En reiteradas ocasiones la ANEP ha solicitado que se declare el Sistema Penitenciario en estado de emergencia nacional. No sólo por las condiciones de hacinamiento, sino por las deficiencias en infraestructura. Hoy, sabemos que hay motivos más fuertes que justifican una declaratoria de esta naturaleza.
La crisis que vive el Sistema
Penitenciario Nacional, por las condiciones insalubres, por el surgimiento de
enfermedades infectocontagiosas, como tuberculosis, parotiditis (paperas),
entre otras, requiere un esfuerzo mayor por parte del Gobierno. El Ministerio
de Salud debe atender a la población penitenciaria como corresponde, con
programas de prevención y de vacunación. Debe, además, hacer una inspección en
todos los centros penitenciarios del país y determinar cuáles no cumplen con
las condiciones de higiene e infraestructura adecuadas y tomar medidas
inmediatas.
Los miembros de la Policía
Penitenciaria y el personal de cárceles en su totalidad deben conocer cuáles
son los protocolos a seguir, las medidas de prevención. En caso que un
compañero o compañera resulte infectado, cuál debe ser el procedimiento a
seguir. Nuestro criterio al respecto, es que se le debe trasladar al Instituto
Nacional de Seguros, pues la enfermedad se contrajo producto de la actividad
laboral que realiza; y, el caso debe comprenderse como riesgo de trabajo, al
amparo de la normativa laboral.
¡Esclavitud laboral!, eso es lo que viven diversos choferes de autobús
de la empresa Biusa, luego de que la Dirección Nacional de Inspección Laboral
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprobara mediante una
inspección a la empresa de transportes ante diversas denuncias de explotación
laboral, que algunos choferes deben de laborar hasta 19 horas diarias.
Así lo muestra el Acta Adicional de Inspección y Prevención del 6 de
noviembre del 2019, código #SJ-IF06988-19, en poder de la Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde se determina la violación al
Código de Trabajo por parte de la empresa autobusera que presta el servicio en
diversas rutas del país.
“Se logró demostrar en las
entrevistas y en los comprobantes de pago facilitado por el patrono que los
horarios cumplidos por los choferes superan las doce horas diarias, iniciando
con horarios desde las 4:00 a.m. y teniendo una hora de salida incierta,
laborando hasta 19 horas diarias en algunos de los casos”, indica el acta de
inspección.
Según el documento, la empresa estaría violentando el Artículo 140 del
Código de Trabajo, ya que la legislación laboral nacional establece que la
máxima jornada laboral es de doce horas, sumando la jornada ordinaria y la
extraordinaria; por lo que se debe de eliminar la práctica de hacer a los
trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las doce horas
diarias.
Para la ANEP esta situación no puede pasar desapercibida, ya que
resulta intolerable desde cualquier punto de vista y no tiene otro nombre que
esclavitud laboral.
“Se requiere una intervención política al más alto nivel de la cartera
ministerial de Trabajo y Seguridad Social, porque se tiene que sentar las
responsabilidades del caso. Sabemos que el empresariado de autobús tiene
muchísimo poder en este país, pero ello no los hace inmunes para irrespetar la
legislación laboral, incluso los mismos principios de los derechos humanos”,
expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas agregó que “hay un doble riesgo, no sólo la salud laboral del chofer si no también la seguridad de los usuarios del autobús, por eso hay que denunciar fuertemente, no basta con una inspección, el Ministerio de Trabajo debe sentar un precedente”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Pago de horas extraordinarias
Asimismo, la inspección realizada por la Dirección Regional determinó
que la empresa no realizó el pago correspondiente por las jornadas extraordinarias
laboradas por los choferes de autobús, violentado los Artículos 136 y 139 del
Código de Trabajo, por lo que los inspectores fueron tajantes al recordarle a
la empresa lo establecido por la ley sobre la remuneración por tiempo
extraordinario.
Debido a esto la Dirección Nacional de Inspección previno a la
compañía Biusa para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación,
corrija las infracciones registradas, cuyo cumplimiento quedará sujeto a una
nueva inspección. En caso de incumplimiento y de mantenerse las violaciones al
Código de Trabajo detectadas el caso se elevará a instancias judiciales.
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS
Posición oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP
01- Históricamente, nuestro país se ha proyectado hacia el
mundo como una nación democrática, amante de la paz, respetuosa de los derechos
humanos de todas las personas; y, con un sólido compromiso en materia
ambiental.
02- En esta misma dirección, ha presentado conductas casi
competitivas, respecto de la inmediatez para firmar y ratificar tratados,
convenios y pactos internacionales que versan en favor de los Derechos Humanos.
03- Costa Rica no escatima en matices de elegancia, en la
retórica internacional, con la que se promociona como un país verde, sin
ejército y con vocación de diálogo, mismo que, incluso ofrece como instrumento
apaciguador para conflictos acaecidos fuera de sus fronteras.
04- Ante tal contexto y antecedentes, prácticamente cualquier
sociedad civilizada, que busque solucionar sus problemas por medio de la
madurez que demanda el entendimiento bilateral a través de mecanismos
pacíficos, podría figurarse que, Costa Rica tiene sobrada autoridad moral para
hacer recomendaciones y observaciones, en materia de Derechos Humanos.
05-Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP), dado nuestro orgulloso e incesante papel dentro de
la historia de Costa Rica, referente a la lucha social, sostenemos con
categórica propiedad una perspectiva distinta.
06- La ciudadanía completa ha atestiguado variados
escenarios que, con una mirada vidriosa, nos obligan a comprender que en la
actualidad la fama de nuestra nación constituye un simple espejismo. Índices de
homicidios que alcanzan valores de pandemias, deshonrosas cifras récord en
importaciones de cocaína hacia Europa (¿país de paz?), reincidentes condenas en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una regresión y desigualdad
que se incrementan día a día (¿Derechos Humanos?); así como grandes áreas del
paisaje natural que se destrozan a vista y paciencia del gobierno de turno
(parques nacionales y áreas protegidas, Crucitas -¿medio ambiente?-); son solo
algunos ejemplos de circunstancias en las que nos basamos para observar con
recelo la proyección discursiva del país.
07- Innecesario es señalar que nuestro criterio no pretende
infundir una rotunda oposición a la pretensión de Costa Rica de ser parte del
Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Empero, bajo el contexto
actual que se vive-sufre en el país, adjetivamos esta acción como cargada de un
tinte hipócrita. Cabe destacar, por aquello de las conjeturas ficticias de
mentes morbosas, que imaginan quimeras donde no las hay, que tampoco nuestro
mensaje pretende apoyar a ningún otro competidor, para el cargo en tan
distinguido Consejo.
08- Y es que, sin duda alguna, Costa Rica necesita volver a
legitimar su discurso con acciones, hacia y desde adentro; reconociendo que los
Derechos Humanos deben ser promovidos y garantizados para todas las personas.
No es posible pretenderse abanderados en este estadio, cuando se camina al lado
de un solo grupo exclusivo, mientras se propicia un ataque desmesurado contra
otros sectores, cuyas consignas también tienen sus basamentos en Derechos
Humanos. Se debe ser consecuente con la oratoria que se ofrece al exterior y
aplicarlo internamente.
09- Previo a entablar una sana competencia por un puesto en
el Consejo de Derechos Humanos, debe el país explicarle al mundo, y a su propia
población, las razones que impulsan el comportamiento estructural y organizado,
que provocan escenarios como: una permanente agresión mediática, política y
jurídica, que tiene como víctimas a los seres humanos que componen la clase
trabajadora del sector público; la discriminación, difamación y ataque
constante hacia las organizaciones sindicales y las personas que fungen como
sus representantes.
10- Además, debe referirse, con honestidad, a los proyectos
de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa, que constituyen una
regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en
nuestra legislación laboral. ¿Olvidan acaso que la libertad de expresión,
trabajo, salario y libertad sindical también son Derechos Humanos?
11- No es posible obviar tampoco, dentro de esa explicación
pendiente, la relevancia del debate nacional que se ha despertado, a partir de
que la clase política del país, promovida por intereses que obedecen a los
grupos neoliberales más radicales, han despotricado e intentado, por todos los
medios, desacreditar las relatorías de especialistas internacionales, que
forman parte del mismo mecanismo mundial pro defensa de los Derechos Humanos.
12- En palabras más simples, Costa Rica entra en negación y
busca la forma de no acatar las recomendaciones en Derechos Humanos, emanadas
por un órgano que pertenece al mismo Consejo al que aspira ser integrante; una
curiosa y paradójica circunstancia cuya explicación es menester escuchar.
13- Finalmente, sobre la línea democrática y de protección a
derechos de los ciudadanos, el pueblo necesita escuchar las razones por las
que, el poder político elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin
contar con parámetros claros que garanticen la independencia y la objetividad
del Poder Judicial. Lo que, por las heridas de la experiencia, nos aventuramos
a decir que ha dado como resultado la resolución de fallos en los que se
ignoran los derechos fundamentales y se exaltan los criterios (o favores)
políticos.
14- Es en virtud de las razones antes expuestas que, ANEP,
abiertamente comprende la importancia de integrar el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, este sería un triunfo que
aplaudiremos, hasta el día en que veamos que los preceptos que abundan en las
líneas discursivas que proyectan a nuestro país como una nación democrática,
pacífica, verde y respetuosa de los Derechos Humanos, se apliquen realmente en
la vida interna de Costa Rica.
15- En tal estado de situación, en los tensos momentos
actuales que vive la sociedad costarricense, Costa Rica no merece integrar el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Unánime y firme de la Junta Directiva Nacional
(JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
adoptado en su Sesión No. 2152, de carácter ordinario, celebrada el día viernes
11 de octubre de 2019.
El Secretario de Juventud de ANEP, Benjamín Sevilla García, explica algunos aspectos en los que este Proyecto de Ley perjudica a las personas trabajadoras.
Las cuatro organizaciones sindicales presentaron una carta en conjunto ante el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica, cuestionando la posición de este ente ante el pronunciamiento de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas respecto al proyecto de ley para regular las huelgas.
Compartimos carta enviada al Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica
La Seccional ANEP-PANARE logró un importante acuerdo en la
sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual establece que
los trabajadores del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE), podrán
conocer, analizar y revisar las condiciones en las que serán trasladados de sus
puestos ante el cierre técnico de la institución.
Así lo explicó Tatiana Quesada, Presidenta de la Seccional ANEP-PANARE quien indicó que la incertidumbre que existe en el seno de los trabajadores es bastante grande desde que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra el PANARE, lo que provocó el cierre de la institución y por ende el traslado de funcionarios a instituciones como CONAPDIS, CONAPAM y Ministerio de Salud.
Tatiana Quesada sobre situación en PANARE
Otros de los acuerdos alcanzados, es que la Junta Directiva
del PANARE facilitará a la seccional de ANEP el borrador del proyecto de ley de
cierre del PANARE, una vez les sea brindado por el Ministerio de Planificación.
Además, la seccional podrá conocer la información correspondiente al presupuesto
institucional del año 2020, en el momento que sea aprobado.
También es importantes destacar, que en el acuerdo quedó
plasmado que las autoridades del PANARE se comprometen a respetar los derechos
laborales de todos los trabajadores de la institución, así como a mantener la
estabilidad laboral de los trabajadores en el tanto que cumplan con los
requisitos de idoneidad del puesto
Compartimos acuerdos alcanzados entre las partes en el MTSS
Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo
La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques. Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.
“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.
Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.
“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.
“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la
siguiente:
1- Reformar
la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la
aplicación de la misma.
2- Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.
3- Iniciar
un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder
Ejecutivo, con los del Poder Judicial.
4- Retomar y
replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.
5- Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.
6- Presupuestar
la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y
Administrativo, de las herramientas necesarias.
7- Presentar
reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una
contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.
8- Respaldar
el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el
Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.
9- La
Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.
10- Que se deje
sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de
Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.
11- Que la
Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de
armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación
policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.
12- Que el
Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en
proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial
“Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que
dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir
en la Fuerza Pública.
13- Equipo de
protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que
refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros,
guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial
especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).
14- Que, siendo
nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad
sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la
sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las
Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en
torno al ejercicio democrático de la organización sindical.
La ANEP y el Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE) firmaron un acuerdo de cooperación bilateral en temas de información y comunicación, capacitación y formación laboral-sindical, entre otros.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.