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Algunas publicaciones nacionales especializadas en empresas y finanzas ya han comenzado a publicar artículos con títulos como el siguiente: “Conozca los cambios clave que tiene la Reforma Procesal Laboral para su empresa”. Incluso hay firmas como LexLabor, que dan asesoría en derecho laboral y que están elaborando documentos para que las compañías sepan cómo estar vigilantes ante la entrada en vigencia en el país de la Reforma Procesal Laboral.

La Reforma Procesal Laboral empezará a regir en julio del 2016 y está claro que es necesaria la información sobre los cambios. No obstante, ciertos grupos continúan con un discurso confrontativo y extremista; tienen interés en hacer creer que la normativa recientemente aprobada es solamente un asunto de huelgas, cuando ellos mismos saben muy bien que no es así y están preocupados.

Así se denunció en un panel organizado por la fracción legislativa del Frente Amplio, realizado en la Asamblea Legislativa el pasado lunes, donde se destacó la importancia que tiene la nueva normativa para los trabajadores en cuanto al acceso a la administración de justicia.

Uno de los cambios que trae la reforma es que se podrá asignar un defensor público a los trabajadores que ganen menos de dos salarios base, que es de alrededor de ¢800.000; a madres, a menores de edad y para todos los casos de discriminación. Esto podría significar un aumento significativo de las denuncias y procesos judiciales contra las empresas.

Orlando Aguirre Gómez, Magistrado presidente de la Sala II y quien expuso en el panel citado, dijo que este cambio va a permitir, entre otras cosas, la solución conciliada de los conflictos.

“En la actualidad el Código de Trabajo y la legislación en general hablan de la posibilidad de conciliar; pero en la realidad si un trabajador va solo, lo llaman a conciliación y se enfrenta con su ex empleador y el abogado de éste, va a tener desventaja para conciliar en esas condiciones”, recalcó Aguirre.

“Cuando se trata de trabajadores que asisten con abogados tenemos el problema de que los abogados siempre quieren extender sus honorarios y este tema se convierte en un obstáculo para la conciliación. Si el trabajador llega con un abogado a sueldo, que no tiene interés en sus honorarios sino más bien en solucionar los casos, pensamos que esto va a ser muy importante”, señaló el jurista.

Aguirre también destacó los beneficios que trae la reforma a mujeres embarazadas y para denunciar la discriminación por cuestiones de género.

La normativa define tiempos para trámites y denuncias y uno de ellos es que los empleados con protección especial por su condición particular, como mujeres embarazada, con permiso de lactancia o denunciantes por acoso sexual podrán presentar una denuncia por la vía rápida.

Asimismo, actualmente quien se siente discriminado en su trabajo o mientras busca empleo debe acudir a la vía ordinaria y esperar años de proceso. La reforma establece que los juzgados deben darle a la denuncia por discriminación el primer lugar en la agenda y resolverla en muy poco tiempo. Se incluyen 15 posibilidades de discriminación (edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, ascendencia nacional y origen social); pero se puede incorporar “cualquier otra”.

“No han depuesto las armas”

El abogado especialista en derecho laboral Esteban Calvo Rodríguez enfatizó que sigue pendiente la labor de defensa de la ley “porque los adversarios no han depuesto las armas”.

“Todo lo contrario, están haciendo todo lo que sea posible para evitar que la ley entre en vigor”, dijo Calvo.

A principios de enero la Cá­ma­ra de In­dus­trias de Costa Rica (CICR) presentó una ac­ción de in­cons­ti­tu­cio­na­li­dad en la que sus representantes afir­man que quieren salvaguardar a la seguridad jurídica, proteger la inversión privada y el empleo; pero sobre todo tutelar el erario público. En su argumento legal también dicen que la Reforma Procesal Laboral ahuyentará la inversión nacional y extranjera y que la creación de la defensoría pública laboral implicará gastar en puestos de empleo, instalaciones y logística, y que no están de acuerdo con el aumento de la burocracia que esto implicaría a corto plazo.

Calvo afirmó que la oposición a la ley no se centra en el tema de la huelga, sino que en realidad lo que le molesta a este sector industrial es que la ley plantea un modelo de relaciones laborales que no les gusta.

La CICR afirmó en el documento, del cual se tiene copia: “Lo más grave, lo cual han ocultado muy hábilmente tanto el FA como los sindicatos y posiblemente el señor Presidente no se ha percatado de ello, es la legalización de las convenciones colectivas y otras figuras negociales (…)”.

Para Calvo, este argumento refleja un grave desconocimiento, ya que las convenciones colectivas son legales desde hace años.

“El planteamiento de fondo es muy preocupante; es un discurso muy confrontativo y extremista”, dijo Calvo.

Calvo, al igual que Aguirre, apuntó que la ley introduce modificaciones muy puntuales que no le gusta a este grupo de empresarios.

Otro punto importante de la nueva normativa es el que tiene que ver con la Carta de despido. En los despidos sin responsabilidad patronal será obligatorio entregar personalmente una carta de despido en donde se indiquen las razones. Los hechos señalados en esa carta serán los únicos que se pueden alegar judicialmente si el empleado presenta una demanda.

“Actualmente a la persona la despiden sin carta de despido o dando una razón como pérdida de confianza u otra razón. Esa persona tiene que irse a un proceso judicial a defender sus derechos sin saber realmente por qué la han despedido y en ese momento el empleador puede decir cualquier cosa. Es símbolo de desigualdad e indefención, y esa práctica queda vedada con la ley”, añadió Calvo.

El abogado dijo que también “les molesta [a los empresarios] mucho lo de la responsabilidad objetiva en infracciones a las leyes de trabajo porque ahora siempre habrá un responsable” y que “les molesta lo de las medidas cautelares, que hasta el día de hoy son inexistentes en el país porque pueden significar la restitución en su puesto a un trabajador que ha sido despedido por estar organizándose en la empresa”.

En diciembre pasado el presidente de la República Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral, aprobada en setiembre del 2012.

Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, criticó: “Los grandes grupos empresariales recibieron lo que pidieron en los años anteriores; pero para los trabajadores no ha habido proteccionismo, ni Certificados de Abono Tributario, ni zonas francas, ni apertura de la banca, ni TLCs. El marco laboral se quedó pequeño para los trabajadores”.

Se definieron varias las líneas fundamentales del trabajo para las próximas semanas y meses:

1) Aprobación legislativa del contenido presupuestario para el pago de la segunda parte de las deudas por disponibilidad: 2.200 millones de colones, aproximadamente. ANEP hace desde ahora un llamado a prepararse para la movilización si fuese imprescindible. No queremos que las “broncas” entre los partidos y a lo interno de los mismos, bloquee la aprobación parlamentaria indicada pues se trata de una deuda del Estado para con la Policía Penitenciaria.

2) Manual de Puestos: Nos preparamos para recibir el primer borrador en fecha próxima y desde ya estamos tramitando una cita oficial ante el despacho ministerial al respecto. Todo el equipo de trabajo a su servicio que se les presenta en la foto, será el encargado de estudiar los documentos del caso para que podamos consultar y lograr el mejor manual tanto para “los de arriba”, como para “los de abajo”. Tenemos expectativas positivas dado que ya la ANEP logró el “desenganche” de los salarios base de los puestos policiales con relación a los puestos de los médicos.

3) Se orientó para un plan de visitas a todos los centros pero de calidad, no “visita de médico”.

4) Se promoverá la nueva póliza de la ANEP firmada en convenio con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para todos los afiliados y para todas las afiliadas a la organización. En el caso de la Policía Penitenciaria tenemos a disposición mejores condiciones de seguros ante una tragedia que las que paga el Estado.

5) Se propuso darle mucha relevancia a la formación y a la capacitación sindical.

6) Se acordó extender el cuerpo de delegados sindicales y de delegadas sindicales en todas las escuadras y en todos los centros penitenciarios; tanto donde ya existen (se puede aumentar los nombramientos); como donde no está nombrados todavía.

7) Hacer conciencia sobre el planteamiento de la ANEP en cuanto a LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, formulado al país desde el anterior gobierno; considerando que los problemas acumulados a lo largo de los años son producto de que la política pública de Costa Rica, impulsada por los distintos gobiernos, hace tiempo dejó de darle prioridad al Sistema Penitenciario Nacional.

¡TENGA CUIDADO CON LO QUE FIRMA!

Personas inescrupulosas, de cuestionable ética, han venido impulsando desafiliaciones a la ANEP acudiendo a la Sala IV. ANEP tiene ya testimonios por escrito de compañeros y de compañeras de la Policía Penitenciaria que jamás renunciaron a nuestra organización pero les tramitaron recursos de amparo contra ANEP al respecto. Les “embarcaron”. ¡¡¡TENGA CUIDADO CON LO QUE FIRMA!!! Lea bien lo que le pongan para firmar. No lo haga de primera entrada. Reflexione y evite incurrir en riesgos innecesarios. Por otra parte, recuerde que es mejor desistir de la demanda judicial por la disponibilidad, pues también le puede meter en problemas innecesariamente.

*¡POR FAVOR, CONSERVE Y DEFIENDA SU EMPLEO!
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No se preste para introducir objetos, sustancias, materiales y otros que la ley prohíbe que ingresen a los centros penitenciarios. Esto es salirse del margen de la ley y es despido sin responsabilidad patronal. En ANEP estamos contra toda clase de injusticias y creemos en el principio constitucional de presunción inocencia. A la vez, en ANEP estamos contra la corrupción y no podemos asumir casos que involucren el Derecho Penal, pues nuestra especialidad es el Derecho Laboral. No cedamos a la tentación del “dinero fácil” y no pongamos en riesgo a nuestros seres queridos y familias.

ANEP ha conocido el caso de un compañero de la Policía Penitenciara cuyo despido puede ser revertido pues las razones patronales son débiles. Sin embargo, no pudimos representarle por no estar asociado a la ANEP. Él fue a buscar un abogado privado y éste le cobró, de entrada, ¡4 millones de colones!, por llevarle el caso. “Uno nunca sabe…” y por ello es mejor estar protegido al pertenecer a una organización sindical, pero que ésta se de verdad, no “fantasmal”. En casos como el comentado, ANEP brinda asesoría jurídica especializada con profesionales que sí tienen títulos y están incorporados al Colegio Profesional de Abogados de Costa Rica. Nosotros no dejamos plantado a una persona trabajadora en audiencias, como recientemente le sucedió a una compañera de la Policía Penitenciaria de El Buen Pastor cuya representante legal no apareció en el momento en que era imprescindible para su caso.

ANEP POR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN EFECTIVA PERO TENIENDO LA CALLE COMO INSTRUMENTO LEGÍTIMO DE LUCHA OBRERA

La ANEP tiene en desarrollo el proceso de ejecución de los acuerdos del 13 de noviembre de 2014, firmados con el presente gobierno a través de los ministerios de Justicia, de Trabajo y de Hacienda. Estos acuerdos se originaron con el anterior gobierno, con ocasión del movimiento de calle que conocemos como “EL 20 EN LA 27” y que inicio cuando la Policía Penitenciaria de San Sebastián dio el primer caso saliendo a la calle el 13 de enero de 2014. ANEP no ve razones para una confrontación abierta en estos momentos con las máximas autoridades político-jerárquicas ministeriales en todo este proceso de reivindicación gremial de la Policía Penitenciaria de Costa Rica: que empezó en el gobierno de Oscar Arias Sánchez (acuerdos de noviembre de 2009); que continuó en el de Laura Chinchilla Miranda (con los acuerdos de “EL 20 EN LA 27”); y que está vigente con el actual de Luis Guillermo Solís Rivera. Como verá usted, no somos aventureros ni oportunistas de la práctica sindical en la cual creemos. No trabajamos con “ocurrencias” producto de la debilidad y la precariedad argumental de quienes no comprenden la integralidad de los procesos y de los problemas que aquejan al Sistema Penitenciario Nacional. ANEP jamás le “embarcará” a usted para arrastrarle a intentonas de firmar documentos que son para protección de otros que no han querido luchar abiertamente.