Seccional ANEP-PPME compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico

La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente  de  Seguridad  y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira  y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos  sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.

Declaraciones Johana Fernández, Seccional ANEP-PPME

Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer la Policía Profesional de Migración.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública

Combo fiscal-ley 9635: miles a la expectativa sobre cruciales fallos constitucionales

Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.


Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

San José, 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…!

Por: Albino Vargas Barrante, Secretario General de la ANEP

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, nos resistimos a ser sometidos a un orden económico que pretende la instauración en nuestra sociedad democrática de un sistema político de corte autoritario-totalitario. No creemos que la Democracia deba ser reducida a una mera formalidad electorera cuatrienal, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, al punto de dejar al desnudo estafas políticas recurrentes, pues a la gente se le toma el pelo, considerando la distancia entre lo prometido en campaña y lo ejecutado en la acción gubernativa concreta.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, logramos posicionar, con fuerte asidero argumental, que el déficit fiscal no se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras del empleo público, ni aún en los casos de sueldos considerados abusivos (como los hay), pues constituyen situaciones de excepción que pueden ser corregidas. Hoy, esta tesis es reconocida por todos los detractores del empleo público, con razones ideológicas para serlo o desde perspectivas demagógico-mediáticas cargadas de odio.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, pues tenemos cualquier cantidad de años, meses y semanas insistiendo mil unas veces más en que la evasión fiscal y la elusión tributarias no son ejercidas por las personas trabajadoras de los sectores privado y público; sino que, por el contrario, están en conglomerados corporativos altamente beneficiados con amnistías, al punto de que nosotros acuñamos desde nuestras filas de la lucha social, el término “empresaurio”: conjunción de los términos sustantivos empresario y dinosaurio, para emblematizar el gran daño que le hacen a la sociedad las personas de negocios que le roban impuestos a esta.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, nos hemos atrevido a formular propuestas de políticas públicas que van en la dirección contraria a las de corte neoliberal, pues estas son de profundo contenido concentrador de riqueza, extensión de la pobreza, pauperización de las capas medias y de reversión de conquistas obrero-sociales logradas por generaciones anteriores a la nuestra, que siempre procuraron el bien común y la integración social.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Haber asumido una posición crítica de cara a ciertas matrices mediáticas dominantes, mismas que, sin haber sido elegidas para gobernar, pretenden dirigir las políticas públicas desde estudios de televisión y desde salas de redacción; ejerciendo una acción periodística sin equilibrios, totalmente subjetivizada, editorializando la nota noticiosa, manipulando gravemente a la sociedad para que esta se confronte a sí misma, causando divisiones perversas para la misma supervivencia del sistema democrático.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, nos hemos atrevido a levantar las banderas cuestionadoras de una deuda pública imposible de pagar y del cobro abusivo de intereses que la misma obliga a la sociedad, especialmente la de corte trabajador; llegándose al punto de que nuestros detractores mediáticos ya están haciendo cálculos de la exacción que la misma implica por segundo, por minuto, por hora, por día, por semana, por mes…; tal y como nosotros lo veníamos señalando desde hacía tiempo atrás. Solo falta que ahora nos “sigan” indicando la urgente necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública, como lo venimos planteando, junto a una comunidad de costarricenses preocupadísimos porque esto va a llevarnos a tormentos como sociedad que nadie todavía se imagina de su naturaleza intrínsecamente perversa.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, nos salimos del molde clásico de la acción sindical reivindicativo-gremial, para acercarnos a otros sectores de la sociedad que sienten la amenaza de la exclusión, de la aniquilación, del exterminio; y así, juntos, descubrir las potencialidades de una acción de desafío a un orden en desarrollo destinado a imponerse para beneficio de minorías económicas ávidas de concentrar más riqueza y más poder a expensas de la Democracia misma; descubriendo que juntos somos más y más fuertes y que solamente aspiramos a construir una democracia más real y más verdadera.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, haber logrado demostrar el poder de la Democracia de la Calle, como una forma legítima de hacer política luego que se incluyera el concepto de “participativa” para llevar a la democracia institucional a un nuevo estadio de desarrollo; pues ellos mismos, nuestros acusadores, se han asustado de que la acción cívica de la gente, en movilización pacífica y constante, se encuentra en perspectiva de desafiarles su propio orden que no es de la inclusión social para beneficio de la colectividad y del bien común.

¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, si hay un precio que pagar, sea cual sea, estamos dispuestos a pagarlo. ¡No nos callarán! La lucha por la real Democracia vale cualquier sacrificio.

* Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

ANEP reafirma su rechazo a fijación salarial anual para sector público

  • ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las bases del sector público
  • Sindicalistas firmantes legitimaron política de empobrecimiento salarial
  • “Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y de representatividad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio “acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado 17 de diciembre de 2019.

 La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo” como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y, por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras correspondientes.

 ANEP desplegará a partir de este momento y en tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal, aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente falso.

 Los dirigentes sindicales que le firmaron al repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir; considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo fiscal-Ley 9635. 

En sentido, resulta inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.

 En tal sentido es preciso que la clase trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.

 La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.

ANEP solicita al Gobierno incluir a la Policía Penitenciaria en reajuste salarial

Mediante su seccional en la Policía Penitenciaria, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un documento en Casa Presidencial en Zapote, solicitando al Gobierno de la República incluir a los miembros de la Policía Penitenciaria en la mejora salarial propuesta para Seguridad Pública.

El documento entregado en Casa Presidencial indica “Es importante señalar que, la función de los miembros de la Policía Penitenciaria es una de las más peligrosas y desgastantes en materia de seguridad. Además, el salario de estos compañeros y de estas compañeras no compensa justamente el alto riesgo y los niveles de responsabilidad que enfrentan diariamente”.

Además, agrega que los cuerpos policiales del país cumplen una función extraordinaria en materia de seguridad, y que justamente, están incluidos en una misma ley.   

Actualmente el salario base de un Agente de Policía Penitenciario ronda los 328 mil colones.  

Benjamín Sevilla sobre solicitud de aumento

El pasado miércoles 10 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo anunció un ajuste técnico de hasta un 6% en los salarios más bajos, el cual se aplicará a puestos correspondientes a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Academia Nacional de Policía, Policía de Control de Drogas y Policía de Migración y Extranjería, dejando por fuera a la Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal y Guardaparques.

Documento presentado en Casa Presidecial

Seccional ANEP-Taxistas solicita ante Consejo de Gobierno pagar en tractos el canon de ARESEP

La Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas), solicitó al Consejo de Gobierno que el pago del canon de ARESEP con un costo de ¢113.000.oo, incluido en el cobro del marchamo, sea pagado por tractos o bien, sólo se cobre la mitad del monto, tal y como se realizó el año anterior.

La solicitud realizada por la seccional, se une a la que presentaron el pasado 5 de diciembre ante el mismo ente, solicitando que se les exima o se les permita pagar en tractos el pago del marcho del año 2020. Esto debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.  

 “La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta entregada el pasado 5 de diciembre.

La propuesta de la Seccional sobre el canon de la ARESEP, se debe a que hace una semana, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el gremio de taxistas, acordaron pagar en tractos el canon del CTP el cual tiene un costo de ¢92 mil 411. Ese monto lo podrán cancelar de la siguiente forma: un primer pago de ¢55 mil 447, un segundo pago de ¢23 mil 103 y el último de ¢13 mil 861.

Compartimos el documento presentado por la Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas)

Carta al Consejo de Gobierno-Seccional ANEP-Taxistas by EugenioGuerrero on Scribd

Entrevista con representantes de la Seccional ANEP-Taxistas

Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública

Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.

Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.

Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.

Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías. 

Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.

Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.

ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS denunciaron ante Michelle Bachelet violación a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga

  • También detallaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos el irrespeto y descalificación por parte del Gobierno de la República y actores políticos al pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU

A las 4 de la tarde de este martes 3 de diciembre de 2019, Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, se reunió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  con varios dirigentes sindicales costarricenses, incluyendo a una delegación de representantes de las organizaciones ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE quienes presentaron una denuncia formal sobre las violaciones a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga en Costa Rica.

Dichas entidades sindicales entregaron en las propias manos de Bachelet Jeria un vigoroso documento-estudio, profesionalmente elaborado a la luz del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, destacando las graves violaciones a los mismos contenidas en el Expediente Legislativo No. 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que ya recibió primer debate y que, “inexplicablemente”, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló.

“Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de que intermediando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Vargas comentó a las afueras de la CIDH, que la reunión también se aprovechó para denunciar “como fueron maltratados en el país los señores Relatores Expertos del Consejo de Derechos Humanos, por parte de autoridades gubernativas (ejecutivas y judiciales), así como por insanos e ignorantes comentarios de prensa, por lo que se entregó documento compilatorio de recortes de prensa que, de diversas maneras, ofendieron y descalificaron la legitimidad de las relatorías expertas del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas”.

Las organizaciones sindicales, también confirmaron que han abierto un litigio internacional en materia de Derechos Humanos, Libertad Sindical y Derecho de Huelga, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el marco jurídico de los diversos tratados internacionales en la materia que Costa Rica ha firmado y ratificado.

Al término de la reunión las organizaciones sindicales de ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS presentaron siete petitorias que compartimos a continuación.

-Que el honorable Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifique la vinculancia de la Other Letter para el Gobierno de Costa Rica, realizada por los Relatores Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, mediante comunicación OL CRI 5/2019 del 07 de octubre del 2019.

-Que se solicite al Gobierno de Costa Rica la aplicación inmediata de los ordenado por los Relatores Especiales y se detenga en el Congreso de la República de Costa Rica, la aprobación del proyecto de Ley No. 21049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida por nosotros como “Ley Anti-huelgas”.

-Que en virtud de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que usted preside, honorable señora Michelle Bachelet Jeria, realizará un seguimiento sobre nuestra denuncia, se instale una comisión nacional de las partes que le dé seguimiento a lo planteado por los Relatores Especiales en su Other Letter dirigida al Gobierno de Costa Rica.

-En virtud de la opinión consultiva al Gobierno de Colombia, se aplique igual para nuestro país, la responsabilidad gubernamental de aportar recursos para que los afectados por violación a Derechos Humanos sindicales puedan defenderse.  

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicite a la población costarricense, a las autoridades políticas nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad periodística costarricense, mediando los medios que estime pertinente, que las personas que dentro del marco de la ley, la nacional y la internacional, practicamos la actividad sindical somos también personas defensoras de los Derechos Humanos y merecemos la protección correspondiente de parte de los mecanismos e instrumentos del Derecho Internacional al respecto.

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimule y promueve, con urgencia, jornadas de capacitación con relación a las obligaciones-país producto de su adhesión-ratificación de los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como con relación al conocimiento y manejo de las instancias y de los procedimientos paras su protección; congregando para ello a autoridades políticas ejecutivas, legislativas y judiciales; a las organizaciones sindicales y empresariales; a la comunidad mediática nacional, a agrupaciones de la sociedad civil, entre otras.

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se analice el caso de la detención ilegal y encarcelamiento, igualmente ilegal, de un trabajador que participó en la huelga nacional contra el proyecto fiscal del año pasado 2018, quien sufrió presión durante 3 meses causándole grave daño en distintos órdenes, pues estamos de cara a un cruel episodio y un precedente nefasto de la criminalización de la protesta social en el marco de un proceso de deterioro paulatino de las libertades democráticas y, específicamente, las de orden sindical.

San José, martes 3 de diciembre de 2019.

-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

-Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

-Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE)

-Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE)

Nuestro país carece de un plan para combatir el incremento en la actividad delictiva y la incursión del narcotráfico

Ante declaraciones del Ministro de Seguridad

Atribuir a las huelgas el incremento en los homicidios e inclusive en la actividad delictiva, no es más que una excusa “mediática” por parte del Ministro de Seguridad, Michael Soto, para encubrir las falencias en materia de seguridad pública, que se han agudizado en los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

No podemos olvidar que los cuatro años de gobierno de Luis Guillermo Solís, fueron un desastre, que se superaron las cifras históricas en materia de homicidios, llegando nuestro país al nivel de pandemia, según lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sería oportuno que nos muestre el ministro Soto, los datos que dan sustento a su aseveración. Es sabido por nosotros, que, para cubrir eventos masivos como partidos de fútbol, se destinan entre trescientos y quinientos efectivos por partido, o sea que, si al mismo tiempo se dan tres eventos masivos, se requiere entre 900 y 1.500 funcionarios policiales.

Lo que debe hacer el ministro Soto, es asumir con seriedad el cargo que le fue encomendado, dejar los “berrinches”, atender a los medios de comunicación, así como a quienes somos parte del contrapeso, cuando se le cuestiona por alguna situación institucional, no solamente cuando tiene algo que favorece la imagen del Gobierno. 

Lo que se espera de un Ministro de Seguridad, es que tenga claro el rumbo que se debe seguir para mejorar en materia de prevención y de contención de los delitos, sean estos comunes o producto del crimen organizado. Un ministro que se disponga en trabajar en un modelo de seguridad, en una política de Estado que deje de lado la política electoral. Lo anterior se fundamenta, en que desde hace años se ha visto la seguridad ciudadana como un “botín” político, se anuncian contrataciones, se usa la compra de vehículos para fines políticos, se anuncian las acciones policiales (megaoperativos), como una estrategia de marketing, es común mirar al viceministro Solano, en medio de megaoperativo subiendo selfies en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.

Es claro que las cosas no van bien. Hace unos días fuimos enterados de un audio que salió del Director Regional de San José, el cual fue dirigido al mando medio policial, señalándose ausencia de liderazgo, desidia, incapacidad de gestión, corrupción e inclusive, que algunos altos mandos se hacen de la vista gorda ante hechos que se presumen graves. Ante lo cual, tanto el ministro como sus viceministros han guardado un total y absoluto silencio. 

Así las cosas, es posible, que conociendo el ministro la situación actual en torno con las huelgas, le haya parecido sumamente atractivo, acreditar a las mismas el incremento en la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las más de cien delegaciones con orden sanitaria, la falta de planificación, los problemas para dotar a nuestros policías de uniformes, botas, capas, radios de comunicación, así como otros accesorios, no tienen nada que ver con las huelgas.

Lic. Mainor Anchía Angulo Seccional ANEP-Fuerza Pública

Nuevo ministro de Hacienda concuerda con la ANEP «la evasión de impuestos en Costa Rica es sustancial»

Desde ANEP hemos advertido, reiteradamente, que el pago de intereses la deuda pública está fuera de control

ANEP ha planteado instalación de escáneres y fortalecimiento de la Policía Fiscal:  son urgencias sin discusión

“La evasión de impuestos en Costa Rica es sustancial y ahí hay varios puntos del PIB…”, es el comentario más relevante que resaltamos de la presentación oficial que ha hecho el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al asumir el cargo.

En ANEP llevamos muchísimo tiempo estudiando, analizando y denunciando que el robo de impuestos en Costa Rica, en todas sus manifestaciones y con ropaje legal o sin él, oscila entre los 6 y los 8.5 % puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB); lo cual ha sido cohonestado, tácitamente tolerado y hasta ha contado con complicidad abierta y favorecimiento político de alto nivel por parte las últimas administraciones gubernativas, incluso por la gestión de la persona antecesora a la cabeza de la cartera ministerial de Hacienda.

Reiteradamente hemos sostenido que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado, así como la que tiene empleo formal o está fuera del mismo, no evade impuestos y honra los que le corresponden; sin embargo, viene siendo la más sacrificada por el desastre fiscal de los últimos tiempos y que es responsabilidad directa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.

En el último año, tras de cuernos, palos:  la imposición del plan fiscal, Ley de la República 9635, oficialmente denominada Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vino a agravar la situación económico-financiera de las clases trabajadoras, así como la de las micro-pequeñas y medianas empresas, también sometidas a un ajuste fiscal duro e injusto y ya, de por sí, condenadas por años a sufrir las injusticias de un sistema tributario totalmente regresivo.

Dice Rodrigo Chaves Robles que hay que instalar el sistema de escáneres y resaltamos la urgencia de ello, lo cual fue planteado como una propuesta sindical de la ANEP con ocasión del conflicto social-fiscal del año pasado 2018.

Nuevo ministro de Hacienda le da la razón a la ANEP


¡En hora buena! Pero se necesita gran voluntad política y firmeza para enfrentar un desafío a las mafias evasoras de impuestos de tal calibre, como lo supone instalar-imponer los escáneres.

Por otra parte, la Policía Fiscal ocupa de un real fortalecimiento estratégico de carácter integral, en tecnología, en equipamiento sofisticado de última generación y, especialmente, en más recurso humano.

La carencia de personal en este cuerpo policial no puede interpretarse como algo distinto a la ausencia de voluntad política para entrarle duro a la evasión fiscal; o bien, casi como una actitud complaciente y cómplice con ésta de parte de los últimos gobiernos.

El nuevo jerarca de Hacienda debe entrarle, también con fuerza, al sistema de exenciones-exoneraciones, el cual arroja hasta 6 puntos del PIB, con unas 440 leyes que fortalecen la desigualdad y la exclusión socioeconómica.

Otro tema candente pendiente de abordaje político decidido tiene que ver con los dineros sucios productos de la actividad ilícita del narcotráfico y del crimen organizado que, a juicio de entendidos, ya representa varios puntos del PIB.

La gravedad de esta circunstancia tiene impactos en todos los órdenes y bien podría ser el momento de activar la discusión del establecimiento en Costa Rica del impuesto Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones bancario-financieras de cierto alto monto hacia arriba.

Finalmente vamos a reiterar con mucha fuerza ante el nuevo ministro de Hacienda la imperiosa necesidad de que en Costa Rica se efectúe una auditoría ciudadana de la deuda pública. Chaves Robles plantea que el país debe buscar “endeudamiento barato” para aliviar la carga pesadísima de intereses que golpea los servicios públicos y a las mayorías ciudadanas; cerrando así el paso a la construcción de nueva infraestructura, precarizando más los servicios sociales que deben estar dedicados a reducir el crecimiento de la desigualdad.

ANEP considera que es una verdadera locura el manejo que se le ha venido dando a la deuda pública y, especialmente, la irracionalidad y la obscenidad que representará pagar hasta 5 puntos del PIB el pago de intereses como ya se está perfilando.

En este tema hay oculto un jugoso negocio con el cual se han venido beneficiando grupos financiero-económicos que, a la vez, son también evasores de impuestos.

San José, miércoles 27 de noviembre de 2019.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto