Desde hace mucho tiempo se ha venido gestando una tesis perversa que busca, a toda costa, desprestigiar la función de las y los policías penitenciarios; de estos hombres y mujeres que dan su vida por la seguridad del país, que se desvelan para que otros puedan dormir tranquilos y que, a su vez, han aprendido a paliar el sentimiento de la exclusión y el inminente peligro que significa trabajar en una cárcel.
Esta campaña malintencionada tiene una doble finalidad. Por un lado, vulnerar un sector relevante de la seguridad nacional como lo es la Policía Penitenciaria. Por otro, no reconocerle condiciones laborales dignas a este honorable cuerpo de policías.
De manera que se podría estar impulsando un tipo de estrategia buscando reducir el buen funcionamiento de la seguridad en las cárceles, favoreciéndose el crimen intramuros; a la vez que invisibiliza a estos policías para que no se les reconozca mejoras en sus salarios.
En este sentido, es importante señalar que las y los policías penitenciarios no tienen conflictos con la ley, pues son personas valientes que respetan las normas jurídicas, reconocen el peso de su juramento constitucional y confían plenamente en el principio de que la historia no absuelve a nadie cuando la justicia es efectiva.
Lo que no se vale es que se culpe al inocente para justificar algunos actos y decisiones del pasado que han hecho acrecentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.
No es justo que por el ataque directo de algunos pequeños sectores, se juzgue la función policial como un acto de despotismo e irrespeto a los Derechos Humanos. Como tampoco es correcto legitimar que la presencia de algunos hechos aislados empañe la buena labor que realizan estos humildes y valientes funcionarios.
Lo que sí es importante aclarar es que la realidad de una cárcel sólo es comprendida, en su totalidad, por quienes conviven en ella. Tratar de explicarla desde un punto de vista teórico es muy fácil, pero jamás podrá reflejar con plenitud el contenido real de lo que se vive a lo interno de esos muros.
Las y los policías penitenciarios son respetuosos del derecho y de las decisiones de los señores magistrados de la Sala Constitucional. No se oponen a las medidas que han superado el juicio de proporcionalidad y razonabilidad, tampoco son alérgicos ante el deber de obediencia. Sin embargo, es digno reconocer que tienen criterios propios y claridad conceptual.
Así las cosas, la resolución de la Sala Constitucional que prohíbe el uso de los escudos eléctricos para las situaciones de violencia en las que se encuentre involucrado un solo privado de libertad, desde el punto de vista de quienes trabajan en esos ámbitos, es una decisión que no mejora la convivencia. Tema bastante parecido, al de la directriz que les negaba hacer uso del gas pimienta, hasta tanto no se garantizaran los mecanismos de regulación.
La posición unánime de las y los policías penitenciarios es que hasta que no se logre implementar una política social eficaz que permita dar solución al grave problema del hacinamiento, la crisis del Sistema Penitenciario Nacional continuará en aumento.
El punto de vista de estos funcionarios es que se viene desarrollando en el seno de la Policía Penitenciaria un tipo de “discriminación positiva” (acción afirmativa), que busca reconocer más derechos a las personas privadas de libertad que a los policías, y crear un tipo de conciencia social de sesgo discriminatoria de los derechos de las primeras en detrimento de los derechos de los segundos.
No puede dejarse pasar desapercibida esta situación sin que abramos un proceso integral de reflexión y de análisis en cuanto a las implicaciones que estarían contrariando los parámetros de seguridad y que es inconsecuente con la condición jurídica de las personas privadas de libertad.
El asunto medular es que los Derechos Humanos son igual para todos; y que, de la misma manera en que la sociedad busca garantizar condiciones dignas para un sector, se deben procurar para el otro, en fiel atención a la equidad.
El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En este sentido y aludiendo al carácter universal de los Derechos Humanos, cabe preguntarse: ¿Quién tiene más derechos? La pregunta pareciera redundante y la respuesta obvia, la norma es clara, todos somos iguales ante la ley ¿Es acaso que el policía, por su condición de funcionario y por el prestigio de una institución, no puede defender su vida ante un peligro real e inminente? ¿Es acaso desproporcionado utilizar una herramienta que reduzca a la impotencia, cuando lo que está juego es el valor más grande, la vida? ¿Es acaso que por ser policías no tienen derecho a un salario digno y a condiciones laborales decentes?
Si algunos sectores buscaran soluciones con la misma intensidad con la que atacan la dignidad de las funcionarias y de los funcionarios públicos, es probable que en el caso del Sistema Penitenciario Nacional la crisis que viene viviendo no fuera tan seria, al punto de haber llegado a su estado actual.
