-También conmemorarán el 50 aniversario del establecimiento de la sede de la OIT en San José
-La actividad tiene como objetivo el uso de espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento
Tiene como objetivo el uso de
espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento.
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT), se encuentra de manteles largos, ya que el próximo 11 de abril
cumplirán 100 años, por lo que la celebración de conmemoración se extenderá con
actividades en diversas ciudades de todo
el mundo.
Dentro de esas ciudades se
encuentra San José, donde la celebración será el doble, ya que también se
conmemoran 50 años del establecimiento de la sede de la OIT en la capital
costarricense.
Con el propósito de conmemorar
ambos acontecimientos históricos, la OIT realizará una actividad de ciclismo
recreativo por la ciudad de San José, el domingo 31 de marzo del 2019,
denominada “Pedaleando por el Trabajo Decente: OIT 100 años”.
La actividad es gratuita y abierta
para todo público, iniciando a las 9:00 de la mañana; teniendo como punto de
partida y llegada la Plaza de la Democracia. El recorrido se realizará por Avenida
8 hacia el parque metropolitano La Sabana, para luego regresar al punto de
partida utilizando la ruta Paseo Colón y Avenida Segunda. (ver mapa de
recorrido)
Ruta «Pedaleando por el Trabajo Decente: OIT 100 años
La actividad contará con una alta participación diversos actores y tiene como objetivo el uso de espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento.
En 2018, miles de trabajadoras de Glasgow llevaron a cabo la mayor huelga por la igualdad salarial en la historia del Reino Unido.Esta acción dio lugar a un nuevo acuerdo con el ayuntamiento de Glasgow, que les proporcionó una compensación retroactiva y, en el futuro, igualdad de retribución y condiciones.Su historia demuestra por qué el movimiento sindical debe estar en el centro y a la vanguardia de la lucha por los derechos de la mujer.Para saber más sobre la huelga, lea el artículo de opinión de Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP: http://www.world-psi.org/es/8-de-marzo-la-lucha-de-las-mujeres-debe-ser-mas-audaz-y-radical-que-nunca
Por: Rosa Pavannelli, Secretaria General de la ISP
El Día de la Mujer no es para celebrar lo femenino, es un día para la movilización política. Comenzó en el siglo pasado, con las mujeres de clase trabajadora de todo el mundo tomando las calles y, desde 2017, la Huelga Internacional de las Mujeres está renovando ese espíritu de solidaridad e internacionalismo. Sólo podremos lograr los avances significativos por los que vienen luchando generaciones de mujeres si colocamos las luchas de las mujeres en el centro de la acción sindical.
Necesitamos un
feminismo influyente, dispuesto a enfrentarse a los que están en el poder y a
luchar por que haya cambios políticos hoy, no por la promesa de mejoras
graduales en el futuro.
Ya hemos esperado
bastante.
Sin embargo, muchas
ejecutivas muy adineradas (predominantemente mujeres blancas) nos dicen que el
problema no es el patriarcado, ni la desigualdad de clases, que basta con que
las mujeres superen sus propios frenos y se «echen hacia adelante» (lean
in), signifique eso lo que signifique.
Pero este modelo
«despolitizado» del feminismo moderno ignora el factor clave que ha
llevado al éxito hasta ahora: el aumento de nuestra fuerza colectiva para
desafiar el statu quo.
Es estimulante ver
cómo la Huelga Internacional de las Mujeres aprovecha el pasado para crear un
«nuevo movimiento feminista internacional que tenderá un puente entre la
lucha de las mujeres y la lucha de los trabajadores».
Esta lucha se
cimienta sobre seis principios clave:
El fin de la violencia de género
Los derechos laborales
Un feminismo antirracista y antiimperialista
Prestaciones sociales completas
Las justicia reproductiva y medioambiental para todos y para todas
Debemos defender
los servicios públicos como base de esta solidaridad renovada, porque
proporcionan a las mujeres y a los hombres sus necesidades esenciales, además
del respeto a nuestros derechos humanos fundamentales.
Debemos recabar
apoyo para las valientes trabajadoras y trabajadores que prestan los servicios
públicos a sus comunidades.
Debemos integrar estrategias
sensibles al género y transformadoras, para lograr unos servicios públicos no
discriminatorios y adaptados a nuestras necesidades.
Los servicios
públicos de calidad contribuyen a redistribuir el poder y los recursos, y a
crear un entorno económico y cultural propicio para desafiar al patriarcado y
luchar por la igualdad. También nos permiten proteger el medioambiente local y
reducir el perjudicial impacto del ánimo de lucro, que implacablemente está
destruyendo nuestro mundo. Por eso los Gobiernos de derechas, desde Brasil a
los Estados Unidos, Italia o Hungría, están atacando al personal de los
servicios públicos y a los derechos de las mujeres en su conjunto.
Tienen miedo.
Pero no daremos ni
un paso atrás. Necesitamos un movimiento de mujeres más radical y resuelto,
para responder a los ataques que tantos Gobiernos de derecha están lanzando
contra los derechos de las mujeres.
Una joven que está
construyendo un movimiento internacional para luchar por los derechos humanos y
medioambientales.
Una mujer joven que
está enseñando a las generaciones más jóvenes y a las más mayores a preocuparse
por el bien común y el interés general, unos valores socavados por la
globalización neoliberal.
Una joven que no
pregunta educadamente si será posible un cambio mañana, sino que exige a los
líderes mundiales medidas urgentes, hoy, por el futuro de nuestro planeta.
No aceptaremos ni
un paso atrás en los derechos de las mujeres: lucharemos por lograr más cambios
aún.
No aceptaremos la
despolitización de la lucha de las mujeres: utilizaremos nuestra fuerza
colectiva y haremos de la igualdad de género el motor de la acción sindical.
No aceptaremos más
retrasos en la acción climática: reivindicaremos cambios políticos, hoy.
Como Greta, tenemos
que ser audaces para lograr los cambios que necesitamos: por las mujeres, por
los trabajadores, por una sociedad mejor para todos y para todas.
* Rosa
Pavanellies secretaria general de la Internacional de Servicios
Públicos y presidenta del Consejo de los Global Unions.
¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración
de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para
todas las entidades del sector público?
UCCAEP
pide y los diputados obedecen, tal pareciera ser la triste dinámica de cómo,
quienes ocupan algunas curules en el Congreso, parecieran estar dispuestos a
poner de rodillas al Primer Poder de la República ante la petición de esta
cámara empresarial, induciendo con esto a error a los demás legisladores.
Lo
anterior pareciera presentarse a raíz del trámite legislativo del expediente
19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, el cual busca
regular la relación entre las partes que intervienen en el proceso de factoreo
(servicio financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es
cedida a una persona física o jurídica y éste a su vez se encarga de
administrar y cobrar dicho documento).
El texto base de este
expediente legislativo propone que todos los entes y órganos del sector público
que descuenten facturas utilicen una plataforma electrónica para que se
automatice el proceso, también permite que las empresas privadas puedan
utilizar esta plataforma. Pero además de lo anterior, la propuesta incial de
este expediente legislativo autorizaba al Instituto
Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, para que en calidad de
administrador de plataforma electrónica pudiese establecer y operar la
Plataforma Electrónica de Factoreo que sería de uso obligatorio para todas las
entidades del sector público cuando actúen como pagadores.
Este
expediente legislativo, en días recientes se dictaminó en la Comisión de
Asuntos Económicos para pasar a ser visto en el Plenario Legislativo, dónde actualmente
está listo para iniciar mociones 138 o en su defecto, ser sometido a votación
en primer debate.
Sin
embargo casi a última hora, durante el segundo día de mociones 137, la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que conocía el proyecto, aprobó una
moción presentada por el diputado Pedro Muñoz de la fracción del PUSC, en la
cual se quita la autorización al ICE para gestionar la Plataforma Electrónica
de Factoreo (cosa que ya hace) y en
lugar de eso dispone que el Estado
deberá contratar un administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo por contratación administrativa ordinaria.
Lo
anterior no solo implica una afectación al Grupo ICE, sino que, más grave aún,
ASDEICE tiene información que dicho planteamiento, que abre la posibilidad para
que se pueda contratar a una empresa del mercado para brindar dicho servicio,
fue planteada por la UCCAEP, en atención a la consulta que la Comisión de
Asuntos Económicos le hiciera a este sindicato de empresarios, sobre dicho
expediente legislativo, del cual no se pidió consulta a los sindicatos de
Trabajadores del ICE.
De
esta forma, pareciera que la UCCAEP dice y los diputados obedecen sin chistar,
ni consultar si quiera a los sindicatos de trabajadores, regulados por el mismo
artículo constitucional.
ASDEICE considera que esta maniobra de trámite legislativo, genera una afectación al Grupo ICE, que ha realizado una inversión en equipo para operar este tipo de servicios.
Declaraciones de César López, Director Ejecutivo de ASDEICE
Debe
tenerse presente que el servicio de factoreo mediante el uso de una plataforma
electrónica, ya es brindado de forma exitosa por el Grupo ICE desde hace cerca
de tres años, y sin costo alguno para los entes y órganos del Estado que
lo utilicen.
Siendo
que el Grupo ICE brinda el servicio a través de RACSA (subsidiaria), sin costo alguno
para el Estado, resulta preocupante que los diputados de la Comisión de
Asuntos Económicos, aprobaran la moción presentada por Pedro Muñoz del PUSC,
para que el Estado contrate a
empresas privadas para manejar este servicio. Máxime en tiempos de “crisis
fiscal”.
Más preocupante es aún,
que la Comisión no tomara en cuenta, el criterio remitido por RACSA a dicha
comisión legislativa, mediante Oficio AJ-98-2019, en el cual se explicaba
que este tipo de moción, de aprobarse induciría
a error a los diputados, por tener imprecisiones con respecto al ordenamiento
jurídico actual sobre el tema (artículos 6 y 9 de la Ley No. 8660, y artículos
1 y 201 del Reglamento al Título II de la misma).
Una posición responsable de los legisladores sobre
este tema en Plenario, sería que a la hora
de conocer el segundo informe para pasar a las mociones de reiteración (138), de conformidad con el artículo 154 del
reglamento legislativo, reenvíen el proyecto de nuevo a la comisión
dictaminadora, a fin de enmendar la situación.
Veremos
si eso sucede, o si por el contrario debemos preguntarnos: ¿qué intereses rondan la prestación de este servicio por entes
privados?
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), visitó este sábado 2 de marzo el aeropuerto internacional Juan Santamaría como parte de una inspección, luego del caos vivido en la terminal aérea el pasado 23 de febrero, donde se pudo evidenciar la afectación que sufren los usuarios por faltante de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
El sábado 2 de marzo ingresaron al País 68 vuelos con 9687 pasajeros que una vez que pasanron Migración, tuvieron que ser atendidos por solo 7 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), aquí también falta personal. pic.twitter.com/D8eEK9bTFU
— Gerardo Mora Ordoñez (@GerardoMoraOrd2) March 4, 2019
La realización de la inspección se realizó debido a la denuncia realizada por la Seccional ANEP-PPME ante Diario Extra por el caos vivido en la terminal aérea el sábado 23 de febrero, debido al faltante de personal, provocando largas filas y espera de horas a las personas que deseaban ingresar al país.
En la fiscalización participó el presidente de la
seccional ANEP-PPME, Gerardo Mora Ordóñez en compañía de la Directora General
de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert; el Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor
Barrantes Marín y el Subdirector de la Policía Profesional de Migración y
Extranjería, Stephen Madden Barrientos.
Para la inspección las autoridades reforzaron con
20 oficiales los puestos migratorios del aeropuerto Juan Santamaría, pasando de
30 a 52 oficiales. Sin embargo, para el representante sindical las acciones
realizadas no son lo suficiente, ya que al trasladar 20 oficiales se descuidan
o debilitan otros puestos migratorios y aduaneros.
Usuarios debieron esperar horas
“Con este reforzamiento del día sábado en el Aeropuerto Juan Santamaría, así como el traslado de oficiales de diversas oficinas regionales, lo que hacen es desvestir un santo para vestir otro. Queda demostrado y comprobado que la falta de personal en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, así como la infraestructura en la parte de aduanas, es el problema que ha venido sucediendo”, manifestó Mora Ordóñez.
Según Mora, el pasado sábado con el refuerzo se habilitaron
los 16 counter de salida de usuarios y los 28 counter de entrada, lo que
permitió un flujo fluido de pasajeros. Mientras que para el sábado 23 de
febrero no todos los counter estaban operando, lo que produjo el caos en la
terminal aérea. “Con esto se demuestra la falta de personal que la Seccional
ANEP-PPME ha venido denunciando desde hace años y la solicitud de nuevas contrataciones”.
Ante
este escenario, la Seccional ANEP-PPME hace un llamado a los diputados y
diputadas de la Asamblea Legislativa para que soliciten al Poder Ejecutivo que
convoque el expediente Nº20.323. el cual reforma el artículo 11 de la Ley No.
9428, Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas del 22 de marzo de 2017 con el
objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería
para el fortalecimiento de la policía de migración.
Anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) recibió mismo distintivo.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión ordinaria de
este viernes, tomó el acuerdo de nombrar afiliado de honor a Carlos Andrés
Pérez por convertirse en un símbolo de lucha en la huelga contra el combo
fiscal.
Albino Vargas Barrantes Secretario, General de la ANEP manifestó que el calificativo de afiliado honorífico se utiliza para personas muy especiales de la vida social, política, académica y sindical del país.
Carlos Andrés Pérez con su carnet anepista
“Carlos Andrés Pérez se convirtió en un símbolo de
la resistencia cívica y popular al ejercicio del poder autoritario de esta gran
coalición político económica que está dominado el país en favor de los interés
de pequeños grupos y en contra de los intereses de las mayorías. Carlos Andrés
simboliza las miles de conciencias que estuvimos en lucha durante tres meses
contra el combo fiscal”, detalló Vargas.
Para el Secretario General de la ANEP, que a Carlos
Andrés Pérez lo metieran preso, “básicamente por orden de Casa Presidencial en
una especie de venganza política, agiganta su papel en esta lucha”
De esta manera Carlos Andrés Pérez se convierte en
la segunda persona en recibir este distintivo de la ANEP, ya que anteriormente
el ex diputado José Merino del Río (QdDG) fue nombrado afiliado honorífico de
la organización.
Por su parte Carlos Andrés Pérez y su familia se mostraron sorprendidos por el reconocimiento, a la vez que agradecieron el apoyo brindado por la ANEP durante este duro momento.
“Me siento orgulloso y contento de pertenecer a la
familia anepista. Agradezco todo el apoyo que me han brindado. Esto me ayuda a
seguir adelante para demostrar mi inocencia y como se me ha querido inculpar
acciones que nunca realice”, finalizó Carlos Andrés Pérez, trabajador de
Recope.
ANEP agradece a todas las personas que han brindado apoyo a Carlos Andrés Pérez y se mantienen firmes en su lucha por la defensa de Costa Rica.
Junta Directiva Nacional de ANEP recibe la visita de Carlos Andrés Pérez.
Orden debe ser ejecutada por el Tribunal de Flagrancia
También ordenó la realización de un nuevo juicio
El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de
San José ordenó la tarde de este martes, la liberación de Carlos Andrés Pérez
quien se encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional de Limón.
Esto luego declarar parcialmente con lugar los recursos
interpuestos por Henry Loaiza, Defensor del imputado y por el Ministerio Público.
Así lo confirmó Henry Loaiza, abogado defensor de Carlos
Andrés quien indicó que la notificación llegó por medio de correo electrónico y
ahora deberá ser ejecutada por el Tribunal de Flagrancia, ya que este último
fue quien dictó la sentencia contra Pérez en primera instancia.
“El fallo también anula todo lo actuado, por lo que deberá realizarse un nuevo juicio. El tribunal de Apelación ordena que deberá ser un tribunal colegiado que resuelva el asunto. Además, indicó que se debe respetar la no reforma en perjuicio, es decir en caso de darse una nueva condena esta no debe ser mayor a dos años”, explicó Loaiza.
Henry Loaiza sobre libertad de Carlos Andrés
Los hechos juzgados se remontan a la fecha del 11 de setiembre de 2018 en donde aparentemente fueron afectados los tanques de gas licuado en el plantel de Recope en Moín, durante el movimiento huelguístico nacional contra el combo fiscal.
Luego de los resuelto por el Tribunal de Apelación se espera que el Tribunal de Flagrancia envié a partir de las cinco de la tarde la solicitud de libertad de Carlos Andrés Pérez al Centro de Atención Institucional de Limón.
El por tanto de la sentencia señala que “se rechaza el ofrecimiento de prueba efectuado por la defensa. Se declaran parcialmente con lugar los recursos interpuestos por la licenciada Marybeth Chinchilla Céspedes, fiscal del Ministerio Público y por el licenciado Henry Loaiza Méndez, defensor del encartado y, de oficio, se anula integralmente la sentencia impugnada y el debate que le precedió, y se ordena el juicio de reenvío, ante tribunal colegiado, para que se resuelva lo que en derecho proceda, debiendo valorar, dicho órgano, su propia competencia frente a la complejidad de la causa”.
“En cuanto al monto de la pena y las consecuencias civiles, rige el principio de prohibición de reforma en perjuicio con los límites plasmados en las fijaciones de pretensiones del actor civil y en las conclusiones del ente fiscal. Se ordena la inmediata libertad, si otra causa no lo impide, del acusado Carlos Andrés Pérez Sánchez”, agrega la sentencia.
Además, indicaron que no se puede admitir la prueba ofrecida contra Pérez Sánchez, por haber sido presentada de manera extemporánea y porque durante la audiencia oral no se allegó ninguna.
También menciona que existe un vicio absoluto, declarable de oficio (artículos 178 inciso b, 459 y 462 in fine del Código Procesal Penal) y es el relativo a la integración unipersonal del Tribunal, pues según la Constitución Política: “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución”.
El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.
Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo
Tribunal
no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación
Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.
Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la
condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían
probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.
«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de
descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental»,
manifestó el defensor.
Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada
ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la
sentencia.
«Lo único para poder solventar estos fallos es que se
realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el
Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el
reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de
que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó
Loaiza.
Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.
Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez
Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad
de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas
por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados
como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema
aparentemente dañado.
Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.
Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés
COMBO FISCAL: Ley de la República No. 9635, oficialmente
denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la del “fallo
constitucional de compadre hablado”. Análisis jurídico de la misma en cuanto a
los contenidos atentatorios de los derechos laborales-sociales y
económico-reivindicativos del Empleo Público, efectuado por la Unidad de
Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP.
Documento que ANEP pone a disposición de todas las personas
anepistas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP,
de quienes fungen como delegados o delegadas de la organización, en fin, de
toda su membrecía que labora en el aparato estatal. Igualmente, lo compartimos
con todas las agrupaciones colegas, especialmente las del Colectivo Sindical
PATRIA JUSTA, así como del público en general. ANEP concluye que ocurrió la más
grosera agresión política de toda la historia del empleo público en contra del
funcionariado estatal; agresión ejecutada por el triunvirato gobiernista
PLUSC-PAC.
Los nuevos escenarios de lucha están ya abriéndose y de ello
hablaremos con toda la dirigencia anepista de base con ocasión del Consejo
Consultivo Nacional (CCN), de la ANEP previsto para el viernes 22 de marzo de
2019. De seguido, el indicado documento que, de manera respetuosa, recomendamos
compartir.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
