Comunicado seccional ANEP–Policía Profesional de Migración: sobre el plan piloto «Bus Seguro» anunciado por el Gobierno.

La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (PPM), expresa su preocupación ante el reciente anuncio realizado por el Gobierno en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en relación con el plan piloto que exonerará del pago de pasajes en buses a los Oficiales de la Fuerza Pública.

Este convenio, denominado informalmente como «Bus Seguro», establece que los oficiales deberán portar su uniforme completo y el carné de identificación policial para acceder al beneficio, con el argumento de que su presencia aumentará la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte público. No obstante, la medida excluye a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, pese a que estos también desempeñan funciones esenciales de seguridad y forman parte del cuerpo policial del país.

Según palabras del propio Ministro de Seguridad, esta es «una primera etapa» y «luego vendrán las otras fuerzas policiales». Sin embargo, no se ha proporcionado una fecha concreta ni compromisos verificables respecto a la inclusión de los demás cuerpos policiales, lo cual genera incertidumbre y malestar entre nuestros afiliados.

Inconvenientes del uso del uniforme en buses:

ANEP-PPM considera necesario advertir sobre las siguientes inconveniencias y riesgos de viajar uniformado en el transporte público:

1. Exposición innecesaria: Portar el uniforme en lugares públicos puede convertir a los oficiales en blanco de agresiones, asaltos o represalias, especialmente cuando no se encuentran en servicio activo.

2. Confusión de roles: Aunque se afirma que los oficiales serán “pasajeros más”, el hecho de portar el uniforme crea expectativas sociales y legales de que deben intervenir ante cualquier incidente, lo cual podría generar consecuencias disciplinarias si no actúan o si lo hacen sin los recursos adecuados.

3. Riesgos operativos y legales: Algunos oficiales deben dejar sus armas en las armerías al finalizar su turno. ¿Qué ocurre si un incidente requiere respuesta armada? Además, no se ha informado sobre actualizaciones en las pólizas del INS que respalden al oficial en caso de eventualidades mientras porta el uniforme sin portar chaleco antibalas, lo cual actualmente es una condición de cobertura en ciertas situaciones.

4. Carga simbólica y funcional: Decir que esto no significa “más trabajo” para el oficial no se ajusta a la realidad. Estar uniformado conlleva una obligación tácita y pública de ejercer autoridad, aún fuera del horario laboral.

Reivindicaciones Justas:

Reconocemos que cualquier medida que procure mejorar las condiciones de vida de los policías es bienvenida, pero insistimos en que el enfoque debe ser integral, justo y equitativo.

Lo que realmente urge es descongelar los salarios policiales y aplicar los aumentos que por ley corresponden, reconociendo de forma concreta el esfuerzo y sacrificio diario de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional.

Exigimos claridad, equidad y respeto para todos los cuerpos policiales, sin distinciones arbitrarias.

Atentamente,

Gerardo Mora Ordoñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración

Auditoría Interna del MAG confirma denuncias de la ANEP sobre falta de transparencia y escasos controles en nombramientos

La Seccional ANEP-MAG ha venido denunciado una posible red de cuido en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Integrantes de la Seccional sufren acoso laboral tras las denuncias realizadas.

La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detectó una serie de falencias y escasos controles en el proceso que sigue la Unidad de Gestión de Empleo (UGE) de la institución para el nombramiento de personal, luego de varias denuncias presentadas por la ANEP, según se desprende del informe MAG-AI-INF-002-2025, denominado: “Auditoría de cumplimiento de la Gestión de Empleo”.

Este informe se da luego de la solicitud de investigación realizada por Contraloría General de la República (CGR), ante las denuncias presentadas por la seccional ANEP-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ante una serie de anomalías en los nombramientos de personal, que incluyen falta de atestados o incluso nombramientos por consanguinidad.

Dentro de la investigación realizada por la Auditoría Interna, según indica el documento, se examinó la suficiencia, pertinencia y cumplimiento de los controles establecidos en la UGE, mediante la verificación del Sistema de Control interno, así como la actividad de determinación de riesgos. Además de la normativa interna emitida para la Unidad de Gestión de Empleo, con el fin de determinar si consideran todos los criterios para regular el proceso reclutamiento y selección de personal.

También se revisó si los movimientos de personal efectuados por la UGE, observaron el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Asimismo, se ejecutaron pruebas para validar si la gestión realizada por la UGE, se encuentra debidamente documentada y cuenta con la evidencia respectiva que permita establecer la trazabilidad del proceso de selección y reclutamiento de personal, efectuado.

Dentro de los hallazgos detectados por la Auditoría Interna del MAG, indica el informe, se encuentran; debilidades en el sistema de control interno (novato), que pueden entorpecer la consecución de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Así como la ausencia de una actividad de evaluación, determinación y seguimiento de riesgos, enfocado a minimizar la materialización de eventuales riesgos, y por lo tanto, velar por la consecución de los objetivos.

También detectaron carencia de normativa interna que regule la totalidad del proceso y, por lo tanto, garantice la correcta rendición de cuentas de la gestión efectuada.

A esto se suma, una ausencia de un respaldo documental (archivo) formal, reglamentado y normado que garantice la confiabilidad de la información.

Finalmente, el informe detecto una imposibilidad para establecer la trazabilidad de gestión ejecutada por la Unidad de Gestión de Empleo y, por lo tanto, impedimento para determinar la transparencia del proceso.

Los hallazgos de la Auditoría Interna del MAG, confirman las preocupaciones que han surgido por parte de la seccional.

“La misma auditoría concluye que los procedimientos por los cuales se están nombrando  las personas dentro del MAG carecen de transparencia, por cuánto no hay respaldo documental de los mismos. No hay que tener dos dedos de frente para cuestionarse de por qué no se guardan los respaldos documentales o si es que se está cuadrando una red de cuido”, manifestaron desde la Seccional.

Denuncias de la Seccional

La Seccional ANEP-MAG, ha venido recibiendo una serie de denuncias referentes al procedimiento para el nombramiento en plazas interinas y ascensos en propiedad, donde se habrían realizado

“En muchos de los procesos falta transparencia, ya que no se informa a los participantes de cada concurso de los resultados y cuales han sido las causas para no tomarlos en cuenta o como mejorar para futuros concursos”, indican en la seccional.

Para los integrantes de la seccional ANEP-MAG, causa preocupación, que se publiquen concursos internos en donde los oferentes son muy reducidos o casi de una persona. Asimismo, los procedimientos para la elección de las personas que han concursado a un puesto, varían de acuerdo al lugar y no está claro, cuáles son los parámetros analizados.

Persecución tras denuncias.

Desde la ANEP, también se denuncia una persecución contra los Integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, luego de las denuncias presentadas. 

“Hay compañeros y compañeras que ya han experimentado reubicaciones, así como cierto tipo de acoso y en algún momento hasta recibieron un tipo de coacción para que renunciaran a formar parte de la seccional”, denunció Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical de la ANEP.

Para el Asesor Sindical, este tipo de situaciones, son un elemento más, para seguir cuestionando; “si los nombramientos en realidad no son tan apegados a la normativa y o sí está escogiendo gente a dedo. Incluso la misma auditoria interna señala la falta de transparencia y controles en los procesos”.

Desde la ANEP ya analizan las diversas medidas, incluso legales, a tomar ante el acoso y la persecución a los integrantes de la seccional tras las denuncias. 

Se está a la espera del informa total de la Auditoría Interna.

Compartimos resumen de la Auditoría Interna del MAG

ANEP exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del PANI tras la muerte de un niño y la crisis institucional que dejó a 21.600 menores sin atención en 2024

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, por su evidente incapacidad para dirigir la institución y por la falta de medidas efectivas que pudieran haber prevenido la trágica muerte de un niño de 10 años, ocurrida en la zona de Los Santos.

El 24 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una pareja sospechosa de estar involucrada en la muerte de su hijo. El padre, de 72 años, es señalado como el principal sospechoso de haber causado la muerte del menor mediante asfixia mecánica, conocida comúnmente como ahorcadura. Esta tragedia pone en evidencia la grave falta de protección y seguimiento por parte de las autoridades encargadas de la niñez, lo que agrava aún más la crisis institucional que atraviesa el PANI.

Según lo indicado en el oficio PANI-OPDI-OF-0412-2024, emitido en respuesta a consultas realizadas por la ANEP, la señora Garza Sánchez no ha demostrado la capacidad para enfrentar la profunda crisis institucional que atraviesa el PANI, ni ha ofrecido soluciones eficaces ante la crítica sobrecarga laboral que padecen las personas trabajadoras de la institución. Como reflejo de esta alarmante situación, durante el año 2024 un total de 21.600 personas menores de edad no recibieron atención oportuna por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Esta cifra resulta espeluznante y pone en evidencia el colapso del sistema de protección, mientras tanto, el personal continúa laborando bajo condiciones insostenibles de sobrecarga y abandono institucional.

A pesar de la gravedad del panorama, la señora Garza Sánchez ni siquiera ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para excluir al PANI de la aplicación de la regla fiscal. Han sido más bien diputados de la oposición quienes han tomado la iniciativa de liderar estos esfuerzos legislativos, con los cuales la ANEP ya ha iniciado conversaciones, en procura de medidas concretas que permitan rescatar la operatividad del Patronato y garantizar el cumplimiento de sus fines institucionales.

Esta tragedia no es responsabilidad del personal trabajador técnico ni operativo del PANI, que trabaja bajo extrema presión, con recursos limitados y sin el respaldo adecuado. La responsabilidad recae exclusivamente sobre la Presidenta Ejecutiva, quien ha sido incapaz de liderar la transformación y el fortalecimiento que la institución requiere con urgencia.

La gestión de la señora Garza Sánchez ha sido deficiente, desarticulada e ineficaz. No ha logrado fortalecer las oficinas locales ni los departamentos con el personal adecuado, y ha fallado en impulsar las reformas estructurales urgentes necesarias para cumplir con la misión institucional de proteger a la niñez y adolescencia en situación de riesgo. Ha fallado en su deber fundamental y debe asumir las consecuencias.

Hoy, la administración del PANI se ha enfocado más en perseguir a sus trabajadores que en resolver los graves problemas estructurales que enfrenta la institución. El personal se encuentra sobrecargado con expedientes que exceden su capacidad, mientras trabaja en un ambiente marcado por el acoso y el hostigamiento laboral, que ha persistido durante la actual gestión. Lejos de atender esta realidad, la Presidenta Ejecutiva no ha tomado medidas efectivas para mejorar las condiciones laborales ni para fortalecer la protección integral de la niñez costarricense.

Las oficinas locales y departamentos del PANI operan con infraestructura deficiente, un número insuficiente de personal y una sobrecarga de trabajo que dificulta enormemente la capacidad del personal para atender adecuadamente las necesidades de la niñez y adolescencia en riesgo. A pesar de estas condiciones, los trabajadores, con esfuerzo y dedicación, hacen todo lo humanamente posible para cumplir con su labor, pero no pueden ofrecer una respuesta eficiente cuando las cargas son desmedidas. Esta situación afecta directamente la calidad del servicio y la atención que los menores requieren, poniendo en evidencia la profunda crisis de gestión que enfrenta el PANI.

Doña Kennly Garza Sánchez, esto es responsabilidad suya y de nadie más.

Desde la ANEP reiteramos nuestro absoluto respaldo a las personas trabajadoras del PANI. Son ellas quienes han sostenido esta institución con vocación, compromiso y profesionalismo, muchas veces a pesar del abandono institucional. No son ellas las responsables de las omisiones de la alta jerarquía, sino quienes han seguido protegiendo a la niñez costarricense aún en las peores condiciones.

Una vez más, personas menores de edad han muerto bajo una gestión incapaz de responder a tiempo. La conducción del PANI le quedó grande a la señora Kennly Garza Sánchez, y hoy debe asumir su responsabilidad. Por respeto a la niñez, al país, a los derechos humanos y al personal institucional que lucha por sostener esta misión, debe presentar su renuncia inmediata.

Asociación  Nacional de Empleados  Públicos  y  Privados  (ANEP) 13 de mayo de 2025.

Seccional ANEP-AyA cuestiona recomendación urgente de reajuste en las tarifas de Acueductos y Alcantarillados tras pérdidas de más de 21 mil millones de colones en el año 2024

-Así lo recomienda estudio financiero realizado por la Dirección Financiera de AyA

-2 mil millones de colones en pérdidas se debieron a la contaminación del agua que se presentó a inicios del año 2024

Desde la seccional ANEP-AyA se cuestiona fuertemente que se traslade al usuario, por medio de una alza en las tarifas, las malas decisiones que se han tomado desde altas gerencias de la institución desde hace varios años.

La posición de la seccional de la ANEP, se da luego de conocer el Informe Detallado Situación Financiera al 31 de diciembre 2023 -2024 de Acueductos y Alcantarillados, elaborado en febrero anterior, por la Dirección Financiera de la institución.

En el documento se detalla que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tuvo pérdidas en el año 2024 por más de 21 mil millones de colones y la única recomendación que proponen para subsanar las perdidas, es realizar una urgente alza en las tarifas y generar nuevas fuentes de ingresos, sin detallar cuales.

En las conclusiones del informe se detalla:

“En cuanto a los resultados, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 finaliza con una pérdida de ¢21.413 millones. Esto contrasta significativamente con el cierre de diciembre de 2023, cuando se reportó una Utilidad Neta de ¢2.522 millones. La variación representa una pérdida de ¢23.934 millones, lo que equivale a una desmejora de más de nueve veces. Este deterioro se debe principalmente a la disminución de los ingresos y al incremento de los gastos, lo cual afecta negativamente la salud financiera de la institución”.

Además, indica, “de persistir esta situación, la operación normal de la institución estaría en riesgo, comprometiendo la capacidad de atender el pago de la deuda y aún más, la posibilidad de invertir en nuevos sistemas que mejoren el servicio brindado.

Una de las causas de esas perdidas, según el informe, fue la situación presentada a inicios del año 2024, cuando varias comunidades de la capital se vieron perjudicadas por la contaminación del agua por hidrocarburos.

“A diciembre 2024 se observa una disminución de los Ingresos de Operación por ¢2.341 millones, lo que representa un 1.31% con respecto a diciembre 2023. Esta disminución se deriva de que el mes de febrero se dejó de facturar aproximadamente a 20 mil usuarios por la contaminación del sistema que abastece a Coronado, Tibás y Guadalupe”, indica el Informe.

Desde La seccional ANEP-AyA no ven mejora en la gestión, todo lo contrario, “Acueductos y Alcantarillados se debilita y quien paga los platos rotos son los usuarios, no vemos responsabilidades en los altos jerarcas”

Para la seccional ANEP-AyA, lamentablemente, aunque hubo un cambio de presidencia ejecutiva producto de la salida de Alejandro Guillén, cuando se detecto el agua contaminada, se mantuvo la misma gerencia general, a cargo de Alejandra Mora Segura que sigue siendo apoyada por el actual presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada Espinoza.

ANEP denuncia ante el Ministerio Público presuntos nombramientos irregulares y tráfico de influencias en Dirección Regional del PANI en Alajuela

En la  Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hemos presentado una nueva denuncia  ante el Ministerio Público, en contra del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), específicamente por hechos presentados en la Dirección Regional de Alajuela, donde se habrían presentado presuntos nombramientos irregulares y tráfico de influencias.

La denuncia de nuestra organización recae, sobre la Coordinadora Regional de Alajuela del PANI. Esto, debido a los presuntos delitos de nombramientos irregulares, incumplimiento de deberes, fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, corrupción, prevaricato y otros actos que presuntamente contravienen los principios de probidad, legalidad y ética en el ejercicio del servicio público.

Desde nuestro análisis, la Coordinadora Regional de Alajuela del PANI, pasó por alto el reglamento interno de la institución, al nombrar a una funcionaria de apellido Rojas en el cargo de Técnico de Apoyo B para esa dirección, esto a pesar, de que su hermana, ocupa el puesto de Promotora Social en la misma regional.

Según el Reglamento de Reclutamiento y Selección del PANI, en su artículo 9 sobre Nombramientos de Parientes, establece que: “No podrán nombrarse, en propiedad o interinamente, a personas que sean parientes de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, de las personas funcionarias que pertenezcan a la dependencia que requiere llenar la plaza, o cuando exista un grado de subordinación, con personas funcionarias de otra instancia, que pueda conllevar a que se presente un conflicto de interés”.

Para nuestra organización es evidente Es evidente que la Coordinadora Regional, de forma antojadiza y con dolo, tomó decisiones que constituyen un incumplimiento de sus deberes, aprovechando indebidamente el cargo público para su beneficio personal o el de un tercero, utilizando las funciones propias del cargo, el poder, la investidura o la influencia derivada del mismo, así como los recursos destinados a su ejercicio o las facilidades asociadas, para fines de su interés particular.

Asimismo, existe un claro incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prevención y manejo adecuado de los conflictos de intereses, al colocarse en una situación de conflicto que pudo haber evitado. Ya que no informó oportunamente sobre los intereses privados comprometedores ni observó el Deber de Abstención, a pesar de que en las funciones que actualmente realiza una de las funcionarias que debe supervisar y fiscalizar el movimiento de caja chica, las compras, la realización de arqueos, entre otras actividades, directamente relacionadas con su hermana, lo que genera un claro conflicto de intereses, falta de objetividad y un riesgo inminente para la administración pública.

Adicionalmente, solicitamos que se lleve a cabo una investigación judicial respecto a la presunta omisión de la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, quien, a pesar de haber recibido la denuncia formal de esta asociación el 1 de agosto de 2024, no ha tomado las acciones pertinentes para abordar las presuntas irregularidades cometidas por la Coordinadora Regional de Alajuela. Esta omisión refleja una falta de respuesta ante las denuncias presentadas, lo que agrava la situación y hace necesario que se determine si dicha inacción puede implicar una violación a los deberes que le corresponden como alta funcionaria del PANI.

La Fiscalía Adjunta de Probidad,  sede Alajuela, confirmó a la ANEP, que esta denuncia se tramita bajo el expediente número 25-000006-1876-PE. 

Hace dos semanas la ANEP, también presentó ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República (CGR) y el Concejo de Gobierno, una denuncia en relación con el contrato de fideicomiso entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), cuyo fin era la ejecución de obras públicas destinadas a la niñez y adolescencia.

Deficiencias del departamento de Cirugías del HNN pone en riesgo atención a la niñez

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y alerta tras los resultados del informe ASALUD-0084-2024 de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el que se identifican graves debilidades en el departamento de cirugía del Hospital Nacional de Niños. 

El informe detalla serias deficiencias en cuanto a la planificación, organización, dirección, control y seguimiento de las actividades del área, lo cual está afectando gravemente el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud y comprometiendo la eficiencia en la administración de los recursos institucionales.

Desde la ANEP, queremos dejar claro que este informe no solo refleja una crisis organizativa interna en un área clave de la institución, sino que también plantea una grave amenaza para la atención de nuestra niñez.   

Las debilidades encontradas, lejos de ser un simple mal manejo administrativo, parecen ser el reflejo de un proceso sistemático que tiene como objetivo debilitar progresivamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, abriendo así la puerta a su eventual privatización.

Es de suma preocupación para nuestra organización sindical que dentro de la CCSS se esté evidenciando lo que parece una presunta colusión para erosionar la capacidad operativa de la institución, lo que podría tener consecuencias devastadoras para los niños y niñas.  

Esta situación no puede ser ignorada, ya que está en juego la calidad de los y las infantes que dependen de la atención médica pública.

Ante este panorama, hacemos un enérgico llamado a la nueva Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, para que actúe con urgencia y responsabilidad, tomando las medidas necesarias para corregir las deficiencias señaladas y garantizar que el sistema de salud pública siga siendo eficiente, accesible y de calidad para toda la ciudadanía.   

Además, instamos al Ministerio Público a intervenir de manera inmediata para esclarecer los posibles hechos irregulares que se han señalado en el informe de la auditoría, asegurando que los responsables de cualquier intento de desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social rindan cuentas por sus acciones.

Desde la ANEP, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la seguridad social y los derechos laborales de los trabajadores del sector público y privado, así como con el bienestar de la población costarricense. La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución más importante para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, y no permitiremos que sea debilitada con fines privatizadores.

Compartimos el informe realizafo con el Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna para el periodo 2024, en el departamento de cirugía del Hospital Nacional de Niños.

Retraso en implementación de la Tecnología 5G es culpa del Gobierno y las administraciones del ICE

Recordamos bien claro que hace un par de meses, en su show mediático habitual de los miércoles, (conferencia de prensa semanal), el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en compañía del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, y Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), salió a achacar la culpa a “Raimundo y a todo el mundo” por el estancamiento que hay en el desarrollo de la tecnología 5G en el ICE.

La 5G es el futuro inmediato del negocio de las telecomunicaciones en el mundo y permitirá, gracias a conexiones más rápidas y eficientes, el desarrollo de industrias de alta tecnología como las fábricas inteligentes, por citar sólo un ejemplo. Es decir, negar al ICE la posibilidad de desarrollar esta tecnología es darle una estocada de muerte al sector de Telecomunicaciones, lo que presumiblemente provocará la caída de la institución como una insignia del desarrollo tecnológico del país y traerá consecuencias graves para la sostenibilidad del sector y, por supuesto, para sus trabajadores y trabajadoras porque “no hay chocolate sin cacao”, es así de simple. Si la institución se cae, será insostenible el trabajo de cientos y cientos de personas en ICE – Telecomunicaciones.

Durante la administración Cañas – Cepeda, binomio que estuvo al mando del ICE en el período 2018 – 2022, la institución sufrió, quizá, los momentos más difíciles de toda su historia.

La falta de visión de Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE en aquel momento, la llevó a declarar en un programa radial que se rehusaba a creer que se estaba generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas o jugar videojuegos. Finalmente, durante su período al frente del ICE, 5G “durmió el sueño de los justos”, no se movió absolutamente nada.

Posteriormente, con la llegada a Sabana norte de Marco Acuña Mora, actual presidente ejecutivo de la institución, se afirmó que 5G sería una prioridad durante su administración, puntualmente el Señor Acuña Mora declaró el 30 de abril de 2022 a Diario Extra que: “5G es una tecnología que tiene que ser implementada en el país de una u otra manera, entonces el ICE tiene un rol fundamental en ello, pero no está sólo el ICE, también tenemos otras instituciones y también tenemos subsidiarias del grupo ICE con parte de las bandas del 5G y todo eso es parte de lo que tenemos que ir a analizar para tomar las decisiones adecuadas con el fin de que Costa Rica no se quede atrás sin esta tecnología.”

Durante esta administración, el ICE terminó devolviendo las frecuencias de 3.500 Megahercios (MHz), de las más apetecidas para el desarrollo de la tecnología 5G y lo hizo obedeciendo servilmente los deseos del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien a través del MICITT se encargó de arrebatarle esas frecuencias a la institución.

Precisamente, este jueves 23 de enero se realizará la subasta de las bandas bajas y medias, en las que el ICE no pudo participar, debido a que el MICITT sancionó a la institución con un impedimento de participar en licitaciones de espectro por un plazo de tres años y, además, le quitó 70 MHz de su bloque de 2.600 MHz.

Al quedar el ICE fuera de la posibilidad de participar como oferente en la subasta que se efectuará este jueves, sin duda la institución entra de atrás en la competencia por el desarrollo de redes de quinta generación, tal y como les gusta a sus competidores.

Si aunado a estas situaciones sumamos la politización que se ha dado en torno al desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Ejecutivo, luego de la visita del presidente de la República a Washington, estamos ante un panorama que podría resultar tremendamente nefasto para el ICE.

Después de la visita que el presidente Rodrigo Chaves Robles realizó en agosto de 2023 a su entonces homólogo estadounidense Joe Biden Jr., surgió una repentina inquietud en el Ejecutivo respecto a la ciberseguridad y, mediante un decreto del MICITT, se excluyó a las empresas de los países que no hayan suscrito el Convenio de Budapest de poder desarrollar tecnología 5G en Costa Rica. Esto, a pesar de que el mencionado convenio trata sobre cibercrimen y no sobre ciberseguridad. De hecho, el convenio es del año 2001, cuando ni por asomo se hablaba de 5G en el mundo.

Además, si la preocupación del Gobierno del presidente Chaves fuera tan genuina, Costa Rica debería estar haciendo esfuerzos constantes en materia de ciberseguridad, para estar a la vanguardia en este tema. Sin embargo, la realidad es que el país está entre los cinco países menos ciberseguros de todo el mundo, como lo informó ayer el periódico La República.

A todas luces, parece ser que el tema del convenio de Budapest fue una movida política para dejar por fuera del desarrollo de la tecnología 5G en el país a algunas empresas puntuales. Hecho que pudiera resultar contraproducente para el ICE si se toma en cuenta que gran parte de su infraestructura es desarrollada por una de esas empresas.

La politización del desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Poder Ejecutivo a través del MICITT y el propio ICE, ha influido negativamente en que la institución y el país puedan brindar lo más pronto posible y al precio más accesible esta tecnología al público en general y, sobre todo, a la industria.

El Poder Ejecutivo es culpable del estancamiento del desarrollo de la tecnología 5G en el país, por politizar una situación que debía ser meramente técnica y que ahora ha colocado al país en medio de una pugna geopolítica entre dos potencias mundiales, pero también las administraciones del ICE han sido responsables por no desarrollar a tiempo un plan estratégico que permitiera avanzar hacia la implementación de 5G, por entregar y subutilizar frecuencias de su espectro y por omitir por completo la autonomía institucional.

El MICITT, por su parte, también jugó su papel, pues ha sido el caballo de batalla con el que el Ejecutivo se encargó de “limpiar la cancha” relegando al ICE en la pugna con los competidores privados por el desarrollo de redes de quinta generación. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostenemos que son los criterios técnicos y financieros los que deben imperar para ejecutar el desarrollo de la tecnología 5G en el país, por encima de cualquier conflicto político en el que el pueblo costarricense no tiene absolutamente nada que ver y mucho menos tiene por qué “pagar los platos rotos.”

ANEP Joven exige acciones más fuertes para la eliminación de la violencia contra la mujer

Mientras siga existiendo violencia contra la mujer, o cualquier otro grupo discriminado, será necesario crear días “especiales”, para recordar y sensibilizarnos como sociedad, con el afán de crear un entorno más justo y equitativo.

Es por esta razón, que nace la necesidad de los términos como “feminicidio”, en el ámbito jurídico, para referirse a un crimen que da término a la vida a una mujer. Porque, a las mujeres no nos matan por las mismas razones que matan a los hombres, y es necesario visibilizar estas indeseables acciones de odio contra nosotras, las mujeres.
De lo que llevamos del año 2024 en Costa Rica se contabilizan 20 feminicidios. ¡ESTO ES INACEPTABLE!

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), nos dice que al menos una de cada tres mujeres a nivel mundial, hemos sido víctima de violencia física y/o sexual, es como un comején social que nos va consumiendo, lleno de odio, muerte y desigualdad.

Ahora, volteemos la mirada de esta violencia contra la mujer a nuestros espacios de trabajo. El acoso sexual y laboral en razón de género ha sido un cáncer que no hemos logrado subsanar. El camino recorrido ha sido reconocido pero que no ha sido exitoso.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa existen dos expedientes en corriente y son: Proyecto 20.873 Ley Contra El Acoso Laboral en el Sector Público y la iniciativa de ley 22.569 Ratificación del Convenio 190 de la OIT, ambos expedientes totalmente dormidos, sin voluntad política que lleguen a ser aprobados por parte de quienes hoy nos legislan. Me pregunto: ¿Qué interés existe detrás de la no aprobación a estos instrumentos jurídicos, que son tan necesarios para la clase trabajadora?

El Convenio 190 de la OIT, promueve la igualdad en el trabajo y combate las formas múltiples e intersectoriales de discriminación, que son elementos esenciales de cualquier enfoque encaminado a prevenir y eliminar la violencia y el acoso.

Desde las JUVENTUDES ANEPISTAS, en la marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, condénanos enérgicamente los actos que conlleven violencia contra las mujeres, desaprobamos cualquier acto discriminatorio por razón de género, desde lo físico, intelectual, psicológico y social para nuestras compañeras.

Hacemos un llamado a la UNIDAD, SOLIDARIDAD para las compañeras que se encuentren en situaciones de Violencia en general, para amortiguar ese cáncer social que tanto dolor causa en las vidas de nosotras las mujeres, donde muchas somos trabajadoras, estudiantes, madres, hermanas, cuidadoras, hijas y no desarrollamos un único enfoque.

¡NO MÁS VIOLENCIA para nuestras compañeras de afiliadas ni del sector público en general! esto es un llamado a la consciencia, a la paz y a la justicia, que tanto nos caracterizan a las personas sindicalistas.

San José, 24 de noviembre de 2024.

Posibles represalias en contra de la ANEP en el ICE ante su posición fuerte de denuncia

Hoy fue despedido un líder sindical de la ANEP en el ICE

Desde que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizó su incursión en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), hace ya algunos meses, se ha destacado por su estilo directo y serio de denuncias ante las irregularidades que llegan a nuestro conocimiento dentro de la institución, tanto en el sector de energía como en el de Telecomunicaciones, Proyectos y las empresas subsidiarias parte del Grupo ICE.

El mensaje de la ANEP ha tenido una gran recepción entre las y los trabajadores de los proyectos del ICE, debido a las malas condiciones de trabajo que se presentan en este sector de la institución, en donde nuestra organización ha adquirido un fuerte compromiso de lucha por la mejora de las condiciones laborales de esta población, que también es parte del ICE y en donde aspiramos a llegar incluso a negociar una convención colectiva en el futuro próximo.

En el marco de ese crecimiento que ha tenido la ANEP entre el personal de los proyectos del ICE, se dio el nacimiento de la Seccional ANEP Proyectos ICE, presidida por Sidney Ortiz Flores, organismo que desde hace unos meses viene creciendo y trabajando en la lucha por mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de los proyectos del ICE.

Hay que decir que el trabajo sindical en los proyectos es particularmente difícil pues los valientes compañeros que se sindicalizan y más aún quienes lideran la lucha por mejores condiciones para las y los trabajadores de este sector del ICE se enfrentan a una férrea resistencia antisindical que nace desde la Dirección de Gestión de Servicios No Regulados (DGSNR), ocupada por un personaje abiertamente antisindical como Daniel Mata Brenes.

El día de hoy se dio el despido Óscar Castillo Mora, secretario de Acción Social de la Seccional ANEP – Proyectos ICE. Su despido se habría dado por salir en defensa de un compañero de trabajo que estaba siendo maltratado por una jefatura, a quien Óscar Castillo  le dio acompañamiento y orientación, como es su deber como sindicalista.

La reacción por parte de la administración contra un dirigente de la ANEP se da justo en momentos en que nuestra organización ha realizado fuertes denuncias respecto a posibles irregularidades en algunos nombramientos de la Gerencia de Telecomunicaciones, por lo que consideramos que esta acción de despido en contra de nuestro afiliado y dirigente sindical, Óscar Castillo Mora podría ser un intento para tratar de acallar la voz disidente de la ANEP.

Despedir a un dirigente sindical por actuar en defensa de los derechos laborales es una acción gravísima que atenta contra la libertad sindical y contra la defensa de los Derechos Humanos pues, como hemos explicado ya en otras ocasiones, la lucha que llevan adelante los compañeros sindicalistas ha sido elevada a la categoría de defensa de los Derechos Humanos, dicho así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su opinión consultiva OC-27-21.

La ANEP, por supuesto, anuncia que saldrá en defensa inmediata del compañero Óscar Castillo Mora, utilizando todos los elementos que nos da la legalidad para combatir un despido que consideramos, a todas luces, es una práctica antisindical por parte de la administración de Proyectos del ICE.

Nuestro mensaje para las y los compañeros de proyectos del ICE es que continuamos fuertes, avanzando y creciendo en este sector de la institución y que nada podrá detener la justa lucha que la ANEP está levantando en defensa de los derechos laborales de los compañeros y compañeras de proyectos.

¡Pueden estar seguros de que la ANEP no dará ni un paso atrás en esta justa lucha!

Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución

Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SIANRT, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:

Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.

El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.

El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.

Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.

Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.

Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.

Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.

Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SIANRT para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.

El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí  por su demostrada incapacidad para hacer del SIANRT la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SIANRT es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.

Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.