Recortes en horas extra para Migración equivaldrían a más de 20 mil personas sin atender al año

Fronteras y aeropuertos cerrados, con un rótulo de “sólo se atiende en horarios de oficina”. Es una idea que parece absurda, pero que ahora se podría convertir en realidad. La búsqueda justa de controlar el gasto público ha equivocado su camino e intenta recortar el presupuesto nacional del Gobierno Central para el año 2015 en remuneraciones clave como anualidades, cesantía y pago de horas extra.

La realidad del trabajo en muchas instituciones exige tener un amplio presupuesto para el pago de horas extra, como sucede en Migración y Extranjería, donde, como nos cuenta Cristina Fernández, Directiva Nacional de ANEP, “muchísimas personas, incluida yo misma, salimos todos los días a las 7 de la noche para poder atender a las personas con cita nocturna… A mi que no me digan que no podemos atender a toda esa gente porque nos van a quitar las horas extra”. Más de 85 personas diarias son atendidas en horario nocturno para el trámite de sus cédulas de residencia. Quitar ese servicio sería equivalente a dejar de atender a más de 20 mil personas al año.

Y eso es sólo un ejemplo de la falla estructural que sería para Migración perder su presupuesto de horas extra. La atención de fronteras en horarios nocturnos, el trabajo en días feriados y festividades tanto en puestos fronterizos como en aeropuertos, la atención 24 horas que exige el tema de trata de personas, así como la atención a personas refugiadas.

La seguridad de nuestro país y de las personas que viven o transitan por él está en juego. No se pueden recortar horas extra en Migración y Extranjería.

Hay una cruzada contra el empleo público: Albino Vargas

La situación fiscal del país nos preocupa a todos.

Por eso, LA REPÚBLICA está convocando a distintos actores políticos, económicos y sociales para dibujar un camino de consenso, que nos lleve a tomar las medidas necesarias para sanear las finanzas públicas.

Para sanear las finanzas públicas, ¿cómo hacer que el gobierno sea eficiente?

Hay que evitar generalizaciones. No estamos de acuerdo en que se meta a todo el empleo público en un mismo saco.

Percibimos el desarrollo de una cruzada fundamentalista contra el empleo público y contra el gasto e inversión públicos. Es un camino muy peligroso que puede conducir a episodios de confrontación social.

Me preocupa el llamado a una revolución violenta del gasto que hace Ottón Solís.

Nosotros preferimos llamar a la calma y hemos dicho cuatro cosas fundamentales.

Primero, no se puede ver el déficit fiscal divorciado de la justicia tributaria.

Segundo, hay que dejar de satanizar el tema del déficit, y más bien establecer con cuánto déficit fiscal podemos vivir.

Tercero, debería considerarse el 100% de la estructura financiera del Estado a la hora de definir variables macroeconómicas y el tema fiscal.

Estamos aterrorizando a la sociedad, diciendo que por el déficit estamos al filo del apocalipsis y por la Asamblea solo pasa el 40% de la estructura del Estado.

Cuarto, hay caos laboral en la administración pública, ya que no se toma en cuenta toda la estructura financiera del sector público.

Estamos en una de las encrucijadas más difíciles de la historia del país.
Veo tres escenarios. El óptimo es un diálogo, hay que sentarse y dejar de creer que somos enemigos.

El segundo escenario es la parálisis total donde todo el mundo va a perder y la quiebra del Estado es posible.

El tercero es la confrontación abierta de los principales sectores para ver quién impone su hegemonía.

Para encaminarnos hacia el escenario del diálogo, ambos lados deberíamos olvidar.
Del lado nuestro, los grandes olvidos son las deudas sociales: el crecimiento de la desigualdad, la precarización del empleo y la violación al salario mínimo.

Los olvidos del otro lado incluyen el que las tarifas eléctricas afectan la competitividad, la tramitomanía, el aparato público se volvió muy grande y el déficit fiscal va a quitarle recursos que necesita el aparato productivo.

Si esto no se logra, nos vamos a hundir todos, los únicos que se salvarán son los que puedan irse del país.

Los grandes perdedores serían los pobres, la clase trabajadora y las pymes.

¿Qué se espera del sector privado?

Esperaríamos que reconozca que no hemos hecho todo lo que debíamos en materia de justicia tributaria.

El sector privado honesto que paga sus impuestos sabe que los que no lo hacen son competencia desleal.

Además tiene que asumir los desafíos de la competitividad sin avasallar a sus trabajadores.

El mejor instrumento del Código de Trabajo es la convención colectiva, que permite pactar con los trabajadores organizados en un sindicato, las jornadas que se quiere para la empresa.

El sector privado tiene que aceptar la reforma procesal laboral, que les da garantías para poder desarrollar la producción en un ambiente tranquilo.
La propuesta del Frente Amplio, el PUSC y el PAC, plantea que en servicios públicos esenciales las huelgas tienen que regularse y en algunos quedarán prohibidas.

En los casos en que haya huelgas en servicios esenciales, se tiene que garantizar ante un juez el servicio mínimo.

El inescrupuloso, el que no paga el salario mínimo y el que evade es el que debe tener miedo a la reforma.

Sistema Penitenciario Nacional también debe ir a la calle

La megamoción para un brutal recorte del presupuesto de la República para el 2015,
presentada por el diputado Ottón Solís Fallas, apoyado por su colega Otto Guevara Guth, a la cabeza ambos, ahora, de los neoliberales del gran capital, ¡amenazará nuestra vida misma!

La megamoción pretende eliminar las anualidades, eliminar la Dedicación Exclusiva…así como cero presupuesto para horas extra, viáticos, alimentación, transporte, giras, disponibilidad, arreglo de computadoras, etc., etc. Congelamiento y rebaja salarial, ¡a la vista!.

Actualmente, en el Sistema Penitenciario Hacen falta 903 policías penitenciarios y el personal técnico profesional no da abasto (Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Docencia y otros). El personal administrativo y operativo también será más afectado.

El Sistema Penitenciario Nacional, no soporta más recortes a un presupuesto que ya es raquítico, no soportamos más precarización de las condiciones de internamiento y de trabajo.

Además, debemos mantener nuestras consignas y agenda unitaria de lucha: No más burlas con el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad, contra el brutal recorte presupuestario del 2015 y en defensa de las anualidades y del salario digno, contra la política del miedo y por la superación de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

No podemos dejar de lado nuestra “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”, por la unidad de toda la familia de la clase trabajadora penitenciaria en el marco de nuestra Primera Convención Colectiva de Trabajo:

Unidos es mejor… divididos nos va peor” ¡¡¡SALGAMOS A LAS CALLES!!!

Presupuesto 2015: ¿A quién se le paga en alquileres y servicios?

Con ocasión de la tramitación del presupuesto ordinario “de la República” para el 2015 (en realidad, de casi toda la República, pues solamente se contempla el 40% de toda la estructura financiera del Estado, la que pasa por el parlamento; pues el otro 60%, no); han salido a flote las multimillonarias sumas que se han presupuestado para pagar alquileres de edificios y de locales para alojar dependencias del Estado central; así como significativas sumas para pagar contratos privados de limpieza y de seguridad. ¡Enhorabuena!

Lo que pasa es que solamente se está diciendo la mitad de la realidad de todo esto. Falta la segunda parte:

¿Cuáles son los nombres de todas las empresas a las cuales el Estado les alquila edificios y locales?

¿Cuáles son los nombres de cada una de las personas socias de esas empresas?

¿Cuáles son los nombres de cada una de las empresas, con sus respectivas personas socias, que le venden al Estado servicios privados de limpieza y de seguridad?

¿Están todas tributando lo debido?

¿Están todas plenamente al día con la Caja y la Seguridad Social?

Así las cosas, es más que urgente y perentorio que el propio Gobierno de la República, específicamente el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hablen con claridad dando esos nombres e indicando si esas empresas están al día en el pago de sus impuestos y si esas empresas están declarando, como patronos, la verdad de sus aportaciones a la Seguridad Social.

Es más, especialmente los señores diputados que encabezan la cruzada fundamentalista contra el déficit fiscal, deben usar todo su poder y presionar el Ejecutivo para que dé a conocer todos esos nombres y las correspondientes situaciones tributario-fiscales en cada caso, así como en lo que respecta a las obligaciones de corte patronal en cuanto empresas y sociedades privadas mercantiles.

Esta situación no solamente debe ser más que obligada en el caso del Gobierno Central y a propósito del trámite legislativo del polémico presupuesto del 2015; debería abarcar toda la estructura del Estado: la del 40% que pasa por la Asamblea Legislativa y la del 60% que el parlamento no tramita.

Bien dice el refrán popular: “más caro el caldo que los huevos”. La moda privatizadora de los servicios públicos tuvo uno de sus primeros episodios con los servicios de limpieza y de seguridad en los ministerios y otras entidades. La evidencia actual estaría indicando que tales contrataciones privadas han resultado más onerosas para las finanzas públicas que haber preservado el empleo público en estos ámbitos de los servicios públicos: “más caro el caldo que los huevos”.

Por otra parte, por una ausencia de planificación estratégica y de visión de largo plazo, jamás se pensó en la edificación de conglomerados de oficinas públicas en ámbitos geográficos concentrados que, por un lado, evitarían esos multimillonarios pagos de alquileres; y, por otro, le facilitarían al ciudadano sus gestiones en la administración pública central.

Revisar todos estos contratos con empresas privadas, sí es parte de una correcta estrategia para la racionalización del gasto público aunque incompleta: faltan los nombres de las empresas y hacer visible sus responsabilidades tributarias y sociales.

Solicitan al ICE supender contrato con empresa de telefonía móvil

Estimado señor Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Ing Carlos Obregón Quesada.

Aprovecho dicha misiva para enviarle un cordial saludo.

El motivo de la misma, es hacer formal denuncia por la contratación por parte del ICE, de una empresa que incumple la normativa vigente, al no encontrarse inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

Su nombre SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL (STM), S.A. portadora de la cédula jurídica 3-101-675091, la cual cuenta con un número significativo de trabajadores y por medio de esta, no se reporta absolutamente a ninguno.

Le agradeceré retener cualquier pago pendiente, ya que según la Reforma del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, publicado en la Gaceta N° 46 del 7 de Marzo del 2011 dice:

Reformánse el tercer párrafo y el inciso 3) del artículo 74, y se adiciona un nuevo artículo 74 bis a la Ley orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N.º 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas. El texto dirá:

“Artículo 74.-
[…] Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.[…]

3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.
En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia. […]

Artículo 74 bis.-
Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su cumplimiento. Lo anterior, siempre que ni el patrono moroso, ni el grupo de interés económico al que pertenezca, hayan incumplido ni este ni ningún otro arreglo de pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la respectiva contratación administrativa o gestión.” (La negrita y el subrayado no forman parte del original)

Le agradeceré don Carlos, enviar una directriz a todos sus subalternos, para que en Cumplimiento de sus Labores, se siga aplicando el ordenamiento jurídico y normativa vigente.

Se suspenda a las empresas contratadas por el ICE, cualquier trámite, hasta que se pongan a derecho.

ANEP apoyará a la Municipalidad de Atenas para la aprobación del presupuesto 2015

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), prestará servicios y apoyo a la Municipalidad de Atenas, para que el presupuesto municipal para el año 2015 sea aprobado por la Contraloría General de la República, situación que no se dio con el actual presupuesto lo que ha limitado enormemente la gestión administrativa y la obtención de objetivos en cada uno de sus departamentos.

Roy Chaverri Chacón, Promotor de ANEP en el Sector Municipal, indicó que han llegado a un acuerdo con la administración del municipio ateniense, para que la ANEP y sus afiliados en la Municipalidad de Atenas apoyen el presupuesto del próximo año.

“Se han presentado muchas dificultades para la aprobación del presupuesto, tan es así que todo este año han trabajado con un presupuesto que fue improbado por la Contraloría General de la República, ha sido muy difícil la gestión de la administración como la misma obtención de los objetivos en cada departamento. No queremos que eso se presente el próximo año”, dijo Chaverri.

Además, agregó “nos comprometemos a apoyar los esfuerzo de las administración en la aprobación del presupuesto para el 2015, vamos a reforzar con un abogado y brindar explicaciones de las implicaciones que vendría si no se da la aprobación de dicho presupuesto, ya que esto podría poner en quiebra a la Municipalidad y dejar sin empleo a sus funcionarios”.

Una vez aprobado ese presupuesto, existe la posibilidad de que la Administración se comprometa a realizar un proceso de restructuración con el Servicio Civil y que involucre activa y participativamente a la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Atenas. Además, de la posibilidad del reconocimiento del salario escolar para los trabajadores.

“Otro de los aspectos que se negociarán en el futuro con la administración del Municipio, es el reconocimiento de las labores que realizan los trabajadores del municipio, ya que al día de hoy existe un desorden institucional que provoca que algunas personas que trabajan sin tener la remuneración justa para los trabajos que realiza”, finalizó Chaverri.

Actualmente, la Municipalidad de Atenas cuenta con un total de 36 afiliados a la ANEP de un total de 40 trabajadores que laboran para el municipio.

Elecciones en Bolivia, Brasil y Uruguay. La política olvidada

Lejos de toda homogeneidad, en cada país se expresan particularidades propias aunque guardan en común cierta indefinición de las magnitudes que, según resulten, pueden alterar los escenarios de manera relevante.

El caso de Bolivia parece el menos comprometido, ya que para el emblemático 12 de octubre venidero, la victoria del actual presidente Evo Morales, candidato por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), no está puesta en duda por consultora alguna. Sin embargo, su desafío inmediato es retener las dos terceras partes de la representación en la asamblea legislativa plurinacional, cosa que requiere una casi idéntica proporción de sufragios totales. Sin dejar de reconocer la importancia que en la avizorada perspectiva de triunfo tiene el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, entre otras conquistas, la gran victoria del reformismo boliviano se gestó en el proceso constituyente –y sus consecuentes luchas- entre el 2006 y el 2008, que cristalizó en la actual Constitución. En el país mediterráneo no sólo tuvo y tiene lugar una importante transformación socioeconómica, sino además, una enfática transformación política y cultural, a diferencia de los otros dos países que renovarán los poderes ejecutivo y legislativo en los que el régimen político liberal-fiduciario goza de impunidad politológica.

Muy diferente es la perspectiva en Brasil, particularmente a partir del inesperado giro de este mes, luego de la trágica muerte en un accidente aéreo del candidato presidencial por el Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos. Por primera vez en la historia de ese país, se sustituye la polarización entre el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el expresidente Lula y la actual presidenta y candidata presidencial Dilma Rousseff, y el partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) cuyo máximo referente es el expresidente Fernando Henrique Cardoso, aunque en esta oportunidad promueve la candidatura de Aécio Neves. Hoy la histórica oposición la ocupa el PSB, con la curiosa particularidad de que su candidata no es socialista sino una exintegrante del PT, la exministra y senadora Marina Silva, que recaló secundando la fórmula presidencial del PSB luego de fracasar en el intento de crear su propia fuerza, la “Red de sustentabilidad”. Silva hoy concita el apoyo de buena parte del establishment y los grandes capitales apelando fundamentalmente a resaltar los logros del gobierno neoliberal de Cardoso y sus medidas monetaristas. Sin embargo, su trayectoria está lejos de representar ortodoxia alguna. Al igual que Dilma, es mujer y suma la infrecuente particularidad de pertenecer a una minoría étnica, venida del pobre interior campesino como el estado de Acre, analfabeta hasta su adolescencia, devota pentecostal, que luego de la ruptura con el PT coqueteó tanto con el PSOL (una ruptura por izquierda del PT) como con el PSDB, impulsando hoy un aparente capitalismo ecológico del que se desprende cierto sesgo neoliberal y posmoderno.

Producto del azar y de las construcciones mediáticas del marketing político, parece captar, además del apoyo de los grandes intereses, buena parte del descontento con la gestión del PT de la clase media, como la que salió a las calles en la última fase de las jornadas de junio del 2013, a las que el sociólogo brasileño Celso Frederico señaló como conducidas por la “lógica del espectáculo” y manipuladas por los medios de comunicación que expresaron una “estetización de la política que reproducía, a su modo, la permanencia en lo visible, en lo inmediato”.

Pareciera que la retirada del lulismo de estas capas resulta una respuesta refractaria a la nueva base social del PT: los sectores más postergados, beneficiados hoy por las políticas públicas de inclusión social. Aunque con sesgo paternalista y orientadas al acceso a ciertos bienes de consumo, estas políticas le otorgan una nueva base social al oficialismo, sin necesaria movilización ni participación política. De este modo, sólo se acrecienta la crisis de representación de los partidos y organizaciones tradicionales como los sindicatos.

En Uruguay, la confrontación es más previsible aunque con algunos signos de alarma para la continuidad del proyecto reformista, que sospecho está amenazado por similares segmentos sociales y etarios que en Brasil: las capas medias y la juventud. El informe de agosto de la consultora Factum dirigida por Oscar Bottinelli revela tres datos comparativos entre la campaña del 2009 y la actual, indispensables para reconducir la estrategia electoral. A nivel urbano, el declive de 7 puntos en la capital (donde habita casi la mitad del electorado) es coincidente con aquel llamado de atención que significó el enorme abstencionismo y voto en blanco para las elecciones municipales de 2010. A nivel social, la merma entre los sectores con mayor instrucción formal (5 puntos para los que accedieron a la escuela media y 11 puntos entre los de nivel terciario y universitario). A escala etaria, la pérdida de 6 puntos entre los jóvenes y de 9 entre los adultos medios aunque con un incremento de 2 puntos entre los adultos mayores. Para decirlo crudamente, el Frente Amplio uruguayo (FA) envejece y se desilustra.

Al igual que el oficialismo brasileño, el uruguayo entra en un sorpresivo cono de incertidumbre frente a personajes esculpidos por el cincel mediático y la cínica audacia comunicacional. El caso del crecimiento de intención de voto de Lacalle Pou, hijo del expresidente ultraderechista Lacalle de rancia estirpe para la dinástica tradición conservadora uruguaya aporta un nuevo caso de emergencia sorpresiva.

Un personaje caricaturesco, munido de un discurso evasivo e impreciso, plagado de lugares comunes y gestos farandulescos, en ocasiones ramplones, en otros mundanos, que sin embargo concita atracción, no sólo en la previsible derecha local, sino en ciertas fracciones de la clase media que abandonan al FA. O en jóvenes que no vivieron en carne propia la devastación neoliberal y dan por sentado el intervencionismo estatal en la economía y la relativa contención de la barbarie capitalista. Jóvenes a los que ya no seduce la palabra, ni la argumentación persuasiva, sino que se ven maniatados por el culto de la imagen, el monopolio de la apariencia ejercido por los medios de comunicación audiovisuales oligopolizados, los mismos a los que el presidente Mujica les concedió graciosamente la continuidad de la ocupación del éter público, hipotecando el futuro del mensaje.

No deja de resultar paradojal que las dos experiencias de convergencia de izquierdas y reformismos más originales, con una ejemplar organización de bases y horizontalidad, el PT y el FA, terminen desmovilizadas, vaciadas y jugando en la cancha y las reglas cuyo repudio parecen haber olvidado: las del electoralismo mediático y el personalismo sustituista.

Aunque no creo que pueda establecerse unicausalidad, ni correlatos mecánicos, el olvido de los dos pioneros de la política como crítica y superación del régimen representativo, no puede excluirse de un balance a la hora de confrontar las perspectivas, cualquiera sea el resultado final entre estos dos últimos ejemplos con el boliviano. El MAS tuvo la valentía de organizar un proceso de debate y luchas por una reforma constitucional que lejos de resultar totalmente superadora de las limitaciones del “ancien regime”, abrió resquicios para la participación política de los excluidos históricos concediéndoles derechos inéditos, aún a costa de acompañarlos con el atajo reeleccionista, tan fertilizante de los personalismos. Comprendió que la política no es sólo la superestructura de la base económica sino también un posible campo de transformación institucional.

Cuando las alternativas electorales quedan ceñidas en el campo de las medidas económico-sociales cuya importancia no minusvaloro, aunque tampoco absolutizo y si luego éstas son sólo efectos publicitarios desgajados de implementación futura, meras promesas sin garantía de efectivización carentes de compromisos programáticos, es muy probable que se expanda el imaginario ideológico de igualación entre todos los políticos, cada vez más divorciados a su vez de la sociedad civil. En tal contexto político-cultural, se van quebrando fidelidades, inclinaciones ideológicas o morales, induciendo a priorizar crecientemente intereses inmediatos de mejoramiento de las condiciones de vida. O en otros términos a optar por quien logre concitar algún tipo de confianza en la resolución de necesidades individuales o fraccionales, cosa nada ajena a la seducción por imagen y la manipulación publicitaria. El debate queda restringido a la eficacia.

Una vez aceptado este juego y lanzada la disputa, ya no hay otro camino posible que la conquista de la credibilidad. Afortunadamente los progresismos pueden apelar a la experiencia de gobierno y la confrontación con el pasado para intentar conquistarla. Pero no se espera de ellos sólo eficacia sino también legitimidad. Como en Bolivia.

Fuente: El Mercurio Digital
Tomado de tercerainformacion.es

El fracaso de los Cecudis: Los CEN-CINAI siguen siendo estratégicos

El actual gobierno ha “descubierto el agua tibia” en materia de política social: Los denominados Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cedudis), ¡resultaron un fracaso!

La anterior situación deja en evidencia la imperiosa necesidad de, por un lado, exigirle explicaciones públicas tanto a la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda, como a quien fuera el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), don Fernando Marín. Podría llegar hasta los 17 mil millones de colones, botados, desperdiciados, mal utilizados en un “experimento” de privatizar una política social para población vulnerable, en épocas de desigualdad creciente y de concentración de la riqueza.

¡Ahora resulta que los Cecudis se hicieron en ausencia total de estudios previos y de alguna planificación!

No pueden las actuales autoridades políticas del Gobierno en materia de política social, especialmente las que están a cargo del IMAS, contentarse con tal “descubrimiento”. Urge la apertura de expedientes administrativos y la realización de procesos investigativos para las jerarquías responsables que, de seguro, siguen en sus cargos pese al cambio de administración.

Por otro, lo que siempre ha debido corresponder y lo que ahora queda en más evidencia que nunca, es el fortalecimiento estratégico del histórico programa social CEN-CINAI, mismo que pretendió ser “sustituido” por los ahora fracasados Cecudis.

El proceso que impulsó el gobierno anterior de la hoy Expresidenta Chinchilla Miranda, con el impulso a los Cedudis, muestra a las claras la irracionalidad de promover duplicidades institucionales en el seno del Estado costarricense; desperdiciándose recursos públicos y alimentando las corrientes neoliberales más extremistas a favor de un “Estado minimalista”.

No debe quedar impune en consecuencia la mencionada exmandataria en tal sentido.

Coalición sindical defenderá a guardas de seguridad privada

La Asociación Nacional de Empleado Públicos y Privados (ANEP), junto a la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público y Privado (UNTRASEPP) y el Sindicato SINTRAGFOURS, lograron conformar la primera Coalición Sindical en la importante empresa transnacional de seguridad privada GFOURS, más conocida por sus siglas G4S.

La conformación de dicha coalición, se estableció luego de que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José girará la directriz para la conformación de dicha coalición, la cual deberá estar debidamente acreditada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Álvaro Valverde Granados, Promotor de ANEP en el Sector Privado, manifestó que la conformación de esta coalición es un hecho histórico, ya que es la primera vez que se da esta unión en una empresa transnacional, que de paso, se encuentra establecida en unos 125 países.

“La Coalición Sindical se conforma con el fin de poder negociar una Convención Colectiva que establezca de forma clara los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la empresa G4S. Estos trabajadores no tienen el reconocimientos de las horas extras laboradas pese a que trabajan durante 12 o más horas diarias o bien no se les otorgan vacaciones”, manifestó el Promotor de ANEP.

Sin embargo, Valverde indicó, que otro temor se apodera de los trabajadores de esta empresa, debido que los contratos de seguridad privada que mantiene la transnacional G4S con instituciones públicas como: el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco de Costa Rica (BCR) serían prescritos, por lo que unos mil trabajadores se quedarán sin empleo.

“La empresa ya está amenazando con mil personas desempleadas, lo más grave acá, es que la empresa G4S al ver que estos contratos con las instituciones públicas están por finiquitar, le pide a los trabajadores que renuncien con el objetivo de no pagar las responsabilidades patronales o los despide sin responsabilidad patronal con el fin de reducir costos”, detalló Valverde.

Con la intervención del MTSS, la empresa G4S por medio de su representante legal, accedió al reconocimiento de la Coalición Sindical para futuras negociaciones.

Actualmente la empresa G4S cuenta con unos 2.500 empleados que prestan servicio de vigilancia y seguridad privada a diversas empresas privadas e instituciones públicas del país.

Laura Thompson: “La migración contribuye al desarrollo”

Pocos costarricenses han tenido la oportunidad de alcanzar altos cargos en las organizaciones internacionales de mayor reconocimiento e importancia.

Laura Thompson es una de estas líderes que destacan fuera de nuestras fronteras.
Desde 2009, Thompson es la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones y fue reelecta este año por un segundo periodo de cinco años.

Aprovechando su visita a Costa Rica, platicó con este medio sobre los desafíos y oportunidades que conlleva el fenómeno migratorio.

¿Por qué se dice que el siglo XXI es el siglo de las migraciones?

Hay un incremento exponencial en la movilidad humana.

Tradicionalmente ha existido cerca de un 3% de la población que emigra. Actualmente hay 232 millones de migrantes internacionales, lo que corresponde a un 3,7% de la población mundial.

Ese incremento del 0,7% es importante y se espera que para 2050 haya 450 millones de migrantes.

La movilidad de hoy es diferente. En el siglo pasado la gente se movía en una sola dirección y se quedaba ahí por el resto de su vida. Ahora no es así, hoy la gente se va a algún lugar por unos tres años, después se va a otro lugar y así sucesivamente.

Además, la migración ya no es solo en dirección norte-sur, la mayor parte de los países son tanto de origen, como de tránsito y destino de migrantes.

¿La migración es un problema o es un factor que contribuye al desarrollo?

Ciertamente la migración es un factor que contribuye al desarrollo. Efectivamente conlleva algunos desafíos, por lo que puede convertirse en un problema cuando está mal gestionada.

En la fuerza laboral de un país hay una gran cantidad de migrantes, en Costa Rica es el 12% de la población.

Por otro lado, también hay una contribución social muy importante. El conocimiento que se trae no es necesariamente el mismo que tiene la población local.
También hay un enriquecimiento cultural que traen las poblaciones migrantes. En Costa Rica, por ejemplo, hoy hay diferentes tipos de comida y actividades culturales.

La capacidad que tenga un Estado de gestionar la migración de una manera ordenada y que promueva los beneficios y limite los desafíos que presenta, determinará si se vuelve un problema o una solución.

¿La migración, especialmente de nicaragüenses, ha contribuido al desarrollo de Costa Rica?

Absolutamente. Los nicaragüenses llegaron a Costa Rica en una época donde los costarricenses hacían una serie de trabajos que hoy no hacen y que fueron capaces de pasar a trabajos mejor pagados y en mejores condiciones.

Cuando yo era joven, las empleadas domésticas, los que cogían café y los que trabajaban en construcción eran costarricenses. Toda esa gente y sus hijos hoy trabajan en call centers, en maquilas, en fábricas, en servicios y efectivamente tienen mejores condiciones laborales.

Sin embargo, el país no sufrió porque no hubiera suficiente mano de obra para recolectar la producción agrícola y las casas no dejaron de tener empleadas domésticas.

¿Por qué en el último año ha aumentado la migración infantil de menores centroamericanos no acompañados hacia Estados Unidos?

La migración es un fenómeno de atracción y de expulsión.

Hay expulsión por varias razones, existe en la región de una pobreza importante, hay mucha gente que ve como única solución el buscar mejores oportunidades en otros lugares como Estados Unidos.

Los menores emigran con el interés de mejorar las condiciones de vida y buscar mejores oportunidades de educación.

También la violencia en América Central ha hecho que haya un interés de los menores y sus padres de sacarlos de ese ambiente de violencia y trasladarlos a otras latitudes.

También se pasó un mensaje de que en Estados Unidos a los niños no se les podía deportar, lo cual tampoco es cierto.

Muchos de esos menores tienen su familia en Estados Unidos y pensaron que si había un proceso de regularización era el momento preciso.

Se creó entonces un mito alrededor de una situación que no es cierto pero que es muy difícil de cambiar.

¿La nueva política migratoria de Estados Unidos podría afectar el flujo de remesas para algunas economías centroamericanas?

Absolutamente. En países como El Salvador o como Honduras las remesas son fundamentales para la economía.

Las remesas son fondos privados, es el producto del trabajo, a veces en condiciones terribles, de los migrantes. Esa gente tiene derecho a utilizar sus fondos como mejor le parezca.

En principio, las remesas cubren dos gastos que son fundamentales para el desarrollo de los países: la educación y la salud.

Pero además, hay programas que se desarrollan para promover el uso de las remesas en actividades productivas y que no se usen únicamente para consumo.

México tiene algunos programas interesantes donde el gobierno pone un tercio, el gobierno local pone un tercio y el migrante pone un tercio, para crear una nueva empresa en comunidades rurales.

De esta forma no solo se ayuda a la familia del migrante a iniciar una nueva actividad productiva, sino además se ayuda a la comunidad, porque crea empleo y desarrollo.

¿Qué impacto tendrá sobre las tendencias migratorias en América Latina la ampliación del Canal de Panamá?

Si el gobierno de Panamá decide desarrollar una política de atracción, efectivamente puede generar una apertura migratoria para ciertas especialidades que eventualmente les harían falta.

Si la población local no es suficiente o no tiene interés en los grandes proyectos de infraestructura, en general es una excelente oportunidad para los migrantes de países cercanos.

Algunas obras de infraestructura también atraen a gente muy capacitada.