Conversamos con el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes sobre el el primer año de gestión tanto del Gobierno Alvarado Quesada, como de la Asamblea Legislativa.
Categoría: Incidencia
El pacto por el nuevo directorio legislativo, “el de los Carlos”, agudizará la desigualdad y la exclusión social
-Gran aliento representa el mensaje pastoral de la Iglesia Católica
-Mantendremos nuestra firme posición de lucha y llamamos a una nueva articulación social
Ni una sola iniciativa de ley para beneficiar a las mayorías, especialmente a las estrujadas capas medias altamente endeudadas, así como a los sectores obrero-populares sumidos en la desesperanza y la precariedad económico-financiera, se incluyó en la nueva edición del pacto neoliberal, “el de los Carlos”, de la agenda parlamentaria para el período legislativo 2019-2020.
Se trata de una renovada agenda de iniciativas de ley contra el pueblo, al entrarse a una fase más agresiva del impulso del proyecto neoliberal contra la gente; luego de que se terminara de confirmar la degeneración política del PAC, al mandar éste al cajón de la basura su ya endeble ética política y su “peculiar” agenda de Derechos Humanos.
En “el pacto de los Carlos” (Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, nombres que le dan rostro a una clase política que se olvidó de las mayorías), no incluyó ni una sola iniciativa para, al menos, que se diese una tenue desaceleración del perverso proceso de crecimiento de la desigualdad; para, al menos, la materialización de algunos cambios (aunque fueran tímidos), en las no menos perversas cifras de la evasión y de la elusión fiscales, así como de las abusivas exenciones-exoneraciones.
Los grandes grupos económicos (legales unos, al margen de la ley otros), seguirán disfrutando de la apropiación indebida de los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), en robo de impuestos; y de los 6 puntos PIB de las 440 leyes que les eximen de tributar lo que al pueblo trabajador sí le cobran a diario.
Por el contrario, le darán un nuevo impulso al ya estrangulante proceso de endeudamiento público, con el proyecto de los eurobonos: 6 mil millones de dólares más de deuda para que el país supere, aumentando el ya grave riesgo de quiebra, la barrera de los 40 mil millones de dólares de endeudamiento de aquí al 2022.
“El pacto de los Carlos” jamás pensó en la regulación de los intereses de usura y su cobro obsceno en tarjetas de crédito; jamás pensó en regular la barbaridad en cuanto a los precios de los medicamentos; ambas medidas más que urgentes para una clase trabajadora altamente endeudada, especialmente en las capas medias de la sociedad.
Los que elaboraron “el pacto de los Carlos”, jamás pensaron en la paupérrima situación de los salarios mínimos en el sector privado; ni en el establecimiento de una canasta básica que, de verdad, permitiese una sana alimentación y un solidario y justo acceso económico a los sectores populares en los cuales ya se pasa hambre.
Total ausencia en “el pacto de los Carlos”, de un abc de reactivación económica materialmente concretable y constatable en el cortísimo plazo; para que, al menos, la juventud sin empleo (casi ya 100 mil personas), recibiese un mensaje de aliento de que su clase política piensa, con sinceridad, en la gravedad de su desesperanza.
Los proyectos neoliberales de educación dual, de reversión de la histórica jornada de las 8 horas establecida en el Código de Trabajo desde 1943, el ataque antisindical y la derogatoria del carácter constitucional del Derecho de Huelga, más la precarización del empleo público y el establecimiento del despido “exprés” en el mismo; indican una ofensiva más coordinada y estructurada todavía de la que presenciamos en el año legislativo que acaba de terminar, para posibilitar mayores niveles de explotación obrera y laboral y, por supuesto, más concentración de la riqueza.
Por el contrario, las iniciativas del pacto neoliberal en su versión actualizada, “el pacto de los Carlos”, en cuanto a contratación pública y los procesos de concesiones, bloquearán la necesaria auscultación ciudadana del uso de supermillonarias cifras de fondos públicos que se gastan sin la necesaria transparencia que amerita la gravedad de una crisis fiscal como nos la vienen pregonando.
A pesar de este panorama tan adverso para el pueblo trabajador, debemos celebrar el contenido de la homilía pronunciada por monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San José, de la Iglesia Católica; y, Presidente de la Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica; con ocasión de la celebración a San José Obrero, en la catedral metropolitana, este miércoles 1 de mayo de 2019.
Los señalamientos críticos que la Iglesia Católica formuló acerca de los perversos desajustes sociales y de la grave desigualdad que sigue creciendo en Costa Rica, deben recibir más atención de parte de las organizaciones populares y cívicas, especialmente de parte de los sindicatos. En el caso de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer, así lo haremos.
Mantendremos firme nuestro espíritu de lucha y de denuncia; reforzamos nuestro sincero llamado a la construcción de nuevos espacios de articulación de la resistencia social que, si bien está en ebullición en las redes sociales, hasta ahora no es nada más que el ejercicio clásico del derecho al berreo, solamente que ahora en sofisticada versión digital.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
Coordinador del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Primer año de actividad parlamentaria: una Asamblea Legislativa que se olvidó de la gente
- Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria
Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:
Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.
Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!
“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.
Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…
“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.
No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.
Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.
Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.
Primero de Mayo doble conmemoración
El PRIMERO DE MAYO debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el PRIMERO DE MAYO implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.
PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN OBRERA DE ALCANCE MUNDIAL. Hace 106 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.
En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.
Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.
Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.
La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.
A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.
Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.
PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA CÍVICO-NACIONALISTA. Ahora hablemos de la otra conmemoración del PRIMERO DE MAYO, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.
En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.
Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.
El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.
Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.
Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.
Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.
Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la actual Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.
Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.
Como vemos, el PRIMERO DE MAYO nos convoca por partida doble. Es por ello que quienes desfilaremos bajo las banderas y las consignas del colectivo sindical Patria Justa, del cual la ANEP forma parte, nos juntaremos al pie del monumento a don Juanito Mora, en la explanada del Correo Central, en San José centro.
Cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del proyecto de ley de Empleo Público
-Proyecto generaría mayor precarización salarial
Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público que se discuta en la Asamblea Legislativa.
Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización salarial.
“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo 15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es ineficiente y cuestionable.
“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.
Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de ley, éste afectará directamente el salario de los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de los pocos incentivos salariales que tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se eliminó el quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los cuerpos policiales.
Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial (ver cuadro adjunto al final).
”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y las acciones ya tomadas por parte del Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales, provocando una sobre carga laboral.
“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.
Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.
* Datos a considerar
-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo. -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.
Palabras de Giovanni Ramírez en la apertura de la semana de Salud Ocupacional
Entrevista completa de Hispan Tv sobre empleo público
El Secretario General de la ANEP conversó con el medio Hispan TV, de la televisión estatal de Irán, el cual transmite en idioma español para la región latinoamericana de esta lengua y para España; acerca del proyecto «Ley Marco de Empleo Público» que el neoliberal gobierno Alvarado-Piza ya envió a la Asamblea Legislativa.
Informe FMI: Deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, deja pública constancia por esta vía del comunicado de prensa, ante el pueblo costarricense y, particularmente, ante la clase trabajadora del país; su más vehemente crítica y su rechazo absoluto al más reciente informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con relación a la situación fiscal del país, por considerarlo deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado.
Como es de conocimiento público, recientemente estuvo en el país una misión de dicha entidad financiera multilateral, encabezada por el ciudadano británico Ravi Balakrishnan, quien insistió mucho en ser atendido por la corriente sindical que nos honramos en representar (y suponemos que por otras entidades no oficiales).
En tal sentido, nos sentimos con autoridad para señalar lo siguiente:
PRIMERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es deshonestamente ético. Los responsables de su elaboración, encabezados por Mr. Balakrishnan, no se esmeran en reconocer que en la sociedad costarricense existen otras visiones sobre la realidad del problema fiscal del país; visiones que están sólidamente sustentadas; máxime cuando una seria entidad internacional-regional, de reconocida solvencia moral e independencia, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), ha puesto el dedo en la llega con relación a los diez desafíos fiscales estructurales más relevantes que tiene el país en estos momentos. Ello le fue dado a conocer a Mr. Balakrishnan, pero poco le importó. En todo caso, jamás pensamos que lo consideraría. Nuestra cortesía en atenderle no nos llevaría a la ingenuidad de pensar que algo así ocurriría.
SEGUNDO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es socialmente injusto. La expoliación fiscal-tributaria que sufre la mayoría ciudadana de este país (especialmente sus clases trabajadora y media), ya no da para más cargas impositivas, como lo ordena dicha entidad al “recomendar” que se ocupa de un nuevo ajuste fiscal. La gente no puede seguir siendo sacrificada en sus ingresos y en su situación económico-financiero en aras de atender, macrofiscalmente hablando, una carga de deuda pública abusiva y obscena. Hay un proceso acelerado de pauperización en los sectores populares y medios; hay un proceso sostenido de crecimiento de la desigualdad; y, se da un cruel y sistemático proceso concentrador de riqueza que, al parecer, le importó un bledo a la misión del FMI, al menos, al menos.
TERCERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es fiscalmente parcializado. La interconexión entre la naturaleza perversamente injusta del sistema tributario costarricense, con la gravedad de la atención de la deuda pública y su carga obscena de pago de intereses, no fue objetivamente considerada por la misión del FMI que nos acaba de visitar, encabezada por Mr. Balakrishnan. Tal informe refuerza, por el contrario, la persistencia de la profunda inequidad impositiva que está hundiendo al país, como si en el futuro mediato el FMI prefiriera que se le pudiera un auxilio a su mejor estilo condicionante de imposición de políticas de mayor gravedad en cuanto a su impacto social demoledor que es lo que nos tememos.
Hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica de nuestro país a rechazar este informe del FMI y a la construcción de una alternativa de resistencia con ocasión de la histórica conmemoración del PRIMERO DE MAYO.
San José, martes 16 de abril de 2019.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Primero de Mayo: en auge el deterioro de la convivencia social del país
Enojo obrero; desempleo, inestabilidad y amenaza al trabajo; inseguridad y violencia; clase gobernante viendo para otro lado; concentración de la riqueza en auge
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que es de carácter universal, en el caso de Costa Rica muestra una sumatoria de malestares nunca antes sentidos todos juntos, como en la presente circunstancia nacional.
Esa suma de malestares ha generado un acelerado deterioro de la convivencia armónica de la sociedad, poniendo en grave riesgo la misma estabilidad democrática del país que, sino fuera por la fortaleza de una institucionalidad heredada (aunque hoy en alto riesgo de ser pulverizada), hace tiempo habría colapsado.
Está en auge el deterioro de la convivencia social del país y es en tal marco de circunstancias que la clase trabajadora y sus distintas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas se aprestan a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un marco global de total adversidad.
De acuerdo con el seguimiento cotidiano que hacemos en ANEP de cómo se mueve el comportamiento obrero-ciudadano y con base en nuestra perspectiva-país, destacamos algunas razones:
ENOJO OBRERO: El costo de la vida sigue alto, ya no hay incrementos salariales realmente compensatorios y, prácticamente, estamos en época de congelamiento salarial. Es cada vez más creciente la estrechez y apretazón económico-financiera en los hogares del pueblo trabajador, lo cual no solamente ponen en retroceso la calidad de vida de las familias, sino que aumenta la tensión y el estrés en el seno de las mismas, creando condiciones para golpear esta base fundamental de la vida en sociedad.
DESEMPLEO, INESTABILIDAD Y AMENAZA AL TRABAJO: La cifra oficial de la gente sin trabajo, del 12 % se queda corta ante el drama cotidiano de las personas que no encuentran trabajo, destacándose un gran segmento de jóvenes. Quienes tienen empleo con salario fijo, temen perderlo sintiéndolo en riesgo como nunca antes. Prácticamente, la famosa estabilidad laboral del empleo público está en proceso de desaparición.
INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: La competencia feroz por la subsistencia, la exclusión social en ascenso y la indetenible desigualdad, están provocando un incremento tanto en la cantidad como en la calidad del delito; evidenciándose episodios de violencia entre las personas que no tenían tanta crudeza como, por ejemplo, las reacciones de furia entre los conductores de vehículos. La otra delincuencia, la del crimen organizado y la del narcotráfico, avanzan incrementando la sensación nacional de inseguridad.
CLASE GOBERNANTE VIENDO PARA OTRO LADO: Enormes segmentos de la ciudadanía se muestran hoy más distantes que nunca de los partidos políticos, especialmente los de la tríada gobernante (PLN, PUSC y PAC) y de los que gravitan y bailan el son que toca la misma. Las pocas excepciones, escasísimas, por cierto, solamente confirman ese gran divorcio entre el pueblo y su clase tradicional gobernante. Resulta emblemático de este fenómeno, contemplar la estructura-construcción del nuevo edificio legislativo: un verdadero bunker hacia lo alto y cerrado por todo lado.
CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN AUGE: El pueblo fue “castigado” con un paquetazo de impuestos de profundo sesgo regresivo. Viene otro en camino. El fraude fiscal sigue sin control y la estructura tributaria vigente solamente facilita la concentración de la riqueza. No hay reactivación económica. La deuda pública impagable y su obscena amortización diaria de intereses estrangula lo poco que queda del aparato público destinado a procurar la inclusión social.
En ANEP formulamos el más vehemente llamado para una masiva participación obrero-ciudadana este PRIMERO DE MAYO.
ANEP:»Proyecto de empleo público del Gobierno no es sostenible»
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dio a conocer su primera reacción sobre el proyecto de ley de reforma al empleo público presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Además, cuestionó la negativa del Gobierno de responder 29 planteamientos sobre este tema enviados por el sindicato en enero anterior.
Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero
San José, lunes 28 de enero de 2019.
Honorable señora
María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra
MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
Honorable señor
Steven Núñez Rímola
Ministro
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política
Estimada señora Ministra:
Estimado señor Ministro:
- En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
- Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
- Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
- Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
- Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
- Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
- Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
- Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
- La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
- Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
- Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
- Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
- Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
- Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
- Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
- Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
- Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
- Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
- Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.
- Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.
- Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.
- Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.
- Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!
- Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.
25. Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.
- Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.
Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.
- Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.
- Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.
- En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.
