Patria Justa se reunió con la Conferencia Episcopal

Finalizada la reunión, los representantes de la Conferencia Episcopal resaltaron la importancia de entablar un diálogo nacional sobre la situación que atraviesa el país, a la vez que reconocieron las intenciones y esfuerzos de Patria Justa por sentarse a dialogar con diversos actores.

Patria Justa insta al diálogo para solucionar ataque mediático y ordenar el empleo público

A continuación le mostramos un compendio de diversas notas periodísticas, así como artículos.

1-2015-PATRIA JUSTA-Polarización-Confrontación-Ataque Mediático Al Empleo Público-Diálogo-Papel de La Prens…

Conferencia de Prensa sobre huelga general

La decisión de realizar la Huelga General Nacional fue respaldada por las ocho organizaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa como lo son ANEP, FITICE, SITRAPEQUIA, UPINS, SINAE, SINTRAJAP, SITRAP y SIPROCNP. – See more at: http://anep.or.cr/article/patria-justa-acuerda-realizar-huelga-general-nacio/#sthash.1a4FwGVW.dpuf

Patria Justa acuerda realizar Huelga General Nacional en el sector Público

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, acordó este lunes 07 de setiembre, en la sede del Sindicato de Trabajadores Portuarios (SINTRAJAP) en Limón, realizar una huelga general en el sector Público, para afrentar la agudización de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora del Sector Público.

Por lo tanto, el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa hace un llamado a los diferentes sectores sociales y sindicales involucrados en estas circunstancias, especialmente al grupo organizado en el Bloque Unitario Sindical Social Costarricense (BUSCCO), para iniciar conversaciones de inmediato, a fin de concretar los puntos en común y las características del movimiento.

La decisión de realizar la Huelga General Nacional fue respaldada por las ocho organizaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa como lo son ANEP, FITICE, SITRAPEQUIA, UPINS, SINAE, SINTRAJAP, SITRAP y SIPROCNP.

La fecha de la Huelga General Nacional será anunciada en fecha próxima.

Patria Justa se reunió con Ministro de la Presidencia por acciones de la ARESEP contra leyes laborales

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se reunió este jueves 3 de setiembre en Casa Presidencial, con el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, con el propósito de expresarle a éste y a todas las máximas autoridades políticas que Patria Justa se opone, radicalmente, a las actuales acciones ya en ejecución y otras por venir promovidas desde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en contra del Estado de Derecho que todavía está vigente en el país, en contra de la propia Constitución Política de Costa Rica, en contra de las leyes laborales y su jurisprudencia, así como en contra de los tratados que el país tiene firmados y ratificados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa, indicó que “las ilegales, provocadoras e incendiarias acciones de la ARESEP para desconocer derechos socio-laborales consolidados en instrumentos clásicos del Derecho Laboral Colectivo, como lo son las Convenciones Colectivas de Trabajo, a la hora de considerar ajustes tarifarios (como lo está haciendo en el caso de la RECOPE y otras que anuncia ya en la prensa nacional), pulverizan la paz social y abren paso a la confrontación social abierta con consecuencias insospechadas”.

“No puede la ARESEP, a riesgo, repetimos, de incendiar el país, saltarse la Constitución Política, legislar saltándose el parlamento, abrogar el Código de Trabajo y renegar del Derecho Internacional en materia laboral; con su provocadora acción de desconocer la legislación laboral colectiva plasmada en nuestra propia carta magna y en contra de la propia filosofía que la anima, cual es la del Estado Social de Derecho, de Bienestar cuya esencia no ha podido ser modificada por quienes lo desean convertir en Estado Neoliberal, puro y duro; y que, por las dificultades que afrontan para tal propósito, prefieren el dictado de facto, saltándose la legalidad y la Constitución, abriendo vía libre a, nuevamente lo reiteramos, a incendiar el país con la confrontación social abierta”, dijo Vargas.

Por su parte Fabio Chaves, Subcoordinador de Patria Justa y Coordinador General del FITICE, indicó que el Gobierno de la República no puede quedarse “viendo los toros desde la barrera” en esta delicadísima situación

“En nuestra perspectiva, representa el banderazo de salida para una huelga general, la cual podría ser liderada por las organizaciones sindicales del ICE y de RECOPE, junto a las otras a las cuales la ARESEP les está anunciando hoy mismo medidas del mismo corte antijurídico e ilegal; así mismo ampliar la agenda del movimiento con otros puntos igualmente explosivos y que están en desarrollo, como la cruzada contra los recortes presupuestarios irreflexivos, irracionales, irresponsables y desestabilizadores”, manifestó Chaves

Ante esta situación, en Patria Justa consideran pertinente que el Gobierno de la República debe actuar con urgencia, con verdadera urgencia y, como primera medida, proceder a ejecutar la recomendación parlamentaria que se formuló en el seno de la Comisión de Control del Gasto Público de la Asamblea Legislativa para la destitución de la actual directiva de la ARESEP. Según Albino Vargas “hemos llegado a un punto tal que el dilema entre la continuación provocadora de su permanencia vs. la paz social. El Gobierno debe escoger”.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA ha propuesto el diálogo social en el tema del Empleo Público; varias de las organizaciones integrantes de este conglomerado están en negociaciones de sus propias convenciones colectivas; además han planteado una revisión estratégica de la evaluación del desempeño; entre otras acciones propositivas para buscar la mejor salida para la clase trabajadora, para el país, para la paz social.

ANEP pedirá intervención de la Defensoría

El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, ha anunciado con bombos y platillos que el proyecto de presupuesto “general de la República” para el 2016, será el más “austero” en los últimos 10 años, pues apenas tendrá un “imperceptible”crecimiento del 0.5 % con respecto al del 2015.

Además, anunció que antes de su llegada al parlamento, prevista para mañana martes 1 de setiembre, ese proyecto de presupuesto “general de la República” ya fue recortado (“macheteado”), en casi 400 mil millones de colones. Exactamente, 384.650 millones de colones, equivalentes a un 1.40 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, indicamos a la opinión pública nacional, al personal de los servicios públicos cubiertos por ese presupuesto “general de la República”; así como a la población usuaria de los mismos, especialmente aquella que más ocupa de ellos por sus condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, lo siguiente:

PRIMERO: En realidad, no se trata del presupuesto “general de la República”. La Asamblea Legislativa solamente tiene incidencia en el 40 % de la presupuestación general anual de todo el Estado. El otro 60 % se tramita, en discrecionalidad, por la “poderosa”Contraloría General de la República (CGR). Debería llamarse, lo que llega mañana al parlamento, el presupuesto “general de la Administración Central del Estado”.

SEGUNDO: Reiteramos nuestra más rotunda oposición a los recortes de carácter irreflexivo, irresponsable, irracional y desestabilizadores. Especialmente, nos enfocamos en los siguientes ámbitos de política pública que ya han venido sufriendo este tipo de recortes y que más “macheteadas” presupuestarias de esta naturaleza, harán crisis total en la prestación de importantes servicios públicos destinados, supuestamente, a combatir la exclusión y la desigualdad. Veamos estos ejemplos:

El deterioro de la atención de los chiquitos que se atienden en los CEN-CINAI

La naturaleza violenta que muestra ya el deterioro del Sistema Penitenciario Nacional, haciendo dramática la convivencia intramuros carcelarios, tanto para su personal como para la población privada de libertad, agravándose con más recortes.

Los riesgos de profundizar deterioro en programas de atención primaria y preventiva en Salud, especialmente los de la cartera ministerial de Salud; en zonas altamente vulnerables, como las costeras y las fronterizas, mismas que están excluidas de los beneficios del crecimiento económico; regiones en las cuales se manifiestan enfermedades que el país había ya erradicado.

El aumento de los riesgos de convivencia civil en comunidades vulnerables y marginadas, por el deterioro presupuestario de la Seguridad Ciudadana (Fuerza Pública); comunidades que según nuestra perspectiva vienen “mexicanizándose”.

El incremento de la debilidad de la política pública en cuanto a control migratorio, pues la carenciada situación de financiamiento presupuestario, especialmente en cuanto a la necesidad de más recurso humano.

La “matazón” en las carreteras nacionales seguirá generando gran dolor y enormes costos pues el debilitamiento de la política pública en materia de seguridad vial (Policía de Tránsito), llega ya a niveles intolerables.

Más recortes presupuestarios en los ya extenuados programas institucionales de los parques nacionales y de las áreas de conservación, arriesgan su propia existencia y la economía turística que generan.

TERCERO: En tal sentido y como primera acción, tocaremos las puertas de la Defensoría de los Habitantes de la República, para que su jerarca, Monserrat Solano Carboni nos ayude a auscultar la profundidad y la gravedad de recortes (los que ya hizo el Poder Ejecutivo y los que podrían darse en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa). Nos motiva a acudir a esta entidad, los contenidos de la nota que con fecha 19 de mayo de 2015 (su oficio DH-0338-2015), la indicada funcionaria le dirigió a Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, en torno a toda esta problemática.

CUARTO: Es imperioso que el país sepa con toda claridad cuál es el nivel de endeudamiento que Costa Rica tiene en estos momentos; cuál es la realidad del principal y cuál es el monto de intereses a pagar durante el 2016 en ese presupuesto “general de la República”. Necesitamos saber qué estamos sacrificando para honrar una deuda y unos intereses, verdaderamente expoliadores, de las finanzas del Estado.

QUINTO: Realizaremos nuestro mayor esfuerzo por informar plenamente para un involucramiento activo tanto a los grupos sociolaborales afectados por estos recortes, de la población usuaria de los mismos y de otras organizaciones de diversa naturaleza; buscando una gran unidad civil, al menos en la acción, para enfrentar esta difícil coyuntura; coyuntura que, esencialmente, tiene fundamento en un sistema tributario integralmente regresivo que castiga a los que menos tienen y los que no tienen ninguna responsabilidad en ello, con esto del déficit fiscal.

Salida de “reos no peligrosos”es una medida “desesperada”

La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, ha comunicado al país la salida del encierro total en prisión de unas 1.500 personas privadas de libertad, hacia regímenes de libertad vigilada, en condición de semi-institucionalización.

La aspiración meramente cuantitativa de reducir la sobrepoblación carcelaria, de un 52 % a un 20 %, con la indicada decisión, por más bien intencionada que se esté fundamentando e, incluso, invocándose un “cambio de paradigma”; no resuelve el grave problema de fondo, ya puntualizado por ANEP hace bastante tiempo y, ahora, agravado por el fundamentalismo neoliberal sobre el manejo nacional del déficit fiscal.

Al respecto, desde la ANEP planteamos lo siguiente:

1) Seguimos defendiendo nuestra posición acerca de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis. No es un problema de una determinada administración gubernativa. Tiene que ver con cuestiones estructurales. Básicamente, la relación-contradicción entre prisión vs desigualdad; entre hacinamiento vs tratamiento; entre derechos humanos vs exclusión intramuros carcelarios; entre crecimiento del internamiento penitenciario vs. reducción sistemática de recursos humanos, materiales e infraestructurales.

2) La aplicación de recortes presupuestarios para el 2016, por el orden de los 24 mil millones de colones, puede considerarse como el preludio de situaciones realmente peligrosas a lo largo del año entrante, mismas que podrían repercutir en pérdida de vidas humanas al interior de las cárceles; amén del incremento en el deterioro de la convivencia cotidiana intramuros carcelarios por las carencias de todo tipo y la acumulación de tensiones y de alto estrés, tanto en el seno del propio personal penitenciario como en la comunidad privada de libertad; y, a la vez, incidiendo en la conflictividad creciente en las relaciones entre ambas.

3) Debemos considerar que la estrategia inter-gobiernos de debilitamiento del Sistema Penitenciario Nacional, inversamente proporcional al crecimiento de la criminalidad y la sofisticación de la misma, así como la tendencia judicial hegemónica del encierro; podría estar sirviendo para potenciar intereses privatizadores de las cárceles nacionales y/o de sus servicios, alegándose “incapacidad” estatal e “insostenibilidad” presupuestaria. Ya en el pasado hubo una intentona al respecto.

En consecuencia, Hacemos un llamado a toda la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional; a su personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad; a sus jefaturas y a su correspondiente personal subalterno; para que en gran unidad por la supervivencia institucional, exijamos, en la calle y en fechas próximas, vía movilización pacífica, la restauración de los 24 mil millones ya recortados, la primera “macheteada” en el proyecto de presupuesto para el 2016, cuando la cartera de Hacienda tramitó las peticiones presupuestarias originales de su homóloga de Justicia y Paz.

Igualmente, hacemos un llamado a los diputados y a las diputadas para que más allá de los posicionamientos ideológico-políticos en el tema del déficit fiscal, no apliquen al Sistema Penitenciario Nacional un segundo recorte, una segunda “macheteada”; y, por el contrario, restauren los 24 mil millones y cercenados.

Por el contrario, les solicitamos que reparen en la gravedad de una de las instituciones de la política costarricense más sacrificadas por estos enfoques fiscales de recortes presupuestarios por el recorte mismo: el Sistema Penitenciario Nacional; cuyo personal, prácticamente invisibilizado socialmente, desempeña un quehacer en condiciones totalmente precarias y peligrosos para sus propias vidas; pero, a la vez, ha sido su compromiso abnegado y su vocación de sacrificio por el país, lo que ha evitado tragedias mayores en las cárceles nacionales.