Categoría: Incidencia

Estimado señor Ministro:

Con todo respeto, reciba nuestro más atento saludo.

Deseamos que su despacho intervenga ante la dirección jerárquica de la Imprenta Nacional, con relación al asunto de la compra de una guillotina trilateral, que ocasionó procesos administrativos para determinar las responsabilidades de presuntas irregularidades en tal compra; situación ésta que fue producto de una decisión política adoptada por la Junta Administrativa de la institución, lo cual no la exime de sus propias responsabilidades al respecto.

Así las cosas, es criterio de la ANEP que resulta totalmente inoperante, injusto y contraproducente mantener la suspensión que ha recaído sobre los compañeros José Miguel Chavarría Delgado, Yamileth Venegas Gutiérrez, Xenia Flores Segura, Marlen Vargas Fernández y Energivia Sánchez Brenes; por cuanto se están erogando salarios sin prestación de servicios, generando así un problema institucional que afecta la eficiencia y eficacia de la productividad que buscamos para la Imprenta Nacional.

Se trata de trabajadores honestos quienes únicamente cumplían trámites administrativos atinentes a una decisión política de las máximas autoridades institucionales para la compra del citado equipo. Por tal razón, en aras del interés institucional como indicamos, reiteramos nuestra solicitud para que se decida revocar la decisión de suspenderles de sus respectivas labores, a fin de que se incorporen, de inmediato, a la fuerza productiva de la Imprenta Nacional.

Esperando una favorable acogida a esta petición, muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guillermo Murillo Castillo
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Imprenta Nacional

————
c.: Sres. Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Imprenta Nacional
c.: Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

Con el debido respeto, a nombre de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART, S. A. y de la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acudimos a la digna autoridad presidencial depositada en su persona, para solicitarle la separación inmediata del cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A., Lic. Belisario Solano Solano; hasta tanto se aclare la verdad sobre los hechos publicados en el periódico La Nación en el día de ayer y hoy mismo, día 18 de enero; informaciones que hablan de que dicho jerarca habría recibido dineros para arreglo de vías comunales que nunca fueron entregados al MOPT.

Como usted comprenderá, Sr. Presidente, tales cuestionamientos afectan, de manera directa, la imagen del SINART, S. A. y de quienes laboran con gran entrega para esta noble institución. Sin lugar a dudas, don Abel, la situación en que se involucra al Lic. Solano Solano, contribuye a deteriorar la credibilidad de los y de las costarricenses en el sistema republicano de instituciones y, por ende, ante tal situación y sin condenar a nadie apriorísticamente ni arrogándonos el monopolio de la verdad absoluta; razón por la cual ni la Seccional ANEP en el SINART, S. A., ni la ANEP misma podríamos permanecer callados, sin emitir nuestro criterio y posición al respecto.

Usted ha sido categórico, Sr. Presidente, ante este tipo de situaciones y la que se da en estos momentos con la máxima figura ejecutiva del SINART, S. A., no tendría razones para ser tratada de manera diferente.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL ANEP-SINART, S. A.

Fernando Vargas Torres
Presidente
Rosibel Flores Salazar
Vicepresidenta

—-
c.:Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.: Lic. Belisario Solano Solano, Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A.
c.: Señores y señoras Consejo Ejecutivo del SINART, S. A.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-SINART, S. A.
c.: Archivo.

Estimado señor:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Hasta nuestra organización han llegado una serie de preocupaciones que tienen que ver con la gestión administrativa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); preocupaciones que por su naturaleza podrían estar indicando la presencia de irregularidades que, de comprobarse, atentarían contra la transparencia de la gestión pública en dicha entidad de evidente naturaleza estratégica.

Pasamos, seguidamente, a puntualizar tales preocupaciones con la finalidad de que esa honorable Auditoría General del MAG actúe en lo procedente, atendiendo nuestro requerimiento formal por esta vía:

1- a- ¿A qué taller se remite la reparación de los vehículos del INTA?; b- ¿cómo se definió su contratación?; c- ¿se envían a más talleres?; d- ¿si es un único servidor de reparación, fue recomendado por alguien?; e- ¿cómo se llama la empresas y/o empresas?

2- a- ¿Hubo en el pasado reciente alguna compra de equipo de cómputo?; b- ¿por qué monto?; c- ¿cinco o más millones de colones?; d- ¿cómo fue el procedimiento de tal compra?, e- ¿tuvo autorización previa de la Contraloría General de la República?

3- a- ¿Cuántas personas trabajan para el INTA?; b- ¿qué modalidades de relación laboral se dan?; c- ¿cómo se definen los salarios y sus eventuales y necesarios reajustes?;d- ¿cómo es el proceso de selección?; e- ¿cuáles son los casos que ha habido de aumento de salarios, en el último semestre?; f- ¿se utiliza la escala del Servicio Civil en esos aumentos?

4- a- ¿Qué tipo de empresas brindan servicios de diseño, confección y/o impresión de formularios?; b- ¿cómo y quién hace la selección?; c- ¿cómo es el procedimiento de pago?

5- ¿Cuánto dinero público fue destinado para compras navideñas (adornos), en el pasado 2004?

6- ¿Cuánto dinero habría sido pagado por la realización de un examen psicológico a tres personas, en el pasado mes de diciembre, supuestamente?

7- a- ¿Cuánto dinero se tendría previsto pagar por un estudio contable?; b- ¿cuál fue la firma seleccionada y cómo fue el procedimiento?; c- ¿tuvo las respectivas autorizaciones previas, por ejemplo, de parte de la Junta Directiva y/o de la Dirección Ejecutiva?

8- a- ¿Existe en el INTA un programa de cómputo, contabilidad y presupuesto que no se habría cancelado desde hace más de un año?; b- ¿se tuvo acceso al mismo por medio de un proceso de contratación?; c- ¿cómo se dio y qué empresas y/o personas profesionales concursaron para el mismo?

9- Tenemos entendido que entre el año 2002 y el 2003, usted habría estado ausente de su trabajo todos los martes (aproximadamente unos 52 martes); a- ¿es esto cierto?; si así fue, b- ¿cómo se justificaron sus ausencias?; si éstas se dieron, c- ¿le dedujeron de su salario esos días?. Las informaciones que hasta nosotros han llegado, indican que todo ese tiempo, usted habría estado laborando para una escuela privada ubicada en Tres Ríos, cantón de la Provincia de Cartago; d- ¿es esto cierto?

10- Pareciera ser que el problema anterior podría haberse estado presentando en el recién concluido año 2004, aunque en menor escala (presuntamente, en los primeros meses del año y/o en las últimas semanas, el retiro se habría dado a partir del mediodía; en realidad, ¿sigue persistiendo tal situación?

11- ¿Hubo gasto excesivo y/o innecesario en rotulaciones, como se percibe?

12- a- ¿Existió en algún momento, un presunto fraude interno con alteración de facturas, que habría sido ejecutado por un funcionario del INTA?; b- ¿es cierto que hubo un “arreglo” interno para que el asunto no trascendiera”; c- ¿se le enteró a la Junta Directiva de este asunto, si es tal fraude hubiese ocurrido?

13- a- ¿Cómo opera el asunto de un fideicomiso?; b- ¿cuáles son las erogaciones por comisión?; c- ¿cuál es el banco que lo administra y cuándo cobra por ello?

14- a- ¿Es cierto que la plaza que usted ocupa no ha salido a concurso luego de dos años de ocupada?; si así fuese, b- ¿cómo obtiene las autorizaciones para continuar en el puesto?

15- a- ¿Es cierto que una empresa que se denominaría “J y C Asociados”, es la encargada de los estudios contables?; b- ¿es cierto que los libros de contabilidad de la institución son sacados de la misma con tal propósito (esos estudios contables); c- ¿dónde está ubicada tal firma?; d-¿quién es su representante?; ¿cómo se seleccionó?

Respetuosamente agradeceríamos respondiese usted a todas estas interrogantes, para lo cual a la hora de formularlas, nos hemos basado en el Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Esperamos que usted entienda cuál es la naturaleza del momento sociopolítico del país y cómo la ciudadanía espera de quienes administran sus asuntos públicos, la máxima transparencia y la más contundente actitud de rendición de cuentas.

La serie de preguntas aquí formuladas obedecen a una conducta de tales características en el INTA y pareciera ser que se estarían generando una serie de inquietudes que estarían indicando lo contrario; tal y como se puede colegir de las interrogantes expresadas.

Quedamos en espera de su pronta respuesta, aprovechando para reiterarle nuestra consideración y respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Lic. Rodolfo Coto Pacheco, Ministro de Agricultura y Ganadería.
c.: Ing. Alexis Vázquez Morera, Director Ejecutivo del INTA.
c.: Ing. Wálter Ruiz Valverde, Viceministro de Agricultura y Ganadería, Presidente, Junta Directiva INTA.
c.: Lic. Mario Molina Bonilla, Auditor General del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
c.: Licda. Marta Acosta, Contralora General de la República, a.í
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Asunto: Financiamiento de la publicación del libro del Sr. Presidente de la República y los cuestionables negocios de Papagayo

Estimado señor Presidente:

Con el mayor de nuestro respeto, le expresamos un atento saludo.

Ha llegado a nuestras manos copia de una carta emitida en Madrid, España, fechada el día 26 de julio del 2004; la cual está dirigida al Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo, ente adscrito al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) de nuestro país; carta firmada por el Bernardo Martín Moreno, Presidente de la compañía mercantil SOMERSEN, indicando que esta firma representada por él, entrará en negocios con la sociedad ENJOY HOTELS & RESORTS, S. A., cuyo representante es el Sr. Rubén Pacheco Lutz, actual Asesor en materia de Turismo, de usted, ilustre Sr. Presidente de la República.

Tal asociación de negocios es para “el desarrollo de un resort con proyectos residenciales y hoteleros que incluye un campo de golf de 18 hoyos en las siguientes concesiones: Lote No. 1: 43 hectáreas, alrededor del Pozo Las Cortinas; Lote No. 2: 02 hectáreas, entrada derecha a Playa Chorotega (Panamá); Lote No. 3: 11 hectáreas, entrada Radial-Trancas derecha hasta Loma Linda; Lote No. 4: 39 hectáreas, entrada pueblo plaza y huertona”

Nos ha impresionado mucho conocer esta situación, toda vez que la compañía mercantil española SOMERSEN, le financió a usted, Sr. Presidente, la publicación de su libro “Poesías, cuentos y dibujos”, cuyo lanzamiento se hizo recientemente en España, durante su último visita a España

En días pasados, Sr. Presidente, la ANEP hizo un fuerte y público cuestionamiento a un presunto tráfico de influencias, en el proceso de adjudicación de concesiones para los últimos lotes libres en el Polo Turístico Papagayo.

Nuestra denuncia indicó que ese presunto tráfico de influencias pretendería un favorecimiento, de manera ilegal, para empresas ligadas al señor Rubén Pacheco Lutz, cuando no había calificado para el respectivo cartel de licitación que se dio en torno a las concesiones de esos últimos lotes de Papagayo, lo cual fue determinado así por una Comisión Evaluadora creada en el ICT para tal efecto; atropellándose toda la experticia técnica y el profesionalismo puestos en este caso.

Hemos sostenido que entre usted, Sr. Presidente, y el Sr. Pacheco Lutz, hay un vínculo de parentesco, lo cual fue negado por su digna persona. Sin embargo, a pesar de que este señor dejó de ser su Ministro de Turismo, usted lo ha mantenido como su Asesor en la materia; pero nuestra observación cotidiana del peso político que él sigue teniendo dentro del ICT, lo hace aparecer como si continuase con rango de Ministro de Estado.

Según una de las notas periodísticas que registraron su viaje a España, específicamente referidas al acto de lanzamiento de su libre, Sr. Presidente, se indica que “…el señor Bernardo Martín Moreno preside una de las inmobiliarias más grandes de España, de donde salen los fondos con los que la Fundación Martín paga la producción del libro, así como los quesos y vinos del cóctel posterior”.

Señor Presidente: ¿Sabía usted que la cantidad de multimillonaria de dólares involucrados en este negocio de Papagayo, es inmensamente mayor que los montos referidos a los escándalos ICE-ALCATEL y del crédito finlandés?

Señor Presidente: ¿Porqué en su viaje a España, dentro de la comitiva que le acompañó estuvo el señor Pacheco Lutz?; ¿no es esto, acaso, sintomático de que más que asesoría en Turismo a la máxima autoridad ejecutiva del país, como es usted, don Abel, podríamos tener en desarrollo un tráfico de influencias totalmente incompatible con tal cargo y hasta involucrar a la figura presidencial, indebidamente?

Señor Presidente: ¿Tenía usted idea o noción de que la entidad patrocinadora de la publicación de su obra literaria, tiene en perspectiva negocios multimillonarios con su Asesor en materia de Turismo, el Sr. Pacheco Lutz?

Señor Presidente: ¿Cómo podrá ser interpretado por la opinión pública nacional tal vínculo?; ¿acaso no compromete su política de transparencia y de total cuestionamiento a negocios incompatibles entre la jerarquía política del país y los negocios privados?

Señor Presidente: Si usted no tenía la noción de semejante vínculo (y nosotros en ANEP preferimos creer que es así), ¿no cree necesario que, de inmediato, se dé la separación del cargo del Sr. Pacheco Lutz y se esclarezca el asunto del financiamiento de la publicación de su libro para no manchar la transparencia de la gestión presidencial confiada a su digna autoridad?

Señor Presidente: ¿No cree que ya es hora de escuchar la propuesta técnica de los compañeros de la ANEP en el ICT, la cual podría enmendar muchos de los yerros políticos que acontecen en una institución responsable de la política pública en un sector tan estratégico para la economía nacional?

Lo anterior sería un acto de gran responsabilidad, para abordar el problema de efectuar una higiene moral en el ICT, dando cabida a las justas reivindicaciones sindicales, sociales y ambientales para mejorar la calidad sostenible del servicio; fomentando formas sanas de turismo nacional e internacional, impulsando la participación comunitaria en el turismo, a la vez que se protegen los recursos naturales que constituyen la base de nuestro producto turístico.

Finalmente, Señor Presidente: En realidad no solamente es necesario una verdadera explicación e investigación de esta delicada situación; sino que, como indicamos líneas arriba, el señor Pacheco Lutz debe ser separado de inmediato de su cargo, debe detenerse también inmediatamente las acciones de concesión de los últimos lotes de Papagayo y debe proceder a investigar las irregularidades que se han cometido en tal proceso, lo cual ya había denunciado la ANEP desde el mes de octubre anterior.

Esperando una respuesta de su parte, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República

Licenciada
Lineth Saborío Valverde
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de la Presidencia

Casa Presidencial Sus Despachos

Estimado señor Presidente:
Estimada señora Primera Vicepresidenta de la República y
Ministra la Presidencia:

Respetuosamente, expresamos a ustedes el más atento y respetuoso saludo.

En atención al interés de un importante número de familias pobres, cuya necesidad hemos detectado en el transcurso del trabajo comunal que realiza la ANEP, nos hemos enterado que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, está respaldando la tramitación de un proyecto de ley, denominado “Ley que permite la condonación de intereses de los fideicomisos del Banco Hipotecario de la Vivienda correspondientes a operaciones de entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que fueron disueltas o liquidadas”; el cual tiene el Expediente Legislativo No. 15.379.

El propio Sr. Ministro de la indicada cartera, don Helio Fallas Venegas, durante una audiencia pedida por nuestra parte y en compañía de varias de tales familias, nos indicó que con la indicada legislación se beneficiarán más de 10 mil familias que hoy están en circunstancias difíciles, incluso hasta de perder su respectiva casita. De ahí que el citado jerarca estima necesario y urgente la aprobación de dicha iniciativa legal, misma que incluso se emitió como política del citado despacho ministerial.

Por otra parte, en breve conversación informal y casual con el Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, Diputado Gerardo González Esquivel; así como con su colega legislador, el Lic. Ricardo Toledo Carranza, se nos indicó que dicho proyecto tiene amplia simpatía entre las distintas representaciones parlamentarias; además de que, a juicio de los que saben de técnica parlamentaria, el citado proyecto puede ser tramitado en una comisión plena.

Vistas así las cosas, respetuosamente, solicitamos a sus ilustres autoridades ejecutivas, el envío al actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el Expediente Legislativo No. 15.379, el cual persigue la noble finalidad de corte social, que su nombre mismo explica.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.:Diputado Gerardo González Esquivel, Presidente de la Asamblea Legislativa.
c.:Diputado Ricardo Toledo Carranza, Diputado de la Asamblea Legislativa.
c.: MSc. Helio Fallas Venegas, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.
c.: Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto.
c.: Vecinos de comunidades interesadas.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Licenciado
José Manuel Echandi Meza
Defensor de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes de la República
Su Despacho

Estimado señor Defensor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con enorme preocupación, solicitamos la valiosa intervención de su despacho, ante lo que estimamos es una inoportuna y contraproducente decisión, con respecto a la forma en que ha de otorgarse el servicio de vigilancia para el Laboratorio de Pruebas de Paternidad de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS); servicio que se prestaría electrónicamente, si nos atenemos a la decisión que está recomendando el Lic. Manuel Ugarte Brenes, Coordinador de la Comisión de Control del Gasto en Contratación; al comunicarlo así a la Dra. Kemly Picado Mata, Subgerente de la Subgerencia de Hospitales Nacionales y Clínicas Mayores, de la Gerencia de División Financiera de la CCSS.

Hasta el día de hoy, sin que se tenga el menor resultado negativo, la vigilancia en dicho laboratorio ha estado a cargo del personal de seguridad del Hospital San Juan de Dios (HSJD); funcionarios que con eficiencia, cuidado y decoro han brindado tal servicio; considerándose que en dicho establecimiento se basan pruebas delicadísimas que han de traer resultados, beneficiosos en un caso y/o perjudiciales en otro, para las personas que se ven envueltas en controversias de paternidad.

En una ocasión anterior, un intento de variar el tradicional sistema de vigilancia, contratando personal privado, no fructificó por razones más que obvias. Pero, ahora, los intentos de privatizar este servicio parecen no detenerse y en vez de seres humanos, un componente electrónico sería el responsable máximo de tal servicio.

No creemos nosotros que, ni un caso ni el otro, sean acordes con la naturaleza de la seguridad del trabajo a cargo de tal laboratorio; considerándose inherente al mismo la prestación humana de tal seguridad, bajo la responsabilidad de personal del servicio público que, directamente, suministra la CCSS, a través del personal de vigilancia del HSJD. Esto es garantía más que suprema de una tarea estratégica por las delicadas y específicas funciones que se ejecutan en dicha unidad médica.

Eliminar la prestación del servicio de vigilancia en ese laboratorio, que actualmente brindan los vigilantes de dicho hospital; sustituyéndoseles por una sistema de vigilancia electrónica; implica que, a final de cuentas, toda la seguridad quedaría a cargo de una sola persona, un vigilante privado que se ubica en la casetilla externa al laboratorio, quedando todo su interior sin la mejor tarea de seguridad humana.

Aunado a lo anterior, indudablemente que una decisión de privatizar por cualquier vía (ahora la electrónica), generará un considerable impacto negativo en las finanzas del personal de vigilancia del HSJD. La responsabilidad de la tarea de seguridad del Laboratorio de Pruebas de Paternidad, representa un salario extraordinario que, en buena medida, ayuda a sobrellevar la situación socioeconómica de las familias respectivas, en épocas de alta inflación y de gran incertidumbre económica.

No sería justo, en consecuencia, que mientras el país presencia un crecimiento sostenido de la pobreza y un sistemático estrujamiento de la otrora poderosa clase media; una decisión administrativa, imprudente y técnicamente fría, sin sustento factible de mejora sustancial en la seguridad deseada; provoque alteraciones presupuestarias en hogares de sencillos servidores públicos, como los de la vigilancia del Hospital San Juan de Dios, a cargo de la vigilancia en dicho laboratorio.

Vistas así las cosas, respetuosamente, le rogamos su intervención directa en la situación apuntada, considerando su gran papel social como Defensor de los Habitantes de la República; dado que en este punto, el tema de la seguridad va más allá de una colones menos o de unos colones más, si tomamos en cuenta que las decisiones que se toman en dicho laboratorio, tienen que ver con derechos civiles, económicos y sociales de personas que habrán de ser los ciudadanos futuros de nuestro país. Le solicitamos, formalmente por esta vía, la concesión de una audiencia con la debida urgencia que el caso amerita, para puntualizarle nuestras preocupaciones al respecto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Arcelio Sánchez Cisneros
Delegado Sindical ANEP-HSDJ

Carlos Carvajal Jara
p/ Personal de Seguridad, Hospital San Juan de Dios (HSJD)

—-
c.: Personal de Seguridad, Hospital San Juan de Dios.
c.: Sr. Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP-Responsable ANEP-CCSS.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Licenciado
Luis Diego Morales Matamoros
Presidente
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE)
Su Despacho

Estimada señora y estimado señor:

En nombre de nuestra organización sindical ANEP y respondiendo al llamado de funcionarios y público que visita la Municipalidad de Alajuela nos permitimos, con todo respeto, solicitarles la siguiente información:

¿Cuáles son los alcances de la institución que ustedes representan para declarar el estado de un edificio, en cuanto a su habitabilidad o no?

¿Qué sabe la Comisión Nacional de Emergencias y/o el Ministerio de Salud, sobre el estado físico del edificio que alberga al personal de la Municipalidad de Alajuela?

Se dice que el citado edificio ha sido declarado inhabitable, ¿qué nos pueden informar sobre el particular?

¿Es competencia de algunas de esas entidades, valorar las nueva políticas que se dicten en la Municipalidad de Alajuela u otras instituciones, con relación a las áreas de acceso y evacuación de personas? (lo anterior, por cuanto en la Municipalidad de Alajuela sólo se habilita una puerta para esa gestión).

Las anteriores preguntas las formulamos, como lo señalamos al inicio de esta nota, a solicitud de los funcionarios y el público que visita el edificio municipal, quienes a raíz del último sismo, nuevamente se llenan de temores, maximizándolos como es lógico, ante las políticas ya referidas, de la nueva administración, sobre el acceso y evacuación de personas.

Por todo lo expuesto, les rogamos se sirvan respondernos lo más pronto posible, al tiempo que le solicitamos si es de su competencia, intervenir en este centro de trabajo y atención al público; para que con su concurso se lleve la tranquilidad a los y a las alajuelenses. Caso contrario, les solicitamos nos informen a cuál autoridad compete debemos recurrir, a fin de que se tomen las acciones correspondientes, antes que, ocurra un infortunio de impredecibles dimensiones.

Muy respetuosamente, esperando pronta respuesta al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Municipal

—-
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Honorable Concejo Municipal de Alajuela.
c.: Lic. Fabio Molina Rojas, Alcalde Municipal de Alajuela.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela.
c.: Funcionarios y funcionarias, Municipalidad de Alajuela.
c.: Archivo.

Estimados señores:
Estimadas señoras:

Con fundamento en los informes que mes a mes nos envía la Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares, nuestra Dirección Nacional, considera de suma importancia, ponerlos al tanto de lo que acontece en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, situación que consideramos anómalo y perjudicial para el buen desempeño de labores y la eficiencia que se debe a la comunidad de Las Juntas de Abangares.

Se asegura que en la práctica, existe en esa Planta, un estilo de dirección recargado en tres funcionarios, quienes; cual jefaturas sin nombramiento claro, asumen el papel de observadores, analistas, orientadores y críticos del trabajo que realizan otros dos funcionarios; destacados para desempeñar el trabajo operativo, (chapias, lavado de filtros, lavado de sedimentadores y limpieza general de la planta) de ser así, estaríamos hablando de un caso, donde “hay más caciques que indio,” lo que provocaría, indefectiblemente, recargo de funciones para unos y desconcierto a la hora de emitir órdenes y recibir las mismas, para otros. (¿A quién le hago caso?

Otro asunto que se debe atender con prontitud, para prevenir infortunios, es el caso del funcionario, Olbert Villalobos, Operador de Planta, quién padece de “ataques” y por el tratamiento que debe seguir y su propia enfermedad, muchas veces no puede cumplir con sus obligaciones a cabalidad, además el citado funcionario, ha sido operado de la cintura, en más de una ocasión, por lo que sería humanitariamente necesario procurarle un traslado, en un puesto acorde con sus posibilidades de cumplimiento eficaz y efectivo, al tiempo que se evitan riesgos muy particulares y propios de la Planta de Tratamiento. (Riesgo por las piscinas y soledad en la montaña).

Por todo lo expuesto, solicitamos con todo respeto, se ordene una investigación en la Planta, que determine con objetividad, si en ese centro de trabajo, se requiere más personal o si lo que procede, es distribuir el trabajo de manera más equitativa y racional.

Con nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Municipal

—-
c.:Dr. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.
c.:Lic. Fernando Trejos Ballesteros, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Consejo Nacional de Salud Ocupacional.
c.:Auditor Interno, Municipalidad de Abangares.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Seccional ANEP-Municipalidad Abangares.
c.:Trabajadores Municipalidad de Abangares.

Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Sirva la presente para solicitarle estudiar y, eventualmente, derogar, los términos del Oficio 18988, fechado 16 de julio de 2003, que enviara el entonces Gerente de la División Médica, doctor Horacio Solano Montero, a todas las dependencias institucionales referente al asunto indicado (deslealtad), con instrucciones de acatamiento obligatorio; mismas que provocaron gran indignación entre los trabajadores, dado que se ordenó algo así como “VER Y CALLAR”.

La resolución del Consejo Asesor de la Dirección Jurídica (Sesión 1156-2003, celebrada el 8 de abril de 2003), ofrece conclusiones subjetivas que indujeron al entonces gerente a ordenar directrices equivocadas, dicho esto con todo respeto; las cuales, desde luego, no nos parecen válidas en tiempos en que la denuncia de actos irregulares se constituye en una obligación patriótica, máxime cuando fue sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que una gavilla de mafiosos, desde el lado político y del lado empresarial, se propuso concretar el más vergonzoso saqueo conocido en la historia de nuestro país.

La revisión de lo instruido en materia de “lealtad” a la institución, es una solicitud que hacemos en procura de que exista, tanto en trabajadores como en usuarios de los servicios de la CCSS, suficiente confianza para protegerla de nuevos actos de corrupción.

Le reiteramos nuestro respaldo a todas aquellas acciones que emprenda en la conducción institucional, en defensa de la ética en la función pública, que mejoren la calidad de los servicios públicos y que garanticen una seguridad social fortalecida como herencia para las generaciones venideras.

Quedamos en espera de su pronta respuesta, considerando que entre la población laboral de la institución, en su abrumadora y contundente mayoría, existe un profundo espíritu para revindicar la imagen de la institución, altamente lesionada por los sucesos ya de amplio conocimiento; pero, considerando, a la vez, que la Caja es la entidad pública más querida de los y de las costarricenses.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

—-
c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorable Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Dirigentes y Delegados de ANEP-CCSS.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Archivo.

Señores y señora Honorable Junta Directiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (A y A) Presente

Señor
Everardo Rodríguez Bastos
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ( A y A).
Su Despacho

M.B.A.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Honorables trabajadoras
Honorables trabajadores
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)

Reciban, en primera instancia, un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Recientemente hemos sido enterados y documentados de algunos cambios jerárquicos en dos de las direcciones estratégicas de esta querida e insigne institución.

Nos referimos, concretamente, al nombramiento del Lic. Luis Alvarado Aguilar como nuevo jerarca en la Dirección del Área Metropolitana; así como del nombramiento en la Dirección de Suministros, del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, anterior jerarca de la Región Metropolitana.

También hemos sido puestos en conocimiento de la salida de la Licda. Wendy Goicurría Rodríguez, de la Dirección de Suministros.

Primeramente es oportuno señalar que ANEP no cuestiona, en absoluto, los méritos personales y profesionales de estos destacados y apreciados funcionarios; de tal manera que nuestras observaciones y/o posición oficial, van dirigidas a cuestionar los aspectos de fondo utilizados por la administración superior para los respectivos nombramientos o cambios, que pudiesen ser interpretados por la misma como “estratégicos”.

Así las cosas, nos permitimos exponer, de manera respetuosa, nuestras consideraciones.

Primero: Para ubicarnos en el contexto, es oportuno destacar que en el A y A, existen tres herramientas jurídicas internas que rigen tanto las políticas institucionales, como las relaciones laborales, que son: a) la Ley Constitutiva de esta estratégica institución, denominada cotidianamente como A y A; b) El Reglamento de la Junta Directiva; y c) el Reglamento Autónomo de Trabajo, recientemente publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. A lo anterior, podemos adicionar la Ley de Control Interno, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Segundo: La Ley Constitutiva del A y A da la potestad a la Junta Directiva de nombrar al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor; de igual manera establece que la Presidencia Ejecutiva la nombra el Consejo de Gobierno.

Tercero: Existe una agregación o adición que realizaron los autores intelectuales del Reglamento Autónomo del A y A, vigente desde el 19 de noviembre del 2004, misma que nunca se contempló en el documento borrador del mismo. Esta afirmación se corrobora al comparar el Artículo 20 aparecido en ese borrador, con lo que posteriormente fue aprobado por la honorable Junta Directiva de la institución, como Reglamento Autónomo.

Cuarto: Desde nuestra perspectiva, existe una contundente contradicción de orden jurídico que roza con la Ley Constitutiva; pues la decisión de que los directores y subdirectores de área y/o región sean nombrados, directamente, por la Junta Directiva del A y A, contraviene dicha ley; además de que se violenta el reglamento emitido en cuanto a respetar procesos de selección basados en ternas, inopia, ascensos, concursos internos y externos.

Quinto: Somos del criterio de que tales procesos deben seguirse observando para la designación de directores y subdirectores; correspondiéndole a la Junta Directiva de A y A, únicamente, la ratificación de tales nombramientos, luego de haberse observado esos procesos. Por tanto, la decisión que se tomó muestra que estamos ante un excesivo poder de imperio, de orden político, tanto por quienes impulsaron dicha reforma como por parte de la Honorable Junta Directiva de A y A.

Finalmente quedaremos a la espera de que las máximas autoridades institucionales tengan la gentileza de rendir cuentas sobre este y otros particulares, pues esta situación ha provocado un cisma a lo interno del A y A; poniéndose en riesgo la paz laboral de la valiosa fuerza de trabajo, que representa el capital mas valioso con el que cuenta esta estratégica institución.

Aprovechamos la valiosa oportunidad, para solicitarle a las autoridades institucionales que propicien, sin exclusión alguna, los espacios de discusión y análisis, tanto con las trabajadoras y los trabajadores como con las instancias sindicales; a propósito del plan piloto que viene manejando el programa denominado A y A-Banco Mundial.

Ese plan piloto pretende convertir a esta estratégica institución en una instancia rectora de políticas; dejando la parte sustancial, denominada operativa, a operadores especializados o empresas privadas vía concesiones; propuesta que desconoce tanto el personal como los sindicatos y que, por supuesto, nuestra agrupación rechaza, enérgicamente, ad portas.

Sobre esta situación de fondo que tiene que ver con el rumbo institucional, dejaremos patente nuestra posición oficial en los próximos días; reiterando a las instancias sindicales internas del A y A, repensar nuestra propuesta de alianza sindical, denominada Unidad en la Diversidad, que hiciéramos hace más de un año; misma que consideramos fundamental para la defensa y el fortalecimiento institucional, especialmente en momentos en que la privatización, vía concesión, amenaza seriamente al A y A.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

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c.:Trabajadores y trabajadoras del A y A.
c.:Sindicato de Profesio0nales del A y A (SIPAA).
c.:Asociación Sindical de Trabajadores del A y A (ASTRAA).
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.