Categoría: Acción Sindical

Estimado señor Ministro:

Primeramente, para nuestra organización sindical nos es de sumo agrado expresarle todas nuestras mayores muestras de respeto y consideración a su autoridad.

Somos conocedores del esfuerzo que está haciendo su persona por mejorar las condiciones de acción en la vida nacional del ministerio a su cargo, como lo fue en el pasado no muy lejano; aspiración que lo ha llevado a la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), cuyo fin último, es el de acondicionar y mejorar todas las instalaciones de todas las delegaciones u oficinas regionales tanto de la Dirección General de Educación Vial, como de la Dirección General de la Policía de Tránsito; e inclusive, la reubicación tanto del Departamento de Licencias y Educación Vial de San José, como del mismo Plantel Central de la Policía de Tránsito.

Desde está perspectiva, nuestra organización sindical que, valga indicar, cuenta con una gran membresía de afiliación en todas las direcciones antes mencionadas, muy respetuosamente le solicita nos certifique copias de todas y cada una de las minutas que se han levantado en todas las reuniones que ha hecho la Comisión constituida por usted para cumplir con la disposición de la Contraloría General de la República.

Lo anterior lo propiciamos ante el temor y la zozobra que producen estos cambios, principalmente entre los trabajadores y trabajadoras de las zonas más alejadas, básicamente por la falta de información de que son objeto; en especial, cuando en el “correo de las brujas” se habla de traslados de funcionarios de una dirección a otra o de traslados de la Policía de Tránsito al MOPT.

Nuestro interés como sindicato serio y responsable, es el de tener a los y las trabajadoras perfectamente bien informados para disipar todas esas nebulosas que existen en torno al convenio, además de sobreguardar la estabilidad laboral de sus funcionarios y funcionarias.

Creemos en la necesidad y en las bondades del proyecto en el tanto se desarrolle con rostro humano y se destierre el fantasma de los despidos injustificados, o lo que es peor, nos referimos a los traslados obligados, dejando sin opciones a las y los trabajadores en especial sino cuentan con los suficientes atestados académicos.

Así las cosas, tenemos informes de que se han definido una serie de temas para estudiar en la Comisión y de los cuales le solicitamos la mayor información de los avances en que se encuentran en la actualidad los mismos; nos referimos a los siguientes temas:

1- Modificación a la Ley de Administración Vial y a la Ley de Tránsito.

2- Los traslados del Personal de la Policía de Tránsito al MOPT y al CONAVI, en especial si dicho traslado es negociado con los trabajadores o es forzoso.

3- Una copia de la posición oficial de la Contraloría General de la República con respecto a la posibilidad de que el COSEVI asuma los gastos operativos de Educación Vial y de Ingeniería de Tránsito, mientras se modifica la ley, si es que hay ambiente legislativo para el cambio.

4- Finalmente nuestra solicitud oficial, sobre la necesidad que participemos en todos los cambios que se quieren impulsar, con el objeto de garantizarle a las y los trabajadores la tranquilidad de que sus intereses están bien resguardados.

Agradeciéndole por anticipado toda la atención prestada a nuestra solicitud, de nuevo le expresamos nuestro respeto por su fina atención para con nuestra solicitud, la cual la amparamos en los designios del artículo 27 de nuestra Carta Magna y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Luis Enrique Leal Ruiz
Responsable ANEP-MOPT

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c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del MOPT.
c.:Archivo.

Señores y señoras
Diputados y Diputadas
Federico Vargas Ulloa, Coordinador
Elvia Navarro Vargas
María Elena Núñez Chaves
Miguel Huezo Arias
Luis Paulino Rodríguez Mena
Subcomisión de Presupuesto
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Presente

Asunto: COLAPSO TOTAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL POR RECORTE PRESUPUESTARIO DE 3.079 MILLONES DE COLONES PARA EL 2006

Estimados señores diputados y estimadas señoras diputadas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les hace llegar el más atento y respetuoso de sus saludos.

De esa misma manera respetuosa, les estamos haciendo la más vehemente exhortación y un dramático llamado para que dispongan lo pertinente, a fin de restituir los montos económicos cercenados por el Ministerio de Hacienda, al presupuesto presentado por el Ministerio de Justicia y Gracia para hacerle frente durante el año 2006, aunque sea de manera sumamente mínima y austera; a las crecientes necesidades del funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual se dirige desde la Dirección General de Adaptación Social, dependencia de la citada cartera de Justicia y Gracia.

Para nadie es un secreto que el deterioro social, económico y moral que vive nuestro querido país, está propiciando, muy a pesar de todos, un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la conducta infractora de ley que, lógicamente, está incidiendo en el aumento en el número de las personas privadas de libertad; pero, de manera paradójica, tal crecimiento no lleva aparejado el aumento en la dotación presupuestaria institucional, tanto para compra de materiales y servicios como para el nombramiento de nuevo personal.

Esta situación se ha de agravar por diversas normativas jurídicas punitivas que se están adoptando en el plano legislativo, para combatir el crecimiento de la conducta delicuencial, como la nueva “Ley de Ejecución de las Sanciones”; decisiones que, sin duda alguna, incrementará la población penitenciaria intramuros.

Las condiciones socioambientales de las cárceles costarricenses, pese a los notables esfuerzos institucionales, tienden a un acelerado deterioro y los presupuestos que se han venido tramitando, en el marco de las severas restricciones fiscales que se dice que existen, tan sólo contemplan el funcionamiento “vegetativo” (por decirlo de alguna manera) de la entidad carcelaria nacional.

Es por esta razón que el recorte presupuestario aplicado unilateral y drásticamente para el 2006, por parte del Ministerio de Hacienda, hará que el Sistema Penitenciario Nacional caiga en un colapso espantoso donde la vida de todas las personas que tienen relación con él (privados de libertad y personal profesional, técnico, administrativo y de seguridad), estarán en serio peligro.

Si no se toma la decisión política, aplicando la voluntad soberana depositada en el primer poder de la República, de restaurarle al Ministerio de Justicia y Gracia, el cercenamiento de poco más de 3 mil millones de colones que la cartera de Hacienda recortó de manera unilateral, situaciones como las que apuntamos se volverán inmanejables. La pericia de la Policía Penitenciaria y el denodado compromiso del personal institucional que atiende a la población carcelaria, en medio de tanta dificultad, explican porqué todavía no hemos presenciado situaciones de amotinamiento sangriento, pese que, no es exagerado que lo digamos, las condiciones parecen estar dadas, a raíz del descenso vertiginoso de las condiciones de vida dentro de los penales nacionales.

Mantener esa situación de un recorte de tanto impacto, implicará, entre otras afectaciones, reducción drástica de las visitas de campo a las familias de las personas privadas de libertad; reducción de las salidas médicas al carecerse de vehículos y de combustible; deterioro de las posibilidades de saneamiento de las instalaciones carcelarias (como carencia de papel higiénico para la población penal y carencia de carbolina para desinfectar los pisos).

Algo que tiene una enorme repercusión en toda esta situación dramática, es el recorte para la compra de alimentos, cercano a los 500 millones de colones, lo cual indica que entre la población penal llegaremos a situaciones de hambre, literalmente hablando; dado que ya la calidad y la cantidad de alimentos que recibe la población penal refleja una grave crisis nutricional.

Con ese recorte, llevaremos a situaciones extremas casos como las que ya se dan, en los cuales el policía penitenciario encargado de la seguridad de las cárceles, tiene que sacar de su bajísimo salario (una raquítica base salarial 108 mil colones mensuales), dinero para comprar pilas para los focos, tela para sus propios uniformes, aporte para compra de gas y calentar sus alimentos; así como olores y especies para hacer más digerible la paupérrima comida que la institución les brinda. Tómese en cuenta que la policía penitenciaria, por el rol de servicio que tiene que observar, permanece una semana intramuros carcelarios por una de descanso, lo cual hace que la semana laboral “por dentro”, se tenga que soportar en condiciones socioambientales y alimenticias realmente precarias.

Podríamos seguir puntualizando situaciones que parecen inverosímiles de creer en un país que como Costa Rica, se ufana de su política de protección de los Derechos Humanos; pero, lamentablemente, la situación de las cárceles costarricenses va de mal en peor si continuamos por la peligrosa senda de restricciones presupuestarias irracionales y potencialmente explosivas para fechas próximas.

Es por ello que, nuevamente, honorables señores diputados y señoras diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, les solicitamos corregir el grave error estratégico que para la seguridad del país, significa el recorte presupuestario de 3.079 millones de colones en las asignaciones del Ministerio de Justicia y Gracia para el 2006.

Quedamos a sus gratas órdenes para profundizar sobre el particular.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

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c.:Junta Directiva Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.:Junta Directiva Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras de Adaptación Social.
c.:Archivo.

La Convención Colectiva es un instrumento legítimo de la clase trabajadora, a través del cual, se mejoran los derechos mínimos contenidos en la legislación ordinaria. Todo aquello que esté allí regulado, es ley entre partes y no puede ser modificado unilateralmente por la administración.

¿Qué beneficios nos traería un instrumento como este?

• Estabilidad en el empleo

• Garantías sindicales

• Una regulación más detallada respecto al acoso sexual y psicológico en el empleo

• Una junta de relaciones laborales y de resolución de conflictos que conocería de cualquier situación que se origine en las relaciones de empleo, incluyendo una posible reestructuración institucional

• Muchos de los derechos que ya tenemos en el Reglamento Autónomo de Servicios, adquirirían rango de ley, lo que quiere decir que no podrían ser modificados o eliminados unilateralmente por la administración

Tengamos claro que la libertad sindical se constituye de tres ejes fundamentales reconocidos internacionalmente: libre sindicalización, derecho a la negociación colectiva y derecho a huelga. En ausencia de alguno de estos principios, el derecho a sindicalizarse no es pleno.

AFÍLIATE YA A LA ANEP, necesitamos fortalecer nuestra organización sindical, para lograr que la administración se siente a negociar y lograr un buen acuerdo que beneficie a todas y todos.

SECCIONAL ANEP-INAMU
6 de setiembre de 2005

Licenciado
Paúl Zúñiga Hernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Estimado señor:

En primer término, permítanos agradecer que por primera vez en cinco años, un jerarca del INCOP acepte recibir a nuestra representación oficial, ello indefectiblemente, significa un acto de respeto al derecho fundamental a la libre sindicalización.

Por este medio, aprovechamos para dejar plasmada por escrito, nuestra posición respecto a los dos temas que trataremos en la audiencia por usted concedida el día de hoy.

1. TRABAJADORES DENOMINADOS “OCASIONALES”

Con este grupo de trabajadores, muchos de ellos afiliados a nuestra organización sindical, hemos venido librando una batalla desde octubre del año 2002, cuando fueron cesados de sus puestos injustamente y reinstalados gracias a la oportuna intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Resulta que a estas personas, las autoridades administrativas de la institución a su digno cargo, les han negado los derechos laborales fundamentales, empezando por el salario mínimo, su derecho al pago de subsidios por incapacidad, el salario escolar, las anualidades y hasta su derecho a obtener una constancia salarial. Ello ha motivado gestiones de nuestro sindicato en dos sentidos: demandas individuales ante los tribunales laborales, en reclamo del salario mínimo dejado de percibir por cada uno de ellos, con las consecuentes diferencias en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; y denuncias por infracción a las leyes laborales contra la empresa y sus jerarcas en su calidad personal.

Como es bien conocido por usted, los tribunales laborales ya nos han dado la razón, y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha vertido jurisprudencia, reconociendo el derecho de estas personas a percibir el salario mínimo de ley. Alrededor de ¢15 millones ha de haber desembolsado el INCOP para hacer frente a las deudas reconocidas por los tribunales en 4 de las demandas. Sin embargo, debemos manifestar que hay muchas más en trámite, que probablemente multiplicarán la erogación económica para la institución, razón por la que tal y como lo planteamos a la Junta Directiva de INCOP cuando se ganó la primer demanda, consideramos que sería mucho más barato para la institución, poner a derecho la situación laboral de estos trabajadores e impedir que la deuda siga acumulándose, y que se una a los intereses y las costas procesales de los juicios.

Por otra parte, debemos indicar que los mandos medios de la institución, han venido acrecentando sus prácticas discriminatorias contra estas personas, a muchas de las cuales, después de haber obtenido sentencias favorables a sus intereses, no les han dado la oportunidad de entrar en los llamados de lista de las cuadrillas, lesionando el sagrado derecho al trabajo.

Agradeceríamos don Paúl, que usted, como máximo jerarca del INCOP, tome cartas en el asunto, a fin de que la institución que usted preside, se ajuste al ordenamiento jurídico costarricense.

Sobre el tema de la infracción a las leyes laborales, le notificamos que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comprobó que por la situación de los ocasionales, se está infringiendo nuestro Código de Trabajo, y habiendo realizado la prevención correspondiente sin que fuera atendida por la institución, presentó la acusación correspondiente ante los tribunales laborales. Igual ha hecho nuestra organización.

Al respecto, es importante manifestar que de obtener una resolución favorable, no solo se condenaría al INCOP como patrono, sino a cada uno de los funcionarios acusados, quienes han sido acusados en su condición personal. Permítanos comentarle que en un caso de Correos de Costa Rica, recientemente el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, en una denuncia similar, además de condenar a la empresa a reparar el daño causado, condenó a la Gerente General, a pagar una multa de un millón de colones por considerarla infractora. Sería una lástima que por unos cuantos “cabezas calientes”, el INCOP y su persona, tengan que pagar una multa por no atender la prevención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. EL DESPIDO DE NUESTRO DIRIGENTE: WALTER MENDOZA RAMIREZ

Otro tema que nos preocupa, es el despido injusto de uno de los miembros de la Junta Directiva de nuestra seccional en el INCOP, el compañero Walter Mendoza Ramírez, a quien no solo se le despidió injustamente, sino a quien se le prohibió el ingreso a las instalaciones portuarias, constituyendo esta situación, una restricción a su derecho al trabajo y a sus actividades como legítimo representante de los trabajadores, razón por la que solicitamos que sea restituido inmediatamente en el puesto como estibador, que desempeñaba al momento de su despido.

Este compañero, laboró para la institución desde octubre de 2001, y ya en una sentencia de los tribunales laborales porteños, se reconoció que su relación laboral con el INCOP, independientemente de cómo la hayan querido denominar las autoridades institucionales, es por tiempo indefinido. Ello quiere decir que para despedirlo sin responsabilidad patronal, se debió haber seguido un debido proceso en el que se comprobara la comisión de una falta grave. Sin embargo, eso no ocurrió, y lejos de despedirlo indicándole los motivos por los que se tomaba esa decisión, simplemente se le prohibió el ingreso a las instalaciones portuarias, lo cual constituye un grave atropello a sus derechos fundamentales, sobre todo si reparamos en el hecho de que por ser representante de los trabajadores, está protegido por el fuero sindical.

Le informamos que hemos interpuesto denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por lo que a nuestro criterio constituye prácticas laborales desleales, y además, hemos interpuesto la demanda correspondiente ante la jurisdicción laboral, solicitando su reinstalación en el puesto con el pago de los salarios dejados de percibir desde que fue injustamente despedido.

Consideramos que es el momento para que su Autoridad, ponga un alto a los atropellos que contra quienes pertenecen a nuestra organización sindical, han venido llevando a cabo un grupo de jefaturas intermedias, que con su actuación han puesto en tela de duda el respeto a los derechos fundamentales que debe privar en una institución pública como el INCOP.

No omitimos manifestar que a la presente adjuntamos un legajo con las acciones más relevantes en los dos temas que hemos expuesto a su Autoridad.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

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c.:Lic. Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.:Archivo.

Diputado
Mario Calderón Castillo
Presidente
Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado
Asamblea Legislativa

Estimado señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Por este medio nos dirigimos a su persona, ya que tenemos conocimiento que en la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado que usted preside, se ha sometido a estudio y discusión el Proceso de Modernización del INCOP, proceso de concesión que la organización sindical que representamos, ha venido cuestionando desde su inicio, precisamente por la forma atropellada e ilegal en que el mismo se ha llevado a cabo.

En dos ocasiones la Contraloría General de la República le ha negado el refrendo a los contratos, haciendo observaciones que de ser atendidas por la administración, no podrían más que llevar al archivo de ese proyecto.

Conocemos que la Diputada Joyce Zürcher Blen, integrante de esta comisión, ha presentado ante la misma, un informe que constituye un análisis serio y objetivo del proceso, que comprueba sin duda alguna, las ilegalidades contenidas en el mismo, así como los perjuicios al interés público que este representa.

Con todo respeto, consideramos que a efectos de evitar que se repita la lamentable historia de los contratos de RITEVE y ALTERRA, debe esta Asamblea Legislativa iniciar la discusión sobre este tema, que permita ejercer el control político que impida que culmine ese vergonzoso negocio.

Por este medio le solicitamos en su condición de Presidente de la Comisión, que esta se avoque a la discusión del informe sin más demora, puesto que lo contrario, constituiría un silencio cómplice por parte de los diputados y diputadas, respecto a un contrato completamente abusivo y leonino a los intereses de los y las costarricenses.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional

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c.:Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Jefe Fracción Partido Liberación Nacional
c.:Diputada Marta Zamora Castillo, Jefa Fracción Partido Acción Ciudadana
c.:Diputada Liliana Salas Salazar, Jefa Fracción Partido Unidad Social Cristiana
c.:Diputado Humberto Arce Salas, Jefe Fracción Bloque Patriótico
c.:Diputado Carlos Herrera Calvo, Jefe de Fracción Movimiento Libertario
c.:Diputado José Miguel Corrales Bolaños, Diputado Independiente
c.:Diputado José Francisco Salas Ramos, Diputado Independiente
c.:Diputada Gloria Valerín Rodríguez, Partido Unidad Social Cristiana
c.:Diputado Luis Ramírez Ramírez, Partido Liberación Nacional
c.:Diputada Joyce Zürcher Blen, Partido Liberación Nacional
c.:Diputado Rodrigo Carazo Zeledón, Partido Acción Ciudadana
c.:Diputado Peter Guevara Guth, Movimiento Libertario
c.:Diputada Elvia Navarro Vargas, Bloque Patriótico.
c.:Archivo.

Licenciado
Randall Quirós Bustamante
Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Licenciado
Paúl Zúñiga Hernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Estimados señores:

Por este medio, nos dirijimos a sus autoridades, para referirnos una vez más, al Proceso de Modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Desde que conocimos la primera versión de los contratos suscritos con las empresas concesionarias, hicimos la observación de que los mismos, contenían una serie de irregularidades e ilegalidades que podrían subsanarse, solo anulando el proceso y volviendo a la etapa licitatoria. Sin embargo, la administración ha insistido en un proceso que a todas luces, es contrario al ordenamiento jurídico costarricense y al interés nacional.

No solo nuestra organización ha advertido respecto a este asunto, sino que, la propia Contraloría General de la República, al denegar el refrendo a los contratos en dos ocasiones, así lo ha expuesto. También, lo ha hecho la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Diputada Joyce Zürcher Blen, quien presentó ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, un informe revelador de las ilegalidades del proceso, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Ciudadana, el diputado independiente José Miguel Corrales Bolaños y el Diputado Humberto Arce Salas del Bloque Patriótico, quienes también han cuestionado este vergonzoso proceso de concesión.

Es importante mencionar que precisamente, está pendiente de discusión en la comisión especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, el tema de la modernización del INCOP, a efectos de que la misma, remita una recomendación al plenario legislativo, para que esta instancia realice el control político correspondiente, para evitar que no se repitan los lamentables episodios de los contratos de ALTERRA Y RITEVE.

A continuación, exponemos los puntos que según los análisis realizados por las instancias y personas arriba citadas, impedirían que la Contraloría General de la República, le otorgue el visto bueno a los contratos.

Aprovechamos para solicitar de manera respetuosa, que se desestime este adefesio jurídico y se piense en un verdadero proceso de modernización portuaria y administrativa del INCOP, ajustado a derecho y con amplia participación de los sectores involucrados, que implique un beneficio para todas las partes.

Los aspectos de fondo que según los análisis son insubsanables son los siguientes:

PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL GRANELERA:

a) Cartel:

1. La Ley de Concesión de Obra Pública establece que, deberá ser la Secretaria Técnica del Concejo Nacional de Concesiones, quien elabore los carteles. En este caso, los carteles los elaboró una consultoría, sustituyendo a la instancia competente en sus atribuciones y obligaciones.

2. Según la Ley de Concesión de Obra Pública, se debió aprobar primero los estudios de factibilidad y luego los carteles. En este caso, la aprobación de ambos documentos se realizó en el mismo acto.

3. La aprobación del cartel se dio el 14 de febrero de 2001 y la consulta tarifaria que la ley y su reglamento ordenan hacer de previo a la elaboración del cartel, fue recibida en ARESEP el 19 de febrero.

4. El cartel otorga al concesionario un permiso para explotar, desde el inicio de la concesión hasta el momento en que se termine la construcción de la Terminal

Granelera, el servicio en el puesto #1 existente en Puerto Caldera, con tarifas aprobadas por ARESEP para la explotación del servicio en la obra nueva. Esta cláusula tiene varias ilegalidades a saber: infringe las competencias de fijación de tarifas de ARESEP y la Ley de Concesión de Obra Pública (LGOP) que rige el contrato, prohíbe que por esa ley se otorgue una concesión sobre las obras existentes.

La disposición anterior contraría frontalmente lo establecido en el artículo 2.3 de la LGOP, ya que no existe ningún fundamento jurídico para la misma, por lo que se trata de una disposición que por ilegal, es nula de pleno derecho y pone en entredicho la validez misma del cartel y por tanto, de todas las fases del proceso licitatorio.

La inclusión de esta cláusula constituye un fraude de ley, conducta tipificada en el artículo 20 del Código Civil y 5 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

Al respecto, dice el informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, lo siguiente: “La violación de la ley, que además por ser una ley especial la LGOP priva sobre cualquier otra, es tan palmaria que difícilmente cabe que el concesionario se excuse de su responsabilidad. Y no digamos la Administración y los funcionarios que intervinieron en este proceso. (…) Y además, tan presente se tenía ese choque del texto del cartel con el texto de la ley, que desde el momento mismo en que la ARESEP lo advierte al CNC, es tema principal que se refleja en los estudios, documentación, observaciones, etc., que constan en el expediente administrativo” (P.84-85)

5. El cartel no incorporó indicaciones vinculantes realizadas por la ARESEP respecto de la necesidad de establecer el mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Ello implica un desconocimiento de competencias de ARESEP.

6. Se publicó el cartel sin la aprobación por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de los estudios de evaluación de impacto ambiental, cuestión que según la Ley Orgánica del Medio Ambiente, debe hacerse previo a la realización del procedimiento licitatorio, dado que el fin es determinar las consecuencias y daños al medio ambiente que podrían producir las actividades contratadas.
b) Contrato:

1. Modifica sustancialmente las condiciones del cartel, lo cual violenta los principios constitucionales de contratación administrativa.

2. Establece un cambio de sitio de la obra por construir, que no corresponde ni a lo dicho en el cartel, ni en la oferta, ni en la oferta alternativa. Ello que implica un nuevo proyecto que no cuenta con las debidas autorizaciones de la ARESEP y la SETENA, mismas que no pueden darse hoy si no se dieron en su momento.

3. La cláusula que contempla lo relativo al permiso de uso para la explotación del servicio de las obras existentes en Puerto Caldera, amplía el objeto sobre el que recaería tal permiso.

4.En el contrato no se incorporaron las indicaciones hechas por la ARESEP sobre el cartel respecto a la necesidad de establecer un mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Esto no sería posible hacerlo una vez expirado el plazo para las modificaciones del cartel, que es anterior a la recepción de las ofertas.

5. En las disposiciones contractuales se establece que no se realizará una evaluación de impacto ambiental, sino que el órgano competente, brindará una mera autorización denominada viabilidad ambiental, que no cumple con las condiciones técnicas y jurídicas de una verdadera evaluación de impacto ambiental del proyecto a realizarse. Esta autorización se realizará posterior a que se le confiera el refrendo contralor al contrato; situación que además de ser contraria a la Ley Orgánica del Ambiente, implicaría el riesgo de que se produzcan daños irreparables a los ecosistemas del lugar y por tanto a la calidad de vida de las comunidades aledañas.
PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL CALDERA:

a) Cartel:

1. Se utiliza como marco jurídico los artículos 74 y 74 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos no cumplen con los requerimientos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ser considerada una ley marco.

2. Se pretende utilizar tarifas calculadas con base en la estructura de costos y operación del INCOP. La materia tarifaria es indisponible para las partes y la cláusula es ilegal porque lesiona las potestades de la ARESEP.
b) Contrato:

1. Respecto a las lesiones a las competencias de la ARESEP en los contratos de Terminal Granelera y Caldera, tanto la Contraloría General de la República, como la ARESEP misma, han señalado que esas lesiones no se han originado en los contratos sino en los carteles; de manera que no podrían ser subsanados por la vía contractual.

2. El informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos del Estado, establece en su página 29 lo siguiente: “En el contrato de Terminal Granelera, como la LGOP otorga competencias a la ARESEP para intervenir al momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en el momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en su momento, hoy la ARESEP, luego de la suscripción del contrato, no tiene competencia para introducir modificaciones de la estructura tarifaria, modelos de ajuste de tarifa y parámetros de servicio. Mucho menos si la pretendida intervención (ilegal) de la ARESEP se hiciera con el fin de adecuar esas tarifas parámetros porque las partes en el contrato han hecho una modificación sustancial del marco cartelario como lo es el cambio de sitio de la obra dada en concesión”.

Además, si en la actual fase de cualquiera de estos proceso licitatorios, posterior a la recepción de las ofertas, la ARESEP intentara, a instancia de la administración y los adjudicatarios, subsanar errores y desaciertos de la administración misma y de los adjudicatarios, lesionaría los principios constitucionales de contratación administrativa y, por tanto, los derechos subjetivos e intereses legítimos de oferentes perdidosos y numerosos potenciales oferentes. (página 29 del citado informe legislativo)

Como resulta evidente, las irregularidades contenidas en el proceso licitatorio generan tres tipos de perjuicios:

– Ambientales: las violaciones a la Ley Orgánica del Ambiente en cuanto a evaluación de impacto ambiental, podrían generar no solo perjuicios ambientales, sino que pondría en peligro la biodiversidad del Golfo de Nicoya, con la consecuente desmejora en la calidad de vida de los habitantes de zonas aledañas.

– Económicos: el proceso licitatorio ha sido bastante oneroso para la administración pública, puesto que se han desembolsado gran cantidad de millones de colones en consultorías que no han logrado que el mismo se ajuste a derecho y tenga éxito. Por otra parte, las condiciones que allí se estipulan, conceden grandes ventajas a los concesionarios, que resultan leoninas, onerosas y perjudiciales al interés nacional; y por otra parte, al incrementarse los costos de operación para los operadores del puerto, esos costos se trasladarán al bolsillo de los consumidores.

– Incerteza Jurídica: la desaplicación de los institutos jurídicos relacionados con la contratación administrativa, nos desautoriza y desacredita ante la comunidad nacional e internacional, puesto que la aplicación viciada de la normativa jurídica que informa la contratación administrativa, crea incerteza jurídica para los inversores nacionales e internacionales, causando gran daño a la credibilidad del país.

De conformidad con lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa, que la administración que ustedes dirigen, se apegue al ordenamiento jurídico, deseche el proceso de concesión tal y como ha sido planteado y no insista en mantener un proceso ilegal que de culminarse, constituiría una vergüenza para nuestro régimen de derecho, por cuanto tal y como ha sido planteado, podría conllevar hasta responsabilidades de tipo penal.

Sin más por el momento, nos suscribimos, atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señoras Diputadas y Señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República.
c.:Licda. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General de los Servicios Públicos (ARESEP)
c.:Señoras y señores Junta Directiva, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
c.:Junta Directiva Nacional ANEP
c.:Archivo.

El tema del “TLC”, sigue AL ROJO VIVO, los precios de los servicios y productos básicos, van “ESCALERA AL CIELO”, los salarios en picada y con la clara amenaza de su CONGELAMIENTO y posterior rebaja, es decir el argentinazo, si lo permitimos, está a la vuelta de la esquina.

Esta situación, congelamiento salarial y escalada en los precios de los servicios y productos básicos, tiende a agravarse.

Los derechos laborales, conquistados en el Código de Trabajo, Convenciones Colectivas de Trabajo y Reglamentos de Trabajo, están siendo seriamente cuestionados por los NEOLIBERALES del libre comercio.

El objetivo es desaparecer toda norma o derecho que proteja la relación laboral y el derecho del trabajador a contar con una digna remuneración salarial. Los derechos laborales y garantías sociales son una real barrera a los intereses que persiguen quienes impulsan el “TLC”.

La Dirección Nacional de ANEP, llama a todas sus seccionales, delegados y delegadas y bases de todo el país, a prepararnos para realizar en las próximas semanas, un PARO TOTAL DE LABORES, para exigirle al Gobierno de la República convocar de inmediato a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, para ajustar los salarios al nivel del alto costo de la vida, ponerle freno a la escalada en los precios de los servicios y productos básicos y exigirle al Gobierno respeto a las Convenciones Colectivas de Trabajo, normas, reglamentos y Convenios de la OIT que tutelan los derechos laborales.

Sin duda estas exigencias y defensa de las conquistas sociales y derechos laborales, son un freno real a los mezquinos intereses de la clase política empresarial que pujan por la ratificación del “TLC”.

Consideremos, que de alguna manera por omisión o por pura desidia, se ha permitido ajustes salariales muy por debajo del alto costo de la vida; por eso los salarios que percibimos no alcanzan para cubrir medianamente nuestras necesidades fundamentales.

Ahora ya nos anuncian el congelamiento de los salarios, si lo permitimos estamos a la puerta de encontrarnos con la propuesta de discutir a qué sectores laborales se les empieza a rebajar el salario. ¡Posiblemente se empezará por los que ganan más!

Esperamos que la omisión, la indiferencia o la desidia no nos hagan llegar a tanto; si actuamos con firmeza y oportunidad, esta amenaza, punta de lanza del “TLC”, será derrotada y los derechos laborales y sociales preservados.

NO PERMITAMOS EL CONGELAMIENTO SALARIAL, PREPAREMOS EL PARO NACIONAL

San José, 18 de mayo de 2005.

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En primera instancia deseamos expresarle nuestro agradecimiento por sus muestras de voluntad política y proclividad al dialogo, al compartir con nuestra organización, los desafíos institucionales del momento; así como algunas preocupaciones de orden laboral que, de alguna manera, interfieren con el logro de los objetivos institucionales.

Valga indicar que el fortalecimiento institucional es la coincidencia mayor, entre nuestra organización sindical y su honorable autoridad, quien ha tenido nuevamente la responsabilidad histórica de comandar las políticas de esta estratégica entidad.

En este contexto de cosas, consideramos de importancia capital plantearle, al menos, diez aspectos, tanto de orden político-institucional, como de orden reivindicativo, con el afán de encaminar, sincronizadamente, el crecimiento de AyA y el personal a cargo de sus diferentes áreas programas y proyectos.

Así las cosas, sometemos a consideración nuestro planteamiento, que obviamente ampliaremos, clarificaremos y discutiremos con el propósito de conocer su posición, buscar puntos de coincidencia y definir en que dirección avanzar.

Primero: DEFINICIÓN O REDEFINICIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES, SOMETIDAS A CONOCIMIENTO DEL AMPLIO COLECTIVO LABORAL; SEÑALES DE DIALOGO Y TRASPARENCIA.

Estamos convencidos que toda política que se implemente o redireccione por parte de las jerarquías institucionales, tendrán mayor éxito si quienes son los responsables de potenciarla en la cotidianidad laboral, sean las y los trabajadores que se encuentra plenamente identificados con dichas políticas. Ello le imprimirá valores agregados, tales como la confianza y la transparencia que reflejan los conductores de las políticas institucionales.

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye según nuestro criterio, el doble discurso o la dicotomía entre director del Programa Banco Mundial-AyA y la Gerencia General. El primero afirma que el AyA cederá la parte operativa a operadores especializados de brindar el servicio de agua potable, en consecuencia se fortalece la rectoría; mientras la gerencia institucional desmiente dichas aseveraciones afirmando, categóricamente la tesis contraria, situación que genera enormes desconfianzas de los trabajadores y sindicatos.

Sumándole a lo anterior nos encontramos, sobre todo en el personal operativo, con la marcada desmotivación de una población laboral en su mayoría cercana a la terceras edad y con limitados estudios académicos, amplia experiencia y pocas posibilidades de asensos, de mejores bases salariales, carencia de un trato respetuoso y digno; a lo que le adicionamos la espera de otras mejoras reivindicativas, que después de varios años no se han concretado.

Así las cosas, estamos convencidos que esta propuesta, devolverá confianza, compromiso y mayor optimismo para todo el colectivo laboral que, finalmente, se sentirá identificado con el rumbo de las políticas institucionales.

Quedará por resolver la metodología para tal fin. No obstante de contar con su aprobación, nos dedicaremos a analizar de manera conjunta la forma y los instrumentos.

Segundo: REUNIONES MENSUALES ENTRE DIRECCIONES, JEFATURAS INTERMEDIAS Y TRABAJADORES, COMO POLÍTICA INTITUCIONAL.

Sin lugar a dudas, uno de los problemas mas serios de la institución son los deficientes canales de comunicación e información, lo que provoca distorsiones y distintas interpretaciones de políticas, resoluciones, directrices, etc.

Otro factor importante que agrega valor agregado, es el hecho que las trabajadoras y los trabajadores encuentran un espacio en el cual plantean sus problemas, soluciones, observaciones, inquietudes sobre el desarrollo del trabajo cotidiano; sintiéndose participe y no solamente una pieza del engranaje productivo. La administración debe reconocer, no precisamente en términos económicos, el esfuerzo y la entrega de su reconocida fuerza laboral.

Tercero: FORTALECIMIENTO DE LO QUE SE DENOMINÓ COMO DIRECCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES, ENFOCADAS AL SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ASADAS.

El modelo de equidad social mas exitoso de esta institución, modelo reconocido en toda América Latina, que ha venido sufriendo según nuestro criterio, un enorme debilitamiento, como producto de una propuesta de reestructuración y regionalización que no contempló, objetivamente las posibilidades reales de la institución para que pudiera responder con eficiencia y eficacia a lo objetivos planteados, esto ha generado una reacción critica y justificada de las ASADAS, pues alegan ver disminuidos la poca atención y cooperación que les venia brindando el A yA, antes de dicha reestructuración.

De igual manera encontramos a grupos de trabajadores que gozan de gran formación y experiencia de muchos años en la institución, que pertenecen a esta trasformada dirección; manifestando un clima laboral depreciado, adverso, precisamente por todas las limitaciones que experimentan, para realizar el trabajo cotidiano, situación a la cual se asocia según nuestro percepción el estilo o forma de coordinación de algunas jefaturas.

De tal manera que vemos como urgente un fortalecimiento de esta otrora dirección, que responda en consecuencia al desarrollo y/o potencialización de las ASADAS, símbolo de desarrollo social en nuestro país.

Cuarto: DIRECCIONAMINETO PRESUPUESTARIO PARA LA INVERSIÓN EN INFRESTRUCTURA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (FABRICAS DEL PRESIADO LIQUIDO).

En este apartado, según hemos analizado, existe un principio de toda planta que es la de tratar el agua para hacerla potable; no obstante hemos visto, al menos tres categorías de plantas en todo el país.

1. La de Tres Ríos y Guadalupe, que cuentas con la mayor sofisticación tecnológica, e incluso hasta con detectores de contaminantes.

2. Otras plantas ubicadas en el Área Metropolitana, con deficiencias en sus estructuras. Así por ejemplo, no cuentan con equipo que permita subir los sacos de sulfato a las respectivas tolvas, lo que tienen que realizar los trabajadores a pura fuerza bruta.

3. Las plantas mas alejadas del país, mismas que sumándole las deficiencias anteriores, no gozan del equipo de laboratorio básico para controlar los parámetros de potabilidad del agua.

A lo anterior, le sumamos, las deficientes condiciones de salud ocupacional en que laboran los trabajadores, expuestos a efectos secundarios como consecuencia de los productos y reactivos químicos que utilizan cotidianamente. Importante destacar que deben ser objeto de análisis médicos periódicos de toxicidad; ello sin mencionar las abismales diferencias de orden salarial entre los distintas categorías de este grupo ocupacional, como producto de los criterios utilizados por quienes elaboraron el respectivo estudio, ANEP considera que los parámetros utilizados, carecen de sustento técnico, no obstante es un problema de orden reivindicativo que deberá ser resuelto a mediano plazo.

En lo fundamental, debe ser interés de primer orden por parte de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, inyectar inversión en este sector.

Quinto: DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA INTITUCIONAL, INCLUIDO LO LABORAL

Sobre este particular, tenemos conocimiento que la institución elaboró un FODA y un Plan Estratégico Operativo, no obstante, mucho nos gustaría conocer si existe algún estudio que, específicamente, trate la problemática laboral y la dilucidación de soluciones en el corto ,mediano y largo plazo.

Al respecto nuestra organización sindical, está en la mayor disposición de ofrecer el aporte de un especialista que trabaje el tema, para lo cual se requerirá, como es obvio un proceso de participación con grupos de trabadores y trabajadoras. Valga indicar que en Corres de Costa Rica, S.A., elaboramos dicho diagnostico lo cual ha permitido mejorar considerablemente el clima organizacional.

Sexto: DES HOMOLOGACIÓN DEL SERVICIO CIVIL

Como usted bien sabe, el AyA es una institución con ocupaciones especializadas únicas que no realizan otras instituciones autónomas o semiautónomas del Sector Publico. Otro aspecto bien conocido es el hecho que las especialidades técnicas ocupacionales, sobre todo en la parte operativa, no son brindadas por centros de estudios superiores, con el agravante de que al homologar los puestos al Servicio Civil, se hacen con requisitos académicos técnicos y universitarios sumamente elevados, que no corresponden a las funciones y a las bases salariales. Ejemplo de lo anterior se da con el personal de las plantas de tratamiento de agua potable, que por lo general, se ubican a largas distancias de los centros de población, los requisitos técnicos o académicos elevados, las jornadas laborales extenuantes y las bases salariales ínfimas.

No hay duda que la deshomologación le permitirá al AyA, tener su propio manual de puestos acorde a las necesidades propias, lo que vendrá a favorecer tanto a la institución como a las y los trabajadores; quienes actualmente no encuentran formas de lograr mejores condiciones laborales.

Es importante afirmar que las autoridades institucionales han venido realizando esfuerzos, por lograr la des homologación; no obstante, debemos de destacar que la tendencia de los últimos gobiernos a sido la de homologar instituciones, de tal manera que se restrinja en lo posible algunas libertades de orden institucional y reivindicativo que pudiese comprometer los presupuestos nacionales; mostrando así una errónea visión del fortalecimiento del recurso humano, que se supondría debería ir en total congruencia con las aspiraciones del crecimiento institucional.

Sobre este particular, la posición de ANEP es que la deshomologación, si bien es importante y necesaria, por permitir soltar amarras que le impiden a la institución ser mas eficiente y eficaz en la organización del recurso humano; no significa por sí misma la solución a la compleja problemática institucional, referida al aspecto de orden ocupacional de los distintos grupos laborales. Lo anterior lo manifestamos por cuanto sentimos que algunos trabajadores han sobredimensionado los efectos de una posible deshomologación.

Ahora bien, una deshomologación como la que pretendemos para el AyA, para ser sustentable jurídicamente hablando, de forma tal que con el tiempo tienda a consolidarse y no a debilitarse en perjuicio del trabajador o de la trabajadora; debe ir aparejada, necesariamente del establecimiento de un instrumento legal protector y garante de la estabilidad laboral de tal deshomologación y de todo el proceso laboral; nos estamos refiriendo a la Convención Colectiva de Trabajo que tendría fuerza de ley.

En relación con lo anterior, consideramos conveniente, que se propicie una mesa de discusión entre sindicatos, administración y trabajadores, con lo cual se pueda dilucidar con mayor claridad las conveniencias o ventajas de una institución homologada, vs. una deshomologada.

En conclusión, nos parece que la des homologación debe de ser fuertemente impulsada en su gestión, por considerar mayores beneficios institucionales; sin embargo, para la garantía absoluta desde la perspectiva laboral, se hace necesario que se tenga el instrumento de Convención Colectiva de Trabajo; pues de no ser así, estaríamos exponiendo o debilitando la garantía de la que hasta hoy gozan las trabajadoras y los trabajadores del AyA.

Sétimo: PAGO DE PELIGROSIDAD

Ha trascurrido año y medio desde que se dio la aprobación por parte de la Honorable Junta Directiva, sin que hasta el día de hoy se haya concretado.

Valga indicar que ha pesar que nunca compartimos los parámetros utilizados para designar los escuálidos porcentajes de los distintos grupos ocupacionales, no obstruimos su aprobación por parte de la Junta Directiva; apostando a una rápida aprobación de la Autoridad Presupuestaria. Sin embargo es oportuno decir que dicho estudio fue nuevamente a esta última entidad por la gerencia institucional, el pasado 21 de enero del 2005.

ANEP ha emprendido gestiones ante la Autoridad Presupuestaria con el propósito de que le den la respectiva aprobación a la mayor brevedad posible; sin embargo, consideramos de vital importancia que su autoridad conjuntamente con la gerencia, emprenda las acciones que considere convenientes; para que dicho estudio sea aprobado por parte de la Autoridad Presupuestaria en los próximos días.

Octavo. NEGOCIACIÓN DE CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CON LAS TRES ORGANIZACIONES SINDICALES ( ANEP, SIPAA ,ASTRAA).

La Convención Colectiva de Trabajo es por excelencia, el instrumento de mayor garantía de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, así reconocido en nuestra legislación como en los Convenios Internacionales de la Organización internacional del trabajo, ratificados por Costa Rica. Es política de la ANEP impulsar la negociación bipartita de tales instrumentos colectivos de trabajo, tanto el gobierno central, como en las entidades autónomas, semiautónomas y en el Sector Municipal.

Es importante señalar que nuestra agrupación sindical ha cuestionado con toda beligerancia, algunas convenciones colectivas negociadas en ciertas instituciones públicas con cierto tipo de organizaciones sindicales; que muestran, según nuestro criterio, un uso abusivo de tan valioso instrumento.

Así las cosas, ANEP ha sostenido como principio para las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo, parámetros laborales como el debido proceso, respeto de los derechos laborales, estímulos dirigidos a quienes con su conducta y responsabilidad dignifiquen a la institución, etc.

Noveno: REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Esta es una instancia de carácter permanente, recomendativa, no vinculante en la cual se analizan los conflictos laborales; no obstante al día de hoy no tenemos reconocimiento, pues cuando redactaron el reglamento, todavía no estábamos como sindicato representativo en el AyA. Es oportuno señalar que la Dirección Jurídica institucional, ha manifestado que corresponde a una decisión de las autoridades activas.

Décimo: CERTIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS POR PARTE DEL INSTITUO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) Y EL SERVICIO CIVIL.

Valga indicar que este fue uno de los aspectos que la ANEP propuso a la administración superior, hará dos años, no obstante el mismo no contó con todo el respaldo necesario, puesto que ni siquiera se instruyó a una comisión bipartita que estudiara y presentara dicha propuesta a los entes mencionados.

Las tecnicidades o especialidades propias del AyA como los operadores de plantas de tratamiento de agua potable, por ejemplo tienen a su haber un enorme conocimiento que han adquirido con cursos de capacitación y con la misma experiencia acumulada, no obstante la mayoría de estos trabajadores están sujetos a que tengan que realizar estudios superiores para poder lograr reasignaciones o asensos, cuando su educación formal es apenas de primaria y secundaría en algunas acepciones.

Finalmente, consideramos de importancia capital, sostener una reunión con su honorable autoridad, como con la gerencia institucional y la dirección de Recursos Humanos con el propósito de tener el espacio oportuno de exponer con mayor precisión nuestra propuesta; conocer su posición y voluntad política para que se conforme una comisión bipartita AyA- ANEP que pueda en sesiones de trabajo analizar y negociar cada uno de los diez aspectos mencionados.

Nuevamente, le expresamos nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AyA

—-
c.:Honorable Junta Directiva, AyA
c.:MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General, AyA
c.:Organizaciones Sindicales SIPAA y ASTRAA
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-AyA Limón
c.:Archivo.

Han tenido que sobrevivir sin percibir un salario mínimo, sufriendo la discriminación que representa, realizar exactamente el mismo trabajo, en idénticas condiciones que los trabajadores fijos. Esto con la complicidad de algunos seudo dirigentes sindicales.

Han tenido que enviar a sus hijos e hijas a la escuela y al colegio, sin contar con el salario escolar a que tienen derecho, para ayudarse a sufragar esos gastos.

Han tenido que exigirle a la Subjefa de Recursos Humanos que les llene la boleta de incapacidad, para poder cobrar los subsidios a que tienen derecho como cotizantes de la seguridad social.

Han tenido que dudar, si continúan con un reclamo que es justo, o renuncian a él para complacer a quienes de manera arbitraria les exigen eso, a cambio del trabajo que les permitirá satisfacer las necesidades propias y de sus familias.

Han tenido que esperar a que sea un tribunal laboral el que le ordene a la institución, respetar un derecho reconocido en la legislación laboral costarricense, en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta Fundamental de Derechos Humanos.

Dichosamente, hoy la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha hecho precisamente eso, justicia con nuestros dignos y valientes compañeros, que han tenido paciencia, que han resistido valientemente sin claudicar, que han confiado en nuestra organización sindical y en los tribunales laborales costarricenses.

Hoy se ha escrito una nueva página en la historia del INCOP, porque los tribunales de justicia nos han dado una vez más la razón.¡ADELANTE COMPAÑEROS, NI UN PASO ATRÁS!

Si aún no eres parte de la familia Anepista, AFILIATE YA al sindicato clasista que si representa y defiende los intereses de la clase trabajadora portuaria. Busca a los miembros de nuestra seccional y solicítales la boleta de afiliación.

San José, 4 de marzo de 2005.

SECCIONAL ANEP-INCOP

Estimada señora Viceministra:

Con el respeto de siempre, reciba usted el más atento saludo de nuestra parte.

Con suma urgencia solicitamos la oportuna intervención del despacho a su digno cargo, para tratar la delicada situación que se está presentando con la señora ANA VICTORIA VILLALOBOS MONTERO, funcionaria de el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor en el cargo de Inspectora de Seguridad; sobre quien pesan acusaciones de un presunto abuso de autoridad, prácticas intimidatorias, acoso laboral, ejercicio irracional de la autoridad y hasta de acoso sexual (en el caso de un varón funcionario que lo denunció así).

La ANEP ha estado recibiendo una serie de quejas sobre el particular, al punto de detectar una especie de rebelión de parte de un importante número de subalternas de la señora Villalobos Montero; lo cual, sin duda alguna, crea un delicado clima de inestabilidad institucional que puede derivar en cualquier cosa.

Varias de las quejosas alegan, adicionalmente, que la citada funcionaria se estaría entrometiendo en sus esferas privadas individuales; además de que habla de que las funcionarias deberían “domarse” como si fueran “yeguas”, haciendo alusión a la “táctica” que ella habría empleado en determinado momento, para hacer sentir su propia autoridad.

Es así que, señora Viceministra, le agradeceríamos nos concediese una cita cuanto antes para que de viva voz de las personas funcionarias que se sienten agredidas por el comportamiento de la señora Villalobos Montero, puedan explicarle a usted la naturaleza del problema que se está generando en el CAI-El Buen Pastor.

Esperando una favorable respuesta de su parte, nos suscribimos reiterándole el mayor respeto de nuestra parte,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

—-
c.: Sr. Carlos Benavides Barrantes, Jefe Nacional de Seguridad Penitenciaria.
c.: Licda. Maritza Chacón Obando, Directora, CAI-El Buen Pastor.
c.:Sr. Rodrigo Briones Cáceres, Jefe de Seguridad Penitenciaria-CAI El Buen Pastor.
c.:Compañeros y compañeras, Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria.
c.: Compañeros y compañeras, Comité Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Personal involucrado CAI-El Buen Pastor.
c.: Archivo.