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Este lunes 1 de junio de 2015, a las 4 de la tarde, el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano de carácter tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), recibirá las diferentes propuestas sindicales para el reajuste por costo de vida que deben sufrir los salarios mínimos que se pagan en el sector privado de la economía; reajuste que es valedero para el segundo semestre del presente año 2015 y que debe entrar a regir el día 1 de julio próximo.
En el caso de la corriente sindical que representamos desde la propia ANEP, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), en unidad con las entidades laborales de similar naturaleza jurídica, se presentará una propuesta que rondará el 2 %. Hablamos de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), así como de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT). La propuesta, además, cuenta con la simpatía y el respaldo del colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA.
Los detalles técnicos que sustentan tal cifra serán expuestos al momento de la audiencia a las partes sindicales.
Posteriormente, será el sector patronal el que hará su propuesta y una semana después, por lo general, la representación gubernamental definirá para cuál lado se inclina si fracasa la búsqueda de un acuerdo tripartito. Usualmente, la votación en el seno del CNS queda 2 a 1 (patronos-gobierno contra trabajadores). En el caso de la presente administración gubernativa Solís Rivera, ésta será la tercera fijación en materia de salario mínimo.
Este ritual institucional que se ha venido repitiendo cada seis meses a lo largo de los últimos años (es más, prácticamente toda la vida, pues de obligada observancia legal); hace que en la actualidad y dada la situación sociopolítica del país que muestra altos niveles de desempleo (abierto y encubierto), de precariedad laboral, de violaciones sistemáticas a los derechos laborales básicos fundamentales, de alto endeudamiento salarial y de avance impetuoso de la informalidad; amén de la constatación del crecimiento sistemático de la desigualdad, por un lado y, por otro, de la concentración de la riqueza; hace que, repetimos, queden en evidencia fuertes vacíos acerca de una profunda discusión sobre el carácter de los salarios mínimos que se aplican en el sector Privado y en el marco de esta gran deuda social según lo hemos puntualizado.
PRIMERO: Es urgente aprobar legislación para que el reajuste por costo de vida al salario mínimo, aunque sea raquítico, indigno e insuficiente, se respete plenamente por todos los patronos. No son pocos los casos en que a la persona trabajadora se le indica que ese reajuste a su salario mínimo no le corresponde porque le están pagando, por ejemplo, mil colones más del mínimo al momento de la fijación. Esta especie de escamoteo debe censurarle legalmente.
SEGUNDO: Debe precisarse que el reajuste semestral por costo de vida a los salarios mínimos que se deben pagar en el sector privado, oculta que hay que hacer algo para incrementar el poder de compra de los mismos, su poder adquisitivo; es decir, urge una revaloración salarial extraordinaria para subir el actual nivel del monto de los salarios mínimos, de tal suerte que los subsiguientes reajustes semestrales por costo de vida partan de ese nuevo nivel. Esta gran decisión política puede adoptarse por medio de una ley y/o por medio del acuerdo del Gobierno con la parte laboral representada en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), ya que es de esperarse que la parte patronal jamás apoyará una decisión de tanta justicia obrera como lo es incrementar el poder de compra del salario mínimo. En algunos momentos, varios países latinoamericanos han adoptado decisiones de este tipo, pues se sabe que hay una relación directa entre el incremento del poder de compra del salario y la reactivación productiva, especialmente para el mercado interno; algo de lo cual y en el caso costarricense, es de gran urgencia.
TERCERO: La persona trabajadora asalariada, especialmente la de ingresos medios y bajos, percibe (en muchos casos de manera dramática), la distancia entre la cifra oficial de inflación semestral por costo de vida, con la realidad financiera del bolsillo y del presupuesto familiar. “La plata no alcanza”, es la frase preferida para definir el deterioro del poder de compra del salario y la disminución de su capacidad adquisitiva. Por ende, es urgente nuevas metodologías de medición del costo de la vida que el gobierno debe implementar, generando una nueva reactualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a fin de adaptarlo más para una medición más real de lo que ocurre, en verdad, en el seno de la economía familiar de las personas asalariadas.
¿”CAMBIO?” Si hay un aspecto en que la mayoría del pueblo trabajador y, especialmente, su clase trabajadora asalariada percibiría, el verdadero contenido de la palabra y del concepto “CAMBIO” es éste, el de los salarios mínimos; pero, para ello, se requiere de un gran coraje presidencial y gubernamental para enfrentar ese poder corporativo-empresarial que, sin haber ganado elección alguna, pretende seguir imponiendo su hegemonía en las grandes decisiones de política pública que tienen que ver con el bienestar de las mayorías.
**Honorables compañeros y compañeras
Presidencias y vicepresidencias de las seccionales de la ANEP
Integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP
CONVOCATORIA OFICIAL A
CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL (Extraordinario)
En su sesión No. 2019, de carácter ordinario y celebrada este viernes 28 de mayo de 2015, la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acordó, de manera unánime y firme, formal convocatoria oficial por esta vía electrónica y reproducida en físico según correspondientes circunstancias, a Consejo Consultivo Nacional (de carácter extraordinario), para las 8 horas del día viernes 26 de junio de 2015, en lugar que luego se informará con la debida antelación.
Para ello, la JDN-ANEP se fundamenta en el artículo 69 de los actuales Estatutos de la organización; artículo recientemente reformado y que plantea lo siguiente:
“Las presidencias y vicepresidencias de las juntas directivas de los organismos de base, en su carácter personal y sin posibilidad de delegar esa función, formarán el Consejo Consultivo Nacional, el cual se reunirá por expresa convocatoria de la Junta Directiva Nacional, cada vez que las circunstancias sociopolíticas o cualquier otra razón de gravedad para el país o para el sindicato, así lo exijan. Ordinariamente, habrá una sesión al término del primer año de gestión directiva; y, otra sesión, al tercer año de la misma.
Las personas que integren la Junta Directiva Nacional serán de pleno derecho, integrantes del Consejo Consultivo Nacional.
La función del Consejo Consultivo Nacional será de consulta y coordinación con la Junta Directiva Nacional. Conocerá de los asuntos que ésta lleve a su seno; o aquellos asuntos que por considerarlos de importancia, alguna persona integrante de este Consejo considere oportuno discutir para trasladarlos a la Junta Directiva Nacional”.
Considerando la gravedad de la situación que para las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, especialmente, significa la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de mayo de 2015, la JDN-ANEP acordó extender la convocatoria a las demás personas integrantes, compañeras y compañeros de todas las juntas directivas seccionales de la ANEP.
Para la ANEP dicha elección significó que las posiciones neoliberales derrotadas en el proceso electoral nacional de febrero y de abril de 2014, se apoderaron del parlamento para impulsar la agenda del capital, no la agenda de la ciudadanía.
Con el nuevo directorio legislativo en manos del detestado “PLUSC”, se da el posicionamiento de planteamientos neoliberales en contra del bien común, en contra de la inclusión social, en contra del combate al fraude fiscal; todo ello expresado en:
Ataque a mansalva al empleo público;
Pretensiones de eliminar vía ley, los pluses salariales dedicación exclusiva, prohibición, anualidades, riesgos y otros;
Pretensiones de regular-eliminar, vía ley, las convenciones colectivas de trabajo incluidas, las municipales;
Pretensiones de instaurar, vía ley, el salario único como primer paso para introducir en el sector público la lógica mercantil del injusto sistema de salarios mínimos que rige en el sector privado;
Incentivar, todavía más, la perversa campaña de manipulación pública para presentar a la ciudadanía a los salarios de los empleados públicos y de las empleadas públicas, como los responsables únicos del déficit fiscal,
Bloqueo de necesarias iniciativas de ley para atacar el fraude fiscal y el robo de impuestos;
Avanzar más, vía ley, en la privatización de la electricidad que nos brinda el ICE;
Fuertes tijeretazos al presupuesto del 2016, con recortes irracionales a mansalva;
Legislar para vender varias de las empresas públicas más rentables del Estado;
Imponer, vía ley, la jornada de flexibilización laboral 4-3;
La “caída libre” de la Caja
El boicoteo subterráneo a la Reforma Procesal Laboral (RPL), intimidando a la Sala IV;
Por todo ello, la JDN-ANEP consideró necesario que este Consejo Consultivo Nacional (CCN), del viernes 26 de junio de 2015, incluya la participación de todos y de todas las integrantes de todas las seccionales de la ANEP, incluyendo las del sector privado.
Este Consejo Consultivo Nacional (Extraordinario) de la ANEP, se transformará en un gran evento de unidad sindical, se convertirá en una gran actividad de integración de dirigencias de base para la lucha, con los compañeros y con las compañeras de las bases dirigentes de los sindicatos que formamos parte del colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, del cual está formando parte la ANEP.
Les recordamos que el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA está formado por las siguientes organizaciones sociosindicales:
29 de mayo de 2015
Honorable señora
Licda. Virginia Chacón Arias
Directora General del Archivo Nacional
Estimada señora:
La Junta Directiva de la ANEP-Archivo Nacional le extiende el más respetuoso y cordial saludo, y se permite manifestarle algunas inquietudes y reflexiones surgidas a la luz de la reunión de personal de la Dirección General del Archivo Nacional, celebrada el pasado martes 26 de mayo del 2015, convocada por su digna autoridad.
1. Como representantes de la organización sindical del Archivo Nacional le manifestamos nuestra preocupación por la crisis presupuestaria que enfrenta la institución. El respeto de la institucionalidad ha sido una bandera de lucha de la ANEP y nosotros como organización y como funcionarios y funcionarias, anhelamos de que el cumplimiento de la misión no se vea obstaculizado por este tipo de situaciones.
2. En concordancia con la política gubernamental de defender e impulsar la transparencia en la función pública, creemos que como funcionarios públicos y como funcionarias públicas, estamos llamados a brindar cuentas de nuestro accionar, sin que esto genere molestia o indisposición, en cualquier circunstancia en que se nos pida, por parte de cualquier entidad política, social y cívica; e, incluso, por ciudadanía en general. De tal manera, y a propósito de su comentario de que esta directiva sindical se reunió en diferentes ocasiones con la exministra Elizabeth Fonseca Corrales para “difundir chismes”, queremos indicarle que estas reuniones se dieron dentro del marco de espacios formales de discusión que la exjerarca fomentó ante las diferentes seccionales sindicales de la ANEP del sector Cultura; espacios a los que acudimos previa invitación del indicado despacho ministerial.
3. Estamos sumamente sorprendidos, al igual que el resto del personal, de que en la reunión general del día 26 de mayo se hayan tratado temas inherentes a la organización sindical; y que de su parte usted intentara forzar a los directivos de esta seccional a pronunciarse sobre diversos asuntos que usted planteó a manera de catarsis, frente a todos los funcionarios y de todas las funcionarias de la institución. Los comentarios que hemos recibido posterior a dicha reunión, son de sorpresa toda vez que este asunto no se explicitó como punto de agenda del contenido de su convocatoria al personal.
4. Sus manifestaciones en contra de los miembros de nuestra organización sindical quedaron expuestas frente a todo el personal. Ante ello pensamos que podría ser importante y necesario que un tercero, con potestad legal para ello, pudiera ejercer sus buenos oficios mediadores a fin de armonizar las relaciones obrero-patronales; considerando que su digna autoridad pareciera evidenciar la molestia que la causa la existencia y el accionar de nuestra organización sindical.
5. Creemos que ventilar en una agenda encubierta la problemática existente, genera división en un momento en que todos los funcionarios y todas las funcionarias del Archivo Nacional debemos estar unidos en la lucha por solucionar el grave problema presupuestario que enfrenta la institución; recordando que con usted a la cabeza, el país nos ha confiado la preservación de una institución cultural, patrimonio nacional y memoria histórica de la nación; razón más que fundamental para presentar una posición unificada demandando que la sociedad honre su compromiso de preservar su propia historia en el seno del Archivo Nacional, honrando el pasado que nos fuera legado y preservándolo para las generaciones siguientes, dándonos los recursos presupuestarios suficientes para ello.
6. De esta reunión clave para discutir el tema de la crisis presupuestaria, el personal salió desmotivado pues esperaba una intervención asertiva de su parte. Sin embargo, la discusión planteada por usted generó incomodidad pues estuvo cargada de frases, exabruptos e incluso de un comentario que resultó indignante y de mal gusto para las funcionarias de la institución. La instamos, respetuosamente, a que en aras de su investidura y de la dignidad del honroso cargo que usted ostenta, se manifieste frente a sus colaboradores en términos de respeto y asertividad, pues le resta elegancia y decoro a un espacio tan importante como lo es una reunión general del personal.
7. En este momento de lo que se trata es de unir esfuerzos y de convocar a los funcionarios y a las funcionarias en su totalidad. Por por ello la instamos a cerrar filas con todo el personal en esta difícil coyuntura. Estamos seguros de que la ANEP, desde su accionar nacional, estará en disposición de contribuir con nuestra seccional si se generan líneas de acción compartidas y concertadas para solucionar la problemática que nos atañe en este momento con respecto a la situación del presupuesto.
8. Finalmente, queremos dejar en claro que tanto la ANEP como esta seccional en apego al marco jurídico y normativo del país, respeta la independencia de las auditorías internas y su importante papel en momentos en los cuales la ciudadanía es más celosa con respecto a la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, dejamos constando que nos pareció muy perjudicial su comentario sobre la labor del ente contralor de la Administración Pública, respecto al resultado de la evaluación que obtuvo esta institución.
Nos ponemos a su disposición para lo que considere conveniente.
Junta Directiva Seccional ANEP-Archivo Nacional.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), sindicato del OIJ, firmaron la tarde de este martes, un convenio que les permitirá unir fuerzas en materia laboral, así como en la realización de denuncias y propuestas país.
La firma del convenio entre ANEP y ANIC se da por la visión compartida, en términos generales, de la realidad sociopolítica actual del país; considerando que la lucha contra la desigualdad y por una justa distribución de la riqueza, son elementos esenciales para el fortalecimiento del sistema democrático-republicano; para el desarrollo socioeconómico del país con inclusión social.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, se mostró complacido con el acuerdo, ya que esto permitirá luchar desde otro ámbito ante las políticas de recorte presupuestario que se ven venir, así como el mejoramiento de la calidad laboral y de vida de los diversos cuerpos policiales del país.
“Para la ANEP es un verdadero honor, un reconocimiento a la labor que esta organización ha venido haciendo en pro de servidores públicos de los distintos cuerpos policiales del país firmar este convenio de cooperación. El Organismo de Investigación Judicial es la policía más profesional, son servidores públicos que tiene una gran comunidad de intereses con los valores que implica defender la eficiencia, transparencia y las condiciones de trabajo dignas en la seguridad ciudadana”, manifestó Vargas.
Por su parte Álvaro Rodríguez Zamora, Secretario General de la ANIC, expresó que el convenio busca una ayuda mutua en materia gremial para contribuir con las demás policías y será una plataforma para denunciar una serie de anomalías.
“Nos hemos dado cuenta de ciertas necesidades de todas las policías en general, queremos participar de lleno en la mejor estabilidad para los policías. Además, recientemente como todos sabrán hay maltratos detectados en el OIJ, no en vano tenemos uno recientemente sufrido y hemos recibido información que otros departamentos se está dando maltrato y el mal enfocado adiestramiento militar”, expresó Rodríguez.
En la firma del convenio también participaron representantes de las Seccionales de ANEP en la Fuerza Pública, Policía Penitenciara y Policía Profesional de Migración, lo que permitirá un mayor fortalecimiento en la lucha laboral, tanto a lo interno como externo de estos cuerpos policiales del país.
Con gran satisfacción y mucha esperanza, nos hemos enterado de que la honorable señora Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, ha alzado su calificada voz, con la autoridad ética y moral que implica tal magistratura cívica legitimada por la institucionalidad republicana que nos rige como sociedad, advirtiendo contra los recortes que se asoman en el horizonte de cara al presupuesto general de la República para el 2016 y que se debatirá en los próximos meses en la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, hace ya bastantes semanas que la ANEP viene advirtiendo en contra de los recortes presupuestarios abusivos e irracionales, así como en contra de las políticas drásticas de austeridad que, como bien lo apunta la señora Defensora, atentan contra los mismos Derechos Humanos Fundamentales; algo inaudito para un país como Costa Rica que pregona, urbi et orbe, su adhesión incondicional a tales postulados universalmente reconocidos.
El oportunísimo señalamiento de la Defensoría nos da una gran autoridad moral y ética para las organizaciones sindicales y sociales que nos preparamos para enfrentar la tramitación legislativa venidera del presupuesto de la República, con el ejercicio de la Democracia de la Calle.
Las posiciones diputadiles fundamentalistas de corte neoliberal y extremista contra el presupuesto del 2016 ya, incluso sin conocer el detalle de ese proyecto de presupuesto, afinan sus criminales tijeras para recortes, a diestra y siniestra, por el orden de 600 millones de dólares; más de 300 mil millones de colones. La cantidad a recortar podría ser mucho mayor, llegándose al extremo de poder en peligro vidas humanas: ¡un verdadero crimen social!
Tal suma de recorte en perspectiva por parte de los saboteadores fiscalistas de la paz social y de la institucionalidad pública que tiene relación directa con la promoción y protección de los Derechos Humanos de gran parte de la población costarricense; incrementará el sufrimiento de la hoy atormentada ciudadanía obrera y laboral básicamente, por la alta carestía de la vida, las restricciones salariales, el desempleo y el trabajo precario, el alto endeudamiento y, en general, por el crecimiento de la desigualdad.
El pueblo tico está sintiendo una gran alegría por la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica al mundial de Brasil 2014; sentimiento de hondo contenido psicosocial que compartimos.
Tómese en cuenta que en los actuales momentos de la realidad nacional, la “sele” es, prácticamente, el único factor de unidad nacional y el único aspecto de integración social que nos queda, en la Costa Rica de las desigualdades crecientes que estamos viviendo.
Según tenemos entendido, la circunstancia de que Costa Rica vaya al mundial de fútbol de Brasil 2014, no pareciera ser un asunto del agrado de las tradicionales estructuras de poder de la FIFA (la Federación Internacional de Fútbol Asociación) en esta región: la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol).
En el seno de ésta, el peso de México y de Estados Unidos es un asunto innegable. Ahora que los aztecas están a punto de quedar fuera de Brasil 2014, la sospecha de que se hará lo que sea para sí participe, tiene molesta a la fanaticada tica ante una supuesta sanción que la FIFA adoptaría porque se le “faltó el respeto” a la selección gringa que perdiera aquí, 3 a 1, ante Costa Rica.
Se le ha abierto un expediente al país y se dice que el castigo sería jugar el partido que falta contra México, a puerta cerrada o en un terreno “neutral”. Por otra parte, ni Concacaf ni la propia FIFA hicieron nada contra los gringos por el “partido de la nieve”.
A pesar de nuestra ignorancia en estos asuntos de alta especialidad futbolística, no nos impidió sentir indignación como un costarricense más y nos dimos a la tarea de buscar información sobre el tema de la corrupción en el seno de la FIFA.
¡Gran sorpresa! La FIFA tiene demasiadas cosas para ser cuestionada por lo que tiene muy poca autoridad moral para “castigar” a Costa Rica y a su selección por la supuesta ofensa al equipo gringo.
Dentro de los escándalos de corrupción que ha tenido la FIFA, el más reciente nos habla de que Catar, país árabe, prácticamente “compró” el mundial del año 2022.
La famosísima revista francesa “France Football” (misma que tiene un convenio con la FIFA para la premiación del jugador del año, con el trofeo “Balón de Oro”), denunció que esa nación realizó una altísima “inversión” para lograr los votos requeridos y que se le diera ese mundial.
“France Football”, en su reportaje que tituló “Qatargate”, denunció que la repartidera de plata la hizo un señor llamado Mohamed Ben Hamman, catarí, Presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y quien quiso echar de la presidencia de la FIFA al suizo Joseph Blatter, comprando votos para sí mismo. Esto le costó ser suspendido de por vida de su alto cargo futbolero.
Esta denuncia tiene relación con una anterior, del diario británico “The Sunday Times”, el cual acusó a dos miembros del comité ejecutivo de la FIFA, de tener disposición a vender su voto para la elección de los países organizadores de los mundiales de 2018 y 2022.
Amos Adamu y Reynald Temarii cayeron en la trampa tendida por 2 reporteros de este periódico quienes se hicieron pasar por empresarios gringos interesados en que el mundial del 2022 fuera en Estados Unidos.
Este país luego perdería, 14 votos contra 8, la sede del 2002 que se la “ganó” Catar. Un ejecutivo de FIFA le pidió a estos supuestos empresarios, 800 mil dólares para “construir campos de fútbol”; el otro pidió dinero para una “academia deportiva”.
La designación de Catar generó enormes resentimientos. Australia también quería este mundial del 2022 y fue tal su enojo de quedar por fuera que llevó a un alto político de ese país, el senador Nick Xenophon, a exigirle a la FIFA que les reembolsara los 46 millones de dólares gastados por Australia en la promoción de su candidatura, la cual nuca tuvo oportunidad alguna debido “a las corruptas estructuras de la FIFA”.
Desde 1998 el señor Blatter preside la FIFA y se denunció que para su más reciente reelección hubo compra de votos. El señor Jack Warner, jerarca de la Concacaf, denunció que esta entidad recibió del señor Blatter un “regalo” de un millón de dólares para emplear a “criterio propio”.
También se denunció que Blatter envió cartas con 50 mil dólares cada una a funcionarios deportivos africanos, pero el presidente de FIFA respondió que eran fondos para “pagos a clubes en problemas”, aunque se siguió sosteniendo por los denunciantes de que se trataba de “recompensas” por votos dados para la continuidad del suizo en el mando del organismo rector del fútbol planetario.
Por esos pleitos de palacio, el señor Warner, oriundo de Trinidad y Tobago, fue suspendido temporalmente de la comisión de ética de la FIFA, bajo sospechas de corrupción. Específicamente, le acusaron de haber ayudado al catarí Bin Hamman en la compra de votos, pues éste quería ser presidente de la FIFA desplazando al suizo Blatter.
En el 2015, habrá nuevas elecciones y el francés Michel Platini quiere la presidencia. Desde ya se viene especulando sobre el desarrollo de conversaciones en las que se “vale todo”, según los especialistas en FIFA.
En el 2008, la justicia suiza comprobó el desembolso de “comisiones” por más de 100 millones de euros que una empresa deportiva ISL/ISMM desembolsó, presuntamente, a favor de los ejecutivos FIFA, Issa Hayatou (Camerún), Nicolás Leoz (Paraguay) y Ricardo Texeira (Brasil). Particularmente a éste se le acusó de recibir unos 12,7 millones de francos suizos entre 1992 y 1997, según la justicia suiza. Esa empresa ISL vendía derechos de transmisión de los mundiales a nombre de la FIFA.
El brasileño Joao Havelange, antecesor de Joseph Blatter, renunció a su cargo de Presidente Honorario de la FIFA, dadas las graves acusaciones de irregularidades en sus años al frente de esta entidad futbolística global.
El juez alemán Hans-Joachim Eckert, presidente del órgano de decisión de la comisión de ética, constata que Havelange, que presidió la FIFA de 1974 a 1998, recibió “sobornos” de la empresa de comercialización de derechos deportivos ISL.
El periodista británico Andrez Jennings, en su libro “Foul!”, que detalla los escándalos de la FIFA, acusó al entonces presidente de la transnacional de negocios deportivos Adidas, el señor Horst Dassler, de haber comprado los votos indecisos para la primera elección de Havelange. Hasta la fecha, la sociedad de Adidas con los mundiales de fútbol sigue vigente.
Otro cuestionamiento que pesa sobre Havelange indica que el recientemente fallecido dictador argentino Videla le habría regalado una parcela para que Argentina fuera sede del mundial de 1978, cuando este país empezaba a sufrir descrédito internacional ante la brutal represión interna de opositores a la dictadura con la trágica historia de los desaparecidos.
Como vemos, ¿es ésta la FIFA que castigaría a Costa Rica?… Juzgue usted.
Entre las organizaciones que denuncia se encuentran: Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de C.R. (SIFUPCR), Sindicato de Trabajadores de la Salud y Afines (SITHOSAJUDI), Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
La Seccional de ANEP-Municipalidad de Flores logró que la administración del municipio reconociera a sus trabajadores el pago completo de las incapacidades, luego del compromiso adquirido por este último ente el 20 de agosto del 2014.
Deiby Porras Promotor de la ANEP, detalló que dicho acuerdo quedó en firme el pasado 21 de mayo al ser publicado en el Diario Oficial la Gaceta.
“Se reinstauraría el pago de las incapacidades (sean del INS o de la CCSS) al 100% a partir del cuarto día de incapacidad, por incapacidades de la CCSS, a partir del cuarto día la Municipalidad pagará al trabajador el porcentaje restante para completar el 100% del salario, tratándose de incapacidad para trabajar por riesgo profesional se tomará lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley sobre Riesgo del Trabajo, número 6727 del 4 de marzo de 1982 y sus reformas. Para ello, la Municipalidad estará obligada a pagar a la persona trabajadora el porcentaje necesario para completar el 100% del salario durante el tiempo que permanezca la incapacidad”, explicó Porras.
La solicitud de la Seccional ANEP-Municipalidad de Flores para que los trabajadores recibieran el pago total de su incapacidad fue realizada el 8 de agosto del 2014, en una reunión celebrada en el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Lo anterior fundamentado por la Junta directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Flores en los siguientes puntos:
1- El otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el profesional en Ciencias Médicas tratante autorizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el trabajador (a), cuyo fin último es propiciar la recuperación de la salud del trabajador (a) y su reincorporación al trabajo en el menor tiempo posible.
2- El trabajador (a) incapacitado queda inhabilitado legalmente para el desempeño de sus labores y para realizar otras actividades que sean remuneradas o que vayan en contra de los principios de lealtad y buena fe a los cuales se obliga con su patrono; así como aquellos actos que puedan constituir falta de respeto hacia el empleador o competencia desleal.
3- Varios estudios han demostrado que ofrecer un ambiente de trabajo solidario y justo a los trabajadores puede aportar beneficios, tanto a los trabajadores como a los patronos ya que motiva el personal a trabajar más y mejor, y contribuye a crear un clima pacífico en el lugar de trabajo y una mayor productividad.
4- Que, el salario, es un método utilizado para motivar a los trabajadores, dado que, es una parte esencial para el desarrollo de sus vidas, asimismo el subsidio debe procurarle a la persona trabajadora “(…) bienestar y existencia digna (…)” (artículo 57 de la Constitución Política).
5- No se comprende cómo un trabajador o trabajadora, que depende de su sueldo para la manutención de sus necesidades primarias y las de su familia, deba, ante un infortunio relacionado con la salud, sufrir un mayor sacrificio físico y afrontar el estrés al verse incapacitado para trabajar y poder generar los ingresos que su familia necesita.
Compartimos la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta
MUNICIPALIDAD DE FLORES
RECURSOS HUMANOS
La Municipalidad de Flores comunica la siguiente Modificación al Reglamento de Organización y Servicios según el siguiente detalle:
“Artículo 124.—La Municipalidad reconocerá las ausencias al trabajo de la persona servidora motivadas por incapacidad para trabajar, ya sea por enfermedad, maternidad o riesgo profesional, y se sujetará a las siguientes disposiciones:
1) Por visitas al médico, tanto de INS como CCSS, la Municipalidad pagará el tiempo necesario, siempre que sea justificado.
2) Por incapacidad de la CCSS de menos de 3 días, tercer día inclusive, la Municipalidad pagará al trabajador el 50% del salario.
3) Por incapacidades de la CCSS, a partir del cuarto día consecutivo la Municipalidad pagará al trabajador el porcentaje restante para completar el 100% del salario, todo de conformidad con lo que al efecto establecen, tanto el Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS y la normativa conexa.
4) Tratándose de incapacidad para trabajar por riesgo profesional se tomará lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley sobre Riesgo del Trabajo, número 6727 del 4 de marzo de 1982 y sus reformas. Para ello, la Municipalidad pagará a la persona trabajadora el porcentaje necesario para completar el 100% del salario durante el tiempo que permanezca la incapacidad.
Dado a que la naturaleza jurídica del pago que se haga por parte de la CCSS y el patrono durante la vigencia de una incapacidad, es de subsidio, la Administración Municipal no realizará el pago de las cargas sociales correspondientes al periodo con licencia vigente. Por lo anterior, los pagos que se realicen por concepto de subsidio complementario, no serán tomados en cuenta para el cálculo de pago de aguinaldo, vacaciones, salario escolar, y prestaciones laborales.
En todo lo que no se encuentre aquí expresamente regulado respecto de las incapacidades, se considerarán disposiciones supletorias del presente reglamento, el Reglamento para la Extensión de Incapacidades a las Personas Trabajadoras Beneficiarías del Régimen de Enfermedad y Maternidad; Reglamento General de Riesgo de Trabajo y; las interpretaciones que de los mismos expida la Caja Costarricense de Seguro Social.”
Heredia, 14 de mayo del 2015.—Lic. Gerardo Rojas Barrantes, Alcalde Municipal.—Lic. Andrés Camacho Ortega, Encargado.—1 vez.—(IN2015031181).
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
