Categoría: Institucional

Ing. Yesenia Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva
MBA. Javier Vargas Tencio, Gerente General
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (A y A)

Estimada señora y estimado señor:

Respetuosos saludos para ambas dignas autoridades. Es más que evidente y notorio la gran preocupación e indignación que embarga en estos momentos a la población trabajadora institucional, por el impago de su salario mensual, asunto éste de amplio conocimiento público. La organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace suyas estas más que justificadas reclamaciones, considerando que para las personas trabajadoras asalariadas, especialmente aquellas de ingresos medios y bajos, la paga salarial es vital y se consume, prácticamente, apenas llega por las consabidas derivaciones producto del alto costo de la vida y, adicionalmente, un deterioro del poder de compra del salario, suficientemente demostrado.

Se necesita con suma urgencia, a nuestro juicio, lo siguiente: 1) Emitir, con toda contundencia, el momento exacto del depósito del pago en este mismo día, viernes 30 de agosto de 2013. 2) Indicar las medidas administrativas y técnicas que se están adoptando para evitar la repetición de estas deplorables situaciones. 3) Indicar si las causales son subjetivas (imputables a una persona); y/o, si se trata de una falla técnica de imposible control humano en el momento en que se presenta, para lo cual se necesita saber su origen, la procedencia del equipo y la empresa proveedora para demandar eventuales resarcimientos. 4) Indicar si esta es la situación, si se tramita un cambio de proveedor tecnológico y el monto de inversión previsto.

La ANEP considera necesario indicar que respaldará, con contundencia, la reclamación laboral actualmente en desarrollo.

Les compartimos el acuerdo logrado en la noche de este jueves 23 de agosto de 2013, mismo que permitió levantar el movimiento de huelga que durante cuatro días, sostuvieron los vendedores y las vendedoras de lotería, quienes confiaron en nuestra querida organización para el desarrollo de este movimiento.

Celebramos el hecho de que se dio la unión entre la Seccional ANEP – Vendedores de Lotería con la Seccional ANEP – JPS. Es un asunto de gran complejidad, que marca una especie de “parte-aguas” en las relaciones del gremio de las personas vendedores de lotería con la Junta de Protección Social (JPS).

Este proceso permitió calibrar la profundidad de las intentonas de privatización de toda el negocio estatal de la venta de la lotería oficial de bien social, a través de un contrato en proceso de firma que permitiría transformar a este más que centenaria institución, misma que ha sido declarada como Benemérita, en una especie de “call center”.

La ANEP ve este acuerdo como el inicio de un proceso frontal de defensa institucional y hace un vehemente llamado a todo el personal de la JPS, así como a los y las integrantes del gremio de personas vendedoras de la lotería, para que nos unamos y articulamos una estrategia al respecto, para tan gigante desafío, tal y como quedó demostrado con las denuncias que en el cuarto día de huelga hicimos ante la prensa nacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Principales acuerdos:

1- La JPS propondrá al Poder Ejecutivo, en un plazo de 15 días, la derogación del decreto que permitía se jugaran todos los enteros de lotería, aún aquellos que no habían salido de la Junta.

2- La JPS promete no aumentar de precio la lotería en el corto plazo.

3- Una pronta eliminación del sorteo diario que se da al mediodía, en la modalidad de “Nuevos Tiempos”.

4- Estudio de impacto financiero para poder aumentar la comisión de los vendedores a más del 12%.

5- Análisis del estudio actuarial, con participación de la ANEP, de la edad de pensión para los vendedores de lotería.

6- Devolución del 100% del material que no se pueda vender por parte de los vendedores.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se muestra consternada al conocer los entretelones del pleito en desarrollo entre las entidades privadas de salud Hospital Clínica Bíblica y la Universidad de Iberoamérica, especializada en Cienas de la Salud (UNIBE); por dejarse la prestación de servicios de salud que debe brindar, de manera directa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en las áreas de Salud de San Juan, San Diego – Concepción, de Cartago, Curridabat y Montes de Oca.

El pleito se da ante un proceso de “Contratación Directa Concursada para adquirir servicios médicos en el primer nivel de atención en salud”, en las comunidades indicadas; proceso No. 2013CD-000061-05101-

Para uno de los competidores por esta nueva privatización de servicios de salud que pretende entregar la Caja, bajo la concepción de lucro empresarial-mercantil con la medicina pública, el Hospital Clínica Bíblica, se estaría dando un favorecimiento para que UNIBE se quede con el “negocio”. El denunciante, Lic. Bernal Aragón Barquero, quien se presenta como el Director General de la “Asociación de Servicios Médicos Costarricense” Hospital Clínica Bíblica, se ha dado una “metodología inventada” que le perjudica a su representada y a una tercera en pugna competidora. Así lo indica en el oficio de reclamo que ha dirigido al Lic. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor General de la Caja, fechado 24 de julio de 2013.

La ANEP denuncia, de manera pública y vehemente, esta situación, demandando con urgencia que las máximas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le hablen claro al país para indicarle a la ciudadanía, hasta adónde piensan llegar facilitando más negocios privados con los estratégicos servicios de Salud que ocupa el pueblo trabajador, usuario fundamental de la Caja.

A la vez, demandamos con urgencia que se detenga todo este proceso de profundización de la privatización de los EBAIS que no es ni más ni menos que la desnaturalización de los principios rectores de la Seguridad Social a cargo de la Caja, hasta ahora centrados en la promoción de la salud como un bien de servicio público, para transformarlo en fuente de concentración de riqueza a favor de los mercaderes privados de la Salud que ya, de por sí, han avanzado bastante, a partir de otros negocios que la Caja les ha permitido en los últimos años.

La ANEP hace un llamado a las diferentes comunidades involucradas en este negocio privatizador de EBAIS y, por ende, a todas las demás comunidades del país, para que se apresten a exigir cuentas y a detener el avance del negocio de la salud con la misma complicidad de la propia Caja.

La ANEP que junto al importante Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), vienen levantando la bandera de la salvación de la CCSS a través de la propuesta social “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, alerta a la opinión pública, en un primer avance de esta denuncia, sobre la cual hemos de profundizar en días próximos con nuestra organización colega SINAE y con las otras entidades socioproductivas integrantes de la mencionada propuesta, todas las cuales queremos que la Caja siga siendo del pueblo trabajador y no de los mercaderes del negocio de la salud.

Adjuntamos la carta que da pie a nuestra denuncia solicitando a los diferentes medios de comunicación colectiva su imprescindible colaboración para que esta situación se ventile, públicamente, hasta las últimas consecuencias y en todas sus dimensiones: las evidentes y las ocultas. ¿Qué hay detrás del pleito entre el Hospital Clínica Bíblica y la UNIBE, aparte de transformar los EBAIS en negocio?

Licenciada
Ana Lorena Brenes Esquivel
Procuradora
Procuraduría General de la Republica

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Por este medio, solicitamos criterio de parte de la Procuraduría General de la República referente a los asuetos de ley emitidos por Casa Presidencial, a raíz de las visitas de los mandatarios de Estados Unidos y de la República de China.

En los decretos se establecen que los ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado de la Gran Área Metropolita (GAM) y sus alrededores cerraban para brindar fluidez y seguridad a tan distinguidas personas.

En Correo de Costa Rica S. A. siendo una empresa del Estado, no se cumplió con lo que estable el decreto y se laboró normalmente, por lo que creemos que les corresponde el pago doble del día laborado, lo cual las autoridades de Correos no quieren cancelar a sus trabajadores.

En lo que interesa, en varios documentos oficiales de la Contraloría de la República se desprenden los siguientes términos:

El Dictamen N. C-279-98 de 21 de diciembre de 1998, emitido por la Procuraduría General, el cual hace referencia a la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S. A. Con el ánimo de dar respuesta a la temática planteada, se considera pertinente considerar lo siguiente:

Sobre la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S.A.

Mediante Ley N. 7768, de 24 de abril de 1998, se promulgó la Ley de Correos, responsable de la transformación de la Dirección Nacional de Comunicaciones (antes dependencia del Ministerio de Gobernación y Policía), en un ente denominado Correos de Costa Rica S.A.

De conformidad con esta Ley su naturaleza es de sociedad anónima; perteneciendo su patrimonio y capital social de forma íntegra al Estado.

Por la actividad misma que le ha sido encomendada, por la figura de organización bajo la cual se creó y por el origen de los recursos que conforman su capital, ha sido amplio el análisis que se ha desarrollado en torno a su naturaleza jurídica.

En diversas oportunidades, la Procuraduría General, mediante la emisión de algunas opiniones jurídicas o dictámenes a su cargo ha sentado y delimitado la forma en que debe ser considerada la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S.A.

Así, en virtud de la función consultiva que le ha sido reconocida a esta última y con el ánimo de profundizar en este tema, se procede a la cita de varios extractos de los documentos emitidos al respecto:

• Dictamen C-279-98 del 21 de diciembre de 1998

“Por consiguiente, y de la forma expuesta en el mencionado dictamen, así como en relación con los artículos 2, y 16, párrafo último de la Ley de Correos de cita, constituye esta nueva entidad, en una empresa de naturaleza híbrida, en donde para resguardar el patrimonio y capital social perteneciente al Estado se encuentra sujeta, a los controles de aprobación, fiscalización de ejecución y liquidación presupuestaria ejercidos por la Contraloría General de la República, pero en cuanto al ejercicio de su actividad se encuentra sometida al Código de Comercio, Código Civil, Código de Trabajo y las normas conexas..”. (El subrayado no corresponde al original).

• Opinión Jurídica No. 031-99-J de 17 de marzo de 1999

“Se desprende de lo anterior, que Correos de Costa Rica S.A., es una Empresa Estatal, con un régimen mixto, en el tanto, para su funcionamiento se rige por las reglas de Derecho Privado, pero al ser el Estado propietario del patrimonio y del capital social, está investida de derecho público, sujeta a los controles necesarios de fiscalización de los fondos públicos’…”.

• Dictamen C-042-2000 del 3 de marzo de 2000

“…La circunstancia de que se trate de una entidad organizada como sociedad anónima, podría llevar a considerar que Correos de Costa Rica es una empresa privada, máxime que su régimen de actividad es predominantemente privado. La caracterización de la empresa pública retenida en el dictamen No. 063-96 de 3 de mayo de 1996, nos permite descartar esa pretensión de naturaleza privada… Puesto que la totalidad del capital social de Correos de Costa Rica está en manos del Estado, se sigue necesariamente que estamos en presencia de una empresa pública. Una empresa organizada como sociedad anónima”.

Se colige de las transcripciones hechas que Correos de Costa Rica es una empresa pública, de naturaleza jurídica mixta, personalidad jurídica privada, cuya actividad se encuentra sometida al régimen de derecho privado, aspecto último que se confirma por el contenido mismo del artículo 3 de su Ley.

Por lo tanto, este sindicato presenta este oficio a la señora Procuradora General de la Republica, con la siguiente argumentación, necesariamente hablando:

• Que la empresa presta un servicio público, su capital y patrimonio pertenece al Estado
• Que el accionista único es el Consejo de Gobierno y el Estado Costarricense.
• Que el decreto ejecutivo es girado por la Presidenta de la Republica para todas las dependencias del Estado.
• Que este sindicato mantiene la tesis de que a los trabajadores y trabajadores de los sectores que cubra el decreto ejecutivo deberán pagarle este día doble, cuando se labora.

Sin más por el momento se suscribe de usted, con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha emitido resolución oficial por medio de la cual se homologa la Primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT), suscrita entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART S. A.), y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Dicha resolución, No. DRT-224-2013, de las doce horas del día tres de julio del año dos mil trece, está firmada por la licenciada Leda Villalobos Villalobos, Jefe del Departamento de Relaciones de Trabajo, de la Dirección General de Asuntos Laborales, del MTSS.

Culmina así un largo y sinuoso camino, incluso con varios años en tal proceso, para tener lo que ya es una realidad histórica en la vida laboral del país: Hablamos no solamente de la Primera CCT en la historia del SINART, S. A. a 35 años de su fundación; sino de la primera CCT en un medio de comunicación colectiva del país.

Muchos han sido los esfuerzos de la ANEP durante todo este largo tiempo y citar los nombres de las principales personas intervinientes en todo este lapso podría llevar a que cometiéramos injusticias al dejar de nombrar a alguien en particular. Anticipadas disculpas por ello.

Pero, sin duda alguna, el principal palmarés al respecto corresponde a ese gran luchador sindical de toda una vida, ese anepista de corazón, compañero Fernando Vargas Torres, actual Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART y representante laboral ante el Consejo Directivo del SINART S. A. Figura ya legendaria en la lucha laboral, sindical y social en el SINART y siempre con la bandera y con los ideales de la ANEP. La gran perseverancia y terquedad clasista en este proceso, debe reconocerse y desde esta Secretaría General, sinceramente, le felicitamos.

También merece reconocerse el papel, al final del proceso, del compañero Rafael Ángel Mora Solano, Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP, y quien hizo una intensísima laboral de eficiente gestión político-sindical ante la cúpula del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que la CCT del SINART saliera del atascamiento en que se encontraba, casi que “vetada”.

El compañero responsable de atender el SINART, como integrante de nuestra Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), también tiene mérito: don Javier Valerín Villegas. Igualmente, el equipo jurídico de la organización interviniente en el proceso, bajo, en ese momento, la guía de nuestro compañero M. Sc. Mauricio Castro Méndez.

Hay que resaltar la envergadura de este acontecimiento laboral en la vida de nuestra ANEP, sin condenar, enérgicamente, por esta vía, la errónea decisión gubernamental de descalificar el acuerdo interpartes, reiterado en grado sumo, para que la cesantía en el SINART S. A. quedara en 12 años, tal y como fue negociado y acordado tanto por la parte patronal y por la parte laboral.

El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), don Olman Segura Bonilla, “vetó”, finalmente, que en la Primera CCT del SINART S. A. su personal tuviera esa cesantía de 12 años y se tuvo que dejar como en la actualidad: 8.

Es necesario destacar que la parte patronal, varias veces, indicó que sí era manejable para la institución una cesantía en 12 años. A final de cuentas, la esencia neoliberal del presente Gobierno, quedó de nuevo manifiesta.

Indudablemente que la ANEP no se quedará con los brazos cruzados al respecto y ya tenemos en mente cómo hemos de enfrentar la “errónea” decisión política del indicado jerarca y del propio Gobierno.

Si usted repara en el documento del que estamos hablando, adjunto a esta comunicación (la homologación), le pedimos que se fije en el contenido del punto cuarto, pues los términos negociados debieron serlo al amparo del “diktat” (imposición imperial) de la funesta “Comisión para la Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público”.

Ésta está integrada solamente por representantes del Poder Ejecutivo, los cuales atienden los lineamientos políticos que la Casa Presidencial orden imponer a todo proceso de negociación colectiva en el sector Público, lo que contradice las mismas normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la materia; situación ésta que (entre otras), tiene en entredicho al país ante tal entidad global del mundo del trabajo.

Precisamente por esta situación, la ANEP impulsó y lo logró que la comisión de marras fuera eliminada en el texto ya aprobado de la Reforma Procesal Laboral (RPL), mismo que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa pero que la Presidente Chinchilla vetó, aunque no por esta razón.

Si logramos superar este veto y la RPL es ley de la República, la tal comisión desaparece y, por tanto, la negociación colectiva en todo el sector Público, llegará a ser plena. Entre otras muchas razones, ésta nos motiva para seguir luchando a favor de la RPL, tanto como ya lo hemos venido haciendo.

No termina dejar de impresionarnos cómo hay “dirigentes” sindicales que piden que la RPL se archive, tanto como lo pide el gran empresariado bananero antisindicalista de la Corporación Bananera Nacional (Corbana). Vea nuestro artículo en Diario Extra al respecto: “RPL: Los extremismos se unen”, de fecha miércoles 26 de junio de 2013.

¡¡¡FELICITACIONES A LOS TRABAJADORES Y A LAS TRABAJADORAS DEL SINART,
por este logro histórico de la lucha sindical anepista!!!

¡¡¡FELICITACIONES A TODOS LOS Y A TODAS LAS ANEPISTAS DEL SINART S. A.
por confiar en la ANEP!!!