ANEP rechaza presiones laborales contra sus dirigentes en la Municipalidad de Turrialba

San José, 15 de enero de 2007.
S.G. 05-07-1102-07
¡URGENTE!

Licenciado
Marvin Ocorú Cavaría
Alcalde Municipal
Municipalidad de Turrialba
Su Despacho
Fax No. 556 07 66

Estimado señor:

Sirva la presente para saludarle, de la manera más respetuosa y atenta, en nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deseándole lo mejor en el año que acaba de iniciar.

Al aproximarse el final de su gestión en la Alcaldía Municipal de Turrialba, el balance que podemos hacer es altamente positivo, en cuanto al proceso de las relaciones obrero-patronales, específicamente en cuanto a sus relaciones como máximo jerarca municipal con ANEP, que es la organización sindical representativa y legítima del personal de ese municipio.

Por tanto, no creemos que pueda ser posible que en el tramo hacia el término de su labor, la percepción que tenemos de su paso por la indicada instancia, vaya a verse ensombrecido por actuaciones que, esperamos, sean meramente especulativas.

Como es de su pleno conocimiento, la compañera Vanesa Valverde Vargas, Jefa del Departamento de Ingeniería y Servicios, es actualmente la Presidenta de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba, así debidamente acreditada, según el ordenamiento jurídico vigente, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, por tanto, protegida contra las denominadas “Prácticas Laborales Desleales”, específicamente lo que se estipula en la Ley No. 7360. Esta ley castiga esas prácticas severamente, por cierto.

No cabe en nuestra mente que nuestra representante pudiera estar sufriendo en este momento, algún tipo de acoso laboral que pudiera basarse en decisiones que ella hubiese tomado como ciudadana en cuanto a la conducción del gobierno local de la comunidad. No cabe en nuestra mente, tampoco, que el ciudadano Lic. Marvin Orocú Chavarría, todavía Alcalde Municipal de Turrialba y quien tiene todo nuestro respeto, pudiera diferir de decisiones democráticas ciudadanas adoptadas por alguno de nuestros representantes sindicales, quienes tienen derechos cívicos inalienables por encima de sus cargos públicos y/o sindicales. Sinceramente, señor Alcalde Orocú, no creemos que ese sea su estilo.

También nos preocupa que en tal marco de condiciones, haya un deterioro de la convivencia institucional, particularmente en los casos de la señora Janitza Zamora Mora, Jefa del Departamento de Bienes Inmuebles; y del señor Jesús Romero Prado, Jefe Financiero.

No tenemos elementos como para pensar que ambos funcionarios pudieran haberse comportado contrariamente a los obligados principios que debemos observar en cuanto a la ética de servicio público; y en el marco del sistema democrático institucional que rige en el país, estos dos ciudadanos tienen derecho a tener sus propias opiniones políticas y sociales aunque no nos guste. Si son personas trabajadoras, si son personas responsables, si son servidores honestos, y nosotros lo creemos así, nunca su estabilidad en el empleo podría verse amenazada, aunque fuera en grado mínimo.

Señor Alcalde Orocú: Si nuestras presunciones al respecto no tienen razón de ser, le rogamos nos dispense nuestra hipersensibilidad en tal sentido. ANEP, como organización laboral que es, está contra toda forma de discriminación en el empleo, especialmente por razones políticas, religiosas, étnicas, profesionales, de orientación sexual, etc. Y como ya indicamos más arriba, tenemos elementos como para estimar que su honorable persona es de gran conciencia cívica, tolerante y respetuosa de la diversidad, aunque ésta no nos haya favorecido en determinada coyuntura.

No obstante ello, sí consideramos prudente reiterar que la vocación de servicio de la ANEP hacia la clase trabajadora asalariada, particularmente la afiliada a esta agrupación, nos obliga a guardar un gran celo en defensa de la estabilidad en el empleo, protegiendo la tranquilidad laboral, celosa vigilante contra toda forma de discriminación y dispuesta a emplear todas las posibilidades a su alcance de protección en quienes nos dieron su confianza.

Aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, deseándole los mayores éticos personales, familiares y profesionales.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Arq. Vanesa Valverde Vargas, Presidenta Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba.
cc.: Señora Janitza Zamora Mora y señor Jesús Romero Prado, Municipalidad de Turrialba.
cc.: Archivo.

Adaptación Social plantea desafío laboral por una Convención Colectiva de Trabajo

Dicho instrumento judaico, la Convención Colectiva de Trabajo, es una realidad en otras instituciones del Estado, por lo que se requiere de voluntad y de aportes de todos los actores involucrados para desarrollarlo.

Desde la ANEP deseamos realizar todos los esfuerzos necesarios a fin de que pronto tal negociación sea una realidad.

Hoy, gracias a la lucha constante de la ANEP y al apoyo mayoritario y decidido del personal del ministerio, disfrutamos de algunas reivindicaciones que es necesario proteger mediante ese instrumento jurídico. Entre dichos incentivos están:

  • El Riesgo Penitenciario.
  • El Riesgo de Seguridad y Vigilancia.
  • Las anualidades
  • El Salario Escolar
  • Homologación de salarios para el personal de la Policía Penitenciaria (pendiente la segunda parte).
  • El aumento del 9.81 % producto de una huelga de 36 días en A y A en el año 2005.
  • Vacaciones psicoprofilácticas
  • Pago de los días feriados para el personal de la Policía Penitenciaria
  • 22 de junio, Día del Trabajador Penitenciario
  • Lucha contra la cárcel de Pococí: primera cárcel privatizada del país, hoy sepultada.

Desde ya les estamos convocando para que, sin exclusión, con el aporte participativo, el conocimiento acumulado y el trabajo voluntario de todos, apoyemos nuestro próximo gran reto en el Ministerio de Justicia y Gracia: Lograr para nuestro sector la aplicación del máximo instrumento jurídico del Derecho Laboral costarricense, fundamentado en los diversos artículos establecidos por la OIT, el Código de Trabajo y sus Leyes Conexas la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO; instrumento que debe recoger y mejorar los derechos ya existentes, además de que se estarían incluyendo otras propuestas que le recomendamos analizar para que las ratifique ó nos brinde nuevas propuestas:

ENTRE OTRAS PROPUESTAS QUE USTED DEBE ANALIZAR, LE PLANTEAMOS:

  • Aumento progresivo en el monto de los riesgos: Penitenciario y de Seguridad y Vigilancia
  • Carrera Profesional Penitenciaria
  • Derecho a mantener el servicio de transporte el cual está en riesgo a desaparecer
  • Derecho a mantener la alimentación en todos los centros penitenciarios
  • Aumento a los pluses salariales con revisión periódica
  • Respeto a todo derecho de las mujeres.
  • Médico de Empresa
  • Ampliaciones a Licencias Sindicales
  • Pago de horas extras para el personal de la Policía Penitenciaria.
  • Equipo para el personal de seguridad: uniformes, zapatos, armas; capacitaciones (entrenamiento sistemático), etc.
  • Creación de la oficina de Salud Ocupacional, en cada centro, como lo establece la ley.
  • Establecer convenios con las diversas Instituciones del Estado a fin de buscar los mejores métodos de preparación del personal de prisiones: INS, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Publica, y otros.
  • Establecer las Juntas de Relaciones Laborales.

Instalaciones adecuadas: oficinas, dormitorios de Seguridad, comedores del personal, atención al usuario y salas de esparcimiento, etc.

  • Establecer convenios con el INS a fin de contar con pólizas reales.
  • Establecer una propuesta como plan de retiro anticipado, lo cual ya existe en otros países como Argentina y Nicaragua, tan sólo por citar dos casos.(***)
  • Escuela de Capacitación Penitenciaria con una oferta educativa de desarrollo integral del personal, sujeto de retribución económico-salarial.
  • Nombramiento en propiedad del personal interino, reconociendo su antigüedad y su idoneidad en el cargo.
  • Establecer un escalafón de ascensos que le permita a la institución romper el estancamiento y la imposibilidad de promoción y de surgimiento técnico-profesional y administrativo.
  • Elaboración de los respectivos protocolos ante eventuales desastres naturales, asaltos, fugas motines, secuestros y otros.
  • Renegociar el sistema actual de vacaciones legales en Adaptación Social.
  • Elaborar convenios con el sistema bancario nacional y el BANVI, a fin de que los empleados del Ministerio que requieran la compra de vivienda lo puedan lograr de forma preferencial.

(**)*No se discutiría dentro de la posible convención colectiva,
dado que es un proyecto que iría a la Asamblea Legislativa

Recuerde: O aportamos todos en una sola dirección, ó nos pasaremos siempre implorando por mejores condiciones laborales esperando que otros resuelvan.

A los abnegados trabajadores y trabajadoras del AyA

I. INTRODUCCIÓN

1- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les expresa a todas y todos los trabajadores del A y A, sus mejores deseos de mucha felicidad y grandes éxitos en el Año Nuevo 2007.

2- Finalizamos un año de gran efervescencia y polarización social, producto del angurriento poder político-empresarial que, de manera insistente, continúa imponiendo a las mayorías, un modelo de Estado excluyente, antihumano, privatizador de las instituciones democráticas, estratégicas en el desarrollo social; en fin, un modelo profundizador de la pobreza y la desigualdad. Su estrategia fundamental ahora es el Tratado de Libre Comercio (TLC).
3- El año 2007 definirá el modelo del Estado costarricense para los próximos cincuenta años. Desde nuestra organización sindical, con toda nuestra base laboral y las estructuras que la representan, continuaremos la lucha inclaudicable e imperecedera por rescatar y fortalecer nuestro Estado Social de Derecho. Desplegaremos todas nuestras fuerzas en alianza estratégica con todos los sectores sociales y basándonos en las reservas morales y los principios patrióticos de nuestro pueblo, con resistencia pacífica y haciendo uso de la Democracia de las Calle, derrotaremos el TLC y definiremos la Costa Rica inclusiva y solidaria que todos y todas queremos.

4- Estamos seguros que usted, trabajadora y trabajador del A y A, será protagonista de primera línea, convencidos que a través de la Revolución Democrática, definamos y construyamos la Costa Rica de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Ahora nos corresponde a nosotros y a nosotras, responder por todo lo bueno de la herencia que nos fue legada y de la cual hemos disfrutado.

5- Después de esta breve introducción de orden político-ideológico, nos permitimos presentarles a ustedes los ocho ejes fundamentales de trabajo en el A y A para el 2007, sobre los cuales ANEP trabajará. Esta es nuestra propuesta estratégica dentro la cual, cinco ejes apuntan a aspectos de políticas institucionales, de orden nacional; y tres, de orden reivindicativo laboral.

• A y A debe de replantarse la incursión en el embotellado y comercialización del agua, para continuar con la inversión social.
• Proyecto de Recurso Hídrico, Exp. Legislativo 14.800, una necesidad de primer orden.
• El agua, un derecho humano con garantía constitucional.
• Agua y el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TLC).
• Empréstito japonés, para la modernización del alcantarillado, megaproyecto lleno de interrogantes.
• Proceso de reestructuración institucional.
• Convención Colectiva de Trabajo en A y A.
• Incumplimiento de acuerdos de Huelga.
• El 9.81, no compensó los salarios mínimos en al A y A, excluyó al sector profesional y continuamos por debajo del mínimo.
ANEP planteará renegociación de los injustos tractos o rebajos por huelga, así como la urgente aprobación del 15% aumento por concepto de expensa, según acuerdos.

II. A y A DEBE REPLANTEARSE LA INCURSIÓN EN EL EMBOTELLADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA, PARA RELANZAR LA INVERSIÓN SOCIAL

6- Esta iniciativa fue planteada por la ANEP, en su oportunidad, a los expresidentes ejecutivos de la institución, Sr. Everardo Rodríguez Bastos e Ing. Rafael Villalta Fernández, misma que fue considerada para un respectivo análisis de prefactibilidad. No obstante, según entendemos, la Procuraduría General de la República se pronunció contrariamente, por considerar que se requería una reforma a la Ley Constitutiva del A y A.

7- La propuesta formulada encuentra lógica y argumentación, si comparamos a esta estratégica institución con el ICE, pues esta última hace inversión social de los recursos y ganancias que le proporcionan la telefonía celular e internet, con lo cual se financia gran parte de la electrificación rural y telefonía fija.

8- En tanto, monopolios o duopolios privados como la Cervecería Costa Rica y la Coca Cola, entre otros, mantienen la exclusividad para continuar haciendo clavos de oro con la comercialización del agua, a través de una concesión que le facilita el Estado.

9- Vale la pena preguntarnos entonces, porqué las altas autoridades del A y A no han considerado como de orden estratégico, la propuesta de las reformas jurídicas, para que se pueda incursionar en el mercado cautivo del agua embotellada, compitiendo con estas empresas y destinando los réditos a la inversión social.

10- En esta dirección avalamos el proyecto del diputado Oscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien ya tiene un borrador de iniciativa de ley en la corriente legislativa.

11- Continuaremos en el 2007, impulsando tan importante iniciativa. Realizaremos todos nuestros esfuerzos en la incidencia política, tanto a lo interno del A y A como en el Poder Legislativo.

III. PROYECTO DE RECURSODRICO, EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 14.800: UNA NECESIDAD DE PRIMER ORDEN.

12- Este proyecto lleva en discusión más de cuatro años en el congreso de la República. Algunas veces ha tomado gran interés, otras veces el proyecto ha sido relegado; algunas veces han sido incluido aportes significativos de los sectores ambientalistas y ecologistas, cerrando portillos para la privatización de agua. Otras veces, los sectores empresariales industriales y políticos de la extrema derecha libertaria, liberalizadores y privatizadores con grandes intereses en el negocio del agua, han logrado incluir cláusulas que respondan a sus intereses.

13- Según se desprende de nuestro análisis, estamos convencidos que el país requiere con urgencia un marco jurídico moderno en materia de recurso hídrico; sin embargo, ha sido difícil lograr consensuar intereses en una propuesta definitiva integral.

14- Hoy el Proyecto de Recurso Hídrico, nuevamente está relegado y ha perdido interés por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las distintas fuerzas políticas. El tipo de proyecto de Ley de Recurso Hídrico que el país requiere, representa una contradicción a las políticas aperturistas privatizadoras y liberalizadas que exigen el TLC. Sin duda alguna es por eso el desinterés de los poderes políticos vigentes para que no se tramite.

15- En todo caso, la prioridad actual del Gobierno es enrumbar todos sus esfuerzos en la aprobación del TLC y las denominadas agendas complementarias e implementarlas.

16- Desde la ANEP hacemos nuestro más respetuoso pero vehemente llamado a las autoridades del A y A, para que emitan una posición oficial sobre el proyecto actual; llamamiento que hacemos extensivo tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, al colectivo laboral y al país.

17- ANEP ha considerado de orden estratégico para el país, una normativa integral y moderna para el recurso hídrico.

IV. EL AGUA, UN DERECHO HUMANO, VÍA REFORMA CONTITUCIONAL

18- Distintos sectores ambientales y sociales han venido formulando un diagnóstico del marco jurídico del recurso hídrico, llegándose a la conclusión de que el agua no está reconocida constitucionalmente como un derecho humano; en tanto en la Organización Internacional del Comercio (OMC), la definen como un bien comercial, dentro de los tratados de libre comercio.

19- La ANEP fortalecerá en el 2007 sus alianzas estratégicas con los sectores ambientalistas y ONG’s, con el objetivo superior de lograr asegurar vía constitución, el agua como un derecho humano fundamental.

20- De igual manera buscaremos incidir a lo interno del A y A, para que tanto autoridades institucionales, sindicatos y su colectivo laboral, se pronuncien favorablemente a tan importante iniciativa.

V. AGUA Y EL MAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)

21- Como recordarán las trabajadoras y los trabajadores del A y A, las organizaciones sindicales fuimos los primeros en pronunciarnos en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Hoy, después de cuatro años de que los vendepatrias nos entregaron en Washington, prestigiosos académicos, intelectuales, políticos y empresarios de distintas orientaciones ideológicas, se han pronunciado en contra de este mal llamado TLC.

22- Hará dos años, nuestra organización sindical expuso ante la Junta Directiva del A y A, las consecuencias negativas de este tratado para el agua y, por ende, sus posibles impactos en esta estratégica institución; pues ya contábamos con elementos suficientes que nos movieron a exponer ante este órgano colegiado, nuestras argumentaciones.

23- Este tema ha sido profundizado por abogados ambientalistas y por prestigiosas organizaciones ambientalistas y ecologistas, mismos que en su manifiesto, demuestran y certifican como los capítulos del TLC números 3 (Trato Nacional), 9 (Contratación Pública), 10 (Inversiones) y 11 (Comercio Transfronterizo), se refieren o incluyen el tema del agua. Ello sin tocar los efectos devastadores del TLC en la agricultura, los medicamentos y la CCSS; el desmantelamiento por “apertura” (privatización) del ICE y del INS, la casi anulación de los derechos laborales, la entrega de los Recursos Naturales entre otros; razones por las que llamamos a la fuerza celeste del A y A, a que mediante la Democracia de las Calle, derrotemos el TLC.

24- Valga hacer del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores del A y A, que en dos oportunidades hemos programado la realización de un foro sobre este tema, pero las autoridades institucionales no han mostrado voluntad política para la su realización.

VI. EMPRÉSTITO JAPONÉS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, UN MEGAPROYECTO PRIORITARIO PERO CON MUCHAS INTERROGANTES.

25- Nuestra organización elogió y reconoció la capacidad de liderazgo ejercida por don Heibel Rodríguez Araya, Exgerente General de la institución y todo su equipo de expertos, que lograron formular este proyecto, exponerlo al ente financiero y argumentarlo como una necesidad nacional de primer orden. Nuestra organización sindical se pronunció oficialmente de manera favorable en torno a este empréstito, ejerciendo incidencia política positiva en el ámbito legislativo, con los diputados y diputadas que mantenían reservas y oposición a este importante empréstito. Pese a las cada vez más grandes diferencias entre el actual Gobierno de la República y la ANEP, reconocimos en las autoridades políticas de la nueva administración, su voluntad de aprobación de este proyecto.

26- No obstante, y teniendo claro que la modernización en materia de Alcantarillado Sanitario, vía empréstito tipificado como ambiental y en las mejores condiciones crediticias con el Banco Japonés, se afloran dudas a partir de pronunciamientos, cuestionamientos y posiciones de reconocidos expertos en materia ambiental.

27- Así por ejemplo, se cuestiona el destino o la disposición final de los lodos y su tratamiento, el impacto en el congestionamiento urbano como producto de las instalaciones de nuevas redes y colectores, los efectos reales en el proceso de descontaminación del Río Tárcoles. También se cuestiona sobre los mecanismos de contrataciones con los cuales se podría estar propiciando favoritismos a empresas o personas físicas y jurídicas que ven en la ejecución de este megaproyecto la oportunidad de hacer negocio. Si bien confiamos en la transparencia en la gestión de las actuales autoridades institucionales, desde ANEP ejerceremos el papel fiscalización y denunciaremos en su oportunidad, cualesquier situación que riña contra los sanos principios éticos en la gestión publica.

VII. PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL

28- Las trabajadoras y los trabajadores de A y A recordarán que uno de los puntos fundamentales que quedaron plasmados en los acuerdos de la huelga, fue la conformación de una comisión bipartita para la discusión permanente en temas como el proceso de reestructuración institucional, seguimiento y cumplimiento de acuerdos.

29- Sobre este particular, la ANEP admite que efectivamente dicho espacio fue propiciado por la administración, pero no con el espíritu concebido para tal propósito, puesto que las pocas reuniones a las que asistimos, fueron de carácter informativo por parte de la máxima jerarquía, al sostener ésta la tesis de que la programación o cronograma, establecía que las organizaciones sindicales serían las últimas en consulta. Esto resultó inaceptable desde nuestra posición de organización sindical responsable, pues interpretamos que lo que se quería obtener de la participación laboral era un mere refrendo, sin mayor participación activa, pese a que profesionalmente teníamos las condiciones para sumir semejante desafío. En consecuencia, no quisimos prestarnos para una participación cosmética.

30- Al respecto, ANEP dejó plasmada la posición oficial ante las autoridades institucionales y ante el colectivo laboral, la cual se sustentó en tres aspectos fundamentales:

• Una reestructuración sin despidos o movilidad laboral forzada.
• Un proceso de reestructuración que garantizara la modernización y fortalecimiento del A y A.
• Una reestructuración que contemplara un escalafón acorde a las características propias institucionales, permitiendo una revalorización de las bases salariales, atendiendo a la especificidad de una institución como A y A, única en su campo.

31- Sobre este importante tema, hemos venido de manera insistente, solicitando una reunión con la Presidencia Ejecutiva, misma que desde que asumió, no se ha dignado a atendernos para discutir sobre este tema y otros aspectos de orden institucional y laboral.

32- Hoy en día, enero del 2007, la administración superior pretende implementar dicho proceso sin la previa consulta y análisis de las organizaciones sindicales, lo que violenta la normativa del propio Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).

33- Estas situaciones ya las hemos vivido en otras entidades públicas, en las cuales sus autoridades “reestructuran” unilateral y hasta arbitrariamente, lo que nos obligó a ir hasta la Sala Constitucional, lográndose revertir tales procesos de reestructuración, precisamente por haber obviado la parte fundamental del mismo: la consulta y la participación de las representaciones laborales legítimas. ANEP está ya valorando si procede seguir el mismo camino en el caso de A y A.

34- La anterior situación propiciada por las autoridades institucionales, nos llevarán irremediablemente, una vez más, a la confrontación, pues ha trascurrido un año de imposiciones y negaciones, ignorando el derecho que nos asiste, en representación de las trabajadoras y de los trabajadores.

35- Tal situación augura tensiones a lo internos del A y A, a inicios del 2007. La ANEP reitera su compromiso inclaudicable en la defensa y fortalecimiento institucional del A y A, y la garantía del pleno respeto del marco jurídico laboral para todas y todos los trabajadores de la institución.

VIII. CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EN A y A,
LA MÁXIMA HERRAMIENTA LABORAL, UN DERECHO PARA TODAS Y TODOS

36- Nuestra organización ha venido propiciando la negociación y firma de convenciones colectivas de trabajo en distintas entidades del Gobierno Central e instituciones autónomas, pues no hay libertad sindical si se cercena el derecho fundamental de la negociación del instrumento más importante con que cuenta la clase trabajadora para garantizar el respeto a sus derechos laborales, es decir, la Convención Colectiva de Trabajo.

37- ¿Por qué la ANEP afirma lo anterior?. La argumentación fundamental radica en que es un derecho sagrado, reconocido en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Costa Rica. Pero vamos más allá. Las personas trabajadoras del A y A deben de interiorizar que tan importante instrumento de negociación tiene rango de ley entre las partes, contrariamente a las reglamentaciones y disposiciones internas de la patronal, que son de cumplimiento obligatorio para los trabajadores, no así para el patrono o Estado.

38- Un típico ejemplo al respecto, lo viven los trabajadores operativos, cuando trascurre un año y la Administración no suministra uniformes e indumentaria, aún estando reglamentado la provisión dos veces al año. La anterior situación no acontecería si estuviese incluida en una Convención Colectiva de Trabajo.

39- ¿Qué aspectos de orden laboral, estarían sujetos de inclusión o contenido en una Convención Colectiva de Trabajo en A y A?. Prácticamente aseguraríamos que toda la relación laboral se regiría vía Convención, lo que hay y otros aspectos que la legislación permite incluir. Como por ejemplo, carrera administrativa, estudios de mercado para revalorizaciones salariales, manuales descriptivos de puestos, pluses salariales, reasignaciones, peligrosidad, extras, rompimiento de topes de cesantía, entre otros aspectos de orden laboral.

40- La ANEP ha venido planeando de manera reiterada con nuestra organización fraterna ASTRAA, la conveniencia estratégica de que este instrumento laboral, debe de ser construido con el aporte de las tres visiones sindicales del A y A. Nos referimos además de ASTRAA, al Sindicato de Profesionales del A y A (SIPAA) y, por ende, a nuestra agrupación sindical ANEP.

41- Lo anterior reafirma una mayor incidencia política para la negociación con las autoridades institucionales y, por supuesto, un documento enriquecido con un contenido integral que refleje los intereses del personal operativo y del sector profesional, dentro de una perspectiva de modernización que garantice la eficiencia y la eficacia institucional.

42- Así las cosas, la ANEP insta respetuosamente pero con vehemencia a las trabajadoras y a los trabajadores, así como a las organizaciones sindicales del A y A, para que se propicie una discusión que puntualice aportes sobre la Convención Colectiva de Trabajo a que aspiramos para este sector laboral. El contenido de propuesta dependerá de las exigencias y el respaldo de toda la fuerza celeste del A y A.

43- La ANEP ha definido como prioridad aportar en este debate a lo interno del A y A, y quisiéramos que por respeto a los trabajadores y trabajadoras, exista la mayor madurez política en la dirigencia de nuestra organización hermana fraterna ASTRAA, para que comprenda y dimensione nuestra propuesta que surge tanto de sus afiliados como de nuestra membresía. De igual manera y con el respeto de siempre, les manifestamos a nuestros apreciados dirigentes sindicales de SIPAA y sus afiliados y afiliadas, para que apuntemos como bloque de fuerza para el logro de este y otros objetivos superiores

IX. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE HUELGA

44- Hace año y dos meses finalizó la histórica huelga del A y A, en una coyuntura difícil, puesto que al haber sido declarada ilegal en segunda instancia por el Tribunal, la administración institucional encontró las armas jurídicas, se empoderó; no existiendo otra alternativa que buscar la negociación del mejor acuerdo posible y no exponer a al colectivo laboral a los despidos.

45- Como recordarán, la fecha límite para el cumplimiento de los acuerdos se venció en febrero del 2005, sin que al día de hoy se hayan cumplido. Contrariamente, la Administración superior fue eficiente y eficaz, impuso contra toda voluntad y protesta de los trabajadores y sindicatos, los denominados 42 tractos; como mecanismo de recuperación de salario percibido por las y los trabajadores, en tiempo de huelga, según fallo del Tribunal.

46- Lo anterior ha generado el repudio de las trabajadoras y los trabajadores y los gremios sindicales, que hemos reaccionado tibiamente y con bajo perfil. La ANEP ha venido planteando un trabajo intersindical a lo interno del A y A, con el objetivo de actuar como bloque para el logro de incidencia política en las jerarquías institucionales. Con pena tenemos que reconocer que la construcción de dicha estrategia no ha sido posible. Por otra parte, la Administración superior con gran habilidad política, ha propiciado un mayor acercamiento con los gremios sindicales internos, con el objetivo de limitar, aislar e impedir el trabajo organizativo y de incidencia política de la ANEP.

47- En ANEP, comprendemos estos juegos políticos de los jerarcas, muy marcados en las administraciones liberacionistas. Es una práctica de neutralización para impedir nuestro posicionamiento e incidencia y, a la vez, dividir a la clase trabajadora, ofreciendo concesiones de corto plazo que enturbian la mente a fin de que, los eventuales favorecidos, no comprendan las raíces del juego a que son sometidos.

48- El incumplimiento de los acuerdos, no es un tema olvidado. Retomaremos con toda beligerancia el cumplimiento de los mismos, así como un nuevo replanteamiento para la renegociación de los tractos, pues si la Administración del A y A ha incumplido los acuerdos pactados con los trabajadores, estos últimos y las representaciones laborales exigiremos que se dejen sin efecto los tractos o rebajos, planteamiento que formularemos a inicios del 2007.

X. EL 9.81 NO COMPENSÒ LOS SALARIOS MINIMOS EN EL AYA, EXCLUYÒ AL SECTOR PROFECIONAL Y CONTINUAMOS POR DEBAJO DELNIMO.

49- La declaratoria de ilegalidad de la huelga, no dejó margen ni espacio de maniobra para continuar negociando un porcentaje mayor, ello sin mencionar la posición dura y radical de parte las autoridades políticas de entonces; reconociendo que no fue lo justo pero que sí lo posible en las adversas condiciones coyunturales del momento histórico. El 9.81 es un porcentaje promedio que excluyó al sector profesional y que no resolvió el problema de los mínimos salariales de ley.

50- En ANEP no hemos renunciado a esta lucha reivindicativa, sea ésta mediante el proceso de reestructuración, si ésta conviene a la institución, exclusivamente; ó por los medios de presión y propuestas que formulemos conjuntamente con las trabajadoras y con los trabajadores. Desde ya y por este medio, solicitamos a los jerarcas institucionales la realización de un estudio que determine vía segmentos ocupacionales el porcentaje que estaría permitiendo dejar los salarios homologados al mínimo de ley; para lo cual solicitamos a la administración superior la conformación de una comisión de alto nivel, con representación de las organizaciones sindicales.

XI. ANEP PLANTARÀ RENEGOCIACIÓN DE LOS INJUSTOS TRACTOS O REBAJOS POR HUELGA, ASÌ COMO LA APROBACIÒN DEL
15% DE AUMENTO EN LA EXPENSA, SEGÚN ACUERDOS.

51- Estos dos planteamientos serán formulados por nuestra organización a las autoridades institucionales, a mediados del mes de enero. En el primer aspecto consideramos posible lograr un acuerdo de orden político, tanto con la presidencia como con la gerencia institucional; de igual manera solicitaremos con todo respeto pero con vehemencia a las mismas autoridades y a la Junta Directiva aprobar el porcentaje de expensa, puesto que no ha existido voluntad política ni presión suficiente de las organizaciones sindicales que obliguen a este órgano colegiado honrar este acuerdo.

XII. OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES

52- Finalmente quedan en el tapete una serie de aspectos cotidianos de orden institucional y laboral, como lo son la circular sobre conflicto de intereses, que prohíbe a las trabajadoras y a los trabajadores que no gozan del respectivo plus de prohibición, realizar labores de fontanería y otras especifidades en tiempo no laboral; un reglamento institucional propio, para el reconocimiento de viáticos; reformas al reglamento de expensas; revisión profunda sobre mecanismos y procedimientos ordinarios de investigación disciplinaria de que son objeto las y los trabajadores, pues según entendemos la institución consume enormes recursos humanos y económicos, en procesos ordinarios, que muchas veces no ameritan o tipifican para un costoso proceso jurídico laboral. Condiciones de salud ocupacional y cargas de trabajo extenuntes a trabajadores operativos (tal es el caso de los lectores de hidrómetros).

53- Otro tema que a nuestro parecer la Presidencia Ejecutiva debe discutir con las organizaciones sindicales, es la conveniencia de propuesta para convertir a la Región Metropolitana en un órgano de mayor independencia, así como la conversión de las oficinas regionales en “unidades de negocios”.
Con acciones, organización y propuestas, el colectivo laboral de esta estratégica institución, lograremos avanzar e incidir en las decisiones de orden estratégico que garanticen el fortalecimiento y la modernización institucional, ser protagonistas de primera línea y no ver como sujetos pasivos el rumbo institucional; se hace necesario tener dignidad.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Cuestionan proceso de calificación en Taller de la Fuerza Pública

San José, 14 de diciembre de 2006.
S.G. 05-07-1046-96

Licenciada
Wendy Rivera Román
Directora a.í.
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Seguridad Pública
Su Despacho

Estimada señora:

Luego de saludarle de manera atenta y respetuosa, hacemos referencia a nota fechada 13 de marzo de 2006, dirigida a su autoridad por el respetable grupo de trabajadores y de trabajadoras del Centro de Servicio de Transportes de la Fuerza Pública; quienes cuestionan el manejo del proceso de calificación ejercido por el señor Joaquín Fernández Cordero, por cuanto se realizó de manera unilateral, sin un proceso claro y totalmente subjetivo, al punto de que –según lo indican las personas quejosas-, cuando descubrió la inconformidad de su personal, el jerarca aludido habría ordenado un incremento en las calificaciones iniciales, como para calmar el vendaval de críticas.

Al respecto, es necesario dejar claro ante su digna autoridad, que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), respalda en todos sus extremos la carta del estimable personal indicado, considerando necesario que se atienda debidamente su reclamo, procediendo a tomar las medidas necesarias que restaure el honor lesionado de estos compañeros y de estas compañeras, afectados en su moral por una calificación, que a todas luces, es totalmente injusta y subjetiva.

Así las cosas, le solicitamos proceder en consecuencia y le agradecemos que su despacho nos responda de cómo se ha de proceder, para lo cual invocamos el Artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, sobre la respuesta suya a este planteamiento.

Le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Julio Soto Vargas
Responsable ANEP-Seguridad Pública

cc.: Lic. Fernando Berrocal Soto, Ministro de Seguridad Pública.
cc.: Sr. Rafael Gutiérrez Gómez, Viceministro de Seguridad Pública.
cc.: Comisario Oldemar Madrigal Medal, Director General de la Fuerza Pública.
cc.: Lic. Luis Román Hernández, Oficial Mayor, Ministerio de Seguridad Pública.
cc.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: División Seccional de la Dirección General de Servicio Civil-Seguridad Pública.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Trabajadores y trabajadoras, Centro de Servicio de Transportes de la Fuerza Pública.
cc.: Archivo.

Trabajadores de Rayos X, del Calderón Guardia, solicitan condiciones para mejorar servicio

San José, 6 de diciembre de 2006.
S.G. 05-07-1039-06

Doctora
Kemby Picado Mata
Jefe de Radiología
Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Presente

Estimada Doctora:

Primeramente, deseamos expresarle de parte de nuestra organización sindical nuestros más respetuosos saludos.

Aprovechamos la presente para referirnos a la situación en que laboran las trabajadoras y los trabajadores de la Sección de Rayos X, quienes están jerárquicamente bajo sus órdenes.

Nos hemos enterado de que esta población laboral tiene grandes carencias de equipos y suministros para brindarle a los asegurados, razón de ser del hospital, la atención que se merecen como usuarios del mismo, en una forma eficiente y eficaz.

Al respecto, nos damos por enterados de que usted, en su calidad de jefatura inmediata, debe de tener todo el conocimiento del caso.

Con este panorama claro de la problemática existente, nos interesa saber cuáles son las gestiones realizadas por usted en su calidad de responsable del buen funcionamiento del departamento de rayos X, para resolver los problema de todos los siguientes equipos que a continuación le detallamos:

1- Equipos sin contratos de mantenimiento y que se encuentran en mal estado, tales como:
a- sala de emergencias torre sur.
b- sala 7

2- Reveladoras malas. De un total de 7 reveladoras que se cuentan para brindar un buen servicio, sólo están en buen estado 3.

3- Faltantes de químicos para el revelado de placas.

4- Faltante de placas de las 11 × 14 y eventualmente de 14 × 17.

5- Faltantes de chasis y de parrillas, mismas que se debían de haber comprado en apariencia desde el mes de junio del año en curso.

6- El revelado del mamógrafo en este momento se encuentra en mal estado, lo que produce que toda la consulta tenga que ser devuelta.

7- El mamógrafo Fisher, se encuentra en mal estado desde hace aproximadamente un año, lo que obliga a sacar las dos consultas utilizando un mismo equipo.

8- Se siente en el ambiente una cierta desconfianza hacia la forma como trabaja el equipo y de alguna forma se le achacan a los trabajadores y trabajadoras la culpa por la falta de materiales, equipo y hasta de los componentes químicos.

9- Toda esta problemática hace que se recarguen las tareas en algunas salas. Así, por ejemplo, a la Sala 1 se le recarga todo el trabajo de la sala de emergencias. A la sala 2 se le recarga el trabajo de la sala 7.

10- El cuarto oscuro tiene filtraciones de luz. Además pasa una cañería séptica en el cuarto oscuro No. 2, lo que produce malos olores y a esto hay que agregarle los malos olores que despiden por su naturaleza los químicos de revelado de las placas, lo que hace casi imposible permanecer largos ratos en el mencionado lugar.

Así las cosas, quedamos a la espera del informe que nos indique sus gestiones realizadas para mejorar la situación laboral del los y las trabajadoras de Rayos X dentro de un plazo razonable de no más de cinco días hábiles; y, con esto, descartar la posibilidad de tener que acudir a otras instancias para resolver los problemas ya enumerados.

Nuestra solicitud la hacemos amparada en el Artículo 27 de nuestra Carta Magna y en el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

A sus órdenes para lo que interese, de nuevo reciba nuestro agradecimiento por tan fina atención a nuestra solicitud,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Luis Enrique Leal Ruiz
Responsable Sector CCSS.

cc.: Dr. Luis Paulino Hernández Castañeda, Director Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia.
cc.: Sra. Ingrid González Villareal, Coordinadora de Técnicos a.í., Servicio de Rayos X, Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia.
cc.: Señores Departamento de Salud Ocupacional, Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia.
cc.: Señores Auditoría Interna, Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP, Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia.
cc.: Archivo.

2007 año clave: Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo en Adaptación

Debemos recordar hoy algunos de esos derechos que todos y todas hoy disfrutamos en el Sistema Penitenciario Nacional, incluidos aquellas personas trabajadores de la institución que no creen en nuestra causa sindical.

Es importante valorar siempre el logro reivindicativo de estas luchas, especialmente por parte de aquellos compañeros y de aquellas compañeras de recién ingreso a la institución. Gracias a la lucha constante de la ANEP y al apoyo mayoritario y decidido del personal del ministerio, hoy disfrutamos de reivindicaciones como las siguientes:

  • El Riesgo Penitenciario
  • Las anualidades
  • Homologación de salarios para el personal de Seguridad (pendiente la segunda parte)
  • Vacaciones psicoprofilácticas
  • 22 de junio, Día del Trabajador Penitenciario
  • El Riesgo de Seguridad y Vigilancia
  • El Salario Escolar
  • El aumento del 9.81 % producto de una huelga de 36 días en A y A en el año 2005
  • Pago de los días feriados para el personal de la Policía Penitenciaria
  • Lucha contra la cárcel de Pococí: primer cárcel privatizada del país, hoy sepultada

Desde ya les estamos convocando para que, sin exclusión alguna, con el aporte participativo, el conocimiento acumulado y el trabajo voluntario de cada uno y de cada una, apoyemos nuestro próximo gran reto en el Ministerio de Justicia y Gracia, que deseamos iniciar a partir de enero del 2007: Lograr para nuestro sector la aplicación del máximo instrumento jurídico del Derecho Laboral costarricense, fundamentado en los diversos artículos establecidos por la OIT, el Código de Trabajo y sus Leyes Conexas. Nos referimos al establecimiento, a la suscripción, de una CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, en el Ministerio de Justicia y Gracia; convención que debe recoger y mejorar los derechos ya existentes, además de que se estarían incluyendo otras propuestas que le recomendamos analizar para que las ratifique ó nos aporte nuevas:

  1. Aumento progresivo en el monto de los riesgos
  2. Derecho a mantener el servicio de transporte el cual está en riesgo a desaparecer
  3. Aumento a los pluses salariales con revisión periódica
  4. Médico de Empresa
  5. Pago de horas extras para el personal de Seguridad
  6. Creación de la oficina de Salud Ocupacional, en cada centro, como lo establece la ley
  7. Establecer las Juntas de Relaciones Laborales
  8. Establecer convenios con el INS a fin de contar con pólizas reales
  9. Escuela de Capacitación Penitenciaria con una oferta educativa de desarrollo integral del personal, sujeto de retribución económico-salarial
  10. Establecer un escalafón de ascensos que le permita a la institución romper el estancamiento y la imposibilidad de promoción y de surgimiento técnico-profesional y administrativo
  11. Carrera Profesional Penitenciaria
  12. Derecho a mantener la alimentación en todos los centros penitenciarios
  13. Respeto a todo derecho de las mujeres
  14. Ampliaciones a Licencias Sindicales
  15. Materiales para el personal de seguridad: uniformes, zapatos, armas; capacitaciones (entrenamiento sistemático), etc
  16. Establecer convenios con las diversas Instituciones del Estado a fin de buscar los mejores métodos de preparación del personal de prisiones: INS, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Publica, y otros
  17. Instalaciones adecuadas: oficinas, dormitorios de Seguridad, comedores del personal, atención al usuario, etc
  18. Establecer a mediano plazo, un plan de retiro anticipado, lo cual ya existe en otros países como Argentina, tan sólo por citar un caso
  19. Nombramiento en propiedad del personal interino, reconociendo su antigüedad y su idoneidad en el cargo
  20. Elaboración de los respectivos protocolos ante eventuales desastres naturales, asaltos, fugas motines, secuestros y otros

Sin embargo, usted debe saber que nuestra institucionalidad y su trabajo actual, así como los derechos que hoy usted disfruta y los que se establezcan en una Convención Colectiva de Trabajo, estarían seriamente amenazados, ante la posibilidad de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los EEUU (TLC), que nos dividirá y nos dolerá hasta en los huesos al quedar nuestra legislación laboral y la Constitución Política por debajo de lo establecido en ese tratado.

Por ello y para que nuestros hijos y nuestras hijas, así como aquellos y aquellas que todavía no han nacido en este noble país, sigan conservando sus derechos, que son un legado de nuestros padres y otros ilustres de la Patria que dieron su vida por defender lo que creyeron ser justo para nuestro pueblo, por ellos seguiremos resistiendo. Únase a esta noble y patriótica causa.

Para todos y todas FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2007.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP

Ambiente laboral en Correos de Costa Rica lleno de incertidumbre

San José, 6 de diciembre de 2006.
S.G. 05-07-1036-06

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General

Licenciado
Roberto Portela López
Subgerente General

Correos de Costa Rica. S. A.
Sus Despachos

Estimados señores:

En primer término, reciban ustedes el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Luego de la reunión de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica celebrada este día miércoles 6, así como del análisis y balance del trabajo realizado en las dos más recientes giras regionales de ANEP por diferentes establecimientos de la empresa; se ha comisionado a esta Secretaría General de ANEP para gestionar ante vuestras autoridades, la concesión de una audiencia con bastante prontitud y con fecha y hora acordada entre las partes, en la que podamos abordar la siguiente temática reivindicativa de gran interés para el personal de Correos de Costa Rica S. A.

1. Eventual mal cálculo del aguinaldo, al no haberse contemplado el cómputo proporcional de las deudas por cambio ilegal de jornada.
2. Implementación errónea del concepto de Salario Escolar.
3. Incumplimiento del Artículo 49 de la Sentencia Judicial-Convención Colectiva de Trabajo, para pago de recargo de funciones.
4. Deuda por incremento salarial anterior.
5. Creciente rumor sobre despidos, no generado desde ANEP sino por diversas jefaturas intermedias.
6. Problemas de abastecimiento de agua potable en varias sucursales regionales (compra de bidones).
7. Problemática pendiente sobre reconocimiento por anualidades.
8. Honra de deudas por cambio ilegal de jornada contraída con quienes son hoy extrabajadores y extrabajadoras.
9. Posición institucional, oficial y definitiva, sobre la pretensión de la Municipalidad de San José, de apropiación del edificio central de Correos de Costa Rica, verdadero emblema y signo de identidad de la institución.

Consta a vuestras autoridades la actitud constructiva de la ANEP para la consolidación empresarial de la institución; sin embargo, la temática aquí incluida, sino recibe el abordaje debido y la mayor atención satisfactoria, no generará las condiciones que todos deseamos para asumir con positivismo convincente el desafío de la productividad y de la competitividad.

Esperando una favorable respuesta, reiteramos nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica. S. A.
cc.: Archivo.

Paro de labores en el Hospital Nacional de Niños

Cerca de 100 trabajadores y trabajadoras del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, de los servicios de Aseo y de Consulta Externa (Secretarial y Registros Médicos), se encuentran en Paro de Labores desde las 6 de la mañana de este día, en demanda del cumplimiento de compromisos anteriores adquiridos por las autoridades de dicho hospital, para la apertura de nuevas plazas que posibiliten reforzar el servicio que desde esos ámbitos, se brinda a la población que demanda los estratégicos y vitales servicios médicos para la niñez que lo requiera.

Hace aproximadamente dos años que el problema indicado se planteó, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para resolverlo. Los trabajadores y las trabajadoras de los servicios indicados, están con una gran preocupación por el deterioro de la calidad de los mismos, dado que la escasez de personal impide brindar una mejor atención.

La población usuaria del Hospital Nacional de Niños tiene mucha razón de criticar el deterioro de los servicios apuntados, pero las autoridades han puesto, de manera reiterada, oídos sordos al justo clamor del personal que hoy está en Paro de Labores.

Hacemos un llamado a la ciudadanía que tiene un especial cariño por y una alta estima al Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, para que apoyen esta causa justa.

No se está pidiendo ninguna mejorar salarial ni ninguna petición reivindicativa particular; solamente se tiene en mente, por parte del personal en movimiento, la necesidad de mejorar la calidad de la atención que se le debe brindar a la niñez costarricense y de otros países que demandan atención médica en el citado hospital.

San José, 22 de noviembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Condenado judicialmente en primera instancia, por despido sindical, el Exalcalde Municipal de Alajuela, hoy Presidente Ejecutivo del IFAM

El Juzgado Laboral de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en Sentencia de Primera Instancia emitida el pasado 3 de noviembre, le impuso una multa de un millón trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos colones (1.342.400.oo), al señor Fabio Molina Rojas, por considerarlo autor responsable de haber infringido el Artículo 363 del Código de Trabajo, por Persecución Sindical y Prácticas Laborales Desleales, al despedir ilegalmente a seis trabajadores de la Municipalidad de Alajuela que ostentaban cargos de representación sindical, en la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela.

MULTA A PAGAR DEL PROPIO BOLSILLO. Esta multa deberá ser pagada del propio bolsillo personal del hoy Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), dentro de los quince días siguientes a la firmeza del fallo judicial comentado, so pena de embargo de oficio de sus propios bienes.

DESPIDO ILEGAL ANTISINDICAL VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN. En su condición de Alcalde Municipal de Alajuela, el señor Fabio Molina Rojas despidió, ilegalmente, en enero y febrero del año 2004, a la trabajadora Sandra Jiménez Morales y a los trabajadores Guillermo León Jiménez, Róger Soto Alfaro, Allan Delgado Vásquez, Enio Soto Sibaja, Gerardo Cruz Morales, alegando “reestructuración institucional con responsabilidad patronal”, pese a que todos ellos, por pertenecer a la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, estaban protegidos por el Fuero Sindical establecido en el Código de Trabajo (Artículo 367), así reafirmado en la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Alajuela.

La sentencia en mención indica que el despido injustificado de los dirigentes sindicales de la ANEP en la Municipalidad de Alajuela, se trata de faltas a normas prohibitivas que atentan contra la Libertad Sindical consagradas en la Constitución Política y Código de Trabajo.

ORDENAN REINSTALACIÓN DE DESPEDIDOS CON PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. La trabajadora y los cinco trabajadores despedidos, los seis, deberán ser reinstalados en sus cargos reocupando el respectivo puesto que tenían al momento del despido, con el pago total de los salarios dejados de percibir. Además, la parte patronal, en este caso, la Municipalidad de Alajuela, deberá reconocer intereses por las sumas adeudadas a cada una de las seis personas despedidas ilegalmente, según el Código Civil.

SENTENCIA DE IMPACTO SOBRE LIBERTAD SINDICAL. Aunque todavía falta la confirmación de segunda instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se regocija por esta sentencia judicial que refuerza el Derecho Constitucional a la Libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental y genera un trascendental precedente de enorme impacto, tanto para la protección de los dirigentes sindicales en el Sector Público como en el Sector Privado, incluso.

ANEP PIDE DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE DE IFAM. La ANEP exhorta, de manera vehemente y en forma pública, al Presidente de la República, Oscar Arias Sánchez, a que destituya al Presidente Ejecutivo del IFAM, Fabio Molina Chaves, por su ilegal proceder en contra de la máxima laboral ley del país, el Código de Trabajo y en contra de la Constitución Política y los convenios internacionales que garantizan el Derecho de Libertad Sindical. Con tal proceder, el Sr. Fabio Molina mostró un absoluto desprecio por un Derecho Humano Fundamental, como lo es la Libertad Sindical, lo cual deja en entredicho ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nuestro país.

MUNICIPALIDAD DEBERÁ EROGAR MILLONES EN INDEMNIZACIÓN. Además, su abusivo proceder en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, obligará a la ciudadanía manuda que paga sus impuestos puntualmente, a erogar cerca de 60 millones de colones de las arcas municipales, para indemnizar a los trabajadores sindicalistas violentados en su Derecho Constitucional al Trabajo; simplemente porque eran sindicalistas de la ANEP que en su momento adversaron el prepotente y antojadizo plan de “reestructuración institucional” impuesto por el excalde alajuelense que, como vemos, le saldrá muy caro a la corporación municipal manuda.

San José, 13 de noviembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Las irregularidades en el proceso de concesión de Caldera, son responsabilidad del gobierno

San José, 10 de octubre de 2006.
S.G. 05-07-0904-06

Licenciado
Luis Alberto Muñoz
Director
Diario “La República”
Su Despacho

Estimado señor:

El firmante, ALBINO VARGAS BARRANTES, mayor, soltero, dirigente sindical, cédula 1-457-390, vecino de Alajuelita, en mi condición de Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), me presento ante usted para solicitar el derecho de respuesta establecido en el Artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica y en los numerales 66 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con respecto a la información aparecida en el periódico que usted dirige, concretamente en la edición del día viernes 6 de octubre, página 6, nota denominada “Suspendida construcción de puerto de granos”.

Nuestro derecho de rectificación nace del hecho que en la nota suscrita por el periodista Danny Canales, se consigna información inexacta con respecto al accionar de nuestra organización. Específicamente se da a entender que a raíz de los recursos de amparo y la acción de inconstitucionalidad interpuestos por el Secretario General Adjunto, señor Edgar Morales Quesada, a nombre de nuestro sindicato, se ha suspendido la construcción del puerto de granos; sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, razón por la cual le solicitamos se publique en las condiciones de ley, el siguiente derecho de respuesta:

Las irregularidades en el proceso de concesión de Caldera,
son responsabilidad del gobierno

Con relación a la nota del periodista Danny Canales, del día 6 de octubre, denominada “Suspendida construcción de puerto de granos”, queremos realizar las siguientes aclaraciones, con el fin de superar las inexactitudes de que la misma adolece:

1 – No es cierto que los concesionarios piensen construir un puerto de granos. Lo que se planea construir es una terminal granelera, que es una especie de silo para almacenar granos.

2 – No es cierto que las órdenes de la Sala Constitucional, signifiquen la suspensión de la construcción de la terminal granelera; sino que, más bien, lo que ANEP ha exigido es que previo a iniciar los estudios de factibilidad y los procedimientos de licitación, es indispensable realizar evaluaciones de impacto ambiental, que permitan descartar que en el mar y en una zona protegida, como en la que se encuentra el Puerto de Caldera, se pueda producir un daño ambiental irremediable, por derrame de combustibles u otros factores.

3 – Que en este caso, a pesar de múltiples advertencias de nuestra parte y al hecho de que los fallos de la Sala IV han sido claros en el sentido que los estudios de impacto ambiental deben realizarse previo al inicio de los procedimientos licitatorios y no luego, como en este caso; es que el deseo de los gobiernos Rodríguez, Pacheco y Arias, los llevó a irrespetar la normativa ambiental.

4 – Por lo anterior decimos que ni existe puerto de granos, ni mucho menos el atraso en la construcción de la terminal granelera se debe a la ANEP, sino a la irresponsabilidad de gobiernos cuestionados. ”

Agradeciéndoles su fina atención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Dr. Óscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
C.c. Licda. Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes.
C.c. Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
C.c. Lic. Paúl Zúñiga Hernández, Presidente Ejecutivo, INCOP.
C.c. Lic. Fernando Herrero Acosta, Regulador General de los Servicios Públicos.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Medios de Comunicación Colectiva.
C.c. Archivo.

Es auténtica: JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ, carné 11124.