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Según los integrantes del Departamento de Arquitectura, esta situación atenta contra la seguridad e implementación de proyecto en los diversos centros penales del país, ha esto se suma que el nuevo espacio asignado obliga a la desfragmentación del personal por diversas oficinas del inmueble.

Otro de los cuestionamientos que realiza el departamento sobre su traslado, se debe a las condiciones de hacinamiento a las que fueron enviados, ya que antes contaban con un espacio tres veces mayor.

Anteriormente el departamento contaba con un área de 110 metros cuadrados, donde se ubicaban 15 funcionarios, mobiliario de oficina, así como impresoras, plotter, mesa y herramientas de dibujo; distribución que está establecida por el reglamento de construcciones y salud ocupacional. Normas que serían imposibles de cumplir en el nuevo espacio de trabajo

Esta situación estaría afectando el desempeño laboral de estos funcionarios que deben llevar controles diarios y el desarrollo de proyectos para la infraestructura penitenciaria del país.

El gobierno actual presidido por el Presidente Solís Rivera anunció el pasado jueves 24 de julio de 2014 su posición favorable al “desenganche”, a la ruptura del vínculo que ha existido por 32 años, entre las bases salariales del personal de Ciencias Médicas del país con plaza en el sector Público, y los movimientos en las bases salariales de 22 puestos (denominados “testigo”), de la estructura de clases ocupacionales del Régimen de Servicio Civil.

Así les fue comunicado a las dirigencias sindicales de las organizaciones laborales que reivindican los derechos y los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de la masa trabajadora asalariada del sector Público; durante la reunión de la fecha, en el seno de la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; en cuyo seno se da un proceso negociador (mismo que podría concluir esta misma semana); para definir la cuantía del monto del reajuste por costo de vida para tal sector trabajador, correspondiente al segundo semestre de este 2014.

El “desenganche” consiste, básicamente, en una modificación a dos artículos de la ley salarial médica, No. 6836, emitida en 1982; así como derogar un decreto ejecutivo de 1998 que profundizó ese perverso vínculo salarial.

La organización en cuyo seno militamos, la ANEP, ha levantado esta bandera del “desenganche” rompiendo tabúes de diversa naturaleza; y, generando, por un lado, reacciones sumamente negativas (las menos, por supuesto, que provienen del bando sindicalista atrincherado en el excesivo corporativismo). Pero, por otro y afortunadamente, con mucho apoyo laboral y social, incluso, más allá de las fronteras sindicales.

La actual Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad al respecto: tramitar el expediente legislativo para el “desenganche”, atascado en la agenda de su comisión jurídica. O bien, concertando sobre otro proyecto que persiga el mismo fin.

El Presidente Solís Rivera, a quien le reconocemos su valentía aceptando esta polémica tesis sindical de la ANEP, puede terminar la tarea que decidió emprender al efecto: mandar a las sesiones extraordinarias de agosto ya próximo el proyecto de ley necesario.

El honorable cuerpo médico nacional debe tener absoluta claridad que no tenemos nada contra su legislación salarial. Solamente queremos la ruptura de ese vínculo, denominado popularmente como el “desenganche”.

Esta posición sindical no tiene relación alguna, para nada, con otros pluses salariales que perciben los profesionales en Ciencias Médicas del país. Lo que sí debe quedar claro es que si en los semestres siguientes el reajuste al salario base es de, digamos, un 3% para todas las clases de puestos del sector Público; el del personal médico también será ese mismo 3%, sin fórmulas matemáticas que lo eleven hasta cuatro veces más.

Estamos en disposición de reunirnos con los gremios médicos si nos invitan. Nos gustaría hablar de este tema, en un cara a cara respetuoso; nos gustaría hablarles de otros temas inherentes al futuro de la Caja que pasa, necesariamente y como debe ser, por lo que piense acerca de ello el honorable cuerpo médico del país.

Éste, en inmensa y abrumadora mayoría, rinde homenaje, hora tras hora y día tras día, al juramento hipocrático en condiciones de total transparencia y solidez ética; mayoría médica que no tiene nada que ver con la “realeza salarial” que controla su profesión, ni tampoco con los pocos aunque sonados casos de corrupción en los que se han visto envuelto médicos, según denuncias de prensa de los últimos meses.

Honorable señor
Marco Leandro
DIARIO EXTRA

Estimado señor:

Primero que todo, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

En segundo lugar, y siempre en el marco del debido respeto, le rogamos tomar nota de lo siguiente, agradeciéndole de manera anticipada la debida aclaración periodística, considerando el gran impacto que Diario Extra, el de mayor circulación en el país, tiene para la clase trabajadora, la cual le brinda a este medio de comunicación colectiva, alta estima, máxima credibilidad e incuestionable legitimidad en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral y la defensa de derechos del mismo.

Hacemos alusión a dos notas periodísticas publicadas en Diario Extra bajo su responsabilidad. La primera de ellas se tituló así: “ANEP pide audiencia al CTP para choferes”, con este pretítulo: “Con el fin de exponer problemática”. Esto se publicó en la edición del pasado jueves 24 de julio de 2014. Hoy, lunes 28 de julio de 2014, aparece esta nota: “CTP no se meterá con problemas laborales”, con el pretítulo: “Sebastián Urbina, viceministro de Transportes”.

Ambas notas suyas, don Marco, guardan relación con el planteamiento, vía carta, que la ANEP formuló a las personas integrantes de la nueva dirección del Consejo de Transporte Público (CTP), fechado lunes 21 de julio de 2014, a fin de que se nos otorgarse una audiencia para plantearles que, según nuestra perspectiva, el otorgamiento de concesiones para transporte remunerado de personas, en las modalidades de bus y de taxi, deben estar ligadas a las estipulaciones jurídico-legales de la Seguridad Social costarricense, integralmente concebida ésta.

En la primera nota suya, don Marco, la del jueves 24 anterior, leemos en su primer párrafo: “Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó ayer a los directores del Consejo de Transporte Público (CTP) una audiencia para presentarle la problemática de los choferes de bus, taxis y porteadores”. (La negrita y el subrayado es nuestro).

Aquí va la primera y necesaria precisión: La carta de la ANEP, en ninguno de sus párrafos o renglones, habla de “porteadores”. Quizás, don Marco, usted se confundió y/o nosotros no fuimos lo suficientemente explícitos al respecto cuando en la nota en comentario indicamos: “En lo que se refiere a los trabajadores que son solamente choferes conductores de taxi propiedad de un concesionario, nos interesa conocer…”. Es decir, para la ANEP la frase “choferes conductores de taxi propiedad de un concesionario”, refiere única y exclusivamente al servicio de taxi tradicional, el clásico; el de color rojo.

La ANEP no tiene el más mínimo interés en lo que suceda a lo interno de los denominados “servicios especiales estables de taxis”, por demás, de gran cuestionamiento público en estos días. El único y absoluto interés de la ANEP es en el marco de la “Fuerza Roja”, la situación de los choferes que manejan el vehículo propiedad de un concesionario y cuya situación laboral es de casi esclavitud.

Su nota de prensa de este día, don Marco, la abre usted con lo siguiente: “El Consejo de Transporte Público (CTP), no se meterá a investigar la problemática laboral de los porteadores o choferes de buses, tal como se lo solicitó la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP). Así lo explicó Sebastián Urbina, viceministro de Transportes”.

Aquí exponemos esta necesaria aclaración: La frase “investigar la problemática laboral de los porteadores”, es de entera creación suya, don Marco. La ANEP, como se lo indicamos arriba, no solicitó nada al respecto. La confusión aquí es más preocupante, toda vez que en este párrafo inicial de su nota de prensa de hoy, ni en toda la información de su producción, no aparece mencionada la situación de los choferes de taxis, los rojos, los que son objeto de la preocupación de la ANEP.

La nota de prensa de hoy es de mayor cuidado para nosotros, dado que las declaraciones del viceministro Urbina, enfatizan en el tema de los porteadores y hacen alusión expresa al papel del CTP en la investigación judicial en desarrollo sobre esos “servicios especiales estables de taxis”. La confusión podría generarle un problema a la ANEP en el sentido de que el CTP podría estarnos negando la audiencia que pedimos.

Así las cosas, don Marco, le reiteramos que el eje central de las preocupaciones sociolaborales de la ANEP es la situación del otorgamiento de las concesiones que hace el CTP en el ámbito del servicio de transporte remunerado de personas, modalidades buses y taxis (los de la “Fuerza Roja”), y la vinculación estratégica que el otorgamiento de tales concesiones deben tener con el pleno respeto empresarial a las ordenanzas jurídicas de la Seguridad Social costarricense. ANEP está clara que en lo específico de los Derechos Laborales la competencia directa es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Para nada pretendemos que el CTP tenga que ver con problemática laboral en lo específico.

Nuevamente, reciba usted el mayor respeto de nuestra parte y le agradecemos que tenga muy presente esta aclaración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

El 19 de junio me incorporé a la junta directiva de la CCSS como representante del movimiento sindical. He asumido el compromiso de representar a todos los sindicatos y no solo a aquellos que me eligieron. Con ese propósito me he estado reuniendo con todas las organizaciones posibles y asistiendo a gran cantidad de actividades en las que he explicado mis primeras consideraciones acerca del funcionamiento de la junta directica y de la situación de la CCSS. Brindo ahora de manera resumida mi primer informe.

1. Principio de transparencia

En la práctica casi todos los problemas de la convivencia humana están sujetos a decisiones de carácter político y todas las decisiones, no solo las políticas, se toman a partir de la información con que se cuente. En la época actual la transparencia lucha por abrirse campo, es una demanda para construir una nueva categoría ciudadana. No se trata de enterarse por enterarse, sino de saber para involucrarse. En el caso que nos ocupa la organización de los servicios de salud debe dejar de ser una preocupación tecnocrática, para convertirse en una preocupación nacional.

a. Mi primera solicitud a la Junta Directiva ha sido en el sentido de que las actas se aprueben al inicio de cada una de ellas y se publiquen en la web. Después de 5 sesiones ya se aprobó la primera pero solo se ha publicado un resumen de acuerdos. Sigo insatisfecho con esto y espero que las personas y las organizaciones sociales exijan más transparencia. Mi criterio es que los borradores de las actas, incluso antes de ser aprobadas, deben publicarse y que las actas deben reproducir de manera íntegra lo que se discute en las sesiones. Es una práctica común que algunos directivos pidan se apaguen las grabadoras para externar criterios, me opongo a esto. Las actas son documentos jurídicos e históricos, no sé si existe pero si no es así debería legislarle al respecto.

b. He defendido la idea de que la figura de la presidencia ejecutiva, por su nombramiento y por las funciones que la ley le asigna viola la autonomía que la Constitución le da a la CCSS. Cuestioné que la anterior Presidenta Ejecutiva firmará acuerdos con el Poder Ejecutivo, sin someterles a aprobación de la Junta Directiva. Como resultado de tal discusión se tomó el siguiente acuerdo:

“Solicitar a la Presidencia Ejecutiva que, en un plazo de quince días, presente a la Junta Directiva una propuesta de política que regule e incluya todas las opciones para la aprobación y firma de convenios en la Institución. Mientras tanto no se firmará ningún convenio referente al pago de la deuda del Estado con la Caja”
Este informe aún no se ha presentado. Seguiré informando.

2. Una Junta Directiva presa de la inercia

Los asuntos que desde las gerencias llegan a la JD, en la práctica, impiden que esta se aboque a aspectos medulares. La cantidad de asuntos de menor trascendencia es abrumadora. Sobre esto se acordaron dos aspectos muy importantes: Elaborar una agenda estratégica de la JD, para lo cual ya se está preparando la temática y discutiendo la metodología de trabajo y modificar de manera radical la confección de las agendas de la JD. Al respecto cabe decir que la formalidad de la agenda de cualquier sindicato supera con creces la de la JD de la CCSS.

3. Interlocución social.

Para que la ciudadanía se constituya en un interlocutor válido en la búsqueda de las soluciones de los problemas de la atención de la salud, es necesario que se informe y construya su propia agenda. A esa tarea estamos dedicados. Existen muchos insumos que están siendo analizados en el seno de las organizaciones y se espera que para fines de agosto se proponga un proyecto de agenda nacional unitaria. Dentro de esa agenda se estaría contemplando: el pacto ético, la gestión política (ya existe un proyecto de ley para eliminar la presidencia ejecutiva), la planificación institucional, el modelo de salud, el modelo administrativo y el modelo financiero. Se establecerán medidas a diversos plazos.

4. La Junta Directiva fue sorprendida con la ampliación de una compra a una empresa cuestionada en el Hospital Calderón Guardia. A pesar de las explicaciones de carácter jurídico y de oportunidad brindadas por la gerencia respectiva, a mi juicio no se actuó con prudencia al no coordinar e informar de manera adecuada a la JD sobre un asunto tan delicado, de manera que ésta no tuviese que enterarse a través de la prensa, y además dado que los problemas relacionados con este tema se conocen por la administración desde el año 2012, se debió empezar desde entonces a implementar un plan de emergencia. Al no actuarse así se sujetan las manos de la institución a seguir tratando con una empresa cuyas buenas prácticas de negocio están severamente cuestionadas. A mi criterio el tema debería ser más investigado y tomar acciones con los responsables, pero no se ha tomado ningún acuerdo al respecto.

5. El mayor tiempo de la JD se consume en atender consultas de proyectos de ley y en asuntos contenciosos, una situación que se debe revertir de manera urgente, como ya expliqué en el tema 2.

6. Es importante saber que desde la administración anterior el Poder Ejecutivo negociaba un préstamo con el Banco Mundial para hacer frente a parte de sus deudas con la CCSS. Estos préstamos los pagaría el Gobierno, pero en el contrato es usual que se impongan condiciones generalmente lesivas para el país. No se han suministrado a la JD los borradores de tal acuerdo, pero es algo sobre lo que debemos estar alertas ya estaré informando.

7. Solicité un informe acerca de los nombramientos en las direcciones regionales de Puntarenas y Guanacaste, a efecto de cerciorarme de que no ha imperado la política partidaria. La presidencia Ejecutiva dio una explicación del tema y espero que las personas interesadas puedan consultar el acta respectiva en el menor plazo y hacer las observaciones pertinentes.

8. Propuse revisar el tema de las becas a los trabajadores de la CCSS, debido a que no se someten a concurso a pesar de que así lo dispone el reglamento respectivo. La Presidencia Ejecutiva ha pedido un informe al CENDEIS. Debemos darle seguimiento.