La Seccional ANEP-Fuerza Pública brindó una conferencia de prensa para dar su posición sobre el abordaje por parte del Ministerio de Seguridad Pública por la muerte de tres oficiales de la Policía de Fronteras.
Categoría: Acción Sindical
Manifiesto público de la ANEP con relación al ataque a la población laboral del IAFA
El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), tiene una importancia estratégica para el país. Para su funcionamiento, las personas trabajadoras asalariadas al servicio de esta entidad, son base fundamental para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento que se ofrece a personas con adicción a sustancias psicoactivas.
El personal trabajador asalariado del IAFA no es culpable de los conflictos personales o conflictos de interés que puedan desatarse entre autoridades de la institución; y, por tanto, nos parece una grosería, un irrespeto y un abuso usar, en el marco de tal controversia, a quienes con mística y dedicación trabajan en el tratamiento y rehabilitación en la institución, combatiendo día a día el flagelo de la adicción a las drogas, al alcoholismo y/o al consumo de sustancias psicoactivas.
El personal del IAFA labora con eficiencia, profesionalismo y mística y no es merecedor de la más mínima descalificación de su trabajo; menos si ello obedece a buscar justificar los errores, omisiones, intereses o malas prácticas de quienes en el ejercicio de sus cargos de dirección quieren distraer la atención.
Miente intencionalmente quien quiera señalar, sin pruebas, sin argumentos y atropellando derechos al personal del IAFA.
La ANEP, como representante oficial de los intereses del personal trabajador asalariado del IAFA, censura enérgicamente todo acto, sea de quien sea, que intente utilizar al colectivo laboral de esta entidad para sacar provecho propio.
Denunciaremos estas prácticas y estamos ofreciendo a tan digno personal trabajador, todo el acompañamiento que se requiera, incluyendo el apoyo jurídico. No vamos a permitir atropellos a la dignidad de los funcionarios y de las funcionarias de la institución.
La ANEP repudia, rechaza y condena los ataques infundados, carentes de toda prueba contra el personal asalariado del IAFA, mismos que podrían tener origen en otras intenciones.
Por tanto, exigimos a la más alta autoridad ministerial tomar medidas urgentes en la siguiente dirección
Dar inicio a una profunda investigación dentro del IAFA, en lo económico, en cuanto los programas y la administración de recursos. De encontrarse irregularidades, separar de inmediato a los presuntos responsables e iniciar los procesos pertinentes para que respondan por sus actuaciones.
Suspender todo acto, medida o similar intento tendiente a lesionar los derechos del conglomerado laboral del IAFA.
Ordenar el cumplimiento del estudio aprobado por el Consejo de Salud Ocupacional, respecto a las condiciones de trabajo, de riesgo y seguridad para los trabajadores de la institución.
Incorporar la representación de la Seccional ANEP-IAFA y al apoyo técnico profesional que la organización sindical considere, en aquellos temas de orden laboral tomando en cuenta acuerdos de partes previos suscritos.
Ordenar dar atención especial a la mesa solicitada por ANEP, para dirimir una agenda de temas bajo la mediación del MTSS, pendiente de resolver.
Realizar una actividad con el personal donde se brinde disculpas y se limpie clara y seriamente la imagen de quienes laboran en la institución, momento que puede ser aprovechado para que se exponga y se atienda las necesidades más sentidas y urgentes que tiene la población laboral del IAFA, en busca de mantener un clima de armonía y paz laboral, que devuelva la confianza perdida y ofrezca la paz laboral dentro del IAFA.
Nuestra organización será vigilante de las actuaciones al respecto y no descartamos otras medidas que valoraremos en su debido momento.
San José, lunes 20 de mayo de2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Seccional ANEP-IAFA
Seccional de ANEP en el Ministerio de Salud se reunió con el ministro para tratar tema de interinos
Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestiona al ICD por trabajar con Plan Nacional sobre Drogas desactualizado
–Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.
La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una vigencia hasta el año 2017.
Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.
Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.
Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los principales problemas que enfrenta el país en la materia, 2) documento de análisis conjunto de actores decisores políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como país se tiene que abordar de manera integral y equilibrada, 3) Uno en el cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que permitirá intervenir positivamente la realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores competentes.
“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó Anchía.
Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas o de manera omisa.
“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo 2013-2017”, agregó.
No es ninguna sorpresa que se baje la categoría en seguridad aeroportuaria por parte de la FAA
Cuando recibimos la noticia de la baja en la categoría asignada a Costa Rica, de parte de la Administración Federal de la Aviación (FAA), de aspectos de seguridad aplicados en Costa Rica, no nos sorprendimos, de antemano sabíamos que esto sucedería, y la cosa puede aún ser peor. Ya que se aproxima una Auditoria de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que con este precedente vendrá con una especial rigurosidad.
Nuestra organización sindical, cuenta con la digna representación de funcionarios que laboran en las distintas terminales aeroportuarias del país, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Profesional de Migración (PPME) y, por supuesto, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). Es por ello que, con conocimiento de causa se han cuestionado algunas de las decisiones, facilidades, convenios y administración que ha permitido y/ impulsado Aviación Civil, especialmente en materia de seguridad, donde ha quedado claro, carecen de un interés sobre el tema, o conocimiento real del mismo.
“En la Policía Aeroportuaria hemos participado activamente en las recomendaciones y confección de protocolos y procedimientos de atención de diferentes situaciones que se presentan, o previniendo, las que se podrían presentar. Hemos advertido también sobre el crecimiento de pasajeros que circulan en las terminales aéreas, y el desmejoramiento del personal ante esta situación, situaciones que se vuelven desventajosas para las diferentes Policías que se encuentran en estas terminales aéreas”, afirma el presidente de la Seccional ANEP-SVA, Tony Chavarría.
Nuestro país afronta un crecimiento en la demanda del servicio aeroportuario, pero lamentablemente, de forma paralela la región entera experimenta un incremento de las actividades delictivas, sin mencionar la posibilidad de que llegue el momento en que nuestra patria observe actos de terrorismo. Por ello, desde ANEP abogamos a diario por establecimiento de verdaderas políticas criminales y de seguridad ciudadana. Pero de forma contraproducente (y posiblemente por un interés económico de particulares) en Aviación Civil, lejos de fortalecer el tema de la seguridad, lo debilita al imponer seguridad privada en la mayor puerta de ingreso y egreso de personas del país, la terminal de Juan Santamaría. Y eso se da ante el silencio cómplice y reprochable del Poder Ejecutivo.
Por ello reiteramos, no es sorpresa esta categoría asignada, es solo el primer reflejo de las pésimas decisiones tomadas por Aviación Civil en materia de seguridad aeroportuaria, en confabulación con el gobierno, que demuestra cada vez que puede, que sus intereses no son los mismos del pueblo, sino que comulga con las preocupaciones del gran capital neoliberal; y bueno, la seguridad no es tema prioritario.
ANEP pide investigar licitación otorgada por Municipalidad de San José para limpieza de tragantes por posible tráfico de influencias
–Denuncia fue presentada ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de San José, denunciaron ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República (CGR), la adjudicación otorgada por parte del Concejo Municipal de SanJosé a la empresa Maquinarias, Camiones, Grúas de Centroamérica (MCGSA-WUEISA) para realizar el servicio de limpieza de tragantes del sistema pluvial de San José.
La solicitud de la ANEP, que también fue presentada ante la auditoría interna de la Municipalidad, radica ante el posible escenario de un tráfico de influencias y otras figuras delictivas, debido a la forma en que se otorgó dicha licitación pública (2019LN-00000-0015499999), que consiste en el alquiler por demanda de un equipo hidrovaceador para la limpieza de 14 mil tragantes y 4.200 pozos.
Según los hechos denunciados, el Área Financiera de la Municipalidad de San José informó que la empresa MCGSA-WUEISA no logró demostrar la capacidad financiera requerida, siendo que no reportó ingresos en los años 2017 y 2018, por lo que estaría violentando el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Dicho artículo indica: “Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia”.
Sin embargo, la ANEP cuestiona que dicho criterio de la Dirección Financiera habría sido pasado por alto por parte del Gerente de Provisiones de Servicios del municipio josefino, emitiendo su propio criterio en el oficio GPS-396-2019, fechado el 26 de marzo, alegando que dichos incumplimientos financieros por parte de la empresa no deberían impedir el otorgamiento de la licitación. Con tal criterio, el Consejo Municipal toma el acuerdo de otorgar el contrato a la empresa MCGSA-WUEISA.
La denuncia también cuestiona que la empresa concursante habría traído el equipo especializado al país, esto, pese a desconocer si se le otorgaría la licitación. Situación que también se confirma en el oficio (del 26 de marzo) presentado por el Gerente de Provisiones. Finalmente el contrato fue aprobado el 2 de abril.
“Como puede verse, se colige que ya la empresa había invertido en la adquisición del equipo hidrovaceador nuevo, mismo que ya estaba en territorio nacional, por lo que lo obvio era garantizar el acuerdo del Concejo Municipal”, denuncia la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.
Ante estos hechos, la ANEP presentó las denuncias respectivas ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José para que se realice las respectivas investigaciones.
Sindicatos del Poder Judicial denuncian penalmente a presidente de la Asamblea Legislativa por presunto delito de Legislación en Provecho Propio
• Sindicatos Judiciales también interponen denuncia penal contra el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio
Por: Noily Ruiz, Periodista Sindicatos del Poder Judicial.
Cinco Sindicatos Judiciales presentaron la mañana de este lunes, dos denuncias penales contra los Diputados Carlos Ricardo Benavidez, Presidente del Congreso, y el Diputado del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio, fundamentados en el Articulo 48, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los legisladores mantenían una obligación tributaria con el Ministerio de Hacienda, que se vincula dentro de alguno de los presupuestos de la amnistía, que posteriormente, fue dispuesta en la Ley 9635, misma que votaron sabiendo que les beneficia.
Como Diputados de la Asamblea Legislativa, al ser potenciales beneficiarios de una eventual amnistía tributaria, votaron negativamente contra una moción de orden propuesta por el Diputado José María Villalta, para solicitar al Ministerio de Hacienda la lista de potenciales beneficiarios de dicha amnistía tributaria.
Entre el 2018 y 2019, el Diputado Vargas Víquez, canceló la suma de diecisiete mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilícito.
En el caso del Diputado Benavidez, entre los años 2018 y 2019 canceló la suma de un millón setecientos mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma igual beneficio.
Los Sindicatos del Poder Judicial solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes y se inicie con la investigación respectiva.
Sindicatos que interponen denuncia:
Luis Alonso Bonilla Guzmán
Secretario General del Sindicato de Servidores y Servidoras, Ex Servidores y Servidoras del Ministerio Público, SIMIPU.
Álvaro Rodríguez Zamora
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC.
Mario Alberto Mena Ayales
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD.
Hernán Campos Vargas
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.
Jorge Morales García
Secretario General del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD.
Conferencia de Prensa
Denuncia contra Carlos Ricardo Benavides
Denuncia Contra Carlos Rica… by on Scribd
Denuncia contra Otto Vargas
Denuncia Contra Otto Vargas by EugenioGuerrero on Scribd
Seccional Policía Profesional de Migración y Extranjería insistirá en capacitaciones para el Curso Básico Policial
La Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) insistirá y será vigilante de que todos los trabajadores reciban el curso básico policial.
La medida surge luego de que la administración iniciara, este lunes 13 de mayo, con el Curso Básico Policial Nº 11 para los oficiales de la PPME, el cual será impartido por instructores de la Academia Nacional de Policía en las instalaciones de la Policía, ubicada en Lagos de Heredia.
“Para la Seccional ANEP-PPME es un gusto de haber sido participe de las acciones realizadas en la mesa de diálogo con el Viceministro de Gobernación, Víctor Barrantes Marín, para que la administración coordinara con la Academia Nacional de Policía dicho curso, ya que el año anterior no se realizó ninguna capacitación”, comentó Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME.
Lea: https://anep.cr/seccional-policia-de-migracion-se-reunio-con-ministro-de-seguridad/
Aunque desde la Seccional se aplauden todos los esfuerzos realizados, también insistirá en que más de 100 oficiales que están trabajando sin el Curso Básico Policial lo reciban, recordemos que la Academia Nacional de Policía está en la obligación de impartir dichos cursos a los Oficiales de la PPME para la carrera policial.
Seccional Concesionarios del Cenada busca trabajo en conjunto con nueva Gerente General
La seccional ANEP-Concesionarios del Cenada se reunió con la nueva gerente general del PIMA-CENADA, Gabriela Brenes Mendieta con el objetivo establecer un trabajo en conjunto para el fortalecimiento del mercado.
Durante la reunión los concesionarios tuvieron la oportunidad de realizar consultas a la nueva Gerente General sobre el futuro del mercado a corto, mediano y largo plazo, así como la visión de los mercados mayoristas regionales.
Otros de los temas abordados fueron la modificación del reglamento interno del PIMA-CENADA; en temas como horarios, plaza, sectorización, entre otros.
También se abordaron puntos de comercialización de los diversos productos que se distribuyen en el mercado y la necesidad de posicionar externamente al PIMA-CENADA ante la ciudadanía.
Primer año de actividad parlamentaria: una Asamblea Legislativa que se olvidó de la gente
- Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria
Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:
Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.
Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!
“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.
Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…
“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.
No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.
Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.
Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.
