Nuestro 11 de setiembre

por José Merino del Río
Presidente Frente Amplio

A sangre y fuego acabaron con la vida de Allende y de miles de mujeres y hombres del pueblo chileno.

Asesinaron también un sueño, una esperanza latinoamericana con los ojos puestos en el proyecto chileno, que por primera vez abría el camino para construir el socialismo por la vía democrática. Un ejemplo que el imperialismo y las feroces oligarquías latinoamericanas no podían dejar prosperar, pues agrietaba la arquitectura de la guerra fría cimentada en una imagen criminal del enemigo a derrotar, labrada sobre el mito de la defensa de la libertad y de la democracia. Socialismo y democracia no podían marchar juntos, por el potencial subversivo que la misma idea encerraba.

Había que terminar con “ese hijo de puta de Allende“, como le dijo el presidente Nixon a su entonces secretario de Estado, Henry Kissinger.

Lo sabíamos entonces, y hoy forma parte de una historia confirmada. El gobierno de los Estados Unidos orquestó el golpe de Estado y se convirtió en guía y soporte de la dictadura fascista de Augusto Pinochet. Seguramente nunca habrá Corte Penal Internacional para juzgar este crimen de lesa humanidad.

El golpe criminal en Chile no sólo significó muerte, cárcel, tortura y exilio para cientos de miles de chilenos y chilenas. Se erigió también en macabro experimento para aplicarlo en otros países de América y del mundo. Los llamados “estados de seguridad nacional“ que declararon una cruenta guerra a nuestros pueblos latinoamericanos, que sembraron nuestra tierra de cadáveres, desaparecidos, miles y miles de vidas rotas para siempre.

Y sobre los muertos y los campos de internamiento, y sobre los gritos de los perseguidos y torturados, es que se levantó también la primera experiencia, dijeron que exitosa, del neoliberalismo en América Latina. Ilustres criminales académicos de la Universidad de Chicago, experimentaron con el pueblo de Chile las nuevas estrategias del despojo, de las privatizaciones, liberalizaciones, desregulaciones, del robo de derechos y de patrimonios nacionales.

Ese 11 de septiembre de 1973, seguramente ni siquiera será mencionado, menos evocado y lamentado, por las grandes cadenas de la dictadura mediática, con sus lentes exclusivamente enfocados en otro 11 de septiembre, también con sus muertos inocentes y su horror, que abrió el ciclo de la guerra infinita, como la llamó el ex presidente Bush.

Frente a la estrategia del olvido, nos toca a nosotros recordar nuestro 11 de septiembre.

Honrar la memoria de Salvador Allende y de todas las compañeras y compañeros caídos.

Desde La Moneda en llamas, a pocas horas de la muerte que sabía tan inevitable como cercana, las últimas palabras de Allende nos siguen llenando de emoción y nos dicen que no hay causa que se pierda, mientras haya hombres y mujeres que no la abandonen:

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.”

Gracias, presidente Allende.

La máquina de muerte que opera en Honduras

por Juan Moreno*

Miembros de esas familias mandan a matar a los campesinos organizados del Bajo Aguán, y lo hacen con tal eficiencia que todos esos asesinatos parecen caer en la categoría de “_crímenes perfectos_”. El funcionamiento de ese mecanismo de acción asesina ha alcanzado tal perfección, que ya nadie ni nada parece detener esa compulsión asesina por quitarse de encima a cualquier miembro de la Resistencia hondureña con un mínimo potencial de convertirse en motivador y continuador del espíritu de lucha anti-golpista, anti-dictatorial y antifascista.

Hace unos días atentaron contra Vanessa Maradiaga, en un ensayo para propinar el zarpazo definitivo en el momento que a ellos mejor les convenga, lo cual da la señal de cuál debe ser el destino de Vanessa si desea salvar la vida. Hoy han asesinado a sangre fría a Emmo Sadloo. ¿Otro “_crimen perfecto_”? ¿Quién será el próximo…o la próxima?

La máquina asesina ensamblada y puesta a funcionar por las doce familias dueñas de la dictadura, está bien aceitada en Honduras. Quienes pulsan las palancas para ponerla en acción saben muy bien que no los detiene nadie ahora, ni cardenales, ni diputados, ni jueces, ni “_casas blancas_”, ni departamentos de Estado, ni embajadas, ni partidos políticos, ni policías, ni militares, ni nada… porque todos los mencionados son parte de aquella diabólica conspiración del 28 de junio de 2009 contra las más sagradas aspiraciones de los hondureños.

Ellos han ensamblado la máquina de muerte que recorre todo el territorio hondureño. Tienen “_operarios_” de sobra para mantener la máquina “_a punto_”, desde el nivel sico-social hasta el nivel “_operativo_” del simple acto de sacar del camino, de un solo pistoletazo de sicario, a los individuos que “_estorban_”. El poder de quienes están detrás de esa máquina es absoluto. ¿Quién los detiene? ¿El pueblo en las calles? ¿Los maestros en las calles? ¿Los estudiantes y los padres de familia en las calles? ¿Las mujeres en resistencia en las calles? ¿La juventud en las calles? ¿Los artistas en las calles? ¿Quién los detiene?

Este es el momento en que Honduras no espera nada de nadie en la comunidad internacional. El pueblo hondureño está solo en esta encrucijada histórica. De alguna manera también se siente solo al observar dentro de la misma Resistencia actitudes tan negativas y egoístas que más bien favorecen el perfeccionamiento de esa máquina de matar a la que nos referimos en esta nota.

Honduras está sola en esta lucha por su propia sobrevivencia como nación, y como pueblo. Honduras está sola ante un monstruo diseñado para destruir su voluntad de lucha. En la comunidad internacional, nadie se atreve a dar la voz de alerta sobre la existencia de este monstruo asesino creado por los golpistas, y sus inspiradores en los centros más oscuros del sistema de dominación internacional.

Honduras es, hoy por hoy, el centro de experimentación de los métodos más bárbaros de control social, todo para evitar lo que tarde o temprano el mismo pueblo ha anunciado: el rescate de la soberanía popular y la elaboración de una nueva Constitución que garantice la inclusión de los sectores populares eternamente excluidos de las grandes decisiones nacionales.

Ante un asesinato más, (que a nadie le extrañe si mañana la máquina asesina acaba con la vida de otro resistente), la impotencia que me invade al momento de escribir esta nota es indescriptible. Pero no pierdo la esperanza en mis queridos hermanos de Honduras, como tampoco pierdo la esperanza en los sectores más positivos y visionarios del Frente Nacional de Resistencia Popular. Esta hora es triste, muy triste. Los asesinos sacaron del camino a Emmo Sadloo. La máquina asesina, puesta en acción desde el 28 de junio de 2009, seguirá actuando de acuerdo con su propia lógica. Pero que no le quepa duda a nadie: en la misma medida en que la lógica asesina de la dictadura se manifiesta, así también se acercará el día en que sus diseñadores y operadores tendrán que responder a la acción justiciera del pueblo hondureño. Que nadie lo dude.

Nota de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos: al momento de publicar esta nota nos hemos enterado del asesinato de otro miembro de la Resistencia Hondureña, el periodista Medardo Flores. El crimen se produjo a manos de sicarios que le dispararon en 9 ocasiones.

*Juan Moreno es miembro del “Proyecto Casa Abierta” de la ACODEHU. De nacionalidad Hondureña, vivió el exhilio en los años 80 y actualmente trabaja para la solidaridad con familias hondureñas solicitantes de refugio en Costa Rica a raíz del golpe de estado de 2009.

Sí, Costa Rica necesita un Gobierno socialista

Intervención del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en el Plenario Legislativo del miércoles 31 de agosto de 2011.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy la fracción del Frente Amplio quiere iniciar su intervención en este control político saludando y felicitando a toda la familia afrocostarricense de nuestro país en la celebración del Día del Negro y la Negra, un día que tiene un gran contenido político e histórico de reivindicación para ese sector de la población costarricense que, al igual que el resto del mundo, todavía sigue luchando por la plena igualdad y por la eliminación de todas las formas de discriminación racial que, lamentablemente, todavía existen en nuestro país.

Sería una buena forma de respaldar esta celebración, ahora que inicia el período de sesiones ordinarias, que esta Asamblea Legislativa reactive el proyecto de reforma constitucional al artículo 1 de la Carta Magna, para reconocer el carácter multiétnico, multicultural, pluricultural del Estado costarricense, reconocer que Costa Rica no es un país homogéneo, sino un país diverso, rico en diversidad cultural, en etnias y culturas que han enriquecido la historia de este país, aunque algunos sectores han sido históricamente excluidos y marginados.

En otro orden de ideas, habría que coincidir con algunos diputados de Liberación Nacional en que Costa Rica necesita urgentemente un gobierno socialista. Pues, sí, en eso coincidimos, porque los que hemos tenido en los últimos años han sido gobiernos de liberales, entreguistas y privatizadores que tienen a este país al borde del colapso, o colapsado en muchos ámbitos, que tienen a este país sumido en una espiral de desigualdad y violencia social nunca antes vista, gobiernos como el gobierno neoliberal de los hermanos Arias Sánchez, que tanto daño le ha hecho a este país en el campo social, en el campo ambiental, en el campo económico, seguimos viendo todavía todos los días los estragos, los estragos de los decretazos, de las leyes injustas de ese Gobierno.

Sí, efectivamente, hace falta un gobierno socialista en Costa Rica, porque los que hemos tenido nos tienen colapsados, ojalá aprendieran la lección de la visita del expresidente Lula, del Partido de los Trabajadores de Brasil, porque aquí lo que hemos tenido es más privatización, más desigualdad, más injusticia social, más degradación ambiental en los últimos años, y eso todos los días sale a la luz pública, todos los días salen nuevas denuncias, como la denuncia que hice hace dos días por el decreto que autoriza el uso de un pesticida tóxico prohibido en Estados Unidos, en Canadá, en Panamá, en Europa. Quieren copiar lo malo de Estados Unidos, pero no copian lo bueno, prohíben los pesticidas que aquí se usan y aquí los siguen usando, eso no lo copian, eso no lo quieren copiar.

Y hoy también denunciamos que esta Asamblea Legislativa aprueba leyes y esas leyes son letra muerta, esta Asamblea aprueba leyes y aquí no se respetan, desde 1993 la Ley 7473, que aprobó el préstamo de modernización del sector salud, establece en su artículo 5 que el pago de las obligaciones del Estado con la Caja tiene que hacerse en efectivo, y que desde 1997 tenía que hacerse el pago total de las obligaciones en efectivo y, sin embargo, el Gobierno sigue incumpliendo impúnemente esta norma legal de la cual no hay duda, está en las actas, hemos revisado las actas, y los legisladores de esa época dejaron constar su voluntad claramente: “_A partir de la aprobación de esta ley queremos que el pago sea en efectivo y oportuno_”. Y eso no se está cumpliendo.

Acaba el Gobierno de hacer otro acuerdo con la Caja para pagar con papeles, con bonos, que, de acuerdo con publicaciones del semanario El Financiero, es dudoso que permita la recuperación de los dineros de la Caja. Y no se cumplen las leyes que aprueba este Parlamento. Ya es hora de denunciar estas cosas y de que se le pague a la Caja como tiene que pagarse: conforme a la ley.

Fuente: ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 63

¿Qué persigue la dirigencia sindical entreguista, cinco años después de la privatización del Puerto Caldera?

En la defensa por la institucionalidad, combatimos contra la mayoría de la población laboral, que se encontraba sumamente adormecida por la dirigencia de los sindicatos que pactaron con el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez a cambio del pago de un chantaje; también contra la patronal (INCOP) y la prensa mediatizadora que engañaba a la población costarricense bajo el ardid de la modernización portuaria.

Los resultados de esta modernización hoy, cinco años después, los estamos disfrutando la mayor parte de la población del cantón Central de Puntarenas, con los altos índices de desempleo, prostitución, drogadicción, y demás flagelos de exclusión social.

Nos llama la atención que ahora salgan quienes no tuvieron ningún reparo en entregar el trabajo de más de mil trabajadores y trabajadoras, con un lamento irresponsable, rasgándose las vestiduras, denunciando cinco años después de aquel 11 de agosto del 2006, el incumplimiento por parte de las autoridades de INCOP, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y las empresas transnacionales que hoy están lucrando con la actividad portuaria en Puerto Caldera.

Ahora nadie habla del congestionamiento portuario, nadie habla del mal estado de la maquinaria, y mucho menos de los altos costos de operación; a pesar que la estructura tarifaria, aún esta bajo los lineamientos de cuando existía la Convención Colectiva; instrumento por excelencia para la relaciones obrero – patronales, que fue entregada por estos que se lamentan hoy, y que desgraciadamente su precio lo canceló el pueblo costarricense.

Ante estas situaciones y del camino ya andado, siendo que al final el tiempo nos da la razón después de tanta advertencia, solo queda plantearnos la defensa de la institucionalidad, organizándonos responsablemente y de cara al pueblo, para rescatar este bien que fue construido por el pueblo costarricense, y que hoy se encuentra en usufructo en manos de empresas transnacionales, así que para hacer cumplir los acuerdos,los invitamos a unirnos por el bien del pueblo trabajador del Cantón Central de Puntarenas, y por el bien de la institucionalidad.

Douglas Carrillo Azofeifa
Ex trabajador de INCOP

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NOTA DE DIARIO EXTRA
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• Sindicato señala irrespeto a compromisos que permitieron la modernización

DENUNCIAN VIOLACIÓN DE ACUERDOS EN CALDERA

Johnny Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles, apuntó que el gobierno incumple la carta de intensiones que permitió la privatización del muelle de Caldera.
El Sindicato de trabajadores marítimos, ferroviarios y de muelles, que avaló la modernización de Puerto Caldera, hace cinco años, denunció que el gobierno incumple los acuerdos contemplados en la carta de intensiones, aspecto que va en contra de los empleados y de la misma comunidad puntarenense.

Johnny Hernández Vega, secretario general del sindicato, aseguró que la organización laboral permitió la privatización del muelle a cambio de la aprobación de un régimen de prejubilación para aquellos que reunieran los requisitos, el derecho de la libre sindicalización de los trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y de otras empresas concesionarias de Caldera, la incorporación de maquinaria nueva, fiscalización de las tarifas, generación de empleos y la supervisión del instituto a las compañías concesionarias.

Según comentó Hernández, el sindicato ha enviado cartas de manera reiterada al gobierno y no había obtenido respuesta hace unos días atrás, cuando se le notificó que los recibirá el viceministro de la Presidencia, Francisco Marín, mañana, día en que también comparecerán ante la Comisión Investigadora de Concesiones del Estado, en la Asamblea Legislativa.

CADENA DE INCUMPLIMIENTOS.

“Lo único que pagaron fue lo de la indemnización y sobre la prejubilación, pero el mantenimiento de este último peligra por cuanto los trabajadores pasan al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte en el que se baja en un 40% su derecho a pensión. Esto no fue lo que se negoció en la carta de intensiones incumplida por su gobierno”, reafirmó Hernández.

Indicó que se presentó un anteproyecto para cubrir los ¢1.000 millones que cuesta la prejubilación y que de aprobarse la propuesta no afectará los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre los otros incumplimientos denunciados por el representante sindical es que supuestamente, si un empleado decide afiliarse a la organización es despedido, al mismo tiempo añadió que, presuntamente faltaría control y fiscalización del Incop sobre la Sociedad Portuaria Buenaventura en materia de subcontratación a empresas que incumplirían sus obligaciones laborales y sociales.

Añadió, además que “se debe investigar qué clase de maquinaria está operando hoy en día en Caldera, pues todavía se usa la que dejó el Incop, pues la que trajo la colombiana ya no sirve. La pantalla de atraque está en mal estado y no se vislumbra la construcción de los silos para los barcos graneleros”.

Además Hernández dijo que no se procedió a la generación de la fuente de empleo como lo anunció en su momento el gobierno y recalcó que el Incop no está haciendo las fiscalizaciones correspondientes para garantizar el respeto de los acuerdos alcanzados.

KRISSIA MORRIS GRAY

ANEP propone congreso penitenciario

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, ante la urgencia para que el personal penitenciario en sus tres sectores: administrativo, técnico-profesional y de seguridad participemos de manera directa en la sistematización, generación, conservación y transmisión del conocimiento, les hacemos llegar nuestra propuesta con la que estaríamos iniciando el camino de la reconstrucción del Sistema Penitenciario, según lo acordado con el señor Ministro París el pasado 11 de agosto.

El Sistema Penitenciario Costarricense (Programas de atención a las poblaciones adscritas) no puede continuar postergando el inicio de una reconstrucción que no se vislumbra sencilla, como no lo es nada que tenga que ver con nuestra Misión de Estado, como Sistema Penitenciario.

Nuestra Seccional, conformada por personal de vasta experiencia penitenciaria, una vez terminada la jornada de discusión el pasado 11 de agosto, se dedicó a buscar alianzas estratégicas para el logro del objetivo que inicialmente se había denominado Congreso y a la elaboración de acuerdo a un estudio de viabilidad, de cuál sería la mejor opción para arremeter en el menor corto tiempo y de manera planificada y participativa nuestra propuesta.

Estamos proponiendo un Encuentro Nacional; Construyendo la Innovación Penitenciaria por medio de la promoción de nuevas propuestas de organización y funcionamiento que transformen la cultura organizacional de la institución a partir de la potenciación de personal penitenciario.

NO es un diagnóstico, es un compromiso con las propuestas, la innovación y las buenas prácticas penitenciarias a partir de la gestión del conocimiento institucional y las buenas prácticas penitenciarias de otras regiones.

Análisis de objetivos.

El proyecto tiene como objetivo generar una transformación de la cultura organizacional de la D. G. A. S. por medio de la potencialización del personal penitenciario, con la finalidad de dar paso a la innovación y el mejoramiento de las formas de trabajo. La desagregación del objetivo de desarrollo en objetivos específicos se vincula a los ejes temáticos prioritarios a revisar, como fundamentación para la planificación estratégica.

La propuesta de Encuentro está conformada por:

1- Datos de presentación del Proyecto
2- Duración
3- Financiamiento
4- Descripción resumida del Proyecto
5- Contexto y Análisis de la situación
6- Lógica de Intervención
7- Matriz de Planificación
8- Programación y Plan de Ejecución
9- Estudio de viabilidad/sostenibilidad
10- Sinergias favorables entre los involucrados en relación al Sistema Institucional y Socioeconómico
11- Valoración Global del Proyecto
12- Nombre de la instancia Sindical que ha cumplimentado el Documento

Estúdienla y nos envían sus sugerencias, para incorporarlas.

Les adjuntamos nota enviada al Señor Hernando París, Ministro de Justicia y Paz.

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EL SISTEMA PENITENCIARIO NO PUEDE CONTINUAR ESPERANDO

18 de agosto de 2011
Señor
Hernando París Rodriguez
Ministro de Justicia y Paz

Estimado don Hernando:

Reciba de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, un cordial saludo.

Nos dirigimos a su persona con el propósito de solicitarle de manera especial, nos indique si se produce alguna variante en cuanto a las personas designadas por su persona como responsables de los acuerdos alcanzados el pasado 11 de agosto con nuestra Organización Sindical.

Lo anterior con base en el Comunicado enviado por su persona en donde hace referencia a cambio de labores de Jerarcas Institucionales.

Nuestra Seccional, se abocó de manera inmediata el pasado 11 de agosto, a la organización de las tareas con las que nos comprometimos, conocedores/as de la urgencia de reconstrucción del Sistema Penitenciario Costarricense y sobre todo de los programas de salud ocupacional ante el trabajo de más alto riesgo según la O. M. S.

Hemos recibido múltiples mensajes por diversas vías, de satisfacción por los acuerdos llegados el 11 de agosto, no obstante el día de hoy y luego de su comunicado nos han hecho preguntas que hacen referencia a serias e importantes dudas y desconfianza acerca de la efectividad de los cambios realizados en la mejora de nuestra Institución.

Vamos a analizar con profundidad los alcances de su comunicado, no obstante esperamos que los mismos no impliquen retardo en los compromisos adquiridos por la Administración con el personal penitenciario.

Le adjuntamos nuestra propuesta denominada ENCUENTRO NACIONAL: CONSTRUCCIÓN DE LA INNOVACIÓN PENITENCIARIA. Se la estamos reenviando a todo el personal con el fin de que realicen los aportes que consideren, para que al momento del encuentro con las personas designadas por la Administración podamos contar con ambos productos como mínimo.

Solicitamos, muy respetuosamente,nos indique la o las fechas en que nos estaríamos reuniendo con las personas designadas para trabajar en los acuerdos: Reforma, Encuentro y Convención.

Seccional ANEP Sistema Penitenciario Nacional
Por Justicia y Paz

ANEP propone «Código de Ética para la Policía Profesional de Migración»

Licenciada
Katia Rodríguez Araica
Director General
Migración y Extranjería

Estimada señora:

De acuerdo en reunión en días pasados de la Seccional con su persona, uno de los puntos que se habló fue la confección de un Manual de Ética para la Policía Profesional de Migración y el cual ya fue elaborado y hacemos entrega para su revisión, criterio y recomendaciones del mismo. Tomando en cuenta el punto No.7 del Acuerdo Presidencial que dice “Los sindicatos de policías, en aras de salvaguardar la seguridad nacionalidad, unirá esfuerzos con el Gobierno para sanear cualquier acto de corrupción policial en el desempeño de sus funciones”.

Atentamente,

Atentamente,

Seccional ANEP-MIGRACIÓN

Cristina Fernández Borge
Presidenta

María Eugenia Martínez Vargas
Vice-presidenta

Lorena Fernández Álvarez
Secretaria- organización

Gerardo Mora Ordóñez
Secretario-Sindical

Paolo Cascante Marín
Secretario

Juan Carlos Siles
Vocal I

Karla Quesada Rodríguez
Vocal II

Lady Arguedas
Vocal III

Cc: Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de Anep.
Archivo
CC.PROMOTOR

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DIGO DE ÉTICA DE LA POLICIA PROFESIONAL DE MIGRACION

FUNDAMENTACIÓN
Aprobado en sesión de Junta Directiva
DIA de MES del 2011

1. El Código de Ética busca dotar a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración de un conjunto ordenado de reglas que orienten su comportamiento ético, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como privadas.

La sociedad espera de los Oficiales un comportamiento de excelencia en todos los ámbitos de su vida. Por lo tanto, es posible exigirles altos estándares de buena conducta con la finalidad de que contribuyan a crear, mantener y acrecentar la confianza ciudadana en los Oficiales.

2. Las normas contenidas en el Código son de naturaleza ética. En tal sentido, sus prescripciones y acciones de corrección son independientes de las medidas disciplinarias y de cualquier sanción legal.
La norma ética, en la Policía Profesional de Migración, sólo tiene legitimidad en la medida en que constituye un medio de autorregulación creado y hecho suyo –como pauta de conducta ‐ por los propios Oficiales, sus autores y destinatarios.

3. En concordancia con lo anterior, el Código tiene su vocación preventiva y de auxilio frente a los dilemas éticos que a menudo se plantean a los Oficiales tanto en el desempeño de las funciones como en el desarrollo de sus actividades privadas.
Las normas éticas, no sancionadoras o punitivas, son pautas que orientan a los Oficiales, servidores y colaboradores de la justicia ‐ respecto de hechos que pueden ser objeto de reproche moral permitiendo, inclusive, la consulta preventiva en condiciones de reserva a un Comité de Ética de la Institución.

4. Se consagran como los valores mas elevados del modelo de conducta de los Oficiales – tanto en la esfera individual como institucional ‐ los de independencia, imparcialidad, integridad y transparencia. Los Oficiales deben contribuir, decididamente, a su establecimiento y conservación.

5. Ninguna norma de conducta que se proponga podrá sustituir la calidad humana del Oficial quien, con el ejemplo de su diaria labor y el reconocimiento de la sociedad a la que sirve, realiza el valor de la justicia.

6. El Código de Ética de los Oficiales de la Policía Profesional de Migración es un instrumento que posee un valor trascendental, ya que promueve pautas de conducta ejemplar que contribuyen tanto a combatir la corrupción como a prestar un eficiente servicio de justicia.

Propósito

Artículo 1
El propósito de este Código es servir de guía ética para mejorar el servicio de Justicia. Su finalidad es asistir a los jueces ante las dificultades de índole ética y profesional que enfrentan, y ayudar a las personas a comprender mejor el Rol que corresponde a la judicatura.

Artículo 2
El oficial debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas.

La práctica transparente de estos valores contribuirá a la conservación y fortalecimiento de un Poder Judicial autónomo e independiente y se constituirá en garantía del Estado de Derecho y de la justicia en nuestra sociedad.

Artículo 3
El Oficial debe actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire confianza pública en el Poder Judicial.
El Oficial debe evitar la incorrección, exteriorizando probidad en todos sus actos. En la vida social, el Oficial debe comportarse con dignidad, moderación y sensibilidad respecto a los hechos de interés general. En el desempeño de sus funciones, el Oficial debe inspirarse en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, integridad y decencia.

Artículo 4
El Oficial debe encarnar y preservar la independencia policial en todos sus actos, tanto individuales como institucionales. La práctica de este valor, además, tiene por finalidad fortalecer la imagen de autonomía e independencia propia del Poder Judicial.

El Oficial ejercerá sus funciones libre de interferencias y rechazará con firmeza cualquier intento de influencia jerárquica, política, social, económica o de amistad, de grupos de presión o de cualquier otra índole; asimismo, no adoptará sus decisiones por influencia del clamor público, temor a la crítica, consideraciones de popularidad, notoriedad o por motivaciones impropias o inadecuadas.

El Oficial no debe realizar actividades ni aceptar encargos públicos o privados que obstaculicen el pleno y correcto desenvolvimiento de su función jurisdiccional; tampoco los que, por la naturaleza, la fuente o la modalidad del cometido puedan, de alguna manera condicionar su independencia. Sin embargo, el Oficial puede participar en actividades extrapoliciales relacionadas con el que hacer policial y la mejora de los procedimientos migratorios.

Artículo 5
El Oficial debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso de su Adopción. Su imparcialidad fortalece la imagen de la Policía Profesional de Migración. El Oficial debe respetar la dignidad de toda persona otorgándole un trato adecuado, sin discriminación por motivos de raza, sexo, origen, cultura, condición o de cualquier otra índole. En el ejercicio de sus funciones, el Oficial debe superar los prejuicios que puedan incidir de modo negativo sobre su comprensión y valoración de los hechos así como en su interpretación y aplicación de las normas.

El Oficial no debe no debe valerse del cargo para promover o defender intereses particulares, ni transmitir, ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciarlo.
El oficial debe gobernar sus asuntos personales y económicos, de modo tal que las ocasiones en las cuales le sea necesario inhibirse, en las causas a su cargo, tengan carácter excepcional.

Artículo 6
El Oficial debe evitar ser miembro o participar en grupos, organizaciones o encuentros de carácter político que pudieran afectar su imparcialidad en asuntos de carácter jurisdiccional. En particular el oficial no debe:
(i) Ser miembro de un partido político o participar de la recolección de Fondos partidarios.
(ii) Asistir a reuniones políticas y a eventos de recolección de fondos para fines políticos.
(iii) Contribuir con partidos políticos o campañas políticas.
(iv) Pronunciar discursos o hacer declaraciones o actuar en respaldo de una organización política o candidato, o manifestar públicamente adhesión u oposición a un candidato a un cargo público.
(v) Tomar parte en discusiones de orden político‐partidario.

Artículo 7
Los deberes policiales del Oficial tienen precedencia sobre toda otra actividad.

El Oficial debe ser diligente y laborioso. También debe actualizar y profundizar permanentemente sus conocimientos.

En el ejercicio de sus funciones, el Oficial ‐ consciente del servicio que brinda a la colectividad ‐ debe atender las actividades propias del cargo, evitando dilaciones injustificadas y/o molestias inútiles a los usuarios y a sus abogados.

El Oficial debe desempeñar su rol con pleno respeto a los demás; en tal sentido, actúa reconociendo la dignidad de los protagonistas del proceso y buscando desempeñarse con el máximo cuidado para lograr una decisión justa.

El Oficial debe comportarse siempre con reserva y prudencia, garantizando el Secreto de las deliberaciones Policiales y Administrativo, así como el ordenado y mesurado desenvolvimiento del proceso.

Al redactar la fundamentación de las resoluciones, el oficial debe emplear un Lenguaje claro, coherente y ordenado. Al exponer las razones de la decisión ‐ evaluando adecuadamente los hechos y los argumentos presentados por las partes ‐ debe respetar los principios que gobiernan el proceso.

Al fundamentar las resoluciones y durante la realización de las audiencias, el Oficial debe evitar pronunciarse sobre hechos ajenos a la causa y emitir juicios de valor sobre la capacidad profesional o la conducta de otros Oficiales, defensores, partes del proceso y los auxiliares de justicia; salvo, en los casos permitidos por la ley.

El oficial debe cuidar que los medios, las dotaciones y los recursos del despacho policial sean empleados en razón de su objetivo institucional, evitando cualquier forma de dispendio o utilización indebida.

Artículo 8
El oficial debe actuar con responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, las cuales son de interés público.

Cuando no está sujeto al secreto o reserva de la información que conoce, por razón de su cargo, el oficial puede, a su libre criterio, proporcionar todas aquellas sobre la actividad policial, para un adecuado conocimiento de ella por la colectividad. Realiza ello en salvaguarda de la imagen de la policía, a través de una oficina especializada de la Institución, cuidando de no adelantar criterio u opinión sobre el fondo de las cuestiones jurisdiccionales a su cargo.

El Oficial debe ser prudente en la utilización de los medios de comunicación y no usarlos para agraviar a otros Oficiales, órganos de Gobierno, otras dependencias policiales o a terceros.

Artículo 9
El oficial debe comportarse con el decoro y respetabilidad que corresponden a su alta investidura. En particular, el oficial debe evitar:
(i) Aceptar invitaciones de personas que tienen intereses creados respecto de alguna decisión a su cargo; y tampoco de abogados que ejercen en asuntos bajo su jurisdicción.
(ii) Concurrir a lugares de dudosa reputación.
(iii) Ingerir sin moderación bebidas alcohólicas.
(iv) Aceptar directa o indirectamente dádivas o beneficios económicos provenientes de personas o abogados que puedan ser afectados por alguna decisión jurisdiccional a su cargo.
(v) Consumir sustancias estupefacientes.

Artículo 10
El oficial debe ser transparente en lo relativo a su patrimonio, informando regularmente sobre sus bienes e ingresos, según nuestra Legislación vigente

Artículo 11
El Comité de Ética Policial es integrado por cinco miembros que ejercen sus funciones por un periodo de dos años. Lo integran:
(I) Un representante de la Dirección General, quien lo presidirá.
(II) Cuatro miembros representantes, distribuidos de la siguiente manera: Por la Jefatura de la Policía Profesional de Migración, un representante sindical, uno del Departamento Legal, uno de la Gestión de Recursos Humanos. Para ser elegido miembro del Comité de Ética Policial se requiere tener experiencia policial y gozar de una reputación intachable.

Artículo 12
Corresponde al Comité de Ética Policial:
(i) Difundir y promover el presente Código.
(ii) Absolver las consultas que le formulen los Oficiales y representantes legales sobre la interpretación y aplicación de las reglas de este Código. Las consultas y las respuestas del Comité podrán ser orales o escritas, y tendrán carácter reservado, salvo que el interesado admita o solicite su divulgación. No obstante, el Comité podrá difundir en términos generales los lineamientos interpretativos que elabore en cumplimiento de sus funciones.
(iii) Procesar las observaciones a la conducta de un Oficial, presentadas por los usuarios del servicio Policial. Su actuación ‐ que deberá ser reservada conforme al reglamento que expida el mismo Comité y que en todo caso asegurará el respeto de los principios del debido proceso ‐ podrá culminar con la desestimación de la observación o con su acogimiento.
En este último caso, el Comité podrá, según la gravedad del acto observado:
a) Recomendar en privado las pautas de conducta a seguir.
b) Llamar la atención, en privado o en público, según las circunstancias, sin perjuicio de hacer las recomendaciones pertinentes.
(iv) Las respuestas a las consultas y decisiones del Comité de Ética Judicial no son vinculadas y son independientes de la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier sanción legal.
Si la gravedad del acto observado trasciende el mero reproche ético y, a juicio del Comité, existen elementos de responsabilidad disciplinaria, remitirá lo investigado al órgano de control.
El Comité de Ética Policial también podrá actuar de oficio.

Artículo 13
Las actividades de apoyo y auxilio Policial se inspiran en los mismos valores y principios que se exigen a todos los funcionarios públicos. Por lo tanto, las reglas de este Código son aplicables, en lo que resulte pertinente, a los auxiliares y demás trabajadores de la DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

Publicado en «LA GACETA», del ——- de —— de 2011

«El policía no recibe vacuna contra la corrupción»

Excelentísima
Paola Hernández
Sección de Opinión de Diario Extra.

Los policías no reciben vacuna contra la corrupción, aunque nada justifica la corrupción los policías siguen siendo seres humanos comunes y mas bien están cada día mas vulnerables, así lo hemos denunciado mediante diferentes medios y formas, las condiciones de endeudamiento, los problemas de liquides de desintegración familiar, los niveles de estrés y otras situaciones como la limitación de recursos, los niveles de impunidad a favor de la delincuencia son ingredientes que potencian la corrupción en las policías.

Pero además debemos considerar que los niveles de control no son favorables y en muchos casos igual empoderan la comisión de actos contrarios de la función por una razón, la administración desestímula la denuncia y sin denuncia la corrupción sencillamente se dispara en sus anchas, resulta que cuando un funcionario quiere denunciar casos de corrupción de toda índole desde faltas leves hasta graves y de persecución penal “el sistema” se revierte y la persona denunciante se ve amenazada por los corruptos “que idean los mecanismos como sacar su problema” del camino, como decimos aquí la “cuadran” y estos en algunos casos cuentan con el favor de alguno que otro superior que lejos de iniciar o solicitar una investigación protege o entorpece la misma y en este sentido a los hechos me remito.

En una ocasión un director me encerró en una oficina con tres de sus hombres de confianza a los cuales denuncie ante la sección de asuntos internos, molesto por mi denuncia y hoy le pregunto se acuerda señor? Luego el tiempo me dio la razón y hoy cinco años después me la vuelve a dar para verdades el tiempo!!

Luego otro al que le informe de una situación irregular de un grupo de “compañeros” al cual se le mostró el expediente realizo maniobras que se podrían considerar como de entorpecimiento de la investigación o al menos la afectaba.

Es mejor un policía menos que un mal Policía

Por esto si algo se debe rescatar de todo esto es que de esta manera talvez no solo se detenga a quienes mediante las investigaciones se les vincule con actos delictivos y que definitivamente por ser policías se les podría considerar enemigos o traidores de la patria es el hecho de que la administración se dé cuenta al más alto nivel de que es momento de actuar y de proponer los cambios que la ciudadanía y la institución necesitan. Y que mejor la calidad que la cantidad.

Señores y señoras de modo muy respetuoso les pido no generalizar porque les aseguro que somos la mayoría los funcionarios que queremos brindarle servicio de calidad en apego de los niveles de integridad que deben prevalecer en la función policial. Aquí hay buenos lideres gente preparada y de altos valores éticos y usted debe diferenciarlos en su comunidad en su lugar de residencia participando en los programas, conociendo el accionar de cada uno usted no solo sabrá en quien confiar, también podrá denunciar nuevamente me remito a los hechos; en un bello distrito de la zona Sur, Palmar Norte de Osa la comunidad fue testigo de los resultados obtenidos del trabajo en equipo entre comunidad y fuerza pública, pero además fueron testigos la dificultad de generar cambios en malas prácticas que datan de muchos años, usted puede colaborar con la institución y con su comunidad denunciando en la instancia judicial a quien cometa actos delictivos portando el uniforme de autoridad deshonrando la función digna y abnegada de la mayoría de policías.

Mainor Anchia Angulo
Seccional Anep-Fuerza Pública
Cedula 6-236-798
manchia71 @ gmail. com

Muertes en cirugía cardíaca enfrentan a médicos del HNN

ANEP denunció esta situación hace algunas semanas
Hospital Nacional de Niños, ¿Decesos infantiles que no debieron ocurrir?
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Las cifras de mortalidad por cirugía cardíaca en el Hospital Nacional de Niños (HNN) enfrentan a las autoridades de ese centro y a los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos, al punto que la Defensoría de los Habitantes y el Inciensa, del Ministerio de Salud, ya investigan el tema.

Las discrepancias datan del 2005 y surgieron, paradójicamente, por algo en lo que todos están de acuerdo: las cifras de mortalidad por cirugía cardíaca (CC) infantil en Costa Rica son “insatisfactorias” –según el HNN– e “inaceptables” –dicen los médicos intensivistas del mismo hospital–.

La principal crítica de los últimos es que la mortalidad general por CC en niños es superior a las de otras naciones, incluso tomando en cuenta cifras más antiguas que las del HNN.

De ese modo, mientras que aquí en el último año hubo un 15,4% de mortalidad por CC, la cifra es el doble de la que presentaron Uruguay (7% para el período 2003-2006) y Colombia (7,7% en el 2003).

En el 2009, la mortalidad tica por CC fue del 16,7%, mientras que en el 2008 fue del 9,4%. De acuerdo con los intensivistas, la mortalidad media mundial por CC no supera el 4%.

Nuestro país también sale mal parado en comparación con Guatemala, que entre 1997 y 2004 tuvo un 10,7% de mortalidad por CC.

Los datos son más desalentadores si se comparan las defunciones según la complejidad de la intervención.

Por otra parte, y aunque los datos no son comparables, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tiene estimaciones sobre mortalidad con base en los casos que atienden –ven el 64% de todas las cirugías al corazón–.

Según esa óptica, los intensivistas señalan que en el 2009 fallecieron en sus salas el 20,7% de los casos vistos, mientras que en el 2010 fue el 25,7%.

Precisamente, hace dos meses La Nación había informado de que la mortalidad general por CC en el Hospital de Niños para el 2009 fue del 31%, según se consignó en un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La cifra real para ese año fue 16,7%, aclaró el HNN.

No obstante, si las defunciones son analizadas según la intervención quirúrgica, la mortalidad sube considerablemente. A manera de ejemplo, para un procedimiento de corrección de la tetralogía de Fallot, uno de los padecimientos cardíacos más comunes en los niños ticos, la mortalidad para el 2009 fue del 33,3% que supera en casi diez veces la mortalidad esperada (3,6%), según indicadores de calidad europeos.

La Defensoría de los Habitantes y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) iniciaron indagaciones para determinar las cifras de mortalidad por CC. De hecho, el Inciensa ya cuenta con un informe preliminar , pero los datos están siendo analizados para su oficialización.

Criterios.

Aristides Baltodano, intensivista del HNN, comentó que la alta mortalidad por CC también la confirman dos informes de médicos extranjeros que visitaron el país en el 2006 y 2009.

Uno de los documentos es el informe del Grupo Dallas, en el cual se menciona que la mortalidad está vinculada a fallas en la técnica quirúrgica.

Rodolfo Hernández, director del HNN, aseguró que han atendido las quejas de los intensivistas.

Sobre las recomendaciones de los extranjeros, entre ellas traer un cirujano experimentado a incorporarse, de forma temporal, en el equipo, Hernández estimó que esa solución sería solo un “parche”.

El director destacó la reciente creación de la Unidad de Cirugía Cardíaca, con su propio intensivista, y capacitaciones puntuales a su personal como una forma de mejorar los resultados del programa quirúrgico.

Notas Relacionadas – Resultados ticos están lejos de los europeos – Rodolfo Hernández: ‘Eventualmente todos nos morimos’ – Intensivistas critican cirugías desde el 2005 Inciensa elabora informe sobre muertes tras operación cardíaca – ‘Caso Bristol’: la mortalidad en manos de tres médicos

Fuente: La Nación S.A.

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«Le tomo la palabra, doña Laura»

Bien, por doña Laura. Los días que corren, erizados de amenazas y crisis, son tiempos que exigen liderazgos de altura; desprendidos, generosos, magnánimos. Es la única forma de enfrentar los desafíos que se nos presentan y hacerlo de forma que se restablezcan la equidad y la justicia y que la democracia se amplíe y perfeccione. De otra forma, no solo se sufrirán los impactos inhumanos de la crisis, sino que estos sacrificarán la democracia en la misma medida en que descarguen su golpe sobre quienes son más pobres y débiles.

Así las cosas, no queda sino tomarle la palabra a la señora Presidenta. La Caja es, muy probablemente, el tema principal en la actualidad de Costa Rica, en el tanto se trata de la institución central –sin duda la más importante- dentro de nuestro sistema de seguridad social. Es, por antonomasia, “el” tema-país.

De ahí, estas modestísimas y muy respetuosas sugerencias que le formulo a doña Laura, las cuales se inspiran íntegramente en su proclama del problema de la Caja como un tema país. No dudo que es honesta y sincera la posición expresada por la señora Presidenta, de forma que asumo que no tendrá inconveniente en impulsar reformas que rompan con la lógica político-partidaria desde la cual se ha manejado tradicionalmente esta institución, con resultados tan obviamente perniciosos.

Aquí mis humildes propuestas:

1) Despolitización de la Caja. Por la enorme significación e impacto social, cultural y económico que deriva de las funciones y responsabilidades que competen a esta institución, su funcionamiento debe responder a una planificación de mediano y largo plazo, con arreglo a intereses nacionales superiores e independiente de los vaivenes asociados a los énfasis e intereses característicos de cada período gubernamental de cuatro años. Deben, por lo tanto, modificarse las leyes de forma que:

  • a. desaparezca la figura de la presidencia ejecutiva;
  • b. la junta directiva sea elegida por períodos distintos de los gubernamentales y con base en criterios estrictos que garanticen independencia respecto de estrechos intereses político-electorales, económicos o gremiales, y de forma que se equilibren la representación de la ciudadanía –en particular de la población usuaria y cotizante- y la idoneidad técnica y profesional;
  • c. los cuadros gerenciales deben ser elegidos con base en rigurosos procesos de selección que garanticen la mayor solvencia profesional y ética;

2) Rendición de cuentas y control ciudadano. La normativa debe ser modificada a fin de propiciar la mayor transparencia en la gestión de la Caja, así como la vigencia de procesos amplios y rigurosos de rendición de cuentas y un control ciudadano eficaz y permanente. Aparte la función específica que la ley asigna a la Controlaría General de la República, me parece que deben fortalecerse mecanismos de supervisión directa por parte de la ciudadanía y, en particular, por parte de la población usuaria. Es esta una forma de ampliar y profundizar la democracia y de devolver a la ciudadanía el control de aquellas instituciones clave que constituyen nuestro Estado social de derecho. Si se trata de rehabilitar la democracia y restablecer la confianza, ese es del tipo de medidas que, con valentía y decisión, deberían ser impulsadas. Al respecto, sugiero dos posibles mecanismos de control:

a. La formación de una comisión permanente de notables –personas totalmente independientes, de gran solvencia técnica, profesional y ética- quienes realizarán una evaluación periódica –digamos cada dos años- del funcionamiento y calidad de los servicios de la Caja, al modo de una auditoría ciudadana que ausculta el funcionamiento de conjunto de la institución. Esta sería la Comisión Auditora Nacional. Sugiero que esta comisión podría estar formada por cinco personas, nombradas a partir de ternas propuestas por los consejos universitarios de las universidades públicas. Sobre esa base se realizaría la elección de los cinco integrantes, la cual correría por cuenta de la Defensoría de los Habitantes. A su vez, esta sería responsable de darle seguimiento al funcionamiento de la comisión. Desde luego, tal Comisión tendría acceso a toda la información relevante que requiera.

b. Crear por ley la figura de las “comisiones auditoras ciudadanas”, las cuales se constituirían por parte de las personas usuarias en todos los hospitales, clínicias, EBAIS y dispensarios de la Caja, y que tendrían atribuciones tales como: solicitar información en relación con cualquier asunto que sea del interés de las personas usuarias; plantear denuncias, quejas y solicitudes de corrección o enmienda ante los órganos, funcionarios o instancias que corresponda; realizar denuncias públicas, etc.

Aquí dejo estas modestas sugerencias. Quizá tengan sentido y sean viables; quizá no. En todo caso, estoy convencido que si nuestro pueblo asume con plena conciencia un rol ciudadano activo y beligerante, de ahí saldrán magníficas propuestas que le permitirán a doña Laura dar cumplimiento exitoso a su propuesta de hacer de la Caja un “tema país”.

*especial para ARGENPRESS.info