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Expresamos nuestro más sincero pésame a las personas familiares de la bebita de un año y ocho meses, de los niños de 8 meses y de 11 años, de los siete adultos que perdieron la vida a raíz de la tragedia generada por el paso del huracán Otto por nuestro país.

Al parecer, dos personas más estarían fallecidas pues no han aparecido al momento de escribir este comentario. Con toda seguridad, Dios, Nuestro Señor, Cristo Jesús, el Grande, el Todopoderoso les ha dado el Cielo y a Él le pedimos gran consuelo y paz para los y las dolientes.

Según los entendidos y los expertos, teníamos como país más de cien años de no enfrentar un evento natural de este tipo, un huracán; y, mucho menos, de uno de la envergadura de Otto que ha devastado varias comunidades costarricenses como los cantones de Upala (principalmente), de Bagaces y otros pueblos.

Cada minuto que ha venido pasando nos ha permitido, vía medios de comunicación colectiva (especialmente los televisivos), constatar la magnitud de la tragedia tanto en pérdidas de vidas humanas como materiales en los más diversos órdenes.

Debemos reconocer que el Gobierno de la República y el propio Presidente han actuado a la altura de las circunstancias, pese a la ausencia total de experiencia nacional en este tipo de eventos naturales; y, pese a la incursión en ciertos errores y en algunas descoordinaciones que algunos de buena fe y otros con no tanta, han estado puntualizando en las últimas horas.

El balance es positivo para la gestión político-ejecutiva al más alto nivel en cuanto al abordaje integral, multidisciplinario e interinstitucional de la tragedia y de la emergencia.

Sinceramente y sin ninguna prosternación aduladora, es gratificante que la primera figura ejecutiva del país esté, constantemente, brindando detalles en conferencias de prensa, mostrando una acción colectivo-grupal de gestión de alta jerarquía política y hasta asumiendo las consecuencias del error ante la opinión pública. ¿Por qué ser mezquinos y no reconocer que esta actitud presidencial merece un amplio reconocimiento ciudadano?

En realidad es condenable que la politiquería, esa que tan descreditada está ante la ciudadanía, se inserte en medio del dolor de tanto compatriota y que alguien pretenda ganar adeptos electorales señalando con el dedo acusar cuando ni una gota de barro producto de la tragedia ha impregnado sus zapatos.

Otro factor que está impactando mucho es constatar la fuerte y humanitaria actitud solidaria de miles y de miles de compatriotas que están atendiendo los llamados a donar agua, alimentos básicos, artículos elementales de aseo personal, comida preparada, etc., etc., con base en la gran variedad de iniciativas que al respecto están siendo impulsadas por la más amplia gama de entidades del más diverso origen.

Uno no tiene idea si la tragedia está siendo instrumentada por alguna marca corporativa con propósitos de posicionamiento en el mercado y en detrimento de otra competidora; sin embargo, conmueve que aunque sea por esta circunstancia tan dolorosa y que está afectando a tantos compatriotas, podamos como costarricenses darnos cuenta que el dolor del otro, la desventura del prójimo, la desgracia del compatriota no nos es ajena.

Parece que esa frase tan conocida de una canción del compositor argentino León Gieco, cuya compatriota cantante Mercedes Sosa le hiciera una versión memorable, “Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente”, está en nuestro inconsciente colectivo y que todavía en el alma nacional anida un pedazo no carcomido por la cruzada a favor del individualismo extremo que nos está imponiendo la lógica perversa del mercado sin control que impulsa la globalización neoliberal. Da ánimo, da esperanza, da ilusión constatar de que tenemos reservas humanitarias de carácter solidario para rato.

Nos reservamos para el final de este comentario mencionar el gran papel que en la tragedia han venido asumiendo gran cantidad de empleados públicos y de empleadas públicos de diversas instituciones.

¡Sí! Estas personas trabajadoras asalariadas del Estado tan vilipendiadas, tan vituperadas, tan difamadas, tan calumniadas, tan estigmatizadas durante meses y meses con el desarrollo de la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de toda la historia del empleo público.

¡Qué rol más estratégico están jugando! Pues sí, hay una paga salarial de por medio y órdenes jerárquicas que atender. Pero hay vocación de servicio, hay entrega, hay compromiso, hay sensibilidad, hay responsabilidad, hay desprendimiento… ¡hay solidaridad!

El personal de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el de salud (médicos, enfermeras, asistentes y otros, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud); el personal policial (básicamente el de la Fuerza Pública y también el policial migratorio, el de Tránsito y hasta el penitenciario, sin dejar el lado el de las policías municipales); el personal municipal, el de acueductos y alcantarillados (A y A), el del ICE (electricidad y telecomunicaciones); el personal del IMAS y del PANI, del INAMU y de la Casa Presidencial-Ministerio de la Presidencia; el personal asalariado de la Cruz Roja (empleo público, también), destacando el voluntariado de la benemérita; los bomberos, el del MOPT y el del Conavi; además el personal de otros sectores institucionales de la política pública que ya están teniendo o que tendrán relación mediata, directa y/o indirecta en la reconstrucción, representan el empleo público en situación de crisis y en acción bajo la coordinación ejecutiva al más alto nivel.

Todas estas personas trabajadoras asalariadas del Estado que han intervenido antes, durante y después del paso del destructor huracán Otto por nuestro país se convierten en héroes y en heroínas del servicio público ciudadano, demostrando la imposibilidad real y material de que el empleo público desaparezca de la vida institucional de la República.

Además, hay que resaltar que los salarios que devengan todas estas personas del empleo público interviniente en el trabajo operativo-solidario de atender la tragedia y la emergencia, no tienen salarios de privilegio, ni gozan de pluses salariales abusivos, ni van a recibir pensiones de lujo.

El papel del sector Público y de quienes laboran en el mismo es indiscutible para la vida política, social y económica del país y, aunque sea por esta triste y dolorosa circunstancia que representa el paso del huracán Otto por suelo nacional queda más que certificado, refrendado y acendrado.

También en la conciliación se expuso el tema de las jornadas laborales.

Acta de onciliación MTSS con empresa G4S

Se ha superado ya la cantidad de veinte personas que, de una manera u otra, han anunciado aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de febrero de 2018, una amplia oferta que el mercado de la política electoral nos ha venido anunciando por estos días. A su vez y con toda seguridad, el número de aspirantes a candidaturas diputadiles será impresionantemente alto.

Evidentemente, cantidad no es sinónimo de calidad y, por tanto, creemos que estaremos frente a una situación sociopolítica peculiar en la cual la cantidad de aspirantes va a mostrarnos una relación inversamente proporcional a la cantidad de ideas y de propuestas que se plantearían en torno a propiciar la inclusión social, el bien común y la reducción de las desigualdades.

En tal sentido nos permitimos sugerirles, respetuosamente, a todas esas personas aspirantes a las elecciones generales del 2018, tener presente que Costa Rica tomó una estratégica decisión el 23 de setiembre de 2014 (en el marco de su tradicional política del respeto al Derecho Internacional), y ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (siglas “PIDECS”, en idioma español), convirtiéndonos en el Estado Parte número 16 en cuanto a la firma y a la ratificación de un tratado internacional de tal calibre.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDECS), se conceptúa como el mayor esfuerzo de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos, luego de que se emitiera años atrás el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (siglas PIDCP, en español); de forma tal que los derechos incluidos en éste, el PIDCP, son considerados Derechos Humanos de Primera Generación, mientras que los contemplados en el PIDECS, son conceptuados como Derechos Humanos de Segunda Generación.

Pues bien, resulta ser que Costa Rica como Estado Parte de ambos pactos ahora es doblemente auscultada, doblemente observada, doblemente chequeada en cuanto al cumplimiento eficaz, real y honesto de las obligaciones que implica ser parte de tan excelsos preceptos jurídicos del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.

Ya no solamente es una obligación-país de ineludible acatamiento el respeto profundo y la aplicación real de todos los derechos contemplados en el PIDCP, sino que debemos hacer lo mismo con los que respectan al PIDECS.

Resulta ser que en materia de los derechos del PIDCP (los Derechos Humanos de Primera Generación), la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha establecido el Comité de Derechos Humanos que recibe denuncias y comunicaciones individuales acerca de las violaciones a estos derechos en las cuales incurre un Estado Parte.

A su vez, en el caso de los Derechos Humanos de Segunda Generación, los del PIDECS, la ONU ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con idéntico fin; es decir, para velar si el Estado Parte que ha ratificado el PIDECS, en verdad está cumpliéndolo, pues se le examina y se atienden denuncias y comunicaciones al respecto.

Y es este punto al cual queríamos llegar con este artículo. En verdad, creemos que tendremos que escribir hasta dos partes más sobre el tema en próximas columnas dada la relevancia que tiene el tema en este ámbito de la promoción del bien común, de la inclusión social y de la reducción de la desigualdad.

Resulta ser que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adscrito al Consejo Económico y Social de la ONU, ha emitido un interesantísimo documento, fechado 21 de octubre de 2016, titulado “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, aprobado por ese comité en su 59 período de sesiones comprendido entre el 19 de setiembre y el 7 de octubre del presente año.

Es decir, en ese documento se nos indica cómo estamos en nuestra condición de Estado Parte en cuanto al cumplimiento de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDECS); documento que aunque indique que se trata del “quinto informe periódico de Costa Rica”, podríamos decir que se trata de la primera evaluación de cómo nos estamos portando en materia de estos compromisos internacional del PIDECS, luego de que el país ratificara sus obligaciones para con el mismo, el 23 de setiembre de 2014 como ya indicamos.

Este documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, que ha emitido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, tiene tres apartados muy interesantes: “Aspectos positivos”, “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” y “Otras recomendaciones”. En total, 70 apartados o párrafos.

La verdad es que este documento merece leerse y estudiarse, ya no solamente por todas esas precandidaturas y candidaturas para las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018; sino por parte de todos cuantos andamos metidos en esto de las luchas sindicales y sociales, la lucha por los Derechos Humanos, la lucha por la construcción de una verdadera Democracia Social (así, en mayúsculas) para nuestra querida Costa Rica.

El indicado informe resalta “Aspectos positivos” como los siguientes: la modificación del artículo primero de nuestra Constitución Política que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del Estado costarricense, la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, la aprobación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), la aprobación de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción.

Aquí nos interesa destacar que la Reforma Procesal Laboral (RPL), por la cual luchamos desde la corriente sindical en la cual militamos durante 17 años continuos, histórica legislación obrero-social que entrará en plena vigencia el día 25 de julio del año próximo 2017, guarda congruencia plena con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Resulta de enorme satisfacción constarlo de esta manera y magnitud.

Igualmente, el informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU celebra que Costa Rica no solamente haya ratificado el propio PIDECS, sino el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño (relativo a un procedimiento de comunicaciones); sino, además, las convenciones internacionales para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la que es sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

La semana entrante, en nuestra segunda entrega sobre este tema, abordaremos algunos contenidos del apartado del informe que venimos comentando, “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”; apartado éste donde al país le “jalan la oreja” acerca de lo que debemos hacer para que el PIDECS sea parte esencial de nuestra convivencia cotidiana como nación y como sociedad.

Además, en este apartado “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” del informe en comentario, incluye ámbitos nacionales en materia de derechos de pueblos indígenas, en materia de políticas sociales, en política fiscal, en igualdad de género, desempleo, informalidad de la economía y hasta derechos sindicales. Como indicamos ya, volveremos con el tema dada su trascendencia para el momento sociopolítico y económico de nuestra realidad nacional actual.