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Este viernes 13 de febrero de 2015, el Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, señor Helio Fallas Venegas, reveló que este ministerio a su cargo ha gastado en los últimos 9 años, un total de $ 66 millones en alquileres, lo que equivale aproximadamente a 35.904.000.000 de colones, cifra de hasta difícil pronunciación.

Esto, aunado a la investigación reciente de datos duros sobre alquileres realizada por el medio de comunicación “AmeliaRueda.com”, dejan con la boca abierta a la ciudadanía; misma que clama por un Estado que administre mejor sus recursos, donde no se den “gastos superfluos” y donde el “amiguismo” deje de ser moneda de curso para las contrataciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo.

Una gran mayoría de los procesos de alquileres por parte del Estado se han dado en contrataciones directas. En menos de 10 años el porcentaje de incremento en gasto de alquileres para Hacienda, entre el 2006 y 2014, fue de 495%; un crecimiento desproporcionado, ilógico, que hace que la sociedad en su conjunto se cuestione el por qué se ha mantenido en vigencia la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que permite el incremento anual de hasta un 15% en los alquileres.

Como bien se sabe esta injusta ley afecta a las familias de escasos recursos, las que normalmente no pueden acceder a vivienda propia y deben alquilarla siendo “castigadas” con ese incremento anual de hasta el 15%. Por el contrario y en otro reflejo cruel de la desigualdad en el país, dicha ley beneficia en extrema medida a empresas familiares que le alquilan edificios y oficinas al Estado.

En esto de las grandes sumas de dinero que el Estado paga a grandes consorcios empresariales de corte familiar con vínculos con sectores de la política tradicional, destaca el caso de la familia Marín Raventós.

La ciudadana doña Nuria Marín Raventós, es esposa del diputado liberacionista don Antonio Álvarez Desanti. A su vez, la hermana de doña Nuria, la señora Adriana Marín Raventós, es la esposa de don Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Presidente del Grupo Nación.

Sólo las compañías ligadas a la familia Marín Raventós le facturan al Estado, en alquileres, más de 200 millones de colones al mes: 2.400 millones de colones anuales.

Esta familia es contribuyente de campañas electorales del Partido Liberación Nacional (PLN); y muchas de las posiciones políticas de este partido (otrora socialdemócrata), son coincidentes con la línea editorial del periódico La Nación, negocio mediático emblema del Grupo Nación.

Dicho partido y dicho medio están en una “santa cruzada” contra el empleo público y contra la posibilidad de un retorno protagónico de la política pública para que el Estado confronte, abiertamente, la desigualdad como problema número uno del país en estos momentos; pero, curiosamente, el Estado sí es “bueno” cuando eroga semejantes sumas por concepto de alquileres a grupos político-económicos de gran poder.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, al pasar del modelo de alquileres a comprar su propio edificio, este se ahorrará, anualmente, más de 2 millones de dólares, unos mil ochenta y ocho millones de colones. Si no se diera este salto de modelo, el Estado calcula que gastaría, en menos de 20 años, más de 250 millones de dólares.

Finalmente emergen dos grandes objetivos estratégicos en política pública de corto plazo: Uno: Que el Gobierno deje de alquilar edificios es urgente para sanear parte de la maltrecha economía del país. El Estado está gastando dinero que podría utilizarse en infraestructura que se volvería parte del Estado mismo. Esta decisión del Ministerio de Hacienda, por lo que se ve más que atinada, debe repetirse en otras instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio de Educación o el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras entidades. Dos: Que se modifique con urgencia la ley de alquileres porque es una agresión a quienes, teniendo menos, deben someterse a aumentos anuales de hasta el 15%, superiores a la inflación; pero que como notamos el caso en comentario, favorecen grandes fortunas ya consolidadas lo que profundiza el proceso antidemocrático de concentración de la riqueza.

Tal como fue de conocimiento de ustedes los medios de comunicación, en el año 2014 presentamos denuncia ante la Fiscalía Adjunta de San José y la Fiscalía de Probidad, por presuntos actos irregulares en ascensos y nombramientos dentro de la Fuerza Pública.

En la Seccional ANEP-Fuerza Pública hemos dado seguimiento de nuestras denuncias, de forma tal que venimos incorporando más prueba documental, en aras de brindar celeridad y claridad a nuestra inicial denuncia.

Esta prueba documental que fue debidamente entregada a las instancias antes citadas, corresponde a certificaciones emitidas por distintos departamentos del mismo Ministerio de Seguridad Pública, previa solicitud nuestra de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política y la Resolución de la Sala Constitucional N° 2014010102 que fue resuelta con lugar a nuestro favor.

Encontramos en ellas, por ejemplo: Que la Escuela Nacional de Policía le responde a la Comisionada Chavarría, la imposibilidad de atender su solicitud de confeccionar su certificado de Básico Policial, por cuanto no existe registro que así lo permita.

Esta funcionaria solicita se le confeccione dicho certificado, luego de nuestra denuncia, o sea, no lo tiene.

También se encontró que el expediente de un director regional, funcionario de apellido González, se tiene por desaparecido, y al solicitar a la Dirección de Recursos Humanos que nos muestre si existe copia debidamente confrontada del curso Básico Policial de este funcionario y de la señora Chavarría, la respuesta es negativa.

Igualmente, hemos solicitado a la jefatura del Departamento de Incentivos y Beneficios, listado de directores y subdirectores que perciben el incentivo salarial por el Curso Básico Policial, y ambos funcionarios lo están percibiendo; o sea, si resultase de la investigación que no cuentan con este curso debidamente aprobado, no sólo sería irregular su ascenso, sino que además podríamos estar ante uso de documento falso, falsedad ideológica y aprovechamiento indebido.

En el caso del ascenso y nombramiento del Director General de la Fuerza Pública, Comisario Andrade, encontramos que no existe registro de haber aprobado las materias que no pueden ser convalidadas, hablamos de uso de armas de fuego y control de masas; y según certificación de la Escuela Nacional de Policía, para la primera se requiere de un período de 100 horas y la segunda de 40 horas. Sin embargo, según la información ofrecida en la denuncia inicial, éste funcionario habría convalidado y aprobado el curso Básico Policial en el año 2003, en un lapso aparente de 24 horas.

Igual detectamos, mediante certificación, que aunque en el año 2010 se le nombra como Director General de la Fuerza Pública, se emite acción de personal señalando acenso a Subdirector General, al mismo tiempo en que otros dos funcionarios ocupaban los cargos de subdirectores, ante lo cual podríamos estar ante un acto de simulación.

Éste pudo ser motivado precisamente en que el señor Comisario, no contaría con el tiempo de experiencia en funciones policiales, señalado en 10 años, para ocupar el cargo de Director General de la Fuerza Pública, toda vez que este funcionario ingresó al MSP en el año 2001, en funciones de Asesoría Legal.

Igualmente hemos incorporado a la denuncia prueba documental en la cual se certifica que algunos funcionarios que recibieron ascensos y nombramientos ordenados por el propio Director Andrade, en puestos de jefatura, no cuentan con experiencia efectiva en supervisión de personal. En uno de los casos se señala, “experiencia en supervisión de programa Pinta Caritas”, algo que evidentemente no tiene relación con una actividad de supervisión y dirección operativa de personal policial.

Finalmente se nos informó por parte de la Dirección de Recursos Humanos, que el expediente del señor Director de la Fuerza Pública, fue secuestrado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que nuevamente reiteramos nuestra posición en torno a las denuncias presentadas, que esperamos concluyan pronto y se determine si existen responsabilidades administrativas y/o penales.

Lamentamos que el señor Exministro Celso Gamboa no atendiera nuestras denuncias por presuntos actos irregulares en la forma en que ascendieron varios altos mandos que él mantuvo en sus cargos. Por el contrario, esperamos el nuevo jerarca de Seguridad Pública, Lic. Gustavo Mata Vega, las atienda de forma tal que se favorezca la transparencia y la aplicación de la Ley 7410 y su reglamento en torno a los grados y ascensos.

La Seccional ANEP-Policía Penitenciaria realizó su primera sesión de trabajo del 2015 con la motivación al máximo por los logros alcanzados y los nuevos retos venideros.

43 trabajadores operativos de la Municipalidad de Oreamuno en Cartago, se mantiene en paro de labores de forma indefinida, debido a las condiciones insalubres del plantel municipal y el extravío de dinero destinado para reparar dicho plantel.