Categoría: Sistema Penitenciario

La crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es un tema olvidado por los diferentes sectores políticos y sociales del país. Por tal circunstancia, al abordarse delicadas situaciones que esta institución está viviendo, es notoria la falta de sensibilidad por parte de algunos actores políticos, tanto como la pérdida de objetividad de ciertos medios de comunicación a la hora de presentar la noticia penitenciaria. Y esto es alarmante.

Existe en la población del país un total desconocimiento de la importante labor que realizan los funcionarios y las funcionarias del Sistema Penitenciario Nacional costarricense. No se ha valorado en su real dimensión la mística y la vocación con la que estos abnegados servidores públicos desarrollan sus tareas.

Con discursos “populistas” se señalan las debilidades carcelarias de menor importancia, con el único objetivo de desvirtuar las funciones de estos servidores o favorecer a unos pocos.

En ANEP tenemos la convicción de que la Salud Mental del servidor penitenciario, como parte de la Salud Ocupacional decente que debe imperar en todo ámbito laboral, público y privado, es inherente a la labor de tratamiento y de seguridad de las personas privadas de libertad que están recluidas en las cárceles del país.

“La Hora Tatá” se ha conceptuado como parte de los pocos espacios y de las casi nulas posibilidades que en materia de Salud Mental tiene y están al alcance del funcionario penitenciario de hoy en día. Para la ANEP, su debida regulación y la denuncia de su abuso, deben ser elementos fundamentales para preservar este estímulo cualitativo al quehacer de la cárcel; sin embargo, el sobredimensionamiento político-jerárquico que las máximas autoridades le han dado a los casos aislados, ha herido el honor de la abrumadora mayoría de este personal de los servicios públicos costarricenses; lesión moral que fue potenciada, mediáticamente, con cierto morbo para estimular la “venta” de la noticia.

En tal sentido es importante, por tanto, reiterar que la ANEP está en contra de cualquier abuso en la función pública; y, abiertamente a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que no podemos compartir es que se ignoren los problemas medulares del sistema carcelario; temática ésta que, por supuesto, no es de interés para primeras páginas.

La elaboración de constantes informes y el cumplimiento diario de extensas agendas, han desbordado las capacidades individuales y colectivas del personal técnico, administrativo y operativo del Sistema Penitenciario Nacional: las visitas a los hogares, las visitas laborales a los oferentes, las entrevistas para visita conyugal, la confección de documentación, entrevistas a las personas privadas de libertad, así como los informes jurídicos, constituyen solo una pequeña parte del acongojante estrés laboral de este personal carcelario.

Contrariamente al morbo mediático, lo que no se da a conocer es que existe un faltante desproporcionado de personal y que el recargo de funciones es extremado; funciones que no se pueden obviar, que no se pueden dejar de hacer, pues se deben cumplir en los plazos establecidos judicialmente y las normas existentes.

De igual manera, para la ejecución de las funciones descritas es necesario coordinar mediante llamadas telefónicas, mismas que la mayoría de las veces deben hacerse desde el teléfono personal del funcionario por ausencia de teléfonos institucionales; o por un asunto de ubicación. La hora de almuerzo, ocasionalmente, no se toma, principalmente cuando se realiza trabajo de campo, o deben consumir los alimentos durante el traslado, no porque se les ordene, sino por el interés de cumplir con la mayoría de funciones que se exige.

Lo que no se dice es que el nivel de compromiso de estos funcionarios por cumplir con sus tareas, hace que muchas veces se lleven el trabajo de redacción de informes para sus hogares. Que son profesionales y técnicos calificados y que se les paga un salario vergonzoso, en comparación a lo que ganan profesionales de las mismas categorías en otras instituciones.

Que el nivel de hacinamiento en las oficinas es extremo y las pésimas condiciones de infraestructura evidencian el histórico desinterés institucional por tratar con dignidad a estos funcionarios.

Ahora el discurso toma otros rumbos, la desesperación por no tener respuestas certeras hace que algunos puestos de mando trasladen la responsabilidad a estos funcionarios. No vamos a permitir que se ensucie la imagen de los funcionarios del Sistema Penitenciarios Nacional con presunciones odiosas, generalizaciones abusivas, errores y abusos magnificados, espectacularidad mediática oficialista y afán de protagonismo político-jerárquico.

Si la situación de las cárceles no se nos ha salido de las manos, se debe enteramente a la buena función de estos servidores. No se vale que algunas corrientes autoritarias con ínfulas de frío intelectualismo, que no conocen la historia del Sistema Penitenciario Nacional, vengan a darnos lecciones de una moral que ni ellos conocen.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y de su Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), formulamos un vehemente llamado a los compañeros y a las compañeras de Psicología, de Trabajo Social, de Derecho, de Orientación, de Docencia, de Salud; así como a las especialidades técnicas diversas que complementan el trabajo de estas profesiones; e igualmente, a los compañeros y a las compañeras de los sectores administrativo y operativo de la institución, para que cerremos filas ante una política pública que nos ha olvidado, en este y en los anteriores gobiernos; ante una sociedad que nos invisibiliza pero nos manda más gente privada de libertad en contraposición a los recursos que nos quitan cada año para atenderla; ante enfoques de prensa sensacionalistas que no hacen abordaje integral y completo de nuestro quehacer; y, además, ante un país que no ha visto motines sangrientos ni mortales en nuestras cárceles, gracias a la vocación de entrega y sacrificio del personal penitenciario costarricense que, por supuesto, incluye a la abnegada Policía Penitenciaria que nos cuida todos los días, a quienes trabajamos en la cárcel y a quienes están obligados al internamiento.

San José, martes 9 de febrero de 2016.

Ligia Solís Solís, Presidente, Junta Directiva, Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

N° 171-MJP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En el uso de las facultades conferidas en los artículos 140 inciso 1) y 146 de la Constitución Política del 07 de noviembre de 1949, artículos 53 inciso a) y 65 de la Ley General de Policía, Ley N° 7410 del 26 de mayo de 1994 y los artículos 21, 117 y 119 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, Decreto Ejecutivo N° 26061-J del 15 de mayo de 1997.

Considerando:

I.—Que los servidores que se dirán, cumplen con los requisitos establecidos tanto en el artículo 65 de la Ley General de Policía, como en los artículos 21 y 117 del Reglamento General de Policía Penitenciaria; ocupando actualmente puestos en propiedad en la Policía Penitenciaria.

II.—Que dichos servidores aprobaron satisfactoriamente el curso Básico Policial, de conformidad con lo estipulado en los artículos 117 y 119 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria.

III.—Que en la sesión número: 03-2014 del 21-07-2014, 004-2014 del 09-09-2014, 015-2014 del 30-06-2014, 020-2014 del 31-07-2014, 024-2014 del 28-08-2014, 026-2014 del 11-09-2014, 037-2014 del 27-11-2014, 006-2015 del 20-02-2015, 031-2015 del 28-08-2015; del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, refrendó la elegibilidad de los funcionarios en propiedad que a continuación se indicarán:

ACUERDAN:

Artículo 1°—Incluir dentro del régimen del Estatuto Policial a los siguientes funcionarios:

NOMBRE COMPLETO N° CÉDULA

1 ABURTO LOPEZ OSCAR MANUEL 2-0711-0326

2 ACEVEDO CHAVES VICTOR MANUEL 7-0153-0982

3 AGUILAR SEQUEIRA GRETTEL 6-0311-0996

4 AGUILAR VELASQUEZ ZAIDA MARIA 6-0234-0041

5 ARAYA SELVA KINDLY MELISSA 5-0367-0232

6 ARAYA SERRANO CINDY MARIA 4-0174-0242

7 ARIAS LORIA DAWER ALONSO 7-0211-0755

8 ARROYO GONZALEZ KEILOR JOSUE 2-0647-0266

9 BARBOZA BOGANTES JOSE JOAQUIN 2-0720-0718

10 BARTELS PORRAS CARLOS MAURICIO 1-1306-0875

11 BENAVIDES ESPINOZA ESTRELLA 7-0186-0585

12 BERMUDEZ MORA MONICA MARIA 1-1306-0612

13 BORGE MATARRITA LY YEN 6-0391-0018

14 CAMPOS AMADOR DAYANA PATRICIA 1-1527-0501

15 CAMPOS SANDI MARILYN 7-0176-0947

16 CARRILLO AGUILAR RICARDO ELIDIO 6-0385-0431

17 CASTILLO ROJAS PRISCILA 5-0340-0585

18 CASTRO BOZA ALEJANDRO DAVID 1-1529-0648

19 CESPEDES MONTERO CESAR ESTEBAN 1-1414-0445

20 CHAVARRIA ALVAREZ RENE ANTONIO 6-0308-0087

21 CHAVES MADRIGAL SIGRID VIVIANA 4-0174-0652

22 DURAN MORA DIEGO 1-1489-0219

23 FERNANDEZ MORALES STEVEN 6-0377-0608

24 GAMBOA BADILLA JESSICA 2-0643-0363

25 GOMEZ VILLARREAL JOSAFATH 6-0335-0075

26 GRANADOS RUIZ NANCY 7-0154-0624

27 GRANDA MAROTO SEIDY 6-0328-0273

28 HERNANDEZ JIMENEZ KEMBERLY 7-0175-0984

29 HERNANDEZ MENA ANGELICA 7-0170-0795

30 HERRERA DELGADO FERMAN ALONSO 1-1505-0201

31 JIMENEZ VARGAS GEOVANNY ESTEBAN 1-1362-0752

32 LAZARO ROJAS MARLEN 6-0305-0098

33 MONGE JIMENEZ VERNY JAVIER 1-0849-0947

34 MORA CHAVES JUAN 1-1282-0118

35 MORA GUZMAN YOJAN ORLANDO 1-1308-0477

36 MORENO GARITA PABLO 1-1067-0984

37 MORENO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2-0508-0825

38 MOYA DELGADO JOHANNA VANESSA 7-0148-0335

39 NAVARRO MARTINEZ WILSIÑO 7-0193-0167

40 OBREGON VALVERDE JOSE ALEXANDER 5-0304-0501

41 ORTIZ VILLANUEVA ANA IVETH 1-1409-0060

42 PEÑA ACUÑA DENIS RICARDO 4-0156-0455

43 PEREZ SANCHEZ DEYBIN DE LOS ANGELES 5-0378-0612

44 PORRAS AGUILAR LUIS GAMALIEL 1-1101-0354

45 PORRAS CHAVES EDWIN ALBERTO 1-1453-0006

46 QUESADA MURCIA LUIS ALBERTO 1-0546-0665

47 QUESADA SANCHEZ KEILYN YASMIN 6-0366-0400

48 QUIROS AGUILAR RICARDO ALONSO 7-0208-0533

49 RAMIREZ JIMENEZ LADY MARLENI 7-0178-0197

50 RAMIREZ RAMIREZ MAGALY 3-0375-0915

51 RODRIGUEZ CASTRO LUIS ROBERTO 2-0674-0131

52 RODRIGUEZ MENESES ANA MARIA 3-0244-0186

53 RODRIGUEZ SANDOVAL RODRIGO 6-0236-0241

54 RODRIGUEZ VALVERDE KENNETH FRANCISCO 1-1418-0913

55 RODRIGUEZ VARGAS OSCAR ANDRES 1-1486-0733

56 ROJAS BONILLA LINETTE 1-1153-0888

57 SANCHEZ CHAVARRIA WAYNER JOSE 5-0406-0712

58 SANCHEZ JIMENEZ PABLO ALONSO 7-0198-0435

59 SANCHEZ MORA ALLAN DAVID 1-1429-0113

60 SANCHO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 1-0637-0979

61 SEGURA CASTRO ULISES 1-0610-0425

62 VEGA BARRERA CESAR ANDRES 2-0689-0108

63 VILLARREAL MELENDEZ JUAN ENRIQUE 6-0339-0527

64 VILLEGAS CARRANZA GERARDO 5-0193-0836

Artículo 2°—Rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diecisiete días del mes de setiembre de dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez R.—1 vez.—O. C. N° 26192.—Solicitud N° 17808.—(IN2016000850).

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales en el Ministerio de Justicia y Paz-Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito: ANEP-Policía Penitenciaria (ANEP-PP) y ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), de manera cordial y respetuosa les saludamos. En los mismos términos, nos dirigimos a ustedes con ocasión de lo siguiente:

Tenemos conocimiento de vuestra visita en próximas horas al Centro de Atención Institucional La Reforma, en coordinación con la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero. Creemos que su presencia en ese centro penal será de mucha relevancia para determinar aspectos que guardan relación con la crisis del Sistema Penitenciario Nacional y el serio problema de hacinamiento carcelario.

Por esta razón nos complace comunicarles que la ANEP ha venido planteando la urgente necesidad de unir esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad para lograr encontrar una salida a los problemas carcelarios. Que es necesario un trabajo en conjunto con diferentes ministerios e instituciones del Estado para hacerle frente a esta crisis, que nos afecta a todos los costarricenses; y que desde la administración gubernativa anterior venimos planteando la tesis de la Crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Aspecto Económico

Los recortes al presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional, desde nuestro punto de vista, estimulan el crecimiento de tal crisis, favorecen el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país a una posición poco garante de los Derechos Humanos fundamentales.

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los Derechos Humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.

De manera que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.

De la pena privativa de libertad

Consideramos prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas. Es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad consideramos que ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general; es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, como sociedad, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

De la construcción de nuevos espacios carcelarios

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata, pero esta opción no soluciona el problema de hacinamiento. Por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios tan solo como cuestión de orden cuantitativa. Si bien es cierto es una posibilidad responsable, reiteramos que no es eficaz, necesariamente.

El hacinamiento carcelario es un problema serio que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y a sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique olvidar la protección de la sociedad.

Importancia de una observación integral

De acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad, considerar las condiciones en las que trabaja el personal técnico y de seguridad, así como defender también los intereses de las víctimas.

Por tal motivo creemos incorrecto pensar en acciones afirmativas que busquen reconocerles más derecho a las personas privadas de libertad, que a los demás miembros de los grupos sociales que por una u otra razón tienen relación con su situación.

Honorables señores diputados y señoras diputadas: Luego de darles a conocer parte de nuestros planteamientos respecto de la crisis carcelaria y la urgente necesidad de un abordaje integral, queremos solicitarles:

PRIMERO: Se aproveche la visita para determinar las condiciones en las que ofrecen sus servicios los compañeros y las compañeras integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Se visite los dormitorios de estos servidores públicos y constaten el serio problema de hacinamiento y las pésimas condiciones de infraestructura en las que le corresponde brindar su servicio.

TERCERO: Se verifique el reducido número de personas técnicas y profesionales que les dan seguimiento y que hacen las valoraciones respectivas de las personas privadas de libertad. Hablamos de personal en especialidades como Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Educación, Medicina. Con ello lograrán determinar si el recargo de funciones les permite seriamente a estos equipos técnico-profesionales preparar a estas personas privados de libertad para que se les conceda una medida diferente, en un proceso serio y responsable de fomento de su reinserción social.

CUARTO: Indagar sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo de atención a la población privada de libertad y las serias limitaciones para lograr un trabajo con excelencia.

QUINTO: Se observe las áreas de cocina y las realidades del trabajo en ese lugar, donde se evidenciará la falta de recursos, tanto humana como presupuestariamente hablando, con el que naturalmente no se puede ofrecer un trato suficientemente digno

Respetables señores legisladores y señoras legisladoras: por una cuestión de equidad e igualdad, consideramos que si bien es correcto defender los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, hace tiempo que nuestra sociedad, su sistema político y gubernativo tiene en el olvido los Derechos Humanos de las personas servidoras públicas asalariadas a cargo del Sistema Penitenciario Nacional: la Policía Penitenciaria y los sectores laborales de carácter profesional, técnico, administrativo y operativo.

No es correcto defender exclusivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad y descuidar a quienes trabajan en las cárceles por la seguridad de este país.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales Policía Penitenciaria y Sistema Penitenciario Nacional, convocan a todo el personal de la Policía Penitenciaria a sumarse a la marcha del próximo 31 de agosto en la Ruta 27, ante la negativa del Ministerio de Justicia y Paz de pagar 2.290 millones de colones correspondientes al segundo tracto de la deuda por disponibilidad.

Los dineros para realizar dicho pago corresponden a 900 millones de colones reservados por el Ministerio de Justicia y Paz, mientras que los 1.390 millones restantes, fueron aprobados extraordinariamente por el Poder Legislativo y firmado el pasado 19 de agosto por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Gerardo Cascante, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, indicó que es una barbaridad que el Ministerio de Justicia y Paz, a última hora, se niegue a girar los dineros adeudados por concepto de disponibilidad, máxime cuando ya se cuenta con los recursos para realizar dicho pago.

“Condenamos y denunciamos enérgicamente de que se pretenda, a última hora y con artimañas administrativas no realizar el pago correspondiente a todos los compañeros y compañeras Policías Penitenciarios, además de desacreditar las certificaciones aportadas que comprueban las horas laborabas por concepto de disponibilidad, por lo que hacemos un llamado a todos los Policías Penitenciarios a que nos manifestemos el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27”, manifestó Cascante.

Por su parte Ligia Solís, Presidenta de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, indicó que es inaudito que a estas alturas el Ministerio de Justicia y Paz, alegue que debe comprobar si las boletas por disponibilidad presentadas por los oficiales son falsas o bien indicar que va a reconocer menos horas de las indicadas en dichas boletas.

“Es claro que cada boleta con el tiempo de horas laboradas por disponibilidad va firmada por el Director de la Policía Penitenciaria, las boletas son claras y no existe falsificación alguna. Tampoco es justo que ahora aleguen que van a apagar menos horas de las que se registraron en las boletas. Ya existe un compromiso por parte del Ministerio de Justicia y debe cumplirse”, manifestó Solís.

ANEP ha estado recibiendo varias llamadas de denuncia por parte de Policías Penitenciarios, un claro ejemplo es el de la oficial Yadira Valverde Castro, quien labora en el CAI-Virilla, a esta oficial le certificaron 108 horas laboradas por disponibilidad, sin embargo a la hora de consultar por su pago le indican que sólo le reconocieron 39 horas.

Para los representantes de la ANEP en la Policía Penitenciaria, este actuar del Ministerio de Justicia y Paz solo deja una serie de dudas e interrogantes sobre el manejo que se le ha dado a los dineros correspondientes al pago por disponibilidad.

“Esto es muy extraño. ¿Será qué se gastaron los 900 millones de colones para saldar estas deudas? ¿Qué usos se le dio a los 1.390 millones de colones que la Asamblea Legislativa aprobó, extraordinariamente? Necesitamos contundentes explicaciones porque todo está indicando que serán los y las integrantes de la Policía Penitenciaria quienes han de pagar los platos rotos”, manifestaron los representantes de ANEP en la Policía Penitenciaria.

Ante esta situación ANEP reitera el llamado a los y las compañeras de la Policía Penitenciaria a manifestarse el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27.