El Director Ejecutivo del INTA-MAG, José Arturo Solórzano, despidió a dos trabajadores del instituto, pese a tener fuero sindical, el pasado 31 de diciembre.
Se trata de Juan Díaz Díaz, vicepresidente de la Seccional INTA-MAG y Alejandra Ángulo González, afiliada a nuestra organización sindical.
En el caso del vicepresidente, es la tercera vez que lo despiden en una fecha similar y para la ANEP dicha acción se interpreta como persecución sindical. Por otra parte, aunque la administración justifica los despidos por la falta de presupuesto, el jercarca de la institución continúa realizando contrataciones.
Es importante destacar que los trabajadores se presentaron a la ANEP para ser representados por la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de acudir a la vía judicial y hacer valer sus derechos.
La instalación de este elevador de carga no solo traerá mejores condiciones laborales para el traslado de insumos, sino que también beneficiaria a los y las usuarios del laboratorio, especialmente a personas con alguna discapacidad
– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.
En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.
El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.
ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.
ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.
Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.
Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.
San José, jueves 10 de diciembre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Joyce Bustillos Fonseca, Presidenta de la seccional ANEP- MOPT, Pol. Tránsito se encuentra recibiendo acoso laboral por parte de sus jefaturas ante las constantes denuncias públicas que ha realizado sobre acciones irregulares dentro de la institución.
Las Seccionales ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y ANEP-Administrativa, denuncia ante la opinión pública qué el rebajo del Presupuesto Ordinario asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para el ejercicio 2021, aprobado por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, afecta al 100% los recursos como viáticos en el interior y exterior del país, impresión de material para información de usuarios sobre trámites y prevención de delitos, así como el seguimiento a proyectos administrativos de la institución.
Lo señalado anteriormente, no permite que la labor que se realiza sea efectiva, pues afecta a nivel operativo a la Policía Profesional de Migración y a los usuarios, ya que limita la labor policial y aumenta el desconocimiento de los alcances, reglamentos y leyes costarricenses; situación que vendría afectar la buena aplicación de las mismas, ya que afecta en gran parte las deportaciones de las personas extranjeras.
La DGME, también debe velar por la seguridad nacional, y en los últimos días ha circulado una noticia en medios de comunicación ante la encuesta sobre la percepción de la seguridad en Costa Rica durante el año 2019, realizada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (PMCSI) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), de la cual se obtuvo que un 69% de la población nacional se siente en un país inseguro, por lo que esto es una razón más por la cual apelamos a no realizar un recorte presupuestario de tal magnitud.
Es de conocimiento, la necesidad de hacer recortes económicos por el bienestar del país; sin embargo, en el caso migratorio, se estaría también generando un problema a nivel de seguridad, por lo que sería un doble daño al país. Recortar el contenido presupuestario del Ministerio de Gobernación es afectar de forma directa a una de las instituciones de que ha cobrado en la contención de las fronteras, la cual ha tomado mayor relevancia durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 en nuestro país.
La DGME cuenta con proyectos a nivel nacional que se verían afectados, cómo la administración de las Estaciones Migratorias del Bicentenario y la atención a poblaciones vulnerables a través de Migramóviles (visitas a las comunidades), Mantenimiento Preventivos y Correctivos de los equipos tecnológicos, Mantenimientos de edificios, solicitudes de refugio en fronteras según el estado de vulnerabilidad, apoyo administrativo y logístico en operativos policiales, atención medica de los funcionarios destacados en las regionales.
Ante este escenario las seccionales de la ANEP en la PPME y Administrativa apelamos a una revaloración de las medidas, ya que todos debemos trabajar por el bienestar de Costa Rica.
Gerardo Mora Ordóñez Presidente de la Seccional ANEP-PPME Directivo Nacional de ANEP.
Paolo Cascante Marín Presidente de la Seccional ANEP ADMINISTRATIVA
De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.
Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.
El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global: tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.
La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.
El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.
Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.
Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.
Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.
El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
– La institución entraría prácticamente a un cierre técnico
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) envió una carta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, solicitando no realizar recortes al presupuesto 2021 destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ya que esto significaría un cierre técnico de la institución, afectando directamente los servicios que ofrece dentro y fuera del país, así como el trabajo operativo que realiza la Policía Profesional de Migración en todo el territorio nacional.
Incluso, la discusión del recorte presupuestario llega en el momento que también se discute el Expediente Legislativo No.20.323 Reforma del artículo 11 de la ley No. 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, del 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía Profesional de Migración.
Los recortes al presupuesto 2021 a la Dirección General de Migración y Extranjería, afectara de forma negativa la imagen de la institución y la del país, al no disponer de los recursos requeridos para brindar los servicios que por Ley y competencias le corresponde; lo anterior, sin obviar las consecuencias legales que se podrían presentar.
Servicios que se suspenderían:
• Envío de equipo a los consulados en todo el mundo para a emisión de pasaportes y atención a los costarricenses que radican fuera del país.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar deportaciones, con la afectación en viáticos y transporte al exterior, según el rebajo que plantean, la PPM se vería en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 18 inciso 4 de la Ley N° 8764, el cual reza: ‘Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley’, ello por cuanto a través del proyecto supra se financian las subpartidas de viáticos y transporte al exterior.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar operativos y apoyo en diferentes puestos a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte dentro del país.
• El servicio en Aeropuertos se vería perjudicado ya que los viáticos no alcanzarían para desplazar Policías a reforzar, cómo lo hemos dicho el Cuerpo Policial de la Policía Profesional es pequeño hay un gran faltante de personal para la gran operación que se tiene que desplegar de frontera a frontera
• El servicio podría ser lento y nuevamente se verían esas largas filas en los puestos de Control Migratorio.
• No se dotaría a los oficiales de la PPM del equipo e insumos necesarios e indispensables para la ejecución de sus funciones, tales como: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros. Debido a la peligrosidad a la que se encuentran expuestos los oficiales durante sus labores operativas, y de no contar con este tipo de equipo, prácticamente se estaría limitando el accionar policial, lo cual incurriría incluso en un debilitamiento de la seguridad nacional e incumplimientos de las competencias que por ley corresponden.
• Algunas Oficinas Regionales se podrían cerrar porque la administración no podría pagar alquileres, en los últimos años el presupuesto ha disminuido y no se ha podido realizar construcción de oficinas o edificios propios de la institución.
• La atención a las personas víctimas de trata y tráfico de personas no seguirían atendiendo de la misma forma y la Ley la 9095 nos obliga a cierta atención a estas personas.
• La atención en los Centros de Atención de Personas Migrantes podría llegar a cerrar.
En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta requiere de mayor cantidad de plazas policiales, para cumplir de forma más eficiente y oportuna, sus responsabilidades de control migratorio establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (No. 8764).
En los años anteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha solicitado a la STAP, la creación de plazas policiales; sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias y directrices presidenciales, no ha sido posible la aprobación de mayor cantidad de plazas por parte del Ministerio de Hacienda. A la fecha se requieren 245 oficiales según oficio GRH-3760-08-2017 de fecha 22/08/2014 del Gestor de Recursos Humanos, Célimo Rodríguez Pagani
Otro de los señalamientos realizado por la seccional ANEP-PPME, son las dificultades que tienen para la capacitación en los cursos policiales a oficiales de nuevo ingreso; así como para la Carrera Policial a los que están de alta en la Policía Profesional de Migración.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa formulando una exhortación pública a fin de que el Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no reciba voto afirmativo según se tiene previsto dictaminar mañana martes 20 de octubre, en esa comisión parlamentaria.
La solicitud de la ANEP radica en que serios especialistas de las ciencias jurídicas, con énfasis en los campos del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional, han estado advirtiendo que este proyecto está plagado de vicios de inconstitucionalidad, lo que augura que será la Sala Constitucionalidad, la entidad institucional que, en última instancia, determinará la suerte final de este proyecto.
“El proyecto original ha sufrido transformaciones en su caminar por el seno de esa comisión parlamentaria, de suerte que las tres versiones del mismo, han imposibilitado tener una idea lo más razonable y concreta de las pretensiones del Poder Ejecutivo con el impulso a esta iniciativa; destacando de nuestra parte que es la ocurrencia circunstancial-coyuntural la que ha venido determinando contenidos centrales del mismo. Media, en consecuencia, gran inseguridad jurídica con relación a su texto final, pronosticándose importantes señalamientos de violación a la carta magna de 1949.”, indica el documento enviado a la comisión.
Para la ANEP no puede dejarse impune, desde el punto de vista del señalamiento público y crítico, la circunstancia de que el Poder Ejecutivo pretenda la instauración de un mega-ministerio, una institución todopoderosa y centralista en materia de Empleo Público y todos los factores asociados al mismo.
“Este tipo de entidades “totales” han sido frecuentes en regímenes autoritario-dictatoriales de diferente signo ideológico, pero en todos los casos, han generado grandes sufrimientos a los pueblos que las han padecido. En tal sentido, el quebranto al espíritu central de la Constitución Política de 1949, la que aún rige la vida social en la Costa Rica actual, es de extrema gravedad si tal pretensión se impone”, indicó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Proyecto no fue consultado
Otro de los argumentos plasmados por la ANEP, es que no puede argumentarse que este proyecto cuente con el beneplácito, en todo o en parte, de las entidades sindicales y profesionales aglutinadoras de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.
“En el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, esta situación es mucho más grave pues no fuimos consultados en forma directa, es decir, con participación activa en formato de audiencia; y, con relación al documento oficial que entregamos conteniendo nuestro análisis y las fundamentadas razones que oposición a este proyecto, no tenemos la más mínima idea de cómo fue tratado nuestro planteamiento”, detalló Vargas.
Para la organización sindical que aglutina a cientos de trabajadores del sector público, quedan muchos argumentos por puntualizar sobre el proyecto, los cuales no pudieron exponer ante la Comisión de Gobierno y Administración, junto al ejercicio reflexivo de los especialistas que colaboraron al respecto.
La situación sociopolítica del país es de alta tensión, como se ha podido constatar en los últimos días; multiplicándose los llamados al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de acuerdos en los distintos ámbitos en que estamos conflictuados y confrontados como costarricenses. El empleo público es uno de esos ámbitos. Bien ha hecho el diputado Pedro Muñoz Fonseca en formular un llamado a la sensatez y a la prudencia al respecto, llamado que compartimos”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.
Bajo estos argumentos, la ANEP plantea la necesidad de votar negativamente el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, someter la cuestión a un verdadero diálogo social con negociación efectiva, tal y como a gritos lo está reclamando la sociedad en muchísimos ámbitos de nuestra convivencia como nación, determinantes de la calidad de vida tanto para la generación actual como para las venideras.
|Pago debe realizarse a treinta funcionarias de forma retroactiva a partir del 2007 a la primera quincena de setiembre del 2020
Luego de un largo esfuerzo y doce años de lucha, la seccional ANEP-INAMU logró que el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) reconociera el pago retroactivo de horas extra laboradas en jornada mixta y nocturna de las auxiliares de los Centros Especializados de Atención y Albergue de Mujeres Víctimas de Violencia sus hijas e hijos (CEAAM).
El pago que será efectivo desde el año 2007 al mes de setiembre del 2020, se estableció en la resolución PE-0158-2020 del INAMU, de acuerdo con la información recabada donde se comprobó que las auxiliares aplican un promedio de 157 horas mensuales de trabajo en los dos turnos (mixto y nocturno): De 2.p.m. a 10 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m. respectivamente, acumulando 78.5 horas de labor mensual por cada turno, de las cuales 41.5 horas representan la ejecución de las tareas por cada auxiliar en el respectivo turno al mes.
“En el caso de las Auxiliares, se verifica un promedio de 41.5 horas mensuales por turno que requieren la presencia ejecutando las tareas, lo cual no encuadra necesariamente en lo que se ha llamado una función intermitente, según el criterio del Ministerio de Trabajo precitado y por eso ser consideradas como guardas dormilonas”, indica la resolución.
Además agrega “por lo anterior y de acuerdo con el estudio de Cargas de Trabajo, donde se verifica las funciones, frecuencia y tiempo de duración de cada una de ellas; asimismo de las funciones establecidas en el Manual Institucional de Cargos para el puesto de Auxiliar de CEAAM, esta comisión considera que existen elementos de hecho y de derecho para valorar por parte de la Presidencia Ejecutiva el reconocimiento de las jornadas mixtas y nocturnas, así como el respectivo pago a las funcionarias Auxiliares de los CEAAM, como está establecido en el Código de Trabajo, en los artículos 135 a 138”.
Audio: Wendy Williams Barnett, Auxiliar /ANEP-INAMU
Con esta resolución, el INAMU deberá realizar el pago retroactivo a 30 auxiliares que laboran en la institución desde el 2007 a la fecha en los CEAAM de Occidente, Caribe y Área Metropolitana.
Los CEAAM tienen como objetivo principal brindar un espacio seguro a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se encuentran en riesgo de muerte.Dada su naturaleza, por tratarse de un recurso de alojamiento, este servicio se brinda durante las 24 horas del día y los 365 días del año.
La Junta Directiva de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS) acogió la solicitud presentada por 15 organizaciones sindicales, para extender la fecha de recibo de propuestas que buscan fortalecer el régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
Anteriormente, la Junta Directiva de la CCSS, estableció el mes de noviembre como la fecha para iniciar el proceso de toma de decisiones para el fortalecimiento del régimen, sin embargo, para las organizaciones sindicales sería precipitado hacerlo en tan poco tiempo, por lo que ampliaron el plazo al 21 de enero.
Para las organizaciones sindicales firmantes de la solicitud, la Junta Directiva de la CCSS debe realizar una rendición de cuentas y brindar información actualizada sobre el estado del IVM previo a tomar decisiones, lo que permitirá generar propuestas acordes y efectivas para fortalecer y revitalizar el fondo de pensiones. A esto se suma, la difícil situación que vive el país con la pandemia de la Covid 19, por lo que resulta imposible lograr los objetivos en el corto plazo decidido por la Junta Directiva de la institución.
“La participación ciudadana en la toma de decisiones en el marco de la Seguridad Social, en particular diseñando y analizando estrategias de cobertura y sostenibilidad del régimen de pensiones, es fundamental para mantener la paz social y lograr el objetivo de garantizar a las generaciones actuales y futuras el derecho a recibir una adecuada protección ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para el cumplimiento de esos objetivos se requiere que los sectores sociales dispongan de suficiente información actualizada”, indican las organizaciones sindicales.
Rodrigo Arias López, Actuario Matemático y Asesor en tema de pensiones para los sectores sociales y sindicales
Para esto, las organizaciones sindicales propusieron que se nombre un grupo de expertos de la CCSS para que presenten la información solicitada (Anexo 1 del documento adjunto) y expongan detalladamente las causas que comprometieron la sostenibilidad del IVM, y los avances del cumplimiento de las 34 recomendaciones que hizo la Mesa de Diálogo en el año 2017.
Además, solicitan que, la Junta Directiva ordene actualizar la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre del 2018”, para que sea utilizada como insumo en el proceso de diálogo.
Organizaciones que presentaron el documento.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE) Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD) Asociación de Empleados de la Seguridad Social (AESS) Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SISSS) Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASAS) Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de Otros Servicios de la CCSS (SINTAF) Sindicato de Ingenieros y Arquitectos de la CCSS (SIACCSS) Asociación Sindical Nacional de Inspectores de la CCSS (ASNISS) Sindicatos de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP) Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP) Sindicato de Trabajadores del Hospital de Guápiles (SITRAHOSGUA) Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Profesionales del CNP y FANAL (SIPROCNP)
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
