Categoría: Gobierno Central

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Al pie del monumento conversamos con Robert Jiménez González, Presidente de la Seccional ANEP-Banco Central quien nos detalla el por qué se unieron a la ANEP y sus objetivos como seccional

Nuestro sindicato ANEP-HACIENDA desde hace muchos años decidió ingresar sin ningún reparo en la lucha por la estabilidad laboral de una gran cantidad de funcionarios (as) que laboran en forma interina. Una enorme victoria que se generó a partir de esta lucha fue la culminación de la firma del Decreto Ejecutivo en la Administración Chinchilla Miranda, lo cual permitió que un número muy importante de interinos (as) lograran la ansiada propiedad en sus puestos. Después al tener conocimiento de casos de compañeros (as) con ocho, diez o más años de trabajar interinamente y de tener incluso similar tiempo de haber aprobado el examen del Servicio Civil y al saber de la angustia y su preocupación, porque en cualquier momento pueden quedar desempleados (as), es que nuevamente nuestra organización consideró oportuno incursionar en esta contienda que busca como loable fin la regularización de la inestable situación laboral en que se encuentran estas personas.

Además nos interesamos por la condición de muchos funcionarios (as) de reciente ingreso al Ministerio de Hacienda, para que se les diera la oportunidad de realizar los exámenes en el Servicio Civil y poder optar por la permanencia en esta institución. Así fue como después de intensas y arduas negociaciones que incluyeron manifestaciones bajo un fuerte sol o copiosa lluvia, que se llegó a la emisión de la Resolución DG-155-2015 del 18 de setiembre de ese mismo año, cuyos principales lineamientos van dirigidos a la obtención y demostración de la idoneidad de los servidores interinos (as) y su manifiesto interés en participar y ser evaluados mediante el procedimiento del Concurso Interno, que por cierto el Área de Potencial Humano se comprometió en publicarlo a mediados de enero del año en curso y a la fecha no lo ha cumplido. El objetivo primordial de nuestro sindicato es que todos los interinos en general, tanto los que tienen el examen aprobado como los que lo hicieron recientemente, además de los compañeros (as) que trabajan en propiedad, es que puedan intervenir libremente en el Concurso Interno y así consolidar y mejorar sus expectativas laborales.

Esa era el entorno que nos habíamos supuesto y creemos que así también era visualizado por un alto porcentaje de la población hacendaria, por no decir que su totalidad, sin embargo, nos hemos enterado, que estimables funcionarios (as) que acaban de hacer sus exámenes en el Servicio Civil y que hasta hace pocos días obtuvieron las respectivas calificaciones, están siendo incluidos en ternas gestionadas por el Ministerio de Hacienda, para su eminente nombramiento en las distintas clases de puestos.

Queremos reiterar que nuestra organización sindical siempre ha estado sobradamente convencida de que los interinos (as) que aún no habían realizado el examen del Servicio Civil, tenían todo el derecho de hacerlo y así se lo manifestamos a esa entidad y que ésta debía procurar y facilitar el proceso para que estos compañeros (as) realizaran la referida prueba y que una vez enterados de sus respectivas notas, tuvieran la posibilidad real de someterse a las condiciones del concurso interno. Pero lo que se está haciendo no se vale, es tramposo e injusto que estos compañeros (as) que no estaban siquiera en el Registro de Elegibles del Servicio Civil, que tienen muy corto tiempo de haber realizado el examen y que apenas hace escasos días les fueron entregadas las notas, ahora en tiempo olímpico los envían en ternas y pueden quedar en propiedad, pasándoles por encima a los funcionarios (as ) que si forman parte del Registro de Elegibles desde hace mucho tiempo y que por lo tanto también tienen largo tiempo de haber aprobado su examen y que cuentan con siete, ocho, diez o más años de estar trabajando de manera interina en la institución.

No sabemos si es el Servicio Civil o Potencial Humano el que está interpretando erróneamente y violentando la esencia del contenido e intencionalidad de la Resolución 155, lo que nos extraña sobremanera es que el Servicio Civil esté remitiendo ternas, cuando bien sabe que está en desarrollo el procedimiento de Concurso Interno.

Nuestro sindicato ANEP_HACIENDA desde un principio ha manifestado con insistencia y vehemencia de que de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 155 en comentario, la metodología que cubre el Concurso Interno debe contener los más altos estándares de calidad, justicia, equilibrio, igualdad de oportunidades y transparencia, por eso creemos que esta situación debe ser aclarada a la mayor brevedad posible y que el envio de estas ternas debe detenerse inmediatamente y así evitar que se sigan dando mayores injusticias, discriminación, atropellos y desmotivación contra un numeroso y sacrificado grupo de compañeros (as) que también anhelan su propiedad.

ANEP solicita posición del Gobierno sobre elaboración de instrumento jurídico internacional para transnacio… by EugenioGuerrero on Scribd

Compartimos una serie de tres artículos de opinión referentes al tema, los cuales fueron publicados en La Prensa Libre y que dieron pie para redactar la carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Juzgar a Las Multinacionales Violadoras de Los Derechos Humanos-las 3 Partes by EugenioGuerrero on Scribd

Tomado de larepublica.net

La decisión del presidente Luis Guillermo Solís de respaldar y discutir a partir de la otra semana, la ley de empleo público, tendría un elevado costo político para el gobernante Partido Acción Ciudadana de cara a las elecciones de 2018.

Lea más: “ANEP pondrá lucha contra ley de empleo público como prioridad en 2017”
Unos 300 mil burócratas y sus familiares podrían votar por Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, como una medida de protesta en contra del gobierno que hoy encabeza Luis Guillermo Solís y que, supuestamente, era cercano a los trabajadores, asevera Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La molestia del sindicalista se debe a que la ley que debatirá el Congreso, con el apoyo del Gobierno, recortaría pluses salariales como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición y al mismo tiempo, bajaría el tope de cesantía de 20 años a ocho años, entre otras medidas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

De esta forma, solo quedaría “la democracia de la calle” como alternativa, agrega Vargas.

¿Se puede decir que con esta decisión, el gobierno del PAC les entrega la elección de 2018 a los partidos tradicionales?

Es una buena pregunta, ya que lo va a quedar en la imagen del empleado público es que este gobierno fue un desastre para sus intereses y eso pasa una factura, sobre todo si también se cobran nuevos impuestos a través del IVA principalmente que impulsa el presidente Luis Guillermo Solís.

Yo no sé qué va a pasar, lo que sí sé es que somos 300 mil empleados públicos que se convierten en un 1 millón de votos con nuestros familiares y que una campaña política se puede perder por 50 mil votos o menos.

¿Hubo traición del presidente Solís con el sector sindical al respaldar esta propuesta?

Nos parece que el gobierno se mete en la danza electoral de 2018, y cree que al convocar esta ley tan nefasta va a ganar en imagen pública para su partido, a costa de sacrificar derechos laborales y salariales de los empleados públicos, uniéndose así al circo mediático que ha satanizado el empleo público.

Lo que no ha logrado entender es que se podría dar un efecto contrario.
El Gobierno cree congraciarse con la opinión pública, pero le hace el trabajo sucio al PLN.

¿Es el mayor retroceso laboral de la historia?

Definitivamente. El problema de la desigualdad pasa por el tema de los salarios y no vamos a resolver este tema, bajando el salario de los que ganan un poquito mejor, y equiparlo con el sector privado.

Eso no es justicia social.

¿Qué peso tiene el costo de los salarios públicos en el déficit fiscal?

Eso es lo extraño, el mismo gobierno nos ha dicho que el principal disparador del gasto público son los intereses de la deuda, que se comen el 40% del presupuesto de la República, entonces, no vemos la razón de echarles los muertos a los empleados públicos, cumpliendo con lo que dice Liberación Nacional de que los malos de la película somos nosotros.

Uno de los principales puntos de la ley de empleo público busca recortar las anualidades. ¿Son estas un derecho adquirido, o bien, un incentivo que debe ganarse?

La discusión de las anualidades y otros pluses debe darse en otro contexto, pero no de esta forma.

Se están mezclando pluses, anualidades y déficit fiscal, además de interés de la deuda y eso es un coctel molotov.

Los pluses de cada empleo público no son iguales, no hay un solo régimen de empleo público, sino 14 sistemas diferentes.

La gente no sabe, pero apenas el 0,6% de los burócratas tiene salarios superiores a los ¢2,5 millones, cuando lo que se debe hacer es revisar los salarios de lujo.

La ley establecería un monto máximo de salario cercano a los ¢5 millones, ¿acaso eso no es revisar los salarios de los altos jerarcas?

Por qué no legislan solo para jerarcas, por qué excluir a los banqueros, que den el ejemplo.

Están pagando justos por pecadores, nosotros somos puntuales pagadores de impuestos, pagamos renta cuando corresponde y pagamos el de ventas, cada vez que hacemos una compra, mientras existe una gran evasión de impuestos del 8,5% del PIB por parte del sector privado, además de un 6% del PIB en exoneraciones. Ahí es donde se deben hacer los esfuerzos.

Por otra parte, hay que aclarar que revisar los salarios públicos tendría poco impacto en la resolución del déficit fiscal, lo que quieren es empobrecer a la clase trabajadora.

¿Qué pasará ahora?

Creemos que hay apostar a la democracia de la calle.
Espero un bochinche grande.

Desde hace tiempo hemos hecho un llamado a la unidad sindical en la acción, pero la dirigencia no se ha comprometido. Espero que ahora cambie el panorama.

*¿Irán a la Sala IV?
*
Todos los escenarios de empleo público están abiertos.

Nos preocupa que este tema se discuta en el Congreso, donde hay una gran carga ideológica, no hay una discusión sana, pausada, no se pueden resolver 70 años de empleo público y jurisprudencia en un solo proyecto de ley.

Aunque no podemos hablar por la totalidad del Movimiento Sindical representante de la clase trabajadora asalariada del sector Público pues apenas somos una corriente parte del mismo, sí podemos afirmar que hay claridad en cuanto a que la única posibilidad de enterrar, definitivamente, el proyecto de Empleo Público es la huelga general y con carácter indefinido según diversos criterios que se vienen manifestando dentro de la dirigencia sindical nacional.

Se ha venido planteando que el mejor momento para el arranque de esa huelga general y que podría tener un carácter indefinido, es que sea al día siguiente de que en la Asamblea Legislativa le dieran vía rápida a la tramitación del expediente legislativo 19.506.

Al ser así las cosas, el gran desafío para el Movimiento Sindical en la presente coyuntura, que es la más difícil de toda la historia del Empleo Público de nuestro país, es articularse en el marco de la diversidad que le caracteriza para desarrollar ese desafío de la huelga general una gran unidad sindical en la acción, más allá de las divergencias entre los dirigentes.

En tal sentido, desde el Colectivo Sindical Patria Justa reiteramos el más transparente, vehemente y respetuoso llamado a la unidad sindical en la acción a todos los colegas dirigentes de las otras corrientes sindicales que, de una manera u otra, también han venido levantando activa y militantemente las banderas de la defensa obrera en el marco de la feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el Estado.

Pero, además, este enorme desafío para la más amplia unidad sindical en la acción es doble en esta delicada coyuntura.

El pacto entre el Gobierno-PAC y el Partido Liberación Nacional (PLN) para atacar derechos salariales y laborales de los empleados públicos, agrede también a toda la clase trabajadora sin excepción, al imponerle a la misma un aumento de 2 puntos en el impuesto sobre las ventas, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15 %.

Esto constituye una severa y condenable agresión económico-social no solamente para quienes están como asalariados en el sector privado bajo la “dictadura” del salario mínimo (que por cierto, ni siquiera se aplica a casi la tercera parte de este segmento laboral), sino para ese gran conglomerado obrero de la economía informal que está ya acercándose al 50 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

En definitiva, el proyecto de Empleo Público, expediente legislativo 19.506 y aumentar del 13 al 15 % el impuesto sobre las ventas, son dos injustas medidas para profundizar la peligrosa senda de la desigualdad, la de la concentración de la riqueza, la de la exclusión y la de la violencia social.

Este pacto Gobierno-PAC con el Partido Liberación Nacional (PLN), empleo público a cambio de IVA sirve como elemento para explicarse las razones por las cuales entre un 50 y un 70 por ciento de la población electoral nacional se siente estafada, políticamente hablando.

En el caso del sector Público, con unas 300 mil personas trabajadoras asalariadas, se puede hablar de cerca de 1 millón de votos que estarían buscando una seguridad laboral, social y laborar que no parece que vendría ni del propio PAC, ni mucho menos del PLN y sus turecas del parlamento.

Tenemos fe de que el Movimiento Sindical en su conjunto estará a la altura de semejante desafío histórico, considerando que todas las bases laborales y sociales que representamos ya están unidas, ansiando y demandando que los dirigentes nos unamos y nos sentemos a trabajador en la planificación de esa huelga general.

San José, viernes 6 de enero de 2017.