de estas organizaciones criminales, deberían renunciar de inmediato a sus cargos.

Ese cuento de que andaban recogiendo una “llave maya o documentos”, como si tal fueran mensajeros; o de que únicamente estaban tratando de impulsar proyectos de vivienda en algunas comunidades, no nos termina de convencer, porque un diputado de la República, máximo si es integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, tiene acceso al Ministro de Seguridad, a la DIS, a la institucionalidad, lo que le permitiría conocer detalles sobre las empresas y las personas con las cuales se está reuniendo.

No me vengan con el cuento de que “son diputados de puertas abiertas”, porque nosotros, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, llevamos mucho tiempo tratando de acceder a varias comisiones, entre ellas la de Seguridad y Narcotráfico. En lo individual, hemos procurado dialogar con algunos legisladores con la finalidad de solicitar respaldo para varios proyectos que favorecerían al gremio policial y, por ende, a la seguridad común, sin que hayamos conseguido la atención que sí recibieron las personas presuntamente integrantes de una agrupación narcotraficante.

Mi experiencia en la función policial me permite decir que, el Ministerio de Seguridad Pública y, por ende, los cuerpos policiales adscritos al mismo, son manejados siguiendo intereses políticos. Por ello, no puedo dejar de lado que el debilitamiento que se ha venido dando a la capacidad operativa de nuestros cuerpos policiales; las paupérrimas condiciones que deben enfrentar nuestros uniformados para el desempeño de sus cargos, en delegaciones insalubres, con patrullas en mal estado, con uniformes deteriorados, con chalecos balísticos vencidos, sin una póliza que les cubra 24/7, con armamento obsoleto, en una gran incerteza jurídica, podría obedecer a una estrategia que tienda a favorecer la actividad delictiva.

La presunción surge en virtud de que, en paralelo de una mayor incursión del narcotráfico en nuestro país, se habla de una aparente penetración del mismo en algunos partidos políticos.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Directivo Nacional de ANEP

Jonathan Flores Mata, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP

Respecto a la diferencia desproporcional, entre la evolución de las narco-estructuras organizadas y la Policía de Control de Drogas, las cosas siguen siendo tema de preocupación. Anteriormente ya me había referido a este tema, lo sé, en varias ocasiones, y en distintos espacios, también lo sé, pero no es majadería, es solo que este no es un asunto que se pueda solo dejar de lado y ya, se debe tener el dedo en el renglón. Porque mientras el aumento en la producción de sustancias ilícitas, así como la demanda de este sucio mercado, sigue en crecimiento, también incrementan sus secuelas de sangre y destrucción social. Y las barreras formales policiales, contrario a la impresión que quieren dar a la opinión pública, están estancadas.

Vamos a dejar momentáneamente de lado que Costa Rica mantiene un plan antidrogas reciclado, no cuenta con verdaderas políticas de seguridad ciudadanas, y por alguna razón inexplicable, ni siquiera se dignan las autoridades a declarar el problema de las drogas como un asunto de salud pública. Esos serán temas que veremos en otra ocasión.

Con el contexto por todos y todas conocido, sobre los homicidios, familias destruidas, asaltos, sobre población carcelaria, imposibilidad de reinsertar a quien nunca estuvo dentro de la sociedad, y demás, la lógica nos dicta que el Estado debe tener una atención prioritaria en los Cuerpos Policiales, especialmente en la Policía de Control de Drogas. No obstante, el diálogo con las y los valientes que ejecutan estas arriesgadísimas labores, así como las conversaciones con quienes ocupan cargos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad Pública, más las respuestas a nuestras consultas desde ANEP, me permiten, lamentablemente, afirmar con completa seguridad, que esta policía (PCD) se rezaga cada vez más.

¿En qué ámbitos se requiere de un fortalecimiento de la PCD? En todos, la pregunta es necia. No alcanza con que las y los oficiales cuenten con una infraestructura adecuada, punto que si se le debe reconocer a la Administración. Las condiciones de salud, motivación, equipamiento, cantidad de personal y demás, son trascendentales para que ellos y ellas presten el más óptimo servicio en sus labores.

Empecemos por el equipamiento. Servidores y servidoras que se desenvuelven en las fronteras acuden al sindicato para externar su molestia por la falta de uniformes (recordemos que se tienen que “tirar” al piso a revisar camiones, en medio de un clima caliente). También demandan que sus labores las ejecutan con solamente, un punzón y un foco, que son comprados con su propio dinero.

Lo siguiente que les externa son los tiempos de descanso, y las odiosas diferencias en materia de jornadas de trabajo, en comparación con los demás cuerpos policiales. Este personal (y tenemos los registros de asistencia que lo comprueba), de manera muy frecuente, se ve obligado a trabajar jornadas de 18, 20 y hasta 32 horas seguidas (hay casos que alcanzan más horas). Se les convoca a presentarse en sus días libres para participar en allanamientos. Les obligan a presentarse desde el día antes de su entrada oficial. Por motivos de seguridad personal y de su familia (para no ser reconocidos por los narcos) todos y todas están destacados lejos de su residencia. Y a pesar de todas estas circunstancias, tienen 2 días menos de descanso que los demás Cuerpos Policiales, sin que exista ningún argumento técnico al respecto, solo la prepotencia de una Dirección General que parece empeñada en desmotivar al personal.

Vinculado con el punto anterior, debemos decir que las y los compañeros de PCD están sufriendo de desintegración familiar, sus núcleos sociales y afectivos se están desgastando considerablemente, (con ello su motivación y parte psicológica). Sus extenuantes y autoritarios roles de trabajo tampoco les permiten estudiar, ese derecho lo han perdido. Producto de esto, desde hace poco más de 3 años que por mes renuncian 1 o 2 personas, números que afectan claramente a una policía tan pequeña. Me disculpo con las y los funcionarios de PCD por todas las otras situaciones que no mencioné, pero de hacerlo terminaría escribiendo un libro y ese no es el fin de este espacio.

Finalmente, aunque los números son fríos, la verdad nos presentan una realidad objetiva. Por ello, me voy a apoyar en ellos, para reforzar mi punto. Según los datos que aportan los documentos oficiales proporcionados por el mismo Ministerio de Seguridad Pública, se visualiza que en los últimos 5 años hay un incremento del recurso humano en PCD de 0 (sí, cero). Mientras en 2015 se contaba con menos de 155 plazas policiales, para el 2021 hay la misma cantidad, pero con menos investigadores, o sea, según la perspectiva, podría incluso decir que son menos. El ministro está al tanto de la situación, se le ha informado, por escrito y personalmente, desde hace dos años que se le insiste en el tema. Lastimosamente, no se ha visto que mueva un solo dedo para cambiar la situación.

En síntesis, mientras la producción de cocaína en el cono sur del continente aumenta, se incrementan los homicidios (en su mayoría por rencillas referente a drogas), el equipo, cantidad de personas y estrategias que usa el crimen organizado, es mayor y más especializado; en Costa Rica tenemos una Policía de Control de Drogas que no crece en personal, en equipo y con funcionarios y funcionarias cada vez más desmotivados. Esto debe salir a la luz y lo debe conocer el pueblo.

Señores; Ministro de Seguridad Pública y Director General de PCD, si este panorama solo beneficia a las narco-estructuras y ustedes lo saben: ¿Qué esperan para actuar? ¿O es que en sus puestos están defendiendo los intereses del narco…?