Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento

•No tiene reajuste por costo de vida en este 2024: Quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

•Estado no paga el reajuste pendiente desde el 2020 a la fecha.

•Electricidad sube un 15 %

Los y las oficiales del personal de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos policiales del país: Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI, arriban al año 2024, teniéndose que enfrentar a una mayor profundización en el proceso de precarización salarial del cual son víctimas desde el 1 de enero del año 2020.

Llegan al Año Nuevo sin un centavo de incremento salarial por costo de vida y deben enfrentar, desde este mismo 1 de enero 2024, un aumento 15 % en la tarifa de electricidad en sus respectivos hogares, sin hablar de más alzas en camino. Este 2024 es el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

Además, el Gobierno-Ministerio de Hacienda guarda un sepulcral silencio en cuanto si, ¡por fin!, honrará la deuda salarial del reajuste por costo de vida que entró a regir el 1 desde el 1 de enero de 2020, a razón, promedialmente hablando, de 7.500 colones a la base de cada una de esas personas trabajadoras policiales, hombres y mujeres, integrantes de los sectores de ingresos medios y bajos del aparato estatal costarricense.

En promedio, repetimos, esa deuda abarca 48 meses: los 12 meses del año 2020, los 12 del 2021, los 12 del 2022, los 12 del 2023; más, lo proporcional correspondiente a 4 aguinaldos y a 4 salarios escolares. Hablamos de unos 400 mil colones, en promedio y per cápita.

Esta deuda salarial que el Estado tiene con este personal estatal policial ya es patrimonio personalísimo de cada uno y de cada una. Su legalidad es incontrovertible, así dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR).

Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.

Una vez más, ANEP hace emplazamiento público vehemente al propio Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, señores Rodrigo Chaves Robles y Nogui Acosta Jáen, para que hablen con contundencia:

1) ¿Pagarán el retroactivo de esos 4 años que, presuntamente, cada entidad pública deudora ya presupuestó para honrar tal deuda salarial que no es por aumento sino por un reajuste por costo de vida?

2) ¿Invocarán la perversa regla fiscal y a última hora nos dirán que la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), arrancó el año 2024 por encima a los 60 puntos para con ello dilatar y seguir dilatando ese pago?

El pago-depósito se puede efectuar de manera automática. Los sistemas digitales institucionales tienen la información precisa de si a alguna persona funcionaria acreedora de esa deuda se le deben reconocer los 48 meses o menos. No se vale venir a plantear que cada quien debe formular un reclamo administrativo: ESO ES HACER TRAMPA para dilatar el pago y hacer colapsar las diferentes dependencias públicas involucradas. ANEP rechaza, contundentemente, la triquiñuela del reclamo administrativo.

Al parecer, la movilización social se impone y parece que se está evidenciando que sin la misma no se atenderá este justo reclamo. ANEP exhorta a las personas trabajadoras afectadas a mantener una disposición para algo semejante. Por el contrario, los acreedores de la deuda pública no tienen problema alguno: a ellos se les paga puntualmente.

San José, martes 3 de enero de 2024.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

2024: Clase trabajadora asalariada seguirá pagando el ajuste fiscal

•El crecimiento de la economía no se refleja en el incremento en el salario mínimo

•Empleados públicos ingresan al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total

La clase trabajadora asalariada, la que tiene “suerte” de tener un empleo fijo con salario formal, aunque cada vez con menor poder adquisitivo, llegará al año 2024 con un panorama de mayor empobrecimiento y mayor precariedad sociofamiliar.

En el caso del sector Público, prácticamente la totalidad del mismo entrará en este 2024 a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos, si nos atenemos a criterios ya emitidos por la propia Procuraduría General de la República (PGR).

Para agravar esta circunstancia de serio empobrecimiento salarial del bloque laboral estatal, la deuda del Estado para con el mismo, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado.

El propio Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está indicando que sería hasta al año 2025 cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales; condición está impuesta por la pérfida regla fiscal.

Lo anterior quiere decir que, aunque en el presupuesto 2024 se incluyeron partidas para pagar esa deuda, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, probablemente no podrá ser materializada y depositada en el bolsillo de cada persona trabajadora empleada pública acreedora de la misma, como se espera para las próximas semanas del nuevo año.

Y, complicando todavía más las cosas, la deuda debería ser cobrada por el engorroso proceso de “reclamo administrativo”: una verdadera irracionalidad que podría generar hasta más de 100 mil procesos ordinarios; lo cual es rechazado, tajantemente por ANEP, por cuanto se puede cancelar de oficio por cuanto los meses adeudados de esos 4 años, en cada caso están registrados en los sistemas informáticos institucionales respectivos.

Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social.

Por lo que respecta al sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Hoy en día, el salario mínimo en la empresa privada ni procura bienestar ni procura existencia digna. Una gran lucha social pendiente que merece ser asumida militantemente; incluso, invocando el Derecho Internacional previsto para ello.

Como es fácil concluir, el ajuste fiscal de la economía costarricense está sobre las espaldas del pueblo trabajador: dura realidad sumamente injusta que compromete nuestros esfuerzos en grado sumo para el año nuevo 2024.

San José, lunes 18 de diciembre de 2023.

*Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP*

*Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP*

ANEP rechaza ataque de la SUPEN al régimen de pensiones IVM-CCSS

De manera contundente y con toda vehemencia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la posición que se ha hecho pública en este día, de parte de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), para agravar más la situación de las personas trabajadoras ya pensionadas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, a la vez, para hacer más drástico el acceso al mismo a las actuales personas trabajadoras asalariadas.

La pretensión más indignante que nos anuncia la señora Rocío Aguilar Montoya, es la de poner un impuesto del 5 % a las actuales pensiones dizque para sufragar los gastos de salud de las personas de la tercera edad ya pensionadas; como si en todas sus respectivas vidas laborales activas no habrían cotizado lo suficiente.

Sin duda alguna, esto ya ha empezado a generar amplio y contundente rechazo que esperamos tenga contundentes expresiones abiertas de rechazo militante y que la ANEP estimulará.

Por otra parte, aumentar el número de cuotas de 300 (25 años), a 360 (30) años, también molestará mucho a las actuales personas trabajadoras próximas a pensionarse y/o en camino de hacerlo en mediano plazo, por ejemplo.

Esto es más grave aún si constatamos que pretenden subir la cotización obrera de la persona trabajadora; si pretenden subir el impuesto sobre las ventas (IVA), del 13 % al 15 %; y, reducir el monto de la pensión mínima que quedaría en 138 mil colones para, en contraste bajar la carta estatal al sistema.

En realidad, gran parte del trasfondo de esta repudiable propuesta de la señora Rocío Aguilar Montoya, puede estar basada en dos intenciones fundamentales: abrir el camino privatizador del sistema IVM-CCSS, por una parte: es decir, tendrá pensión quien pueda pagarla.

Por la otra, eludir la gran responsabilidad del Estado en su deuda con la Caja, misma que ya ha superado la barrera de los 3 billones de colones.

Hacemos un llamado a toda la población trabajadora asalariada y, particularmente a la pensionada por IVM-CCSS para que rechace categóricamente el siniestro plan de la SUPEN con el régimen de pensión más importante del país.

San José, miércoles 29 de noviembre de 2023.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP pregunta a Ministro de Hacienda si se va a pagar deuda por reajuste por costo de vida

La Secretaria General de ANEP envió una carta al titular de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, a fin de que responda si en efecto se va a cancelar la deuda que se tiene con la clase trabajadora del Gobierno Central desde el 1 de enero del 2020 en cuanto al pago del reajuste por costo de vida.

A continuación, el documento.

ARESEP convoca mesa de trabajo sobre contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago

Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes

Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.

La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.

También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.

Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.

Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.

El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.

Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.

Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com o Facebook: FRENTEECOCIPRESES

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

ANEP solicita a la Contraloría investigar propuesta de ₡200 mil millones anunciada por la CCSS para resolver listas de espera

Reserva financiera de 200 mil millones de colones no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando se investigue la propuesta anunciada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sobre la disposición de 200 mil millones de colones para la atención de listas de espera.

Para nuestra organización sindical existen una serie de elementos que ponen en duda la forma en que este dinero se reserva y se pone a disposición para que entidades privadas resuelvan las listas de espera.

La denuncia también fue enviada a la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República por la vía electrónica.  

Para la ANEP, Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, y  Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera y Coordinadora del Comité de Inversiones del Seguro de Salud se atribuyen competencias que no les corresponde, por  lo cual se debe valorar e investigar los siguiente elementos:

1.         Se creó una reserva financiera de 200 mil millones de colones que no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.

2.         La citada reserva no se fundamenta en análisis técnicos y financieros robustos que permitan comprometer esa dimensión de recursos, inclusive indican que pedirán la

programación a la Gerencia Médica, como un acto posterior. Se resume que se compromete esa dimensión de recursos con fundamento en una solicitud de una página.

3.         Es contradictorio que la Gerencia Financiera firmara en menos de 10 días criterios totalmente opuestos: en uno señala la insipiencia de las propuestas que estarían fundamentando una reserva; y, por otra parte, se aprueba en menos de 3 días una inversión de tal magnitud. Podría existir un incumplimiento de la Política de Inversiones del Seguro de Salud y una extralimitación de las competencias del Comité de Inversiones, en definir reservas sin aval de Junta Directiva y direccionadas a un proyecto que no tiene solidez técnica.

4.         Si bien podrían ser recursos a la vista que no se han colocado por diversas situaciones, el amarrarlos a una estrategia operativa que debe ejecutarse “en apariencia” en el periodo 2024, representa que dichos recursos no podrán tener la posibilidad de colocarse a mejores rendimientos, y con ello estarán amarrados a la corriente ordinaria.

5.         Hay que valorar si la decisión impulsada por la presidencia ejecutiva y la gerencia financiera de la CCSS vulnera otros proyectos y reservas que estaban previamente definidas para atender compromisos de inversión en infraestructura y tecnologías. Esto, sin duda, sería concordante con la estrategia de detener el portafolio de inversiones y volver a inventar criterios de priorización para hospitales que ya habían culminado esa etapa.

6.         Finalmente, pareciera que la búsqueda de esa reserva se orienta en que respalde una compra de servicios por terceros que no están incluidas en el presupuesto 2024, lo cual sería contrario al ordenamiento jurídico y técnico de garantizar el debido contenido previo a dictar actos de inicio de contratación administrativa.

Por estas razones, la ANEP solicita a las entidades pertinentes investigar la forma en qué se toman estas decisiones.

 “Reestructuración” de AyA es para facilitar la privatización

– ANEP inicia lucha contra la reestructuración de la institución

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Nacional A y A, han tenido acceso al documento Propuesta de Reorganización Integral del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de 245 páginas, procediendo a una revisión, muy general pero responsable, mediando para ello visiones obrero-sindicales, jurídico-legales y estratégicas, producto de las consultas efectuadas a varias personas especialistas; todo lo cual nos permite compartir con ustedes nuestras primeras impresiones que, para ser claros y contundentes, nos motivan a lanzar una alerta general. Así las cosas, tenemos:

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A es producto de un reducido círculo de personas y, por tanto, no obedece, ni siquiera para aparentar, a voluntades políticas de facilitar un proceso participativo de real y amplia base.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A tiene como finalidad fundamental generar despidos, puros y duros, en la concepción neoliberal del término, para dar paso a una reducción cuantitativa de la planilla institucional, sin considerar la posibilidad de reacomodos, tácticos y estratégicos, de personal apto y capacitado para fortalecer áreas y/o sectores que podrían mostrar debilidades y/o carencias destinadas a lograr la mayor satisfacción de la población usuaria.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, por el contrario, apunta a un debilitamiento de mayor calado de cara a la demanda ciudadana por mejores servicios, dándose así un paso para continuar con un proceso de descrédito público al que ha sido sometida la institución en los últimos gobiernos, incluido el actual.

Esta Propuesta de Reorganización Institucional de A y A concibe al Fondo de Ahorro de A y A como un factor anexo o endógeno a la estructura institucional, disponiendo de su personal experimentado llevándolo a una especie de limbo; sin considerar que el Fondo de Ahora es consustancial a la existencia misma de la institución.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A está en la línea de impulsar el camino de la privatización del agua, tan ansiado por varios sectores políticos de fuerte procedencia y/o con respaldo al más alto nivel del macro-empresariado económico del país; privatización del agua que, paralelamente, se viene impulsando en la Asamblea Legislativa con proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa, tal como el Expediente No. 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A considera como “material sobrante” una serie de personal experimentado que, de un modo u otro, es susceptible de adaptación y de asimilación del cambio para fortalecer diversas áreas institucionales necesarias para la trascendencia y consolidación de A y A como proveedor de servicios de agua y de alcantarillado sanitario por excelencia en nuestro país.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, con una primera visión jurídico-legal que ya se le efectuó, presente serias contradicciones y vacíos que ANEP ha de puntualizar próximamente; amén de que tenemos serios cuestionamientos de su tramitación procedimental a señalarse en el momento oportuno.

La ANEP y su Seccional ANEP-A y A dejan explícito su total rechazo a la Propuesta de Reorganización Integral de A y A, al considerar que la misma es parte de la estrategia de los sectores político-hegemónicos de la sociedad costarricense de la actualidad y que son los mismos en las sucesivas administraciones gubernativas, los cuales y bajo la consigna ideológica del todo mercado-Nada Estado, desean un

A y A entregado a la lógica mercantil del lucro con la privatización del agua; todo lo cual nos hacer manifestarnos en contra del proyecto de ley Expediente 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

A la vez, llamamos a toda la familia laboral de la Institución a cerrar filas, sin distingos de ningún tipo; así como a la unidad en la acción de las respectivas organizaciones sociolaborales que, mediante un protocolo de trabajo compartido y firmado, nos dispongamos a la defensa activa y militante de A y A.

Sobre las declaraciones efectuadas por el Presidente Ejecutivo de INCOP en la conferencia de prensa del martes 28 de setiembre del 2023

Saludos cordiales, para la debida y TRANSPARENTE información y ante las declaraciones infundadas, maliciosas y tergiversadas emitidas por el Presidente Ejecutivo de INCOP el señor Braulio Venegas, durante la pasada conferencia de prensa en Casa Presidencial el 26 de setiembre de 2023, esta Seccional ANEP-INCOP, desea exponer lo siguiente.

INCOP es una institución que por Ley No. 8461 está dedicada a la explotación y administración de los puertos de la costa del pacífico costarricense, compuesta por 80 trabajadores, entre funcionarios y la alta administración.

En ningún momento ningún funcionario sustrajo de manera “irregular” ningún expediente, siempre se actuó bajo lo establecido e instruido por la junta directiva, tal como lo indicó de forma temeraria el señor Venegas.

Los expedientes de los cuales se ha hecho mención forman parte de un procedimiento administrativo bajo investigación que la Junta directiva había solicitado, los cuales debían ser entregados, no a un tercero externo, como se ha señalado de manera malintencionada, sino al asesor legal externo contratado por la misma Presidencia Ejecutiva de INCOP.

El viernes 22 de setiembre de 2023, cuando se entregaron a dicho asesor, en todo momento estuvo presente el Sr. Braulio Venegas, por lo cual no es valedero que se insinúe que los acontecimientos se hicieran de manera inadecuada o a escondidas.

No es de recibido de esta Seccional, ni de la mayoría de los funcionarios honestos, decentes y trabajadores que laboramos en INCOP, que se nos quiera manchar nuestro nombre y el de la institución, por querer solapar e impedir que las cosas se hagan a derecho, con fundamento y en total apego a la Ley.

Se invita a la prensa de este país, para que más bien se analice como corresponde el contenido de la investigación de los expedientes, y salga a la luz la verdad real de los hechos, sobre lo que verdaderamente quieren tapar de forma irregular, montando persecuciones laborales y sindicales a funcionarios honestos.

Trabajadores municipales de Belén en huelga por deuda de reajuste salarial

Trabajadores municipales de Belén iniciaron, este miércoles desde las 6:00 a.m., un paro de labores ante la deuda de reajuste salarial por costo de vida que mantiene el municipio del 5.5%, correspondiente al presente año.

El reajuste salarial por costo de vida del 2023 para la Municipalidad de Belén quedó fijado en un 8%. Actualmente el municipio ya reconoció el 2.5%, quedando pendiente el 5.5%.

La decisión de los trabajadores de iniciar este movimiento se da luego de que el día de ayer el Concejo Municipal no aprobara el reajuste salarial. Lo anterior pese a éxistir presupuesto para realizarlo, así como los estudios presupuestarios pertinentes y un criterio jurídico de la administración municipal que respalda la solicitud.

A esto se une un acuerdo entre la seccional ANEP-Municipalidad de Belén y la Alcaldía en el Ministerio de Trabajo.

Es la primera vez en la historia, que trabajadores municipales de Belén realizan un paro de labores. Además, desde el año 2018 al 2022, los trabajadores no recibieron reajuste salarial por costo de vida. Es decir 5 años de congelamiento salarial.

Actualmente cerca del 70% del personal se mantiene en paro de labores.

Declaraciones de José Zumbado Chaves, vicepresidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Belén.

Oficiales de PCD denuncian fortalecimiento al narcotráfico por parte del MSP

  • Personal del Vigilancia Aérea, Guardacostas y Fronteras se encargarán de las tareas de la Policía de Control de Drogas.
  • Investigadores aseguran que este debilitamiento fortalecerá a las tareas del crimen organizado.

La seccional que se encuentra dentro de la Policía de Control de Drogas (PCD) denuncia como los han ido sacando de muelles, aeropuertos y fronteras terrestres para asignarlos en otro tipo de investigaciones, al tiempo que quienes quedan a cargo de lo pertinente en los espacios antes mencionados son policías que no cuentan con la pericia ni los elementos jurídicos necesarios.

Como es de conocimiento público, el crimen organizado cada vez tiene mayor poder y el trasiego, bodegaje, distribución aumenta en el país y precisamente es esta policía quien con su capacitación y experiencia ha logrado golpes durante el último tiempo, a pesar de estar en desventaja en cuanto a personal y recursos.

Un oficial especializado en este tipo de investigaciones y parte de la ANEP, a quien por seguridad no se va a identificar, fue enfático en cuestionar estas decisiones, las cuales solo benefician a los grupos encargados de enviar y distribuir droga en Costa Rica e internacionalmente.

“A quienes se les va a asignar el trabajo no tienen la instrumentación ni la preparación para atender de la mejor manera las situaciones que se vayan a dar, lo cual va a generar problemas procesales, de custodia y todas estas investigaciones o casos van a terminar en nada”, afirmó.

Y es que no es solo el hecho de que los saquen de los puntos principales por donde entra y sale droga y dinero, sino que también los espacios y bases de datos en donde se recopilan datos que sirven de inteligencia pasarán a ser ocupados por el personal de las otras policías.

FALTANTE POLICIAL

La problemática en cuanto a la inversión cada vez golpea más a los oficiales, ya que las plazas vacías y el faltante de personal afecta el desarrollo de las investigaciones. Además, existen varias directrices administrativas que hacen que los vehículos, las plazas, los artículos técnicos, entre otros se le entreguen a otros cuerpos policiales o ministerios.

“La capacitación de un oficial de la PCD dura por lo menos dos años. Antes el reclutamiento lo estaba haciendo la misma Policía de Control de Drogas y eran rápidos, pero el proceso pasó al Ministerio de Seguridad Pública con las famosas 100 plazas del presupuesto extraordinario, lo cual no garantiza que esas contrataciones vayan para nuestra policía”, expresó.

Según los cálculos actualmente existen 60 plazas vacantes, más las 100 aprobadas en el presupuesto extraordinario, es decir, 160 plazas. Pero, desde ANEP consideramos que, para poder luchar realmente en contra del narcotráfico, en el entendido de que es una base de operaciones regional deberían sumarse 200 oficiales más, para un total de 460.

CORRUPCIÓN

Los investigadores de la PCD afirman que el éxito de la mayoría de casos que han logrado se debe a que el personal que atiende no es de la zona, por lo que el índice de corrupción es casi nulo, por lo que les inquieta que a la hora en la que la Policía de Control de Drogas no esté, el crimen organizado pueda aprovecharse de la vulnerabilidad de los oficiales que queden destacados en cualquiera de los puntos.

“No decimos que las otras policías son corruptas, solo que en muchas ocasiones los grupos narcos ofrecen dinero y ante la negativa de los oficiales honestos proceden a amenazarlos con hacerles daño o a sus familiares y es ahí cuando ellos buscan la seguridad de sus seres queridos y pasan a las filas de la delincuencia”, remarcó.

Sumado a lo anterior, el brutal congelamiento salarial y las condiciones laborales cada vez más van en detrimento, motivo por el cual para el narco es más fácil aprovechar todo este tipo de elementos y buscar corromper a los oficiales.

Por otra parte, todas estas falencias también hacen que los investigadores decidan renunciar a la PCD y buscar trabajo en embajadas, policías municipales o en el sector privado, ya que las funciones conllevan un menor riesgo y la diferencia de salario no es mucha.

Desde ANEP se hace el llamado a Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República para que como Comandante en Jefe tome cartas en el asunto y se puedan revertir estas decisiones y por el contrario ordenar al Ministro de Seguridad implementar las acciones pertinentes para fortalecer la PCD.

“Queremos que el señor Presidente sea congruente y que analice lo que está pasando, que no se deje engañar, que se reúna con las bases de las policías, quienes son los que realmente conocen y tienen ideas reales que permitan combatir al crimen organizado y no estás ideas que hacen que la seguridad se vuelva un juego y un experimento político”, sentenció el investigador

Jonathan Flores Mata, asesor sindical de esta seccional va en la misma línea de que se puedan reunir el mandatario y los cuerpos policiales ya que desde ANEP se tienen las siguientes solicitudes para el Ejecutivo:

  • Fortalecimiento del sistema de reclutamiento para la PCD.
  • Utilizar una plaza vacante para una persona especializada en informática que permita hacer el soporte de datos y archivos de la PCD.
  • Que otros cuerpos policiales cooperen con las acciones de la Policía de Control de Drogas más no, que asuman sus funciones.
  • Desde la PCD paulatinamente se capacite a los funcionarios de los otros cuerpos de policía a fin de que adquieran la pericia necesaria para ir apoyando el trabajo.