Diversos trabajadores del Hospital México, recibieron la charla explicativa de las acciones legales internacionales que interpondrá la ANEP, con la asesoría del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), ante los interinazgos prolongados en la Caja y otras instituciones públicas.
Categoría: Gobierno Central
ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral
–La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.
–Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.
ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.
El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.
En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.
Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.
Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.
La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.
Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.
Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.
Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.
Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.
Agenda 2023 de la ANEP
De qué nos ocuparemos, principalmente:
ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO
01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.
02– Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.
03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).
04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).
06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO
08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.
09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.
10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.
11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).
12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.
13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.
14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.
16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.
17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.
18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.
19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.
20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.
22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.
23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.
24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.
25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.
Acuerdo Unánime y Firme de la
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
ANEP
Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)Viernes 13 de enero de 2023
ANEP: Las cifras fiscales del Gobierno no generan confianza
¿Y el resto de nombramientos? ANEP cuestiona al MEP por 42.000 “profes” con interinazgo prolongado
ANEP cuenta con la asesoría experta del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) para personas educadoras que deseen afiliarse y así emplazar al propio Estado en los estrados judiciales internacionales en materia de Derechos Humanos por el interinazgo prolongado.
Seccionales del INVU y MIVAH unifican trabajo ante nuevo proyecto de Ley del Poder Ejecutivo
ANEP solicita intervención de Correos de Costa Rica por recarga de trabajo e informalidad de las entregas
Defensoría solicita explicaciones al MEP sobre circular emitida por la suspensión de clases
Amparada en el Código Penal, ANEP solicita al Ministro de Hacienda denunciar y dar a conocer a los grandes evasores
Por medio de una carta enviada al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le solicita denunciar y dar a conocer públicamente los nombres de los grandes evasores fiscales. Lo anterior de conformidad con lo que reseña el artículo 281 del Código Procesal Penal.
Esta solicitud de la ANEP, nace luego de las recientes manifestaciones del propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pasado 3 de octubre al periódico La Republica, donde indica que “existe una evasión fiscal de 3.600 millones de dólares”, lo que obliga, al jerarca de Hacienda, a denunciar con nombres, apellidos, claridad y precisión, quienes son esos intocables, grandes evasores.
El artículo 281 del Código Procesal Penal, en el cual se ampara nuestra organización, para tal solicitud indica que, “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. c) Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones”.
Para la ANEP, el pueblo de Costa Rica como depositario de la soberanía de la nación, tiene el derecho de conocer y saber quiénes son esas empresas generadoras de la debacle fiscal en que encuentra sumido este país, cuyas nefastas consecuencias las sufre la clase más necesitada.
Compartimos y carta enviada al despacho del Ministro de Hacienda.
ANEP censura y condena contundentemente el recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.
A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.
Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.
Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).
De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.
Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.
Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:
• La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
• El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.
• La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.
• Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.
Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.
Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.
San José, lunes 10 de octubre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
