Categoría: Incidencia

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El día 10 de junio de 2003, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en la persona del Gerente General, presentó formal denuncia penal ante el Ministerio Público, con el fin de sentar las responsabilidades penales y civiles de los trabajadores de la institución involucrados en la contratación del Remolcador “El Vínculo”.

Lo anterior de conformidad con el informe número FOE-OP-10/2001, denominado “Informe sobre el estudio efectuado en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), sobre la contratación directa de un remolcador denominado “El Vínculo”.

En el escrito de interposición de dicha denuncia, se indicó que oportunamente se establecería la acción civil resarcitoria. No obstante, al día de hoy tenemos conocimiento de que la empresa no ha cumplido con ello.

Por otra parte, en el informe FOE-OP-268 del 10 de junio de 2003, denominado “Informe del estudio efectuado sobre el pago de preaviso y auxilio de cesantía a favor del Ingeniero Guillermo Ruiz Castro, ex Presiente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico”, la Contraloría General de la República ordenó:

4.2. “A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO.

Ordenar de inmediato el inicio de los procedimientos necesarios con el fin de recuperar las sumas indebidamente canceladas al señor Guillermo Ruiz Castro, por los conceptos de pago de preaviso y auxilio de cesantía, y dar el debido seguimiento al procedimiento que se inicie con el objeto de que éste cumpla con su objetivo.

Ordenar el inicio de una investigación con el fin de determinar las eventuales responsabilidades del señor Gustavo A. Esquivel Quirós por los hechos que aquí se señalan.”

Estas disposiciones de nuestro órgano contralor tampoco se han cumplido, situación que junto a la falta de presentación de la acción civil resarcitoria en el caso del remolcador “El Vínculo”, nos causa seria preocupación, puesto que ello podría configurar las conductas tipificadas y sancionadas en los artículos 199 de la Ley General de la Administración Pública y 332 del Código Penal.

Asimismo, cuestionamos el hecho de que la administración superior del INCOP esté siendo asesorada, en el proceso concesionario, por el asesor externo Gustavo Esquivel Quirós, ya que además de que la institución cuenta con una Unidad Jurídica, es cuestionable la asesoría que dicho profesional brindó en el caso de las prestaciones del ex Presidente Ejecutivo, pues la propia Contraloría General de la República, manifestó en el respectivo informe lo siguiente:

“Aparte de lo anterior, se considera reprochable la forma en que el Lic. Gustavo A. Esquivel Quirós, bajo conocimiento de que él era quien había emitido el primer pronunciamiento, le indicó a la Junta Directiva que el primer documento se le trasladó para que él lo analizara, sin haber hecho referencia a que se le estaba pidiendo valorar un documento que él mismo había emitido cuando él era Director del Área Jurídica del INCOP. Es reprochable asimismo la forma en que dicho Asesor varía un criterio emitido con anterioridad en sentido contrario, sin hacer referencia al antecedente existente y dando una solución jurídica totalmente distinta, a pesar de que la situación fáctica era la misma, aspecto que podría generar múltiples cuestionamientos.”

De conformidad con lo apuntado, solicitamos respetuosamente que su Autoridad, gestione lo que corresponda para que la actuación de la administración del INCOP se ajuste al ordenamiento jurídico.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Comité Seccional ANEP-INCOP

—-
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INCOP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El día 10 de junio de 2003, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en la persona del Gerente General, presentó formal denuncia penal ante el Ministerio Público, con el fin de sentar las responsabilidades penales y civiles de los trabajadores de la institución involucrados en la contratación del Remolcador “El Vínculo”.

Lo anterior de conformidad con el informe número FOE-OP-10/2001, denominado “Informe sobre el estudio efectuado en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), sobre la contratación directa de un remolcador denominado “El Vínculo”.

En el escrito de interposición de dicha denuncia, se indicó que oportunamente se establecería la acción civil resarcitoria. No obstante, al día de hoy tenemos conocimiento de que la empresa no ha cumplido con ello.

Por otra parte, en el informe FOE-OP-268 del 10 de junio de 2003, denominado “Informe del estudio efectuado sobre el pago de preaviso y auxilio de cesantía a favor del Ingeniero Guillermo Ruiz Castro, ex Presiente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico”, la Contraloría General de la República ordenó:

4.2. “A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO.

Ordenar de inmediato el inicio de los procedimientos necesarios con el fin de recuperar las sumas indebidamente canceladas al señor Guillermo Ruiz Castro, por los conceptos de pago de preaviso y auxilio de cesantía, y dar el debido seguimiento al procedimiento que se inicie con el objeto de que éste cumpla con su objetivo.

Ordenar el inicio de una investigación con el fin de determinar las eventuales responsabilidades del señor Gustavo A. Esquivel Quirós por los hechos que aquí se señalan.”

Estas disposiciones de nuestro órgano contralor tampoco se han cumplido, situación que junto a la falta de presentación de la acción civil resarcitoria en el caso del remolcador “El Vínculo”, nos causa seria preocupación, puesto que ello podría configurar las conductas tipificadas y sancionadas en los artículos 199 de la Ley General de la Administración Pública y 332 del Código Penal.

Asimismo, cuestionamos el hecho de que la administración superior del INCOP esté siendo asesorada, en el proceso concesionario, por el asesor externo Gustavo Esquivel Quirós, ya que además de que la institución cuenta con una Unidad Jurídica, es cuestionable la asesoría que dicho profesional brindó en el caso de las prestaciones del ex Presidente Ejecutivo, pues la propia Contraloría General de la República, manifestó en el respectivo informe lo siguiente:

“Aparte de lo anterior, se considera reprochable la forma en que el Lic. Gustavo A. Esquivel Quirós, bajo conocimiento de que él era quien había emitido el primer pronunciamiento, le indicó a la Junta Directiva que el primer documento se le trasladó para que él lo analizara, sin haber hecho referencia a que se le estaba pidiendo valorar un documento que él mismo había emitido cuando él era Director del Área Jurídica del INCOP. Es reprochable asimismo la forma en que dicho Asesor varía un criterio emitido con anterioridad en sentido contrario, sin hacer referencia al antecedente existente y dando una solución jurídica totalmente distinta, a pesar de que la situación fáctica era la misma, aspecto que podría generar múltiples cuestionamientos.”

De conformidad con lo apuntado, solicitamos respetuosamente que su Autoridad y la Junta Directiva de la institución, actúen conforme al ordenamiento jurídico, y procedan a cumplir con lo ordenado por la Contraloría General de la República en el caso de las prestaciones del Ingeniero Guillermo Ruiz Castro, y se apersonen interponiendo la acción civil resarcitoria en el caso de la contratación del remolcador “El Vínculo”, para que la administración pública recupere los daños causados con ese comportamiento ilícito.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Comité Seccional ANEP-INCOP

—-
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INCOP.
c.: Archivo.

Licenciado
Ricardo Toledo Carranza
Ministro
Ministerio de la Presidencia
Casa Presidencial
Su Despacho

Fax No. 253 34 51

Estimable señor Ministro:

Con preocupación e indignación nos habíamos enterado, días atrás, de la acción de “inteligencia” emprendida por su despacho, a través de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), contra los movimientos sociales que nos venimos aglutinando para luchar contra el TLC promovido por su Gobierno, en el espacio denominado Comité Nacional de Enlace (CNE); a raíz del primer evento público que realizáramos el pasado jueves 19 de febrero, en el Salón de Expresidentes de la República de la Asamblea Legislativa.

La diligente, edificante y digna actitud de varios señores diputados y de varias señoras diputadas, como don Rodrigo Alberto Carazo y doña Elvia Navarro, nos permitió tomar nota de que el evento del CNE había sido blanco del espionaje gubernamental quien sabe con qué propósitos. Una acción repudiable, inadmisible y que no debe quedar impune, no solamente por la institucionalidad democrática de Costa Rica, sino por tratarse de una actividad realizada en la sede del parlamento, depositario de la voluntad popular soberana y, por ende, conceptuado como el Primer Poder de la República.

Hoy se informa periodísticamente del cambio de mando en la DIS y se relaciona con el citado acontecimiento, sin embargo, para ANEP esto no aminora, en lo más mínimo, la gravedad del asunto planteado.

Vistas así las cosas, la ANEP cree que la autoridad presidencial depositada en su persona, tiene responsabilidades directas en tan bochornoso suceso antidemocrático de ribetes totalitarios, típico comportamiento de un Gobierno-Estado policial en desarrollo, temeroso del crecimiento de la protesta social; precisamente por el peligroso grado de aislamiento en que ha caído y de la reducción de su legitimidad, por entregarse a la satisfacción de mezquinos intereses de gran poder económico y por haber renunciado a la promoción del bien común.

Es nuestro respetuoso pero vehemente criterio que usted, Señor Ministro de la Presidencia, tiene responsabilidades directas en esa cuestionada acción y por tanto, debe amplias explicaciones, contundentes y claras; no solamente por el acto en sí del 19 de febrero, sino sobre la estrategia de intervención sistemática que se ha definido ejecutar contra todo el amplio abanico de personalidades, organizaciones e instituciones que nos oponemos al TLC.

Solicitamos su respuesta al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de Costa Rica.
c.:MSc. Elvia Navarro, Diputada de la Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Rodrigo Alberto Carazo, Diputado de la Asamblea Legislativa.
c.:Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Licenciado
Luis Fernando Vargas Benavides
Contralor General de la República
Contraloría General de la República
Su Despacho

Estimado señor Contralor:

Luego de saludarle de la manera más atenta y respetuosa, sometemos a consideración de su despacho, la situación que se da en la actual Junta Directiva de Correos de Costa Rica, S. A.; para establecer si es correcto y/o apegado a la legalidad que si uno de sus integrantes no puede asistir a determinada sesión, en caso de que esté realizando un “viaje oficial”, puede recibir la dieta correspondiente.

Tal y como lo podrá anotar, en las copias adjuntas; mientras que el Departamento Legal de la institución se opone a la situación indicada (según Oficio No. DL-MH-1906, fechado 28 de noviembre de 2003 y suscrito por el Asesor Marvin Herrera Quesada y por el Lic. Mario Parra Vargas, del citado departamento); un informe rendido, con membrete del Bufete Brealey Zamora, le indica a la citada junta directiva que sí es posible que devenguen dietas aunque no estén en sesión, si están ausentes por asuntos oficiales. Este informe lo firma el Lic. Federico Brealey Zamora, en su calidad de Consultor Legal de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica, S. A.

Aparte de estimar que esa práctica de pagar dietas sin asistir a sesiones (porque si la ausencia es en “viaje oficial” y por ende, se reciben los correspondientes viáticos); llama poderosamente la atención como el criterio jurídico privado, de un consultor perteneciente a un bufete particular, se impone al dictamen de la respectiva asesoría legal institucional que tiene la estructura de la empresa Correos de Costa Rica, S. A:, cuyo capital accionario, en un ciento por ciento, es de propiedad estatal.

Sin duda alguna, señor Contralor General, esta situación merece ser investigada; adicionalmente al necesario esclarecimiento de cómo es que ha sido contratado ese consultor legal, bajo qué condiciones y a qué costo; apuntando, también, cuál es el sentido de tal contratación si la institución posee su propio departamento legal.

Esperando una favorable acogida a nuestra inquietud, le adjuntamos a la presente los documentos apuntados.

Le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

—-
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor:

En primer término, reciba usted nuestro atento saludo.

Ante el inminente traslado de las instalaciones centrales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a su nuevo edificio; la ANEP-Nacional y su representación seccional ANEP-ICT, expresan a su despacho varias inquietudes provenientes de la mayoría del personal de la institución, dentro de la cual destacan servidores profesionales en el campo de la ingeniería y de la formación justicia.

Para las personas funcionarias del ICT con la preocupación indicada, es inconveniente el traslado previsto en fecha pronta, considerando las siguientes razones; mismas que, de manera oficial, hacemos nuestras:

El edificio seleccionado tendría señalamientos de graves fallas estructurales, que habrían sido ya detectadas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Tal inmueble no cuenta con elevadores, lo cual imposibilita el cumplimiento de la Ley 7600, que establece las obligaciones jurídicas para brindar facilidades a las personas con discapacidad. Se exige que los ascensores estén funcionando para poder utilizar el edificio como sede de una institución del Estado, la cual albergaría a unas doscientas personas trabajadoras y los múltiples visitantes de la cotidianeidad.

Existe la presunción de que tanto la entidad vendedora, CINDE, como la compradora, ICT, no habrían cumplido con otras instituciones para casos como el de venta y compra de edificio para uso de una institución pública, después del reforzamiento estructural al que, supuestamente, fue sometido el edificio adquirido; a saber, el visado de los planos constructores para las siguientes entidades: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Ministerio de Salud, Municipalidad de San José; y ahora, con la nueva Ley No. 7983, de Protección al Trabajador, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (18 de febrero de 2000, Alcance/La Gaceta, No. 135).

Existe enorme preocupación pues, presuntamente, una inspección realizada recientemente, indicaría que aún persisten las fallas estructurales en los ejes de los entrepisos.

Ignoramos qué tipo de previsión se ha tomado en cuanto a pólizas de riesgos contra terremoto, incendio y otros eventos de similar naturaleza, está tomando la administración para la protección de la integridad física de sus trabajadores, de sus trabajadoras y de la población visitante.

Los servicios sanitarios para hombres y para mujeres aún no se han acondicionado para personas con discapacidad, como la exige la mencionada Ley No. 7600.

Por lo tanto, hasta que no se cumpla con todos estos requisitos, consideramos inconcebible y riesgoso el inmediato traslado a ese nuevo edificio; pero, sobre todo, hasta lograr que entidades tan calificadas como la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, nos garanticen la seguridad del inmueble para nuestra permanencia sin riesgos latentes.

Con todo respeto, le solicitamos una respuesta sobre el particular, al amparo del Artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Marco Tulio Picado
Méndez Rodrigo Herrera Rodríguez
Seccional ANEP-ICT

—-
c.:Sres. Defensoría de los Habitantes de la República.
c.:Sres. Contraloría General de la República.
c.:Sres. Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
c.:Sres. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
c.:Sres. Departamento de Ingeniería, Municipalidad de San José.
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-ICT.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Personal del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
c.:Archivo.

Estimado señor Alcalde:

La Dirección Nacional de ANEP y nuestra seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, con el debido respeto se presenta ante su estimable autoridad en demanda de atención.

La razón de los términos arriba anotados, tiene que ver con la displicencia que, tanto nuestra Dirección Nacional como nuestra Seccional en esa municipalidad, percibimos por parte de su estimable autoridad, ante la obligación responder a nuestras demandas y/o planteamientos de orden laboral.

Nos parece, señor Alcalde, que con ese proceder usted trata de desconocer a los sindicatos, como instituciones propias, legítimas y constitucionales de los Trabajadores y de las Trabajadoras, del municipio y demás estamentos de nuestra sociedad.

De no ser así, ¿por qué razón su estimable autoridad no se ha dignado respondernos sobre la situación de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Alajuela, misma que analizó una comisión nombrada por el Honorable Concejo meses atrás y de su dictamen aún no tenemos conocimiento?.

¿Por qué razón no se ha atendido nuestra solicitud, para que se convoque y conforme de acuerdo a la ley, la Comisión de Salud Ocupacional?. Probablemente esa comisión hubiese evitado los accidentes que se han suscitado en su administración, en perjuicio de los trabajadores que arriesgaron su vida, precisamente por falta de medidas en ese campo.

En materia de salarios, recordamos que al inicio de su gestión como Alcalde, usted nos prometió que no habría atrasos en el pago de los reajustes de ley; no obstante, han pasado dos meses y a la fecha su estimable autoridad no nos cita para que firmemos el convenio simple que exige la Contraloría General de la República para que se haga efectivo pago. ¿ Será que su estimable persona encontró otra fórmula para honrar la deuda?

Sobre permisos para actividades sindicales, desde que nuestra organización recurrió a la Sala IV, para que se respetaran los derechos de los funcionarios despedidos por su administración, a raíz del proceso de “Modernización Institucional”; usted deniega los mismos y cuestiona nuestras reuniones en el plantel, exigiendo para ello su previa autorización. ¿Será que obtendremos esos permisos al amparo de nuestra Convención Colectiva de Trabajo y los convenios que nuestro Gobierno ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidades (ONU)?.

Sobre las variantes de horarios y todo lo que implica el “ ius variandi “, su estimable autoridad los aplica de manera unilateral, desconociendo la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esta municipalidad y la obligación de convocar a las direcciones sindicales, para plantearnos los cambios propuestos, o al menos para notificarnos sobre la imposición. ¿ Considera el señor Alcalde, como suele señalarlo en algunas acciones de personal, que el derecho se lo otorga el Código Municipal, por encima de nuestra Convención Colectiva de Trabajo y demás leyes vigentes?.

¿Ha olvidado señor Alcalde que este es un país de Derecho, que los funcionarios públicos somos simples depositarios de la ley y que estamos sujetos a respetarla?. Claro que podemos recurrir a los tribunales o a otros métodos de convencimiento, para exigir el respeto a nuestros derechos; pero preferimos, como se lo prometimos al inicio de su mandato, buscar el diálogo y la concertación, antes que la confrontación, toda vez que esas fórmulas, indefectiblemente, perjudicarán la institucionalidad y a los y a las habitantes del cantón.

Por todo lo expuesto y con el propósito de encontrarle respuesta a nuestras interrogantes, le solicitamos una audiencia, con la premura del caso.

De la manera más atenta y respetuosa,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Hugo Villalobos Arce
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela

—-
c.: Señores y señoras, Honorable Concejo de Alajuela.
c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contraloría General de la República.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Oficina en Costa Rica, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
c.: Trabajadores y trabajadoras Municipalidad de Alajuela.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela.
c.: Archivo.

Asunto: Uso de recursos públicos para propagandizar el TLC

Estimado señor:

Para nadie es un secreto que el asunto del tratado de “libre” comercio (TLC), entre nuestro país y los Estados Unidos, tiene una trascendencia histórica mal allá de las decisiones que, en uno u otro sentido, se tomen en el presente período constitucional; por parte de la actual generación de costarricenses que, de una forma u otra, tienen que ver en tales definiciones; generadas desde las instancias institucionalmente establecidas, o fuera de las mismas.

Lo anterior quiere decir que, estamos ante un desafío que atañe a toda la población actual del país, así como a las futuras generaciones, de suerte tal que el debate que debe abrirse, debe facilitar la incorporación del mayor número de personas y de posiciones; buscando que las mismas sean escuchadas y analizadas por esa gran parte de la ciudadanía que prefiere escuchar antes, ideas y criterios contrarios y hasta radicalmente encontrados, para forjarse uno propio.

En correspondencia directa con la institucionalidad democrática que pregonamos sobre el ejercicio de la libertad de expresión, no es correcto ni moralmente aceptable, que, por poderío económico y/o por ejercicio transitorio del poder político, una posición prevalezca sobre las otras en cuanto a posibilidades de acceso masivo a la población; pues de lo que se trata es de un debate de ideas, de altura, y no de manipulaciones odiosas para potenciar determinada tesis.

En un tema tan delicado como éste, de tanta sensibilidad, sería irresponsable promocionarlo cual pasta dentrífica, apelando a fórmulas propagandísticas carentes de sustentabilidad real; y, mucho menos inaceptable sería la circunstancia de que sea el Gobierno, con fondos de todos, el encargado de una promoción en tal sentido.

Vistas así las cosas, como ciudadanos costarricense que pagamos, puntualmente, nuestros impuestos y, por ende, contribuyentes responsables del erario público; y como representantes de entidades laborales que integramos el amplio, activo y diverso mundo de los movimientos sociales de nuestro país; nos sentimos con la autoridad debida para plantear a la máxima autoridad ejecutiva del país, el Presidente de la República que, dada la actual coyuntura nacional en torno a este asunto del TLC y lo delicado de la misma; una acción gubernamental prudente aconsejaría lo siguiente:

Si se van a emplear recursos públicos, provenientes de los contribuyentes, para realizar propaganda oficial a favor del TLC, según la tesis del Gobierno de la República en la materia; constituiría una conducta injusta y antidemocrática; a sabiendas de que en la sociedad no hay unanimidad al respecto, ni siquiera consenso; y, por tanto, la tesis contraria a la oficial, merece un acceso equitativo e igualitario, si se trata del empleo de fondos públicos, como indicamos.

No debe, con todo respeto, el Gobierno de la República financiarle a una de las partes su campaña promocional particular; sino que, por el contrario, debe permitirle a la ciudadanía, si es que va a disponer de recursos públicos, igualdad de condiciones en cuanto a la difusión de las tesis contrapuestas.

Si, en realidad, se dispondrá de recursos públicos para el asunto del TLC, debe establecerse una comisión de representantes de las partes contrapuestas, para posibilitar un empleo racional y equitativo de los recursos públicos que se dispondría para tal efecto. Sería importante que en esta comisión, como testigo calificado, participe la Defensoría de los Habitantes de la República.

Nuevamente, nos vemos en la necesidad de indicar que el empleo de los recursos públicos de todos los y las costarricenses, a favor de una única tesis, en este caso la empresarial, no solamente riñe con la ética como indicamos al inicio de la presente; sino que, lo que hará es enconar los ánimos, incrementar las desconfianzas, aumentar la agresividad verbal, un deterioro de la imagen del gobernante e incitar a la confrontación social abierta y violenta.

Esperamos que la cordura, la justicia social y la sapiencia que dan los años, le posibilite, Sr. Presidente, entender la naturaleza de esta solicitud y emplazamiento respetuoso.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Chaves Castro
Presidente Asociación Sindical de Empleados delInstituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)

Luis Chavarría Vega
Secretario GeneralUnión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP)

—
c.: Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Monseñor José Francisco Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
c.: Sres. Jefes de Fracción Parlamentaria, Asamblea Legislativa.
c.: Movimiento Social de Costa Rica.
c.: Archivo.

Licenciado
Luis Paulino Mora Mora
Magistrado Presidente
Sala Constitucional
Presidente
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho

Honorable señor Magistrado:

Luego de expresarle nuestro mayor respeto y consideración, como ciudadanos usuarios regulares del sistema judicial costarricense y creyentes firmes de que el fundamento básico de nuestra institucionalidad republicana, descansa en la confianza de nuestro Estado de Derecho; solicitamos a su digna autoridad recibirnos en audiencia, a nombre oficial de nuestra agrupación laboral, para exponerle una serie de consideraciones que expresan la percepción que nos hemos forjado, en torno a delicados asuntos sometidos al conocimiento de esa honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que usted preside.

Esperando una pronta respuesta a nuestra solicitud, reiteramos nuestro respeto para la máxima autoridad judicial del país depositada en su persona.

En forma atenta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Licenciado
Luis Fernando Vargas Benavides
Contralor General
Contraloría General de la República
Su Despacho

Estimado señor Contralor:

Respetuosamente, expresamos a su digna autoridad nuestro más atento saludo.

Mediante oficios DAJ-590-2003 y DAJ-593-2003, del 16 y 18 de diciembre de 2003 respectivamente, dos abogados de la Asesoría Jurídica activa del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) emiten criterio respecto a la legalidad de los contratos de concesión de los servicios públicos de remolcadores y de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera.

Ambos profesionales en Derecho, coinciden en que el proceso licitatorio contiene serios yerros que constituyen ilegalidades, en cuanto contravienen las disposiciones de contratación administrativa y el ordenamiento jurídico en general.

Según el Lic. Emanuel López Vargas, la Contraloría General de la República, que tuvo en sus manos la revisión del procedimiento de licitación, obvió serias contradicciones e ilegalidades de las ofertas y los carteles. En su comentario final indicó: “Luego del estudio detallado no solo del contrato sino de las ofertas y del cartel, se notaron un sinnúmero de ilegalidades y contradicciones, las cuales no han sido analizadas, toda vez que se parte del supuesto que la legalidad del procedimiento de licitación fue revisado por la Contraloría General de la República”.

En el contrato de concesión de servicios públicos de remolcadores, el Lic. Marco Antonio Cavallini encontró las siguientes situaciones irregulares:

En el contrato aparecen dos servicios públicos como el pilotaje y el servicio de lanchas, servicios que están regulados con tarifas de ARESEP , que en un primer momento se había indicado que quedarían en manos del INCOP, y que fueron incluidos en el cartel mediante una aclaración después de haber sido adjudicada la concesión.

El remolcador “Don Pepe” que se incluyó en el cartel de licitación, no se encontraba en ese momento inscrito a nombre del INCOP. De hecho el licenciado Marco Antonio Vargas Cavallini, previene que aún no es propiedad del INCOP, pues no se han cancelado los impuestos respectivos y advierte que realizar su venta sería un actuar delictivo.

El contrato establece el servicio de remolcadores en la denominada Boya de FERTICA, instalaciones que no le pertenecen a INCOP y que, por lo tanto, no cuenta con competencia alguna sobre las mismas.

En cuanto al contrato referente a los servicios públicos del Puerto Caldera, se advierten las siguientes ilegalidades:

Se le permitió al consorcio Caldera II adoptar la estructura tarifaria aprobada por ARESEP para el INCOP, cuando lo procedente es que se apruebe una tarifa de servicios a éste.

En el cartel correspondiente se estableció que ni el edificio administrativo ni los edificios restantes serían objeto del contrato, y en el contrato se establece como áreas y bienes de la concesión, todas las construcciones, estructuras, bodegas de almacenamiento, patios, parqueo, edificio y casetas; así como la red contra incendios, la red de acueducto y alcantarillado y red eléctrica.

En el contrato se obliga a la administración a garantizar al concesionario que dentro del área de la concesión, será el único prestatario del servicio público de carga; situación anómala, pues no puede limitarse la potestad de la administración de decidir como dar en concesión los servicios portuarios.

En el cartel se indicó que los servicios licitados eran sencillamente de atención a los buques y la carga, por lo que mediante el contrato no puede el concesionario pretender abarcar todos los servicios.

En el cartel se expresó que la administración tendría en todo momento acceso a todos los libros y medios de control que debe llevar el concesionario, y en el contrato se pretende limitar este derecho de fiscalización por parte de la administración concedente.

En el contrato se está trasladando a los concesionarios la atención de cruceros, cosa que no fue objeto de la licitación adjudicada.

En cuanto a los dineros que debe depositar la empresa concesionaria para que ésta pueda hacer efectivo el pago de la indemnización a los trabajadores, en el cartel se estableció que debería depositarlos 15 días posteriores al refrendo de los contratos; y ahora en el contrato, se habla de 30 días posteriores a la orden de inicio, misma que puede dilatar más tiempo. Lo anterior, además de contradecir el cartel, implica que no habría certeza respecto a la fecha en que los fondos públicos facilitados vía presupuesto al INCOP en título de préstamo, para hacer efectivo ese pago, serían reintegrados.

En la oferta los concesionarios aceptaron someterse al ordenamiento jurídico costarricense, y mediante el contrato, pretenden que se les indemnice en casos de “dudosísima” procedencia, como sería la creación de leyes o impuestos, o se implementen medidas ambientales por el Estado.

Finalmente, relacionado con lo anterior, nos encontramos que el Auditor General del INCOP, mediante oficio AG-546-2003 del 15 de diciembre de 2003, remitió a la Junta Directiva de la institución, informe solicitado por la Contraloría General de la República, en su oficio FOE-OP-167, relativo a supuestas irregularidades en el uso de recursos por gastos efectuados en restaurantes, compras en supermercados y gastos en viajes al exterior. El punto 2.2.1 de dicho informe estipula lo siguiente:

“Otras invitaciones.
De conformidad con la certificación expedida por la Dirección Financiera el 23/05/2003, donde nos remite detalle de los gastos por concepto de invitaciones entre otros. Al respecto con el fin de atender parte de los aspectos denunciados relacionados con la utilización de recursos públicos para invitar a representantes de las empresas adjudicadas y en general las empresas que participaron en el proceso de licitación para la concesión de servicios portuarios. (…)

PERIODO

ENTIDAD

MONTO TOTAL

Julio 2001 a junio 2002

Grupo Buenaventura

¢486.054.40

Junio 2000 a Junio 2002

Pipasa

¢206.843.25

Agosto de 2001

Grupo Barranquilla

¢60.170.oo

Julio 2001 a Setiembre 2001

Grupo Intertug

¢92.340.oo

El señor Auditor señaló al respecto: “…Situación que estimamos eventualmente podría resultar inconveniente a los principios de la contratación administrativa, pues en las facturas y los documentos que amparan las liquidaciones correspondientes no se indican, entre otros; los objetivos o motivos claros de tales invitaciones, aspecto el cual limita en parte hacer una valoración más objetiva y precisa tendiente a determinar ese proceder, aspecto que estimamos debe ser analizado por parte de nuestra Unidad Jurídica a la luz de la legislación que rige en esa materia, tal y como lo proponemos más adelante, en el punto 4.2.3 tendiente a aclarar adecuadamente esta situación.”

Respetuosamente consideramos, señor Contralor, que ante las irregularidades apuntadas, que ya han sido señaladas ante su Autoridad y la administración del INCOP por la Agencia Costarricense de Agentes Portuarios (ACAPOR), por diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, del Bloque Patriótico Parlamentaria y del Partido Liberación Nacional, los contratos de la concesión de Puerto Caldera no deberían ser avalados o refrendados por la Contraloría General de la República.

Todo lo contrario, este ente fiscalizador, debería advertir a la administración activa del INCOP que no firme los contratos y proceder a dejar sin efecto todo lo actuado hasta el momento, incluyendo las adjudicaciones, puesto que este es un proceso totalmente ilegal, que contiene serios vicios de nulidad.

Es importante que su Autoridad tome cartas en el asunto a la mayor brevedad, para evitar que el erario público, una vez más, tenga que afrontar erogaciones producto de un contrato leonino, que desde todo punto de vista no conviene a los intereses de los y las costarricenses.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Honorables señores Diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.: Lic. José Miguel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Ing. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Archivo.

Estimado señor Contralor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como nuestros mejores deseos para el año que ha iniciado.

Como es de su entero conocimiento, nuestra organización sindical, por razones de forma y de principio político, nos hemos opuesto, radicalmente, a lo que en nuestro criterio constituye el negocio de la privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

No obstante lo anterior, y sumamente preocupados por la seguridad jurídica respecto a la cancelación de la indemnización por desarraigo, prometida a los trabajadores y a las trabajadoras de dicha institución; y partiendo de las resoluciones que la propia Contraloría General de la República ha emitido en torno al pago de los beneficios de la Convención Colectiva de JAPDEVA, nos permitimos, con apego al derecho, formularle las siguientes preguntas:

¿Aprobará la Contraloría General de la República, el pago de la mencionada indemnización a los trabajadores y a las trabajadoras de INCOP, conforme al artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa institución?

Lo anterior porque a nuestro juicio, los beneficios del personal de JAPDEVA son una “pequeñez”, comparados con la erogación que con fondos de la deuda pública, deberemos pagar los y las costarricenses para culminar los compromisos de este negocio.

Asimismo, conforme a la opinión jurídica OJ-184-2003, del 1 de octubre del 2003, emitida por la Procuraduría General de la República, y con el ánimo de contar con la certeza respecto a la legalidad del pago de esta indemnización, incluida por medio del Adendum a la Convención Colectiva de Trabajo del INCOP (artículo 25), suscrito el 16 de setiembre de 2002; solicitamos se nos informe si la institución a su digno cargo constató que la negociación de dicho adendum, se ajustara a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del 22 de octubre de 1986, Acuerdo No. 4, dado que la Procuraduría considera que es posible permitir el pago siempre y cuando se ajuste a estas directrices, a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y los propios votos de la Sala Constitucional, en cuanto a razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.

Lo anterior lo solicitamos al amparo de la ley y con el único objetivo de que nuestros representados y representadas en el INCOP, cuenten con real certeza jurídica de si dicho pago les compete o no.

Apreciaríamos una respuesta en nuestras oficinas, ubicadas en calle 20 norte, frente a Coopeservidores, o bien, al fax 257-88-59; respuesta que solicitamos con base en el Artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Trabajadores y trabajadoras del INCOP.
c.: Archivo.