Condenamos traslados abusivos y prepotentes de los compañeros policías penitenciarios de Finca La Paz

Honorable y respetada señora Ministra de Justicia y Paz, Dra. Ana Isabel Garita Vílchez: Respetuosos saludos.

De manera muy urgente, la ANEP le solicita la más firme decisión interventora de parte de su despacho para detener el grave atropello que con traslados abusivos están sufriendo los servidores de la Policía Penitenciaria, señores GERARDO ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, LUIS GUSTAVO MONTOYA CARRANZA, ALLAN CHAVES ULATE y FULVIO CÁRDENAS; quienes venían prestando sus servicios destacados en la Finca La Paz (centro semi-institucional de San Ramón – régimen abierto), a los cuales, abruptamente, sin mayores razones de peso, sin justificación alguna, se les ordenó desplazarse hacia otros centros, sin mediar ninguna causa justificada y sin un debido proceso previo; así decidido por la Dirección Nacional de la Policía Penitenciara y su correspondiente subdirección.

Informes en poder de la ANEP indican que tales traslados habrían sido solicitados por la señora Giselle Jackson, directora de ese centro penal, habida cuenta de un problema con una vecina de la comunidad, en el cual ninguno de los cuatro afectados tuvo nada que ver. Tenemos entendido que la señora Jackson se habría molestado por el traslado anteriormente ordenado del servidor Rodolfo Azofeifa, quien fue la persona que tuvo el altercado con la vecina. Considera la ANEP que si hay un enojo de la señora Jackson por esta última decisión, en nada justifica los traslados de los otro cuatro compañeros aquí mencionados, quienes no tenían nada que ver con el altercado con la vecina.

Señora Ministra: Se la hecho un gran daño a los primeros tres servidores aquí nombrados, todos los cuales tienen padecimientos delicados que se pueden probar con epicrisis médica y que estaban en ese centro a raíz de sus correspondientes estados de salud, con el criterio favorable incluso de la sección de Salud Ocupacional de la institución; y, en el caso de don Fulvio su avanzada edad le hace estar cercano a la pensión y ajustó mucho tiempo trabajando en el CAI-La Reforma a donde le han retornado, causándole un daño emocional, tanto como es el daño emocional sufrido por don Gerardo, don Luis Gustavo y don Allan.

Respetuosamente señora Ministra, repetimos, urgimos de su inmediata intervención y de que usted ordene la más contundente investigación para esclarecer la naturaleza de este abuso de autoridad y de prepotencia jerárquica que para la ANEP es imposible dejar pasar desapercibido. Pero para reparar de inmediato tal injusticia, le solicitamos señora MInistra que usted ordene, como máxima jerarca institucional, que estos traslados queden sin efecto, instantáneamente y se repare, el algo, el dolor y la humillación que han sufrido estos cuatro compañeros de la Policía Penitenciaria.

Le agradecemos su pronto respuesta al efecto.

El sueño de un migrante, un viaje hacia lo desconocido

En la actualidad millones de personas en el mundo se mueven de sus lugares de origen hacia otros territorios con el fin de buscar mejores condiciones de vida y, en ocasiones, el sustento para sobrevivir. La migración no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de los países de la periferia capitalista. En el caso de la migración de clase trabajadora, se trata de desplazamientos de seres humanos, casi siempre forzosos, cuyo origen se encuentra en la exclusión económica, las crisis políticas (guerras, exilios, persecución, inestabilidad, entre otras), la visión idealizada sobre un país determinado o debido a los desastres sociales propiciados por eventos naturales.

Este escenario es el que viven miles de personas nicaragüenses que dejan atrás toda una vida, sueños y familias en su natal Nicaragua; arriesgando hasta la vida propia por buscar una mejor condición de vida en su vecino país Costa Rica, ubicado en América Central. Sin embargo en ocasiones ese sueño de superación es un viaje hacia lo desconocido, y casi que dejado a la suerte misma.

Esa es la historia de Guillermo Aburto un ciudadano nicaragüense de 43 años de edad, que a los 16 años de vida, decidió dejar todo atrás en Nicaragua y vivir ese sueño de todo migrante nicaragüense que decide enrumbarse hacia Costa Rica en busca de la llamada felicidad.

Para contarnos su historia de sobrevivencia, Guillermo nos recibió en la humilde, pero acogedora casa de su hermana (Cristhi), ubicada en la Ciudadela La Carpio al noroeste de San José, Capital de Costa Rica, en donde adquirió una vivienda hace más diez años, pero por la cual aún no tiene un título de propiedad. Esta comunidad surgida de una invasión de terrenos pertenecientes al estado costarricense, realizada entre 1993 y 1994 es una de las zonas de mayor pobreza en el país centroamericano y en algún momento una de la más conflictivas y en donde se encuentra asentada la mayor cantidad de migrantes nicaragüenses.

La Carpio tiene una extensión de 23 kilómetros 618 metros cuadrados y en ellas residen unas 5 mil familias, poco más de 32 mil habitantes de los cuales la mitad son nicaragüenses, está rodeada al sur y al norte por dos de los ríos más contaminados de Costa Rica, el Río Virilla y el Río Torres. Hacia el oeste en “su patio” se encuentra un botadero de basura a cielo abierto, que recolecta más de 700 toneladas de desechos por día provenientes de San José, el cual se encuentra a pocos metros de las casas y que desprende malos olores que invaden las humildes viviendas, unido al continuo regadero de caldos mal olientes que los camiones recolectores dejan en las calles de la comunidad. Y por si fuera poco y para empeorar la situación a la entrada de La Carpio, autoridades gubernamentales ya construyen una enorme planta de tratamiento de aguas negras.

Al humilde barrio sólo se puede entrar mediante una angosta calle de dos carriles, San José, la capital de Costa Rica, quedó atrás. Casi se podría decir que también lo hizo el país. En tan sólo diez minutos el paisaje ha cambiado de forma radical, como si existiese una frontera invisible. Nada más lejos de la realidad. La asombrosa aglomeración de tejados de lata es parte del paisaje, incluso muchos costarricenses ni siquiera saben que está allí o existe… ahí estaba Guillermo quien ya nos esperaba para contarnos su historia de sobrevivencia, superación y sueños, muchos de los cuales se quedaron en la irrealidad.

Ya en la casa de su hermana, a la cual se llega por estrechas calles que han sido prácticamente construidas por los propios vecinos, debido al abandono gubernamental, Guillermo oriundo de la localidad de Diriamba, Carazo ubicada a unos 42 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua nos cuenta el por qué a finales de la década de los 80’s e inicios de los 90’s y con 6 años de edad puso en riesgo su vida al cruzar la frontera con Costa Rica de forma ilegal, en busca de una mejor calidad de vida, lejos de los enfrentamientos armados y pobreza que vivía en aquel entonces su país.

En aquella ocasión Guillermo debió abandonar su país natal en el momento en que Nicaragua pasaba por un conflicto armado debido a la dictadura del partido Sandinista, que incluso llevó a la intervención de los Estado Unidos, que bloqueo económicamente al país centroamericano sumiéndolo aún más en la pobreza. Debido a esto una guerra interna se desató en Nicaragua y el gobierno obligaba a sus habitantes a realizar el servicio militar, ahí es donde inicia la historia de Guillermo.

Debido al conflicto y el temor por su vida Guillermo decide dejar a su madre y hermanos para enrumbarse hacia Costa Rica en busca de seguridad y con la intención de evitar a toda costa el servicio militar que prácticamente significaba entregar su vida.

Sin embargo esa decisión lo llevaría a pasar 8 días de angustia, hambre, terror y lo que menos se imaginaba poner en riesgo la vida misma, ya que en ese intento de dejar Nicaragua transitando por zonas montañosas podía ser sorprendido por grupos armados, que no dudarían en descargar sus armas en contra de cualquier persona.

“Recuerdo que de Diriamba salimos 5 compañeros de colegio hacia Costa Rica huyendo del servicio militar, tuvimos que caminar 8 días por la selva, bajo fuertes tormentas y durmiendo a la intemperie, sin embargo a los 4 días de haber iniciado la travesía ya la comida se había agotado, por lo que nos alimentábamos de frutas y lo que entrabamos en el camino, esto unido el temor de ser atrapados por grupos armados solo dormíamos dos horas diarias, incluso en varias ocasiones nos escondíamos por horas de estos grupos”, dijo Guillermo.

Al llegar a la frontera con Costa Rica a los 5 compañeros solo les faltaba por cruzar el río San Carlos, límite natural que los alejaba de su seño de paz, río que en algunos tramos su ancho de margen a margen puede llegar a los 100 metros, la única opción era cruzarlo nadando. En ese intento de hacerlo casi pierden su vida, ya que uno de los migrantes fue arrastrado por una correntada, al ver esto según narra Guillermo, los demás compañeros se tiraron al río a recatar a su amigo.

Tras ocho días de hambre, largas caminatas por la selva, soportar intensas lluvias y por poco morir ahogados; los cinco amigos que salieron de Diriamba llegaron a su destino, Boca Arenal de San Carlos al norte de Costa Rica a más de 300 kilómetros de San José, en donde permanecieron por más de 6 meses alejados de la guerra de su país y buscando un mejor futuro. Situación que no sería como ellos lo esperaban.

Ya asentados en Costa Rica, pero aún ilegales, la necesidad de trabajo era primordial para sobrevivir, lo que llevaría a Guillermo y sus compañeros a trabajar en un Ingenio de Caña, en donde las jornadas laborales suelen superar las 12 horas diarias y las condiciones laborales para los migrantes son humillantes y con salarios extremadamente bajos, que en aquel tiempo oscilaban en los 9 mil colones (moneda costarricense) por quincena, es decir unos 73 dólares americanos en aquel entonces.

“Trabajar ahí era como estar en el infierno, ya que para cortar la caña primero le prenden fuego a la plantación y detrás de las llamas van los trabajadores cortando con cuchillo para preparar el terreno para la próxima siembra…era un infierno… ahí estuvimos dos años” relata Guillermo que con pesar pero agradecimiento recuerda esos días.

El deseo de superación y una mejor calidad de vida obligan a Guillermo y sus amigos a emigrar hacia la capital costarricense en busca de mejores condiciones laborales que les permitan “no vivir bien…si no sobrevivir”, sin embargo ese panorama no cambiaría mucho y conforme avanzaron los años más bien empeoraría.

“Ya en San José en el año de 1993 empezamos a trabajar en la construcción, en donde los salarios no mejorarían en mucho y nos pagaban 7.500 colones (53 dólares en la época) en ese tiempo la vida no era tan complicada para el inmigrante, porque estaba recién pasado el problema de la guerra entonces había una acogida. A partir del 98 las cosas se complicaron empezaron a estafar a explotar al inmigrante, al trabajador lo contrataban un mes y los despedían sin derecho a nada, no les pagaban, no les daba prestaciones, no los aseguraban, la situación se tornó muy complicada fue un giro en el ambiente”, manifiesta Guillermo.

Incluso Guillermo nos relata que trabajó para una empresa constructora durante cuatro años, en donde parte de su salario fue tomado e ingresado a una supuesta cuenta de ahorros de los trabajadores. Sin embargo después de cuatro años la empresa se declara en quiebra, dejando a los trabajadores migrantes completamente desprotegidos y sin otorgarles los supuesto ahorros que durante cuatro años había guardado con tanto esmero.

Incluso Guillermo nos cuenta que en su natal Nicaragua y antes de migrar hacia Costa Rica no vivían tan mal, sin embargo la situación de guerra interna de su país lo obligó a hacerlo. “Voy a ser muy sincero, en el tiempo que estuve en Nicaragua teníamos un estilo de vida regular, acá en Costa Rica estamos viviendo de regular hacia abajo, porque después del año 2000 se ha complicado considerablemente, ya que las empresas pagan muy mal y maltratan al trabajador migrante”.

A esta situación de Guillermo y muchos nicaragüenses radicados en Costa Rica, se suma la soledad de haber dejado a toda su familia atrás. “Es una aventura muy difícil, haber abandonado a la familia fue un golpe psicológico bastante fuerte. No le escribí a mi familia y ellos me daban por muerto, les escribí hasta el tiempo, pero no recibí respuesta. Después de tres años por cosas del destino encontré a mi hermana en una calle de San José, fue algo espectacular e increíble”.

Ya han pasado casi 23 años desde que Guillermo dejó Nicaragua para buscar una mejor calidad de vida, sin embargo el estilo de vida de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica no ha cambiado en mucho desde entonces y continúan siendo sometidos a discriminación, abusos laborales y algunos casos violentando los derechos humanos.

“Ahora el trato es peor, algunas empresas primero los amenazan con denunciarlos con la Policía de Migración, los contratan y los hacen trabajar tiempo extra, hasta jornadas superiores a las 12 horas, a veces ni les pagan ese trabajo extra, algunas empresas no los aseguran y aplican una especie de esclavitud”, asevera el nicaragüense.

Por esta razón Guillermo, quien ya cuenta con la residencia costarricense decidió trabajar desde hace unos años por sus propios medios en la construcción, para evitar este tipo de maltratos, mala paga y humillaciones. Sin embargo esta situación no ha garantizado para él y su familia una estabilidad económica, ya que en ocasiones ha estado sin trabajo durante dos o tres meses, subsistiendo con un pequeño empleo que tiene su esposa también nicaragüenses. Incluso nos cuenta que en algunas navidades su familia decide acostarse a dormir a las 5 de la tarde, debido a que no cuentan con dinero para una cena o los acostumbrados regalos de la época.

El sol empieza a bajar su intensidad en La Carpio y la lluvia empieza a asomarse, señal de que es el momento de despedirnos de Guillermo, no sin antes detallarnos sus sueños a futuro, el cual gira en uno solo; regresar a su natal Nicaragua junto a su esposa y adquirir una pequeña finca para dedicarse a la agricultura, ya que nos indica que por las condiciones de pobreza y poco desarrollo en su país, no podría sobrevivir con la misma profesión que realiza en Costa Rica.

Nuestra salida de La Carpio no pudo pasar inadvertida, y en las afueras nos espera un grupo de unas cinco cabras, animales que rebuscaban desesperadamente entre la basura algo que comer, mezclándose con el escenario de pobreza y un grupo de niños que jugaban al fútbol… estos últimos olvidándose por un momento de la dura situación y el abandono en que los sume en ocasiones un gobierno.

De regreso a San José el panorama de tejados de lata y calles angostas y de piedra han desaparecido, por lujosas torres habitacionales que se aprecian al oeste de la capital tica y un desarrollo deseado por muchos habitantes de La Carpio. Ahí nos encontramos con Carlos Guzmán, Presidente de la Seccional (ANEP-FNT) Trabajadores Migrantes en Costa Rica quien nos detalla un poco del trabajo que realiza dicha organización desde el año 2010 junto al Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua, para hacer valer los derechos de los trabajadores migrantes.

Incluso estas organizaciones consolidaron la posibilidad de estructurar un convenio pro ayuda y orientación legal al trabajador migrante nicaragüense en suelo costarricense.

“Ya se han desarrollado actividades en la zona de San Carlos (norte de Costa Rica) para tener acercamiento directo con trabajadores de las empresas piñeras, bananeras, cultivo de naranja y yuca en donde los hermanos nicaragüenses adolecen de la violación de sus derechos laborales, como la explotación en el tiempo laboral, el no pago de sus horas extras, no pago de salario mínimo de ley, carecen de seguro social entre otras tantas cosas; que perjudican la estabilidad laboral, social y emocional del trabajador nicaragüense”, según detalla Guzmán.

El propio Guzmán indicó que en una de estas fincas les pagaban a los trabajadores con fichas plásticas con un valor cercano a los $6, siendo obligados a canjearlas por víveres en establecimientos específicos y si deseaban cambiarlas por dinero en efectivo el valor de la ficha disminuían a $5 dólares.

“También tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de trabajadores que habían sido despedidos varios meses atrás por una empresa dedica a la exportación de piña, ahí logramos agrupar a más de cien trabajadores migrantes y se logró estructurar una demanda por más 200 mil dólares en contra de la empresa, al recibir esta la notificación judicial se vio obligada a realizar un plan de pago sistematizado para los trabajadores y se logró que estos pudieran recuperar sus dinero”, explicó Guzmán.

Para Albino Vargas, Secretario General de la ANEP es necesario implementar mecanismos y capacitaciones para los trabajadores nicaragüenses, con el objetivo de que conozcan la legislación costarricenses y para ello trabajan en conjunto con el FNT de Nicaragua, a la vez que indicó que la mayor explotación laboral se da en plantaciones agrícolas, empresas de autobús y de seguridad privada. “Buscamos que la mayor cantidad de trabajadores nicaragüenses estén bajo la protección de la seguridad social costarricense”.

Precisamente este es el objetivo de ANEP-FNT crear una justica social para el trabajador nicaragüense migrante, para que se hagan valer sus derechos laborales en suelo costarricense y para ello realizan constantes reuniones con estas personas que permitan crear una vida digna para los más de 450 mil migrantes que radican en Costa Rica, de ellos el 80% es mano de obra activa, de los cuales el 35% están de forma irregular en suelo tico. Por eso el plan primordial de esta organización es combatir el desconocimiento de las leyes migratorias regulatorias costarricenses para el nicaragüense que busca ese sueño hacia lo desconocido.

Jerarcas de la Fuerza Pública “se sacan el clavo” con la ANEP: pretenden silenciar al máximo dirigente de la ANEP en la Fuerza Pública

Esgrimiendo débiles argumentos de tipo administrativo, pasándole por encima a la estatura jurídica de los tratados internacionales firmados por el país en materia de Libertad Sindical, el Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, le ha indicado al compañero Máinor Anchía Angulo, actual integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, que no podrá continuar, a tiempo completo, ejerciendo su labor sindical en defensa de los derechos laborales de sus representados y compañeros de trabajo en la Fuerza Pública; tal y como se solicitó para una prórroga de su licencia sindical al efecto, misma que debe regir partir del próximo 16 de enero de 2014.

Tal licencia ya venía siéndole otorgada a nuestro dirigente Anchía por dos períodos continuos, de seis meses cada uno, a partir del 16 de enero de 2013. Valga indicar que esta licencia no está sufragada con fondos públicos, sino que son los dineros de la ANEP los que pagan el salario de nuestro compañero Anchía; hoy por hoy, un legítimo líder sindical sumamente respetado y querido en el seno del conglomerado laboral de la Fuerza Pública.

La denegatoria que hace el Ministro Zamora ante la nueva petición de la ANEP para tal prórroga, merece nuestra más enérgica condena. Además, la ANEP interpreta tal acción con un fuerte contenido antisindical y como una especie de “sacada de clavo” por parte de las jefaturas de la Fuerza Pública, dada la valiente y sistemática actitud del citado dirigente de la ANEP, no solamente en la defensa de los intereses de sus compañeros y de sus compañeras de la Fuerza Pública; sino por ventilar, de manera pública, un cúmulo de situaciones que han dejado en evidencia que las cosas no han andado bien en el principal cuerpo policial del país y que en éste, hay grandes déficits de transparencia que deben ventilarse ante la opinión pública.

Esto es más que necesario en la búsqueda de más eficiencia y eficacia en el estratégico servicio de la Seguridad Ciudadana, pero con verdadera justicia laboral y social para sus policías y, sobre todo, al respeto pleno que merece su dignidad en cuanto integrantes de la clase trabajadora en este estratégico servicio público.

Como primera acción para parar esta agresión y esta vana intentona de acallar a la ANEP y al compañero Anchía, la organización ha pedido, directamente y vía telefónica, la intervención urgente del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), don Olman Segura Bonilla. Se espera para las próximas horas una comunicación del mismo en tal sentido.

La ANEP está, desde ya, diseñando diversas acciones y en varios escenarios para defender la plena Libertad Sindical en la Fuerza Pública; y para que se dé para siempre la sepultura del miedo y de la intimidación, perversas prácticas antidemocráticas que la acción valiente de nuestro compañero Anchía ha dejado en evidencia clarísima, para el malestar de algunos integrantes de la máxima cúpula policial del país en la Fuerza Pública.

Por demás, resulta inaudito que el señor Ministro Zamora, que salió de la Defensoría de los Habitantes de la República para esas labores ministeriales, y a la cual ha de volver terminada su gestión, ignore que los convenios de OIT en esta materia de Libertad Sindical, son leyes de la República debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa; y que, por tanto, un reglamento autónomo de rango jerárquico-legal muy inferior a un tratado internacional, no puede esgrimirse para cercenar un Derecho Humano, universalmente reconocido, como lo es la Libertad Sindical que hoy él le está atropellando a nuestro máximo dirigente laboral en la Fuerza Pública.

Hacemos una exhortación vehemente al Ministro Zamora para que reconsidere tan errática y deplorable decisión antidemocrática en materia de Libertad Sindical y que rectifique lo pertinente. Hemos de proceder con toda nuestra fuerza y con toda voluntad para detener tan arbitrario acto.

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Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
Honorable señora Licda. Leda Villalobos Villalobos, Jefa del Departamento de Relaciones de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Estimados señores y estimada señora: Respetuosos saludos. Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; invocamos las disposiciones legales que son en concernirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); para que ejerciendo su rol jurídico de “amigable componedor” de las relaciones obrero-patronales, proceda a convocar a audiencia conciliatoria, en el caso que de seguido exponemos, a:

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía, al fax No. 2226 0726; correo electrónico: ministrodespacho@gmail.com

Licda. Lys Espinoza Quesada,Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública. Fax No. 2226 5541; correo electrónico: lespinoza@ministeriodeseguridadpublica.go.cr

Asunto único a tratar: Negativa ministerial a una nueva prórroga de Licencia Sindical, SIN GOCE SALARIAL, a favor de nuestro dirigente Máinor Anchía Angulo, integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, en representación de las personas trabajadoras asalariadas de la Fuerza Pública, socias de la ANEP; argumentando una débil razón reglamentario-administrativa que está muy por debajo del rango jurídico de la normativa internacional OIT, ratificada por Costa Rica en materia de Libertad Sindical, según leyes emitidas por la Asamblea Legislativa; decisión que nosotros consideramos como una represalia política en función de la amplia actividad sindical de nuestro dirigente, a nombre de la ANEP; actividad no solamente en función del ejercicio de representación de los intereses económico-sociales de quienes son afiliados y afiliadas a la ANEP en la Fuerza Pública, sino por plantear delicados asuntos institucionales con relación a lo labor que dejan ver problemas de transparencia en el ejercicio de tan delicada tarea de seguridad ciudadana. Estima la ANEP que se trata de una especie de represión antisindical por el rol dirigente que ha venido asumiendo el señor Anchía a nombre de esta organización y que es de amplia notoriedad pública, incluso, por su difusión mediática. Además, tal decisión le cercena el derecho a nuestros agremiados en la Fuerza Pública a ser representados en sus intereses sociolaborales por la persona que ellos eligieron para tal fin y según nuestra leyes: don Máinor Anchía Angulo, también policía de la Fuerza Pública.

Solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dado que la nueva licencia sindical deberá regir a partir del próximo 16 de enero de 2014, esta audiencia se realice antes de esa fecha a fin de evitar mayores deterioros de la relación obrero-patronal en una ente de servicio público tan sensible como la Fuerza Pública.

Anticipadamente agradecemos la valiosa atención a esta urgente petición.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yosewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
cc.: Sr. Máinor Anchía Angulo, Directivo Nacional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Archivo.

ANEP logra histórica reinstalación de policías


Denuncian jefe policial y los quitan de puesto

Notifican a 5 policías de Montes de Oca para cubrir fronteras

Por: Alejandra Portuguez Morales
aportuguez@diarioextra.com

Desconcertados permanecen cinco oficiales de la Fuerza Pública destacados en la delegación de Montes de Oca, San José; quienes en apariencia fueron trasladados a otros puestos fuera del Área Metropolitana y deberán ejercer como policías de Fronteras; luego de que denunciaran una serie de anomalías que al parecer ocurren en la oficialía jefeada por un policía de apellido Barrera.

Se trata de los experimentados uniformados de nombre Roy Serrano, con 14 años de experiencia, Ronny Carvajal con 7 años en el ministerio, Michael Agüero con seis años como policía, Diego Miranda con 5 años y Steve Gutiérrez con 3 años de servicio.

Aunque el reclamo fue interpuesto el anterior 29 de agosto e iba dirigido para el comisionado Marlon Cubillo, la respuesta les llegó por parte del comisionado Pablo Bertozzi según consta en los documentos de los cuales DIARIO EXTRA guarda copia.

Si bien es cierto todos los policías de fronteras deben de aprobar un curso dado en la Escuela Nacional de Policía; así lo afirmó al periódico de más venta en Costa Rica Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública.

Pero al ser cuestionado, sobre esta situación, aseveró que “cualquier uniformado sirve en donde se le requiera”. Seguidamente indicó que las aparentes anomalías fueron elevadas al departamento del disciplinario legal. “A partir de la investigación preliminar poder determinar consecuentemente qué sigue, si hay alguna responsabilidad, determinarla y sancionarla de manera inmediata en caso de que no se determine nada, haberle dado el curso necesario de la denuncia”, mencionó.

Con respecto al traslado de los oficiales acotó, “Como director giré una orden para que en San Pedro mientras no hayamos abordado el tema del clima organizacional he pedido que queden sin efecto los traslados, hasta que quede claro la denuncia”, concluyó.

Los cinco oficiales indicaban por medio de Mainor Anchía, representante sindical que hasta ayer no habían recibido notificación que debían de seguir en sus puestos en Montes de Oca, San José.

La CCSS: ¿Hacia una caja solamente “recaudadora”?

El nivel preventivo de atención en salud, que a través de los Ebais y de las clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se ofrece a la población, no sólo resulta más barato; sino que en cualquier país (y el nuestro no es la excepción), el sistema de salud debe privilegiar en su estrategia de salud, en la prevención y en el control anticipado de las enfermedades.

En mi criterio, la Junta Directiva de la CCSS está en la obligación de colocar, en primerísimo orden, el fortalecimiento del primer nivel de atención, mismo que conviene sea bajo los servicios que brinda de manera directa la Caja Costarricense del Seguro Social; y no administrado por terceros. Gestionado y ofrecido con calidad y oportunidad, lo que sin duda permitirá que gane la institución al bajar los costos de atención, mejorar las políticas de salud para la población asegurada y, desde luego, combatir uno de los más graves conflictos de interés que se ciernen sobre la Caja: el del lucro con la enfermedad.

El pleito de la licitación entre dos consorcios privados para lo que podemos concebir como la primera privatización “clásica” de los Ebais, la universidad UNIBE y la Clínica Bíblica, lo “ganó” la primera. Supongo que razones de costo privaron para que los y las integrantes de la Junta Directiva de la CCSS se inclinaran por la UNIBE; o bien, por algunos antecedentes relacionados con el otro oferente que parece no le alcanzó para obtener la licitación de marras, ante el quite de la Universidad de Costa Rica (UCR) de seguir con la administración de los Ebais que administró por un tiempo, del que no obtuvieron según manifiestan sus autoridades “ganancias”…

Ha circulado información que refiere que la Junta Directiva de la CCSS ha recibido una propuesta para que la institución se desentienda de 1014 Ebais y que dicha administración sea costeada por el Estado; eso sí, mediando nueva carga de impuestos a la población costarricense ¡Válgame Dios!

La iniciativa del economista Edgar Marín, miembro de una comisión financiera institucional, parece contar con el respaldo del actual Gerente Financiero de la Caja, el señor Gustavo Picado. Ambos justifican la medida en la necesidad de fortalecer el segundo y tercer nivel de atención, dando a estos los recursos del SEM (Sistema de Enfermedad y Maternidad, conocido como el Seguro de Salud), de manera exclusiva: clínicas y hospitales.

Debemos los y las contribuyentes del Seguro Social tener mucho cuidado con este tipo de propuestas que, claramente, parecen querer orientar cambios radicales e inconvenientes de nuestro Sistema de Seguridad Social; mismo que como bien sabemos, se inspira en la Universalidad, la Solidaridad, la Sostenibilidad (especialmente en lo financiero); y, desde luego, en la Calidad y en la Oportunidad de los servicios. Todos estos han sido pilares inspiradores, desde siempre, de la Seguridad Social Costarricense.

Como servidor de la Caja por más de treinta años y dirigente sindical de la ANEP, pienso que cualquier esfuerzo que procure fortalecer tanto las finanzas como la calidad de la atención, siempre debe ser bienvenido; especialmente si con ello se garantiza a las personas aseguradas, servicios de salud equitativos, oportunos y de calidad.

Por otra parte, otras propuestas que se lanzan como que el Estado costarricense cubra el costo de todos los Ebais, nos obliga a pensar en cuál ha sido la acción del Estado costarricense con relación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); institución con la cual guarda una estricta relación, hasta con obligaciones constitucionales.

Sin embargo, conviene traer a colación y a manera de ejemplo, al menos una las acciones del Estado conocidas a través del tiempo y poder con ello valorar el futuro que le depara a tal propuesta y de que podría suceder. Veamos el siguiente ejemplo.

La denominada Ley de Protección al Trabajador (LPT), promulgada en el año 2000, definió en su artículo 78, que las instituciones públicas del Estada deberán trasladar hasta el 15 % de sus superávits, al fondo del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El Estado no ha logrado trasladar recursos que fortalezcan el régimen de Pensiones de la CCSS, ni siquiera realizando gestiones políticas para hacer cumplir la ley.

Entonces me surgen las siguientes interrogantes. ¿Será el Estado capaz de crear impuestos para dar financiamiento y fortalecimiento al primer nivel del Seguro de Salud, siendo que históricamente es el moroso principal con sus obligaciones con la Seguridad Social?…

¿Es esta propuesta para ampliar el financiamiento; ó, para restringir derechos a los y a las cotizantes del Seguro Social? ¿Es una propuesta que busca fortalecer el primer nivel y reorientar recursos al segundo y tercero; ó, se pretende que el Estado dé financiamiento al primer nivel por ser universal, mientras que el segundo y tercer nivel no lo serían? O siendo más realista: ¿Será que la verdadera intención es desmembrar el sistema de salud, para permitir los negocios privados y convertir a la institución en un ente recaudador en sentido estricto?

Preferiría pensar que me equivoco y que tanto quienes dirigen la institución como quienes se mueven en la política (me refiero a empresarios políticos y políticos empresarios), puedan ser ciudadanos costarricenses de nobles principios que juren defender nuestro Estado Social de Derecho.

Pero, si por el contrario, se alejan del interés público para el que algunos han sido llamados a servir y no servirse, serán responsables de sus actos.

¿Sabrán éstos cuánto daño le infringen a la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera consciente? ¿Pretenden entregar la institución a los intereses corporativos privados de cuyas consecuencias serán víctimas las generaciones venideras?

Debo rechazar categóricamente el argumento esgrimido de que los recursos no alcanzan para cubrir el financiamiento de todo y para todos. Eso no es de recibo mientras la CCSS (Junta Directiva), siga permitiendo que prevalezcan los conflictos de intereses que impiden tomar decisiones que favorezcan el interés público.

Si nuestro modelo de salud pública está en crisis, corre riesgos, ha enfermado a causa de la mala gestión o de intereses ajenos al fin para el que fue creado, todos y todas debemos salir en su defensa.

Debe la población asegurada, de conformidad con lo que es su derecho, exigir, demandar el fortalecimiento institucional, especialmente el del primer nivel de atención; el que permite prevenir la enfermedad y, por ende, mejorar los índices de salud y, desde luego, la vida de quienes tenemos la dicha de ser costarricenses.

El fin de la seguridad social brindada por el INS

En 1978 y bajo la iniciativa de los jerarcas y técnicos del INS, se crea el Título Cuarto del Código de Trabajo, el Régimen del Riesgos del Trabajo. Esta ha sido la reforma legal más importante desde la creación del Código en 1944.

Con este régimen solidario, universal y obligatorio, Costa Rica se ponía a la cabeza a nivel mundial, en la atención médica y de rehabilitación para toda la fuerza laboral del país, incluyendo los beneficios para las personas afectadas por un accidente de tránsito. La cobertura médica sin límite de costo benefician desde esa época a los trabajadores, aún y cuando el patrono no haya pagado el seguro.

Este cambio se correspondía con un INS solidario y con un modelo de Estado que atendía la seguridad social de la clase trabajadora.

Con el tiempo, distintas Administraciones en el INS acrecentaron los servicios y los beneficios, edificando un Albergue Temporal, un programa intenso de rehabilitación y reinserción del trabajador en el proceso productivo, aumentos en las rentas de los afectados permanentemente, etc.

Bajo la presente Administración, que ya lleva siete larguísimos años, el proceso ha sido a la inversa: se ha buscado hacer de la gestión del régimen de riesgos del trabajo, una gestión guiada por el lucro y la ganancia, no por la solidaridad social.

Su proyecto ha llegado a un punto de locura, en el cual mediante el “Contrato de administración de instalaciones y prestaciones de servicios de salud entre el Instituto Nacional de Seguros y Hospital de Trauma Sociedad Anónima”, conocido en la sesión de Junta Directiva del día miércoles 27 de noviembre, se pretende que la sociedad anónima HOSPITAL DEL TRAUMA, administre TODOS los servicios de salud que el INS está obligado a proveer a la clase trabajadora de este país y a los accidentados de tránsito.

Además se le entrega la administración de todos los bienes materiales (EDIFICIOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOSDICOS, etc.) que son propiedad del régimen de riesgos del trabajo y que hemos creado los patronos y trabajadores costarricenses durante décadas.

Liberación Nacional destruye la obra social que beneficia a toda la clase trabajadora costarricense.

Por lo anterior demandamos el pronunciamiento de todos los candidatos presidenciales, pero especialmente creemos obligado el pronunciamiento del Ing. Johnny Araya M., porque es un miembro de su partido, el sr. Constenla Umaña, en un gobierno de su partido, los principales protagonistas de este desmantelamiento de la seguridad social, en perjuicio directo de toda la clase trabajadora del país y de todos los que a diario circulamos por las carreteras.

¿Por qué este desmantelamiento de la seguridad social que afecta a más de un millón de trabajadores y a miles de patronos, se hace sin explicación alguna, sin transparencia, sin la obligada audiencia de todos los afectados?.

Ante tal atropello y dada la gravedad de sus consecuencias para la mayoría de los costarricenses que brindan su esfuerzo para crear la riqueza de Costa Rica, como patronos y trabajadores, DEMANDAMOS.

1.- Que la actual Administración del Instituto explique a la opinión pública los verdaderos propósitos de la privatización de los servicios de salud que brinda el INS a la clase trabajadora y a los accidentados del SOA.

2.- Que los diputados que realmente velan por los intereses del pueblo costarricense, hagan comparecer a las autoridades del INS en las Comisiones de Gasto Público y Hacienda, para que justifiquen los atropellos a la seguridad social costarricense.

3.- Que los órganos fiscalizadores, Contraloría General de la República y Superintendencia General de Seguros, intervengan e investiguen a fondo, los procesos de privatización de los servicios de salud y la legalidad de las contrataciones que suscriben la actual Administración y el Hospital del Trauma S.A.

Finalmente hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, especialmente sindicales, y a todo el pueblo de Costa Rica, a rechazar de plano, esta maniobra final para acabar con INS SALUD –dependencia a cargo de brindar las prestaciones médicas- y para privatizar toda la prestación de servicios de salud del INS.

¿Por qué el INS ahora no puede brindar directamente a los trabajadores de Costa Rica, los servicios de salud que ha brindado por décadas?

¿Qué puede hacer de especial una sociedad anónima como Hospital del Trauma, que en el marco legal público propio del INS, resulta más difícil hacerlo?.

Directorio Ejecutivo
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros

Burla de la Patronal de Correos de Costa Rica al MTSS

Este jueves se realizó la reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aún sin la presencia de la representación de Correos de Costa Rica S.A. El sindicato está buscando, por todas las vías posibles, una mesa de negociación para tratar tres temas específicos: participación de la representación sindical en el Reglamento Interno de Trabajo, ver las contradicciones entre este Reglamento y la Convención Colectiva vigente, y por último aplicación de los Convenios de la OIT en Correos.

Les presentamos el acta formal

ACTA

En reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a las 9:00 horas del día 28 de noviembre de 2013 entre representantes de CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP) y su Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A., según convocatoria del Departamento de Relaciones de Trabajo, de la Dirección General de Asuntos Laborales del MTSS, a solicitud del sindicato que en este momento está representado por Claudio Sánchez González, cédula No. 1-761-184; Ana Luisa Cinco Quesada, cédula No. 1-707-996; y Marcelo Riba Bazo, cédula No. 2-308-160; en su orden Presidente, Secretaria de Formación y Tesorero, de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica; así como de la señora Lorena Chavarría Martínez, cédula No. 1-538-713; y el señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, cédula No. 1-457-390.

Los puntos a tratar son:

  • Exclusión de la representación sindical debidamente acreditada y habilitada legítimamente para ello, del proceso para el establecimiento de un “Reglamento Interno de Trabajo”. Comisión de infracción a las leyes laborales en el ámbito de las prácticas laborales desleales.
  • Contradicciones entre varias disposiciones del pretendido reglamento con disposiciones del laudo arbitral-Convención Colectiva de Trabajo actualmente vigente.
  • Aplicación en Correos de Costa Rica s.a. del Convenio No. 135 y de la Recomendación No. 143, de la Organización Sindical del Trabajo (OIT), ratificados por nuestra Asamblea Legislativa y por tanto, leyes de la República de Costa Rica, para facilidades del ejercicio de representación sindical cotidiana en la institución.

Manifestación Patronal

“Ante la ausencia de la representación patronal de Correos de Costa Rica S. A., debidamente convocada y personificada en los señores Lic. Álvaro Coghi Gómez, Gerente General y Lic. Roberto Portela López, Subgerente General, la representación sindical aquí descrita manifiesta lo siguiente:

PRIMERO: Sorpresivamente nos enteramos al momento de la audiencia de una nota firmada por el Lic. Hugo Araya Zárate, Subjefe del Departamento Legal de Correos de Costa Rica S. A., dirigida a la Licda. Leda Villalobos Villalobos, Jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección General de Asuntos Laborales del MTSS, haciendo referencia a esta audiencia pero en línea contraria a los puntos que el sindicato había solicitado para ventilar en la misma; puntos que, reafirmamos de que deben ser abordados en esta sede, con base en el legítimo derecho de representación laboral que nos asiste; asuntos que aparecen explicitados líneas arriba.

SEGUNDO: Que la representación sindical de la ANEP aquí acreditada dejamos explícita una enérgica protesta por el alto grado de irrespeto a la institucionalidad jurídica del MTSS y de estas audiencias de conciliación obrero-patronal; no solamente por su ausencia directa, sino porque ni siquiera tuvieron la cortesía de enviar una nota oficial, en tiempo y forma adecuada para desconvocar la misma y para argumentar las razones que tuvieran para ello. No es de recibo para la representación sindical los contenidos de la carta del licenciado Zárate a la licenciada Villalobos, toda vez que él no ostenta la representación jurídica de la empresa y, además, dentro de la misma es tan sólo una subjefatura sin mayor “status” jerárquico-decisorio. Por tanto, debe el MTSS considerar que esta audiencia no se realizó por la ausencia de la representación patronal jurídicamente procedente y porque ésta ni siquiera acreditó una representación sustituta con poder decisorio.

TERCERO: Por el contrario, la representación sindical rechaza el intento de manipulación de este importante espacio conciliatorio que expresa la carta del Lic. Zárate; toda vez que el interés laboral inmediato y urgente a propósito de esta audiencia, no la cuestión de fondo de los contenidos del proyecto de reglamento interno de trabajo; sino, la invisibilización de las legítimas representaciones sindicales debidamente constituidas y acreditadas ante las instancias correspondientes, como este propio MTSS; representaciones a las cuales les asiste, inobjetablemente, la suficiente base jurídica para los procesos inherentes a la instauración de reglamentos interiores de trabajo.

El fondo de los contenidos del reglamento es el paso siguiente, una vez superada la exclusión sindical que ha venido ejerciendo al respecto la representación patronal Enfatiza la representación sindical que la representación patronal no ha formulado, al momento, ninguna convocatoria oficial a las legítimas representaciones laborales-sindicales para los efectos del caso, pese a que incluso, se dirigió a la Gerencia General una carta formal en tal sentido de respetar a las organizaciones sindicales debidamente constituidas para estos efectos; carta-solicitud que a la fecha no ha sido respondida, ni siquiera con acuse de recibo.

CUARTO: Vista así las cosas, la representación sindical presente en esta audiencia solicita a la Licda. Leda Villalobos Villalobos, cuya responsabilidad institucional ha sido descrita, para que haga traslado oficial a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, la petición sindical de que suspenda todo trámite del proyecto del reglamento interior de trabajo que le ha presentado Correos de Costa Rica S. A., hasta que no se resuelva el conflicto de posibles Prácticas Laborales Desleales aquí expuesto por la representación sindical y se determine la participación de la misma, a tono con la ley en este aspecto y la normativa internacional de la OIT correspondiente, que pretende desconocer la parte patronal de Correos de Costa Rica S. A.; circunstancia que debe quedar debidamente resuelta con la oportuna participación mediadora de este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

QUINTO: Resalta la representación sindical presente en esta audiencia que las autoridades patronales ausentes irresponsablemente en esta audiencia, deben ser reconvocadas y aparte de lo ya descrito; para buscar acuerdos conciliatorios en a) pretensiones patronales de incluir regular vía reglamentaria, derechos laborales ya adquiridos y sentenciados judicialmente a través del laudo arbitral; b) aplicación en Correos de Costa Rica S. A., plenamente, del Convenio No. 135-OIT y la Recomendación 143.”

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, a las 10:30 horas del día jueves 28 de noviembre de 2013.

POR EL SINDICATO

Claudio Sánchez González
Ana Luisa Cinco Quesada
Marcelo Riba Bazo
Lorena Chavarría Martínez
Albino Vargas Barrantes

Por el MTSS

Licda. Rosa Elena Fernández Solano
Conciliadora Laboral MTSS

ANEP siempre tuvo razón en oponerse a la privatización de la lotería electrónica

A la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para nada le sorprende la noticia periodística de esta fecha, indicando de que la Junta de Protección Social (JPS), le ha pedido al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), investigar a una gran cantidad de operaciones de juego con la lotería electrónica para un presunto lavado de dinero de dudosa procedencia.

Fue la ANEP la entidad que, desde un inicio de este proceso privatizador parcial de los juegos de lotería de la JPS, inició una lucha solitaria para intentar impedir el ingreso de corporaciones privadas de corte transnacional a estas actividades, precisamente por los riesgos que ahora detecta la JPS con su solicitud al ICD.

La lotería electrónica privatizada y transnacionalizada enfatiza en el juego no en el jugador, de tal suerte que bajo el anonimato se facilita mover grandes cantidades de dinero de procedencia dudosa, sucia y hasta identificable con operaciones de narcotráfico.

Siempre opusimos fuerte resistencia, particularmente, al ingreso al mercado de juegos sociales y electrónicos de la JPS de la transnacional G Tech Boldt Gambing; esgrimiendo (entre otros argumentos), ya no sólo tesis jurídicas y éticas, sino los riesgos de que el lavado de dinero utilizara la vía de los juegos de azar de la JPS para sus nefastos propósitos.

La más profunda investigación se impone ante esta grave denuncia. Varios de los máximos jerarcas actuales de la JPS tienen mucho que decir al respecto. La inserción de la privatización en los tradicionales juegos de lotería a cargo de la JPS, ha iniciado el camino de perversión de los notables fines humanistas de esta noble institución; y al introducir en su dinámica la perversa lógica del lucro desenfrenado, ha abierto paso a posibilidades de corrupción insospechadas.

La ANEP se dedicará en próximas horas a documentar más de su trayectoria de denuncia en este sentido para dirigirse a la opinión pública nacional, en una próxima conferencia de prensa; demandando (entre otras puntualizaciones), que no haya ni la más mínima impunidad para los agentes, directos y/o indirectos, provocadores de que los dineros sucios y sangrientos del narcotráfico, estén minando las bases filosóficas del humanismo cristiano que por más de cien años ha sustentado las bases de la acción social de la JPS.

27 de noviembre motociclistas a manifestarse

En conferencia de prensa hoy en las instalaciones de la ANEP, el Comité Cívico Nacional de Motociclistas reafirmó su disposición a hacer valer su derecho a un Seguro Obligatorio Automovilístico solidario, real y de acorde con el momento de crisis económica que vive la población de nuestro país.

Y hará valer este derecho en las calles, iniciando la protesta frente al INS el miércoles 27 de noviembre a partir de las 11am. Esperan que cientos de motociclistas se unan a la manifestación y que las autoridades del INS tengan disposición de negociar los siguientes puntos:

1- Exigimos, que el señor Guillermo Cónstenla Umaña honre su palabra de que este año el marchamo tenga sólo una cobertura, la de 6.000.000.00 de colones y que el SOA no sufra aumento alguno. Esto se debe a que actualmente existen dos coberturas: la de 3.500.000.00 y la de 6.000.000.00. Con solo la primera, las utilidades gananciales que obtuvo el INS en el 2013 fueron altamente rentables, datos en nuestro poder indican que para al 30 de setiembre de este año, el INS había atendido 6.308 casos con un costo para esa Institución de 3.600 millones de colones, mientras que lo recaudado con el cobro del Marchamo 2013 solo para las motos fue de aproximadamente 13.000 millones de colones, es decir, se tuvo una utilidad desproporcionada en un seguro obligatorio y solidario, por tal razón consideramos que el Presidente Ejecutivo aleja al INS de los objetivos para los que fue creado y está lucrando con un seguro social por lo que tenemos todo el derecho de exigir que la cobertura para todo el parque vehicular motos sea de 6.000.000,00 de colones.

2- Por otro lado, en declaraciones del Presidente del INS a la prensa “El patrimonio del INS pasó de US$250 millones a US$1.250 millones hoy. Mayor que el de la aseguradora argentina más grande, que termina el 2012 con US$840 millones. Este patrimonio es el más grande entre las empresas de banca, seguros y finanzas de Centroamérica.” Según lo anterior, ¿qué necesidad tiene la institución de aumentar hasta un 20% en el pago del marchamo 2014 a los vehículos particulares? Demandamos que se retire ese aumento abusivo.

El INS tiene unas ganancias altísimas con un seguro obligatorio y que supuestamente debe ser solidario, y no un generador de miles de millones de colones como un negocio redondo para el INS.

Sabemos que la Institución necesita generar un “colchón” económico para solventar cualquier problema, pero ya está demostrado que son cientos de miles de millones de colones los que conforman ese colchón y es necesario que el SOA salga lo más “tablas” posible, tanto para los motociclistas como para los conductores de vehículos de cuatro ruedas.

Contacto directo con la clase trabajadora de la Caja

Mediante el correo anep@ccss.sa.cr nuestro Sindicato se comunicará con toda la planilla de la Caja. Así de simple, así de maravilloso.

Como organización sindical que cuenta con un importante número de socios y de socias en esta estratégica institución, por demás la más importante de la institucionalidad costarricense de hoy en día, gestionamos y obtuvimos esta cuenta electrónica de comunicación masiva en el seno de la población laboral de la CCSS.

La ANEP, entidad sindical de amplio reconocimiento ciudadano y con 55 años de existencia, tiene sus propias visiones acerca de la realidad nacional actual y, especialmente, en torno a cuestiones inherentes al bienestar de la población trabajadora del país; y, en especial, del no menos estratégico conglomerado laboral de la Caja.

Será un inmensísimo honor que usted nos reciba en su cuenta electrónica institucional. Semana a semana le compartiremos nuestra opinión sobre el devenir del país en varios ámbitos, según lo consignan nuestros artículos de opinión periodísticos en La Prensa Libre (los días martes) y en Diario Extra (los días miércoles). También le compartiremos nuestros comunicados de prensa periódicos donde nos posicionamos, desde la perspectiva laboral-social, acerca de puntos que pensamos pueden ser de interés de la clase trabajadora.

Igualmente, nos ponemos a sus órdenes para aquellas consultas de orden laboral que estemos en capacidad de evacuar, así como para ser canal y vehiculizar denuncias de presunta corrupción institucional que usted estime importante denunciar en forma anónima.

A la vez, poco a poco, le hemos de compartir las diversas posiciones que tenemos sobre el fortalecimiento de la CCSS ante tanta amenaza que se cierne sobre ella, tanto desde lo interno como desde lo externo.

En verdad, si decide seguirnos recibiendo por esta vía, se lo agradecemos desde ya con mucha sinceridad. Repetimos que para la ANEP es un inmenso honor.

Si usted no quiere nuestras comunicaciones, en esta dirección electrónica usted puede solicitar su exclusión: servicios-tic@ccss.sa.cr