Acción Sindical

ANEP pide a Defensoría intervenir en el INS: Nombramientos políticos sin idoneidad

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San José, 11 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0679-06

Doctora
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República
Defensoría de los Habitantes de la República
Su Despacho

Estimada señora Defensora:

En primer término, le expresamos el mayor de nuestros respetos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que nos honramos en representar, conjuntamente con la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP en el Instituto Nacional de Seguros (INS), solicitamos se intervenga para que se investigue los hechos relacionados con el nombramiento del Presidente Ejecutivo y del Subgerente del Instituto Nacional de Seguros (INS), realizados por el actual Gobierno de la República; pues a tenor de lo dispuesto por los estatutos jurídicos correspondientes, cuyo lema ha sido salvaguardar el principio de la técnica, dichos nombramientos carecen de validez jurídica dado que no satisfacen los requisitos exigidos por dichos estatutos.

Aquí lo que más preocupa es que la ley que regula esta materia, se hizo para defender el interés de los ciudadanos de un país, en este caso de todos los y de todas las costarricenses; interés que se ve puesto en serio peligro, cuando no son las personas o los profesionales con los perfiles requeridos y debidamente normados (según la normativa jurídica que detallaremos más adelante), los que los diferentes poderes ejecutivos nombran en las instituciones del Estado Costarricense.

Y es que en el caso específico del Instituto Nacional de Seguros, una institución que no sólo es una aseguradora comercialmente hablando, sino que es un ente público que debido a su génesis de creación fue estructurada y pensada como un ente fundamental en el soporte de la “Seguridad Social Costarricense” (dándosele la administración total de los seguros sociales de Riesgos del Trabajo, Seguro Obligatorio de Automóviles, y por supuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otras); hace que un manejo ineficiente e ineficaz de la institución por falta de conocimientos de sus jerarcas sea de elemental relevancia, para los intereses de la ciudadanía, toda vez que una mala administración afectará el bienestar público.

Son las actividades anteriores, más el manejo técnico de los Seguros Comerciales, los que en la gestión y control de los seguros en Costa Rica, requieren necesariamente de que quienes controles sus decisiones político-técnicas y gerenciales, sean personas de una amplia experiencia y conocimiento de la actividad aseguradora en el país y en el mundo. Condiciones que, definitivamente, no cumple el actual Presidente Ejecutivo del INS, el señor Guillermo Constenla Umaña y que tampoco cumple el recién nombrado Subgerente General del INS, Lic. Luis Ramírez Ramírez. Entendemos que los dos son abogados de profesión y esta por demás demostrado que nunca han estado en el campo de la actividad de los seguros del país.
Es por todo lo anterior que recurrimos a su digna representación como Defensora de los Habitantes, a plantear lo siguiente:

A. Sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo

La ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás Instituciones Autónomas y Semiautónomas No Bancarias (Ley No.5507 del 19 de abril de 1974), establece en su Artículo 3 la reforma al Artículo 4 de la Ley 4646 del 20 de octubre de 1970, donde señala que la Junta Directiva debe estar integrada por un

“1) Presidente Ejecutivo de reconocida experiencia y conocimiento en el campo de las actividades de la correspondiente institución designado por el Consejo de Gobierno cuya gestión se regirá por las siguientes normas (…)”.

Similarmente, la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (Ley No.33, del 23 de diciembre de 1936) reitera la disposición anterior acerca de la experiencia y conocimiento que el Presidente Ejecutivo debe poseer en el campo de las actividades institucionales.

Como es de dominio público, el Consejo de Gobierno nombró al Ing. Guillermo Constenla Umaña como Presidente Ejecutivo del INS; sin embargo, el perfil profesional del Ing. Guillermo Constenla Umaña no se ajusta ni en experiencia ni en conocimiento al campo de los seguros.

Por esta razón, dicho nombramiento por parte del Consejo de Gobierno configura un hecho irregular que no es compatible con una sana administración de los fondos públicos dado que, siendo el Presidente Ejecutivo la figura de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución, delegar la Presidencia Ejecutiva en una persona cuyo perfil no corresponde al campo de actividades de la institución eventualmente comprometería el buen uso del patrimonio institucional.

En ese sentido y de manera conexa, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, también es congruente con los motivos expuestos.

Dado que hay presunción de vicios de nulidad en este nombramiento, estimamos que es necesario, a fin de resguardar el patrimonio institucional, proceder a un nuevo nombramiento de Presidente Ejecutivo que satisfaga los requisitos expresamente mencionados en la Ley.

B. Sobre el nombramiento del Subgerente

De igual manera, las condiciones de idoneidad que se establecen para ostentar el cargo de Presidente Ejecutivo del INS, se reiteran en el Artículo 4 de la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (Ley No.33, del 23 de diciembre de 1936) cuando establece la condición de idoneidad en el campo de los seguros para el servir al cargo de Gerente y Subgerente:

“Designará también la Junta Directiva un Gerente que tendrá a su cargo la administración de los negocios del Instituto, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de acuerdo con la ley y con las instrucciones generales que le imparta la Junta Directiva; y un Subgerente, con igual poder, que reemplazará al Gerente en sus ausencias temporales y coadyuvará en la administración superior de la Institución, con las funciones que expresamente le señalen la Junta Directiva y el Gerente.” (se suple el subrayado)

Similarmente, el Reglamento General del Instituto Nacional de Seguros (Decreto Ejecutivo No.29 del 24 de junio 1964) establece en el Artículo 17 la potestad del Subgerente de reemplazar al Gerente en sus ausencias y de ostentar la representación judicial y extrajudicial del Instituto.

De manera conexa, la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Ley 7105), señala en su Artículo 15, que sólo los miembros del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas podrán ser nombrados en cargos públicos que requieran conocimientos en las ramas y especialidades de las Ciencias Económicas:
Artículo 15.- Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán:

a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado.

b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas.

Desde este punto de vista, el nombramiento del Sr. Luis Ramírez como Subgerente de la institución, realizado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, también tiene vicios de nulidad, puesto que el mencionado funcionario carece de experiencia y conocimiento en el campo de los seguros; y en general, en el campo de las Ciencias Económicas.

De nuevo, se configura un hecho irregular que no es compatible con una sana administración de los fondos públicos dado que, siendo el Subgerente la figura que sustituye al Gerente y que debe asumir la administración de los negocios del INS, que son negocios en el campo de los seguros; al delegar la Subgerencia, y eventualmente la Gerencia, en una persona cuyo perfil no corresponde al campo de actividades de la Institución, se estaría comprometiendo el buen uso del patrimonio institucional.

De ahí la necesidad de proceder con un nuevo nombramiento de Subgerente que satisfaga los requisitos expresamente mencionados en los cuerpos normativos.

C. Sobre el nombramiento de miembros de la Junta Directiva del INS

El nombramiento de los directivos Sonia Picado Sotela y Alberto Raven Odio, de igual manera incumplen con los requisitos de idoneidad en materia de seguros. Específicamente, en el Artículo 2 de la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros, se consigna lo siguiente acerca del nombramiento de los directivos:

“2) Seis personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente institución (…)” (se suple el subrayado)

Esto mismo está consignado en la ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás Instituciones Autónomas y Semiautónomas No Bancarias (Ley No.5507 del 19 de abril de 1974), en su Artículo 3 que reforma al Artículo 4 de la Ley 4646 del 20 de octubre de 1970.

Como es de dominio público, el perfil profesional de los directivos Picado Sotela y Raven Odio, no se ajusta ni en experiencia ni en conocimiento al campo de los seguros.

Precisamente, la no idoneidad de estas personas hace presumir que para el caso del INS (y en un momento en que algunos de los principales jerarcas que han ejercido en el pasado puestos directivos están siendo severamente cuestionados por la opinión pública y sus casos en manos del Ministerio Público), se estaría aumentando el riesgo de posibles irregularidades con daño patrimonial evidente producto de la impericia en la materia por parte de algunos de sus directivos.

Por tales razones, como indicamos, la ANEP y la Seccional ANEP-INS solicitan a la Defensoría de los Habitantes de la República intervenir en esta situación procedimiento a emitir los señalamientos pertinentes y demandando las debidas explicaciones, en aras del inobjetable interés ciudadano que implica la estabilidad financiero-institucional del Instituto Nacional de Seguros.

Anexamos texto de las disposiciones legales indicadas.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Víctor Ríos Sanabria
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-INS

cc.: Trabajadores y trabajadoras del INS.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

ANEP denuncia prácticas de acoso laboral contra sus dirigentes en Adaptación Social (Sistema Penitenciario Nacional), por denuncias de presuntas irregularidades en las cárceles del país.

Publicada el 11/07/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 10 de julio del 2006.
¡S.G. 05-07-0674-06
¡URGENTE!

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de Justicia y Gracia

Licenciando
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia

Su Despacho

Estimada señora y estimado señor:

Con la mayor consideración, expresamos a vuestras dignas autoridades el más respetuoso saludo de nuestra parte.

De manera enfática, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) que mucho nos honra en representar, les exhorta con vehemencia para que se giren las directrices que a bien han de corresponder, a fin de proteger la integridad moral, laboral, psicológica y hasta física de todos aquellos compañeros y de todas aquellas compañeras que en el Sistema Penitenciario Nacional y en el propio Ministerio de Justicia y Gracia ostentan cargos de representación sindical a nombre de la ANEP, así debidamente acreditados ante las instancias de ley; ante ciertos episodios de acoso, increpación, malacrianzas, intimidación y hasta amenazas veladas que han empezado a sufrir algunos de ellos, simplemente porque la ANEP y sus estructuras sindicales intermedias en las mencionadas entidades institucionales, han tenido la “osadía” de formular preguntas, hacer cuestionamientos y presentar denuncias de presuntas irregularidades en varias situaciones que los despachos de vuestras autoridades ya conocen.

Aunque podría valorarse como una posibilidad totalmente hipotética, en algunos de los y de las representantes de ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional, empieza a tomar cuerpo una especie de temor de que se intente una especie de “vendetta” política en su contra; en el sentido de que, eventualmente y de manera abrupta aparezca, en sus correspondientes y particulares espacios de trabajo, material u objetos radicalmente prohibidos en las cárceles del país, que buscase inculpar por su presunta tenencia a cualesquiera de los dirigentes de ANEP que han decidido comprometerse con la tarea del saneamiento institucional. Aunque tal monstruosidad no cabe en nuestra concepción sindical, sí queremos expresar aquí esa especie de angustia que empieza a inquietarnos, para que conste ante eventualidades trágicas.

Tómese en cuenta que este tipo de comportamientos de ciertas jerarquías contra representantes sindicales debidamente acreditados, pueden ser objeto de, incluso, procesos penales a la luz de la Ley No. 7360 y sería sumamente penoso y engorroso que las máximas autoridades políticas institucionales tengan que verse involucrados en algo así, porque funcionarios de segunda ó de tercer rango se molestan ante la eventualidad de que deban rendir cuentas de sus actos pasados y/o presentes.

Pareciera que ciertas estructuras institucionales de vieja data, que nunca estuvieron acostumbradas a rendir cuentas de sus actos, hoy parecen sumamente molestas y agresivas por las gestiones que la ANEP viene realizando en pro de una gestión institucional más transparente, más abierta, más participativa y más conciente de la trascendencia para el país de una institucionalidad bastante postergada ante la sociedad, como lo es la del Sistema Penitenciario Nacional.

Valga indicar, además, que este accionar de la ANEP que tanto parece molestar a algunas autoridades de corte tradicional, está en estricta congruencia con fundamentales lineamientos éticos que ha decidido impulsar el Gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez; y si bien es cierto con esta Administración mantenemos fuertes discrepancias estratégicas sobre la concepción de desarrollo que mejor le conviene a la clase trabajadora, la ANEP está conciente de que en el tema de la transparencia y de la ética en la función pública mucho se puede hacer de manera compartida, entre los sindicatos y las autoridades institucionales respectivas.

Vistas así las cosas, respetables máximas autoridades del Ministerio de Justicia y Gracia, reiteramos nuestra petición de actuar en lo indicado con la urgencia debida; pues, como dice el refrán popular “quien nada debe, nada teme” y estamos convencidos de que todas nuestras gestiones presentadas recientemente ante sus despachos, guardan congruencia con la política de transparencia institucional que el Gobierno que ustedes integran ha manifestado promover.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

cc: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Sectorial ANEP-DGAS.
cc.: Juntas Directivas Seccionales ANEP-Adaptación Social-
cc.: Trabajadores y trabajadoras, Sistema Penitenciario Nacional-Ministerio de Justicia y Gracia.
cc.: Archivo.

ANEP respalda acciones de trabajadores y trababadoras del INS

Publicada el 10/07/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 7 de julio del 2006.
S.G. 05-07-0675-06

Doctor
Guillermo Constenla Umaña
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Seguros (INS)
Su Despacho

Estimado señor:

En primer término, expresamos a su autoridad un atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Queremos dejar constancia por esta vía de la profunda preocupación que anima a esta organización, por la delicada y crítica situación institucional generada a partir de la renuncia compulsiva de un elevado grupo de compañeros y de compañeras quienes habían acumulado un gran bagaje y una enorme experiencia en el campo de los seguros.

Esta preocupación se torna más grave cuando estamos percibiendo que no existe un proceso realmente estructurado que ubique al personal en los puestos atinentes a su experiencia técnica en los diversos tipos de seguros. Tenemos entendido que las sustituciones de puestos, y nos referimos a aquellos donde se deben tomar decisiones (asistentes, subjefaturas y jefaturas, etc.), se ha estado asignando a personas que no tendrían la experiencia necesaria. Sinceramente creemos que esto puede afectar seriamente la calidad técnica y de servicio que, hasta donde tenemos entendido, ha sido una de sus preocupaciones cuando asumió el alto cargo que hoy ostenta.

Por tales razones, siempre reiterándole nuestro respeto y consideración, le solicitamos disponer lo pertinente para que de su parte se realice una revaloración y reconsideración de los nombramientos efectuados y se dé la oportunidad de responsabilidades decisorias, a quienes sí han demostrado a través de los años, experiencia, conocimiento y una buena atención a la población usuaria del INS.

Sin más y agradeciendo su gentil atención, nos suscribimos con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Víctor Ríos Sanabria
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-INS.

cc.: Trabajadores y Trabajadoras INS.
cc: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
cc.: Archivo.

Sobre el financiamiento para el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José

Publicada el 05/07/2006 | por | Dejar un comentario

Ocho argumentaciones que fundamentan
el empréstito del A y A con el
Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC);
y la necesaria aprobación
por parte de la asamblea legislativa,
antes del 31 de julio del año en curso

UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ANEP

INTRODUCCIÓN

Las políticas neoliberales y aperturistas de los últimos dos decenios, han sometido al A y A al estrangulamiento y debilitamiento financiero, con el propósito de propiciar su incapacidad y dar término a sus principios fundadores como la solidaridad, la subsidiaridad, la universalidad del servicio del agua potable y del alcantarillado sanitario, que presta esta institución de orden estratégico en el desarrollo humano.

Después de mas de treinta años, el A y A, a través del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), decide realizar la inversión ambiental y social más significativa desde su fundación.

ARGUMENTACIONES

1- El rezago en las inversiones en el campo del alcantarillado sanitario, ha ocasionado un acelerado deterioro ambiental en el Área Metropolitana, en los cauces de los ríos y en los mantos acuíferos; en consecuencia, la contaminación del recurso hídrico, producto de las cargas residuales, domésticas e industriales que sin tener tratamiento alguno son vertidos en el Río Tárcoles, implicando consecuencias de orden ambiental y un impacto económico en el Golfo de Nicoya, por una suma superior a los 200 millones de dólares al año; lo que se traduce en aceleramiento de la pobreza de sectores con economías de pequeña escala como, por ejemplo, el sector pesquero.

2- El sistema de saneamiento actual cubre el 50% de la población del Área Metropolitana y un 25% a nivel nacional; con el agravante de que solamente el 4% recibe algún grado de tratamiento, lo que significa una potencial amenaza para el desarrollo y la sostenibilidad del país.

3- Las primeras inversiones realizadas en el alcantarillado sanitario datan de los años 1911 y 1930 cuando se inauguraron los colectores en los ríos Torres y María Aguilar. Más recientemente, en 1972 y 1981, se construyeron y extendieron cuatro grandes colectores a lo largo de los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera; de tal manera que desde 1981 hasta la fecha, el país no ha hecho inversión en alcantarillado sanitario. Valga decir que desde 1991 mas de cien urbanizaciones construidas con red de alcantarillado sanitario, no operan por la falta de colectores.

4- El país ha priorizado las inversiones en agua potable, lo que le ha permito gozar de estándares envidiables, solo comparables con un país desarrollado. Según datos del 2000, los niveles de cobertura de abastecimiento de agua para consumo humano es del 98% a nivel nacional. Esto no ocurre con el alcantarillado sanitario que ronda el 34% nacional, y en el caso del Área Metropolitana, sólo el 45% cuenta con acceso al alcantarillado sanitario.

5- El proyecto total tiene por objetivo mejorar las condiciones que presentan hoy los ríos y el medio ambiente del Área Metropolitana, que marcan un grave deterioro causado por las descargas de aguas residuales sin tratamiento alguno, mediante la rehabilitación y expansión del sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de una gigantesca y moderna planta de tratamiento.

Los límites del área del proyecto total, incluida las dos etapas, abarca desde el este, el Cerro de Ochomogo, por la zona protectora del Río Tiribí, al sur; con Aserrí, San Miguel Higuito de Desamparados y los cerros del Tapezco en Escazú y de Santa Ana, al norte. Su límite natural es el Río Virilla, teniendo como puntas más altas al noroeste, San Rafael de Coronado y de este a oeste, las principales ciudades que conforma el límite de San Jerónimo de Moravia, San Juan de Tibás y Pavas.

6- El empréstito es tipificado de rango ambiental, por la suma de 15,001.000.000,00 yenes (100 millones de dólares), a un plazo de 25 años, una tasa de interés del 1.2% anual, fijándose el primer pago de amortización del principal para el 20 de marzo del 2013.

7- De no ser aprobado este empréstito, el A y A, como institución estratégica en el desarrollo humano, quedará limitada para la realización de inversiones de gran envergadura, pues su debilitamiento y su limitada capacidad de inversión social, la conducirá irremediablemente hacia la privatización.

8- El país y la sociedad costarricense habremos involucionado si la Asamblea Legislativa no diera el respetivo aval a esta oportunidad, para que el A y A vuelva a realizar inversión social, de tal manera que hagamos honor a la imagen internacional de país ambientalmente sostenible. Al respecto téngase presente que los estudios científicos demuestran que por cada dólar invertido en saneamiento ambiental, el sistema de salud y el país se ahorra 7 dólares.

9- Finalmente, comprendemos la preocupación externada por algunos honorables señores diputados y no menos honorables señoras diputadas, en el sentido de que este proyecto debe ser sometido a un profundo análisis, a partir de las experiencias con los empréstitos español y finlandés, así como el sonado caso ALCATEL; no obstante, nos preocupa que el país y la sociedad costarricense pierda la oportunidad de que el A y A pueda realizar la inversión social más ambiciosa en alcantarillado sanitario, una infraestructura colapsada desde hace veinte años.

PETITORIA

Por lo tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), exhorta, respetuosa pero vehementemente, a la honorable Asamblea Legislativa, a aprobar con la urgencia del caso el Contrato de Préstamo No. CR-P4, suscrito por el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) para financiar el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José; pudiéndose lograr así la inversión y la modernización de su colapsado alcantarillado sanitario.

San José, 5 de julio de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AyA

Clima laboral de temor en el Área Rectora de Salud de Guácimo

Publicada el 30/06/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 29 de junio de 2006.

S.G. 05-07-0664-06

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada Señora Ministra:

Reciba un respetuoso y cordial saludo de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Particularmente le manifestamos nuestro agradecimiento, por la deferencia que ha tenido su estimable autoridad, al atender con tanta celeridad el asunto de los viáticos, que afecta a los funcionarios y funcionarias del ministerio a su digno cargo y, en particular, a los de la Región Huetar Atlántica.

Mucho le agradeceremos girar las instrucciones necesarias para la solución del problema suscitado, a las autoridades de la región, a fin de que se haga efectivo cuanto antes, el cumplimiento de lo que su autoridad considera positivo sobre nuestras sugerencias. De esa manera se fortalecerá la paz laboral y evitaremos acciones que afecten la imagen institucional y la atención a las personas.

En otro orden de cosas, pero siempre relacionadas con la Región Huetar Atlántica, nos permitimos remitirle una denuncia que de manera temerosa, nos externaron algunos funcionarios y funcionarias del Área Rectora de Salud de Guácimo.

Se trata del clima laboral que se respira en ese centro de trabajo, aparentemente, recargado por un estilo de mando impositivo y acoso laboral, practicado por parte de la nueva Directora del Área, Doctora Say Leng Sang A, hacia algunos funcionarios y funcionarias, quienes temen denunciar los hechos en lo particular por temor a represalias. Ante tal situación, nos han pedido interceder en el asunto, al considerar que esa actitud afecta la atención del área en todos los niveles.

En honor a la verdad, debemos manifestarle que nosotros no conocemos a la respetable Directora; no obstante, trasladamos la denuncia por cuanto consideramos que es nuestra obligación hacerlo, al tiempo que le solicitamos se ordene cuanto antes, el estudio del clima labora correspondiente, a fin de que aflore la verdad en beneficio de la institución y de quienes actúan con responsabilidad y respeto al ordenamiento.

Una vez más le reiteramos nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEp-Sector Salud

C.c. Dr. Róger A Brown Stamp, Director Regional.
C.c. Dra. Rossana García González, Directora General.
C.c. Dra. Say Leng Sang A, Directora Área Rectora Guácimo.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Trabajadores y trabajadoras interesadas.

Paro general en la Junta de Protección Social de San José

Publicada el 30/06/2006 | por | Dejar un comentario

El lapso que dimos la semana pasada a la Autoridad Presupuestaria, para que se dignara responder nuestra solicitud, fue tiempo perdido.

Evidentemente, a la señora Directora de ese ente financiero, no le preocupa lo que ocurra en nuestra institución y mucho menos a nosotros los trabajadores y trabajadoras de la misma, razón por la cual tendremos que retomar la lucha y prepararnos para la jornada de medio día, este próximo lunes.

En ese sentido, hacemos un llamado a todo el personal, para que con el mismo entusiasmo y valor con que nos presentamos el lunes 19, lo hagamos este lunes 3 de julio, en el portón principal.

Tomemos en cuenta que tenemos la razón y tenemos la fuerza de nuestro lado, que el Señor Gerente General M.Sc. Luis Polinaris, nos da la razón y lo que es más, una semana después del paro pasado, en su condición de Gerente General, presentó ante la AP, un excelente Recurso de Revocatoria con apelación en Subsidio, contra el oficio 1677-06 que nos tiene en ascuas, documento, imposible de refutar; sin que se caiga en la irresponsabilidad y el ridículo legal, razón por la cual la A P. guarda silencio.

Aplaudimos la actitud del señor Polinaris, su sentido de responsabilidad como Gerente de la institución y su consecuente compromiso con la justicia laboral, demostrada en este proceso.

Ahora nos toca a nosotros el trabajo más difícil, el de la presión para que los sordos escuchen.

Desafortunadamente, no tenemos otra alternativa, a eso nos lleva la AP y quienes pretendan despojarnos de nuestros derechos.

TODOS AL PARO PARA SENTIRNOS ORGULLOSOS
QUE NO TE QUEME LAS MANOS EL 9:81%.

Seccional ANEP – JPSSJ

“Los derechos no se mendigan, se arrebatan”
José Martí

Trabajadoras (es) del Ministerio de Salud de la Región Huetar Atlántica solicitan pago de viáticos fijos para poder realizar su trabajo

Publicada el 26/06/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 23 de junio de 2006.
S.G. 05-07-0654-06
¡URGENTE!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Los abajo firmantes, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y funcionarios del Ministerio de Salud de la Región Huetar Atlántica, muy preocupados por la situación que impera en esta región, relacionada con el pago oportuno de los viáticos al personal de campo; nos permitimos, nuevamente, acudir a su estimable autoridad, en procura de una solución expedita.

El caso es que desde hace aproximadamente dos meses se giró una directriz por parte de la Dirección Regional Huetar Atlántica, que obliga a los funcionarios con derecho a ese rubro, presentar el cobro de los mismos en un nuevo formulario.

En principio nos hemos opuesto a esa directriz, para exigir un proceso de inducción en el cual se explicara con detenimiento, el porqué del cambio y del método a seguir; a fin de que no se suscitaran contratiempos a la hora de cancelar el importe reportado. Eso no se atendió y provocó lo que se temíamos. Hoy nos están devolviendo las fórmulas precisamente por “fallas” en la confección.

En procura de la solución a nuestro problema y al de las comunidades de la zona, nos permitimos con todo respeto solicitar lo siguiente:

1) Que se ordene el proceso de inducción para el cambio de formularios de viáticos, por respeto al personal y para evitar los contratiempos ya suscitados.

2) Que se retome el formulario de viáticos fijos anterior, por cuanto hemos sido enterados que el Ministerio de Hacienda, no ha solicitado cambios para el pago de ese rubro.

3) Que se atienda la solicitud de transformación del viático fijo en sobresueldo, presentada por los sindicatos SITECO y ANEP, a finales de la anterior administración, para evitar la incertidumbre de ilegalidad del mismo, cada vez que lo cuestiona el Ministerio de Hacienda.

4) Que se ordene recibir los formularios de viáticos, devueltos el 19 de junio por parte del Departamento de Contabilidad de la Región Huetar Atlántica y otras donde se presente el mismo problema, para que se cancele cuanto antes lo adeudado; de lo contrario, el personal se verá obligado a no atender el trabajo de campo, a partir de la próxima semana.

Estimada señora Ministra; Insistimos respetuosamente en que su autoridad intervenga en este asunto para la solución de este problema; y que tome en cuenta que el personal de campo, no seremos los responsables de lo que ocurra por cuanto no se han atendido nuestras sugerencias ni planteamientos para mejorar la comunicación entre directores y subordinados.

En espera de una respuesta expedita, nos suscribimos atentos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Ministerio de Salud

cc.: Dr. Róger A. Brown Stamp, Director General Región Huetar Atlántica, Ministerio de Salud.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP
cc.: Personal Región Huetar Atlántica, Ministerio de Salud.

FIRMAS DE RESPALDO DEL PERSONAL AFECTADO DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

Trabajadores y trabajadoras de correos se oponen al despojo

Publicada el 22/06/2006 | por | Dejar un comentario

A la opinión pública nacional
Al personal de Correos de Costa Rica S. A.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A., adscrita a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de un proceso de consulta con las bases laborales que representamos en la institución; dejamos constancia de que nos oponemos, de manera rotunda, a la pretensión del actual Alcalde de San José, Ing. Johnny Araya Monge de despojar a nuestra institución de su emblemático edificio central, ubicado en el corazón de la capital de la República.

Esa pretensión atenta contra la identidad y la conciencia nacional de carácter social, expresadas en la institucionalidad de Correos de Costa Rica S. A., entidad consustancial con nuestro sistema democrático.

El despojo que se le quiere hacer a la empresa de su “cara visible” ante el país y ante el mundo, no puede verse disociado de concepciones privatizadoras que pretenden desde hace bastante tiempo, mercantilizar totalmente la actividad postal del país, acabando con la última expresión de concepción de servicio público que queda en tal ámbito: precisamente, Correos de Costa Rica S. A.

De concretarse la aspiración del alcalde capitalino Araya Monge, la entidad recibirá un duro golpe económico pues, precisamente por su institucionalidad emblemática y su ubicación, el edificio central de Correos de Costa Rica genera por sus diversas actividades postales, una suma superior a los 700 millones de colones anuales.

Además, no podemos concebir cómo es posible darle valor económico a una construcción conceptuada como patrimonio histórico del país y parte esencial de un legado cultural que, muy a pesar nuestro, tiende a extinguirse. El edificio central de Correos es invaluable.

Si el señor Alcalde Municipal de San José desea unas instalaciones acorde a su “investidura” pues que disponga de los dineros previstos para el pretendido despojo a Correos de Costa Rica S. A., de su símbolo máximo de identidad cultural, empresarial y visual, en otras ideas menos descabelladas, ofensivas e irresponsables.

Hacemos un llamado a la población trabajadora de la institución; a la conciencia cívica nacional; a todas las fuerzas civiles y patrióticas para que nos unamos en defensa de Correos de Costa Rica S. A. y de este ataque injusto y desafortunado; emprendiendo las acciones necesarias para que este desliz de quien hasta ahora ha sido visto como un jerarca municipal muy distinguido en este país.

San José, 21 de junio de 2006.

Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.

Patricia Guevara Araya

Gilberto Bell Arrieta

Claudio Sánchez González

Rivelino Fernández Porras

Alvaro Murillo Chacón

Marcelo Riba Bazo

Asdrúbal Marchena Gómez

Paro de labores en la Junta de Protección Social de San José

Publicada el 19/06/2006 | por | Dejar un comentario

Un paro de labores, de 8 a 10 de la mañana de este lunes 19 de junio, protagonizaron trabajadores y trabajadoras de la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ), molestos por una eventual decisión de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda; contraria que en tal institución se aplique el incremento salarial, ajuste técnico a los salarios mínimos de ley, que lograron con su histórica huelga general el año pasado, los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).

Estamos hablando del famoso porcentaje del 9.81 % dispuesto por el anterior Gobierno de la República, para ser aplicado en aquellas instituciones pertenecientes al sistema de valoración salarial de la Dirección General de Servicio Civil, así como también a entidades adscritas al mismo.

Pese a que la Junta de Protección Social de San José no está en ninguna de las anteriores dos categorías, por Decreto Ejecutivo No. 28663-MTSS, de la Administración Rodríguez Echeverría, publicado en La Gaceta No. 103 del 30 de mayo de 2000, se permite este tipo de reajustes salariales.

Veamos:

Artículo 1. Se debe reconocer a los servidores de la Junta de Protección Social de San José, el pago por ajuste técnico, que se decretó por la Comisión Negociadora de Salarios y el Poder Ejecutivo, a partir del año 1998 y cada vez que se apruebe este extremo para los servidores del Sector Central”.

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, después de seis años de vigencia de tal decreto ejecutivo, ahora decidió que habría que “analizarlo” jurídicamente, lo cual es percibido por el personal de la mencionada institución como la antesala de la improbación del pago del 9.81 % en la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ) que ya había hecho las previsiones presupuestarias de rigor.

En el fondo de todo este asunto está la gran preocupación de la clase trabajadora asalariada por el sistemático proceso de empobrecimiento a que está siendo sometida en los últimos gobiernos, dadas las continuadas políticas neoliberales de restricción salarial; políticas que ya empiezan a ser revalidas por el recién iniciado gobierno, a juzgar por las pretensiones de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en el caso que nos ocupa.

Trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional emplazan a La Nación S.A.

Publicada el 25/05/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 25 de mayo de 2006.

SECIN-036-06

Señor
Alejandro Urbina
Director

Señor
Julio Rodríguez
Coordinador de Opinión y Editorial
Diario La Nación
Presente

Estimado señor:

Nos acogemos al derecho de respuesta que nos otorga la ley para referirnos al editorial de “La Nación”. publicado el día martes 23 de los corrientes titulado “Sinsentidos Públicos”.

Para empezar, desde la óptica neoliberal, de la cual su representada es por naturaleza el vocero más calificado, cualquier cosa que se firme dentro de una convención colectiva de trabajo es un pecado, porque todo lo que sea de carácter social es un estorbo para el capital, ya que, para los abanderados de dicha corriente, lo que importa es el dinero y no las personas.

Señor Director: Queremos indicarle que las convenciones colectivas de trabajo son instrumentos que facilitan las relaciones obrero-patronales, debidamente normadas por el Código de Trabajo (que es una conquista social), en su Capítulo III, artículos del Nº 54 al Nº 62 y la Constitución Política de la República de Costa Rica (artículos Nº 60 y Nº 62), amparadas por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa de nuestro país. Además, en el Sector Público, se cuenta con el Decreto Ejecutivo Nº 29576, “Reglamento para la negociación de convenciones colectivas en el Sector Público”.

Siendo las convenciones colectivas de trabajo instrumentos valiosos para el desarrollo de las instituciones o empresas y de sus trabajadores (as), cuál es el objetivo que se persigue a través suyo y del diario que representa, el jugar el papel de “abogados del diablo”, dándose a la “cacería de brujas” cual si fueran una “inquisición” (cosa por la que hasta el mismo Papa Juan Pablo II pidió perdón), haciéndose poseedores de la “Verdad Absoluta”; y de una forma maliciosa y malintencionada, induciendo a la población lectora de su diario a creer que los derechos de los trabajadores (as) de este país son “beneficios abusivos”.

Cómo se atreve, señor editorialista, a cuestionar las convenciones colectivas cuando empresas privadas como La Nación S. A., niegan los derechos constitucionales a sus propios trabajadores para organizarse. Los sinsentidos periodísticos son más reales y antidemocráticos que cualquier artículo firmado en convención colectiva, ¿Quién se cree usted para decir que una convención colectiva pierde sentido porque a los trabajadores se les conceda el día de cumpleaños libre, para poder pasarlo al lado de su familia? Posiblemente usted en su calidad de trabajador nunca ha tenido esa facilidad. ¿Qué lástima verdad? ¿A cual trabajador no le gustaría que se hiciera lo mismo con ellos? Ustedes tienen la palabra para aplicarlo en su empresa, si es que realmente respetan los derechos laborales de este país.

Los derechos supracitados están ahí para todos, no son exclusivos de los trabajadores del Sector Público, son también para los trabajadores del Sector Privado, pero para ellos es prohibido organizarse, ni tan siquiera manifestar lo que piensan creen o sienten porque inmediatamente son despedidos. Sabemos que en el Grupo Nación no hay sindicato, pero qué importan las personas, lo único que interesa son las ganancias de la empresa; sin embargo, a pesar de todo, ustedes los patronos si se organizan, pero en vez de llamarse sindicatos se llaman cámaras, ¿Por qué ustedes como patronos si se pueden organizar para defender sus intereses, pero los trabajadores si intentan organizarse para defender sus derechos y condiciones de vida digna, inmediatamente son despedidos?

Dentro de óptica del “libre comercio” que tanto predican desde los “matutinos de Llorente”, los derechos laborales son un estorbo para el “desarrollo” del país, pues no se “permite” al mercado imponer su ley salvaje de economía liberal, donde el que manda y gana es solo aquel que posee capital, el que no lo tiene es un fracasado. Su “dios” dinero está por encima de todo y todos (as), y al que hay que adorarle (nada más anticristiano y antisocial), y las políticas sociales son una “carga” a la que hay que eliminar.

Hoy, las convenciones colectivas, mañana la salud pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, El INS, el IMAS la Imprenta Nacional, etc., y todo lo que es un “gasto” para el “libre mercado”. Qué lástima que su crítica no la haya encaminado también a cuestionar la cláusula de la convención colectiva del INCOP que le cuesta al estado $30 millones, mas de 15 mil millones de colones, para privatizar Puerto Caldera.

Pero esto usted no lo cuestiona porque como se trata de privatizar una institución pública, “eso se ve bien”, dentro de su modelo neoliberal, y no importa que paguemos por darle a manos privadas un activo del Estado, activo por el cual entra la gran mayoría de los alimentos de este país. ¿Qué le irá a decir usted a la gente cuando las galletas, los macarrones, las harinas y otros alimentos sean más caros porque ustedes guardaron silencio?

Desde nuestro lado, creemos en la economía social y solidaria, en la acertada redistribución de la riqueza, en los derechos laborales, en el Estado Social de Derecho, que no fue regalado, fue conquistado y construido por costarricenses de gran visión de país; esos que creían de verdad en que el desarrollo costarricense debía de darse por los costarricenses y no nos hacían creer que solo la inversión extranjera nos puede salvar, porque ahora nos quieren hacer creer que nosotros no podemos y solo el “sacrosanto libre comercio” es la única solución, nada más alejado de nuestra identidad.

La perspectiva neoliberal en la que se están tratando estos asuntos, nosotros no tenemos cabida, ni siquiera a ser escuchados, solo se nos sienta en el banquillo de los acusados a que se nos encuentre culpables sin derecho de respuesta, y sabemos que estas líneas jamás saldrán publicadas en “La Nación”, enemiga de la clase trabajadora de este país.

Vistas así las cosas, le solicitamos darnos derecho de respuesta al artículo de marras, para que se vea una perspectiva completa de dicho instrumento, y no información sesgada con carácter malicioso y engañoso como el que se oculta en editorial, pudiéndose así ver objetivamente la situación y no inducir al público lector a crear falsas impresiones acerca de nuestro trabajo. ¡Dejen de ver fantasmas donde no los hay!

Esperando ver que nuestra petitoria algún día sea publicada por este medio y no caiga sobre “oídos sordos”, y que podamos creer que “La Nación” realiza un periodismo objetivo, le instamos a conversar con nosotros y ampliar más aun sobre el tema, porque desde nuestro punto de vista no se está realizando un verdadero periodismo investigativo, sino uno de “amarillismo” y mal intencionado, que lo que busca es dañar a la ya de por sí golpeada clase trabajadora de este país.

Así las cosas, su tarea es inmensa, pus tienen que derrotar al movimiento social de Costa Rica (tarea que nunca lograrán), ese, que con sentido común y visión de desarrollo nacional, impiden que, el gran capital nos robe todo, inclusive, nuestra manera de pensar y vivir.

Atentamente,

SECCIONAL ANEP
IMPRENTA NACIONAL

Rudy S. Villalobos Campos
Presidente Seccional ANEP – Imprenta Nacional

Guillermo Murillo Castillo
Directivo Nacional de ANEP

C. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C. Trabajadores y Trabajadoras de la Imprenta Nacional
C. Archivo.