La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), logró la creación de una nueva seccional en el sector municipal, luego
de que 43 trabajadores de la Municipalidad de Osa se afiliaran a nuestra
organización.
Anteriormente este municipio contaba con siete afiliados,
sin embargo, por normativa de los Estatutos de ANEP y al no contar con al menos
12 afiliados no se podía conformar la Junta Directiva y por ende la seccional.
Dentro de los principales objetivos de la seccional se
encuentra la negociación de una convención colectiva, la creación de la Junta
de Relaciones Laborales y la recuperación de la autonomía del régimen municipal,
esta última afectada por la entrada en vigencia de la ley Nº9635 “Fortalecimiento
de las finanzas públicas”
Con esta nueva incorporación de afilados, ANEP cuenta con la
mayor representación sindical en el municipio, lo que le permite ser el titular
a la hora de solicitar una negociación de convención colectiva ante la alcaldía.
Le damos la bienvenida a la familia anepista esta nueva seccional y a sus integrantes.
Representantes del Sector Municipal de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregaron a los asesores
legislativos de la diputada Aracelly Salas, dos propuestas de redacción para
modificar el proyecto de ley Nº20.968.
Las opciones, presentadas el día de ayer, buscan resguardar la institucionalidad y su equilibrio interadministrativo en la relación de competencias y responsabilidades tanto de la Alcaldía como de los Concejos Municipales.
La primera propuesta de modificación al texto por parte de
la ANEP indica: “La municipalidad por acuerdo
de mayoría calificada de su Concejo Municipal podrá: finalizar los
contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios
técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de
servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias
que el buen servicio público exija. Para estos efectos el alcalde municipal, previo
estudio técnico podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia
jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización
institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la
organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los
derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.
La segunda propuesta establece: “La municipalidad podrá
finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada
en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción
forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus
dependencias que el buen servicio público exija. Para
estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico con aprobación del
Concejo Municipal podrá ejecutar
modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo,
ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se
respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos,
potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de
las personas servidoras.
“Lo que buscamos es que los
Concejos Municipales mantengan su capacidad en la toma de decisiones siendo el
ente que apruebe o desapruebe las modificaciones que generen cambios
significativos en el orden municipal”, indico Roy Chaverri, Asesor Municipal de
la ANEP.
Actualmente la redacción del proyecto indica “La municipalidad podrá finalizar los
contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios
técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de
servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias
que el buen servicio público exija. Para
estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones
funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas
en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las
estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y
límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas
servidoras”.
La ANEP ha advertido que, de mantenerse el texto como esta,
se daría a la figura de la alcaldía un poder absoluto por sobre el propio
Concejo Municipal pues darían la posibilidad de que sea el Alcalde o la Alcaldesa
quien apruebe o desaprueba dichos cambios al orden y estructura municipal,
dándose así la posibilidad también de despidos selectivos y hasta políticos de
previo a elecciones municipales.
Luego de presentar la propuesta los asesores de la diputada
Aracelly Salas, se comprometieron a valorarlas y a comunicar la decisión final
sobre este proyecto que representa una amenaza a la estabilidad en el empleo de
las y los funcionarios municipales y con esto se pone en riesgo los servicios
que brindan las municipalidades a los usuarios de los diversos cantones.
Partes definen establecer un equipo de trabajo para corregir redacción del artículo que se reformaría en el Código Municipal.
Representantes municipales de 17 seccionales de ANEP, se reunieron con
las diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Aracelly Salas Eduarte
y María Inés Solís Quirós, para aclarar dudas sobre el proyecto de ley 20.968.
Sin embargo, las dudas siguen rondando dicho proyecto de ley.
Así lo manifestaron los diversos representantes municipales de la ANEP
quienes en la reunión cuestionan las potestades que tendrían los alcaldes para
generar despidos con este proyecto de ley.
Ante este escenario, las partes acordaron definir en próximas horas un
equipo de análisis del proyecto de ley para corregir la redacción del artículo
que se reformaría en el código municipal. Dicho equipo estaría conformado por
dos asesores municipales de la ANEP y dos asesores de la diputada Aracelly
Salas.
El artículo en cuestión indica: “La
municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad
patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de
programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la
reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público
exija. Para estos efectos el alcalde
municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia
jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización
institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la
organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los
derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.
Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP, agradeció el espacio
otorgado, sin embargo, recalcó los cuestionamientos que continúan sobre el
proyecto de ley.
“Quedamos insatisfechos con las respuestas que nos dieron, argumentamos
que el proyecto de ley facilita y otorga poderes a los alcaldes facilitando y
flexibilizando los despidos masivos, basándose en un supuesto criterio técnico.
Nosotros que venimos del sector municipal sabemos que la buena voluntad no se
siempre se aplica en los municipios.”, dijo Chaverri.
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, la
conformación del equipo de trabajo será esencial para corregir “el error que se
habría cometido con dicho proyecto de ley”
“Se debe corregir en función para darle tranquilidad y estabilidad
laboral a los trabajadores municipales, en atención a eventuales
restructuraciones que podrían darse incluso hasta en elecciones municipales”,
dijo Vargas.
Durante la reunión los representantes de la ANEP, también solicitaron
el apoyo al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía
constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo
del diputado Walter Muñoz y otros diputados.
En la manifestación del día de hoy en San José participaron trabajadores municipalidades de Heredia, Alajuela, San Isidro (Heredia), Escazú, Santa Ana, Curridabat, Tibás, San José, Belén, Moravia, Goicoechea, Aserrí, Flores, San Rafael (Heredia) y Coronado.
Huelga se dará contra el proyecto de ley 20.968 por atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores municipales
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
anuncia que el sector municipal se unirá a las manifestaciones del próximo
lunes 15 de julio, en protesta al proyecto de ley Nº20.968, el cual busca crear
una desestabilización laboral en las municipalidades.
Así lo confirmó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas
Barrantes, quien indicó que la convocatoria a huelga contra política pública ya
se comunicó a las 61 seccionales de la ANEP en municipios de todo el país, para
que se sumen al movimiento.
“Esta protesta tiene como finalidad principal cuestionar la política
pública que se deriva de dicho proyecto de ley 20.968; pues dicha política varía
radicalmente los principios de estabilidad laboral en el empleo público
municipal”, dijo Vargas.
La convocatoria de la ANEP para trabajadores municipales del Área
Metropolita tiene como punto de inicio el Ministerio de Hacienda en Avenida
Segunda, a partir de las 8 de la mañana, para luego trasladarse hacia la
Asamblea Legislativa. En el caso de los trabajadores municipales fuera del Área
Metropolitana, se realizarán manifestaciones en sus regiones junto a
trabajadores iceístas y estudiantes, que ese día también se estarán
manifestando.
Vargas indicó que el proyecto de ley Nº20.968, denominado “Reforma del
artículo 155 inciso b) del código municipal, ley n.° 7794, de 30 de abril 1998 y
sus reformas” impulsado por la diputada Aracelly Salas, atenta contra la
estabilidad laboral en las municipalidades.
“Nunca como antes la autonomía constitucional del régimen municipal
había estado en tanto peligro. En ANEP estamos alarmados, lo último que estamos
viendo es un proyecto para flexibilizar despidos, para convertir a la figura
del alcalde en todopoderosa en materia de nombramientos y despidos de personal;
con restructuraciones muy cuestionables y estudios técnicos que no garantizan
ninguna objetividad”, indicó el Secretario General de la ANEP.
Para la ANEP, este proyecto de ley es una grave amenaza al empleo
municipal y curiosamente se promueve en las postrimerías de la próxima elección
de alcaldes, por lo que cuestionan si será una estrategia política para “limpiar
las municipalidades con el objetivo de colocar pega banderas”.
Impulso
a proyecto de ley
Otra de las razones que llevará a los trabajadores municipales a las
calles, es darle impulso en la corriente legislativa al proyecto de ley N21.430
“Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”,
presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros
diputados.
“Queremos reforzar la importancia de que se apruebe el expediente
legislativo Nº21430 presentado por la ANEP el 29 de mayo para devolver de
manera integral la autonomía de régimen municipal, la cual se perdió con la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Pública”, finalizó Vargas.
De esta forma la ANEP con sus seccionales en el sector municipal se
unen a la familia Iceísta y a los estudiantes de secundaria (MEDSE) en una
jornada de lucha social.
Es el más
injusto de todos los impuestos y potencia más
desigualdad y exclusión
Hoy, 1 de
julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en
vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de
costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos
puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse
en próximos días.
La entrada en
vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares
del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario
nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de
julio.
Como bien
sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos
quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan
escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o
escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.
Efectivamente,
el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más
grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo,
sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón
de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas
(en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo
en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.
Los sectores
pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado
todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario
nacional.
Sobran las
alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las
golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo
costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.
Por el
contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias
de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos
PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que
nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa
injusticia tributaria.
Como si esto
no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad,
altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le
sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones
que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente
los del sector financiero.
Entre otras
razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario
(público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones
de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar
su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).
La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP / Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
La Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba realizó su Asamblea
Ordinaria con el objetivo de presentar a sus afiliados un informe de labores sobre
las diversas acciones que realiza la seccional en pro de los derechos laborales
de los trabajadores.
Durante la Asamblea, que contó con la presencia de 90
anepistas, también se realizó una exposición sobre el escenario político-social
del país, los proyectos de ley contra el empleo público y la afectación y
consecuencias que sufre la autonomía del régimen municipal con la entrada en vigencia
del combo fiscal.
Otro de los puntos abordados, es el ambiente laboral de la
Municipalidad de Turrialba, luego de la finalización de la huelga general
contra el combo fiscal del año anterior, ya que se estaría presentando
persecución sindical en contra de los afiliados a los sindicatos del municipio.
En la actividad, también se le rindió homenaje a Felipe
Villachica por su laboral con la seccional y el apoyo incondicional brindado a
sus compañeros y compañeras de trabajo.
Con gran presencia de dirigentes de las seccionales municipales de la ANEP y alcaldes de varios municipios, se presentó en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley Nº21.430 que busca devolver la autonomía constitucional al régimen municipal, la cual fue violentada con la aprobación del combo fiscal.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
