Categoría: Incidencia

San José, 30 de marzo del 2006.
S.G. 05-07-0465-06

Señores senadores
Señoras Senadoras
Senado de los Estados Unidos de América.

Señor
George W. Bush
Presidente de los Estados Unidos de América.

Señores senadores:
Señoras senadoras:
Señor Presidente:

Estamos notificados del proyecto de Ley H.R.4437, Ley de Seguridad Fronteriza, Antiterrorismo y Actos de Control de la Inmigración Ilegal.

Señores senadores, señoras senadoras: Como centroamericanos, miembros de las organizaciones sindicales y sociales que pertenecemos a la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC), no podemos dejar pasar desapercibido el trámite de este tenebroso proyecto de ley en su respetado y poderoso país.

Como nación soberana, nada le impide al Senado de los Estados Unidos de América dictar, como le compete, sus políticas migratorias. Entendemos que tal menester es asunto absolutamente soberano que corresponde a su Gobierno y Senado. Gústenos o no somos respetuosos de ello.

Pero debe saber el Gobierno y el Senado de los Estados Unidos de América, que la aprobación de una ley como la planteada, profundizará, las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la que han caído nuestros pueblos después de 20 años de aplicación de las llamadas política neoliberales, el famoso Consenso de Washington y sus brazos diabólicos conocidos como programas de ajuste estructural.

Estas políticas tienen a más del 60% de la población regional sumida en el desempleo; y, en el “mejor” de los casos, empleos precarios, sin acceso a la seguridad social y muy lejos de alcanzar un salario justo y digno.

Por otra parte, la acumulación de capital y de riqueza que han generado las políticas neoliberales, resultan odiosas y obscenas a los ojos de una inmensa mayoría de centroamericanos, quienes carecen de los medios económicos mínimos para el pleno desarrollo de sus facultades vitales.

No sobra señalar que la entrada en vigencia del CAFTA, en los países que ya lo han ratificado, profundizará la ruindad de este modelo. Sea, se nos empuja, lamentablemente, por el camino de una mayor pobreza y exclusión social, situación que generará naturalmente una mayor inestabilidad social en la región y, por tanto hará necesariamente que miles y miles de gentes de la región, opten por llegar al territorio de los Estados Unidos de América, en busca del sueño americano; sueño que el modelo impuesto les niega en sus países.

Respetuosamente señores Senadores, señoras Senadoras: No bastará con criminalizar la migración, construir gigantescos y largos muros para asegurar que los pobres producidos por el modelo neoliberal lleguen a su país. Cuando el derecho a la dignidad, a la libertad, a la vida, entra en movimiento, no hay nada que los detenga.

Deben saber señores Senadores, señores Senadoras, señor Presidente de los Estados Unidos de América, que los centroamericanos añoramos y soñamos con desarrollar nuestras potencialidades humanas en estas hermosas tierras que nos vieron nacer y viajar a su gran país, no por necesidad y en condiciones indignas para la vida humana, sino en condición de ciudadanos y ciudadanas centroamericanos, como hombres y mujeres del mundo.

Para eso necesitamos que su poderoso país, trate a nuestros pueblos con respeto; que negociemos tratados de libre comercio para el crecimiento y bienestar mutuos; que mantengamos relaciones comerciales que consideren las gigantescas asimetrías de producción y comercio que hay entre nuestras naciones.

Hace falta que globalicemos la solidaridad entre nuestros pueblos. Sólo entonces no hará falta que su Gobierno levante murallas vergonzantes, para detener las oleadas de personas expulsadas por un modelo económicos que socava la dignidad de nuestros pueblos.

En todo caso quién lo creería. Cayó el muro de Berlín; posteriormente, sin que nadie también lo creyera, la cortina de hierro, también se desboronó, como un terrón de azúcar en un vaso de agua.

Definitivamente, lo humano, la razón, la solidaridad terminarán por imponerse y no habrá ya más muros de miseria que nos separen. Los llamamos, respetuosamente a iniciar el tránsito por este urgente y necesario camino. Les solicitamos con vehemencia no aprobar esa inhumana ley. Consideren además que, lamentablemente, ya muchos de nuestros pueblos subsisten de la venta barata de su capital humano, como fuerza de trabajo, legal o ilegal en su poderoso país. Tal proyecto de ley, por tanto, conspira contra la frágil estabilidad democrática que hoy persiste en nuestra región.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Coordinador en Costa Rica
Plataforma Sindical Común Centroamericana
(PSSC)

c.:Organizaciones de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSSC-CR).

c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.

c.:Medios de Comunicación Colectiva.

c.:Archivo.

Señores Ministros y Señoras Ministras
Consejo de Gobierno
Casa Presidencial

Señores Ministros y Señoras Ministras:

En primer término, reciban un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nuestra organización sindical, además de procurar el mejoramiento de las condiciones sociales y laborales de nuestras agremiadas y agremiados, se ha caracterizado por denunciar todo aquello que en el quehacer institucional, constituya un alejamiento del ordenamiento jurídico nacional, o de la búsqueda del interés general que debe privar en el ejercicio de la función pública.

Ya este Consejo de Gobierno, tiene conocimiento de la crisis interna que vive el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), institución que constituye el mecanismo nacional que lidera la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, y que en los últimos tiempos se ha visto envuelta en una polémica provocada precisamente, por la señora Presidenta Ejecutiva, que ha sostenido un conflicto abierto con el equipo técnico de la institución, al que se ha encargado de descalificar en diversos medios de comunicación masiva.

El pasado 4 de octubre, con sorpresa nos enteramos, de que la señora Vargas Pagán, en su condición de Presidenta Ejecutiva, envía la circular MCM-PE-2293-05 a todo el personal del INAMU, comunicándoles que, del 5 al 7 de octubre, estaría realizando una gira por la provincia de Limón en compañía de la licenciada Yolanda Delgado Cascante, Directora General de Áreas Estratégicas, razón por la que dicha dirección quedaría a cargo de la señora María Leitón Barquero, quien asumiría durante esos días como Directora Técnica.

Tenemos entendido que la señora Leitón Barquero no es funcionaria del INAMU, más bien, tiene un nombramiento en propiedad y a tiempo completo en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Si bien es cierto, la representación del IMAS en la Junta Directiva ha sido delegada en ella, como miembra de este órgano colegiado tiene funciones específicas otorgadas por la Ley de Creación del INAMU, y estas evidentemente no son administrativas. Precisamente, esa distinción entre la función política y la técnico administrativa tiene su explicación en el conflicto de intereses que podría generar la doble condición.

La Dirección de Áreas Estratégicas es un cargo de altísimo nivel técnico, y de una importancia incuestionable en el organigrama institucional. Evidentemente, la decisión de dejar un puesto tan importante en manos de una persona que no es funcionaria de la institución, nos genera gran preocupación, no porque dudemos de la capacidad e integridad de la señora Leitón, sino porque existe dentro del INAMU, un equipo técnico de incuestionable calidad y compromiso, y cualquiera de estas funcionarias podría legítimamente asumir el recargo de la Dirección Técnica por tres días.

Asimismo, cuestionamos la conveniencia y oportunidad, de nombrar en ese puesto a una persona que labora para otra institución y que por la superposición de horario, jamás podría estar en entera capacidad de atender la gestión del INAMU, tan oportunamente como lo haría alguien que sea funcionaria de la institución. De hecho, sabemos que durante los días que la señora Leitón asumió la Dirección Técnica, esta no pudo autorizar ni firmar gestiones como permisos y viáticos, lo que provocó atrasos en algunos trámites institucionales.

Pareciera que este no es más que otro de los actos de provocación que han caracterizado la gestión de la señora Vargas Pagán, plagada de irrespetos a los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras, que ha desembocado en un clima laboral totalmente adverso al que debería darse en una institución pública que pretenda cumplir su misión con eficiencia y eficacia.

De conformidad con los hechos que exponemos, de manera respetuosa solicitamos a este Consejo de Gobierno, que en su condición de superior jerárquico de la señora Presidenta Ejecutiva del INAMU, investigue y establezca las responsabilidades disciplinarias de dicha jerarca, por haber dejado la institución que dirige a cargo de una persona que es funcionaria a tiempo completo de otra dependencia pública. Asimismo, que se gire instrucciones a las autoridades del IMAS para que determinen si la señora Leitón Barquero ha incurrido en falta laboral al haber aceptado desempeñar un cargo administrativo en el INAMU, de manera simultánea a su nombramiento en el IMAS.

Agradecería que cualquier notificación respecto a la presente denuncia, me sea enviada al fax 257-8859.

Sin más por el momento y reiterando nuestro respeto y consideración, me suscribo atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Diputadas y Diputados, Integrantes Comisión Permanente de la Mujer, Asamblea Legislativa.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Sras y sres. Junta Directiva Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
c.:Lic. José Guido Masís, Profesional Responsable Recursos Humanos, IMAS.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INAMU.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-IMAS.

Licenciada
Xinia Herrera Durán
Directora de Fiscalización y Derechos del Usuario
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Fax No. 290 20 10

Asunto: Expediente ET-88-2005 Oposición a incremento en las tarifas de autobús

Estimada señora:

De la manera más atenta y respetuosa, nos presentamos ante su digna autoridad para expresar nuestra oposición a una solicitud presentada por el gremio empresarial del transporte público modalidad de autobús, para un incremento en el precio de las tarifas de ese importante y estratégico servicio público de uso masivo.

Considerando que la agrupación que nos honramos en representar, es una entidad de carácter sindical que agrupa a una importante cantidad de varios miles de personas trabajadoras asalariadas, de los sectores Público y Privado; es desde tal perspectiva que centramos el carácter de nuestra oposición pues, precisamente, son los trabajadores y las trabajadoras quienes, en abrumadora mayoría, utilizan a diario dicho servicio para transportarse hacia y desde sus trabajos; sin considerar que una amplia cantidad de ciudadanos y ciudadanas de los sectores populares y medios y que no están en el mercado laboral formal, viajan en bus para sus quehaceres cotidianos de subsistencia.

I. LA SITUACIÓN SALARIAL DE LA CLASE TRABAJADORA: USUARIA FUNDAMENTAL DE LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS

Está ampliamente comprobado por rigurosos estudios socioeconómicos que la clase trabajadora costarricense sufre un sistemático proceso de deterioro del poder de compra de sus salarios y que, los ajustes semestrales para enfrentar la variación de precios del semestre precedente, no compensan el alza incesante en el costo de la vida. Es más, no sólo se sufre porque los salarios van detrás de la inflación semestral, sino que, no existe la menor posibilidad política de que se considera una modificación radical de la política salarial vigente, para pasar a una que determine, aunque fuese paulatinamente, recuperación o ampliación del actual poder de compra de los salarios.

Particularmente, es necesario establecer estas dos precisiones. En el Sector Público, la última fijación salarial, es decir, la vigente para el segundo semestre que está transcurriendo, fue dolorosamente inferior a la inflación de mitad de año, cercana al 7 %. Las personas trabajadoras de la Administración Pública, una vez más, acumularon una seria depreciación salarial. En el caso del Sector Privado, aunque oficialmente la fijación del incremento semestral actual fue de un 7 % es prácticamente imposible determinar si el empresariado está honrando el acuerdo adoptado al respecto por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), dada la inexistencia, por cuestiones represivas, de organización sindical en la empresa privada.

Efectivamente, como podrá notarse, nuestra oposición a la petición de incremento tarifario que se debate en la presente audiencia, tiene un eminente carácter político-social y no necesariamente “técnico”. Las personas trabajadoras asalariadas de ambos sectores, viven agobiadas, estresadas, deprimidas porque sus salarios no alcanzan y el presente incremento tarifario golpeará los ya escuálidos bolsillos familiares, sin hablar que ya sin esta pretendida alza en las tarifas de bus, los incrementos salariales del segundo semestre en curso, ya fueron devorados por la espiral inflacionaria de estos meses, semanas y días. Sencillamente, hacerle frente a la pretendida alza, por más imprescindible que sea el servicio de autobús, no es posible en las actuales circunstancias, a menos que no quede más alternativa que incrementar el nivel de sacrificio económico de la persona asalariada.

Pasemos a otro aspecto. Si bien es cierto el problema de los altos precios internacionales del barril petróleo resulta mortal para una pequeña economía como la costarricense y, efectivamente, esta consideración no es nada desdeñable a la hora de argumentación solicitudes de aumento tarifario como la que nos ocupa; si nos interesa destacar tres aspectos en tal sentido.

El primero es que en el plano nacional, es urgente una revisión estratégica de la estructura impositiva que pesa sobre el precio de los combustibles, aspecto éste que a las autoridades gubernamentales no les interesa abordar. Los señores empresarios hoy peticionarios de este incremento tarifario deberían utilizar toda su influencia política, que no es poca, para impulsar una discusión profunda en tal sentido. Es más, estamos seguros que dentro de los sectores sociales y populares habría un gran interés en apoyar un esfuerzo de semejante naturaleza. Este es el camino correcto para enfrentar el tema del alto precio de los combustibles y no sacar dinero a escuálidos bolsillos laborales que ya ni lo tienen.

El segundo aspecto tiene que ver con el diseño de una política pública que premie la voluntad de inversión en autobuses que utilicen energía alternativa a la del petróleo, de modo tal que este esfuerzo sea reconocido por toda la sociedad y que el empresario que apuesto por ello sea reconocido y premiado.

El tercer aspecto tiene que ver con las fortalezas empresariales de los propietarios de buses para resistir la actual situación de alza constante en las precios de los combustibles. Es de conocimiento público que el sector está viviendo un proceso de fusiones y de adquisiciones que, más temprano que tarde, generará (o ya está generando) una concentración de propiedad de vehículos, sino monopólica, al menos ya con perfil oligopólico.

Esta situación podría ser uno de los elementos que explican las jugosas contribuciones económicas que desde este sector se realizan a colectividades políticas tradicionales, como más de una vez ha sido notorio. Lo que estamos diciendo es que en nuestra percepción, la postergación de la presente aspiración de alza tarifaria en los buses puede esperar, al menos, hasta el año entrante, hasta que se conozcan las fijaciones salariales que habrán de regir para el primer semestre del 2006 (aunque no es un gran ejercicio intelectual vaticinar de qué monto serán).

II. EMPRESARIOS AUTOBUSEROS Y DERECHOS LABORALES Y SOCIALES.

Un segundo ámbito de razones para expresar nuestra oposición a lo que aquí se debate, tiene que ver con los compromisos empresariales del ramo del transporte público modalidad autobús, para con nuestra legislación laboral y social, de obligada observancia para los trabajadores de todas estas empresas.

Concretamente estamos pidiendo a la ARESEP rendir cuentas acerca de los procedimientos que tiene establecidos para determinar que las empresas de autobús, como depositarias de una concesión que el Estado (todos) les otorga, cumplen a cabalidad todas las estipulaciones de nuestra legislación nacional en materia social y laboral; e, igualmente, aquellos compromisos de carácter internacional que el país ha asumido y que ha convertido en leyes de la República, en materia de Derecho Humanos.

Específicamente tenemos interés en saber si ARESEP tiene incorporada dentro de sus parámetros evaluadores de peticiones como la presente, el contenido de la Directriz No. 34 del Poder Ejecutivo, emitida en el Gobierno Rodríguez Echeverría, dada a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dos, la cual fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 39 del lunes 25 de febrero del 2002.

A tenor de lo dispuesto en el Convenio No. 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley de la República de Costa Rica No. 2561 del 11 de mayo de 1960, ARESEP debe considerar la solicitud de comprobación de que las empresas de buses aspirantes a incrementos tarifarios como el presente, deben ser certificadas por aquellas instancias administrativas depositarias del cumplimiento de las estipulaciones legales y sociales que son en proteger los derechos de la clase trabajadora y si esto no es así, no deben proceder incrementos tarifarios.

Particularmente, es imperativo que un Derecho Humano fundamental como lo es la libertad asociación, consagrado en toda la legislación internacional en la materia, tenga plena vigencia en las empresas de transporte público modalidad taxi y esta es una obligación legal ineludible y condicionante para dar paso a consideración de petición como la presente, a tenor de esa Convenio No. 94 de OIT y de la citada Directriz No. 34 del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, respetuosamente, estamos solicitando:

Denegar la solicitud de incremento en las actuales tarifas de buses, especialmente en los sectores urbanos y metropolitanos, al menos en lo que resta del año, pues los incrementos salariales de la clase trabajadora, valederos para el segundo semestre del presente año, ya fueron más que devorados por la espiral inflacionaria que nos consume; lo cual hace que en el bolsillo de la clase trabajadora no quede más dinero para enfrentar esta grave situación económica.

Denegar la solicitud de incremento en las actuales tarifas de buses, hasta que la ARESEP instaure un procedimiento que permita analizar documentos de certificación, emitidos por las instancias correspondientes, que hagan constar que las empresas peticionarias están, totalmente al día, en el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y sociales para quienes son sus trabajadores, a tenor de, por ejemplo, el Convenio No. 94 de OIT y la Directriz No. 34 del año 2002, emitida por el Poder Ejecutivo; resaltando, consecuentemente, dos tipos de derechos: las obligaciones patronales para con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el respeto irrestricto a la Libertad de Asociación.

Finalmente, rogamos a su digna autoridad, extendernos una gracia de veinticuatro horas adicionales a la presentación de estas consideraciones para incluir otros apartados distintos a los aquí ya expuestos, dado que la elaboración de los mismos a este momento no estaba concluida. Sin embargo, si esta petición no es posible, entonces solicitamos registrar nuestra oposición con los contenidos de la presente, únicamente.

Quien esto suscribe, en la condición que los documentos adjuntos muestran, será la persona que hará uso de la palabra en la audiencia que sobre este tema se ha de efectuar el próximo lunes 26 de setiembre.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Este proyecto, una vez convertido en ley, llenará los vacíos presentes en la gestión del recurso hídrico; ya que entre otros aspectos:

– Ordenará la administración del recurso por parte de las instituciones del Estado, haciéndola más ágil y eficiente, evitando duplicidades y traslapes para beneficio de todos los usuarios.

– Este proyecto ha sido concebido tomando en cuenta las modalidades más modernas de gestión del agua, descentralizando la administración, considerando la cuenca hidrográfica como unidad de planificación, creando estructuras que promueven la participación efectiva en la toma de decisiones sobre la gestión del agua por parte de todos los sectores y usuarios, incluyendo al sector privado, agrícola, pecuario e hidroeléctrico, además de comunidades, agencias regionales y organizaciones de usuarios entre otros.

-Establece una serie de instrumentos económicos de regulación, que superan el tradicional esquema de penas y sanciones; y crea nuevos mecanismos complementarios de autorregulación y cumplimiento voluntario.

– Exceptuando el consumo humano, que siempre será prioritario, los demás usos del agua serán definidos por todos los sectores interesados en cada una de las unidades hidrológicas, de conformidad con el Plan Hídrico Nacional y el Plan de Cuenca, garantizándose el acceso equitativo al recurso para todos los usuarios.

– Tanto la población, como el sector agrícola, el de producción de alimentos y bebidas y otros sectores productivos, requieren agua no contaminada para sus procesos; por lo tanto el proyecto establece mecanismos para proteger los mantos acuíferos subterráneos y las áreas de recarga; especialmente cuando son utilizadas para consumo humano.

– El Art. 117 establece las áreas de protección del recurso y faculta a la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, para que, previo estudio técnico declare área de recarga las zonas que por su importancia o vulnerabilidad deban ser protegidas. Aún cuando el territorio nacional tenga un potencial de 75% como área de recarga se requiere estudio técnico y declaratoria de área de recarga antes de ser incorporada dentro del régimen de protección. Por tanto, el artículo 125 del proyecto de ley solamente sería aplicable en aquellas áreas de recarga declaradas y no en todas las existentes en el país.

Si bien el proyecto ley debe ser mejorado a través de las propuestas que podemos hacer llegar, reúne los requerimientos y el balance necesario para impulsar el desarrollo productivo del país, proteger el agua, elevar la calidad de vida de la población y garantizar un acceso equitativo al recurso, siempre que se cuente con voluntad política y de los costarricenses en general, para su implementación.

Actualmente el Proyecto de Ley fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Ambiente y elevado a Plenario Legislativo para sanción en primer debate. Durante este procedimiento los diputados de la Comisión están revisando mociones para aclarar aspectos específicos del texto. Entre las cuales se encuentra la propuesta que los ministros elaboraron en el Consejo del Agua.

Los abajo firmantes instamos a la Asamblea Legislativa a la pronta aprobación de este proyecto.

José Miguel Zeledón, Jefe Departamento de Aguas, MINAE.
Ministerio de Salud, MINSA
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento –SENARA.
Defensoría de los Habitantes.
Foro Ambiental de CONARE.
Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral Pro-GAI, UCR.
Observatorio para el Desarrollo -OdD, UCR.
Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua –PRIGA, UNA.
Humberto Trimiño, Escuela de Química, UNA.
Laboratorio Manejo Recurso Hídrico, Escuela Química, Universidad Nacional
Centro Internacional de Política Económica –CINPE, UNA.
Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales –CEDARENA.
Fundación para el Desarrollo Urbano –FUDEU.
Francisco Jiménez, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE.
Asociación Mundial para el Agua-Capítulo Centroamérica –GWP-CA.
Red Centroamericana de Acción del Agua –FANCA.
Unión Mundial para la Naturaleza –UICN.

Estimado señor:

En primer término, reciba el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte. Seguidamente, apelando a las más elementales normas de la ética inherente a la Libertad de Información, solicitamos la publicación del siguiente Derecho de Respuesta.

CON LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRO LADO

En su columna del viernes 26 de agosto recién pasado, don Julio Rodríguez, arremete contra la humanidad del señor Expresidente de la República, don Luis Alberto Monge Álvarez, nuevamente; además de tratar con epítetos irrespetuosos y groseros a quienes reunidos en el Teatro Melico Salazar, tuvimos la osadía de repudiar por espuria e ilegítima la candidatura presidencial de Oscar Arias Sánchez. Le rogaríamos como participantes de ese encuentro y, por tanto, como personas directamente aludidas en ese comentario, se nos brinde el derecho de respuesta en ese periódico diario y ojalá, contar con el honor de publicar en la misma página en que se publicó el comentario que hizo tan ilustre ciudadano.

Como es bien sabido, en ninguna parte del mundo, o al menos del mundo que consideramos democrático, los jueces tienen potestad para enmendar la Carta Magna y mucho menos arrogarse tal potestad constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente dispuso que la reforma parcial de la Constitución es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa (Art. 195) y la reforma total será lo será de una Asamblea Constituyente convocada al efecto (Art. 196) .Por tanto, el intento de reforma al Art. 132 constitucional, mediante el veredicto de los jueces para permitir la reelección presidencial, resulta a todas luces inaceptable, aún proviniendo tal enmienda del más alto tribunal jurisdiccional.

El eminente constitucionalista Dr. Mauro Murillo Arias explica: “La decisión de la Sala (Constitucional) no fue jurídica y la única forma, aunque forzada, de juridizarla, era transformando en forma (o procedimiento) lo que era un problema de fondo. El fondo del asunto era si el reformador parcial tiene o no límites sustanciales y si la Sala los puede hacer valer.

La respuesta inmediata era que la Sala no tiene esa competencia, aun suponiendo esos límites. (ver Voto Sala Constitucional de Costa Rica 2003-2771 reelección, en Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, III, pp. 123-128)”.

Lo demás de su columna, don Julio, obedece a la ojeriza que usted le tiene a la hidalguía con que este Expresidente y exconstituyente, ha salido a defender nuestra Constitución Política y, por tanto, contra la espuria candidatura de su candidato Arias Sánchez.

Don Julio, usted cree que ya estamos en el fondo del pozo. Nosotros creemos que estamos al borde, pero si seguimos su consejo de jugar a “adivinar las estrellas” y nos dejamos alucinar por el brillo de la estrella que ilumina el fondo del pozo, no le quepa ninguna duda, habremos tocado fondo. Sabemos que hay que escoger entre la Constitución o contra la Constitución. Los que estuvimos en el Melico, orgullosamente, ya escogimos; defendemos y estamos con la Constitución. “Derechos sagrados la patria nos da….”.
Hasta aquí nuestra solicitud de derecho de respuesta.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Doctora
María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra
Ministerio de Salud

Doctora
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República
Defensoría de los Habitantes de la República

Sus Despachos

Estimadas y respetadas señoras:

Encontrarán adjunta a la presente, una copia de nuestro Oficio No. S.G. 05-07-0079-05, dirigido al Dr. Mauricio Ramírez Bolaños, Director del Area de Salud de Nicoya, del Ministerio de Salud; en el cual ANEP solicita acción urgente, por la epidemia nacional de dengue, en cuanto a una situación delicada que involucra a la Municipalidad de Nicoya, tal y como se puede entender al leer el documento en mención. Del mismo, como se puede constatar, hemos enviado copia a las autoridades de dicho municipio.

Conscientes de que este grave problema nacional está entre las más altas prioridades de sus despachos, desde ya les agradecemos cualquier acción directa desde los mismos, en aras del bienestar de la gente del honorable pueblo de Nicoya.

Anticipadamente les damos las más sinceras gracias de nuestra parte, por la atención que se le brinde a esta gestión.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Sr. Freddy Solórzano Jiménez, Responsable ANEP-Ministerio de Salud.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.
Anexo: Lo descrito.

Señor
MSc. Rafael Gutiérrez Rojas
Director
Area de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC)
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba su digna autoridad, en primer término, un atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Queremos unirnos por esta vía a la sensible y válida preocupación que expresa la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio del Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación (SITRAMINAE); en torno a lo que estaría ocurriendo con la Isla de San Lucas, al contravenirse un mandato constitucional en cuanto a que su administración y manejo corresponde al MINAE y no a la Municipalidad de Puntarenas; entidad ésta que habría tomado posesión del área protegida de dicha isla.

Al igual que lo hacen los compañeros de SITRAMINAE, la ANEP desea obtener una copia del expediente respectivo, para proceder según lo consideremos conveniente; petición ésta que, siempre en un marco de respeto, se la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Licda. Ana Lorena Brenes E., Procuradora General de la República.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Sres. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
c.:Junta Directiva SITRAMINAE.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.:Archivo.

Licenciado
Randall Quirós Bustamante
Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Licenciado
Paúl Zúñiga Hernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Estimados señores:

Por este medio, nos dirijimos a sus autoridades, para referirnos una vez más, al Proceso de Modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Desde que conocimos la primera versión de los contratos suscritos con las empresas concesionarias, hicimos la observación de que los mismos, contenían una serie de irregularidades e ilegalidades que podrían subsanarse, solo anulando el proceso y volviendo a la etapa licitatoria. Sin embargo, la administración ha insistido en un proceso que a todas luces, es contrario al ordenamiento jurídico costarricense y al interés nacional.

No solo nuestra organización ha advertido respecto a este asunto, sino que, la propia Contraloría General de la República, al denegar el refrendo a los contratos en dos ocasiones, así lo ha expuesto. También, lo ha hecho la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Diputada Joyce Zürcher Blen, quien presentó ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, un informe revelador de las ilegalidades del proceso, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Ciudadana, el diputado independiente José Miguel Corrales Bolaños y el Diputado Humberto Arce Salas del Bloque Patriótico, quienes también han cuestionado este vergonzoso proceso de concesión.

Es importante mencionar que precisamente, está pendiente de discusión en la comisión especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, el tema de la modernización del INCOP, a efectos de que la misma, remita una recomendación al plenario legislativo, para que esta instancia realice el control político correspondiente, para evitar que no se repitan los lamentables episodios de los contratos de ALTERRA Y RITEVE.

A continuación, exponemos los puntos que según los análisis realizados por las instancias y personas arriba citadas, impedirían que la Contraloría General de la República, le otorgue el visto bueno a los contratos.

Aprovechamos para solicitar de manera respetuosa, que se desestime este adefesio jurídico y se piense en un verdadero proceso de modernización portuaria y administrativa del INCOP, ajustado a derecho y con amplia participación de los sectores involucrados, que implique un beneficio para todas las partes.

Los aspectos de fondo que según los análisis son insubsanables son los siguientes:

PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL GRANELERA:

a) Cartel:

1. La Ley de Concesión de Obra Pública establece que, deberá ser la Secretaria Técnica del Concejo Nacional de Concesiones, quien elabore los carteles. En este caso, los carteles los elaboró una consultoría, sustituyendo a la instancia competente en sus atribuciones y obligaciones.

2. Según la Ley de Concesión de Obra Pública, se debió aprobar primero los estudios de factibilidad y luego los carteles. En este caso, la aprobación de ambos documentos se realizó en el mismo acto.

3. La aprobación del cartel se dio el 14 de febrero de 2001 y la consulta tarifaria que la ley y su reglamento ordenan hacer de previo a la elaboración del cartel, fue recibida en ARESEP el 19 de febrero.

4. El cartel otorga al concesionario un permiso para explotar, desde el inicio de la concesión hasta el momento en que se termine la construcción de la Terminal

Granelera, el servicio en el puesto #1 existente en Puerto Caldera, con tarifas aprobadas por ARESEP para la explotación del servicio en la obra nueva. Esta cláusula tiene varias ilegalidades a saber: infringe las competencias de fijación de tarifas de ARESEP y la Ley de Concesión de Obra Pública (LGOP) que rige el contrato, prohíbe que por esa ley se otorgue una concesión sobre las obras existentes.

La disposición anterior contraría frontalmente lo establecido en el artículo 2.3 de la LGOP, ya que no existe ningún fundamento jurídico para la misma, por lo que se trata de una disposición que por ilegal, es nula de pleno derecho y pone en entredicho la validez misma del cartel y por tanto, de todas las fases del proceso licitatorio.

La inclusión de esta cláusula constituye un fraude de ley, conducta tipificada en el artículo 20 del Código Civil y 5 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

Al respecto, dice el informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, lo siguiente: “La violación de la ley, que además por ser una ley especial la LGOP priva sobre cualquier otra, es tan palmaria que difícilmente cabe que el concesionario se excuse de su responsabilidad. Y no digamos la Administración y los funcionarios que intervinieron en este proceso. (…) Y además, tan presente se tenía ese choque del texto del cartel con el texto de la ley, que desde el momento mismo en que la ARESEP lo advierte al CNC, es tema principal que se refleja en los estudios, documentación, observaciones, etc., que constan en el expediente administrativo” (P.84-85)

5. El cartel no incorporó indicaciones vinculantes realizadas por la ARESEP respecto de la necesidad de establecer el mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Ello implica un desconocimiento de competencias de ARESEP.

6. Se publicó el cartel sin la aprobación por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de los estudios de evaluación de impacto ambiental, cuestión que según la Ley Orgánica del Medio Ambiente, debe hacerse previo a la realización del procedimiento licitatorio, dado que el fin es determinar las consecuencias y daños al medio ambiente que podrían producir las actividades contratadas.
b) Contrato:

1. Modifica sustancialmente las condiciones del cartel, lo cual violenta los principios constitucionales de contratación administrativa.

2. Establece un cambio de sitio de la obra por construir, que no corresponde ni a lo dicho en el cartel, ni en la oferta, ni en la oferta alternativa. Ello que implica un nuevo proyecto que no cuenta con las debidas autorizaciones de la ARESEP y la SETENA, mismas que no pueden darse hoy si no se dieron en su momento.

3. La cláusula que contempla lo relativo al permiso de uso para la explotación del servicio de las obras existentes en Puerto Caldera, amplía el objeto sobre el que recaería tal permiso.

4.En el contrato no se incorporaron las indicaciones hechas por la ARESEP sobre el cartel respecto a la necesidad de establecer un mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Esto no sería posible hacerlo una vez expirado el plazo para las modificaciones del cartel, que es anterior a la recepción de las ofertas.

5. En las disposiciones contractuales se establece que no se realizará una evaluación de impacto ambiental, sino que el órgano competente, brindará una mera autorización denominada viabilidad ambiental, que no cumple con las condiciones técnicas y jurídicas de una verdadera evaluación de impacto ambiental del proyecto a realizarse. Esta autorización se realizará posterior a que se le confiera el refrendo contralor al contrato; situación que además de ser contraria a la Ley Orgánica del Ambiente, implicaría el riesgo de que se produzcan daños irreparables a los ecosistemas del lugar y por tanto a la calidad de vida de las comunidades aledañas.
PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL CALDERA:

a) Cartel:

1. Se utiliza como marco jurídico los artículos 74 y 74 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos no cumplen con los requerimientos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ser considerada una ley marco.

2. Se pretende utilizar tarifas calculadas con base en la estructura de costos y operación del INCOP. La materia tarifaria es indisponible para las partes y la cláusula es ilegal porque lesiona las potestades de la ARESEP.
b) Contrato:

1. Respecto a las lesiones a las competencias de la ARESEP en los contratos de Terminal Granelera y Caldera, tanto la Contraloría General de la República, como la ARESEP misma, han señalado que esas lesiones no se han originado en los contratos sino en los carteles; de manera que no podrían ser subsanados por la vía contractual.

2. El informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos del Estado, establece en su página 29 lo siguiente: “En el contrato de Terminal Granelera, como la LGOP otorga competencias a la ARESEP para intervenir al momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en el momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en su momento, hoy la ARESEP, luego de la suscripción del contrato, no tiene competencia para introducir modificaciones de la estructura tarifaria, modelos de ajuste de tarifa y parámetros de servicio. Mucho menos si la pretendida intervención (ilegal) de la ARESEP se hiciera con el fin de adecuar esas tarifas parámetros porque las partes en el contrato han hecho una modificación sustancial del marco cartelario como lo es el cambio de sitio de la obra dada en concesión”.

Además, si en la actual fase de cualquiera de estos proceso licitatorios, posterior a la recepción de las ofertas, la ARESEP intentara, a instancia de la administración y los adjudicatarios, subsanar errores y desaciertos de la administración misma y de los adjudicatarios, lesionaría los principios constitucionales de contratación administrativa y, por tanto, los derechos subjetivos e intereses legítimos de oferentes perdidosos y numerosos potenciales oferentes. (página 29 del citado informe legislativo)

Como resulta evidente, las irregularidades contenidas en el proceso licitatorio generan tres tipos de perjuicios:

– Ambientales: las violaciones a la Ley Orgánica del Ambiente en cuanto a evaluación de impacto ambiental, podrían generar no solo perjuicios ambientales, sino que pondría en peligro la biodiversidad del Golfo de Nicoya, con la consecuente desmejora en la calidad de vida de los habitantes de zonas aledañas.

– Económicos: el proceso licitatorio ha sido bastante oneroso para la administración pública, puesto que se han desembolsado gran cantidad de millones de colones en consultorías que no han logrado que el mismo se ajuste a derecho y tenga éxito. Por otra parte, las condiciones que allí se estipulan, conceden grandes ventajas a los concesionarios, que resultan leoninas, onerosas y perjudiciales al interés nacional; y por otra parte, al incrementarse los costos de operación para los operadores del puerto, esos costos se trasladarán al bolsillo de los consumidores.

– Incerteza Jurídica: la desaplicación de los institutos jurídicos relacionados con la contratación administrativa, nos desautoriza y desacredita ante la comunidad nacional e internacional, puesto que la aplicación viciada de la normativa jurídica que informa la contratación administrativa, crea incerteza jurídica para los inversores nacionales e internacionales, causando gran daño a la credibilidad del país.

De conformidad con lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa, que la administración que ustedes dirigen, se apegue al ordenamiento jurídico, deseche el proceso de concesión tal y como ha sido planteado y no insista en mantener un proceso ilegal que de culminarse, constituiría una vergüenza para nuestro régimen de derecho, por cuanto tal y como ha sido planteado, podría conllevar hasta responsabilidades de tipo penal.

Sin más por el momento, nos suscribimos, atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señoras Diputadas y Señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República.
c.:Licda. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General de los Servicios Públicos (ARESEP)
c.:Señoras y señores Junta Directiva, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
c.:Junta Directiva Nacional ANEP
c.:Archivo.

MSc. Ingeniero
Rafael Villalta Fernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

MBA.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Asunto: Solicitud respetuosa para que en su condición de jerarcas, se pronuncien con respecto al reconocimiento de los ajustes a las bases salariales de las trabajadoras y de los trabajadores de esta estratégica institución.

Estimados señores:

Con el respeto de siempre, reciban ustedes nuestra mayor consideración.

Nos parece sumamente necesario que se haga referencia a la situación antes indicada, por cuanto se le ha dicho y asegurado a los trabajadores y a las trabajadoras de esta institución que dicho reconocimiento (ajuste técnico a las bases salariales ), se hará efectivo el próximo 30 de septiembre del año en curso.

Tal afirmación, con toda razón, ha creado una gran expectativa entre toda la población laboral, mucha de la cual ha manifestado haber solicitado créditos y compromisos para ser cancelados con dichos recursos.

Por tal razón, les solicitamos a sus honorables autoridades, con el debido respeto, conforme a nuestro marco jurídico constitucional, se nos brinde la siguiente información:

A) Si ya la institución presupuestó dichos recursos.

B) Si la Honorable Junta Directiva de la Institución ya tomó el acuerdo de reconocimiento respectivo.

C) Si dicho presupuesto ya fue enviado para conocimiento y aprobación de la Autoridad Presupuestaria.

D) Si ya la Autoridad Presupuestaria aprobó o refrendó dicha modificación presupuestaria y de ser así, indicarnos si dicha modificación ya está en conocimiento de la Contraloría General de la República para su aprobación y refrendo.

E) De haberse cumplido con estos trámites, es necesario establecer, con toda propiedad y certeza, en qué fecha la institución estará ejecutando dicho pago.

Por otra parte, es necesario indicarles a ustedes en condición de máximas autoridades institucionales, que a los trabajadores y a las trabajadoras se les ha indicado que dicha modificación presupuestaria, no necesita de los trámites aquí expuestos; aspecto que según nuestro criterio político y jurídico, el acatamiento de dichos tramites es de carácter obligatorio para el A y A. No obstante, mucho nos gustaría conocer la posición institucional sobre el particular.

Así las cosas nos encontramos con dos expectativas que mantiene el colectivo laboral. Una que dicho reconocimiento se pagará el 30 de setiembre y la otra que no se necesita del respectivo envío a la Autoridad Presupuestaria; ambas presunciones alimentadas por el silencio que guarda la administración sobre el particular, lo que fortalece la expectativa de que el 30 de setiembre se honre lo prometido; expectativa que la ANEP considera más que justa y necesaria de ser respaldada por esta organización.

Por tanto, esperamos que tanto la administración como quienes han creado la expectativa de pago, cumplan con lo que le han manifestado a los trabajadores y a las trabajadoras, pues de no se así, nuestra representada, estará junto a las y los trabajadores, definiendo las acciones políticas y sindicales que consideremos oportunas en el contexto coyuntural del momento.

Finalmente les indicamos que la posición de nuestra organización sindical es que dichos ajustes han de ser reconocidos a todas y todos los trabajadores, sean estos, técnicos operativos o profesionales; puesto que los pluses no son un componente de las bases salariales, demostrándose que en el caso de los profesionales, sus bases salariales se mantiene por debajo del mínimo de ley.

Así las cosas, respetuosamente, ustedes señores jerarcas, tienen la palabra.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ricardo López Villalobos
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-AyA-Paseo de los Estudiantesl

Alejandro Sáenz Jiménez
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-A y A-Limón

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

—-
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Juntas Directivas Seccionales ANEP-A y A.
c.:Trabajadores y trabajadoras de A y A.
c.:Archivo.

Doctora
María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Con el respeto de siempre, nos permitimos saludarle y a la vez desearle éxitos en su función.

Funcionarios a su digno cargo de las diferentes regiones del Ministerio de Salud, nos han solicitado interceder ante su estimable autoridad, para buscar alivio al problema del dengue que azota a nuestro país.

Según nuestros informantes, en el Ministerio de Salud hace falta “veneno” o “químico” para desarrollar una fumigación permanente, como la que aseguran los conocedores; se requiere para atacar el zancudo adulto en las zonas de mayor riesgo y presencia del insecto.

Sabemos que la fumigación por sí sola, no producirá el efecto deseado para combatir el mal. No obstante, esa tarea debe ser un elemento de fundamental importancia para complementar las acciones que, de manera conjunta, deben ejecutar las instituciones del Estado y el pueblo en general.

Nos preocupa sobremanera que los informes relacionados con la carencia del químico para la fumigación sean una realidad. Esto por cuanto el atraso administrativo para conseguir la cantidad necesaria para la fumigación y la reserva que asegure la existencia sin dilación, podría ser un lapso fatal para las poblaciones más afectadas.

Estimada señora Ministra: Con el respeto que nos merece, le solicitamos una vez más nos informe con la transparencia que le ha caracterizado, si en realidad los funcionarios informantes tienen razón en sus apreciaciones; si la carencia del químico u otros elementos propios para la fumigación, tienen que ver con el recorte del presupuesto que se ha hecho al ministerio; o qué razones inciden para ejecutar una fumigación más eficiente.

Una vez más, nos ponemos a sus gratas órdenes, para colaborar en defensa de la institución a su digno cargo.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Salud.
c.:Medios de Comunicación.
c.:Archivo.