Categoría: Incidencia

En la Costa Rica de hoy es usual escuchar hablar de campañas sobre “_rescate_” de valores sin embargo resulta verdaderamente una travesía casi impensable si partimos del hecho que lo primero que se debería rescatar es la constitución de la familia.

Nuestra constitución establece la familia como la base fundamental de la sociedad, en el seno de la familia se infunden los valores que luego se heredan de una generación a otra.

Lamentable e inmensamente doloroso decir, imposible rescatar algo que no ¡¡existe!! Se puede rescatar a una persona que se halle secuestrada, rescataron a los mineros en chile, pero ¿los valores se podrán rescatar? Si partimos de la teoría de que estos se forman en el seno del hogar y se dispersan en la convivencia, no tenemos mucho que rescatar por cuanto desde hace mucho las familias se volvieron disfuncionales, sin diálogos, con poco contacto entre las partes, el aumento en la cantidad de separaciones, divorcios con números alarmantes y como consecuencia rebeldía en jóvenes carentes de valores, con algunas muy contadas excepciones.

Ahora bien, podríamos revisar si estos sufrieron modificaciones por la influencia de otras culturas y en definitiva la perdida de la propia identidad del ser costarricense, existen varios factores detonantes de la decadencia de valores que hoy nos tienen movidos a lo que llaman el rescate de los mismos mediante promoción de actividades como juegos tradicionales y esto me lleva a reflexionar en cómo lograr que hoy un niño o adolescente que tiene una serie de opciones electrónicas como videojuegos, computadoras con Internet, celulares y otras opciones se interese en juegos tradicionales.

Además, se deben señalar algunas de nuestras “_mutilantes_” leyes que se convirtieron en un efecto anti valores, posiblemente la intención fue buena al procurar disminuir o erradicar los malos tratos hacia la persona menor, pero como suele suceder en nuestro medio se paso de un extremo a otro.

Si bien se dieron en nuestra época algunos abusos y malos tratos que de alguna manera debieron modificarse, hoy en día los padres difícilmente pueden corregir a sus hijos que llegan a media noche, que fuman a temprana edad e inclusive ingieren licor u otro tipo de drogas, porque termina este denunciándole ante el Pani e inclusive en algún Juzgado de Familia. Literalmente la figura de autoridad de los padres y madres se rompió al igual que la herencia de valores.

Los Valores en Seguridad Publica y que Podemos Hacer

Al hablar de Valores no podemos dejar de lado las constantes muestras de antivalores que tenemos cada vez más frecuentes en donde figuran personalidades Políticas, Funcionarios de poderes de la República y de casi todas las instituciones públicas vinculados en casos de corrupción entre estas la Fuerza Pública.

En Seguridad Publica, la mayoría de sus miembros forman hogares disfuncionales, evidentemente no estamos ajenos de esta situación, aunque aquí se cuenta con personal de diferentes generaciones, se podría trabajar en inculcar y reforzar valores doctrinarios en los jóvenes de nuevo ingreso y respaldar las acciones de los de más experiencia quienes promueven una cultura inspirada en estos, favorecer las relaciones en los hogares de los miembros de la Fuerza Pública, sé debe buscar un punto de equilibrio.

Finalizo mi comentario honrando a la mujer que marco mi vida, mi madre, ella que me enseño a enfrentar las cosas con valor, a pedir disculpas cuando debiera hacerlo y mantenerme incólume en mis convicciones e ideales, ella me dijo una vez “_Jamás vendas tu dignidad por una taza de comida_” esta frase la recuerdo cada vez que alguien ha intentado sobornar mis actuaciones e inclusive me dijo “_mejor morir como valiente que vivir como cobarde_” esta la aplico cuando con artimañas intentaron aplacar el ímpetu la mística y el deseo de servir, “_El verdadero valor de un hombre consiste en tener dominio de sí mismo_” por eso digo los valores son una herencia.

Mainor Anchia Angulo
Oficial de Policía
Directivo Nacional de Anep

por César López Dávila

Los peatones se les atraviesan, los carros a menudo se les tiran encima, buses y furgones los rayan sin piedad, y hasta el invierno se les abalanza en busca de empaparlos a su antojo. Es por eso que en las tardes de lluvia se les puede ver bajo los puentes; poniéndose encima capas, bolsas o cuanto plástico encuentren, para evitar que algún resfrío les impida probar suerte en su trajín, por ganarse el sustento de sus familias. Y es que ¡ni el clima!… A quien va en moto, nadie le respeta.

Sí, peatones, carros y furgones irrespetan a quien va en moto, ahora imagínese quienes nos gobiernan. Este año no bastó el invierno, ni la brutal desigualdad social, ni el empleo informal o el aumento del costo de la vida. Por si todo esto fuera poco, a quienes tienen una moto para ganarse la vida, les recetaron un encarecido aumento en el pago del marchamo.

Para una gran mayoría de costarricenses, motociclistas incluidos, así es la Costa Rica del nuevo Estadio Nacional: marchamos cada vez más gordos, ingresos cada vez más flacos, empleos cada vez más informales, multas del primer mundo, calles del tercer mundo con huecos traga carros, y gobernantes que se para el sol a verles.

Irrespetados, asoleados o empapados, ayunos de políticas sociales y cansados de gobiernos que se alejan del bien común; pero, además de las anteriores, una característica más comparten estas y estos motorizados: se dieron cuenta que en tanto ciudadanos, también pueden ser pueblo organizado.

Entonces los teléfonos que normalmente contestan, estos en su mayoría mensajeros, para envíos y otros mandados, está vez sonaron para organizarse en busca de dar un claro mensaje a ciertos jerarcas que no se mojan cuando llueve. Concentrados frente al INS, miles con sus motos, dijeron tras sus cascos “_los humildes somos más_”, negándose así a pagar lo que a todas luces es un abuso.

“_Lo del marchamo es excesivo_”, decían miles frente al INS. Pero… ¿qué es eso del marchamo? Desde hace más de 80 años, mientras el negocio de los seguros en todo el mundo, funcionaba buscando el lucro en vez de la solidaridad, nuestro país supo en 1924 iniciar un estilo en materia de seguros, donde el interés social pesó más que el interés de lucro empresarial.

Así, para evitar que las empresas privadas de seguros se hicieran millonarias con asegurar sólo las actividades más rentables y menos riesgosas (los buenos negocios); nuestro país creó por ese entonces la figura de los seguros solidarios, dirigidos a asegurar las actividades más riesgosas y menos lucrativas.

De esta manera, el monopolio de seguros en mano del Estado permitió en el pasado que en nuestro país, las ganancias de los seguros más lucrativos, se usaran para hacer un contrapeso que equilibrara el financiamiento de los seguros que aunque menos rentables, son sin duda de mayor utilización social.

Se creó así un sistema solidario que mediante tal compensación, hasta hace poco permitió que no subieran sentidamente los montos de los seguros sociales más usados por la mayoría de las personas, propiciando una actividad que sin tal patrocinio del Estado, difícilmente cubriría (con tarifas al costo) a la población.

Se crearon así los seguros sociales sobre los que descansa parte importante de nuestra Sistema de Seguridad Social, llamados Seguros de Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio de Automóviles (marchamo); este último de importante sentido solidario al buscar cubrir con atención médica a toda víctima de accidentes de tránsito. Pero el martes anterior, mientras miles de motociclistas se quejaban por lo elevado del monto del marchamo, el jefe de Seguros Solidarios del INS, afirmaba a la prensa que “_de ninguna manera era posible bajar el monto del seguro a motociclistas, porque no habría un equilibrio entre el costo del seguro y la atención de los accidentados_” (Diario Extra 23/11/2011, pag4).

Pero, ¿qué hace este año distinto?, ¿por qué este año es necesario cobrarle a las y los motociclistas un marchamo manos arriba para buscar un equilibrio que años anteriores se ha logrado sin aumentos inmerecidos? “_La crisis_” (dirán algunos), sin saber que a inicios de 1982, en medio de una de las crisis más duras que a nivel nacional y mundial afectaba la calidad de vida de miles trabajadoras y trabajadores, el entonces gobierno de don Rodrigo Carazo Odio, hizo una reforma que profundizó el seguro solidario de Riesgos del Trabajo, haciéndolo universal y obligatorio, en procura de garantizar ante la crisis, una mayor política social orientada a lograr mejores niveles de calidad de vida para las trabajadores y para los trabajadores.

¡No! … La verdadera diferencia de este año en el marchamo, es que como requisito para aprobar el TLC en octubre del 2007, se modificó la histórica Ley Reguladora del Mercado de Seguros, en beneficio de transnacionales privadas movidas por intereses comerciales y no sociales. Éstas, a raíz de lo anterior, poco a poco han venido en busca de los seguros más rentables, antes sólo en manos del INS y con cuyas ganancias, ésta institución pública equilibrara vía subsidio los seguros sociales (manteniendo así sus tarifas solidarias). El resultado de lo anterior, usted ya lo sabe: así mientras unos hacen clavos de oro, a los motorizados se les encarece la tarifa del marchamo, buscando otras maneras menos solidarias de recuperar el equilibrio perdido.

Quienes con sus motos ejercen el constitucional derecho a disentir, además de su bolsillo, defienden un pilar clave de la seguridad social, saliendo al paso de quienes (además de más impuestos), posiblemente se encuentren valorando, la posibilidad de contemplar incluir un rubro de utilidad empresarial, en las tarifas al costo de los seguros solidarios.

Por eso, cuando la próxima semana, vea a una o un motociclista protestando por el costo del marchamo, levante usted también sus manos por todo lo alto, y déle un aplauso patrio. Después de todo, se trata de construir una Costa Rica inclusiva, solidaria y de justicia social; construir no para unos pocos, sino una en donde, de verdad, quepamos todas y todos.

1- Renta sobre salarios superiores a ¢4.000.000 (20%)

El nuevo escalón del impuesto de renta (20%) sobre los salarios superiores a los ¢4.000.000, podría presentar problemas para la Administración Tributaria, si ésta no ejerce una debida supervisión, pues las empresas de acuerdo con sus altos ejecutivos fijarían un salario en planilla y la diferencia se lo pagan por aparte bajo algún concepto contable, evitando así el pago del impuesto de renta al salario.

2- Renta para personas físicas con actividades lucrativas.

Estamos de acuerdo en que se eliminen los tramos exentos del impuesto de renta para las personas físicas con actividad lucrativa (abogados, ingenieros, médicos, contadores, pequeña empresa a nivel personal etc.), sin embargo, consideramos que durante los dos primeros años de actividad comercial y/o industrial, se les exonere del pago de impuesto de renta a las micro y pequeñas empresas, con el propósito de que puedan consolidar sus actividades y afianzarse en el mercado en el cual se desenvuelven, la condición que las clasifique como tales, deberá ser establecida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o entidades afines.

3- Impuesto sobre remesas al exterior (15%).

No estamos de acuerdo en que se aplique la misma tarifa a todas las actividades, pues se deben de tomar en cuenta las características de los diferentes contribuyentes. Consideramos que debido a ciertas consideraciones de carácter técnico este apartado debe estudiarse con mayor profundidad y requiere de una mayor discusión en especial lo referente a los espectáculos de artistas y eventos deportivos internacionales.

4- Ganancias de capital.

Estamos de acuerdo en que se graven las ganancias de capital que se originan en las ventas de propiedades, también consideramos que cuando se dan ventas millonarias de bancos y otras transacciones financieras al Estado debería tocarle una parte de estas operaciones por impuestos.

5- Renta Mundial.

Notamos que los Servicios Profesionales que se generan en el extranjero ya sea por Asesorías, Conferencias no están gravados, también deberían gravarse los ingresos de deportistas y artistas nacionales que viven en otros países, pero tienen negocios e intereses económicos en Costa Rica, además, de que dichas personas al cabo de los años regresan al país a vivir en forma definitiva. No le vemos mucha viabilidad para determinar y cobrar este impuesto, por la inexperiencia en la gestión de este tributo por parte de las autoridades fiscales, lo cual incluso lo manifestó el Sr. Ministro de Hacienda en declaraciones a la prensa, cuando dijo que ni siquiera en los Estados Unidos tenían plena capacidad para cobrar este impuesto.

6- Impuesto a Cooperativas y Solidaristas.

Consideramos que las grandes cooperativas agro- industriales deben pagar impuesto de renta, haciendo los cambios en la normativa tributaria, por ejemplo, creemos que grupos empresariales como La DOS PINOS, COOPECORONADO, COOPESA, COOPE MONTECILLOS y otras que operan en el mercado.

7- Zonas Francas.

Consideramos que por cuestiones éticas y morales no se les debe dar la facultad o potestad a las municipalidades para que cobren el impuesto de bienes inmuebles con criterio discrecional a las empresas establecidas bajo el Régimen de Zonas Francas, pues este cobro por parte de los Consejos Municipales, podría prestarse para tráfico de influencias y corrupción, además , de que dejaría en desventaja a los cantones que no cuentan con la posibilidad de que se establezcan en sus territorios este tipo de empresas, al carecer de condiciones y servicios públicos adecuados.

8- Canasta Básica.

Producto 191 : No se debe incluir la matrícula preescolar, escolar y colegio público, por cuanto la educación en esos niveles está garantizada constitucionalmente por el Estado y se establece como gratuita y obligatoria, por lo tanto no se debe mencionar como exonerada del impuesto de ventas.

9- Precios de Transferencia.

En ocasiones las empresas hacen distintas maniobras económicas, como por ejemplo, realizan exportaciones para transferir capital a otros países, las cuales constituyen operaciones financieras ilegales, por lo que consideramos que se debe aumentar el personal operativo de las Administraciones Tributarias (auditores, abogados, contadores) y capacitarlos intensivamente en el tema de los Precios de Transferencia.
También se da el hecho de que las empresas se dividen en varias sociedades para quebrar la renta y pagar menos impuestos, por lo que la Administración Tributaria debe proponer los cambios necesarios en la normativa tributaria para evitar este tipo de casos y ejercer un mayor control en las empresas para que no asuman estas formas jurídicas inapropiadas.

10- Traspaso de Bienes Inmuebles.

Estamos de acuerdo

11- Impuesto al Valor Agregado.

Se dice que el 70% de la meta de recaudación del gobierno con esta propuesta, proviene del aumento del impuesto al valor agregado a un 14%, lo cual consideramos que es inaceptable por cuanto forma parte de la estructura impositiva regresiva que impera en el país, ya que proporcionalmente hablando, pagan más los que ganan menos, pues la tarifa del impuesto se cobra igual a todos los sectores económicos del país.

Este aumento del impuesto al valor agregado va a encarecer muchos productos y servicios que son consumidos por las clases medias y bajas de este país, lo cual provocará un mayor costo de la vida vía inflación y que disminuya el poder adquisitivo de sus ya devaluados salarios, empobreciendo aún más los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. Por lo anterior creemos que el impuesto al valor agregado debe mantenerse en un 13%.

12- Impuesto de un 2% sobre la Salud y Educación Privadas.

Consideramos que en el caso de la educación privada el impuesto del 2% debe establecerse para mensualidades por encima de los ¢150.000 y en el caso de la salud privada, no debe fijarse el impuesto para la consulta, prevención y tratamiento de las enfermedades comunes que padecen los costarricenses (diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, riñones, hígado, colon, etc.), sino que por el contrario este impuesto debe gravar la consulta, prevención y tratamiento de temas de la salud que se refieran a cosas estéticas, como por ejemplo, (liposucciones, afinamiento de nariz, orejas, ojos, arrugas, etc.).

Consideraciones Finales.

El gobierno manifiesta su gran preocupación por la magnitud del déficit fiscal y espera con este proyecto aumentar la recaudación entre un 2 y un 2.5% con respecto al PIB, sin embargo, no toca el tema de las exoneraciones fiscales, donde existen 188 regímenes de exoneraciones y que representaron en el 2010 casi los 100.000 millones de colones.

Con el pacto fiscal del PAC – PLN se intenta que a partir del 2015 las empresas ubicadas en Zonas Francas paguen el 15% sobre la distribución de dividendos y el impuesto sobre bienes inmuebles cuando las municipalidades así lo consideren, sin embargo, los grandes intereses económicos que rodean y que hay detrás de estas empresas, está provocando una gran presión respaldada entre otros por La Nación, el ex presidente Oscar Arias, el defensor a ultranza del TLC con los Estados Unidos el Sr. Alberto Trejos y otros influyentes políticos, con el fin de que estas empresas no participen solidariamente con el pago de impuestos.

La política de subsidios será revisada por una comisión técnica bajo el criterio de que “nadie cobrará“ un incentivo fiscal “que no necesita“, anunciaron los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Amado Boudou, en rueda de prensa.

Además se anunció que el metro de Buenos Aires se traspasará a la Alcaldía de la capital argentina, en manos del conservador Mauricio Macri, con lo cual el Estado dejará de pagar subsidios por unos 700 millones de pesos anuales (unos $164 millones) a la empresa concesionaria del servicio.

Los ministros dieron a entender que habrá una reducción del gasto en subsidios, que una amplia gama de sectores recibe por un promedio de unos 28.000 millones de pesos (unos $6.700 millones) anuales, pero remarcaron que esto no tendrá impacto social ni supondrá abandonar la intervención del Estado en la economía.

Boudou señaló que habrá una “completa revisión“ a tono con “el contexto internacional de alta volatilidad“ de los mercados de capitales y los males económicos que se padecen en Estados Unidos y la Unión Europea.

“Los subsidios van a seguir siendo una de las herramientas clave, sobre todo para profundizar la industrialización, la oferta de empleos y la competitividad“ exportadora de Argentina, afirmó.

De Vido anunció que se ahorrarán unos 600 millones de pesos (unos $140,5 millones) anuales, al eliminarse subsidios al consumo de electricidad, gas y agua potable que beneficiaban a compañías de seguros, bancos, petroleras, mineras, empresas de telefonía móvil, concesionarias casinos, puertos y aeropuertos.

Dijo que habrá una “revisión permanente“ de los subsidios que mantienen bajas las tarifas del transporte, energía, agua potable y otros servicios públicos, además de los que benefician a ciertas industrias y el sector agropecuario.

“Cada quince días“ habrá “novedades que anunciar“ sobre ajustes a la política de subsidios, indicó luego de insistir en que “no hay ninguna razón“ por la que la retirada de incentivos desemboque en alzas en las tarifas de servicios públicos o combustibles, apuntó el ministro de Planificación.

Buenos Aires/EFE

Perú: TdP-Movistar: ¡si no pagan, NO LES PAGUE!

Si TdP-Movistar no paga sus impuestos, que son dinero del pueblo peruano, tampoco los usuarios debían honrar ninguna obligación con esta empresa réproba.

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
26-10-2011

Ya es de público conocimiento que TdP, ahora Movistar, debe una inmensa cantidad a la Sunat y que estaría haciendo argucias, aquí y acullá, para no honrar la obligación empequeñecida por extraña finta judicial. Entonces el pueblo tiene derecho a insurgir en defensa de sus derechos, los impuestos –los que paga y los que en su nombre recauda el ente acreditado-, y por tanto aplicar la misma medicina: ¿por causa de qué pagar a TdP-Movistar por sus no tan eficientes servicios: teléfono domiciliario, celular, cable y demás conceptos? No sólo en Perú estos ibéricos han tenido –y aún poseen- cientos o miles de casos de esta oprobiosa naturaleza.

El usuario individual en países como Perú, Argentina, Chile, Argentina o Brasil ha sido pasto de las expoliaciones genuinas emprendidas por TdP-Movistar, también empresas han colapsado por la simple razón que los españoles ¡no honraron! los pagos a que estaban obligados y caminaron por la vía judicial para hacer ¡perro muerto! (peruanismo que denota la estafa) y quebrar de hecho y de derecho al resto. Hay casos oprobiosos aún en proceso (léase: Caso con Telefónica-Movistar: ¡3475 días sin justicia! AQUI)

Sin jingoísmos o xenofobias de ninguna clase no hay justificación alguna a esa insolente letanía que los españoles de TdP-Movistar recitan: “_tenemos muchos felipillos aquí_”. Y claro está que se refieren a los rábulas que venden sus conciencias como empleados dóciles o funcionales o que son abogángsteres, esos que padecen hipertrofia crematofílica, y que enjuician a medio mundo por ¡quítame estas pajas! y arruinan a sus víctimas.

Acaso pudiéramos recordar a los ibéricos que ellos llegaron aquí como parte del cártel de la conquista y sus embajadores fueron el porquerizo de Trujillo de Extremadura, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y ¡cuándo no! un cura: Hernando de Luque, asociando a la Iglesia Católica a una crudelísima acción y coloniaje violento y letal. Tal parece que las prácticas delincuenciales se transmiten genéticamente y como las pirámides se ríen del tiempo y la ética a través de los siglos.

Hay expresiones constructivas y protestantes de al menos dos parlamentarios sobre el delicado tema TdP-Movistar: Yonhy Lescano y Jaime Delgado. ¿Qué espera el Poder Legislativo para asumir la acción digna única a que está obligado? Es hora que el Congreso renuncie a la vulgaridad de hechos palurdos en que se distrae, para atender los grandes temas de la agenda nacional. ¿O creen sus integrantes que el desprecio que les otorga el pueblo es gratuito y sin justificación?

Años atrás a Pedro Flecha y al que esto escribe se nos ocurrió una idea, cuasi un disparate de gimnasia humorística: si Tdp-Movistar cotiza en las principales bolsas del mundo, entonces había que demandarla ¡precisamente! por la comisión de actos ¡prohibidos e ilegales! en dichas fuentes financieras, prácticas delincuenciales, que aquí sí cometían a diestra y siniestra. Tal parece que no fue tan desencaminada la idea porque recibimos, en 1998, el interés manifiesto de estudios norteamericanos que pedían para iniciar cualquier proceso ¡decenas de miles de dólares! No está demás revivir el asunto y bajo la premisa: ¿pueden empresas multinacionales ser ladronas eximias en algunos países con autoridades concesivas o atrabiliarias cuanto que antipatrióticas, y en otros, donde mueven acciones y ganan mucho dinero, no?

La coyuntura es magnífica. El gobierno del presidente Humala, en ejercicio libérrimo, digno y justo, debiera instruir a las dependencias adecuadas a que constriñan a TdP-Movistar a pagar sus impuestos y con eso adquirirían libertad para entrar en licitación y en competencia con otras empresas por una nueva concesión de telefonía. No puede haber ministro, funcionarios o pillos que so pretexto de esta conciliación, regalen –como lo hizo el delincuente Alberto Fujimori- un negocio multimillonario a los ibéricos. De ganarla, tendrán que hacerlo de buena e impoluta manera.

El pueblo tiene derecho a insurgir y a manifestar su descontento. Reitero la sentencia:

TdP-Movistar: ¡si no pagan, NO LES PAGUE! ¿Qué, van a enjuiciar a 20 millones de usuarios?

No descartemos que cualquier abogángster, sobre todo esos ex procuradores, vampiros halitosos cuya única exhibición o brillo corresponde a sus carísimas 4 × 4, pretenda hacernos otro juicio penal, esta vez de la mano de otro patrón. ¡Bah! No es inusual querer exterminar al chasqui que sólo es correo y portaestandarte de la protesta social en el país.

¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

por José María Villalta
Frente Amplio

Por las redes sociales circulan escritos sin firma que califican de “_errores_” las denuncias ampliamente fundamentadas que la fracción del Frente Amplio ha formulado en el sentido de que las reformas del IVA, contenidas en el plan fiscal del PLN y el PAC, constituyen un verdadero “_garrotazo_” para la gran mayoría de la población, y afectarán negativamente a sectores sociales vulnerables e instituciones públicas estratégicas para el país.

Llama poderosamente la atención el parecido de lo que circula en internet, con los discursos que el jefe de fracción del PLN ha estado realizando en el Plenario legislativo para tratar de defender la reforma fiscal. Parece ser que ambos textos han tenido un mismo redactor.

Si bien el panfleto mencionado hace una lectura superficial e incompleta de nuestras denuncias, y en la mayoría de los casos ni siquiera fundamenta sus afirmaciones, por respeto a las lectoras y lectores, de seguido procedo a dar respuesta a cada una de ellas.

Eliminación de exoneraciones a instituciones públicas. IVA sí las afectará. Dicen los defensores del proyecto que las instituciones públicas no se verán afectadas debido al principio de inmunidad fiscal del Estado. Lo que ignoran, probablemente a propósito, es que el proyecto de ley deroga las normas que consagran este principio (artículo 2 inciso l) y 6) de la Ley 7293) y, en materia de exoneraciones, rige el principio de legalidad (las exoneraciones tienen que estar consignadas expresamente en la ley). Además, también ignoran que la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales y los criterios de la Procuraduría han establecido que este principio tiene límites y no cobija por igual a todos los entes públicos.

En el mejor de los casos, la “_inmunidad fiscal_” frente al IVA podría alegarse para el Estado porque este es el que cobra el impuesto, pero no así para otras instituciones públicas que sí quedarían gravadas por el impuesto si se deroga la exención que la ley expresamente les concedió. Son innumerables los casos en los que la Procuraduría ha tenido por derogadas exenciones a favor de instituciones autónomas y otros entes públicos precisamente porque la Asamblea Legislativa aprobó derogatorias generales como las contenidas en la reforma fiscal. Veamos:

– En el dictamen C-260-2000 la Procuraduría concluyó que el Colegio Universitario de Cartago sí tenía que pagar impuestos de los que no está expresamente exonerado por ley especial.

“_Si bien es cierto que el principio de inmunidad fiscal del Poder Público implica la no sujeción del Estado a los impuestos creados por él mismo (…) consideramos que entratándose (sic) de los colegios universitarios –como el ente consultante- a los que el legislador ha dispuesto expresamente otorgarles personalidad jurídica y patrimonio propios, reconociéndoles una eventual capacidad contributiva, el citado principio de inmunidad no los alcanza a efecto de tenerlos genéricamente por no sujetos a los impuestos, tasas o contribuciones creados por el Estado_”.

– Este criterio concuerda con la sentencia N° 12-94 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 11:00 horas del 25 de marzo de 1994, que los defensores de la reforma fiscal citan de forma descontextualizada. Esta resolución habla de la inmunidad fiscal del Estado. Pero, convenientemente, se les olvidó citar la parte donde la Sala habla de las limitaciones de dicho principio:

“_Para que opere la inmunidad fiscal –por confusión- la identidad subjetiva debe ser plena. Si el tributo es estatal es el mismo Estado el sujeto pasivo de la relación. No podría operar la confusión si el sujeto activo del tributo es un ente menor (…)_”.

– Por eso, es necesario que las instituciones públicas estén expresamente exoneradas en la ley. Así lo dijo también la Procuraduría para el Instituto Nacional de Aprendizaje en el dictamen C-436-2008 donde concluyó que el INA sí está sujeto al pago de impuestos de los que no está exonerado expresamente por ley, y que las exoneraciones del Instituto pueden ser derogadas por una ley posterior.

– O, en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, a través del dictamen C-109-2006, en el cual concluyó que el ICE mantiene sus exoneraciones gracias a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7293 (que la reforma fiscal pretende derogar), pero que sí tiene que pagar impuestos por otros tributos no cubiertos por esta ley. Lo mismo ocurre con el Consejo Nacional de la Producción en caso de los impuestos a la importación (Ver OJ-036-2002).

Así las cosas, si fuera cierto que la inmunidad fiscal cubre a todos los entes públicos, estas instituciones no habrían tenido que pagar impuestos en los casos señalados, en los que precisamente les aplicaron derogatorias generales de exenciones como la impulsada por el PLN y el PAC. Por el contrario, la aplicación de una derogatoria general de todas las exoneraciones, a sabiendas de que hay instituciones públicas que resultarán lesionadas, muestra como mínimo una forma descuidada e irresponsable de legislar.

Ocurre lo mismo en el caso de las Juntas de Educación. En un principio se les consideraba órganos del Ministerio de Educación y, por tanto, se les consideraba exoneradas de todo tributo. Pero, después del criterio de la Procuraduría, esto cambió y se les calificó como “_entes descentralizados del Estado_”. Al no haber una exoneración expresa en la ley, la Procuraduría concluyó que sí tenían que pagar impuestos:

“_Debe advertirse que al variarse la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación, se produce en cambio de importancia en cuanto al origen del régimen exonerativo; por cuanto a tenor del dictamen C-128-92 al haberse calificado a las Juntas de Educación como órganos del Ministerio de Educación, éstas resultaban exentas en virtud del principio de inmunidad fiscal del Estado (…), en tanto, al ser calificadas como entes descentralizados y haberse reconsiderado el dictamen de referencia, las exenciones a favor de las Juntas de Educación derivan, en virtud del principio de legalidad, de leyes concretas que le otorguen beneficios fiscales_” (Dictamen 170-2005).

Por eso fue que la Asamblea Legislativa tuvo que aprobar la Ley 8788 de 2009, para exonerar expresamente a las juntas de educación. Si la “_inmunidad fiscal_” las cobijara, como dicen, esta ley no habría sido necesaria. Sin embargo, como hemos denunciado, la reforma fiscal también deroga esta reciente legislación. Dicen defender a la educación pero guardan silencio ante esta realidad. ¿Error o mala fe?

Grave daño a las Universidades Públicas. Hemos denunciado que este mismo problema se presenta con las universidades públicas. Hoy, el artículo 6 de la Ley 7293, las exonera. Sin embargo, la reforma fiscal deroga este artículo, lo que las obligaría a pagar impuestos por los bienes y servicios que compren. Prueba de esto es que hay varios dictámenes de la Procuraduría que concluyen que la Universidad Nacional está obligada a pagar aquellos impuestos de los que no está expresamente exonerada (C-332-2002, C-116-2003 y C-127-2003) Sorprende que los asesores de la reforma fiscal los ignoren. ¿Error?

Ante la imposibilidad de negar esta realidad, los defensores del proyecto nos dan un argumento de antología: “_las universidades no serán afectadas pues el Convenio de Financiamiento del FEES en sus artículos 6 y 8 de establece que los posibles efectos de leyes nuevas tengan sobre los presupuesto de la universidades del Estado serán compensadas en el presupuesto que se les asigna_.” ¿Cómo que no se verán afectadas? Si las universidades se ven forzadas a recurrir a los artículos 6 y 8 del Convenio FEES es precisamente porque hay una afectación ocasionada por la aprobación apresurada e irresponsable de este proyecto de ley. De lo contrario no tendría sentido hablar de compensación. ¡Si hay que compensarlas es porque se produjo un daño!

Llama la atención la ligereza con que los defensores de la reforma fiscal asumen y minimizan el impacto negativo para las universidades de ponerlas a pagar IVA por la compra de bienes y servicios. Como gran solución las mandan a pelear con el Ministerio de Hacienda por una compensación. ¡Qué irresponsabilidad!

Desconocen por completo el principio consagrado en el artículo 85 de la Constitución Política, que establece que no se podrán suprimir las rentas que favorecen a las universidades sin crear, simultáneamente, otras que las sustituyan. El plan fiscal no puede eliminar las exoneraciones a su favor si al mismo tiempo no les garantiza otra renta igual o menor. Pero esto es lo que hacen. En vez de arreglar el error ¡las mandan a pedir una compensación! ¿A quién defienden los que redactaron esta barbaridad? nos preguntamos nosotros.

La afectación a los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas: una realidad. Dicen que estos servicios esenciales para la población no se verán afectados porque no se puede quitar “_una exoneración que está en la Constitución_” (sic). Como en la Constitución no hay artículo alguno que diga que los usuarios de estos servicios no pagarán impuesto de ventas, suponemos que se refieren a la famosa “_inmunidad fiscal_” del Estado. El problema es que dicho principio aplica para el Estado y, en este caso, lo que hemos denunciado es que le van a cargar 14% de IVA, no al Estado, sino a todas las personas que utilizan este servicio. Son las y los ciudadanos que contratan estos servicios quienes tendrán que pagarlo más caro, justo cuando tenemos un grave problema ambiental por la contaminación de las aguas. En síntesis, no entienden cómo funciona el IVA. Si así negociaron el resto del proyecto….

El arte, la cultura, las producciones artísticas, literarias, educativas y científicas no quedan protegidas. Sí serán afectadas. El panfleto divulgado por los defensores de la reforma fiscal, se limita a decir que estos bienes meritorios no serían gravados. Pero no da razones. No explica por qué. Hemos denunciado que la reforma fiscal estaría derogando la Ley 7874 de 1999 que exoneró los libros y todas las demás producciones culturales, artísticas, educativas científicas y culturales, lo que representa una protección mucho más amplia, pues incluye otros materiales escritos como revistas y publicaciones en general, así como material didáctico y producciones realizadas utilizando nuevas tecnologías. Por el contrario, el plan fiscal únicamente mantiene la exoneración para los libros, dejando gravadas con 14% del IVA aquellas producciones que no sean libros, lo que evidentemente implica una desprotección del derecho de nuestro pueblo de acceso a la cultura. Esta grave denuncia sigue sin ser refutada.

Además, la legislación vigente también exonera todos los insumos y la maquinaria necesarios para editar libros (Ley 7874, artículo 2), así como los servicios de las editoriales públicas (Ley 6826, artículo 1). Estas exoneraciones también son eliminadas, mientras los responsables guardan silencio.

El daño a los pequeños agricultores y las familias campesinas. A falta de argumentos, mejor distraer la atención. Eso hacen los defensores de la reforma fiscal cuando se limitan a repetir que los insumos agropecuarios están exonerados. Nunca hemos negado que se mantiene la exoneración para la compra de insumos. Lo que hemos denunciado es que le están poniendo impuestos a TODOS los servicios que utilizan las familias campesinas y los pequeños productores agroecuarios para producir (transporte de productos, arrendamiento de fincas, seguro de cosechas, asistencia técnica, capacitación, servicios veterinarios, almacenamiento y enfriamiento, etc.) Todos estos servicios tendrán que pagar 14% de IVA porque el plan fiscal exonera la venta de insumos PERO NO LOS SERVICIOS.

Más grave aún, en este caso, la pequeña agricultura que produce para el mercado interno no tendrá la posibilidad de utilizar un crédito fiscal. A diferencia de la ley vigente, el artículo 14E del proyecto dice que solo tienen este derecho los servicios utilizados en “_operaciones sujetas y no exentas del impuesto_”. Pero como la mayoría de los productos agropecuarios están en la canasta básica (la actual y la del proyecto) los agricultores y las agricultoras que producen para vender en Costa Rica no podrán usar el crédito fiscal. Sufrirán directamente el aumento en sus costos de producción.

Muy distinto es el trato que le da el proyecto respaldado por el PAC a quienes, en el agro, producen para la exportación. Estas personas sí tienen derecho a usar el crédito fiscal (artículo 14E, párrafo tercero). Es decir, que el plan fiscal pone un nuevo incentivo para abandonar la agricultura para el consumo interno. ¡Gran incentivo para la soberanía alimentaria!

Impuestos al seguro de riesgos del trabajo. En este caso, al menos los defensores del proyecto reconocen que quieren ponerle 14% al seguro social de riesgos del trabajo. Quedamos notificados. Acto seguido intentan minimizar las consecuencias negativas de esta decisión, argumentando que los patronos podrán tramitar créditos fiscales. Pero no refutan el problema de fondo que hemos denunciado: gravar con impuestos este seguro social incrementará innecesariamente su costo, incentivando aún más la morosidad patronal en perjuicio de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que sufren accidentes. Se trata de un seguro obligatorio de carácter social que debe prestarse sin fines de lucro y operar al costo. No tiene por qué pagar impuestos.

De hecho, la reforma fiscal también afectará otros seguros obligatorios como el seguro de automóviles, en cuyo caso lo pagarán no solo los patronos, sino todas las familias que tienen vehículos.

Los bienes y servicios requeridos para proteger el ambiente se encarecerán. Una vez más, a falta de argumentos, los defensores de la reforma fiscal tratan de desviar la atención de nuestras denuncias. Cuando hablamos de bienes y servicios ambientales nos referimos a todos aquellos bienes y servicios necesarios para reducir y mitigar la contaminación, ahorrar energía, proteger el ambiente, no a los programas estatales de pago de servicios ambientales. Se dedican a hablar de estos últimos para no tener que referirse al fondo de nuestra denuncia: están derogando legislación recientemente aprobada para incentivar el desarrollo de fuentes alternativas de energía (Ley 8829 de 2010) o para facilitar el acceso a sistemas de tratamiento de aguas y bienes que ayuden a reducir la contaminación del recurso hídrico (Ley 8932 de 2011) y además le están poniendo impuestos a todos aquellos servicios relacionados con el ambiente como el tratamiento de aguas, el alcantarillado sanitario, entre muchos otros. Ninguna de estas denuncias ha sido refutada. Por el contrario, el silencio de los responsables las confirman. Hablan de participación ciudadana, pero corrieron a aprobar una vía rápida que excluye a la gente. Hablan de defender el ambiente, pero le ponen impuestos a los bienes necesarios para ello.

La reforma fiscal sí debilita la protección del derecho a la salud. Hemos denunciado que la reforma fiscal, está reduciendo las exoneraciones que hoy existen en relación con la protección de la salud. Se mantiene la exención para las medicinas, pero le ponen impuestos al equipo médico, las camas de hospital y otros bienes relacionados con la salud. Además, hemos dicho que la reforma fiscal deroga la norma del artículo 4 de la Ley 7293, que también exonera todos aquellos insumos y la maquinaria requeridos para fabricar medicinas. Niegan esto, pero no dan justificaciones. No citan artículo alguno para sustentarse. Así las cosas, al eliminarse esta exención, se está afectando a la industria nacional dedicada a la fabricación de medicamentos, pues como el bien final está exento, tampoco tendrán derecho de recuperar, vía crédito fiscal, lo pagado por el IVA a los insumos (artículos 14 E). De esta forma, se incrementan sus costos de producción y se desincentiva esta actividad estratégica para el país.

En el caso de los bienes y servicios que compra la Caja Costarricense del Seguro Social también están eliminando una exoneración expresa contenida en la Ley 7293, artículo 4. Es cierto que hay un criterio de la Procuraduría, del 2000, que interpretó que esta exención está cubierta por el artículo 73 de la Constitución, pero dicha interpretación ni siquiera ha sido confirmada por la Sala Constitucional y podría variar en cualquier momento, como suele ocurrir con los criterios de la Procuraduría. Así las cosas, no nos explicamos cómo los promotores de la reforma fiscal prefieren derogar una norma legal que establece una exoneración expresa a favor de la CCSS, para sustituirla por una interpretación de la Procuraduría de incierto futuro. ¿No era que defendían la seguridad social?

La canasta básica. El frío no está en las cobijas. Repitiendo las intervenciones del jefe de Fracción del PLN, los defensores de la reforma fiscal afirman que el plan fiscal es necesario para eliminar artículos de lujo como el rissotto y la langosta, de la canasta básica. FALSO. Mentira más grande no hemos escuchado. Para corregir errores en la canasta básica no hace falta la reforma fiscal. Ni siquiera hace falta una ley. El Ministro de Hacienda podría excluir estos productos de forma inmediata mediante un simple decreto ejecutivo ¿Por qué no lo hace? Por el contrario, en la definición de la canasta básica contenida en el proyecto se siguen cometiendo los mismos errores que en la actual. No se contempla una protección integral para todos aquellos productos requeridos para una alimentación nutritiva y saludable. Por si fuera poco, los defensores de la reforma votaron en contra de nuestra propuesta para crear una canasta de bienes de lujo que pagaran un impuesto más alto. ¿Entonces?

Golpe a las asociaciones de desarrollo comunal. Durante más de 40 años estuvieron exoneradas del pago de impuesto de ventas por los bienes que compran para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Dinadeco (Ley 3859). Un criterio reciente de la Procuraduría ha interpretado que esa exención se encuentra tácitamente derogada. El Plan Fiscal pretende consolidar la eliminación de dicha exoneración mediante la derogatoria definitiva de la norma contenida en la Ley de Dinadeco. No tiene sentido alguno gravar a las asociaciones de desarrollo con 14% del IVA. Estas entidades operan sin fines de lucro y cumplen una función social promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades. En la gran mayoría de los casos se financian con fondos públicos. En vez de corregir esta injusta situación, los defensores del proyecto se contentan con consolidarla.

Finalmente, los defensores de la reforma tratan de apoyarse en un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, para afirmar que, supuestamente, el proyecto protege una canasta básica amplia de bienes y servicios que consumen los grupos de menores ingresos. Pero lo que no dicen es que ese mismo estudio concluyó, al referirse al IVA, que la reforma profundizará la desigualdad porque: “_Al ser regresivo, estaría aumentando la desigualdad…_” y agrega “_…el IVA deteriora la distribución del ingreso en cerca de 4 décimas del uno por ciento del coeficiente Gini_”.

De modo que el costo político que pagarán quienes están impulsando de manera tan irresponsable y superficial este proyecto de reforma fiscal, de seguro será directamente proporcional al desengaño que sufrirá la población cuando sus consecuencias se desplieguen en todos sus alcances y dimensiones.