Categoría: Incidencia

San José, Costa Rica, 18,19 Y 20 de septiembre de 2010

Nosotras y nosotros, participantes del III Encuentro Centroamericano de la Diversidad Sexual, manifestamos:

1. Desde la Alianza Centroamericana, apoyamos en todos sus efectos los proyectos de uniones civiles y de sociedades de convivencia u otros presentados por los grupos LGTBI de la región, y los países que así lo decidan; especialmente los proyectos presentados por la comunidad LGTBI Costarricense.

2. Fortalecer la Alianza Centroamericana de Diversidad Sexual, construyendo puentes de inclusión para la participación de otros grupos y organizaciones, que aun no son parte de nuestra alianza.

3. Contribuir al fortalecimiento entre los grupos y organizaciones nuevas y ya existentes para manejar una estrategia política común y colectivizada, respecto a las demandas de la comunidad LGTBI y las temáticas que nos afectan, desde las distintas identidades de la diversidad sexual.

4. Propiciar la construcción de diálogos y consensos que ayuden a fortalecer procesos a nivel local y regional, respecto a las demandas de la comunidad LGTBI.

5. Difundir los logros de los grupos que conforman la Alianza Centroamericana, en los diferentes espacios a los que pertenezcan las organizaciones integrantes.

6. Las compañeras lesbianas y las mujeres trans, externamos preocupaciones y sugerencias en torno a abrir más la agenda y los ejes temáticos planteados por la organización del VIII ELFLAC-2010, a realizarse en Ciudad Guatemala, la mayoría de las compañeras presentes en este evento, solicita la inclusión de las mujeres trans lesbianas feministas y mujeres bisexuales.

7. Reafirmando la declaración del II Encuentro Centroamericano de la Diversidad Sexual, realizado en Managua-2009; donde se condenó al Estado de Honduras, por las múltiples violaciones a los DDHH de la comunidad LGTTBI; se ratifica esa condena, ya que, persisten estas violaciones y el nuevo gobierno no ha puesto un alto a ninguna de las manifestaciones homo-lesbo.bi-transfobicos y femicidios, siendo este participe del continuismo del golpe de estado.

8. Hacemos un llamado a los gobiernos locales de los países participantes en este encuentro a generar efectivamente espacios libres de homo-lesbo-bi-transfobia, de acuerdo con lo planteado por la UNESCO en la Coalición de Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas en contra de la discriminación, xenofobia y racismo.

Participantes procedentes de los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Argentina.

Gran triunfo se apuntaron el día 14 de setiembre las organizaciones ambientales que se enfrentan al Estado y a la minera Industrias Infinito en el Tribunal Contencioso Administrativo. Con un equipo jurídico de primera integrado por la abogada Gabriela Cuadrado de CEDARENA, en representación del demandante Jorge Lobo, y los abogados Edgardo Araya de UNOVIDA, y Bernal Gamboa de APREFLOFAS y con la presencia de Gino Biamonte Presidente de esta última agrupación; las organizaciones sociales se opusieron con maestría y profesionalismo a cada una de las argumentaciones esgrimidas por la Procuraduría General de la República, el SINAC y la empresa minera.

El resultado más importante de esta audiencia preliminar es que todos los intentos de Industrias Infinito por frenar el proceso fueron derrotados, de igual manera los alegatos de la Procuraduría y el SINAC de que ya había cosa juzgada material por haber sido resueltos los amparos por la Sala IV, fueron rechazados por el Tribunal Contencioso.

Otro elemento importante es que las partes demandantes están exigiendo como parte de las pruebas, que el Gobierno de la República entregue el informe y documentación precisa con la cual llegó a la conclusión de que en una eventual demanda internacional el Estado debía indemnizar a la minera con Us$1.700 millones.

La minera deberá esperar ahora que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, así como por la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.

Cabe mencionar que la Contraloría General de la República acaba de señalar la gran cantidad de inconsistencias, errores e irregularidades con que viene operando la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por lo que se espera un desenlace final favorable a la causa de los movimientos sociales y ambientales costarricenses.

Por su parte acaba de conocerse que la empresa Industrias Infinito invertirá siete millones de dólares (US$7.000.000) más en propaganda dirigida a centros de estudio, escuelas y colegios con el propósito de intentar quebrar la férrea oposición nacional a este nefasto proyecto minero. Ya no se conforman solo con distribuir propaganda en los casilleros de profesores y estudiantes universitarios, sino que además se disponen a invadir escuelas y colegios con la supuesta venia del Ministerio de Educación Pública.

Los movimientos sociales y ambientales opuestos a la minería de oro a cielo abierto hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantenga firme en su oposición a esta nefasta actividad y se sume activamente a las distintas acciones que se irán desarrollando hasta lograr que la la Presidenta Laura Chinchilla derogue el decreto de conveniencia nacional y cancele la concesión a Industrias Infinito; así como para que el Congreso apruebe la urgente reforma al Código de Minería y se prohíba de una vez por todas la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.

Fuente informativa: San José. FANCA

Compañeras y compañeros:

Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René cumplen doce años de injusto y cruel encierro en prisiones norteamericanas. Injusto, porque no cometieron delito alguno, no causaron daño a nadie y por el contrario sacrificaron los mejores años de su juventud para salvar a su pueblo evitando acciones criminales, luchando contra peligrosos bandidos y lo hicieron sin armas, sin emplear la fuerza ni la violencia. Cruel, porque el perverso castigo lo sufren lejos de su Patria y sus familias que enfrentan muchas limitaciones para visitarlos y en los casos de Gerardo y René son privados de reunirse con sus esposas.

Contra ellos fueron formuladas acusaciones completamente falsas, carentes de toda prueba o fundamento. Los sometieron a una sórdida farsa judicial en Miami, nido de terroristas que controlan esa ciudad, sus medios de prensa y gran parte de su actividad económica y política. Una ciudad que se hundió en desvergüenza, exactamente entonces, cuando una chusma arrogante secuestró a un niño de seis años, Elián González y pisoteó las leyes y provocó el caos para impedir la devolución a su padre del niño secuestrado.

Pretender que allí, en ese ambiente de odio y violencia contra Cuba podrían ser juzgados con imparcialidad cinco patriotas cubanos que hasta allá habían ido para luchar contra esa mafia, era un insulto al sentido común y a la decencia. Pero esa fue la terca demanda de Washington. Un Gobierno inmoral, que sabía lo que hacía, exigió que los Cinco fueran juzgados en Miami, en ninguna otra parte sino en Miami. En realidad se trataba de un gesto cínico que buscaba congraciarse con la turba delirante que asombró al mundo y había salido tan maltrecha moralmente del caso de Elián.

En el año 2005, en el único fallo justo de todo este litigio, el Panel de la Corte de Apelaciones, unánimemente, decidió anular todo el proceso y ordenar un nuevo juicio, porque con muy buenas razones, sólidamente argumentadas en un fallo histórico, demostró que el juicio había violado la Constitución norteamericana, precisamente, por haberse realizado en Miami.

En una acción sin precedentes el Gobierno presionó a la Corte de Apelaciones para que echara atrás la determinación de sus jueces.

Desde entonces la lucha legal ha continuado pero en condiciones muy difíciles y que reducen cada vez más las posibilidades de una solución por esa vía.

Les pido disculpas. No debo agobiarlos con explicaciones legales y ásperos tecnicismos.

Sólo quiero que ustedes se pregunten ¿por qué este caso tiene esa aparente dificultad?

La respuesta es muy simple: quienes se supone divulguen la información, en este caso se han dedicado a ocultarla.

Lo que hasta ahora he dicho son datos que debieron ocupar los primeros planos de la atención de los llamados medios de información. Pero no lo fueron. No lo son todavía, ahora, doce años después.

El juicio más prolongado de la historia de Estados Unidos no fue reflejado en los grandes medios; ni los testimonios que ante el tribunal ofrecieron generales, almirantes y asesores de la Casa Blanca; ni la confesión de sus fechorías que allí hicieron una larga fila de malhechores, algunos luciendo sus atuendos de guerra; ni la defensa ardorosa del terrorismo que, con total descaro, hizo la Fiscalía durante siete meses; ni su solicitud de que se impusiera a los acusados los peores castigos de cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión; ni su insistencia en que, además de las desmesuradas condenas, se tomaran medidas para impedir cualquier intento futuro que pudiera molestar a los grupos terroristas; ni la actitud de la Jueza que accedió a todas esas insólitas peticiones del Gobierno. Nada de eso fue noticia.

Se repetía la historia. Hace casi un siglo en un caso que aún se recuerda como flagrante injusticia dos inmigrantes italianos, Sacco y Vanzetti, fueron condenados y ejecutados arbitrariamente. Su inocencia, por cierto, fue reconocida no hace mucho cuando ya era demasiado tarde. Pero entonces, en aquellos tiempos lejanos, cuando aún era posible rescatar la justicia, un eminente jurista norteamericano trató de salvarlos. Su generoso afán se concentró en una frase: “Please, read the transcripts” (“Por favor, lean las actas”).

Porque quien hubiese leído los papeles de aquel proceso se habría dado cuenta de que Sacco y Vanzetti eran inocentes.

Ahora es igual. Todo consta por escrito. Quien quiera saber la verdad solo tiene que visitar el sitio oficial de la Corte del Distrito Sur de la Florida y buscar el caso “Estados Unidos contra Gerardo Hernández et al.” Quien lo haga se dará cuenta de que Gerardo y sus compañeros son inocentes, que nunca debieron ser detenidos, ni acusados, que jamás debieron ser encarcelados, que han sido y son víctimas de un descomunal atropello. Comprenderán además que la infamia ocurrió porque el Gobierno de Estados Unidos quiso proteger a los grupos terroristas anticubanos que engendró y cobija. Se escandalizarán al descubrir que ese Gobierno, en una palabra, es culpable de practicar el terrorismo.

Quien lo haga podrá leer que Washington admitió formalmente, por escrito, que no tenía pruebas para acusar a Gerardo del cargo más grave por el que sufre una doble condena a perpetuidad; podrá conocer que el pleno del Tribunal de Apelaciones reconoció que ninguno de los Cinco hizo nada que amenazara la seguridad de Estados Unidos, que ninguno hizo nada que se pareciera, ni de lejos, al espionaje.

Pero sucede que la gente, mucha gente, depende de los grandes medios de comunicación, la prensa escrita y la televisión, para supuestamente conocer lo que pasa en el mundo. Y esos medios están bajo el control del Imperio.

Debemos ser capaces de crear nuevas formas de comunicación para que la verdad llegue a todas y todos. Algunos subiendo a las crestas de los montes, otros con el poema, la pintura, la canción, todos valiéndonos de cuanto artilugio ofrecen las nuevas tecnologías.

Día y noche, sin tregua ni cansancio. No olvidar jamás que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René sacrificaron sus vidas por nosotros. Y que son ellos los que verdaderamente encabezan esta lucha por liberarlos.

Recientemente, cuando tuvo que acceder a algunas reducciones parciales de las sentencias que pesaban sobre Ramón, Antonio y Fernando, la Fiscalía reconoció que su propósito era tratar de contener el creciente movimiento que en todo el mundo exige la libertad de nuestros compañeros.

¿Qué mejor prueba de la necesidad de multiplicar, ampliar y profundizar las acciones solidarias?

Comprometámonos a hacerlo. Que se alce, incontenible, la solidaridad, que sean millones los que reclamen al Presidente Obama que haga lo que puede y tiene que hacer: ponerlos en libertad inmediatamente y sin condiciones. A todos y cada uno de ellos, a los Cinco, sin excluir a ninguno.

Muy pronto el Gobierno de Obama deberá pronunciarse respecto a la petición de habeas corpus a favor de Gerardo a quien no le queda ya otro recurso en el sistema norteamericano. Nuestro compañero está en esa situación como consecuencia de que la Corte Suprema se negó a revisar su caso como le habían solicitado que lo hiciera diez Premios Nobel, varios Parlamentos y centenares de parlamentarios, juristas y personalidades e instituciones religiosas y defensoras de los derechos humanos de todo el planeta en una acción cuya amplitud no tuvo precedente. Lamentablemente la Corte prefirió ignorar la opinión universal porque así se lo pidió la representante de la Administración. Exijámosle que no repitan semejante muestra de desprecio al mundo.

Compañeras y compañeros:

En el sitio digital del Tribunal miamense se describe con dos palabras el estado de Gerardo: “Caso cerrado”.

A nosotros nos toca abrirlo. Con la denuncia constante, con la movilización permanente, con nuestras voces a las que habrá que sumar muchas otras, hasta que él y sus cuatro hermanos regresen libres a la Patria y se unan a nosotros en un concierto perdurable.

Juremos no desmayar en esa lucha hasta la Victoria Siempre.

Juventud Rebelde
digital@ juventudrebelde. cu
11 de Septiembre del 2010 23:13:28 CDT

Autor: Oficina de Comunicación y Relaciones de la ILC

En el evento participaron representantes religiosos, líderes sociales y comunales quienes tuvieron la oportunidad de dialogar y hacer sus preguntas en relación a la función de la Iglesia en el tema del Medio Ambiente y Cambio Climático.

En su discurso el Arzobispo Anders nos comenta que ha sido un placer estar en Costa Rica y muy especialmente encontrarse con la Iglesia Luterana Costarricense con quienes ha existido una larga trayectoria de hermandad.

“_Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso de cooperación y el aprendizaje mutuo, mediante la firma de un convenio. Es interesante ver el ejemplo de la Iglesia Luterana Costarricense, que a pesar de ser una iglesia pequeña busca la forma de trabajar y seguir el mensaje cristiano en las comunidades de Costa Rica_” .enfatiza el Arzobispo Anders Wejryds

La Iglesia sueca ha venido reflexionando sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente en donde uno de los puntos fundamentales ha sido la idea de que los cristianos no estamos aislados de la sociedad, ni la naturaleza, sino que todos y todas somos parte y con nuestros conocimientos y experiencias podemos aportar mucho positivo a la vida.

El Obispo Melvin Jiménez de la Iglesia Luterana Costarricense destacó que verdaderamente fortalecemos nuestro compromiso y presencia en las comunidades marginadas, en donde a pesar de nuestros limitados recursos vamos a seguir acompañando procesos y esta relación con la Iglesia Sueca nos permitirá tener una voz de interlocución internacional que vendrá a fortalecer el diálogo, la hermandad y una gestión en pro del Medio Ambiente.

El Arzobispo Anders se refirió a que: “La creación es un proceso que aún continúa, que sigue vigente. Esta idea nos da una mejor perspectiva a la mayordomía de la naturaleza y nos hace concientes de que somos parte de ella y por consiguiente llevamos la responsabilidad de protegerla“.

Es posible tener una vida digna y de calidad sin tener que recargar la naturaleza, pero es de gran importancia para la iglesia participar en el debate público e incidir en las esferas sociales y políticas para lograr “_Otro Mundo es Posible_”.

Para la Iglesia Luterana el compromiso con el Medio Ambiente por supuesto incluye una espiritualidad, una dimensión teológica basada en el proyecto del Dios de la Vida, que nos instruye para generar acciones que permitan a la naturaleza recuperarse rápidamente a pesar de las presiones y tensiones que la sociedad causa. La tierra no es una mercancía, sino más bien un sujeto que responde de una manera eficiente y objetiva a los problemas de alimentación, recreación y salud.

Es por esta y muchas otras razones que la Iglesia Luterana Costarricense ha venido haciendo esfuerzos para incentivar a las comunidades a cuidar de su propio territorio y defender sus recursos naturales y contribuir a la conservación de la vida, las fuentes de agua de los suelos, la flora, la fauna y especialmente hábitos saludables de alimentación.

El Arzobispo Anders Wejryds se refirió a un gran desafió para la Iglesia es la recuperación de la cultura y el uso de la energía en una manera diferente, que permita el desarrollo de técnicas y procesos sustentables.

Un invitado a la conferencia expresó que: “ha sido muy importante haber participado en este diálogo, precisamente por tratarse del tema Cambio Climático. En nuestras iglesias, en su acción pastoral este tema no se ha considerado y para mi es la primera vez que una confesión religiosa trata este pastoralmente y yo felicito a la Iglesia Luterana.”

Fuente: ILCO

Hoy, 19 de setiembre de 2010, en horas de la mañana, luego de revisar su equipaje y pasar los controles respectivos, cuando ya se encontraba en la puerta 15 para aborar el avión que lo conduciría a San José, Costa Rica, el compañero Saúl Méndez fue retenido por agentes del Servicio Nacional de Migración quienes, sin comunicarle las causas, les informaron que no podía abandonar el país.

Saúl Méndez es el nuevo Secretario General del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), miembro de la Dirección Nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) en la supuesta mesa de diálogo sobre la Ley 30.

Luego de pasado un tiempo, los agentes comunicaron al compañero Saúl que los motivos para impedir su viaje se basaban en los expedientes amañados abiertos contra 17 dirigentes sindicales en momentos en que se dio las Masacre de Bocas del Toro y en el Artículo 11 de la repudiada Ley 30 o Chorizo, donde se establece que por “sospecha razonable” las autoridades pueden impedir las salida de cualquier ciudadano del país lo que es en si una flagrante violación a la libre circulación de los panameños y a las garantías ciudadanas.

El compañero Saúl debe viajar, junto a otros compañeros, para asistir a una importante reunión de la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM) que se celebrará en San José, Costa Rica a partir de mañana lunes 20 de septiembre.

En consultas realizadas por los abogados, estos han afirmado que la Fiscalía Auxiliar ha reiterado que ese despacho no ha ordenado ningún impedimento de salida para Saúl Méndez ni para ninguno de los involucrados dentro de los expedientes amañados. De hecho, ya varios compañeros han viajado antes sin restricción alguna.

Siendo así, todo indica que el único fundamento del Servicio Nacional de Migración adscrito al Ministerio de Segridad Pública que dirige uno de los casrniceros de la Masacre de Bocas del Toro, José Raúl Mulino, es el artívculo 11 de la Ley Chorizo.

La restriucción de salida del compañero Saúl, se da horas antes del juicio por el asesinato del obrero Luiyi Argüelles, hercho ocurrido el 16 de agosto de 2007 en Isla Viveros, el cual debe celebrarse a partir de mañanna lunes 20 de septiembre. Argüelles fue asesinado por el sargento de la Policía, Manuel Moreno.

Esta misma tarde de hoy domingo 19 de septiembre, a las 4:00 p.m., en el Aeropuerto de Tocumen, el compañero Saúl Méndez, junto a Genaro López y otros compañeros invitados a la reunión de la ICM, intentarán abordar otro vuelo a San José, Costa Rica.

Desde ya responsabilizamos a José Raúl Mulino, a Ricardo Martinelli y a las autoridades del Servicio Nacional de Migración, de cualquier situación contraria a la integridad física de los compañeros Saúl Méndez, Genaro López y demás miembros del SUNTRACS, y de las violaciones en que se incurra a sus garantías fundamentalers.

Lo ocurrido con el compañero Saúl, reafirma la necesidad de que se derogue una vez por todas esta nefasta Ley, tal como lo demanda ampliamente el pueblo panameño.

A continuación transcribimos el Artículo 11 de esta aberración jurídica conocida como Ley Chorizo.

Artículo 11. El Consejo Nacional de Seguridad podrá proporcionar información sobre pasajeros que sean buscados por autoridades nacionales o extranjeras, que estén bajo investigación o que exista sospecha razonable de que están involucrados en actividades delictivas de cualquier naturaleza, a las aerolíneas panameñas o extranjeras que reciban vuelos en territorio panameño para que impidan que aborden en dichos vuelos. De igual forma, las aerolíneas deberán informar de inmediato al Consejo Nacional de Seguridad sobre cualquier actitud sospechosa de los pasajeros a bordo de sus vuelos nacionales o internacionales.

Al respecto, los abogados de los trabajadores en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, argumentasron lo siguiente:

C.-) En cuanto a la frase “para que impidan que aborden en dichos vuelos”, contenida en el artículo 11 de la Ley 30 de dieciséis (16) de junio de 2010, copiado arriba:

1) El artículo 22 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 22. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.
La Ley reglamentará esta materia.”

Concepto de la infracción:

Según esta norma, el Consejo de Seguridad puede proporcionar información sobre pasajeros a las aerolíneas, cuando exista “sospecha razonable” de que ellos están involucrados en actividades delictivas de cualquier naturaleza, para que le impidan que aborden en dichos vuelos. En otras palabras, sin que exista orden de autoridad competente, ya sea del Ministerio Público o del Órgano Judicial, el Consejo de Seguridad tiene facultad, según esta norma, para presumir la culpabilidad de un pasajero hasta el punto de impedirle que aborde un vuelo para lo cual antes ha pagado su pasaje aéreo. De esta manera, la simple sospecha “razonable” del Consejo de Seguridad puede constituir causa suficiente para impedirle a un pasajero que ha pagado su pasaje aéreo, para que aborde su respectivo vuelo.

Como resulta obvio, esta norma, que impone una sanción sin juicio previo, por una supuesta “sospecha razonable”, viola, en concepto de violación directa, por acción, la presunción de inocencia contenida en el artículo 22 de la Constitución Política.

2) El artículo 32 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”

Concepto de la violación:

La sanción consistente en impedirle abordar a un pasajero su avión, luego de haber pagado su pasaje aéreo, por la simple sospecha razonable del Consejo de Seguridad, concede a este organismo público la facultad de imponer a cualquier persona una sanción sin juicio previo ante autoridad competente, razón por la cual estimamos que el artículo 32 del texto fundamental ha sido violado en concepto de violación directa, por acción.

3) El artículo 27 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 27. Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración.”

Concepto de la infracción:

Al disponer la norma legal acusada que la simple sospecha razonada del Consejo de Seguridad Nacional pueda impedir que un pasajero de una aeronave pueda abordar y concluir su vuelo, se está vulnerando el derecho que tiene toda persona a transitar libremente por todo el territorio nacional y a salir y a entrar al país, sólo con las limitaciones que impone el texto constitucional citado como vulnerado, por lo cual el mismo se violado, en concepto de violación directa, por acción.

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ANEP REPUDIA ACCION DE MARTINELLI

Estimados compañeros y estimadas compañeras de FRENADESO-SUNTRACS: Esta noticia nos dejó atónitos. Es inneblable el carácter autoritario y antidemocrático del régimen de Martinelli, en Panamá. Condenamos con toda nuestra energía, con toda vehemencia, este acto en contra de los Derechos Humanos del compañero colega sindicalista Saúl Méndez, insigne personalidad del movimiento obrero y cívico de nuestra hermana República de Panamá; luchador incansable, dignísimo representante del pueblo trabajador de Panamá, a quien se le admira y respeta muchísimo allende las fronteras de su país. Compartimos con FRENADESO-SUNTRACS una visión conjunta de la cuestión socioeconómica y políticas de los pueblos centroamericanos, en el seno del espacio Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC), por lo que la agresión al compañero Méndez es una agresión para todos y para todas cuantos nos sentimos incluidos e identificados en la PSCC.

Exigimos el respeto a su libertad de tránsito; exigimos el cese del acoso parapolicial y militaroide a que él es sometido; exigimos la plenitud del respeto por el ejercicio universalmente reconocido de la Libertad Sindical, así reconocido como Derecho Humano Fundamental.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente, CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
COSTA RICA

El Canciller argumentó que en los últimos dos años el carácter extraterritorial del bloqueo ha continuado fortaleciéndose, con el incremento de las multas, sanciones y la persecución a las transacciones financieras cubanas con terceros países, lo que provoca un efecto disuasorio en otras empresas que pudieran realizar operaciones comerciales con la Isla.

“No pudimos seguir comprando el citostático Dactinomicina, medicamento de mayor utilidad en el tratamiento de sarcomas, porque la compañía Lemery de México fue comprada por la transnacional israelí TEVA, de capital norteamericano”, ejemplificó.

En materia de la política hacia Cuba, y en particular con el bloqueo, Obama ha quedado por debajo de las expectativas de la comunidad internacional, del nivel del debate que ocurre hoy en el Congreso de Estados Unidos, y de la propia opinión pública de su país, donde ha alcanzado una oposición sin precedentes, comentó Rodríguez Parrilla.

El jefe de la Casa Blanca “no ha utilizado las amplias prerrogativas constitucionales que le permitirían, no ya eliminar el bloqueo, pero sí introducir modificaciones sustanciales en decenas de áreas de su aplicación”, dijo.

Asimismo, explicó que el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país y ha costado a Cuba 751 363 millones de dólares en estos 50 años, cifra aún conservadora basada en la depreciación del dólar frente al oro.

“El bloqueo es una política fracasada, y cualquier política que fracase 50 años debe ser revisada”, concluyó.

Escrito por Yanory Obando Silva
Semanario Universidad
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La existencia de dos decretos ejecutivos emitidos a comienzos de este año, por el entonces gobierno del presidente Óscar Arias, tiene en el limbo la convocatoria a la integración de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y su Junta Directiva, opinan diversos representantes gremiales de la institución.

Los decretos ejecutivos que constituyen la manzana de la discordia son el 35.687-MTSS y 35.717-MTSS, los cuales reformaron (artículos 14 y 14 bis) el mecanismo de elección de los delegados representantes de los sectores sociales que deben integrar la Asamblea de Trabajadores (ATTBP)

En este sentido, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, considera que “_este arbitrario decreto le pasó por encima a directrices de la propia Contraloría General de la República acerca de cómo había que hacer el proceso en los sectores para la elección de las 290 personas_”, que por ley deben conformar la ATTBP.

“_Estamos intentando llamar la atención de la presidenta doña Laura Chinchilla en tal sentido. El gobierno anterior emitió un arbitrario decreto violentando la autonomía de elección de las cuatro personas que debe nombrar la ATTBP. Los hermanos Arias pretendían hacerse con el control del Banco Popular_”, denunció Vargas.

Según el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Popular, la Asamblea de Trabajadores –máximo órgano jerárquico de la entidad- es la encargada de la orientación política de la institución, mientras que el artículo 14 bis establece, entre otros, que dentro de las funciones del órgano está la designación de cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva, mientras al Ejecutivo le corresponde nombrar a los tres restantes.

La Asamblea de Trabajadores es un órgano representativo compuesto por 290 delegados, de los cuales 40 son representantes del sector comunal y 250 designados proporcionalmente al número de afiliados de cada sector (artesanal, asociaciones del magisterio nacional, cooperativas de autogestión, cooperativas tradicionales, profesional, sindical confederado, sindical no confederado, solidarista y trabajadores independientes).

No obstante, los decretos en mención no dejan muy clara la forma en cómo deben ser nombrados esos representantes, lo cual según analistas consultados por* UNIVERSIDAD* ha generado un clima de incertidumbre jurídica, aunque sí definen que en el caso del sector de profesionales y de cooperativas, la elección de sus representantes corresponde a _“la Federación de Colegios Profesionales…_” y “_…mediante asamblea convocada por el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)_”, respectivamente.

Además, según los representantes de los trabajadores, el decreto les otorga a estas organizaciones la potestad de reglamentar los mecanismos para hacer el nombramiento de los delegados e incluso los define como “_el órgano que resuelve en alzada las apelaciones_”.

Estos sectores sociales opinan que es “_arbitrario_” que la potestad de nombramiento de los representantes esté en manos de organismos de segundo grado y no de las organizaciones de base, pues los primeros no reflejan una participación efectiva de los miembros de las organizaciones de acuerdo con el número de gente que tengan afiliada.

El Banco Popular es el tercer banco con más activos del país, con unos ¢400 mil millones en activos y donde una cifra cercana al millón y medio de trabajadores deposita el uno por ciento de su salario bajo el concepto de ahorro obligatorio.

Para Edgar Morales, secretario general adjunto de la ANEP, un organismo de segundo grado como el CONACOOP puede decidir “_al antojo_” el número de representantes de una organización.

“_No puede llegar un organismo de segundo grado a decir cuánto le toca y menos a cooperativas que ni siquiera presentaron membresía_”, manifestó Alfredo Erak Huertas, coordinador de delegados del sector sindical no confederado y secretario de la comisión de acreditación y miembro de la Asamblea de Trabajadores que concluyó funciones el 29 de julio.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) -DFOE-ED-4 del 30 de abril del 2009- señala una serie de criterios entre los que se ordena respetar la autonomía de la Asamblea en el proceso de elección de sus nuevos representantes, la cual se consigna en una relación de hechos presentada por Erak.

A este panorama de confusión se suma la presentación de un recurso de amparo (Expediente 10-004480-0007-CD) interpuesto por Erick Sancho y Olga Morera, quienes piden la derogatoria de los decretos ejecutivos emitidos por la Administración Arias, por considerar que infringen “_los principios de legalidad, división de poderes, razonabilidad y proporcionalidad…_”.

Este recurso ya fue acogido por la Sala Constitucional, pero en opinión de Héctor Monge, expresidente de la Junta Directiva saliente y representante del sector cooperativo, esta vez, al igual que en otros casos, la instancia no ordenó medidas cautelares que generaran la “_suspensión del acto_”.

Sin embargo, un analista consideró que realizar una asamblea en las circunstancias actuales corre el riesgo de una futura nulidad, si la Sala Cuarta así lo determina, como sucedió en el caso del sindicato de los trabajadores de Limón (SINTRAJAP), cuya junta directiva fue restituida por orden de esa Sala, tras considerar ilegal el mecanismo que medió en su destitución.

Asimismo, la Procuraduría General de la República emitió un criterio elevado a la Sala Constitucional señalando en siete puntos, varios aspectos relacionados con la inconstitucionalidad de ciertos procedimientos, entre ellos que “_se cesara a los anteriores integrantes de la Comisión de Integración (instancia encargada del proceso de renovación de la Junta Directiva) sin un debido proceso_”.

Otros aspectos señalados se relacionan con la reelección de los miembros, el nombramiento por parte de CONADECO de un representante de la Comisión de Integración, la designación de un representante por parte del Ministerio de Trabajo si éste no es nombrado por su sector de representación, la competencia del Ministerio de Trabajo para conocer las apelaciones de las Asambleas de los sectores, entre otros puntos.

¿MANO NEGRA?

¿Qué se esconde detrás de todo este estado de confusión? Los sectores sindicales denuncian la presunta intromisión del gobierno anterior, para controlar la elección de los delegados que conforman la Asamblea de Trabajadores del Banco y la designación de los representantes de su Junta Directiva e injerencia en los asuntos internos del órgano.

“*Lo que puede pasar con este abusivo decreto, puede ser algo similar con lo que ocurrió con la no menos abusiva e ilegal intromisión en los asuntos internos del sindicato de SINTRAJAP, algo ya fallado, constitucionalmente hablando de manera inapelable, como todo el mundo sabe y que nos tiene con gran alegría a quienes no somos neoliberales*”, dijo Vargas en un reciente artículo de opinión publicado en un medio de circulación nacional.

El Secretario General de ANEP invitó a la presidenta Chinchilla a no “_comprarse_” la nueva “_bronca_” que le dejó el anterior gobierno. _“El respetuoso mensaje para la primera mandataria es ¿por qué exponerse a otro golpe político de igual impacto ante una bronca que no es suya, que le fue heredada, pero cuya responsabilidad directa si bien no es de su propio gobierno, se la cargarán al suyo?_”, indicó.

“_Quieren agarrar al Banco para pagar facturas políticas_”, afirmó Erak, “_pagando el apoyo que (algunos sectores) le dieron al “Sí” al TLC_” negociado con Estados Unidos, añadió.

Asimismo, agregó que al Gobierno le interesa que no se realice la asamblea de trabajadores del Banco Popular, para utilizarlo como “_excusa para intervenirlo_”.

“_Demandamos al Gobierno que no se entrometa; ojalá que la Sala IV resuelva lo más pronto posible el recurso de amparo, porque el decreto (del gobierno de Arias) es antidemocrático, dictatorial; se sigue dando el tema de la dictadura en democracia_”, reprochó Edgar Morales, secretario adjunto de la ANEP.

En caso de que no se logre superar el impasse en la elección de los nuevos directivos, el Gobierno tendría las puertas abiertas para nombrar una junta directiva temporal, lo que sería una forma sutil de meter las “_manos_” en el Banco, según los sindicalistas.

“_Sería un error intervenir el Banco y que sus recursos se usen para subsanar el déficit fiscal, porque los ricos no pagan sus impuestos_”, añadió Morales.

El dirigente abogó también para que los problemas que sacuden al Popular los resuelvan “_los que estamos en el banco, incluyendo al Gobierno, que tiene su parte cuando nombra a los suyos en el seno de la Junta Directiva, pero no pueden inmiscuirse en la forma en cómo se elige la Asamblea_”, reclamó.

Al segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, se le intentó consultar en varias ocasiones por vía telefónica y por medio de correo electrónico; sin embargo, no fue posible obtener una respuesta de su despacho. Su encargada de prensa aseveró que estuvo en reuniones fuera de la oficina.

Liberman ya se ha reunido con los sectores sociales del Banco y anunció una reunión antes del 11 de septiembre (fecha límite fijada para la integración de la asamblea). No obstante, algunos sectores consultados consideran que “_es imposible que para esa fecha los 290 delegados estén debidamente acreditados_”.

Por otro lado, este proceso se encuentra inmerso en una maraña o “_artimaña_” de procedimientos jurídicos que incluyen además del recurso de amparo, demandas en lo contencioso administrativo e informes de auditoría, como lo calificó una fuente allegada al caso, situación que “_prácticamente hace imposible_” la constitución de la Asamblea de Trabajadores y consecuentemente de la Junta Directiva.

Consultado, Freddy González, presidente de la junta directiva del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), dijo que si los sectores sociales no se ponen de acuerdo será el Gobierno el encargado de hacerlo.
“_Esto será responsabilidad de un grupo de los sectores sociales_”, hizo ver al tiempo que considera que en este sentido el tema de la elección genera un problema, porque “_ellos_” (los sectores sociales opuestos al decreto) “_quieren montar un tribunal de elecciones internas_”.

“_El tema es que algunos representantes de los sectores sociales una vez que llegan no quieren irse_”, lamentó.

Por otro lado, defendió que tanto las confederaciones como las federaciones (organismos de segundo grado) puedan participar en la elección de los delegados representantes de la Asamblea General, puesto que en su criterio las organizaciones de base están “_de por sí_” representadas en estas instancias.

CUANDO EL RÍO SUENA…

Fuentes consultadas por* UNIVERSIDAD* coinciden en que hay interés del Gobierno en nombrar en la Junta Directiva representantes del movimiento cooperativo y sectores políticos afines al Gobierno de la anterior administración.

Edgar Morales mencionó que de manera extraoficial se barajan, entre otros, los nombres de la exdiputada Maureen Ballestero, y Rodolfo Navas como supuestos “_alfiles_” del sector oficial.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Hernández, afirmó que su despacho “_le ha estado dando seguimiento a este nombramiento y a la conformación de la Junta Directiva del Banco_”.

“_Ya solicité un estudio a la SUGEF porque hay algunos aspirantes a la Junta, que son miembros de otras cooperativas, en lo que puede existir vicios de nulidad o conflictos de intereses. Seré enérgico en investigar y solicitar los estudios pertinentes a la SUGEF_”, advirtió.

LA PROPORCIONALIDAD

La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular está integrada por 290 delegados. Este Banco es el único del país que tiene representación de las agrupaciones laborales en la Junta Directiva.

Tanto la forma sobre cómo y quién elige a los representantes ante el órgano y su directiva, como la proporcionalidad de su representación forman parte del centro de las disputas que desembocaron en el recurso de amparo ante la Sala Cuarta , así como una serie de acciones judiciales y acusaciones de _“injerencias_”, entre otros.

_“Lo más importante es que la Contraloría dice que en la integración de la Asamblea de Trabajadores para nombrar los delegados las organizaciones que tienen que participar son las organizaciones de base, las cooperativas, colegios profesionales, solidaristas, etc. las que tienen a los cotizantes del Banco_”, señaló Héctor Monge.

Los delegados se tienen que repartir como lo estableció la Sala Cuarta, que menciona en su punto 2: _“El total del número de representantes que integrará la Asamblea de los Trabajadores, será igual al número que la integra en la actualidad, es decir, doscientos noventa, de los cuales cuarenta continuarán representado al sector de desarrollo comunal y el resto a los diversos sectores de trabajadores, en estricta proporción. Es decir, la elección de los representantes se hará de manera proporcional entre el número de ahorrantes obligatorios afiliados a un sector determinado y el total de los propietarios del Banco, que representará el cien por ciento_”.

“_Esto no solo es para los sectores a los que se les tiene que dar la cantidad de representantes que le tocan, sino que rige hacia adentro de cada sector, donde también se debe dar la proporcionalidad, según la membresía de sus cotizantes y es aquí donde está la pugna_”, porque en su criterio, así como están las cosas, cómo se garantiza que todas las organizaciones afiliadas estén representadas.

“_Por ejemplo, de los 100 representantes correspondientes al movimiento cooperativo, no queda claro cómo será la distribución de los cargos al interior de ellos mismos_”, manifestó Monge.

PROPUESTA SINDICAL

Según Erak, la propuesta sindical al gobierno de Laura Chinchilla consiste en que por un lado derogue los decretos 35.687-MTSS y 35.717-MTSS, y que por otro deje a la Junta Directiva saliente de manera temporal, mientras la Sala Cuarta resuelve.

“_En este momento dejamos la pelota en la cancha del Gobierno y vamos a ver qué pasa con la reunión que prometió Liberman para antes del 11 de septiembre_”, puntualizó Erak.

Sin embargo, fue enfático al afirmar que “_si el Gobierno de doña Laura interviene el Banco, la lucha de JAPDEVA va a ser un juego de niños, porque en el movimiento sindical atraeremos a todas las fuerzas posibles; sería el peor negocio para ella_”.

En su criterio, esta situación “_pondría al Banco de los trabajadores” en una posición de imagen nacional e internacional “muy difícil y atentaría contra el financiamiento de la entidad_”, la cual estima podría ser al menos de un 35 por ciento.

“_El 100 por ciento de la membresía de la ANEP tiene participación (salario, fondo de capitalización y fondo de inversiones) en el Banco, sería un golpe certero a la economía social_”, añadió.

Si la Asamblea de Trabajadores se constituyera hoy quedaría integrada de la siguiente manera:

Sector y Delegados Válidos

Artesanal 1

Asociación del Magisterio Nacional 11

Comunal 40

Cooperativas de autogestión 1

Cooperativas tradicionales 100

Profesional 46

Sindical confederado 21

Sindical no confederado 6

Solidarista 63

Trabajadores independientes 1

Total 290

Resumen del decreto No. 35687

Capítulo V

Artículo 27
Sector Solidarista y sindical: Los delegados del sector sindical no confederado y confederado se eligirán en asambleas de cada uno de los sectores convocadas por el sector en coordinación con la Comisión, de conformidad del artículo 26 de este reglamento

Artículo 28
Sector Asociaciones del Magisterio Nacional: Los delegados propietarios y suplentes serán designados por cada una de las organizaciones que integran el sector. Para tal efecto la Comisión convocará a Asamblea a dichas organizaciones de conformidad con el artículo 26 de este Reglamento

Artículo 29
Sector profesional: El nombramiento de los representantes corresponderá a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica a través de una asamblea que convocará la Comisión y se realizará de conformidad con el reglamento que emita dicha Federación

Artículo 30
Sector Comunal: El nombramiento de sus 40 representantes se efectuará por Asamblea de las federaciones provinciales o zonales, según corresponda tomando como base la División Regional utilizada por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad o por el ente que legalmente le sustituya en sus funciones.

Artículo 33
Sector Movimiento Cooperativo: El nombramiento de sus representantes se realizará mediante Asamblea convocada por el Consejo Nacional de Cooperativas en coordinación con la Comisión.

Artículo 34
Sector Autogestión: Sus delegados serán escogidos mediante Asamblea convocada por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión en coordinación con la Comisión.

Artículo 35.
Sector Trabajadores Independientes: Sus representantes serán nombrados mediante Asamblea del sector, convocadas por la Comisión.

Artículo 36
Sector Artesanos: Sus representantes serán nombrados mediante Asamblea del sector, convocadas por la Comisión.

Por Julia Gas

El autor de Las venas abiertas de América Latina citó, en primer lugar, el racismo, “que produce amnesia“. Porque todos somos, según Galeano, africanos emigrados. “De África sólo sabemos lo que nos enseñó el señor Tarzán“, pero fue allí donde “empezó el viaje humano en el mundo”. Aunque no es sólo una cuestión de piel, explicó: “La guerra de Irak también es racismo“.

También censuró la tradición machista, para lo que se valió de una paradójica anécdota de la Revolución Francesa: los símbolos de las victorias por la defensa de los derechos ciudadanos eran femeninos. En cambio, dijo, cuando las mujeres reivindicaron sus derechos como ciudadanas fueron pasadas por la guillotina.

La legalización del matrimonio homosexual en Argentina, pionero en Latinoamérica, le valió para criticar la intolerancia al diferente, un pecado más al que sumó el desprecio al trabajo. En este mundo al revés, “donde las jornadas de trabajo se miden con los relojes derretidos de Salvador Dalí […], es el precio lo que fija el valor y no al revés“.

Los muros contemporáneos

Galeano también se refirió a “la tendencia de los medios de comunicación a mentir“, por lo que afirmó que el mundo miente. El escritor uruguayo reflexionó en este sentido sobre la importancia absoluta que se le dio en su momento al muro de Berlín y lo poco que se habla actualmente sobre los muros de la frontera de México, de Ceuta y Melilla, de Cisjordania o del Sáhara Occidental. “Ni se conocen“, ironizó Galeano, que se cuestiona quién lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagashaki. “¿Sería Irán?“.

Respecto a la actual crisis económica, Galeano comentó con sorna que tenía la impresión de que no había sido responsabilidad de los especuladores de Wall Street, sino que “la culpa la tiene Grecia“.

Sexto pecado: el mundo mata. “La paz mundial está en manos de aquellos que fabrican más armas“. Y hoy en día, afirmó Galeano, se invierte más en gastos militares —”criminales“, según él— que en acabar con el hambre. “Se fabrica hambre: hambre de pan, hambre de abrazos“.

Finalmente, el mundo fabrica enemigos, y lo hace a través del miedo. “La democracia tiene miedo a recordar, las armas tienen miedo a la falta de guerra y los hombres tienen miedo a la mujer sin miedo“, concluyó Galeano, no sin antes recordar un dicho africano que refleja que la mano que da siempre está arriba y la que recibe, abajo. “Hay una relación jerárquica“, dijo para matizar dos conceptos clave: “La solidaridad es igualdad, la caridad es un riesgo“.

San José (elpais.cr) – El Presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva, rompió el acuerdo existente para conformar la comisión, y en lugar de nombrar al diputado José María Villalta del Frente Amplio en la comisión, introdujo el nombre del diputado Carlos Avendaño (Restauración Nacional).

Los Jefes de Fracción del PAC, PUSC, PASE y FA denuncian la ruptura del acuerdo pues esto cambia la correlación de fuerzas dentro de la comisión lo que perjudicaría la transparencia en las investigaciones que se quieren llevar a cabo.

También recordaron que, desde que surgió la iniciativa de crear la comisión el oficialismo hizo todo lo posible para obstruir su creación.

Las fracciones de oposición anuncian desde ya medidas conjuntas de presión para que la próxima semana la Presidencia de la Asamblea respete el acuerdo existente.

La conformación acordada para la comisión colocaba dos diputados del PLN, uno del PAC, uno del PUSC, uno del PASE, y uno de las fracciones unipersonales, el cual se acordó el miércoles sería el diputado del Frente Amplio, pues Avendaño dijo a no interesarle dicha comisión, expresó Villalta

Según afirma Villalta, Avendaño fue convencido por el PLN para postularse también y Justo Orozco de apoyar a ambos. “Es sospechoso de que esto se dé un día después de que se conociera que el señor Avendaño no tuviera deuda política. ¿Quién sabe que le ofrecieron?”, cuestionó el representante del Frente Amplio.

Con esta medida, afirma José María Villalta, “Liberación Nacional tomaría el mando de la Comisión ya que serían mayoría (tomando en cuenta el pacto con el Movimiento Libertario y esta participación de Orozco y Avendaño, intentan sacarme, para que no participe”.

“¿Quién sabe qué es lo que no quieren que se investigue y se dé a conocer de las concesiones?”, cuestionó nuevamente.

La tarde del jueves, el diputado Orozco no se presentó a la Sesión del Plenario Legislativo, con lo cual quedó ausente en la votación.

Las fracciones de oposición anuncian desde ya medidas conjuntas de presión para que la próxima semana la Presidencia de la Asamblea respete el acuerdo existente.

Una vez concluida la Sesión del Plenario el diputado del Frente Amplio presentó una apelación, pues aduce que “arbitrariamente el presidente del congreso concluyó la sesión antes de que yo pudiera expresar mi apelación, por lo que el lunes plantearé la apelación en la sesión”, dijo Villalta Florez-Estrada.

La Auditoria Electoral Ciudadana inicia la presentación de su Informe Final sobre las elecciones 2010

Este será divulgado en la modalidad de entregas parciales de la siguiente manera, desde setiembre hasta el mes de noviembre.

La razón fundamental de realizarlo en entregas parciales consiste en ofrecer una opinión sobre los resultados del proceso electoral de febrero 2010, pero también en la perspectiva de alertar sobre eventuales situaciones que se presenten en el proceso electoral municipal. En ese sentido será una herramienta para llamar la atención sobre el desempeño de los actores políticos e institucionales del actual proceso electoral.

Los capítulos que serán presentados dan cuenta en lo fundamental, de una constatación cada vez más extendida en la ciudadanía, cuando de procesos electorales se trata en Costa Rica: luego de 60 años de institucionalidad electoral, es imperiosa la necesidad y la responsabilidad, de revisar sus cimientos, estructura, superficie y adecuación o no, a los cambios experimentados en la ciudadanía, los partidos y otros actores sociales.

En ARCHIVOS ADJUNTOS, en la columna derecha, encontrarán dos documentos, el primero es una presentación de esta última fase del Informe Final y segundo, el primer capítulo “Sufragio como derecho Cívico y Laico”, coordinado por el compañero Gerardo Hernández, miembro de la Vocería Ciudadana de la Auditoría Electoral Ciudadana.