Acerca de “La Hora Tatá” en el Sistema Penitenciario Nacional

La crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es un tema olvidado por los diferentes sectores políticos y sociales del país. Por tal circunstancia, al abordarse delicadas situaciones que esta institución está viviendo, es notoria la falta de sensibilidad por parte de algunos actores políticos, tanto como la pérdida de objetividad de ciertos medios de comunicación a la hora de presentar la noticia penitenciaria. Y esto es alarmante.

Existe en la población del país un total desconocimiento de la importante labor que realizan los funcionarios y las funcionarias del Sistema Penitenciario Nacional costarricense. No se ha valorado en su real dimensión la mística y la vocación con la que estos abnegados servidores públicos desarrollan sus tareas.

Con discursos “populistas” se señalan las debilidades carcelarias de menor importancia, con el único objetivo de desvirtuar las funciones de estos servidores o favorecer a unos pocos.

En ANEP tenemos la convicción de que la Salud Mental del servidor penitenciario, como parte de la Salud Ocupacional decente que debe imperar en todo ámbito laboral, público y privado, es inherente a la labor de tratamiento y de seguridad de las personas privadas de libertad que están recluidas en las cárceles del país.

“La Hora Tatá” se ha conceptuado como parte de los pocos espacios y de las casi nulas posibilidades que en materia de Salud Mental tiene y están al alcance del funcionario penitenciario de hoy en día. Para la ANEP, su debida regulación y la denuncia de su abuso, deben ser elementos fundamentales para preservar este estímulo cualitativo al quehacer de la cárcel; sin embargo, el sobredimensionamiento político-jerárquico que las máximas autoridades le han dado a los casos aislados, ha herido el honor de la abrumadora mayoría de este personal de los servicios públicos costarricenses; lesión moral que fue potenciada, mediáticamente, con cierto morbo para estimular la “venta” de la noticia.

En tal sentido es importante, por tanto, reiterar que la ANEP está en contra de cualquier abuso en la función pública; y, abiertamente a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que no podemos compartir es que se ignoren los problemas medulares del sistema carcelario; temática ésta que, por supuesto, no es de interés para primeras páginas.

La elaboración de constantes informes y el cumplimiento diario de extensas agendas, han desbordado las capacidades individuales y colectivas del personal técnico, administrativo y operativo del Sistema Penitenciario Nacional: las visitas a los hogares, las visitas laborales a los oferentes, las entrevistas para visita conyugal, la confección de documentación, entrevistas a las personas privadas de libertad, así como los informes jurídicos, constituyen solo una pequeña parte del acongojante estrés laboral de este personal carcelario.

Contrariamente al morbo mediático, lo que no se da a conocer es que existe un faltante desproporcionado de personal y que el recargo de funciones es extremado; funciones que no se pueden obviar, que no se pueden dejar de hacer, pues se deben cumplir en los plazos establecidos judicialmente y las normas existentes.

De igual manera, para la ejecución de las funciones descritas es necesario coordinar mediante llamadas telefónicas, mismas que la mayoría de las veces deben hacerse desde el teléfono personal del funcionario por ausencia de teléfonos institucionales; o por un asunto de ubicación. La hora de almuerzo, ocasionalmente, no se toma, principalmente cuando se realiza trabajo de campo, o deben consumir los alimentos durante el traslado, no porque se les ordene, sino por el interés de cumplir con la mayoría de funciones que se exige.

Lo que no se dice es que el nivel de compromiso de estos funcionarios por cumplir con sus tareas, hace que muchas veces se lleven el trabajo de redacción de informes para sus hogares. Que son profesionales y técnicos calificados y que se les paga un salario vergonzoso, en comparación a lo que ganan profesionales de las mismas categorías en otras instituciones.

Que el nivel de hacinamiento en las oficinas es extremo y las pésimas condiciones de infraestructura evidencian el histórico desinterés institucional por tratar con dignidad a estos funcionarios.

Ahora el discurso toma otros rumbos, la desesperación por no tener respuestas certeras hace que algunos puestos de mando trasladen la responsabilidad a estos funcionarios. No vamos a permitir que se ensucie la imagen de los funcionarios del Sistema Penitenciarios Nacional con presunciones odiosas, generalizaciones abusivas, errores y abusos magnificados, espectacularidad mediática oficialista y afán de protagonismo político-jerárquico.

Si la situación de las cárceles no se nos ha salido de las manos, se debe enteramente a la buena función de estos servidores. No se vale que algunas corrientes autoritarias con ínfulas de frío intelectualismo, que no conocen la historia del Sistema Penitenciario Nacional, vengan a darnos lecciones de una moral que ni ellos conocen.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y de su Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), formulamos un vehemente llamado a los compañeros y a las compañeras de Psicología, de Trabajo Social, de Derecho, de Orientación, de Docencia, de Salud; así como a las especialidades técnicas diversas que complementan el trabajo de estas profesiones; e igualmente, a los compañeros y a las compañeras de los sectores administrativo y operativo de la institución, para que cerremos filas ante una política pública que nos ha olvidado, en este y en los anteriores gobiernos; ante una sociedad que nos invisibiliza pero nos manda más gente privada de libertad en contraposición a los recursos que nos quitan cada año para atenderla; ante enfoques de prensa sensacionalistas que no hacen abordaje integral y completo de nuestro quehacer; y, además, ante un país que no ha visto motines sangrientos ni mortales en nuestras cárceles, gracias a la vocación de entrega y sacrificio del personal penitenciario costarricense que, por supuesto, incluye a la abnegada Policía Penitenciaria que nos cuida todos los días, a quienes trabajamos en la cárcel y a quienes están obligados al internamiento.

San José, martes 9 de febrero de 2016.

Ligia Solís Solís, Presidente, Junta Directiva, Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Lista de Policías Penitenciarios incluidos en el Estatuto Policial

N° 171-MJP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En el uso de las facultades conferidas en los artículos 140 inciso 1) y 146 de la Constitución Política del 07 de noviembre de 1949, artículos 53 inciso a) y 65 de la Ley General de Policía, Ley N° 7410 del 26 de mayo de 1994 y los artículos 21, 117 y 119 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria, Decreto Ejecutivo N° 26061-J del 15 de mayo de 1997.

Considerando:

I.—Que los servidores que se dirán, cumplen con los requisitos establecidos tanto en el artículo 65 de la Ley General de Policía, como en los artículos 21 y 117 del Reglamento General de Policía Penitenciaria; ocupando actualmente puestos en propiedad en la Policía Penitenciaria.

II.—Que dichos servidores aprobaron satisfactoriamente el curso Básico Policial, de conformidad con lo estipulado en los artículos 117 y 119 del Reglamento General de la Policía Penitenciaria.

III.—Que en la sesión número: 03-2014 del 21-07-2014, 004-2014 del 09-09-2014, 015-2014 del 30-06-2014, 020-2014 del 31-07-2014, 024-2014 del 28-08-2014, 026-2014 del 11-09-2014, 037-2014 del 27-11-2014, 006-2015 del 20-02-2015, 031-2015 del 28-08-2015; del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, refrendó la elegibilidad de los funcionarios en propiedad que a continuación se indicarán:

ACUERDAN:

Artículo 1°—Incluir dentro del régimen del Estatuto Policial a los siguientes funcionarios:

NOMBRE COMPLETO N° CÉDULA

1 ABURTO LOPEZ OSCAR MANUEL 2-0711-0326

2 ACEVEDO CHAVES VICTOR MANUEL 7-0153-0982

3 AGUILAR SEQUEIRA GRETTEL 6-0311-0996

4 AGUILAR VELASQUEZ ZAIDA MARIA 6-0234-0041

5 ARAYA SELVA KINDLY MELISSA 5-0367-0232

6 ARAYA SERRANO CINDY MARIA 4-0174-0242

7 ARIAS LORIA DAWER ALONSO 7-0211-0755

8 ARROYO GONZALEZ KEILOR JOSUE 2-0647-0266

9 BARBOZA BOGANTES JOSE JOAQUIN 2-0720-0718

10 BARTELS PORRAS CARLOS MAURICIO 1-1306-0875

11 BENAVIDES ESPINOZA ESTRELLA 7-0186-0585

12 BERMUDEZ MORA MONICA MARIA 1-1306-0612

13 BORGE MATARRITA LY YEN 6-0391-0018

14 CAMPOS AMADOR DAYANA PATRICIA 1-1527-0501

15 CAMPOS SANDI MARILYN 7-0176-0947

16 CARRILLO AGUILAR RICARDO ELIDIO 6-0385-0431

17 CASTILLO ROJAS PRISCILA 5-0340-0585

18 CASTRO BOZA ALEJANDRO DAVID 1-1529-0648

19 CESPEDES MONTERO CESAR ESTEBAN 1-1414-0445

20 CHAVARRIA ALVAREZ RENE ANTONIO 6-0308-0087

21 CHAVES MADRIGAL SIGRID VIVIANA 4-0174-0652

22 DURAN MORA DIEGO 1-1489-0219

23 FERNANDEZ MORALES STEVEN 6-0377-0608

24 GAMBOA BADILLA JESSICA 2-0643-0363

25 GOMEZ VILLARREAL JOSAFATH 6-0335-0075

26 GRANADOS RUIZ NANCY 7-0154-0624

27 GRANDA MAROTO SEIDY 6-0328-0273

28 HERNANDEZ JIMENEZ KEMBERLY 7-0175-0984

29 HERNANDEZ MENA ANGELICA 7-0170-0795

30 HERRERA DELGADO FERMAN ALONSO 1-1505-0201

31 JIMENEZ VARGAS GEOVANNY ESTEBAN 1-1362-0752

32 LAZARO ROJAS MARLEN 6-0305-0098

33 MONGE JIMENEZ VERNY JAVIER 1-0849-0947

34 MORA CHAVES JUAN 1-1282-0118

35 MORA GUZMAN YOJAN ORLANDO 1-1308-0477

36 MORENO GARITA PABLO 1-1067-0984

37 MORENO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2-0508-0825

38 MOYA DELGADO JOHANNA VANESSA 7-0148-0335

39 NAVARRO MARTINEZ WILSIÑO 7-0193-0167

40 OBREGON VALVERDE JOSE ALEXANDER 5-0304-0501

41 ORTIZ VILLANUEVA ANA IVETH 1-1409-0060

42 PEÑA ACUÑA DENIS RICARDO 4-0156-0455

43 PEREZ SANCHEZ DEYBIN DE LOS ANGELES 5-0378-0612

44 PORRAS AGUILAR LUIS GAMALIEL 1-1101-0354

45 PORRAS CHAVES EDWIN ALBERTO 1-1453-0006

46 QUESADA MURCIA LUIS ALBERTO 1-0546-0665

47 QUESADA SANCHEZ KEILYN YASMIN 6-0366-0400

48 QUIROS AGUILAR RICARDO ALONSO 7-0208-0533

49 RAMIREZ JIMENEZ LADY MARLENI 7-0178-0197

50 RAMIREZ RAMIREZ MAGALY 3-0375-0915

51 RODRIGUEZ CASTRO LUIS ROBERTO 2-0674-0131

52 RODRIGUEZ MENESES ANA MARIA 3-0244-0186

53 RODRIGUEZ SANDOVAL RODRIGO 6-0236-0241

54 RODRIGUEZ VALVERDE KENNETH FRANCISCO 1-1418-0913

55 RODRIGUEZ VARGAS OSCAR ANDRES 1-1486-0733

56 ROJAS BONILLA LINETTE 1-1153-0888

57 SANCHEZ CHAVARRIA WAYNER JOSE 5-0406-0712

58 SANCHEZ JIMENEZ PABLO ALONSO 7-0198-0435

59 SANCHEZ MORA ALLAN DAVID 1-1429-0113

60 SANCHO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 1-0637-0979

61 SEGURA CASTRO ULISES 1-0610-0425

62 VEGA BARRERA CESAR ANDRES 2-0689-0108

63 VILLARREAL MELENDEZ JUAN ENRIQUE 6-0339-0527

64 VILLEGAS CARRANZA GERARDO 5-0193-0836

Artículo 2°—Rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diecisiete días del mes de setiembre de dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez R.—1 vez.—O. C. N° 26192.—Solicitud N° 17808.—(IN2016000850).

Sobre la visita de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa a La Reforma

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales en el Ministerio de Justicia y Paz-Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito: ANEP-Policía Penitenciaria (ANEP-PP) y ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), de manera cordial y respetuosa les saludamos. En los mismos términos, nos dirigimos a ustedes con ocasión de lo siguiente:

Tenemos conocimiento de vuestra visita en próximas horas al Centro de Atención Institucional La Reforma, en coordinación con la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero. Creemos que su presencia en ese centro penal será de mucha relevancia para determinar aspectos que guardan relación con la crisis del Sistema Penitenciario Nacional y el serio problema de hacinamiento carcelario.

Por esta razón nos complace comunicarles que la ANEP ha venido planteando la urgente necesidad de unir esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad para lograr encontrar una salida a los problemas carcelarios. Que es necesario un trabajo en conjunto con diferentes ministerios e instituciones del Estado para hacerle frente a esta crisis, que nos afecta a todos los costarricenses; y que desde la administración gubernativa anterior venimos planteando la tesis de la Crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Aspecto Económico

Los recortes al presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional, desde nuestro punto de vista, estimulan el crecimiento de tal crisis, favorecen el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país a una posición poco garante de los Derechos Humanos fundamentales.

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los Derechos Humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.

De manera que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.

De la pena privativa de libertad

Consideramos prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas. Es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad consideramos que ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general; es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, como sociedad, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

De la construcción de nuevos espacios carcelarios

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata, pero esta opción no soluciona el problema de hacinamiento. Por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios tan solo como cuestión de orden cuantitativa. Si bien es cierto es una posibilidad responsable, reiteramos que no es eficaz, necesariamente.

El hacinamiento carcelario es un problema serio que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y a sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique olvidar la protección de la sociedad.

Importancia de una observación integral

De acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad, considerar las condiciones en las que trabaja el personal técnico y de seguridad, así como defender también los intereses de las víctimas.

Por tal motivo creemos incorrecto pensar en acciones afirmativas que busquen reconocerles más derecho a las personas privadas de libertad, que a los demás miembros de los grupos sociales que por una u otra razón tienen relación con su situación.

Honorables señores diputados y señoras diputadas: Luego de darles a conocer parte de nuestros planteamientos respecto de la crisis carcelaria y la urgente necesidad de un abordaje integral, queremos solicitarles:

PRIMERO: Se aproveche la visita para determinar las condiciones en las que ofrecen sus servicios los compañeros y las compañeras integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Se visite los dormitorios de estos servidores públicos y constaten el serio problema de hacinamiento y las pésimas condiciones de infraestructura en las que le corresponde brindar su servicio.

TERCERO: Se verifique el reducido número de personas técnicas y profesionales que les dan seguimiento y que hacen las valoraciones respectivas de las personas privadas de libertad. Hablamos de personal en especialidades como Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Educación, Medicina. Con ello lograrán determinar si el recargo de funciones les permite seriamente a estos equipos técnico-profesionales preparar a estas personas privados de libertad para que se les conceda una medida diferente, en un proceso serio y responsable de fomento de su reinserción social.

CUARTO: Indagar sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo de atención a la población privada de libertad y las serias limitaciones para lograr un trabajo con excelencia.

QUINTO: Se observe las áreas de cocina y las realidades del trabajo en ese lugar, donde se evidenciará la falta de recursos, tanto humana como presupuestariamente hablando, con el que naturalmente no se puede ofrecer un trato suficientemente digno

Respetables señores legisladores y señoras legisladoras: por una cuestión de equidad e igualdad, consideramos que si bien es correcto defender los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, hace tiempo que nuestra sociedad, su sistema político y gubernativo tiene en el olvido los Derechos Humanos de las personas servidoras públicas asalariadas a cargo del Sistema Penitenciario Nacional: la Policía Penitenciaria y los sectores laborales de carácter profesional, técnico, administrativo y operativo.

No es correcto defender exclusivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad y descuidar a quienes trabajan en las cárceles por la seguridad de este país.

ANEP presentará medida cautelar para detener directriz que sacaría de la cárcel a mil privados de libertad

La ANEP y su Seccional ANEP-Fuerza Pública, presentarán en los próximos días una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el objetivo de detener la directriz del Ministerio de Justicia y Paz que pretende la liberación de cerca de mil privados de libertad, situación que ha causado molestia y temor en la población costarricense.

Así lo confirmó, esta mañana, en conferencia de prensa Mainor Anchía Angulo, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, quien calificó la decisión del Ministerio de Justicia y Paz como indignante, preocupante y apresurada”

“Esto un acto irresponsable y apresurado que no está bien sustentado, el cual se estaría dando, en un momento en que nuestro país, presenta el pico más alto en materia de inseguridad, violencia y criminalidad. Ante esta situación estaremos presentando la medida cautelar”, dijo Anchía.

Según Anchía, las autoridades de Justicia manifiestan que la decisión administrativa de liberar aproximadamente mil personas privadas de libertad, no pone en riesgo a la población costarricense. Sin embargo indica que no establecen de manera clara, que análisis y estrategias preventivas les permite tal argumento.

“¿De qué forma nos garantiza el Ministro de Comunicación, que esta situación no representa un riesgo para la población? ¿Cómo sustenta la administración que el 90% no reinciden?, cuando policialmente se ha señalado que se presentan constantes reincidencias”, expreso el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Otra de las valoraciones que realiza Anchía con la decisión de la cartera de Justicia y Paz es que se irrespeta y se desvaloriza el trabajo de las policías, a la vez que se cuestiona de cuál sería la finalidad de crear un tribunal de flagrancias, que permite trámite rápido de algunos procesos penales, si luego se deben liberar los indiciados por hacinamiento carcelario.

“Consideramos que resulta irresponsable y riesgoso el intentar reducir el hacinamiento liberando apresuradamente a personas que están privadas de libertad por la comisión de delitos, mayormente contra la propiedad. Podrían indicarnos la Ministra de Justicia y el Poder Ejecutivo a quiénes corresponderá ejercer el control estricto y bajo qué mecanismos, de las personas liberadas”,

En nuestro País, existen garantías procesales, tuteladas en el artículo 1 del Código Penal y en los artículos 6 y 63 del Código Procesal Penal, instrumentos jurídicos que deben ser observados a la hora de realización del proceso penal y que corresponde además a cada defensor, velar porque se cumpla.

Ante esta situación la ANEP y su Seccional ANEP-Fuerza Pública, hacen un llamado, para que se atienda de manera integral e interinstitucional, el problema de hacinamiento carcelario, ya que atenta contra los derechos humanos de los privados de libertad y repercute en los Policías Penitenciarios, pero sin trasladar el problema a la sociedad costarricense.

Salida de “reos no peligrosos”es una medida “desesperada”

La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, ha comunicado al país la salida del encierro total en prisión de unas 1.500 personas privadas de libertad, hacia regímenes de libertad vigilada, en condición de semi-institucionalización.

La aspiración meramente cuantitativa de reducir la sobrepoblación carcelaria, de un 52 % a un 20 %, con la indicada decisión, por más bien intencionada que se esté fundamentando e, incluso, invocándose un “cambio de paradigma”; no resuelve el grave problema de fondo, ya puntualizado por ANEP hace bastante tiempo y, ahora, agravado por el fundamentalismo neoliberal sobre el manejo nacional del déficit fiscal.

Al respecto, desde la ANEP planteamos lo siguiente:

1) Seguimos defendiendo nuestra posición acerca de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis. No es un problema de una determinada administración gubernativa. Tiene que ver con cuestiones estructurales. Básicamente, la relación-contradicción entre prisión vs desigualdad; entre hacinamiento vs tratamiento; entre derechos humanos vs exclusión intramuros carcelarios; entre crecimiento del internamiento penitenciario vs. reducción sistemática de recursos humanos, materiales e infraestructurales.

2) La aplicación de recortes presupuestarios para el 2016, por el orden de los 24 mil millones de colones, puede considerarse como el preludio de situaciones realmente peligrosas a lo largo del año entrante, mismas que podrían repercutir en pérdida de vidas humanas al interior de las cárceles; amén del incremento en el deterioro de la convivencia cotidiana intramuros carcelarios por las carencias de todo tipo y la acumulación de tensiones y de alto estrés, tanto en el seno del propio personal penitenciario como en la comunidad privada de libertad; y, a la vez, incidiendo en la conflictividad creciente en las relaciones entre ambas.

3) Debemos considerar que la estrategia inter-gobiernos de debilitamiento del Sistema Penitenciario Nacional, inversamente proporcional al crecimiento de la criminalidad y la sofisticación de la misma, así como la tendencia judicial hegemónica del encierro; podría estar sirviendo para potenciar intereses privatizadores de las cárceles nacionales y/o de sus servicios, alegándose “incapacidad” estatal e “insostenibilidad” presupuestaria. Ya en el pasado hubo una intentona al respecto.

En consecuencia, Hacemos un llamado a toda la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional; a su personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad; a sus jefaturas y a su correspondiente personal subalterno; para que en gran unidad por la supervivencia institucional, exijamos, en la calle y en fechas próximas, vía movilización pacífica, la restauración de los 24 mil millones ya recortados, la primera “macheteada” en el proyecto de presupuesto para el 2016, cuando la cartera de Hacienda tramitó las peticiones presupuestarias originales de su homóloga de Justicia y Paz.

Igualmente, hacemos un llamado a los diputados y a las diputadas para que más allá de los posicionamientos ideológico-políticos en el tema del déficit fiscal, no apliquen al Sistema Penitenciario Nacional un segundo recorte, una segunda “macheteada”; y, por el contrario, restauren los 24 mil millones y cercenados.

Por el contrario, les solicitamos que reparen en la gravedad de una de las instituciones de la política costarricense más sacrificadas por estos enfoques fiscales de recortes presupuestarios por el recorte mismo: el Sistema Penitenciario Nacional; cuyo personal, prácticamente invisibilizado socialmente, desempeña un quehacer en condiciones totalmente precarias y peligrosos para sus propias vidas; pero, a la vez, ha sido su compromiso abnegado y su vocación de sacrificio por el país, lo que ha evitado tragedias mayores en las cárceles nacionales.

Policías Penitenciarios irán a la calle ante negativa del pago adeudado por disponibilidad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales Policía Penitenciaria y Sistema Penitenciario Nacional, convocan a todo el personal de la Policía Penitenciaria a sumarse a la marcha del próximo 31 de agosto en la Ruta 27, ante la negativa del Ministerio de Justicia y Paz de pagar 2.290 millones de colones correspondientes al segundo tracto de la deuda por disponibilidad.

Los dineros para realizar dicho pago corresponden a 900 millones de colones reservados por el Ministerio de Justicia y Paz, mientras que los 1.390 millones restantes, fueron aprobados extraordinariamente por el Poder Legislativo y firmado el pasado 19 de agosto por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Gerardo Cascante, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, indicó que es una barbaridad que el Ministerio de Justicia y Paz, a última hora, se niegue a girar los dineros adeudados por concepto de disponibilidad, máxime cuando ya se cuenta con los recursos para realizar dicho pago.

“Condenamos y denunciamos enérgicamente de que se pretenda, a última hora y con artimañas administrativas no realizar el pago correspondiente a todos los compañeros y compañeras Policías Penitenciarios, además de desacreditar las certificaciones aportadas que comprueban las horas laborabas por concepto de disponibilidad, por lo que hacemos un llamado a todos los Policías Penitenciarios a que nos manifestemos el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27”, manifestó Cascante.

Por su parte Ligia Solís, Presidenta de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, indicó que es inaudito que a estas alturas el Ministerio de Justicia y Paz, alegue que debe comprobar si las boletas por disponibilidad presentadas por los oficiales son falsas o bien indicar que va a reconocer menos horas de las indicadas en dichas boletas.

“Es claro que cada boleta con el tiempo de horas laboradas por disponibilidad va firmada por el Director de la Policía Penitenciaria, las boletas son claras y no existe falsificación alguna. Tampoco es justo que ahora aleguen que van a apagar menos horas de las que se registraron en las boletas. Ya existe un compromiso por parte del Ministerio de Justicia y debe cumplirse”, manifestó Solís.

ANEP ha estado recibiendo varias llamadas de denuncia por parte de Policías Penitenciarios, un claro ejemplo es el de la oficial Yadira Valverde Castro, quien labora en el CAI-Virilla, a esta oficial le certificaron 108 horas laboradas por disponibilidad, sin embargo a la hora de consultar por su pago le indican que sólo le reconocieron 39 horas.

Para los representantes de la ANEP en la Policía Penitenciaria, este actuar del Ministerio de Justicia y Paz solo deja una serie de dudas e interrogantes sobre el manejo que se le ha dado a los dineros correspondientes al pago por disponibilidad.

“Esto es muy extraño. ¿Será qué se gastaron los 900 millones de colones para saldar estas deudas? ¿Qué usos se le dio a los 1.390 millones de colones que la Asamblea Legislativa aprobó, extraordinariamente? Necesitamos contundentes explicaciones porque todo está indicando que serán los y las integrantes de la Policía Penitenciaria quienes han de pagar los platos rotos”, manifestaron los representantes de ANEP en la Policía Penitenciaria.

Ante esta situación ANEP reitera el llamado a los y las compañeras de la Policía Penitenciaria a manifestarse el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27.

ANEP-Policía Penitenciaria y Sistema Penitenciario Nacional se reunieron con la nueva Ministra de Justica

La Ministra de Justicia y Paz, junto a su equipo de trabajo reconocieron que la propuesta de la ANEP fue seria, profesional y técnicamente sustentada, la cual era la que correspondía aplicar, pero lamentablemente el problema fiscal que atraviesa el país no permitió aplicarla.

Las Seccionales de ANEP-Policía Penitenciaria y Sistema Nacional Penitenciario se reunieron, este miércoles 15 de julio, con la nueva Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, a petición de esta última, para informar del avance del Manual de Puestos.

En la reunión la Ministra indicó a las seccionales de ANEP que el Manual de Puestos para la Policía Penitenciara será enviado este miércoles 15 de julio a la Autoridad Presupuestaria para su valoración y aprobación.

Durante la reunión las seccionales de ANEP le mostraron su malestar a la Ministra de Justicia y Paz por las escalas salariales de dicho manual, que establecen las siguientes remuneraciones: Policía Penitenciario ¢17.050; Oficial de Guardia ¢50.700; Inspector ¢81.150; Supervisor ¢108.950; Jefe de Seguridad ¢156.650, ya que no cumplen las expectativas de la ANEP y sus seccionales en el sistema penitenciario.

“No nos satisface el manual de puestos, tenemos que ser claros y contundentes no vamos a aceptar que un problema fiscal perjudique a los trabajadores, la homologación ansiada no se logra queda a medio palo, vamos a discutir con la Junta Directiva y los delegados de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria el próximo a seguir”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

No obstante la Ministra de Justicia y Paz, junto a su equipo de trabajo reconocieron el profesional y enorme trabajo realizado por la ANEP en su propuesta del Manual de Puestos.

“La propuesta de la ANEP fue seria, profesional y técnicamente sustentada, era la que correspondía aplicar, pero lamentablemente el problema fiscal que atraviesa el país no nos permitió aplicarla”, reconoció la Ministra junto a su equipo de trabajo durante la reunión.

Por su parte Lucrecia Alvarado, Vicepresidenta de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria indicó que este primer encuentro con la nueva Ministra de Justicia y Paz y de suma importancia a la vez que expresó su malestar por la forma en que se envía el Manual de Puestos a la Autoridad Presupuestaria respecto a la escala salarial.

“Me parece que es una persona dispuesta al diálogo, con amplio conocimiento del aparato judicial, y con una intención de apoyo no solo a la población privada y si no al personal policial y administrativo. Respecto al Manual de Puestos este se va escueto a la Autoridad Presupuestaria ya que los contenidos económicos no ven reflejado el esfuerzo diario del policía y no se equipara a los demás cuerpos policiales del país”, dijo Alvarado.

Benjamín Sevilla, Secretario de Juventud de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, también se mostró en desacuerdo respecto a la propuesta salarial incluida en el Manual de Puestos.

“Nosotros realizamos nuestra propuesta, la cual reconocieron fue muy buena ajustada a los aspectos de legalidad y justicia social, sin embargo la situación fiscal del país no permitió ejecutar nuestra propuesta, pero es algo que aún debemos analizar”, dijo Sevilla.

En la reunión sostenida en el despacho de la Ministra de Justicia, ubicado en Zapote, también fue aprovechada para dejar claro los planteamientos de la ANEP respecto a “La crisis del Sistema Penitenciario Nacional”, así como la obtención de un compromiso de pronta audiencia sobre las inquietudes de cómo se está ejecutando el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cárceles, el cual representa una suma multimillonaria, ya que se han detectado el surgimiento de planillas paralelas a través de consultorías.

ANEP apela, públicamente, a la nueva ministra de Justicia y PAZ

Nuevamente, debemos hacer referencia pública a las enormes preocupaciones que en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), tenemos con relación a la disposición de los recursos del denominado “Préstamo para el Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Reinserción Social”; préstamo comúnmente referenciado como para construcciones carcelarias y otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), No. 2526/OC-CR.

Estamos en presencia de un proceso de instauración de una especie de “planillas paralelas”, producto de onerosas contrataciones de consultores que se ejecutan por parte de la Unidad Ejecutora del Préstamo, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.

En el marco de la llegada de la nueva Ministra de Justicia y Paz, la distinguida señora Cecilia Sánchez Romero, la ANEP desea solicitarle, públicamente y por esta vía, un abordaje crítico e integral de lo que viene sucediendo en la indicada Unidad Ejecutora de ese préstamo; toda vez que:

PRIMERO: La misma está compuesta por 29 funcionarios públicos contratados específicamente para la ejecución de ese empréstito, mismo que anda por los 130 millones de dólares, aproximadamente. Además, hay tres funcionarios más que responden, jerárquica y administrativamente, de manera directa al Ministerio de Justicia y Paz, a quienes se les ha dado el rango de gerentes técnicos.

SEGUNDO: A pesar de la existencia de este equipo profesional de servidores públicos, se ha estado realizando una serie de contrataciones de consultores que, en nuestra perspectiva, debe encender señales de alarma en materia de control de gasto público (dicho préstamo lo pagará el pueblo costarricense): biólogos, abogados, psicólogos, arquitectos; ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos; geólogos, geógrafos, estadísticos, politólogos y arqueólogos…

TERCERO: A marzo de 2015, todas estas consultorías y asesorías técnicas han implicado la erogación de unos 3 millones de dólares: ¡Unos 1.500 millones de colones! Sin embargo, el avance físico de las obras que presupone tal préstamo, estaría llegando, apenas, al 7 %.

Tal circunstancia genera enorme preocupación, toda vez que la misma corre el riesgo de “institucionalizarse” burocráticamente hablando en el seno de la mencionada Unidad Ejecutora; si se logra consolidar la emisión de un “Reglamento Operativo para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social”, decisión que la ANEP estima improcedente para lo cual, repetimos, llamamos la atención de la nueva jerarca ministerial de la cartera de Justicia y Paz, por esta vía.

El indicado reglamento no puede ser emitido desde la perspectiva del muy cuestionado sistema de las “planillas paralelas” en el sector Público, vía este tipo de consultorías. En el caso que nos ocupa, la Unidad Ejecutora de este empréstito, ha provocado que:

Caso a): La “Especialista en Infraestructura” pagada por el Ministerio de Justicia y Paz, recibe como salario promedio 1 millón 316.750 colones (salario base más dedicación exclusiva). Por el contrario, a quien decidieron nombrar como “Consultor General para Infraestructura”, se le paga un promedio mensual de 8 mil dólares: poco más de 4 millones de colones.

Caso b): El “Especialista en Adquisiciones”, pagado por el Ministerio de Justicia y Paz, recibe como salario promedio, 1 millón 316.750 colones (salario base más dedicación exclusiva); sin embargo, se contrata a un “Especialista Senior del Área de Adquisiciones”, como consultor, con un salario promedio mensual de 4.500.oo dólares: unos 2 millones 300 mil colones.

Caso c): La labor de asistencia secretarial según la escala de sueldos del Ministerio de Justicia y Paz, devenga unos 318.350 colones por mes; sin embargo, una función idéntica por este sistema de consultorías, está siendo retribuida con dineros de ese empréstito con un promedio mensual de 2 mil 500 dólares: 1 millón 250 mil colones.

De seguir esta situación, se estarían erogando (además de los 3 millones de dólares ya erogados por este tipo de consultorías y asesorías técnicas), unos 600 mil dólares adicionales, por año, de dicho empréstito, solamente para sostener esta especie de “planillas paralelas”.

Adicionalmente, este “paralelismo gestor” lleva implícitos graves problemas (aparte del dispendioso sistema de retribuciones por consultorías), que tienen que ver con la cuestión legal; toda vez que las responsabilidades de empleo público que contiene dicha Unidad Ejecutora, colisionan con las de quienes ejercen consultorías; pues éstas, en principio, estarían al margen de los controles de transparencia que exige el manejo de fondos públicos.

La esencia de nuestra preocupación central es que el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de ese empréstito, es como si fuese una especie de “república independiente” dentro del Ministerio de Justicia y Paz.

Se debe pasar a un directo manejo controlado de la disposición de los recursos públicos de tal préstamo, pues, como lo indicamos en ocasión anterior, tanta cantidad de dinero es manejada por una única persona. Debe ser la propia jerarca ministerial quien asuma tan delicada responsabilidad.

Es por ello que, reiteramos, hacemos un llamado público por esta vía a la nueva Ministra de Justicia y Paz, la distinguida señora Cecilia Sánchez Romero, para que considere esta denuncia que desde ANEP hemos venido formulando; a la vez, nos otorgue una cita para ampliar sobre el particular.

Negociación de la ANEP salva descalabro del nuevo Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria

Luego de ser convocados por la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, a una reunión en la tarde del pasado lunes 15 de junio de 2015, para conocer el estado de nuestra propuesta a la parte salarial del Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria; nos informó la indicada jerarca a cerca de una conversación previa que como una “cortesía” le dio la Autoridad Presupuestaria para analizar lo referente al Manual de Puestos.

Como criterio de la Autoridad Presupuestaria, en su calidad de técnico en la materia, éste le manifestó a la Ministra que la propuesta presentada por el Ministerio con relación a la estructura salarial propuesta no tenía fundamentación, toda vez que, no cumplía con el principio de “gradualidad”, y no tenía presupuesto definido, es decir, no tenía definido como financiar la propuesta. Lo anterior, entre otras observaciones que realizó la AP.

Ante este escenario y una solicitud vehemente de la ministra Ramírez para que le otorgáramos un poco más de tiempo y le ayudáramos a resolver el tema de la gradualidad salarial y el tema del respaldo financiero para justificar la nueva estructura salarial del manual de puestos, accedimos a llegar a un acuerdo (mismo que va adjunto a esta comunicación electrónica), comprendiendo nosotros que así como en el pago del reconocimiento de horas extras por disponibilidad hubo colaboración y buena fe de la mencionada jerarca; en este asunto también la ha habido, tanto de parte de ella, como de Pablo Bertozzi Calvo, Director de la Policía Penitenciaria, así como de parte de Giovanni Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos del MJP. Debemos recordar que la propuesta salarial del mismo ministerio para las jefaturas nos permitió, en su momento, proponer un aumento al salario base de los y de las policías penitenciarios más acorde a sus funciones y responsabilidades.

A continuación ponemos en conocimiento de toda la digna fuerza laboral policial penitenciaria del MJP, acuerdo que posibilitará la aprobación sin lugar a dudas del nuevo manual de puestos.

Acuerdos Sobre Manual de Puestos Policía Penitenciaria