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También en la conciliación se expuso el tema de las jornadas laborales.

Acta de onciliación MTSS con empresa G4S

Se ha superado ya la cantidad de veinte personas que, de una manera u otra, han anunciado aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de febrero de 2018, una amplia oferta que el mercado de la política electoral nos ha venido anunciando por estos días. A su vez y con toda seguridad, el número de aspirantes a candidaturas diputadiles será impresionantemente alto.

Evidentemente, cantidad no es sinónimo de calidad y, por tanto, creemos que estaremos frente a una situación sociopolítica peculiar en la cual la cantidad de aspirantes va a mostrarnos una relación inversamente proporcional a la cantidad de ideas y de propuestas que se plantearían en torno a propiciar la inclusión social, el bien común y la reducción de las desigualdades.

En tal sentido nos permitimos sugerirles, respetuosamente, a todas esas personas aspirantes a las elecciones generales del 2018, tener presente que Costa Rica tomó una estratégica decisión el 23 de setiembre de 2014 (en el marco de su tradicional política del respeto al Derecho Internacional), y ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (siglas “PIDECS”, en idioma español), convirtiéndonos en el Estado Parte número 16 en cuanto a la firma y a la ratificación de un tratado internacional de tal calibre.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDECS), se conceptúa como el mayor esfuerzo de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos, luego de que se emitiera años atrás el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (siglas PIDCP, en español); de forma tal que los derechos incluidos en éste, el PIDCP, son considerados Derechos Humanos de Primera Generación, mientras que los contemplados en el PIDECS, son conceptuados como Derechos Humanos de Segunda Generación.

Pues bien, resulta ser que Costa Rica como Estado Parte de ambos pactos ahora es doblemente auscultada, doblemente observada, doblemente chequeada en cuanto al cumplimiento eficaz, real y honesto de las obligaciones que implica ser parte de tan excelsos preceptos jurídicos del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.

Ya no solamente es una obligación-país de ineludible acatamiento el respeto profundo y la aplicación real de todos los derechos contemplados en el PIDCP, sino que debemos hacer lo mismo con los que respectan al PIDECS.

Resulta ser que en materia de los derechos del PIDCP (los Derechos Humanos de Primera Generación), la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha establecido el Comité de Derechos Humanos que recibe denuncias y comunicaciones individuales acerca de las violaciones a estos derechos en las cuales incurre un Estado Parte.

A su vez, en el caso de los Derechos Humanos de Segunda Generación, los del PIDECS, la ONU ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con idéntico fin; es decir, para velar si el Estado Parte que ha ratificado el PIDECS, en verdad está cumpliéndolo, pues se le examina y se atienden denuncias y comunicaciones al respecto.

Y es este punto al cual queríamos llegar con este artículo. En verdad, creemos que tendremos que escribir hasta dos partes más sobre el tema en próximas columnas dada la relevancia que tiene el tema en este ámbito de la promoción del bien común, de la inclusión social y de la reducción de la desigualdad.

Resulta ser que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adscrito al Consejo Económico y Social de la ONU, ha emitido un interesantísimo documento, fechado 21 de octubre de 2016, titulado “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, aprobado por ese comité en su 59 período de sesiones comprendido entre el 19 de setiembre y el 7 de octubre del presente año.

Es decir, en ese documento se nos indica cómo estamos en nuestra condición de Estado Parte en cuanto al cumplimiento de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDECS); documento que aunque indique que se trata del “quinto informe periódico de Costa Rica”, podríamos decir que se trata de la primera evaluación de cómo nos estamos portando en materia de estos compromisos internacional del PIDECS, luego de que el país ratificara sus obligaciones para con el mismo, el 23 de setiembre de 2014 como ya indicamos.

Este documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, que ha emitido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, tiene tres apartados muy interesantes: “Aspectos positivos”, “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” y “Otras recomendaciones”. En total, 70 apartados o párrafos.

La verdad es que este documento merece leerse y estudiarse, ya no solamente por todas esas precandidaturas y candidaturas para las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018; sino por parte de todos cuantos andamos metidos en esto de las luchas sindicales y sociales, la lucha por los Derechos Humanos, la lucha por la construcción de una verdadera Democracia Social (así, en mayúsculas) para nuestra querida Costa Rica.

El indicado informe resalta “Aspectos positivos” como los siguientes: la modificación del artículo primero de nuestra Constitución Política que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del Estado costarricense, la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, la aprobación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), la aprobación de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción.

Aquí nos interesa destacar que la Reforma Procesal Laboral (RPL), por la cual luchamos desde la corriente sindical en la cual militamos durante 17 años continuos, histórica legislación obrero-social que entrará en plena vigencia el día 25 de julio del año próximo 2017, guarda congruencia plena con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Resulta de enorme satisfacción constarlo de esta manera y magnitud.

Igualmente, el informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU celebra que Costa Rica no solamente haya ratificado el propio PIDECS, sino el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño (relativo a un procedimiento de comunicaciones); sino, además, las convenciones internacionales para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la que es sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

La semana entrante, en nuestra segunda entrega sobre este tema, abordaremos algunos contenidos del apartado del informe que venimos comentando, “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”; apartado éste donde al país le “jalan la oreja” acerca de lo que debemos hacer para que el PIDECS sea parte esencial de nuestra convivencia cotidiana como nación y como sociedad.

Además, en este apartado “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” del informe en comentario, incluye ámbitos nacionales en materia de derechos de pueblos indígenas, en materia de políticas sociales, en política fiscal, en igualdad de género, desempleo, informalidad de la economía y hasta derechos sindicales. Como indicamos ya, volveremos con el tema dada su trascendencia para el momento sociopolítico y económico de nuestra realidad nacional actual.

En el Diario Extra del día lunes 31 de octubre de 2016, aparece una nota periodística que señala que, “la guerra contra las drogas está perdida” en la misma se menciona como fuente de tal afirmación al Fiscal General Lic. Jorge Chavarría.

Tal afirmación, si bien muy lamentable, no resulta en nada novedoso para nosotros, en tanto habíamos advertido desde hace varios años que nuestro país dejaba de ser utilizado como paso de drogas para convertirse en bodega del narcotráfico. Inclusive habíamos señalado la necesidad de definir un modelo de seguridad, señalamos lo imperativo de trabajar en asociación interinstitucional, hicimos ver la necesidad de trabajar la seguridad de una manera objetiva con prioridad sobre la prevención.

La inversión que realiza el Estado para combatir el trasiego de drogas por nuestro territorio es cuantiosa, aunado a ello se reciben “regalías” por parte de países que apoyan el combate al narcotráfico, a pesar de ello, el Fiscal General nos anuncia que la “Guerra está perdida”, ciertamente la lucha parece perdida, los constantes decomisos únicamente nos muestran el nivel de penetración en suelo nacional, sin contar con que con ello se provoca un incremento en la criminalidad, producto de las disputas del “mercado” por parte de estos grupos.

No es desconocido que países que podemos considerar potencias, algunos inclusive con mayores recursos técnicos, con una cantidad de policías que supera en mucho la nuestra, también han visto perdida la “guerra” contra las drogas, algunos de estos países deberían servirnos de espejo ¿qué hicieron? ¿cuál fue su estrategia? ¿estamos haciendo las cosas de la misma manera? La mayoría se decantaron por la represión como medida para frenar el narcotráfico y no lograron los resultados esperados.

Ahora bien, ante la afirmación hecha por el señor Fiscal General de la República, nos parece más que evidente y necesario que desde el Poder Ejecutivo se establezcan prioridades de atención, es aquí donde debemos analizar la ruta que debemos tomar como país, las áreas de prioridad y sin temor a equivocarnos, en nuestra apreciación la prioridad debe pasar por atender a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Por ello hemos considerado un gran error quitar recursos al PANI.

Nuestra juventud se debate hoy en un mundo globalizado, (modas, tendencias, extravagancias) pareciera que vemos con indiferencia, como terminan reclutados y presas del ilícito “negocio” que, les propicia dinero, fiestas, ropa de marca. Sin duda alguna, la falta de oportunidades, se transforma en incertidumbre que hace vulnerables a nuestros jóvenes.

Ante la triste realidad que manifiesta el jefe del Ministerio Público, también es oportuno reiterar la urgencia de dotar de mejores recursos a nuestra policía, de brindarles condiciones laborales optimas, unidades policiales dignas, jornadas de trabajo justas, salarios que les dignifiquen y les brinde calidad de vida.

En los últimos días hemos visto como funcionarios del Poder Judicial que por mucho superan el salario de nuestros policías, resultaron reclutados por organizaciones delictivas, también miramos como un Magistrado de la República, anuncia el riesgo de ser sobornados en caso de ver afectada su jugosa pensión.

Ante tales situaciones, es oportuno recordar que el policía, es quien tiene el primer contacto con quienes se dedican al narcomenudeo y con los consumidores de drogas.

Ante las manifestaciones del Jefe del Ministerio Público, debemos reflexionar sobre la forma de mostrar los decomisos de drogas ante los medios de comunicación. ¿De qué sirve decir ante los medios de comunicación, “golpe al narcotráfico, decomiso histórico de drogas”, si la guerra se pierde en nuestros barrios?

Podemos cambiar la historia, trabajemos la prevención, brindemos oportunidades a nuestros jóvenes, esa debería ser la estrategia.

La fragmentación del tejido político-social de nuestra sociedad actual es una realidad inobjetable. Y en el plano económico, especialmente en materia de distribución de la riqueza, la desigualdad sigue polarizándonos.

A nivel político-partidista, por ejemplo, suman ya once precandidaturas presidenciales para las elecciones de febrero de 2018. ¡Faltan más! Y mejor no hablemos de lo que está en desarrollo para ocupar una de las 57 nuevas curules legislativas que se designarán en esas votaciones. Deben ser, al menos, entre diez y quince preaspirantes competidores por cada una de ellas.

Nueve partidos políticos tienen, en estos momentos, representación parlamentaria. Varias de las correspondientes fracciones legislativas muestran fisuras notables, irreconciliables. Tal circunstancia impide la aprobación de proyectos de ley que estén destinados para el bienestar de las mayorías, para restaurar el imperio del bien común como eje central de las políticas públicas.

Algunos piensan que la reciente aprobación legislativa de cuatro proyectos de ley sobre pensiones con cargo al presupuesto nacional mágicamente ha logrado que tal realidad haya sido superada. Nosotros pensamos que esto es un espejismo y que se necesitan más señales para creer que es el bien común lo que estaría inspirando ahora los acuerdos intraparlamentarios.

Las verdaderas iniciativas a favor del bienestar general y para propiciar el bien común implican desafíos de gran calibre a poderes mediático-fácticos y económico-financieros que no van a renunciar, así porque así, al fiestón orgiástico de la acumulación desenfrenada de los últimos tiempos.

Por otra parte, la desconfianza intersectorial a nivel de sociedad civil, por ejemplo, es constatable todos los días. Intrasectorialmente hablando, la división es la característica: al menos tres bloques empresariales; tres corrientes sindicales en pugna hegemónica por el “control de la calle”; tres expresiones solidaristas y dos cooperativistas, según hemos constatado; el ecologismo y el ambientalismo muestran diversidades que, al parecer no están coordinadas; y, así, se podría analizar que hay situaciones de similar naturaleza en el seno del movimiento estudiantil, de las agrupaciones pro Derechos Humanos en materia de LGBTI, el comunalismo y otros segmentos de nuestra, reiteramos, fragmentada sociedad.

Pese a ello, sí creemos que la búsqueda de acuerdos nacionales para el bienestar general es un esfuerzo que merece impulsarse. Lo que pasa es que esos acuerdos deben ser para impulsar la inclusión social y por tanto, hay una agenda pendiente al respecto de enorme sensibilidad y factor intrínsecamente polarizante. Veamos este temario:

a) viajar hacia la progresividad del sistema tributario.
b) a un tercio de la clase trabajadora con empleo formal en el sector privado no se le paga el salario mínimo
c) nos acercamos a la espantosa cifra del 50 % de empleo informal.
d) una importante cantidad de servicios públicos realmente debilitados y necesarios para la inclusión social, la redistribución del ingreso y para la seguridad colectiva.
e) propuesta de nuevos polémicos y confrontativos TLC (los de segunda generación, como el TISA, la Alianza del Pacífico y el TPP).
f) desempleo real (el oficial y el encubierto), sobrepasando ya el 20 %.
g) la cuestión del empleo público bajo ofensiva político-ideológica satanizante que cerró cualquier forma de diálogo al respecto.
h) las micro, las pequeñas y las medianas empresas agobiadas por las responsabilidades tributario-fiscales y de Seguridad Social bajo estándares uniformes.
i) lo poco que queda de la producción agropecuaria nacional, especialmente en el campo de la soberanía y la seguridad alimentaria, va rumbo a la extinción total.

¡Problemas sobran! A pesar de este escenario tan complejo, el esfuerzo de lograr acuerdos intersectorialmente hablando con visión nacional a favor de la inclusión social, deberíamos valorarlo con seriedad.

Al respecto, resaltamos iniciativas importantes como la expresada en el reciente foro “Confianza y Bienestar General: la imperiosa necesidad de lograr acuerdos”, promovido por el Consejo para la Promoción de la Competitividad (CPC), evento en el cual estuvimos presentes atendiendo honrosa invitación que se nos hiciera al efecto y que mucho agradecemos.

Ahí planteamos que podrían considerarse tres aspectos para, al menos, dialogar en el corto plazo y que estarían expresando necesidades de consenso general en cuanto a la envergadura de los desafíos que implican para nuestro país en los actuales momentos.

Uno: déficit fiscal. Para explorar si podríamos acordar, como sociedad, un porcentaje del PIB para vivir con él y otro para buscarle solución.
Dos: infraestructura. La posibilidad de una ley de emergencia para el desarrollo de varias obras estratégicas como las requeridas para superar el drama y el hastío de las presas que están generando grandes pérdidas económicas diarias.
Tres: el empleo. Combatir el desempleo juvenil, el desempleo adulto, el empleo precario y desatanizando el empleo público, pues hay zonas de los servicios públicos urgidas del mismo ante evidencias contundentes.

Apuntamos también en ese foro que el país registra varias experiencias positivas en materia de buscar acuerdos nacionales entre las diversidades de los poderes reales y sus contrapartes formales. Se puede analizar cómo se llegó a procesos como la Ley de Protección al Trabajador, una ley de contingencia fiscal, un pacto fiscal en el seno del parlamento que generó un gran acuerdo luego vulnerado, la reforma del 2005 en el mayor sistema de pensiones (IVM-CCSS), la propuesta de Trabajo Decente de la OIT adoptada por el país con venia tripartita.

¿Y si no hay acuerdos nacionales qué nos queda? Notamos tres tendencias. A) Ya hay voces golpistas que se atreven a escribir abiertamente a favor del quebrantamiento del sistema institucional vigente y del mismo orden constitucional que lo norma, según lo pregonan plumarios y amanuenses políticamente extremistas. Incluso se atreven a decir que por mucho menos de lo que ahora estamos viviendo, fue la razón por la cual los costarricenses nos volamos bala en 1948. B) La paralización total en ruta hacia una anarquía depredadora es lo que está en desarrollo. C) El espejismo de un “Estado fallido” dado el imperio de la violencia criminal, el control de la sociedad por el crimen organizado y el dinero del narcotráfico, la corrupción sin control y desbocada en los servicios públicos, así como la deshumanización completa y la aversión social hacia la solidaridad, son posibilidades cada vez más reales. Como se habrá notado, no parece que tengamos muchas alternativas.