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Podemos decir que nuestro reiterado planteamiento, formulado intensamente en los últimos meses por diversos medios, de que los salarios que se pagan a la clase trabajadora del sector público no son los responsables del déficit fiscal, ¡ha triunfado!

Hasta los más acérrimos enemigos del empleo público (como el repetitivo candidato presidencial que nunca será presidente de la República), atrincherados en el fracasado neoliberalismo, así lo reconocen.

Basándonos en lo anterior se abre el espacio para el debate real, el verdadero, el que merece los mayores esfuerzos de nuestra parte y de parte de los sectores cívico-políticos que ansían una sociedad más justa y más democrática.

Tal debate debe estar centrado en dos ámbitos a nuestro entender. UNO: La verdadera naturaleza antiobrera, la esencia antisindical, el ataque solapado a los compromisos internacionales de nuestro país en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva que están en la matriz ideológica que anima el expediente legislativo No. 19.506, el que ha sido formulado contra el empleo público. Este debe ser derrotado radicalmente. No hay nada que negociar con respecto al mismo.

Varios de sus contenidos no solamente son contrarios a nuestra propia Constitución Política, sino que son violatorios de los Derechos Humanos Fundamentales y universalmente reconocidos en materia de organización obrera y laboral con base en el modelo sindical

Por el contrario, es nuestro pensamiento que los cambios necesarios en el empleo público son aquellos que deben ir ligados a la reformulación de las políticas públicas de corte estratégico para una sociedad realmente inclusiva; trascendiendo la promoción del bien común para una especie de refundación del país con base en una serie de postulados hacia la construcción de una Democracia Social.

DOS. Esa especie de Democracia Social, que no supone la abolición de la propiedad privada, tiene varias vertientes para llegar a la misma. Sin duda, una de las más notables es la de la Transformación Tributaria Estructural (así, escrito con mayúsculas), dado que no es sostenible para el país que se mantenga un sistema tributario altamente regresivo que hace pagar más a los que proporcionalmente tienen menos. Muchas veces hemos apuntado esto y muchas más habrá que seguir formulándolo.

Entonces, la conclusión fundamental aquí es cómo se reparte, cómo se distribuye la riqueza que genera la sociedad y los beneficios del crecimiento económico.

Ahora bien, sin mezquindades se debe resaltar que el presente Gobierno ha estado impulsando varias iniciativas, vía Ministerio de Hacienda, hacia la progresividad tributaria.

Algunas de ellas en tramitación parlamentaria en estos momentos, enfrentando feroz resistencia ejercida por el parlamentarismo al servicio del capital y de la parte más sucia del mismo como por ejemplo los siguientes: el capital generado al amparo del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, el capital generado al amparo del lavado de dinero vía el sistema de apuestas y de otras formas de juego y azar al margen de la legalidad y de la ética, y el capital generado producto del robo de impuestos en todas sus manifestaciones.

Y es en este último ámbito de la verdadera crisis tributaria que vive el país producto de la injusticia del sistema actualmente vigente, que se debe resaltar, aplaudir y respaldar la nueva política del Ministerio de Hacienda para usar grandes bases de datos, cruzándolas entre sí, de modo tal que se pueda detectar sin duda alguna a personas y empresas que roban impuestos.

Los datos personales básicos que constan en el Registro Civil; los datos que sobre propiedades, vehículos y sociedades anónimas que se almacenan en el Registro Nacional de la Propiedad; los registros de entradas y de salidas del país que tiene la Dirección General de Migración y Extranjería; las nóminas que se tienen en los diversos colegios profesionales; los títulos universitarios que se obtienen y que se anotan en el Consejo Nacional de la Educación Superior; los que hacen negocio con la educación pública privada y que deben registrarse ante el Ministerio de Educación Pública; la lista de patronos y de trabajadores reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social; las declaraciones tributarias de los contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda; los datos sobre el seguro obligatorio de vehículos que maneja el Instituto Nacional de Seguros; los mismos premios de lotería que paga la Junta de Protección Social; las multas por infracciones de tránsito que se pagan al Consejo de Seguridad Vial…; son “pura carnita fresca” (discúlpenos el uso de esta expresión popular), pues al cruzar todos los datos de cada una de estas fuentes nos están indicando que, ¡ahora sí!, robar impuestos será sumamente complicado, riesgoso y costoso.

Nos enteramos de esta nueva posibilidad de combate estratégico y drástico al robo de impuestos por información que publicó el pasado sábado 12 de noviembre el mismísimo periódico La Nación, cuya empresa matriz y algún alto personero de la misma se han visto envueltos en “controversias tributarias” en materia de pago real de impuestos legamente obligados.

La información se tituló “Hacienda usa grandes bases de datos para cazar evasores”, con este pretitular: “Tributación inició este año análisis de ingresos y hábitos de consumo de los contribuyentes”

Como si se tratase de un gran anuncio preventivo y de alerta para los evasores de impuestos, la información citada nos da a conocer de un caso que logró detectar, más bien cazar, la acción tributaria del Ministerio de Hacienda.

Una profesional en medicina, con 27 años de edad y que se registró como contribuyente tributario en el 2013, alegó en su correspondiente declaración de impuestos tener cero ingresos; sin embargo, cuando se hizo el cruce de datos de todas esas fuentes de información, fíjense ustedes que le descubrieron que tenía un carro por valor de 22 millones de colones y que tenía tres fincas sin hipotecas por valor conjunto de 94 millones.

A esta profesional mejor le habría ido si hubiese dicho la verdad de sus ingresos y posesiones pues ahora Hacienda dice que los impuestos que dejó pagar y las multas respectivas por su conducta ilegal, le están generando un cobro de 79 millones de colones entre sanciones e intereses.

Los datos oficiales indican que en el año pasado 2015, 61.209 profesionales liberales declararon poco o nada de ingresos. Y los pocos que declararon algo, en promedio, dijeron tener ingresos por 41 mil colones mensuales.

Esto contrasta con el pago puntual vía planilla que hacen los y las profesionales del sector público, pues el impuesto de renta se les deduce cada quincena de su salario.

He aquí una de las más grandes injusticias en proceso y con ese nefasto proyecto de ley 19.506: se les quiere rebajar el salario a quienes son puntuales pagadores de impuestos. Es definitivo, tal intentona legal de empobrecimiento salarial debe ser eliminada.

Guiados por la legisladora “manos de tijera”, fanática operadora política del capital neoliberal, muy dada a emplear la vulgaridad en el debate parlamentario por las claras limitaciones argumentativas que exhibe, los extremistas legisladores abanderados del recorte presupuestario de naturaleza fanática, han decidido golpear uno de los ámbitos más sensibles de la población desprotegida en la actualidad: la niñez y la adolescencia en riesgo social, la que está en la pobreza extrema y/o en vulnerabilidad para caer en la misma; la que está viviendo en hogares golpeados por la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, la deserción escolar, el desempleo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y el narcomenudeo.

El irracional, irreflexivo, irresponsable y temerario multimillonario recorte presupuestario impuesto al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para el ejercicio fiscal del próximo año 2017, constituye un contundente ejemplo de la degradación política y de la degeneración ético-moral de una clase gobernante en decadencia que ha perdido toda sensibilidad social hacia la comprensión cabal de la perniciosa realidad actual de la desigualdad que muestra nuestro país.

Además, con total desprecio por el ordenamiento jurídico-constitucional que sostiene el sistema republicano, dado que el recorte al PANI contradice un mandato judicial contundente de que debe asignársele el 7% de lo recaudado por impuesto sobre la renta.

“… las acciones de protección para adolescentes, en las cuales el Patronato Nacional de la Infancia juega un papel estratégico, han estado debilitadas por las limitaciones presupuestarias y cuando surge la posibilidad de cambiar esta situación, algunos diputados y diputadas la torpedean, pareciendo vivir en otro país. Probablemente no saben que los rostros de la pobreza son los niños, niñas, adolescentes y mujeres”. Así opina una autorizada voz profesional y objetiva en tal sentido, la de don Alberto Morales Bejarano, jefe de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, en su comentario titulado “Adolescencia, juventud y envejecimiento”.

Lo que realmente corresponde es que al PANI se le libre de las ataduras que le impiden la ejecución plena de los recursos que recibe para que tenga más movilidad atajando el crecimiento de la desigualdad en el orden de sus competencias de política social. Aprobar el proyecto de ley que está ya en la corriente legislativa para estos efectos es una incuestionable necesidad.

Este tipo de funestas decisiones político-legislativas del fanático y extremista recortismo presupuestario de signo fundamentalista-fiscal, nos llevan a seguir potenciando la existencia de dos Costa Rica.

La Costa Rica de los excluidos ya y de los que están en camino de serlo, muchos de ellos ya descartados de la integración social, como suele denunciarlo el papa Francisco; en contraposición a la Costa Rica de los incluidos, conformada básicamente por quienes están recibiendo los beneficios directos de la concentración de la riqueza, por los que se enriquecen robando impuestos a mansalva, por quienes disfrutan de exenciones impositivas abusivas (con “licencia para evadir”), y por quienes transan con el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado, mediando el sistema financiero-bancario.

La gravedad de este extremismo fundamentalista del recortismo presupuestario se convierte, prácticamente en un acto delincuencial de orden político, que se ejecuta a fin de proteger al sector del capital para bloquear la legislación pendiente en impuesto a las sociedades anónimas, de esas que se forman para evadir y robar impuestos en el exterior, al mejor estilo de “los papeles de Panamá”; para que nunca se dé la legislación urgente en materia transformación progresiva del impuesto sobre la renta; para que nunca haya la menor posibilidad de gravar esas transacciones sucias que están pasando por el sistema financiero-bancario costarricense, según denuncias del propio gobierno gringo.

Este acto delincuencial de orden político queda todavía más al desnudo cuando otro recorte también extremista, irresponsable, irreflexivo, afectará recursos destinados a combatir la práctica generalizada en la sociedad del robo de impuestos, al impedirse que se fortalezca la policía fiscal del Ministerio de Hacienda. Es decir, el mensaje enviado desde las entrañas del parlamento a los ladrones de impuestos es que sigan robándoseles porque tendrán gran garantía de continuar impunes.

Lo más abominable de todo esto es que esa especie de “pandilla recortista” está dentro de partidos políticos que pretenden hacernos creer que la ideología de los mismos es el Humanismo Cristiano, cuando sus actos últimos en el seno de la comisión hacendaria del parlamento, nos indican una proclividad para favorecer, como indicamos líneas arriba, al capital de la concentración abusiva de la riqueza… Y con la complicidad explícita de quienes todavía tienen la osadía de calificarse como “socialdemócratas”.

Los medios de difusión eclesiales no informan del progresivo encuentro entre los movimientos populares y la Iglesia. Muncho menos lo hacen las empresas masivas de difusión. Por tales motivos, se difunde lo más pertinente de la siguiente:

Nosotros, Movimientos Populares y Pastorales Sociales reunidas en Mariana, Minas Gerais, en respuesta al llamado del Papa Francisco para el diálogo con los que luchan por “tierra, techo y trabajo”, venimos a solidarizarnos con las familias afectadas por el mayor crimen socio-ambiental provocado en 2015 por la minería en Brasil, y alimentar nuestra esperanza de construir otro mundo posible.

Pueblos indígenas, , pescadores, comunidades tradicionales, trabajadores del campo y la ciudad, agentes de las pastorales sociales compartimos nuestras experiencias de luchas, dificultades en una sociedad tan desigual. Debatimos la opresión de las fuerzas del capital, la fragmentación y criminalización de los movimientos sociales y las violencias contra los pobres, negros, mujeres, jóvenes y LGBTs.

Profundizamos nuestra reflexión y formas de resistencia y lucha, para enfrentar esos desafíos.

Clamamos junto con la Madre Tierra, que el uso intensivo de agrotóxicos provoca la muerte de nuestros pueblos y ríos. Denunciamos que la concentración de la propiedad y el estímulo al agronegocio generan conflictos y violencias en el campo y la ciudad, por eso se tornan urgentes y necesarias la Reforma Urbana y la Reforma Agraria.

Nosotros en diálogo con el Papa Francisco, reafirmamos lo que está en la Encíclica Laudato Si: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social; más bien hay una única y compleja crisis socio-ambiental. La solución requiere un abordaje integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y, simultáneamente, cuida la naturaleza”.

Quien no lucha, ¡está muerto! Quien lucha, educa.

Con nuestra fe revolucionaria, fortalecemos nuestra esperanza en la caminata y la certeza en la llegada. Es preciso luchar para derrotar el golpe en Brasil, por eso nos comprometemos a ampliar la movilización, fortaleciendo y diversificando los trabajos de base, el diálogo entre los movimientos y ocupando las calles. La lucha inmediata debe ser fermento en el proceso de construcción de un proyecto popular de país.

Después de habernos reunidos en Roma (2014), en Bolivia (en 2015), queremos convidarlo a promover en tierras brasileñas el 3° Encuentro Mundial de los Movimientos Populares en Diálogo con el Papa Francisco, en octubre de 2017, en Minas Gerais. La invitación es para mantener viva la memoria y nuestro compromiso de “cuidar bien de nuestra Madre Tierra, como Casa Común de todos”.

_Hermanos y hermanas de los movimientos populares de Brasil;
En nombre del Pontificio Consejo Justicia y Paz les saludo todos, y lamento no haber podido acompañarles en este su encuentro donde retoman los debates y propuestas en torno a este objetivo que nos hemos fijado en común: procurar que las 3T Tierra, techo y trabajo sean respetados en toda la Creación porque son, como señala el Papa Francisco, derechos sagrados.

Les recuerdo las tres tareas que el Papa Francisco propuso durante la reunión celebrada en Bolivia en 2015:
a) Poner la economía al servicio de los pueblos
b) Unir a nuestros Pueblos en la búsqueda de la Paz y la Justicia
c) Cuidar la Madre Tierra

El Papa nos ha recordado que las soluciones a los grandes problemas del mundo, nacen de la creatividad de las manos de los humildes, de vuestras manos. Oren por El y cuenten con las oraciones y el apoyo de este Pontificio Consejo.

Gracias por todo lo que hacen, y que Dios los bendiga a todos. ¡Que el ejemplo de María, siempre firme en las adversidades, los inspire a caminar y a cantar!_

*Cardenal Peter K.A. Turkson
Presidente*

Cuenta la leyenda que hace muchos años un sacerdote de mala conducta sostuvo una riña a machetazos y quedó decapitado.

Como castigo, desde entonces deambula por este mundo como alma en pena asustando a la gente, en especial a quienes de modo indigno irrumpen en el ámbito de lo sagrado. Sus intervenciones se narran al estilo de esta: Una vez un borracho se metió a una iglesia, cuando comenzaba la Misa, pero al ver que el padre no tenía cabeza, salió espantado.

El padre sin cabeza se aparece para castigar a los que profanan las cosas santas, los que “tocan a Dios con las manos sucias”; escarmienta a quienes irrespetan los límites que separan lo sagrado de lo profano.

Nuestro decapitado forma parte de la banda de “espantos” moralizadores que poblaron las tertulias sin luz eléctrica de las noches de antaño. Ahí estaba La Llorona, condenada a subir y bajar por siempre los ríos y quebradas, gimiendo por el hijo que abandonó, para sanción y advertencia de las que reniegan de su maternidad.

Y también La Segua, cuyo propósito moralizador se dirige contra los caballeros deseosos de amores –efímeros y pagados– en las veredas nocturnas, al final de noches de parranda. La Llorona llora y La Segua asusta con su cara de yegua. En estos y otros “espantos” la característica distintiva se comprende sin dificultad, pero ¿por qué al “espanto” clerical le falta precisamente la cabeza? ¿Por qué no es manco, con lengua larga, güecho u otro defecto?

Propongo una explicación. La cabeza, sobre todo el rostro, expresa la persona, sus sentimientos, estados de ánimo y cordialidad.

Un padre sin cabeza es solo una sotana negra, impersonal; un funcionario sin rostro, que abusa del status sagrado para imponerse como autoridad que no dialoga. Un funcionario capaz de infundir miedos, remordimientos y obligaciones con poco o ningún sentido, carente de sensibilidad humana.

Si estoy en lo cierto, este “espanto” expresa la confusión atávica de los sencillos ante el autoritarismo clerical. Bien sé que muchos padres, con sotana o sin ella, abundan en humanidad y ternura. Pero también hay de los otros.

En aquellos ya bastante remotos tiempos, tan distintos de los actuales, el clero controlaba la cultura y podía imponer normas y deberes sin sentido… sin cabeza.

En estos tiempos desacralizados, los sacerdotes tienen que tener mucha cabeza, para opinar y proponer. Ya no hay lugar para el padre sin cabeza.

Ha sido anunciado por el propio Gobierno, vía Ministerio de Hacienda, que en las próximas semanas el país será sometido a una especie de juicio financiero dada la visita al país de la inspectoría global del capital neoliberal, la “policía financiera” del planeta.

Hablamos de la tríada o de la troika que componen las calificadoras de riesgo de inversión, verdadero monopolio-oligopolio que cual Júpiter olímpico decide sobre la vida de millones de personas al calificar la conducta financiera de los países; sentenciándolos al ostracismo si no están cumpliendo con los mandatos fiscales que ordena la hegemonía dominante en el orbe, la de signo neoliberal y su parte más explícita, el capital financiero-bancario.

Esta tríada o troika, especie de protectora de crédito mundial, está integrada por las firmas Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings cuyos personeros vendrán al país para ver si ya se aprobó, básicamente, el aumento del impuesto sobre las ventas, del 13 al 15 por ciento, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA).

Además, le harán un examen al país sobre el tema del déficit fiscal, valorarán si los recortes en el gasto son suficientes o se requieren más, qué se ha hecho en materia de fraude fiscal y mejora recaudatoria, analizarán si somos buenos y puntuales pagadores de la deuda pública y de sus intereses, preguntarán cómo va la lucha neoliberal contra el empleo público y contra los pluses salariales; y, tal vez, si tenemos “suerte”, preguntarán sobre la transformación del impuesto sobre la renta hacia algún nivel de progresividad.

Con posterioridad emitirán un fallo inapelable y toda la comunidad financiera internacional será informada de si Costa Rica se ha estado portando bien dentro de los parámetros que impone la hegemonía global del capital; y si no nos hemos estado portando bien, entonces recomendarán a los inversionistas extranjeros que tengan cuidado de traer su plata al país porque podría ser riesgoso y/o que nos pueden seguir prestando plata.

Si nos va bien con tal fallo, dirán que todavía hay seguridad financiera; y si su dictamen es que estamos mal o muy mal, nos podrían tirar al precipicio del descrédito como para que no vengan más inversionistas y/o no haya más empréstitos, o se le preste al país con intereses por encima de los de usura.

Ahora bien, lo que nos interesa destacar en este comentario es que esa tríada o troika policial-financiera global tiene muy mala fama, está muy desacreditada ante los ojos de gran cantidad de pueblos y de organizaciones globales que luchan por la justicia social y contra la desigualdad en países donde Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings han emitido sus temidos criterios de calificación de riesgo de inversión.

Muchas denuncias y cuestionamientos abundan contra las tres, especialmente en internet pues en prensa tradicional, por lo general, a esta tríada se le rinde pleitesía y se les pone alfombra roja cuando visitan los países.

Uno de tales sitios es Infobae.com. Infobae es un diario digital argentino de actualidad y economía, de orientación conservadora (derecha), creado en 2002 por el empresario Daniel Hadad. Originalmente, era la edición online del diario Buenos Aires Económico (BAE) que Hadad había adquirido en ese mismo año. Así lo leímos en la enciclopedia digital Wikipedia.

Uno de sus comentaristas, Agustín D’Atellis, publicó en Infobae.com un artículo sobre esta tríada-troika, dándonos a conocer que con ocasión de la crisis financiera internacional del año 2008, cuando quebró el banco estadounidense Lehman Brothers, Standard & Poors fue acusada judicialmente y demandada por más de 5 mil millones de dólares “para dejar en evidencia la responsabilidad de estas empresas en la gestación de crisis y el negocio especulativo por detrás de sus comportamientos”.

El señor D’Atellis apunta que “…, frente a la quiebra de Lehman Brothers, mantuvieron la más alta de las calificaciones hasta último momento; calificaron a miles de productos estructurados en los años anteriores a 2008 con rangos de los más altos que pasaron a situación de default, en algunos casos, en menos de 48 horas; presentaron elevadas calificaciones para Enron hasta antes de conocerse el megafraude; entre otros ejemplos a lo largo de los últimos años.

Para los adoradores nacionales de las calificadoras de riesgo indicadas, muchos de los cuales se les prosternan ignominiosamente, deberían considerar muy seriamente el decir del indicado articulista que, repetimos, se da en una publicación libre de toda sospecha de izquierda. Transcribimos:

“Estas compañías dejaron en evidencia graves fallas metodológicas, así como también importantes conflictos de intereses y grandes anomalías en el sistema encargado de regularlas. Las metodologías que utilizan, basada en análisis estrictamente financiero, y con sistemas rígidos y enlatados, para los productos financieros, y bajo la óptica de modelos neoclásicos para el caso del análisis de deuda soberana, fracasaron sistemáticamente según lo refleja la propia evidencia empírica. Los conflictos de intereses que enfrentan tienen que ver con que los clientes a quienes califican son quienes los contratan para esto, en un mercado cuasi monopólico, que claramente no puede librarse a un mecanismo de autorregulación. Además de servicios adicionales que estas empresas brindan a sus clientes, y de que algunos de sus accionistas son reconocidas firmas de administración de inversiones”.

En el artículo que venimos comentando se señaló, además, lo siguiente: “A partir de la crisis surgieron muchos debates en diferentes foros de discusión internacionales en torno a este mercado, y la necesidad de su estricta regulación, pero no logran prosperar, ya que son muy fuertes los intereses económicos que estas compañías representan”.

Lastimosamente, parece que no tendremos escapatoria en cuanto a los criterios que han de emitir las calificadoras de riesgo sobre el estado actual y futuro de las finanzas públicas costarricenses; pese a que esta tríada carece de objetividad, muestra muchos conflictos de intereses internos, muestra un comportamiento oligopólico-monopólico con características de cártel, tiene bastantes cuestionamientos ético-morales y hasta ha tenido que enfrentar controversias judiciales.

Esta dictadura de las calificadoras de riesgo, todas gringas, al acumular tanta cantidad de cuestionamientos generaron, en su momento, el mismísimo enojo de sus amigos ideológicos de la Unión Europea (UE). El entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, con ocasión del nefasto papel de esta tríada con el estallido de la crisis financiera internacional del 2008, se dejó decir lo siguiente en una extensa entrevista publicada… en el diario francés Libération esto: “Lo más oportuno ahora es no continuar con el oligopolio de las tres”. Trichet recordó que las agencias de calificación no solo actúan mucho más tarde de que los eventos ocurren, sino que además suelen “amplificar” los vaivenes de los mercados, lo que se contradice con la estabilidad financiera que se requiere en períodos de grandes turbulencias. Esta entrevista data de julio del 2010.

Seremos financiera-fiscalmente auditados como país por esas agencias calificadoras de riesgo que emiten altísimo riesgo con sus criterios, bastante controversiales y cuya ética política es muy deficitaria.