¿Por qué me opongo al «plan fiscal»?

1- Como académico y como ciudadano, desde hace varios años llegué a la conclusión de que no tiene sentido apoyar reformas tributarias que sólo mantienen o profundizan el carácter regresivo de la estructura tributaria costarricense. Durante los últimos 25 años, todas las reformas aprobadas sólo han pretendido “sacar de apuros” a los gobiernos de turno, sin incidir de manera significativa en los problemas estructurales y en la injusticia e inequidad tributarias. El actual proyecto de ley que se pretende aprobar al calor de las festividades navideñas no es la excepción. Y como sin duda el déficit fiscal y la baja carga tributaria son problemas reales, esta era una gran oportunidad para forzar al gobierno a proponer una reforma integral que incluyera tanto metas de mayor recaudación, como de mayor eficiencia y, sobre todo, de mayor equidad.

2- La exigencia popular, “_que primero cobren bien los impuestos y eliminen la corrupción y el despilfarro_”, es una proclama enteramente cierta. Aunque el combate frontal a la evasión y al fraude fiscal no logre cerrar el déficit financiero del Gobierno Central, es un imperativo ético que debe encabezar todo proyecto aceptable de reforma tributaria; pero incluso, podría generar tantos recursos o más que el 1,5% del PIB que se espera recaudar con la última versión de la propuesta del PLN/PAC.

3- Aunque en la Asamblea Legislativa se estudian otros proyectos de ley complementarios a la reforma tributaria propiamente dicha, mismos que podrían fortalecer la Administración Tributaria y endurecer las penas a los evasores y defraudadores fiscales; no hay garantía alguna de que se terminen aprobando una vez que el actual gobierno cuente con recursos adicionales para “_medio terminar_” su período de mandato. La oposición en general, y el PAC en particular, debieron exigir la aprobación de estos proyectos en primer término, para sólo luego discutir propuestas de modificación a los impuestos vigentes.

4- En materia de reforma tributaria, no podemos aceptar que los impuestos directos a las rentas y a la riqueza sigan teniendo un peso tan secundario, ya que es aquí donde ocurre la mayor evasión y porque son los impuestos que más pueden incidir en lograr una estructura tributaria realmente progresiva. Estos impuestos deberían representar, al menos, el 50% de la recaudación total.

5- Sabemos muy bien que el IVA puede aumentar (bajo ciertas condiciones) la eficiencia en la recaudación, pero es un impuesto claramente regresivo. Hacerlo progresivo es prácticamente imposible sin propiciar que se convierta en algo sumamente complejo y costoso de administrar. Hacerlo “_neutral_” es posible si se cumplen al menos tres condiciones: a) una amplia canasta de bienes y servicios de consumo básico exenta; b) como complemento a lo anterior, la exoneración a todos los insumos requeridos en la producción de los bienes agrícolas, pecuarios y agroindustriales de uso final incluidos en la canasta exenta; c) la utilización de tasas diferenciadas o, en su defecto, la aplicación de un Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) altamente progresivo que grave el consumo suntuario. Pero el IVA que se discute en la Asamblea Legislativa es más el resultado de las presiones de los grupos empresariales que de la sana discusión con fundamentación técnica y participación democrática. Además, el IVA propuesto no corrige la regresividad del actual impuesto sobre las ventas, y lo que es peor, el ISC vigente es, aunque cueste creerlo, claramente regresivo.

Así las cosas, el «_plan fiscal_» del PLN/PAC no es un proyecto digno de ser apoyado.

(*) Académico Universidad Nacional

La fuerza nace desde las comunidades

por Héctor Ferlini-Salazar

¿Hay relación entre la sustracción de un documento del Poder Judicial por parte de un mandadero de una transnacional, y la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Se puede vincular la pérdida de credibilidad en la institucionalidad con el desaliento que provoca a una persona saber que cultivó la tierra pero quizá no venderá su cosecha o la tendrá que malbaratar para engañar su estómago y el de su familia, pero también, para falsear su futuro? ¿O hacer estas relaciones es forzar la realidad?… como sugirió alguien cuando trató de desacreditar mi exposición en un foro diciendo que seguramente yo podría decir que “_la crisis de la CCSS estaba relacionada con el cambio climático_”.

A propósito, ¿existe relación entre un mundo que se destruye aceleradamente (teniendo al cambio climático como una de sus expresiones) y la destrucción de un sistema de seguridad social que promovía la salud para reemplazarlo por uno que promueve enfermedades pero no puede atenderlas sino que quiere entregar las personas enfermas a la medicina privada?

¿Hay relación? ¿Hay denominadores comunes? ¿Estamos hablando de lo mismo?

Dolor y perversión están presentes en la respuesta. Dolor, porque duele haber cultivado frijoles y tener que guardarlos en su casita sin puertas pues “_es más rentable importarlos_”. Dolor, porque duele hacer fila en un EBAIS de madrugada para que, quizá, le den la atención necesaria luego de consagrar su vida a crear otras vidas y darlas, también, al sistema injusto. Dolor, porque duele no poder confiar ya en las instituciones que han sido, también, ultrajadas, violadas. Pero también hay perversión, porque es perverso saltarse reglas elementales de la vida para justificar que al país le conviene tal o cual negocio que destruye la vida, pero engorda cuentas. También es perverso inventar invasiones a otros países con argumentos falsos. Es perverso ensuciar el aire que respiramos para que la economía de un país no deje de crecer. O es perverso utilizar instituciones para fines que solo interesan a un grupo y su partido.

Entonces, ¿hay relación… entre lo que le ocurre a nuestra Caja Costarricense del Seguro Social y a nuestro Instituto Costarricense de Electricidad… nuestro Instituto Nacional de Seguros, nuestra agricultura, nuestras escuelas y colegios, nuestro sistema judicial, nuestra naturaleza…?

¿Hay grupos de poder aquí y en el mundo que han impuesto ese rumbo pues no les interesa que esas instituciones existan ni se desarrollen? Su visión perversa, su propuesta política y su ideología perversa les hace justificar todo en nombre de una palabra que debería ser sagrada: desarrollo.

Lamentablemente lo que ocurre en una y otra institución no es casualidad; obedece a un plan claro, controlado y eficiente. Cuenta con muchos recursos, los que sean necesarios, y se sustenta en una cultura dominante alimentada por el poder mediático, en el poder militar, y en un motor financiero aunque sea artificioso.

Fuerza social transformadora

Ante ello, necesitamos desarrollar una fuerza social transformadora que cambie ese rumbo. No es con capacidades individuales que lograremos esa nueva ruta que nos lleve a rescatar y profundizar nuestro sistema se seguridad social y nuestro sistema político.

Esa fuerza social transformadora, si logramos desarrollarla, erradicará una de las características actuales del movimiento social que, precisamente, forma parte de ese plan claro, controlado y eficiente: la dispersión.

Esto no implica lograr una agenda única, lo cual no solo considero imposible, sino equivocado si nos limitamos a ella. Imposible pues las agendas únicas siempre serán coyunturales y una lista acordada hoy cambiará mañana con nuevas prioridades o nuevos temas por agregar. Equivocado, pues cada comunidad o grupo tiene sus prioridades legítimas. ¿Cuáles temas excluir de la agenda única? ¿Cuáles dejar para después dadas las limitaciones de recursos y personas comprometidas? ¿Qué es primero, la lucha de una comunidad contra la mortandad y la contaminación provocadas por un botadero de basura o evitar una concesión que favorece negocios particulares confiscatorios de derechos? ¿A qué le damos prioridad, a rescatar la CCSS que quieren destruir para favorecer el negocio de la enfermedad, o a atender la angustia de la pesca artesanal o de la agricultura donde se ve a hijas e hijos de esas familias enflaquecer y llenarse de enfermedades?

Lo que necesitamos es descubrir los denominadores comunes, los elementos que nos unen, como base para construir esa fuerza social transformadora. Repito, el tema no es, solamente, de agenda única, sino más bien, de coincidir en valores y procesos. Las agendas comunes son necesarias en determinados momentos, como fue la lucha contra el TLC con Estados Unidos de América; hay muchos otros ejemplos, pero las agendas únicas serán insuficientes y muchas veces imposibles o incorrectas por excluyentes. También, las agendas únicas no garantizan permanencia y constancia, como lo demuestra el mismo caso de la lucha contra el TLC. Amplío:

La construcción de una fuerza social transformadora que oriente al país por la ruta que da prioridad a las personas y a la vida, implica dos ingredientes claves:

– Elevar la consciencia del pueblo, esto es, desarrollar un proceso educativo para logar una clara comprensión de los problemas, sus causas profundas, y las soluciones.

– Elevar la calidad organizacional, lo cual implica, más gente participando conscientemente en las organizaciones sociales, y mejor articulación entre los grupos.

Ambos elementos, conjuntamente, hacen posible el desarrollo de un movimiento social, esto es, no mucho accionar aislado y disperso de muchas organizaciones sociales, sino articulación con base en:

a) Una visión estratégica o valores: democracia participativa, buen vivir…
b) Procesos: empoderamiento, articulación…

Ello hará posible lograr lo que no tuvimos en el proceso contra el TLC: permanencia y constancia.

Algunas personas, cuando se habla de esto, piensan en procesos largos, en décadas, y argumentan que tenemos problemas urgentes y no podemos esperar. Lo cierto es que la efectividad del proceso, -si es lo que interesa, depende de que encontremos las claves ciertas. En nuestro pueblo hay madera seca, no solo por el descontento generalizado, por la indignación, sino además, porque hay una rica experiencia organizativa, no partimos de cero; podemos hacer un recuento y lo confirmaremos.

Tampoco partimos de cero en cuanto a consciencia: nuestro pueblo es sensible ante el tema ambiental, en relación con la defensa del sistema de seguridad social, y de sus derechos políticos. Estos son temas centrales que muestran una potencialidad importante. Pero tenemos que transformar la indignación en consciencia. Elevar la consciencia a compromiso. Poder así convertir la desolación en esperanza. Ofrecer certeza estratégica, es decir, un rumbo cierto y viable.

La fuerza nace desde las comunidades

La misma experiencia del proceso del referendo sobre el TLC, mostró que la fuerza principal venía desde las comunidades. Así mismo, es claro el papel clave que en ello jugaron los comités patrióticos. Esta propuesta no se orienta a inventar algo nuevo, sino a recuperar esa rica experiencia.

Si coincidimos en que es necesaria una fuerza social transformadora para arrebatar la dirección de la sociedad a los grupos de poder basados en la mezquindad y la depredación, y que para desarrollar esa fuerza social transformadora requerimos elevar la consciencia del pueblo y la articulación del movimiento social, entonces consideremos la siguiente propuesta concreta:

1. La dirección de la sociedad es posible arrebatarla a los grupos destructores del buen vivir mediante las elecciones. Para ello es necesario el accionar de partidos políticos, pero confrontar la vida de la gente con las falsedades del poder actual es una tarea del movimiento social. De esa confrontación (realidad contra falsedad) surge la consciencia social y política, luego de lo cual, cada persona puede hacer una elección del partido que mejor le representa.

2. Elevar la consciencia social y política implica provocar rupturas con la cultura dominante que muestra el actual orden como el único viable, seguro y legítimo.

3. Provocar rupturas culturales para elevar la consciencia del pueblo es una labor fundamentalmente comunicativa/educativa. Esto implica tener presente que en la comunicación/educación deben considerarse siempre dos elementos: a) la calidad y claridad del mensaje b) la disposición a escuchar, es decir, la receptividad. Ambos elementos tienen que ver con el fondo del mensaje, pero de manera especial en el contexto de hegemonía cultural, también con la forma. Muchos mensajes son una expresión de autosatisfacción que se tornan en un regalo para la misma cultura con la cual se desea provocar rupturas.

4. Si encontramos denominadores comunes que unan el accionar de las distintas expresiones del movimiento social, y también de los partidos políticos que se sienten vinculados a él, podremos generar una dinámica que derivará en consciencia y mejor articulación de las organizaciones. Propongo, por ejemplo, los siguientes denominadores comunes para nuestro trabajo ahora disperso:

a. Valores: Democracia participativa / Buen Vivir / Transparencia institucional
b. Procesos: Empoderamiento / Articulación

La propuesta implica desarrollar procesos de comunicación/educación en las comunidades en relación con esos valores y procesos, comunes a toda lucha.

5. Las agendas únicas, en este contexto, como se ve, adquieren otra connotación dado que el enfoque no se centra en ellas, pues siempre serán coyunturales, mientras que valores y procesos son elementos estratégicos y deben estar presentes en todo nuestro accionar, siempre. Los valores como elementos de contenido, los procesos como guías metodológicas.

6. Trabajar con estos denominadores comunes, permite que cada quien lo haga desde su autonomía, pero a la vez, ese accionar autónomo tendrá implícito un mensaje unitario.

7. ¿Dónde trabajar con estos denominadores comunes? En cada espacio: el centro de trabajo, el centro de estudio, el grupo de amistades, la familia, pero de manera especial, en las comunidades habitacionales por una característica de intimidad y pluralidad no presente en los otros espacios signados por la autoridad de alguien o por estereotipos acerados. En la comunidad, no en la casa, la autoridad es difusa, lo cual posibilita el afloramiento de esa pluralidad que es germen de una sociedad nueva, donde la exclusión no puede ser la norma. Por ello titulamos La fuerza nace desde las comunidades.

8. El trabajo comunicativo/educativo en cada comunidad, con base en esos valores, y orientado a lograr procesos de empoderamiento y articulación, germinarán en consciencia social y política, pero además, en instrumentos claros, valga decir, en fuerza, para aportar en la definición de agendas y demás propuestas de los partidos políticos, mediante los cuales, ese movimiento social, podrá llegar al poder y construir, ahora sí, una sociedad a su imagen y semejanza. El elemento del pluralismo, en tanto movimiento social, no podrá estar ausente de ese gobierno de nuevo tipo.

En este sentido, el movimiento social no podría imaginar un gobierno que no sea resultado de un espíritu ecuménico, unitario, pluralista, como es su semilla en tanto movimiento social. La condición de movimiento social, a su vez, determina que pluralismo no implica que los grupos destructores de la vida tienen cabida o reciben complacencia.

9. Esa convicción de que la fuerza nace desde las comunidades, se arraiga en que la comunidad tiene una potencialidad, -es necesario reconocerlo, mayor que el sindicato, que el grupo de mujeres, que la organización estudiantil, que la agrupación ecologista…. para nuclear fuerza social transformadora… atraer a quienes aun no se han organizado.

Esto tiene que ver con el elemento expresado arriba de la ausencia clara de una autoridad y de estereotipos, pero además, con la forma de relacionamiento horizontal por intereses unánimes.

10.
Para desarrollar esa fuerza social transformadora que nace desde las comunidades, el movimiento estudiantil puede aportar su compromiso natural con la búsqueda de la verdad, el movimiento juvenil su sentido de futuro, el sindicalismo su mayor organicidad y su sentido de clase, las mujeres su lucha por la equidad que las convierte en una fuerza incontenible por naturaleza, el ecologismo su compromiso con la vida, el movimiento artístico su capacidad de comunicar y su potencial convocante sin par.

Sumemos lo siguiente: si tomamos las últimas tres elecciones nacionales solamente como recurso estadístico, llegamos a la conclusión de que hay unas seiscientas mil personas votantes que consistentemente no quieren continuar con el rumbo que ha impuesto el grupo dominante. Sin considerar el abstencionismo, fenómeno muy significativo políticamente pues no expresa credibilidad en el sistema sino todo lo contrario, tenemos que existe una cantidad importante de personas que se pronuncian en las elecciones por una ruta distinta al neoliberalismo.

Ese dato, sin entrar a analizar enfoques, habla de que la mayor parte de esas más de 600 mil personas no participan en ninguno de los movimientos citados en este párrafo. ¿Dónde pueden tener más facilidad estas personas para hacer su aporte al desarrollo de una fuerza social transformadora si no es en sus comunidades? ¿Pueden esas personas, en sus comunidades, multiplicarse?

Entonces, si organizaciones sociales, activistas sociales, personas votantes disidentes suman su esfuerzo, podríamos hacer emerger desde las comunidades una fuerza social transformadora que, aunada al esfuerzo enfocado en temas concretos de todas las organizaciones sociales, sentarían las bases para un cambio real a plazo no lejano.

Pero hay que deponer intereses particulares y sumar. Cada uno de los movimientos citados y otros pueden contribuir, con programas claros, a desarrollar esa fuerza social transformadora que nace desde las comunidades. La diversidad de enfoques no debe preocuparnos si cada quien aporta en la idea de compartir los denominadores comunes propuestos. Los valores como elementos de contenido, los procesos como guías metodológicas.

Este es el enfoque que he impulsado desde el Comité Nacional por el Rescate de la Seguridad Social entre mayo y noviembre del 2011. Espero continuar en el 2012. Más de 200 actividades en seis meses en todo el país muestran propuesta y acción.

Jornada por el Derecho Humano al Agua en Costa Rica

Decenas de personas se manifestaron este 7 de diciembre frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para llamar la atención a los diputados y diputadas con respecto a la necesidad de que se le de prioridad al tema de los recursos hídricos en la agenda legislativa y que se declare el agua como un derecho humano en la constitución nacional de este país.

Comunidades afectadas por la contaminación del agua por parte de la actividad piñera en el Atlántico de Costa Rica se hicieron presentes para exponer su experiencia a la opinión nacional y urgir al poder legislativo a frenar la expansión de ese monocultivo.

En horas de la tarde se realizó una conferencia de prensa con la presencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, el diputado José María Villalta y la diputada Carmen Granados, quienes confirmaron el apoyo de sus fracciones a las propuestas de ley de recursos hídricos y una reforma constitucional que declara el agua como derecho humano fundamental y bien de dominio público, proyectos que han sido boicoteados por los sectores más conservadores de la Asamblea Legislativa y la vida política nacional.

Esta jornada marca el inicio de una estrategia de incidencia por parte de las organizaciones de sociedad civil reunidas en torno a ANDA y FANCA para lograr la aprobación de los proyectos antes mencionados y otro proyecto de ley que vendría a fortalecer al sector de acueductos comunales.
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Día internacional de los derechos humanos y el derecho humano al agua y al saneamiento

por Jorge Mora Portuguez
Director Ejecutivo FANCA

Desde el 10 de diciembre de 1950 se conmemora en nuestro país la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada por la Asamblea General de la ONU en el año 1948.

Costa Rica desde entonces se ha caracterizado por ser un país que ha pretendido, no solo respetar a lo interno, sino también a nivel internacional el estricto cumplimiento de los derechos humanos; que ha desarrollado una sólida institucionalidad democrática, y un sistema judicial que ha permitido el adecuado balance entre las potestades de imperio de la Administración y los derechos de la población.

En algunas ocasiones excepcionales donde se han cometido abusos contra los derechos humanos; Costa Rica y sus instituciones han sabido actuar en la mayoría de los casos, repudiando y sancionando a quienes se han excedido en sus atribuciones como funcionarios públicos.

Sin embargo, Costa Rica ha venido perdiendo liderazgo en el reconocimiento de una nueva serie de derechos humanos que han sido plenamente incorporados en el derecho internacional.

Tal es el caso del derecho humano al agua y al saneamiento, que fue finalmente reconocido por la Asamblea General de la ONU el 30 de setiembre del 2010, tras una propuesta presentada por Bolivia, con el respaldo de 33 países; y aprobada por 122 votos a favor, (entre estos Costa Rica), 40 abstenciones y ningún voto en contra.

Esta resolución es el fruto de un esfuerzo de muchos años liderado por organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos. Esta resolución es ratificada en distintas resoluciones del Consejo de Derechos humanos de la ONU, como las del 30 de setiembre del 2010; y las del 24 de marzo y 28 setiembre del 2011, en las cuales se reafirma la necesidad de avanzar progresivamente en la plena realización de este derecho humano a través de todos los medios apropiados.

El derecho humano al agua y al saneamiento en Costa Rica

El derecho humano al agua había sido reconocido jurisprudencialmente en Costa Rica desde el año 2000, cuando la Sala Cuarta en su voto 00-02755 del 24 de marzo, resolvió que el servicio de abastecimiento de agua potable “_es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud_”. Posteriormente la misma Sala ratifica este reconocimiento en su voto 2002-10776 de 14 de noviembre de 2002.

En el año 2002, ante una propuesta presentada por los movimientos ambientalistas de Costa Rica, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 30480-MINAE, en el que se establecieron los principios que rigen, hasta el día de hoy, las políticas nacionales de gestión de recursos hídricos. Entre estos principios incorporó el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.

Posteriormente el 27 de mayo del 2003, luego de la entrada en vigencia de dicho decreto, la Sala IV emite el voto 4654-2003, que es el que más claramente define los antecedentes y alcances del derecho humano al agua en Costa Rica:

“_La Sala reconoce, como parte del derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, el medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica…_”

En el año 2005 Costa Rica aprueba la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que implementa los principios de política aprobados en 2002; un Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el año 2008 y una Política Hídrica Nacional en el 2009. En todos estos instrumentos se reconoce expresamente el derecho humano al agua y al Saneamiento.

Reforma Constitucional y adecuación del marco legal

Pese a todos los antecedentes, resoluciones judiciales, políticas y decretos vigentes que reconocen el agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales, y pese a que Costa Rica fue uno de los 122 países que votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU; no ha sido posible incorporar este derecho humano en nuestra Constitución Política.

Desde hace más de 8 años se vienen presentando distintas propuestas (la primera de la ex diputada Joyce Zurcher, la última del diputado José María Villalta) para elevar a rango constitucional el dominio público del agua y reconocerla junto al saneamiento, como un derecho humano fundamental. Sin embargo la oposición obcecada de algunos diputados, los prejuicios y la ignorancia de otros, y los poderosos intereses que se ocultan tras algunos de estos, han impedido que Costa Rica ponga a tono su Constitución Política con las resoluciones de la ONU, tal como han hecho ya países tan variados como México, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Ecuador; España, Holanda, Inglaterra, Sudáfrica, entre muchos otros, que ya han modificado sus Constituciones Políticas para incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento en ellas, o en sus leyes de aguas como hizo Paraguay.

Dos proyectos de ley que no solo incorporan el reconocimiento de este derecho humano sino también lo instrumentalizan, permitiendo llevarlo a la práctica, también se encuentran estancadas en la Asamblea Legislativa por la falta de voluntad política de las distintas fracciones, así como del gobierno para que finalmente se aprueben.

El primero de estos proyectos es la Ley de Recursos Hídricos, presentada desde el año 2001, y que 10 años después ni siquiera es objeto de discusión, pese a que su última versión fue presentada mediante el mecanismo de “Iniciativa Popular“, que obliga al Congreso a conocerlo en un plazo máximo de 2 años desde su presentación. Este proyecto se presentó con el respaldo de más de 150.000 firmas, que equivalen a más de un 5% del padrón electoral.

El otro proyecto es una iniciativa presentada por las asociaciones de acueductos comunales (ASADAS), con el respaldo de una serie de organizaciones no gubernamentales, que las vienen promoviendo como una de las formas más exitosas, eficientes y ambientalmente sostenibles de gestión de los recursos hídricos.

La celebración del día Internacional de los Derechos Humanos, y en Costa Rica de la semana de los Derechos Humanos, debe servir para reflexionar sobre la urgente necesidad de reconocer e incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución Política, dando nuestro país una señal clara al mundo, de cuál es la importancia que le damos a este tema, recuperando el liderazgo que por años ha tenido nuestra nación en materia de derechos humanos.

«¿Qué pasará cuando los sacrificios no acaben con la crisis?»

Publicado en el Diario Público

La mundialización financiera ha creado su propio Estado. Un poder sin sociedad. Este rol es ejercido por los mercados (…). Las sociedades realmente existentes son sociedades sin poder. Y todo esto no deja de agravarse“. Este texto tiene 14 años. En diciembre de 1997, Le Monde Diplomatique publicaba el editoral del director de su versión en español, Ignacio Ramonet, Desarmad los mercados financieros. Una alerta que sería germen del movimiento Attac, hoy presente en 40 países, que lucha por la creación de una tasa a las transac-ciones financieras mundiales (inspirada en la Tasa Tobin) para ir echando “granos de arena“ en el engranaje de la especulación.

14 años después, dos países del Viejo Continente han visto cómo sus gobiernos elegidos en las urnas eran sustituidos por unos gestores de quiebras mientras el resto atribuye al mercado decisiones y recortes. Podría decirse que Ramonet, que participó esta semana en el ForoBurgos organizado por Banca Cívica, acertó.

¿Se cae Europa?

Es un momento extremadamente delicado. Da la sensación de que no hay a la cabeza una generación política a la altura de la crisis apocalíptica que estamos viviendo. Y no nos hemos sorprendido lo suficiente de que, en los últimos meses, Alemania y Francia hayan asumido un poder que nadie les ha dado. Hemos leído: Rajoy habla con Merkel. ¿Lo primero que hace el vencedor de unas elecciones con un resultado abrumador es llamar al jefe? No estamos en un Estado federal. España no es Dakota ni Berlín, Washington. Pero manda Merkel con Sarkozy de coartada.

Hay quien dice que Merkel asume el liderazgo porque no hay otro poder fuerte.

Si Merkel es quien está pilotando la crisis, el resultado es muy malo. Grecia va cada vez peor. Su PIB es el 3% de la zona del euro. Cuando estalló la crisis, se podía haber solucionado con un pequeño esfuerzo económico. Ahora, la gangrena ha subido. Austria y Francia tienen triple A (máxima calificación en su deuda) y las atacan. No se sabe si el euro será capaz de resistir. A Portugal se le ha impuesto una cura de caballo, se le ha impuesto la recesión y como resultado, le acaban de volver a bajar el rating. Esto no funciona.

¿Tampoco para Alemania?

Los alemanes se van a despertar dentro de poco constatando que la mayoría de los países europeos no compran. Y que ellos no exportan.

¿Por qué no lo ven?

No están a la altura. Están aplicando recortes de manual a situaciones que no se corresponden. Están alentando a los mercados a seguir ejerciendo presión. Los mercados están desbocados porque durante años ha habido una desregulación que les dejó hacer lo que querían. Los políticos prometieron cambiarla en el G-20. Sarkozy prometió la tasa a las transacciones. Pero los mercados no quieren y no se adopta.

¿A qué nos enfrentamos?

Si seguimos así, la primera amenaza es que no estamos seguros de que el euro vaya a resistir. Nadie puede afirmar que seguirá siendo lo que es dentro de tres meses o de un año. Mucha gente apuesta por que desaparecerá o quedará restringido al área de influencia de Alemania.

¿Europa se ha convertido en la primera ficha de un nuevo dominó?

La crisis de la deuda europea puede tener incidencia a escala global. Muchos se han olvidado, entre ellos Alemania, de que la globalización es la articulación de todos los mercados. Si la zona euro entra en congelación por la austeridad, no se potenciará el consumo. Ya hay en Europa 23 millones de desempleados cinco millones en España y 80 millones de pobres, personas que no consumen. El mundo funciona con dos motores, dos grandes centros de consumo: EEUU y la Unión Europea, ambos amenazados por la recesión. Si se paran, China va a fabricar menos. De hecho, el ritmo de crecimiento chino ya ha bajado. Si China deja de importar, dejará de comprar también materias primas, los minerales que compra a Perú y Chile y los productos agrícolas que compra a Brasil y Argentina. Esos países dejarán de crecer. Y en 2013 o 2014 podemos encontrarnos con una recesión internacional.

¿Puede el mundo soportarlo?

La pregunta es, si la recesión se prolonga en Europa, hasta dónde soportarán las sociedades europeas la purga a la que se está sometiendo a la población. Cuánto va a crecer la extrema derecha, cuánto la protesta social. La historia no se detiene y esto es un golpe de Estado financiero. Los mercados han decidido tomar el poder. En Grecia e Italia, la evidencia es total. Se han colocado personas que han trabajado de uno u otro modo con Goldman Sachs, especialista en colocar a su gente en puestos de poder, pero ahora al frente de países.

¿Qué se puede hacer?

La sociedad debe reflexionar para seguir defendiendo que otras soluciones son posibles. Hay que volver a planteamientos keynesianos (estimular el crecimiento económico inyectando dinero público). No lo digo yo. Lo dicen (Paul) Krugman y (Joseph) Stiglitz. Hay que hacer políticas anticíclicas, encontrar soluciones para salir de la situación. Veo difícil que se adopten en el contexto actual pero, si los gobiernos no se deciden, vamos a la catástrofe. Quizás si Francia pierde la triple A, Alemania verá que se hunde la última barrera que los protege. Los eurobonos podrían ser una solución a la crisis de la deuda, pero por otro lado habría que prohibir los hedge funds (fondos de alto riesgo), implantar la tasa a las transacciones, no operar con bancos que utilicen paraísos fiscales. Quién lo va a hacer si no hay autoridad. El euro es la única moneda que no está respaldada por una autoridad política, no tiene Gobierno y los mercados se han dado cuenta, han visto que se podían enriquecer fácilmente.

¿Por qué arrasa la derecha en Europa si trae recortes aún mayores que los que se han visto?

Es posible que una parte de la sociedad, teniendo en cuenta que muchos medios de comunicación dominantes insisten en que la línea de la ortodoxia es la única, acepten la idea de los recortes. El pánico a que el euro desaparezca genera mucha disciplina. Se ha visto en Catalunya en estas elecciones. Una parte del electorado piensa que es o recortes o caos, y votan recortes. El problema es qué pasará cuando no pase nada. Cuando los sacrificios no hayan puesto fin a la situación de crisis. Esa es la preocu-pación.

¿Piden realmente los mercados ajustes y reformas, teniendo en cuenta que no funcionan?

Los mercados no saben lo que quieren. No hay un objetivo concreto. Buscan ganar dinero. Pero es posible que la especulación acabe por destruir el sistema.

Las piñas de la ira

Visitamos recientemente los cantones de Los Chiles y San Carlos, en compañía de compañeros de ANEP y la diputada Carmen Muñoz, para constatar denuncias por daños ambientales y violaciones a los derechos en las plantaciones piñeras. Lamentablemente pudimos comprobar que en varias fincas de la Zona Norte todavía no han entrado en vigencia las Garantías Sociales ni el Código de Trabajo, y se viven condiciones de verdadera esclavitud.

En los Chiles nos reunimos con trabajadores despedidos por afiliarse a la ANEP, agricultores, líderes comunales, vecinos y el alcalde, quienes expusieron graves irregularidades en las fincas piñeras del cantón. Nos hablaron sobre las prácticas de explotación que realizan las empresas piñeras con trabajadores migrantes indocumentados. Exposición a químicos tóxicos sin protección, jornadas de 14 horas con salarios de menos de 4 mil colones al día, incumplimiento en el pago de horas extras, ausencia de afiliación a la CCSS. Muchas fincas utilizan contratistas, para no reportar trabajadores en planilla.

Cuando la CCSS, el Ministerio de Salud o la Inspección Laboral visitan las fincas, las empresas esconden a los trabajadores indocumentados y los inspectores se van “_contentos_”. Los vecinos consideran que en estos casos tiene que haber negligencia o corrupción, pues hay fincas que producen volúmenes de piña que requieren más de 200 trabajadores, pero solo tienen 20 o 30 reportados en planilla ante la CCSS. Basta con cruzar los datos de la CCSS con la fruta exportada, para saber que algo anda mal.

En Pavón (Los Chiles) visitamos dos de las fincas donde se han presentado más denuncias: Bana Internacional Arero y Finca 11. Allí pudimos conversar con personas que fueron amenazados con el despedido, si se afiliaban al sindicato. Pudimos observar además, quebradas deforestadas, aterradas con sedimentos y donde no se respetaron las áreas de protección.

En San Carlos visitamos las fincas Agromonte (Boca Arenal) y Monte Providencia (Las Nieves de Santa Rosa de Pocosol). En la primera la empresa intentó sabotear la reunión. No pudieron. Poco a poco los trabajadores se fueron acercando. Al final realizamos un mitin en la entrada de la empresa con más de 60 trabajadores. Recibimos denuncias por recortes y rebajos injustos de salarios, falta de pago de horas extras, cambios abusivos de labores, traslado al trabajador del riesgo empresarial y despidos discriminatorios por el solo hecho de afiliarse al sindicato. Incluso conversamos con personeros del “comité permanente”, quienes dijeron no querer ser cómplices de tanto abuso.

En Las Nieves de Pocosol no solo estuvo repleto el salón comunal con trabajadores afiliados al sindicato. También se hizo presente la comunidad. Una vez más recibimos repetidas denuncias por violaciones a los derechos laborales. Conversamos con un muchacho de 20 años que regresa todos los días del trabajo empapado de químicos tóxicos o con una muchacha que terminó su jornada bañada en sangre porque le vino la menstruación y no la dejaron ir a ponerse una toalla sanitaria. Se denunciaron las afectaciones que sufren en su salud por las fumigaciones con químicos tóxicos y la destrucción que hacen los camiones de la piñera del camino del pueblo.

El Frente Amplio denunciará hasta sus últimas consecuencias todas estas violaciones a los derechos humanos. Lo haremos a nivel nacional e internacional. Nos aseguraremos que quienes compran las piñas de la ira, sepan lo que está pasando en estas fincas. Denunciaremos a los empresarios irresponsables y a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que callan sistemáticamente ante tantas atrocidades.

Los Valores son una Herencia

En la Costa Rica de hoy es usual escuchar hablar de campañas sobre “_rescate_” de valores sin embargo resulta verdaderamente una travesía casi impensable si partimos del hecho que lo primero que se debería rescatar es la constitución de la familia.

Nuestra constitución establece la familia como la base fundamental de la sociedad, en el seno de la familia se infunden los valores que luego se heredan de una generación a otra.

Lamentable e inmensamente doloroso decir, imposible rescatar algo que no ¡¡existe!! Se puede rescatar a una persona que se halle secuestrada, rescataron a los mineros en chile, pero ¿los valores se podrán rescatar? Si partimos de la teoría de que estos se forman en el seno del hogar y se dispersan en la convivencia, no tenemos mucho que rescatar por cuanto desde hace mucho las familias se volvieron disfuncionales, sin diálogos, con poco contacto entre las partes, el aumento en la cantidad de separaciones, divorcios con números alarmantes y como consecuencia rebeldía en jóvenes carentes de valores, con algunas muy contadas excepciones.

Ahora bien, podríamos revisar si estos sufrieron modificaciones por la influencia de otras culturas y en definitiva la perdida de la propia identidad del ser costarricense, existen varios factores detonantes de la decadencia de valores que hoy nos tienen movidos a lo que llaman el rescate de los mismos mediante promoción de actividades como juegos tradicionales y esto me lleva a reflexionar en cómo lograr que hoy un niño o adolescente que tiene una serie de opciones electrónicas como videojuegos, computadoras con Internet, celulares y otras opciones se interese en juegos tradicionales.

Además, se deben señalar algunas de nuestras “_mutilantes_” leyes que se convirtieron en un efecto anti valores, posiblemente la intención fue buena al procurar disminuir o erradicar los malos tratos hacia la persona menor, pero como suele suceder en nuestro medio se paso de un extremo a otro.

Si bien se dieron en nuestra época algunos abusos y malos tratos que de alguna manera debieron modificarse, hoy en día los padres difícilmente pueden corregir a sus hijos que llegan a media noche, que fuman a temprana edad e inclusive ingieren licor u otro tipo de drogas, porque termina este denunciándole ante el Pani e inclusive en algún Juzgado de Familia. Literalmente la figura de autoridad de los padres y madres se rompió al igual que la herencia de valores.

Los Valores en Seguridad Publica y que Podemos Hacer

Al hablar de Valores no podemos dejar de lado las constantes muestras de antivalores que tenemos cada vez más frecuentes en donde figuran personalidades Políticas, Funcionarios de poderes de la República y de casi todas las instituciones públicas vinculados en casos de corrupción entre estas la Fuerza Pública.

En Seguridad Publica, la mayoría de sus miembros forman hogares disfuncionales, evidentemente no estamos ajenos de esta situación, aunque aquí se cuenta con personal de diferentes generaciones, se podría trabajar en inculcar y reforzar valores doctrinarios en los jóvenes de nuevo ingreso y respaldar las acciones de los de más experiencia quienes promueven una cultura inspirada en estos, favorecer las relaciones en los hogares de los miembros de la Fuerza Pública, sé debe buscar un punto de equilibrio.

Finalizo mi comentario honrando a la mujer que marco mi vida, mi madre, ella que me enseño a enfrentar las cosas con valor, a pedir disculpas cuando debiera hacerlo y mantenerme incólume en mis convicciones e ideales, ella me dijo una vez “_Jamás vendas tu dignidad por una taza de comida_” esta frase la recuerdo cada vez que alguien ha intentado sobornar mis actuaciones e inclusive me dijo “_mejor morir como valiente que vivir como cobarde_” esta la aplico cuando con artimañas intentaron aplacar el ímpetu la mística y el deseo de servir, “_El verdadero valor de un hombre consiste en tener dominio de sí mismo_” por eso digo los valores son una herencia.

Mainor Anchia Angulo
Oficial de Policía
Directivo Nacional de Anep

Manos arriba! Esto es un marchamo

por César López Dávila

Los peatones se les atraviesan, los carros a menudo se les tiran encima, buses y furgones los rayan sin piedad, y hasta el invierno se les abalanza en busca de empaparlos a su antojo. Es por eso que en las tardes de lluvia se les puede ver bajo los puentes; poniéndose encima capas, bolsas o cuanto plástico encuentren, para evitar que algún resfrío les impida probar suerte en su trajín, por ganarse el sustento de sus familias. Y es que ¡ni el clima!… A quien va en moto, nadie le respeta.

Sí, peatones, carros y furgones irrespetan a quien va en moto, ahora imagínese quienes nos gobiernan. Este año no bastó el invierno, ni la brutal desigualdad social, ni el empleo informal o el aumento del costo de la vida. Por si todo esto fuera poco, a quienes tienen una moto para ganarse la vida, les recetaron un encarecido aumento en el pago del marchamo.

Para una gran mayoría de costarricenses, motociclistas incluidos, así es la Costa Rica del nuevo Estadio Nacional: marchamos cada vez más gordos, ingresos cada vez más flacos, empleos cada vez más informales, multas del primer mundo, calles del tercer mundo con huecos traga carros, y gobernantes que se para el sol a verles.

Irrespetados, asoleados o empapados, ayunos de políticas sociales y cansados de gobiernos que se alejan del bien común; pero, además de las anteriores, una característica más comparten estas y estos motorizados: se dieron cuenta que en tanto ciudadanos, también pueden ser pueblo organizado.

Entonces los teléfonos que normalmente contestan, estos en su mayoría mensajeros, para envíos y otros mandados, está vez sonaron para organizarse en busca de dar un claro mensaje a ciertos jerarcas que no se mojan cuando llueve. Concentrados frente al INS, miles con sus motos, dijeron tras sus cascos “_los humildes somos más_”, negándose así a pagar lo que a todas luces es un abuso.

“_Lo del marchamo es excesivo_”, decían miles frente al INS. Pero… ¿qué es eso del marchamo? Desde hace más de 80 años, mientras el negocio de los seguros en todo el mundo, funcionaba buscando el lucro en vez de la solidaridad, nuestro país supo en 1924 iniciar un estilo en materia de seguros, donde el interés social pesó más que el interés de lucro empresarial.

Así, para evitar que las empresas privadas de seguros se hicieran millonarias con asegurar sólo las actividades más rentables y menos riesgosas (los buenos negocios); nuestro país creó por ese entonces la figura de los seguros solidarios, dirigidos a asegurar las actividades más riesgosas y menos lucrativas.

De esta manera, el monopolio de seguros en mano del Estado permitió en el pasado que en nuestro país, las ganancias de los seguros más lucrativos, se usaran para hacer un contrapeso que equilibrara el financiamiento de los seguros que aunque menos rentables, son sin duda de mayor utilización social.

Se creó así un sistema solidario que mediante tal compensación, hasta hace poco permitió que no subieran sentidamente los montos de los seguros sociales más usados por la mayoría de las personas, propiciando una actividad que sin tal patrocinio del Estado, difícilmente cubriría (con tarifas al costo) a la población.

Se crearon así los seguros sociales sobre los que descansa parte importante de nuestra Sistema de Seguridad Social, llamados Seguros de Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio de Automóviles (marchamo); este último de importante sentido solidario al buscar cubrir con atención médica a toda víctima de accidentes de tránsito. Pero el martes anterior, mientras miles de motociclistas se quejaban por lo elevado del monto del marchamo, el jefe de Seguros Solidarios del INS, afirmaba a la prensa que “_de ninguna manera era posible bajar el monto del seguro a motociclistas, porque no habría un equilibrio entre el costo del seguro y la atención de los accidentados_” (Diario Extra 23/11/2011, pag4).

Pero, ¿qué hace este año distinto?, ¿por qué este año es necesario cobrarle a las y los motociclistas un marchamo manos arriba para buscar un equilibrio que años anteriores se ha logrado sin aumentos inmerecidos? “_La crisis_” (dirán algunos), sin saber que a inicios de 1982, en medio de una de las crisis más duras que a nivel nacional y mundial afectaba la calidad de vida de miles trabajadoras y trabajadores, el entonces gobierno de don Rodrigo Carazo Odio, hizo una reforma que profundizó el seguro solidario de Riesgos del Trabajo, haciéndolo universal y obligatorio, en procura de garantizar ante la crisis, una mayor política social orientada a lograr mejores niveles de calidad de vida para las trabajadores y para los trabajadores.

¡No! … La verdadera diferencia de este año en el marchamo, es que como requisito para aprobar el TLC en octubre del 2007, se modificó la histórica Ley Reguladora del Mercado de Seguros, en beneficio de transnacionales privadas movidas por intereses comerciales y no sociales. Éstas, a raíz de lo anterior, poco a poco han venido en busca de los seguros más rentables, antes sólo en manos del INS y con cuyas ganancias, ésta institución pública equilibrara vía subsidio los seguros sociales (manteniendo así sus tarifas solidarias). El resultado de lo anterior, usted ya lo sabe: así mientras unos hacen clavos de oro, a los motorizados se les encarece la tarifa del marchamo, buscando otras maneras menos solidarias de recuperar el equilibrio perdido.

Quienes con sus motos ejercen el constitucional derecho a disentir, además de su bolsillo, defienden un pilar clave de la seguridad social, saliendo al paso de quienes (además de más impuestos), posiblemente se encuentren valorando, la posibilidad de contemplar incluir un rubro de utilidad empresarial, en las tarifas al costo de los seguros solidarios.

Por eso, cuando la próxima semana, vea a una o un motociclista protestando por el costo del marchamo, levante usted también sus manos por todo lo alto, y déle un aplauso patrio. Después de todo, se trata de construir una Costa Rica inclusiva, solidaria y de justicia social; construir no para unos pocos, sino una en donde, de verdad, quepamos todas y todos.

Criterios sobre el proyecto de Solidaridad Tributaria

1- Renta sobre salarios superiores a ¢4.000.000 (20%)

El nuevo escalón del impuesto de renta (20%) sobre los salarios superiores a los ¢4.000.000, podría presentar problemas para la Administración Tributaria, si ésta no ejerce una debida supervisión, pues las empresas de acuerdo con sus altos ejecutivos fijarían un salario en planilla y la diferencia se lo pagan por aparte bajo algún concepto contable, evitando así el pago del impuesto de renta al salario.

2- Renta para personas físicas con actividades lucrativas.

Estamos de acuerdo en que se eliminen los tramos exentos del impuesto de renta para las personas físicas con actividad lucrativa (abogados, ingenieros, médicos, contadores, pequeña empresa a nivel personal etc.), sin embargo, consideramos que durante los dos primeros años de actividad comercial y/o industrial, se les exonere del pago de impuesto de renta a las micro y pequeñas empresas, con el propósito de que puedan consolidar sus actividades y afianzarse en el mercado en el cual se desenvuelven, la condición que las clasifique como tales, deberá ser establecida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o entidades afines.

3- Impuesto sobre remesas al exterior (15%).

No estamos de acuerdo en que se aplique la misma tarifa a todas las actividades, pues se deben de tomar en cuenta las características de los diferentes contribuyentes. Consideramos que debido a ciertas consideraciones de carácter técnico este apartado debe estudiarse con mayor profundidad y requiere de una mayor discusión en especial lo referente a los espectáculos de artistas y eventos deportivos internacionales.

4- Ganancias de capital.

Estamos de acuerdo en que se graven las ganancias de capital que se originan en las ventas de propiedades, también consideramos que cuando se dan ventas millonarias de bancos y otras transacciones financieras al Estado debería tocarle una parte de estas operaciones por impuestos.

5- Renta Mundial.

Notamos que los Servicios Profesionales que se generan en el extranjero ya sea por Asesorías, Conferencias no están gravados, también deberían gravarse los ingresos de deportistas y artistas nacionales que viven en otros países, pero tienen negocios e intereses económicos en Costa Rica, además, de que dichas personas al cabo de los años regresan al país a vivir en forma definitiva. No le vemos mucha viabilidad para determinar y cobrar este impuesto, por la inexperiencia en la gestión de este tributo por parte de las autoridades fiscales, lo cual incluso lo manifestó el Sr. Ministro de Hacienda en declaraciones a la prensa, cuando dijo que ni siquiera en los Estados Unidos tenían plena capacidad para cobrar este impuesto.

6- Impuesto a Cooperativas y Solidaristas.

Consideramos que las grandes cooperativas agro- industriales deben pagar impuesto de renta, haciendo los cambios en la normativa tributaria, por ejemplo, creemos que grupos empresariales como La DOS PINOS, COOPECORONADO, COOPESA, COOPE MONTECILLOS y otras que operan en el mercado.

7- Zonas Francas.

Consideramos que por cuestiones éticas y morales no se les debe dar la facultad o potestad a las municipalidades para que cobren el impuesto de bienes inmuebles con criterio discrecional a las empresas establecidas bajo el Régimen de Zonas Francas, pues este cobro por parte de los Consejos Municipales, podría prestarse para tráfico de influencias y corrupción, además , de que dejaría en desventaja a los cantones que no cuentan con la posibilidad de que se establezcan en sus territorios este tipo de empresas, al carecer de condiciones y servicios públicos adecuados.

8- Canasta Básica.

Producto 191 : No se debe incluir la matrícula preescolar, escolar y colegio público, por cuanto la educación en esos niveles está garantizada constitucionalmente por el Estado y se establece como gratuita y obligatoria, por lo tanto no se debe mencionar como exonerada del impuesto de ventas.

9- Precios de Transferencia.

En ocasiones las empresas hacen distintas maniobras económicas, como por ejemplo, realizan exportaciones para transferir capital a otros países, las cuales constituyen operaciones financieras ilegales, por lo que consideramos que se debe aumentar el personal operativo de las Administraciones Tributarias (auditores, abogados, contadores) y capacitarlos intensivamente en el tema de los Precios de Transferencia.
También se da el hecho de que las empresas se dividen en varias sociedades para quebrar la renta y pagar menos impuestos, por lo que la Administración Tributaria debe proponer los cambios necesarios en la normativa tributaria para evitar este tipo de casos y ejercer un mayor control en las empresas para que no asuman estas formas jurídicas inapropiadas.

10- Traspaso de Bienes Inmuebles.

Estamos de acuerdo

11- Impuesto al Valor Agregado.

Se dice que el 70% de la meta de recaudación del gobierno con esta propuesta, proviene del aumento del impuesto al valor agregado a un 14%, lo cual consideramos que es inaceptable por cuanto forma parte de la estructura impositiva regresiva que impera en el país, ya que proporcionalmente hablando, pagan más los que ganan menos, pues la tarifa del impuesto se cobra igual a todos los sectores económicos del país.

Este aumento del impuesto al valor agregado va a encarecer muchos productos y servicios que son consumidos por las clases medias y bajas de este país, lo cual provocará un mayor costo de la vida vía inflación y que disminuya el poder adquisitivo de sus ya devaluados salarios, empobreciendo aún más los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. Por lo anterior creemos que el impuesto al valor agregado debe mantenerse en un 13%.

12- Impuesto de un 2% sobre la Salud y Educación Privadas.

Consideramos que en el caso de la educación privada el impuesto del 2% debe establecerse para mensualidades por encima de los ¢150.000 y en el caso de la salud privada, no debe fijarse el impuesto para la consulta, prevención y tratamiento de las enfermedades comunes que padecen los costarricenses (diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, riñones, hígado, colon, etc.), sino que por el contrario este impuesto debe gravar la consulta, prevención y tratamiento de temas de la salud que se refieran a cosas estéticas, como por ejemplo, (liposucciones, afinamiento de nariz, orejas, ojos, arrugas, etc.).

Consideraciones Finales.

El gobierno manifiesta su gran preocupación por la magnitud del déficit fiscal y espera con este proyecto aumentar la recaudación entre un 2 y un 2.5% con respecto al PIB, sin embargo, no toca el tema de las exoneraciones fiscales, donde existen 188 regímenes de exoneraciones y que representaron en el 2010 casi los 100.000 millones de colones.

Con el pacto fiscal del PACPLN se intenta que a partir del 2015 las empresas ubicadas en Zonas Francas paguen el 15% sobre la distribución de dividendos y el impuesto sobre bienes inmuebles cuando las municipalidades así lo consideren, sin embargo, los grandes intereses económicos que rodean y que hay detrás de estas empresas, está provocando una gran presión respaldada entre otros por La Nación, el ex presidente Oscar Arias, el defensor a ultranza del TLC con los Estados Unidos el Sr. Alberto Trejos y otros influyentes políticos, con el fin de que estas empresas no participen solidariamente con el pago de impuestos.

Copia del fallo filtrado sobre Crucitas levanta polvorín

Abogado asesor de Oscar Arias recibió copia de fallo filtrado por magistrado

Fuente: elpais.cr

San José, 16 nov (elpais.cr) – El abogado constitucionalista y asesor del ex presidente Oscar Arias Sánchez, Rubén Hernández Valle, quien tiene un Poder Especial de la minera de Crucitas, recibió personalmente la copia de un borrador de sentencia de la Sala Primera.

Así lo reveló el abogado, periodista y ex vocero de la transnacional canadiense Infinito Gold, William Méndez Garita, en presencia del Fiscal General en ejercicio manifestó que fue testigo de una reunión en donde Moisés Fachler, magistrado suplente entregó un sobre con tres copias del borrador de sentencia que era contraria a los intereses de la mina Crucitas.

En la Región Huetar Norte de Costa Rica, la empresa pretende construir en Crucitas de San Carlos una mina de oro a cielo abierto, a solo tres kilómetros del río san Juan, fronterizo con Nicaragua.

De acuerdo con información divulgada por el Canal 7 de la televisión, según la declaración de Méndez, allí estuvieron además de Moisés Fachler, los abogados de la empresa Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández y cada uno se llevó una copia de las tres entregadas por el ex magistrado suplente y ex tesorero del Partido Liberación Nacional (PLN).

Méndez dijo a la Fiscalía que también estuvieron dos altos ejecutivos de la empresa, y a partir de ese momento comenzaron a idear formas de detener el proceso que ratificaba la sentencia.

También se intentó contactar a los abogados Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández que trabajan juntos, pero se informó que Rubén Hernández está en Nicaragua y no sabía cuando regresaba, asimismo que su compañero de oficina tampoco se encontraba, precisó la televisora.

Por otra parte, Méndez dijo al Semanario Universidad que tras semana y media de análisis del documento, por parte de los abogados de Infinito Gold le dijeron que debía dar a conocer el documento, pero que él se negó.

Mencionó que el plan de los abogados es buscar que el caso se ventile en la Sala Constitucional.

De acuerdo con la agenda de actividades académicas de la Sala Constitucional, este año, el abogado Hernández Valle ha participado como conferencista y co-patrocinador de encuentros para analizar asuntos de Derecho Constitucional, el papel de la Sala y su jurisdicción.

Información divulgada por este medio, Hernández, quien ha defendido a la empresa transnacional canadiense Infinito Gold, desde posiciones independientes, cuenta desde julio del 2010 con un Poder Especial, de esa empresa minera.

En la oportunidad, ambientalistas criticaron que el abogado publicara artículos de prensa, a favor de la minera, “sin aclarar que es funcionario o asesor de la empresa, desde una supuesta posición independiente como jurista”.

El Poder Especial Judicial consta en el folio 1477, en el expediente judicial del contencioso administrativo contra el Proyecto Minero Crucitas, otorgado por Industrias Infinito S.A. a Hernández Valle.

El documento, suscrito por los apoderados generalísimos de Industrias Infinito, John Thomas y Arnoldo Rudín, otorgó a Hernández “Poder Especial Judicial para que represente a la empresa en este proceso de conocimiento“.

Este poder le otorga amplias facultades para proceder efectuar todas las gestiones, acciones, incidencias e instancias del proceso ordinario, así como para interponer cualquier tipo de recursos en contra de las resoluciones que se dictan durante el proceso en cualquier instancia del mismo“, reza el documento en manos del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los Jueces David Fallas Redondo, Grace Loaiza Sánchez y Eduardo González Segura, en sentencia del 24 de noviembre del año anterior anularon la concesión minera, entre otras cosas, por irregularidades durante el proceso de otorgamiento de permisos, así como un decreto del ex presidente Arias Sánchez, quien declaró el proyecto minero de Interés Público y Conveniencia Nacional.

Cabe recordar la “ENTREVISTA al Dr. Rubén Hernández Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente Sala IV“, publicada en una de las páginas de la empresa minera Infinito Gold.

Dicha página informa: “Sobre la posible revocación del Proyecto Crucitas y las implicaciones internaciones que esto tendría al país, el Dr. Rubén Hernández, Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente de la Sala IV, expresa que el Poder Ejecutivo puede detener un proyecto; ya que posee la potestad general de revocar o decretar cualquier concesión, pero obviamente al revocar un derecho tendría que indemnizar; porque implicaría una expropiación de derechos adquiridos“.

En el caso del Proyecto Crucitas, el Estado puede revocar la concesión pero queda sujeto al pago de daños y prejuicios, que en este caso serían cuantiosos, sobre todo porque las reservas están probadas y pueden ser cuantificadas“, dijo el abogado.

Agrega que “el Dr. Hernández deja claro que lo más grave sería la señal que se enviaría a la inversión extranjera, se crearía una gran inseguridad jurídica, porque los inversionistas a pesar de tener todos sus derechos adquiridos y consolidados conforme a la Ley, en cualquier momento pueden ser revocados por decisión política“.

En otra “Entrevista a Rubén Hernández“, publicado el 27 de Julio, da cuenta que Rubén Hernández expresó que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias de la Sala IV son vinculantes para todos los órganos administrativos y jurisdiccionales del país, es decir, que lo que la Sala IV falla en definitiva, debe ser acatado por los tribunales.

También establece que sobre el Proyecto Crucitas, en un principio la Sala no debería involucrarse a analizar el contenido de los estudios de Impacto Ambiental, deberías solo pronunciarse si se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley y la reglamentación respectiva“.

El Dr. Hernández también expresa que la Sala dictó sentencia analizando todos los aspectos, no sólo de constitucionalidad, sino de legitimidad invocados por las partes; lo que quiere decir, que los aspectos en los que la Sala ya se pronunció no puede ser nuevamente discutidos en la Vía Contenciosa Administrativa“.

Por otro lado, recordaron también que Hernández publicó un artículo en un diario nacional, “Réquiem por la Sala Constitucional“, donde sostiene que “La sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo dictada en el juicio contra Industrias Infinito S.A. representa un golpe mortal para la Sala Constitucional“.

En efecto, esa sentencia, en pocas palabras, dejó sin efecto el voto de la Sala que había declarado sin lugar los recursos de amparo planteados por grupos ambientalistas contra la concesión minera de Las Crucitas y desaplicó el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma“, afirmó Hernández.

Agrega que la propia jurisprudencia de la Sala indica que un juez ordinario no puede, ni debe desacatar una línea jurisprudencial dictada por este Tribunal pues, al hacerlo, quebranta la previsión legal contenida en esas normas (13 LJC y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (voto 15957-06). Considera prudente aclarar que la obligatoriedad de las sentencias de la Sala se extiende también a sus considerandos. (Voto 7062-95).

Aclara, además, que las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo, tanto las estimatorias como desestimatorias, producen los efectos de la cosa juzgada material, por lo que deben ser acatadas por todos los tribunales de la República. Las sentencias de la Sala son vinculantes para los tribunales por razones de seguridad jurídica y dada la jerarquía que tiene.

En el caso Crucitas, la Sala determinó que el decreto de interés era constitucional y legalmente válido. La sentencia está sólidamente fundamentada en el análisis de los estudios técnicos realizados por las instituciones estatales competentes para otorgar los respectivos permisos de la concesión.

El artículo de Hernández destacó que en ambos tribunales, se discutió los mismos puntos producidos, que son juicios gemelos.

De acuerdo con fuentes judiciales, los abogados de la transnacional minera debían conocer el borrador del fallo de la Sala Primera con el fin último de preparar la Acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia utilizada por dicha instancia.

En ese sentido, los abogados prepararon dicho recurso y lo presentaron a la cuestionada Sala Constitucional, que siguiendo directrices o recomendaciones del abogado Hernández Valle en una ocasión hizo que el Alto Tribunal anulara un voto que rechazaba la reelección a la Presidencia de la República, lo que permitió el segundo mandato de Arias Sánchez (2006 – 2010).

El desempleo en Costa Rica sube ligeramente y llega a 7,7 % en 2011

Fuente: elpais.cr

San José, 14 nov (EFE).- Costa Rica registra en 2011 una tasa de desempleo abierto de 7,7 %, cifra ligeramente superior al 7,3 % del año pasado, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) dados a conocer hoy.

La Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el Inec, reveló que la fuerza de trabajo costarricense está conformada por 2,16 millones de personas, de las cuales 1,98 millones están ocupadas (92,3 % de la fuerza de trabajo) y 165.000 desempleados.

La coordinadora de la encuesta, Pilar Ramos, explicó en rueda de prensa que si bien el desempleo aumentó, también lo hizo la tasa de ocupación, es decir, el número de empleos disponibles, solo que no la proporción necesaria para disminuir el desempleo.

Según los datos del Inec, la mayoría de los costarricenses trabaja en el sector de comercio y reparación (19 %), agricultura, ganadería y pesca (14 %) e industria manufacturera (11,9 %).

El Inec detalló, además, que el 85 % de los trabajadores en Costa Rica lo hace en el sector privado y el 15 % son empleados públicos; mientras que el 76 % de la población ocupada es asalariada, el 18,9 % trabaja por cuenta propia y el 3,8 % son empleadores.

La encuesta, realizada entre julio y agosto pasados en 13.370 hogares en todo el país, mostró además diferencias profundas en el empleo por género.

La tasa de ocupación entre los hombres es de 72,2 % mientras que la de las mujeres es de un 41 %. En el caso del desempleo, entre las mujeres la tasa llega a 10,3 % y en los varones se ubica en 6 %.

Según Ramos, es claro que las mujeres tienen mayor dificultad para incorporarse al mercado laboral y acceder a un empleo.

La mayoría de mujeres (31,5 %) se emplea en ocupaciones no calificadas, aunque también hay presencia femenina en sectores como ventas y servicios personales (21 %), profesional, científico e intelectual (14 %) y técnico y profesional medio (12,4 %).