Folleto sobre Proyecto de Ley Marco Empleo Público

El proyecto de ley presenta problemas importantes respecto del marco constitucional. Estos problemas tienen que ver con la inobservancia del régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades públicas estatales y frente al ejercicio de derechos fundamentales como los derivados de la libertad sindical y el derecho a la no discriminación.

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Campaña regional de la CSA sobre cadenas globales de producción

La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas – CSA – desde su fundación en marzo del 2008 – identificó como un desafío central la actuación frente a las empresas trasnacionales; sea desde el punto de vista de la atención a la organización y defensa de las/os trabajadoras/es de la región con relación directa de dependencia de las mismas para alcanzar los derechos fundamentales en el trabajo, así como para enfrentar el poder corporativo expresado, entre otros, en los cambios en la estructura y organización del mundo del trabajo a nivel global, modelo que atenta contra la inclusión, igualdad y justicia social.

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Cartilla CGP Version Final (1) by Yariela Novo on Scribd

Seccional ANEP-PANI denunció ante la Asamblea Legislativa violación a la libertad sindical

La Seccional ANEP- PANI acudió a la Asamblea Legislativa para denunciar una medida drástica de la administración, la cual violenta el derecho de la libertad sindical, las recomendaciones y convenios internacionales suscritos con la OIT.

La problemática radica debido a que la Presidencia Ejecutiva del PANI emitió un oficio en el cual se restringe el ingreso a los albergues de la institución, lo cual se limita la labor sindical ya que no se les permite a los sindicatos corroborar denuncias de los afiliados en los albergues y en las oficinas.

Plaga de ratas invade bodega de alimentos de la delegación de Desamparados

Esta delegación cuenta con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud

La seccional ANEP-Fuerza Pública hace un llamado al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y al Ministerio de Salud, para que realicen una intervención urgente en la delegación policial de la Fuerza Pública Delta 3, ubicada en el cantón josefino de Desamparados, debido a una plaga de ratas que afecta la bodega de alimentos.

En fotografías enviadas por parte de oficiales destacados de la delegación, se pueden observar como las ratas perforaron las pacas de arroz, frijoles y azúcar, contaminando los alimentos que diariamente deben de consumir; incluso, dentro de estos paquetes se encontraron crías y excremento de los roedores.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública manifestó su preocupación ante lo sucedido, ya que de no darse una atención pronta por parte de las autoridades podrían presentarse afectaciones a la salud de los oficiales y contagio de leptospirosis.

“Nos preocupa y alarma que uno de los jefes de la delegación indicó que se rescatara parte de las pacas de arroz, frijoles y azúcar; las cuales podrían estar contaminadas, poniendo en riesgo la salud de los oficiales. Estas pacas deben ser desechadas en su totalidad”, dijo Anchía

Mainor Anchía sobre plaga de ratas

Es importante resaltar que la delegación policial de Desamparados es uno de las 114 recintos policiales que el Ministerio de Salud ha declarado con orden sanitaria u orden de clausura. Esto luego de varias denuncias realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

“Por estas y otras razones insistimos en la necesidad de mejorar las condiciones laborales en las que se desempeñan nuestros oficiales. No obstante, el Gobierno sigue sin atender nuestras peticiones para mejorar dichas condiciones”, finalizó Anchía.

Seccional ANEP-MSP apela por rebaja salarial irregular a funcionarios de la Academia Nacional de Policía

Funcionarios de la Academia Nacional de Policía por medio de la Seccional de ANEP en el Ministerio de Seguridad Pública presentaron una apelación ante esta cartera debido a que se les aplicó un rebajo al parecer, por sumas presuntamente acreditas de más por concepto de anualidades.

Dicho rebajo se dio en aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la cual vino a modificar lo dispuesto en la Ley de Salarios de la Administración Pública (2166).

La problemática obedece a que la administración no realizó las modificaciones pertinentes al sistema de pagos (integra). Los trabajadores afectados no detectaron ninguna irregular en el salario mensual por cuanto era el mismo que venían percibiendo antes de la Ley 9635. Sin embargo, al aplicarse dicha ley los incentivos salarias como la anualidad se calculan con un monto nominal y no porcentual.

Bajo este panorama, la administración postergó la aplicación de la ley y omitió comunicar a los funcionarios de los cambios que generaría la misma y por el contrario, quedó en evidencia que la ley afecta a todos por igual.

Pese a que en menos anteriores y reiteradamente indicaron que no habría afectación para los trabajadores que ingresaron antes de la Ley.

Es importante destacar que dichos rebajos  se están dando nivel general.

Recurso de Apelación Seccio… by Yariela Novo on Scribd

Seccional ANEP-PANI compareció ante Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa

La Seccional ANEP- PANI expuso ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, la problemática interna institucional, entre ellas se encuentra la falta de personal, acoso laboral y hacinamiento.  

Una de las críticas más fuertes de la Seccional, es que las anteriores presidencias ejecutivas y la actual, tienen conocimiento del abordaje inadecuado que hacen las jefaturas con sus subalternos, lo que ocasiona no solo una violación de los derechos al funcionario sino también afecta el servicio que se debe dar a los menores de edad; al no existir un coordinador con habilidades de líder crea ambientes laborales insanos lo que lleva a toda una gestión institucional al declive en todas las áreas.

Actualmente, no existe una política de sensibilización o capacitación para el abordaje de funcionarios que denuncian ser víctimas de acoso laboral.  De hace muchos años lo que se estila en las personas que denuncian acoso laboral es la constante de que son revictimizados por la administración se le estigmatiza al punto de minarlos en todas las áreas físicas, emocional, social y profesionalmente al funcionario.

El Departamento de Recursos Humanos y de las autoridades en general, no promueven el autocuidado o la motivación de sus funcionarios y mucho menos promover políticas necesarias en las personas que trabajan con problemas de tanto impacto emocional como los que se atienden en la institución.

Hace dos años cuando fue instaurada la Comisión que veía las denuncias por acoso laboral, iniciaron con 12. Sin embargo, las denuncias han aumentado y muchas han sido elevadas a sede judicial, ya que en sede administrativa ninguna de las denuncias ha sido acogida como tal.  Esto se debe a un sin fín de omisiones que entraban los procesos, aunque existan pruebas contundentes que demuestran el acoso.

Uno de los aspectos importantes de mencionar es que el PANI no cuenta con directrices claras sobre niñez y adolescencia para que los trabajadores puedan orientar las funciones y decisiones en la búsqueda del interés superior de la persona menor de edad.  Desde el año 2008, la Seccional ANEP- PANI ha hecho del conocimiento a todas las Presidencias Ejecutivas sobre todas las problemáticas institucionales.

Por otra parte, los albergues del Patronato Nacional de la Infancia cuentan con capacidad máxima para 10 personas menores de edad cada uno. Sin embargo, datos al 1º de julio del 2019, demuestran que existen albergues que funcionan con hacinamiento, por ejemplo, los albergues de Estrellitas de Luz aloja a 18 personas menores de edad, Hogar del Sol con 13, Moravia Dos con 17 y el de Orquídeas con 14 personas menores de edad.

Los funcionarios de oficinas locales del PANI trabajan bajo presión y preocupación personal ante las posibilidades reales de evitar el maltrato y proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes, en medio de tantas limitaciones. Además, viven con incertidumbre, frustración, debido a que no pueden estar al día con el trabajo por la excesiva carga laboral y la falta de personal.

Trabajar en el PANI es sinónimo de laborar con estrés crónico y esta condición, predispone el desarrollo de múltiples problemas de salud física y psicológica de todos los funcionarios.

Pronunciamiento de la Seccional ANEP-Fonabe ante publicaciónes del periódico La Nación

-Las publicaciones del medio corresponden a las fechas del 12 de julio del 2019 y del 17 de julio del 2019 con referencia al Fondo Nacional de Becas

Por este medio, la Junta Directiva de la Seccional Anep- Fonabe, considera necesario aclarar el proceso de traslado de las plazas de los funcionarios y de los productos de beca a raíz del Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS, publicado en la Gaceta N°41 el 27 de febrero del 2019.

Con relación a la publicación del periódico La Nación del viernes 12 de julio del 2019, siendo que en la portada se indica el titular 69 empleados del Fonabe se niegan a pasar al IMAS: Instituto contrató a 75 en su lugar y MEP “reacomodó” a los otros en Ministerios y en la página 8 sección EL PAIS, titula IMAS contrata a 75 personas para tramitar las becas, se aclara:

  • El Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS, publicado en la Gaceta Nª41 el 27 de febrero del 2019, en su transitorio VIII establece que “el MEP coordinara con la Dirección General del Servicio Civil para gestionar el traslado oportuno y ordenado de las personas funcionarias del Fonabe que considere necesario para la correcta implementación del presente Decreto. Lo anterior en estricto apego a la normativa atinente a este proceso y garantizando todos los derechos adquiridos”.
  • Desde el inicio de las reuniones en el mes de febrero del 2019 por parte de los representantes de los funcionarios del Fonabe, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Pública, este último manifestó el interés, compromiso y necesidad de que los funcionarios del Fonabe fueran trasladados al MEP, respetando los derechos laborales, estabilidad y que además contaban con los recursos económicos necesarios para tal compromiso. 
  • Es de conocimiento que el Instituto Mixto de Ayuda Social no forma parte del régimen del Servicio Civil, caso contrario al Fonabe y al MEP, por tal razón se nos indicó que las plazas no podrían trasladarse permanentemente al IMAS.
  • Mediante la Comisión Técnica para el traslado de las plazas (a través de los representantes asignados para dicho proceso), los funcionarios nunca recibieron una propuesta formal por parte del IMAS, donde se especificarán detalles como posibles puestos requeridos, ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos laborales, entre otros, los cuales permitieran a los funcionarios tomar una decisión informada sobre el traslado de su plaza.  Por tanto, no existió una negativa de los funcionarios para trasladarse al IMAS bajo los argumentos que indicó el Presidente Ejecutivo del IMAS, el señor Juan Luis Bermúdez en la nota publicada el viernes 12 de julio en el periódico La Nación. 

Con respecto a la publicación del periódico La Nación del miércoles 17 de julio del 2019, siendo que en la portada se indica el titular IMAS investiga si 53.000 beneficiarios de beca son pobres y en la Sección El País, página 4 y 5, se desarrolla la noticia, se aclara:

  • El Fondo Nacional de Becas y el Instituto Mixto de Ayuda Social cuentan con procesos y metodologías distintas para la recepción, valoración y aprobación de solicitudes para el otorgamiento de un beneficio económico: En el caso del Fondo Nacional de Becas el estudiante debía completar un formulario, el cual era evaluado mediante el Modelo Integrado de Calificación de Becas (MICB) y en casos especiales con la valoración de Trabajo Social. Dicho Modelo contempla variables para medir la situación socioeconómica del grupo familiar mediante el método de línea de pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y variables  para medir la vulnerabilidad educativa mediante el Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE), que permite identificar los factores de riesgo que llevarían a un estudiante a desertar del sistema educativo. La combinación de esas variables de forma automatizada permite identificar cual solicitante califica o no califica para ser beneficiario de uno de los programas de becas que se otorgan a través de la Institución y determina la prioridad en la que queda la solicitud analizada.

Es importante indicar que además a partir del año 2018 el Fonabe inició con la implementación del Módulo de Regionalización Digital (ReDi), herramienta que permite a los centros educativos solicitar becas de forma digital y con base en la información suministrada por el Sistema de Información y Registro Único de Beneficiarios de Estado (SINIRUBE) Ley N°9137, del año 2013.

Por otra parte, el IMAS registra la información de los solicitantes de los beneficios mediante la Ficha de Información Social (FIS), la cual se aplica desde una oficina o mediante visita domiciliaria y cuyas variables son distintas a las consideradas en el Modelo de Calificación de Becas del Fonabe, además utiliza el SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo), mediante el cual se verifica la línea de pobreza.

Debido a que los parámetros y variables que consideran los sistemas e instrumentos de ambas instituciones son distintos, genera que un estudiante pueda calificar para el beneficio en una institución y no en la otra, es decir, que para una institución se ubique en condición de pobreza y en la otra no.

Se debe considerar además que el Fonabe únicamente otorga beneficios a los estudiantes que el Modelo determine que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y según información difundida por el IMAS sobre el Programa Crecemos “La asignación de la transferencia será de acuerdo a los parámetros institucionales: En condición de pobreza y pobreza extrema.” Esto podría generar que los beneficiarios que para el Fonabe se encuentran en condición de vulnerables, para el IMAS se podrían considerar como “No Pobres”.

En este sentido, de acuerdo a datos suministrados por el IMAS a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), de los 196.466 beneficiarios del Fondo Nacional de Becas traslados en la base de datos del mes de abril por el Fonabe, un total de 6.395 se encontraban en condición de No Pobres según los parámetros del IMAS, mientras que un total de 45.487 beneficiarios del Fonabe trasladados en dicha base datos no cuentan con Ficha de Información Social (FIS), requisito fundamental para el IMAS pero no para el Fonabe, el cual no utiliza dicho instrumento para el registro de información de los solicitantes de las becas.

Si sumamos la cantidad de estudiantes que para el IMAS son No pobres y los estudiantes que no cuentan con FIS, tendríamos según la base de datos de abril, un total de 51.882 estudiantes beneficiarios a los cuales el IMAS deberá aplicar la FIS para corroborar si cumple con los parámetros de esa institución, que como reiteramos, son diferentes a los del Fonabe. A estos se suman un total de 7.000 estudiantes cuya información en el SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo) de uso exclusivo del IMAS, se encuentra desactualizada, según indicó el IMAS.

Para mayor referencia puede verificarse dicha información en la página 8, 9 y 10 del documento STAP-DE-190-2019 emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

  • Con respecto a la afirmación que se realiza en el periódico que indica “Esa ausencia de datos ocurrió pese a que para otorgar el subsidio  debe abrirse un expediente de cada alumno y hacer un estudio económico de cada hogar». El hecho de que 46.000 beneficiarios de beca de Fonabe no cuentan con FIS no significa que el Fonabe no haya solicitado un formulario a cada estudiante y por lo tanto no haya realizado el estudio socioeconómico, pues se reitera que el Fonabe solicitaba un formulario y no la FIS como lo hace el IMAS. Los formularios de los beneficiarios del Fonabe son custodiados por los centros educativos, en el archivo de Fonabe y debido al Decreto Ejecutivo una gran parte de los expedientes han sido trasladados, desde hace algunas semanas, al Archivo Central del Ministerio de Educación Pública, lo cual puede ser verificado por dichas instancias. Por lo tanto, el Fonabe no trasladó ni un solo expediente de los beneficiarios de beca al IMAS, lo que se trasladó fueron bases de datos con el listado de todos los beneficiarios de beca del Fonabe. Por lo tanto, es irresponsable y falto a la verdad  afirmar que el Fonabe brindó la beca sin contar con información socioeconómica pues el Fonabe no utiliza la FIS como instrumento de registro de información y los expedientes no fueron trasladados al IMAS, por lo que no se puede afirmar que los beneficiarios de Fonabe no contaban con un expediente.
  • Con respecto a la duplicidad de beneficios de secundaria: el Fonabe cuenta con becas para estudiantes de secundaria con una condición especial (Necesidades Educativas Especiales, Riesgo Social, Adolescente Madre o Padre, Indígena, Educación para Jóvenes y Adultos, Privados de Libertad), sin embargo, con base en la normativa institucional, no existe impedimento para que un estudiante cuente con un beneficio de Fonabe y además de Avancemos, siempre y cuando se encuentre en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Desconocemos si la normativa del IMAS no permite que un estudiante pueda contar con ambos beneficios y si es así, ignoramos por qué no procedieron con la suspensión de los beneficios desde el inicio del Programa Avancemos. Por otro lado, se debe resaltar que el IMAS ha indicado en reiteradas ocasiones que una beca (lo que otorga el Fonabe) y una transferencia monetaria condicionada (lo que otorga el IMAS) no son lo mismo, es decir, serían dos beneficios diferentes, partiendo de ese principio no se podría hablar de duplicidad.

El Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS establece que los estudiantes en dicha situación únicamente podrán contar con el beneficio de Avancemos.

Por tanto, recomendamos que para futuras investigaciones y publicaciones relacionadas al Fondo Nacional de Becas, se consulten a todas las partes involucradas, a fin de brindar información completa a los ciudadanos y a la vez no causar perjuicio a los funcionarios.  

                                                     Junta Directiva Seccional Anep- Fonabe

CCSS “se lava las manos” y deja la responsabilidad de reajuste salarial al Servicio Civil

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)  se desligó del reajuste salarial del 2019 a trabajadores de la institución y “tiró” la bola  a la Dirección General de Servicio Civil.

 Así consta en el oficio DAGP – 0611-2019, en respuesta a las consultas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Desde hace varios meses nuestra organización sindical ha solicitado respuestas sobre ¿qué ha pasado con el aumento salarial de los trabajadores? Sin embargo, hasta la fecha tanto la Junta Directiva como la Gerencia General de la Caja han ido dándole largas al asunto sin dar mayor explicación.

“En virtud de lo anterior, se informa a esa estimable Asociación que la Dirección de Administración y Gestión de Personal se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Dirección General de Servicio Civil; así como de las resoluciones emitidas por ese órgano rector, con la finalidad de efectuar el costo correspondiente de la propuesta del aumento general de salarios para todos los puestos de la Institución y así implementar el incremento salarial según lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 41167-MTSS-H”, indica el documento.

CCSS – Primer Aumento Salarial # DAGP-0611-2019 (1) by Yariela Novo on Scribd

Presidencia de la República se olvida de la agencia del SINART

Los trabajadores del SINART S.A. empresa pública de comunicaciones quedaron estupefactos al observar las astronómicas cifras con las que la Presidencia de la República, pretende contratar a una agencia privada de publicidad para que maneje su imagen.

Desde el año 2003, el SINART cuenta oficialmente con una agencia de publicidad que da servicios relacionados con la comunicación y el mercadeo de bienes y servicios a diferentes instituciones del país, entre las que destacan: Cosevi, Correos de Costa Rica, Inamu, entidades bancarias y muchas más.

La sorpresa de los funcionarios se debe a que el Gobierno recortó su presupuesto extraordinario, que tiene en vilo a los trabajadores, pues constantemente se les dice que no hay plata ni para pagar sus salarios. Por si fuera poco, los Sinaristas tienen más de 5 años de no recibir aumentos de ley.

“Que bien nos hubiera caído esa platica, con eso podríamos mejorar, ya que últimamente no se produce lo suficiente porque no hay plata para invertir en escenografías, talento o recorrer el país conversando con la gente como siempre lo hicimos. La esencia del SINART es su pueblo” indicó un funcionario que prefirió no ser identificado, por temor a represalias.

Los miembros de la Seccional ANEP-SINART advirtieron que esto ya es el colmo, “la Ley del Sinart faculta a la institución a firmar contratos directos para la elaboración de proyectos con el Gobierno, sin necesidad de participar en licitaciones públicas. El presidente prometió en campaña que iba a fortalecer al SINART, pero hasta ahora lo que ha hecho es recortarle recursos para tenerlo apenas encendido, pero no para competir”.

Por si fuera poco, indicaron que la institución inició procesos de cobro administrativo a las instituciones que no están apoyando con el 10 % que le corresponde girar a los medios del Estado por Ley mientras Casa Presidencial, en lugar de apoyar la gestión, trató de frenar los trámites.

La Junta de Accionistas del Sinart la conforman los miembros del Consejo de Gobierno (Ministros, Presidente y Vice Presidentes) quienes deberían de velar por los intereses de la institución. Bajo este panorama nos preguntamos ¿Quién defenderá al Sinart?.

ANEP presentó dos opciones de modificación al proyecto de ley Nº20.968

Representantes del Sector Municipal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregaron a los asesores legislativos de la diputada Aracelly Salas, dos propuestas de redacción para modificar el proyecto de ley Nº20.968.

Las opciones, presentadas el día de ayer, buscan resguardar la institucionalidad y su equilibrio interadministrativo en la relación de competencias y responsabilidades tanto de la Alcaldía como de los Concejos Municipales. 

La primera propuesta de modificación al texto por parte de la ANEP indica: “La municipalidad por acuerdo de mayoría calificada de su Concejo Municipal podrá: finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

La segunda propuesta establece:La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico con aprobación del Concejo Municipal podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

 “Lo que buscamos es que los Concejos Municipales mantengan su capacidad en la toma de decisiones siendo el ente que apruebe o desapruebe las modificaciones que generen cambios significativos en el orden municipal”, indico Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP.

Actualmente la redacción del proyecto indica “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

La ANEP ha advertido que, de mantenerse el texto como esta, se daría a la figura de la alcaldía un poder absoluto por sobre el propio Concejo Municipal pues darían la posibilidad de que sea el Alcalde o la Alcaldesa quien apruebe o desaprueba dichos cambios al orden y estructura municipal, dándose así la posibilidad también de despidos selectivos y hasta políticos de previo a elecciones municipales.

Luego de presentar la propuesta los asesores de la diputada Aracelly Salas, se comprometieron a valorarlas y a comunicar la decisión final sobre este proyecto que representa una amenaza a la estabilidad en el empleo de las y los funcionarios municipales y con esto se pone en riesgo los servicios que brindan las municipalidades a los usuarios de los diversos cantones.