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La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tomó una crucial decisión que, desde nuestra perspectiva, priorizó en la vida humana, en la vida de todos los seres vivos, antes que en el negocio mercantil del lucro privado, puro y duro.

A y A decidió que la vida de los y de las limonenses, en cuanto a la provisión del agua vital para la propia existencia humana, es tan estratégica como para determinar que la cuenca del Río Banano, en su totalidad, 180 kilómetros cuadrados, es zona de protección.

Los mercaderes del negocio privado con los servicios públicos, pretendían extraer de un tajo, denominado “Asunción”, ubicado en esa cuenca (específicamente, en la comunidad de Matama), un millón y medio de toneladas de roca y de otros materiales para la construcción de la terminal portuaria privada; que, mediando un proceso de concesión bastante cuestionado, está construyendo en estos momentos la transnacional holandesa APM Terminals.

De todas formas, la estratégica decisión de A y A queda concatenada con otro grave problema que ya existía en contra de quienes buscaban el “negociazo” de sus vidas, extrayendo material del tajo “Asunción”: no han podido demostrar que les pertenece, que tal terreno es de su propiedad; y, por tanto, no habían podido tener el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), para explotarlo, al no conseguir la correspondiente viabilidad ambiental. “Lo que mal empieza, mal termina”, como dice el refrán.

Con visión ya no solamente futurista, sino de profundo contenido humanista, A y A se decidió por la vida; en este caso, la del pueblo limonense de esta y de las próximas décadas.

Se trata de una decisión que va en la dirección correcta sobre la ineludible responsabilidad de la política pública de hoy para garantizar agua para las próximas generaciones de costarricenses; considerando que la geopolítica del futuro cercano está ya siendo determinada por pugnas, bélicas incluso, del control de los mantos acuíferos en la estrategia del poder mundial de los años por venir y que están, prácticamente encima.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, nuestra alegría es mayúscula por esta atinada decisión que la actual Junta Directiva de A y A ha tomado y que merece el más contundente aplauso respaldo ciudadano.

Nuestra satisfacción es mayor toda vez que la colisión entre el interés público y el lucro privado meramente mercantil en esto de la concesión a APM Terminals, se venía manifestando, también, en la cuestión ecológico-social.

Así lo advertimos en la presentación del documento de PATRIA JUSTA, “Agenda Patriótica para el Bien Común y la Inclusión Social”, el pasado 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, cuando se dieron a conocer los acuerdos de agenda-país entre los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), con PATRIA JUSTA.

Dentro de tal documento, podemos encontrar un apartado que indica lo siguiente: “¿Por qué estamos con Japdeva?”, seguido de esta exhortación: “¿Por qué Patria Justa le pide a usted que apoye esta causa?” (se refiere a la lucha contra el monopolio portuario privado holandés); y releyendo el punto dos nos damos cuenta de que habíamos planteado esto: “Por otra parte, en lo ambiental, prácticamente la totalidad de los movimientos sociales ecologistas costarricenses, luego de estudiarlo profundamente, lo han adversado. La gravedad de ello llega a tal punto que se han puesto en riesgo fundamentales mantos acuíferos para la población limonense”.

¡Qué bueno! A y A se pone del lado de la gente al indicar su máxima jerarca, su Presidenta Ejecutiva, la señora Yamileth Astorga Espeleta, que lo que realmente importa es cumplir a cabalidad la responsabilidad institucional de abastecer de agua a la población. Ahora, ¡todo mundo a apoyar a A y A!

Cada quien es libre de pensar y expresar sus opiniones y pensamientos, de palabra o de forma escrita, sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, como bien lo expresa la Constitución Política de nuestro país.

Así las cosas, compartimos la opinión sobre la necesidad de mejorar la productividad, la eficacia, la eficiencia, el servicio al cliente, la transparencia, y por supuesto, la equidad en la repartición de la riqueza.

Al menos en un sector de la opinión pública, y propiamente en mi gremio policial, consta que he sido precisamente un acérrimo defensor de la transparencia en la función pública. Producto de este ideal, hemos presentado varias denuncias para efectos de investigaciones en la fiscalía de probidad, en la fiscalía de fraudes y en la fiscalía adjunta de San José.

Estas denuncias solicitan que se investiguen, posibles malversaciones de fondos, nombramientos irregulares, posibles favorecimientos, prevaricato e incumplimiento de deberes, entre otros; esto, confiando en nuestro estado de derecho y sistema de justicia, esperando las conclusiones de las investigaciones, procurando resultados en favor del colectivo y todo esto, llevado a cabo, sin faltar a la verdad o denigrar el honor de las personas con generalizaciones polarizadoras.

En estos días conversaba con mi señor padre, memorando mi carrera laboral, y recordábamos como desde la edad de doce años, ayudaba en las labores que mi corta edad y mis fuerzas me permitían, en una de las antiguas fincas bananeras de la zona sur del país.

Haciendo ese viaje por el tiempo, conversamos sobre como a la edad de quince años inicié mis labores de manera formal, con permiso de trabajo para menores y cotizando para la CCSS.

Solo como antecedente, ya que soy un producto de mi historicidad, laboré varios años para el sector privado, con distintas experiencias, la mayoría enriquecedoras; empresas que siempre respetaron mis derechos y de las cuales guardo un profundo cariño, como Tecnofarma, Farmanova, el Morazán, de la excelentísima familia Terán, por citar algunas; y otras experiencias muy difíciles, como las labores realizadas en las plantaciones bananeras.

Ingresé al servicio público, orgullosamente, como Oficial de Policía, y luego de varios años, con experiencias propias de algunas realidades cotidianas que se viven en esta hermosa profesión, asumí la defensa de mi sector, desde una organización sindical. No sé si eso me convirtió en “vagabundo”, pero lo cierto es que puedo demostrar que cotizo para la CCSS desde el año 1986, a la edad de 15 años.

Entiendo, aunque no comparto, que algunas personas sientan animadversión hacia la actividad sindical, y puede que algunas cosas se deban mejorar; pero de ahí a “hacer generalizaciones odiosas”, utilizando epítetos difamatorios, que solo vienen a generar rencores sociales, odios desmedidos e infundados, desinformación y daños en el honor de quienes sí servimos a la Patria, día con día, procurando el bienestar de los más desprotegidos.

Resulta igual de irresponsable que, si se procediera a generalizar sobre cualquier otra actividad, porque en todos los campos hay un grupo de colaboradores buenos y otros no tan buenos; y en nuestro caso, durante este tiempo en que venimos desempeñando la representante sindical, en atención de las necesidades de mis compañeras y compañeros, hemos logrado sensibilizar la necesidad e importancia de una organización sindical, que nos permite asesorar, defender y auxiliar a una persona que, como oficial de policía, necesita de su trabajo para llevar sustento a su familia y cumplir sus metas y anhelos.

Mi valor está probado; como Oficial de Policía de la Fuerza Pública, denuncié contrabando, denuncié faltas al deber en la función pública, decomisé drogas y destruí plantaciones de marihuana, recibí amenazas e intentos de soborno, y por todo ello y más, considero que tengo la suficiente autoridad moral para dar la cara ante la sociedad, y sostener el valor de mi trabajo y la relevancia de nuestros méritos; logros que han venido a hacer una diferencia en la realidad que viven los compañeros y compañeras de la Fuerza Pública.

El intelecto de un hombre y/o mujer, se mide por el respeto a la hora de comunicarse y defender sus ideales. Comparto la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia, en todos los aspectos de nuestra sociedad, y principalmente, en la función pública, pero rechazo los calificativos que polarizan la verdad y se utilizan para llamar la atención, de forma negativa y sin elementos probatorios; cuando lo correcto debería ser, decir en qué instituciones y quiénes son los que incumplen; pero fundamentalmente, demostrar con estudios e investigaciones que permitan determinar esa conclusión, arrojada muchas veces de forma irresponsable bajo el velo del “derecho a la opinión pública”.

Todas aquellas personas que pertenecen o han pertenecido a nuestro gremio policial, y a quienes hemos logrado asesorar y “auxiliar” en razón de nuestra participación desde la trinchera sindical, pueden dar fe de que les contestamos consultas hasta altas horas de la noche, fines de semana, días festivos y que procuramos defender sus derechos por dignidad, equidad y justicia, porque cada quien defiende lo que considera justo, y nosotros creemos firmemente que ha llegado la hora de la justicia para la clase policial de este país.

Los oficiales de policía no son robots; el policía necesita y merece una buena calidad de vida, al igual que su familia, por eso luchamos desde una organización sindical (ANEP).

Por eso, y porque mis ideales son firmes, no me voy a detener por la simple idea de algunos, de que todo lo que provenga de un sindicato es “nocivo”. Eso es producto de un pensamiento arcaico, porque lo cierto es que cada quien defiende lo que considera conforme a sus ideales, valores y gustos.

Nosotros defendemos el ideal de las causas nobles, y la justicia.