La Seccional ANEP- Productores Los Santos participará
en una caminata de más de 17 kilómetros, convocada por los diferentes sectores que
conforman el Encuentro Social Multisectorial, el próximo miércoles 23 de
octubre.
Para este día la seccional saldrá a partir de
las 8 a.m. del cruce de Acosta en Tarbaca y se encontrará con las diferentes
organizaciones o sectores será en el Parque Nacional en San José, entre 1 p.m.
a 2 p.m.
Gerardo Arias, presidente de la Seccional
ANEP-Productores Los Santos explicó que están convocando a los diferentes
sectores, es decir, desde productores de café, aguacate y miel, entre otros.
“La
convocatoria es abierta para que el productor de la zona se nos una, lo que
pretendemos es llevar una serie de peticiones que demuestran los problemas que
estamos viviendo como agricultores para entregar en la Asamblea Legislativa y
al Gobierno”, resaltó Arias.
Una de las primeras peticiones de la
Seccional de la ANEP es que se exonere del pago del IVA las diferentes
producciones del país, específicamente el café.
“Para nosotros no es aceptable que graven el
100% de la cosecha con el IVA, cuando más del 90% del café de Costa Rica se
exporta; y las exportaciones quedaron exentas de impuestos. ¿Por qué nos van a
rebajar el 100% de cosecha como si el café se fuera a tomar todo en el
país? Solo un 10% de la cosecha queda en
Costa Rica para consumo nacional”, explicó Arias.
Además, solicitarán apoyo debido a que
existen agricultores que están perdiendo parcelas, fincas y hasta sus casas por
el alto endeudamiento.
“Hay familias de agricultores que no logran
salir adelante por la caída de los precios en los productos y los altos costos
de producción, hay muchos que necesitan una readecuación o condonación de la
deuda”, agregó.
Para este grupo es necesario un crédito
blando y a largo plazo para la reactivación de la producción nacional.
Criticaron que el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) no funciona
realmente para los productores nacionales debido al montón de trámites y cuando
logran acceder a un crédito; ni los intereses, ni los plazos son competitivos
para poder recuperar la inversión.
“A estos problemas se suma la competencia
desleal e intermediación de los diferentes actores en la cadena de valor del
producto. Ejemplo de ello, es que al productor le pagan ¢1.000 un kilo de
aguacate en la zona de Los Santos de primera calidad, pero cuando la gente va
al supermercado cobran el kilo a ¢3.800”, resaltó.
Por último, solicitaran la inscripción de
moléculas modernas y eficientes para combatir plagas.
“En el mercado internacional ya no nos
quieren comprar nuestros productos porque estamos usando moléculas antiguas que
contaminan demasiado y que son ineficientes para las plagas. Actualmente,
existe un grupo de intermediarios que quieren impedir el ingreso de nuevas
moléculas al mercado nacional para seguir vendiendo ellos; ese cambio nos
permitirá ser más competitivos, tener mejores cosechas y acceso a los mercados
internacionales”, puntualizó.
La presidenta ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) S.A, Lorna Chancón Martínez, impidió la participación de la representación laboral del canal del Estado, en la reunión que sostuvo este martes el Consejo del SINART con el Consejo de Gobierno y la Junta de Accionistas del SINART, donde se realizó una presentación sobre informes financieros de la institución, así como diversos aspectos relativos a la gestión de la entidad y la actividad que desarrolla.
Así lo denuncia la Seccional ANEP-SINART quien cuestiona el accionar de la jerarca, ya que limitó la representación del Consejo del Sinart a quienes solo tienen voz y voto dentro de este, aduciendo que era una restricción proveniente desde el mismo Consejo de Gobierno. Sin embargo, en la invitación girada desde Casa Presidencial no existe tal limitación, tan solo que se debe de entregar el nombre de los participantes antes del viernes 22 de noviembre.
Según Vielka Valenciano, representante de los trabajadores ante el Consejo Ejecutivo y presidenta de la Seccional ANEP-SINART, el jueves anterior (21 de noviembre) la Presidenta Ejecutiva informó que el Consejo Ejecutivo del SINART era citado ante el Consejo de Gobierno, Junta de Accionistas del SINART, ante la consulta de la representación laboral a la Jerarca sobre los participantes respondió que “tenían prioridad de participación los miembros con voz y voto”.
Está decisión de la Jerarca del SINART ha levantado una serie de cuestionamientos a lo interno de la institución, como el por qué la insistencia en querer anular una representación (laboral) que está legitimada por la Ley del SINART o bien qué le quieren esconder a los trabajadores.
“Esa decisión es recibida por la Representación de las personas trabajadoras del SINART como una actitud desleal, falta de transparencia y totalmente contraria al espíritu de transformación que promueve la OCDE que, incluso, impulsa que las representaciones de trabajadores en los órganos directivos, tengan voz y voto, y que exista una comunicación entre los órganos directores (Consejo Ejecutivo) y las autoridades de Gobierno, con potestad sobre la empresa. La actitud de bloqueo, reiteradamente asumida por la Presidenta Ejecutiva hacia nuestra labor, no nos amedrentará en nuestro compromiso proactivo por el desarrollo del SINART”, manifestó Valenciano
Valenciano agregó que “esta actitud, impide que la Junta de Accionistas del SINART conozca las tesis de las personas trabajadoras del SINART, pero haremos llegar nuestra posición al Consejo de Gobierno en pleno, por las vías correspondientes. Reiteramos que, con las políticas OCDE, el procedimiento seguido en este caso, es totalmente inaceptable”, finalizó Valenciano.
Por medio de una carta dirigida al Gerente General de la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS), Roberto Cervantes Barrantes, la Federación
Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), solicita a la institución tomar en
cuenta sus propuestas sobre las jornadas extraordinarias, ya que según la
Federación actualmente existe un caos sobre el tema.
“La CCSS ordenó poner en marcha ese nuevo instrumento
regulador del tiempo extraordinario, a partir del día 01 de noviembre de 2019,
bajo la circular GG-518-2019. Sin
embargo, como lo demostramos con elementos probatorios a sus representantes
institucionales y a la Ministra Geannina Dinarte Romero y el Vice Ministro
Ricardo Marín Azofeifa, MTSS, en pocos días de su ejecutoria, la angustia y confusión
es imperante”, indica el documento.
Según FECTSALUD, luego de la entrada en vigencia del nuevo modelo regulador del tiempo extraordinario “sobrevino un caudal de interpretaciones y manejos antojadizos en las propias bases de la representación de la Administración Activa y ponen a sudarlas Oficinas de Recursos Humanos, por cuanto, son por excelencia receptoras de un sinfín de quejas y malestares”.
Documento firmado por los representantes de FECTSALUD
Otra de las molestias
de la Federación es que la CCSS no habría consultado a FECTSALUD y sus organizaciones adscritas criterio alguno respecto a las
jornadas extraordinarias, esto durante las negociaciones que se dieron con
otros sindicatos de la institución, el mes anterior.
“Si bien es cierto la Caja responsablemente solicitó opinión
a algunas representaciones laborales sobre las directrices de su tesis
normativa instrumental para regular y fundamentar su aplicación en legitimidad
jurídica, el tiempo extraordinario, ésta misma deferencia no se trasladó a los
sindicatos que conformamos FECTSALUD. Además, que en el periodo hubo factores
incidentes en la desatención justificada laboral, como eventos de Huelga y
procesos negociadores de partes, que justifican la tardía reacción laboral”,
indica el documento.
Compartimos las solicitudes presentadas por la Federación
Costarricense de Trabajadores de la Salud a la CCSS
Solicitamos se adicionen las
siguientes propuestas a la circular GG-0518-2019 de fecha 21-05-19:
1.- Las jefaturas pueden
autorizar la realización y pago de tiempo extraordinario en los siguientes
casos:
Funcionarios que realizan en la jornada ordinaria
perfiles de una clase distinta y categoría superior a la que se requiere
realizar en el tiempo extraordinario, cuando las categorías salariales entre
ambas clases sean similares en lo que respecta al salario base. En casos de
inopia de personal u otra causa debidamente justificada, se autoriza realizar
tiempo extraordinario a funcionarios (incluso jefaturas), de una categoría
salarial muy superior a la clase que se requiere suplir en el tiempo extra.
Funcionarios que han colaborado realizando tiempo
extraordinario previo a la puesta en vigencia de la circular GG-0158-2019, que
cuenten con el requisito legal y/o la preparación equivalente para el perfil
que se requiere cubrir en el tiempo extra.
El tiempo extraordinario se otorga en el siguiente
orden de prioridad: primero el personal disponible en el servicio o
departamento, de la misma clase y categoría en la jornada ordinaria; en segunda
instancia, funcionarios de la unidad programática y como tercera opción,
funcionarios de otras unidades programáticas que cumplan con los requisitos
legales y/o preparación equivalente para el perfil que se requiere cubrir en el
tiempo extra. El reclutamiento mediante el sistema web, se puede utilizar
únicamente de forma justificada, una vez agotadas todas las opciones
mencionadas anteriormente.
2.- Adicionalmente
solicitamos SE INSTRUYA DE INMEDIATO A LAS JEFATURAS SUPERIORES, INTERMEDIAS Y
EN GENERAL:
2.1. Se abstengan de genera
“reglamentación” y directrices adicionales a la circular oficial institucional,
con interpretaciones impropias.
2.2. Se aplique una
comunicación efectiva y literal del contenido de la circular.
2.3. Se desaplique de inmediato el reclutamiento de personal para laborar el tiempo extraordinario, mediante la página web, sistema no autorizado ni incluido en la circular GG-0518-2019.
ANEP-Fuerza Pública ha solicitado capacitación constante, inversión en armas menos letales y reformas legales
En las redes
sociales, así como en los medios de comunicación, se ha difundido un video en
el cual se observa una situación en Uvita de Osa, que en principio parece
controlada por la Fuerza Pública, la cual se torna en violenta con un
enfrentamiento entre civiles y los uniformados.
En tal sentido, en
la Seccional de ANEP en la Fuerza Pública, hemos abogado por una capacitación
constante de nuestros policías, que incluya una mayor capacitación en defensa
personal, liderazgo y resolución alterna de conflictos. Además, hemos insistido
en la necesidad de que se invierta en armas menos letales para equipar a
nuestros policías.
Es evidente que el
uniforme y la figura de autoridad pública, no representan ninguna contención
para quienes alteran el orden público, participan en riñas o en general
transgreden las normas de convivencia social; por ello, también hemos abogado
por reformas legales, que vengan a fortalecer la figura de autoridad, así como
a disminuir la impunidad que se produce en función de que las faltas a la
autoridad se contemplan en su mayoría como contravenciones.
Nuestros Cuerpos Policiales enfrentan cada día situaciones
más complejas, el riesgo se ha incrementado, a partir de una sociedad más
violenta, la penetración del crimen organizado, lo cual se ve fortalecido con
la incerteza jurídica que se viene generando en torno con la actuación
policial. Así las cosas, si no
fortalecemos las destrezas, sino dotamos de mejores herramientas y reformamos
algunas leyes, estaremos muy pronto todos a expensas de los antisociales, que
un día sí y otro también, desprecian las normas de convivencia en sociedad e
irrespetan a nuestras autoridades.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), da la bienvenida a su nueva seccional conformada por taxistas. La cual busca encontrar nuevas alternativas en defensa de su actividad.
Si desea contratar un servicio honesto y responsable puede comunicarse al número de WhatsApp 8369-9183 por medio de mensaje de texto o audio.
Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
La Asesoría Legal de la ANEP logró que el Servicio Civil anulara el proceso de despido contra una trabajadora del Taller Nacional de Danza, quien pidió adecuación de sus funciones luego de que sufriera una lesión, la cual le imposibilita dar lecciones de danza y ballet.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministro de
Seguridad Pública, Michel Soto, investigar las situaciones descritas en un audio
de la plataforma WhatsApp, que en apariencia fue producido por el Comisionado
Randall Picado, donde se describen una serie de irregularidades en torno a la
supervisión de personal en la Región Policial de San José e incluso que
oficiales de policías estarían escoltando narcotraficantes.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza
Pública indicó que el día jueves 05 de setiembre, recibió en la plataforma
WhatsApp decenas de mensajes con un audio que en apariencia fue producido por
el Comisionado Randall Picado. En el mismo, se escucha una especie de llamado
de atención para el mando de la Región Policial de San José, en torno con
debilidades en la supervisión de personal. El aparente llamado de atención
incluye también a las subdirecciones e inclusive direcciones.
En el audio se puede escuchar “Hemos detectado una serie de
conductas, debilidades, anomalías, irregularidades, donde el mando de las
delegaciones y el mando también superior, y me incluyo yo dentro de esos, por
supuesto también los sub directores que tienen sus áreas de jurisdicción nos
hemos vuelto pasivos, o nos hacemos de la vista gorda, o nos falta iniciativa,
o nos falta liderazgo o capacidad de gestión para detectar esas irregularidades
(…)”. Más adelante, se escucha decir que algunos policías están ingiriendo
licor en las delegaciones, peor aún, que estarían “escoltando al narcotráfico”
Para Anchía, resulta alarmante escuchar en un audio,
presuntamente producido por un director regional, en el que se indica que no
existe ningún nivel de supervisión, que el mando medio y el alto mando es
permisivo o se hacen de la vista gorda, que carece de iniciativa y de
liderazgo, e inclusive, de capacidad para desempeñar sus funciones. Además, le preocupa
escuchar en dicho audio que, se tienen denuncias de jefes jugando en las computadoras
en tiempo laboral.
“Es inaceptable que se hable de corrupción y de debilidades
en la supervisión, al mismo tiempo que se han incrementado las plazas de sub
directores regionales, por ejemplo, San José pasó de una subdirección a tres
subdirecciones regionales. Además, en la Fuerza Pública, el nivel de mando medio
y el mando superior, disfruta de muy buenos salarios. Por estas situaciones,
planteamos con carácter de urgencia ante el Ministro Soto que se proceda con
una investigación con la finalidad de determinar la veracidad de las
declaraciones”, manifestó Anchía.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública debe realizarse una valoración de las capacidades y competencias del mando superior de la Fuerza Pública, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, recuerdan que los puestos de dirección y de subdirección son puestos de confianza, siendo potestad del Ministro su nombramiento y la remoción de los mismos.
El Relator Especial sobre la Promoción
y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el
Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación
de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, hicieron pública este día
la carta (OL CRI 5/2019) que de manera conjunta remitieron el pasado 7 de los
corrientes a diferentes autoridades costarricenses, en la que expresan su
preocupación por la aprobación legislativa —en primer debate— del proyecto de
Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, por
ocasión de las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que
incurriría, si dicho proyecto culminara con los contenidos actuales, los
trámites legislativos.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta, identificada con el número OL CRI 5/2019.
Los Relatores de Naciones Unidas
focalizan su preocupación por que en el proyecto de ley se establecen medidas
de limitación al derecho de huelga que van más allá de lo que se puede
considerar aceptable en una sociedad democrática. Desde el inicio de esta
discusión, los sindicatos firmantes sentamos una posición en el sentido que
esta medida prohijada por el proyecto de ley sólo pretendía neutralizar al
movimiento sindical, al mismo tiempo que se impulsan medidas de política
económica y social que perjudican las condiciones laborales, principalmente en
el sector público.
En las palabras de los Relatores
Especiales, “El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e
indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su
derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a
través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del
ejercicio del derecho a la huelga. Además, consideramos que varias de las
medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían
restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también
podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar
las libertades sindicales.”
Dentro de algunas de las objeciones que
causan preocupación a los Relatores Especiales se encuentran:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”;
b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga;
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición;
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado;
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados;
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal;
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga.
Esta gestión sin precedentes que hacen
los Relatores Especiales es sumamente oportuna en un doble sentido; por una
parte porque reconoce que la huelga es un mecanismo del sector laboral para
hacer valer sus derechos, razón por la cual su restricción debe ser
especialmente justificada tanto en su idoneidad, necesidad como en la
proporcionalidad de la medida de restricción; por otra parte porque le da a
Costa Rica una oportunidad para corregir y evitar una situación en la que pueda
comprometer su responsabilidad internacionales por violación a los derechos
humanos.
Los sindicatos firmantes consideramos que “Costa Rica tiene un proyecto constitucional que descansa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social, así lo trazaron los Padres Fundadores de la Segunda República, y así lo hemos mantenido durante casi 70 años; no existe un motivo por el cual desviar ese gran pacto que nos da identidad nacional y singularidad en el mundo”.
Walter Quesada ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Kaye, Voule y Forst hacen
una conclusión muy puntual: “Consideramos que el proyecto de ley impone
prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los
servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración
sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso.”
Al respecto, los sindicatos firmantes consideramos que, “en momentos donde se
tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz
que se considera opositora; lo que hace un sistema democrático es abrir canales
de diálogo social, donde sea posible encontrar soluciones creativas a los
problemas sin afectar los derechos humanos, sin desfigurar nuestro gran
proyecto constitucional. Por esto consideramos que esta comunicación de los
Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos
al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas
consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las
‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben
traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva
de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
En el documento que remitieron los Relatores se pusieron a disposición de Costa Rica en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas, y solicitaron que se les mantenga informados sobre los progresos que se desarrollen en esta materia.
Esteban Calvo ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Especiales son un
procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, a cuya membresía Costa Rica está aspirando, y que nosotros apoyaríamos,
siempre que mantenga un decidido compromiso con los derechos humanos, por
ejemplo, cumpliendo con las recomendaciones de esta OL que es parte de aquel
mandato. No hacerlo, sería un contrasentido. El texto de la OL puede encontrarse
en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24888
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
