Treinta años de la Huelga en Adaptación Social

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), saluda y rinde homenaje a todos los compañeros trabajadores y a todas las compañeras trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional y de la administración central del Ministerio de Justicia y Paz, con ocasión de la histórica celebración del DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO.

Nuestro profundo respeto y admiración para quienes, en el día a día, mantienen la estabilidad carcelaria y penitenciaria del país, en medio de grandes limitaciones, sobrecargas laborales impresionantes, deteriorada salud ocupacional, y alto riesgo psicoemocional y de sus propias vidas; entre otros aspectos que caracterizan en la actualidad lo que la ANEP ha denominado como “LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”.

¡Grande honor para los y para las profesionales; para todo el personal técnico, administrativo y operativo; y, para los compañeros y para las compañeras de la Policía Penitenciaria cuyo papel es profundamente estratégico!

Esta emblemática efemérides, el DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, nos recuerda el día viernes 22 de junio de 1984, el quinto día de la HUELGA PENITENCIARIA, cuando en horas de la tarde y en las afueras del portón de ingreso de vehículos a la cárcel de San Sebastián, unos 70 compañeros y compañeras de la institución, huelguistas, fueron detenidos y conducidos a las celdas de la entonces Detención General de la Fuerza Pública, en Cuesta de Núñez, San José. Los compañeros fueron llevados en “perreras” de la Fuerza Pública y a las mujeres se les trasladó en microbús. La detención se hizo ante la prensa nacional y las cámaras de los telenoticieros de la época.

El martes siguiente a esa fecha, 26 de junio de 1984 se firmaba en el Palacio Arzobispal de San José, con la mediación del hoy fallecido arzobispo Monseñor Román Arrieta Villalobos, un histórico acuerdo entre la ANEP y el gobierno del Presidente Luis Alberto Monge Álvarez; acuerdo que logró el ingreso colectivo, grupal y sin examen, al sistema del Servicio Civil de lo que en ese entonces era el 85 % del personal profesional, técnico, administrativo y operativo que hasta la llegada de la HUELGA PENITENCIARIA, estaba excluido del Régimen de Servicio Civil y, por tanto, no tenían ni estabilidad en el empleo ni derecho a tener anualidades.

También el personal de la Policía Penitenciaria de ese entonces, empezó a ganar anualidades pues la lucha de la ANEP fue para que en el Sistema Penitenciario Nacional se aplicara la Ley No. 6835 a todos los sectores laborales de la institución.

Valga indicar que, precisamente y con gran presión de la ANEP, la Asamblea Legislativa había aprobado en diciembre de 1982 esa Ley No. 6835; precisamente para que las anualidades fueron un derecho general de los empleados públicos y de las empleadas públicas aunque no estuvieran bajo el Régimen de Servicio Civil.

En el caso del Sistema Penitenciario Nacional, bajo lo que se llamó Ministerio de Justicia y Gracia, la lucha por la aplicación de la “ley de las anualidades”, se desarrolló a lo largo de todo el año 1983 y culminó con la HUELGA PENITENCIARIA, de nueve días de duración, entre el lunes 18 de junio y el martes 25 del mismo mes, de 1984.

La HUELGA PENITENCIARIA, gestada, dirigida, financiada y negociada por la ANEP, fue de tal impacto que generó, por ejemplo, la aplicación inmediata de la “ley de las anualidades” a todo el personal del Ministerio de Seguridad Pública (la Fuerza Pública, particularmente); así como también abarcó lo que en aquel entonces era la Guardia de Asistencia Rural (GAR), que existió bajo el Ministerio de Gobernación y Policía; sin que estos grandes grupos laborales tuvieran que hacer ningún tipo de presión. Con el correr de los años este asunto de las anualidades se extendió por todo el Estado, incluyendo a las municipalidades. Tal fue el impacto de esa legislación, No. 6835, lograda por la ANEP de la época.

La HUELGA PENITENCIARIA también hizo que se creara el sobresueldo Riesgo Penitenciario para todo el personal penitenciario, incluyendo a la Policía Penitenciaria. Años después, gracias a otra lucha de la ANEP en la Asamblea Legislativa, nació el Riesgo de Seguridad y Vigilancia, exclusivo para el personal de seguridad de las cárceles costarricenses.

Los compañeros detenidos y las compañeras detenidas en aquella tarde del viernes 22 de junio de 1984, fueron liberados cerca de la medianoche de ese mismo día pero luego tuvieron que enfrentar un largo proceso judicial, pues se les acusó bajo los artículos 333 y 334 del Código Penal (hoy derogados) que catalogaba la huelga en los servicios públicos, como delito penal. La ANEP se hizo cargo de la defensa de la abrumadora mayoría de los y de las huelguistas acusados quienes, finalmente, fueron absueltos.

30 años después de aquel viernes de junio de 1984 nuestra lucha, la lucha de la ANEP en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, continúa. La ANEP, institución sindical legendaria, renueva su compromiso en tal sentido. La ANEP, nacida como parte de los procesos sociohistóricos de las luchas sociales y sindicales de los años 40 del siglo XX, continúa con plena vigencia, destacándose nacionalmente como consta a todos y a todas. En el Sistema Penitenciario Nacional llevamos 30 años luchando, fomentando la unidad y la unión de la familia laboral penitenciaria. 30 años después continuamos por la misma senda: luchando y uniendo; uniendo y luchando… No dividimos. Unimos.

La ANEP, entidad sociolaboral de sólida consolidación, al acercarse a sus 56 años de haber sido fundada, está con nuevos planteamientos en función de nuestro concepto de que hoy en día el Sistema Penitenciario Nacional sufre una profunda crisis de diversas raíces. A fin de enfrentar este desafío nos venimos preparando lo suficiente para, junto con el personal, desafiar a las nuevas autoridades políticas a fin de que éstas tomen las decisiones estratégicas correspondientes.

Ambiente de altísima tensión esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana

Por cuarto martes consecutivo la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana estará en medio de un ambiente de altísima tensión. Ha venido creciendo el enfrentamiento entre tres de los cinco regidores de esta municipalidad con el grupo de los trabajadores, a raíz de la controversia por un incremento del 2% al 4% en las anualidades del personal acordado hace 4 años. Este acuerdo pretende ser derogado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), en alianza con el partido local denominado Partido del Sol.

Luego del riesgo de enfrentamiento físico, el pasado martes 17 de junio, donde incluso el regidor del PAC, Luis Vargas mostró intenciones de agredir al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, nos hemos enterado esta tarde que la secretaria del Concejo Municipal de Santa Ana ha recibido una orden para alterar el contenido de la parte final del acta de la sesión conflictiva del martes anterior.

Esto no solamente enardecerá los ánimos esta noche, sino que, abre un camino seguro de cuestionamientos en sede contencioso administrativa de semejante irregularidad, e incluso podría dar pie a eventuales procesos de orden penal para los regidores que están ordenando alterar el acta de la sesión del martes 17 de junio.

Así las cosas, la ANEP reitera que se va hacer presente, esta noche, en el Concejo Municipal de Santa Anna a las 7:00 p.m., insistiendo en el diálogo, la negociación, sin apelar a la violencia; pero seremos enfáticos en denunciar en todo momento casi que actos delictivos para imponer un acuerdo que ahora se comprueba está siendo impulsado por actos ilegales y espurios.

Para declaraciones comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 8839-7171. Además, Vargas estará presente esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana junto con un importante contingente del personal de la Municipalidad.

La hegemonía política global de las transnacionales

Hemos venido hablando sobre la cuestión del poder real que en estos momentos rige los destinos de la Humanidad, en términos de hegemonía política dominante a nivel planetario.

Es el poder de las empresas transnacionales, verdaderos imperios que bajo la lógica de una acumulación capitalista desenfrenada, congruente con los postulados del neolibealismo, amenazan la existencia misma de toda la Humanidad.

Gracias a los profundos estudios que en la materia realiza el Transnational Institute (TNI), podemos tener información precisa acerca de la naturaleza del poder de las multinacionales en este siglo XXI.

El TNI es un centro de estudios, banco de datos y generación de pensamiento (o “think tank”, en inglés), con sede en Washington, D. C.

El TNI genera análisis radicales y críticas sobre cuestiones globales candentes; forma alianzas con movimientos sociales; y, propone alternativas para un mundo más sostenible, justo y democrático”.

El TNI, en su análisis anual 2014 sobre el “Estado del Poder” en el planeta, nos da impresionantes datos en esto de la hegemonía política global del imperio de las empresas multinacionales.

1) De las 100 mayores economías planetarias, 37 de ellas son corporaciones transnacionales; es decir, hay 37 multinacionales que son más poderosas que las economías de unos 160 países.

2) Los primeros 36 lugares de esas 100 grandes economías mundiales son países y solamente hay tres de la América Latina en este “selecto” grupo: Brasil, lugar 7; México, 14; y Argentina, 26. Cuatro corporaciones globales están en los lugares 28, 29, 30 y 31: Walmart, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Sinopec-China Petroleum.

Es decir, estas cuatro multinacionales tienen, cada una, una economía más grande que el resto de los países de Latinoamérica; más grande que países como Sudáfrica, Dinamarca, Singapur, Nigeria, Egipto, Finlandia, Grecia, Portugal, Argelia, Qatar y Kuwait, entre otros.

3) Según ubicación por país de origen, de 200 gigantes corporaciones empresariales globales, tenemos que: El 86.5 % tiene su sede en el “primer mundo”, el “mundo industrializado”: Estados Unidos tiene 56; Japón, 28; China, 20; Reino Unido, 16; y Francia, 12.

Muchas de estas gigantes del empresariado global de signo neoliberal, enfrentan acusaciones severas por “crímenes corporativos”, a juicio de importantes medios de prensa y de parte de observatorios ciudadanos.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales serán objeto de una audiencia inaudita del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su 26º período de sesiones actualmente en desarrollo, en Ginebra.

Esto podría suponer un primer paso histórico hacia el fin de la impunidad de las empresas transnacionales. En una iniciativa sin precedentes, en septiembre de 2013, el Gobierno de Ecuador, junto con otros 84 países, presentó ante el CDH una declaración en la que propone un mecanismo jurídico vinculante sobre las actividades de las transnacionales.

Propuesta de UCCAEP del 1,33% potencia el empobrecimiento

Como era lógico suponer, el 1.33 % de reajuste por costo de vida a los salarios mínimos propuesto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para aplicarse a partir del próximo 1 de julio; refuerza la tesis de este gremio corporativo de que la política salarial debe seguir por el mismo sendero pernicioso de los últimos años: a) reforzar la concentración de la riqueza, b) impedir la ampliación del poder de compra del salario, c) aumentar el crecimiento de la desigualdad y d) impedir una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.

El Gobierno del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha quedado en una encrucijada, considerando que es ésta la primera fijación de las 8 que deben darse en su administración, en el ámbito de los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía. ¡Llegó el momento de su “prueba de fuego”! Tres alternativas tiene a su disposición:

1) Darle su aprobación a la injusta y egoísta propuesta empresarial, mandando así una clarísima señal de cuál será la naturaleza esencial de su gestión gubernativa, lo que evidenciaría que el tal “cambio” fue únicamente una exitosa estrategia de propaganda electoral.

2) Darle su aprobación a la propuesta sindical, por ejemplo, la del 4.12 % que la ANEP y otras entidades sindicales sensatas estamos respaldando, enviando así una poderosa señal de que en su gestión la política salarial es componente esencial para reducir la desigualdad y potenciar la capacidad adquisitiva del salario para incrementar el papel del mercado interno en la reactivación de la economía. Además, mostraría el nuevo gobernante que comprende bien que quien le llevó a la Presidencia fue, en esencia, el voto obrero, pues abrumadoramente los grandes segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada, de los sectores privado y público, le hicieron ganar la segunda ronda electoral.

3) La tercera alternativa es mostrar una enorme capacidad de gestión de consenso para que haya un acuerdo tripartito en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS) y que haya un acuerdo empresarios-sindicatos con el voto gubernativo, por una propuesta mucho más decente y justa que el repugnante 1.33 % propuesto por la UCCAEP.

Desde un principio indicamos que esta fijación salarial, por ser la primera de la Administración Solís Rivera, representa una “prueba de fuego”. ¡Acertamos! En próximas horas constataremos la realidad del comportamiento gubernamental en un tema de tanta sensibilidad para la clase trabajadora asalariada del sector Privado.

Choferes de taxi solicitan Garantías Sociales a los dueños de placas de taxi

La nueva Seccional ANEP-Choferes de Taxi Organizados, se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para solicitar su ayuda e intervención, ya que actualmente a estos no se les reconoce ninguna de las Garantías Sociales a la que tiene derecho los trabajadores.

Así lo explicó César Alvarado Ramírez, Presidente de la Seccional ANEP-Choferes de Taxi Organizados, quien indicó que actualmente los dueños o concesionarios de las placas de taxi no ofrecen aguinaldo, vacaciones, días libres, seguro social y riesgo del trabajo a los choferes de taxi, esto último, pese a ser una profesión bastante peligrosa; por lo que buscan la intervención del MTSS.

“Este interés de reunirnos con el Viceministro de Trabajo, fue para hacerle conocer de algunos problemas que hemos tenido durante años, en cuanto a la relación laboral de los empleados de taxi con los concesionarios, que nos evaden diversas garantías sociales. No nos cubre ningún tipo de garantía, por ejemplo si somos despedidos, ya que no nos reconocen cesantías, aguinaldos, ni nada por el estilo; para logar esto debemos llevar un largo proceso judicial que tarda años. Incluso eso nos obliga a llegar a conciliaciones”, manifestó Alvarado.

Según Alvarado, lo que buscan con este primer acercamiento con las autoridades del Ministerio de Trabajo, es poder establecer un mecanismo que permita ejercer mayores controles sobre las responsabilidades de los concesionarios de taxi hacia los choferes de este transporte público, incluso para que el día de mañana puedan optar por una pensión.

Un ejemplo claro de esta situación, es la que vive Victoriano Morales Bonilla, quien tiene 20 años de ser chofer de taxi, sin embargo hace cuatro meses se le detecto un cáncer en su columna vertebral por lo que fue incapacitado de por vida, no obstante no cuenta con un seguro que le permita seguir adelante, además que no recibió ninguna retribución por parte de su concesionario de taxi.

Ante esta situación y el panorama que viven miles de choferes de taxi, que diariamente salen a la calle a ganarse el sustento diario y, además, deben de pagar una cuota diaria para el uso del vehículo, sin recibir ninguna clase de Garantía Social, es que el MTSS se comprometió a realizar una intervención sobre el tema con el Concejo de Transporte Público (CTP) en busca de normalizar esta situación.

Otro de los planteamientos realizados por la cartea de trabajo, fue la utilización de inspectores, que junto a la Seccional verificarán en las paradas de taxi, si los concesionarios cumplen con el seguro social y otros beneficios para con sus choferes.

Saloneros buscan rápida aprobación del reglamento del 10%

La Seccional ANEP-Saloneros se reunió este lunes por la mañana con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en barrio Tournon, para instar a esta cartera a la pronta aprobación del reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” conocida como “la ley de las propinas o 10%”, que viene a establecer diversas normas en beneficio de las y los saloneros del país.

Ricardo Moreno Niño, Presidente de la Seccional ANEP-Saloneros, indicó que el gremio necesita la pronta aprobación del reglamento, ya que esto vendría a establecer una herramienta de suma importancia, para así acabar con tanto abuso que deben de soportar los saloneros, por el manoseo de los patronos sobre el 10%, el cual es exclusivo de los saloneros.

Dicho reglamento fue lanzado a consulta popular, el pasado 6 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta, y entre las principales disposiciones aclara la naturaleza no salarial de la propina, a la vez que determina como esa propina debe de ser distribuida equitativamente entre los empleados del establecimiento, en aquellos casos donde el servicio de mesa sea brindado por más de un colaborador.

Además, la normativa establece que el monto total de la propina debe ser entregado y puesto a disposición de los saloneros, por lo que el patrono no puede imponer o hacer uso de ese dinero.

Otra de las aclaraciones que registra el nuevo reglamento es que el patrono o dueño del establecimiento no puede realizar ninguna deducción ni carga económica a la propina.

Moreno manifestó, que la reunión también fue aprovechada para entregar una nueva lista con los establecimientos que están incumpliendo o haciendo un uso indebido del 10%.

“El Ministerio se van encargar de realizar la inspección para verificar que estos restaurantes están incumpliendo la ley, se va hacer la vista a los restaurantes que aparecen en la lista, unidad a la que ya habíamos entregado el año anterior”, dijo Moreno.

La lista está conformada por cerca de 200 restaurantes, nombres que la ANEP dará a conocer próximamente en conferencia de prensa a la opinión pública.
De ser aprobado el reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” se estaría beneficiando a más de 115 mil personas en todo el territorio nacional que dependen de esta actividad.

Sector empresarial debe entender que se ocupa de otra política salarial

Como se ha indicado estamos en el proceso para determinar la cuantía del incremento por reajuste en el costo de la vida que deben tener los salarios mínimos que se aplican en el sector privado de la economía, valedero para el segundo semestre del presente año 2014; fijación que, por cierto, es la primera que ocurre en el recién iniciado gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera

Recordemos que esta administración, a lo largo de su período constitucional, deberá realizar 16 fijaciones salariales semestrales: 8 para el sector Privado y 8 para el sector Público.

El sector patronal-empresarial, básicamente el que se representa en la denominada Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), se presentará en la tarde de hoy lunes 23 de junio de 2014, ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), para dar a conocer su propuesta de cara al reajuste en los salarios mínimos que debe regir a partir del próximo 1 de julio.

Ante esta situación, la ANEP debe insistir en la imperiosa necesidad de que el empresario se abra a una amplia discusión sobre la necesaria política salarial que se ocupa en los actuales escenarios de crecimiento de la desigualdad y de concentración de la riqueza que vive la sociedad costarricense; pues no podemos continuar con una política que precariza la situación socioeconómica de miles de familias de la clase trabajadora asalariada del sector privado.

Por el contrario, entre los nuevos elementos que se deben considerar está la circunstancia de que es preciso conectar la política salarial con los desafíos del crecimiento de la producción del mercado interno, de forma tal que tengamos mayor dinamismo al potenciar un funcionamiento dual de la economía con sus dos motores fundamentales: el del mercado externo, el gran “chineado” de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos y que ha demostrado ser insuficiente para mejorar mecanismos redistributivos de más impacto, en cuanto al crecimiento económico; junto a el relanzamiento de una política pública de corte estratégico para el mercado interno.

En consecuencia, abogamos por abandonar el sesgo excesivamente restrictivo en cuanto al incremento salarial semestral en los salarios mínimos, para pasar (mediando una nueva fórmula de cálculo, por ejemplo y entre otros factores), a una política salarial con características expansivas.

Malestar de trabajadores municipales de Santa Ana se incrementa

La presencia masiva de los trabajadores municipales a la sesión del concejo atemorizó a algunos regidores, por lo que solicitaron la presencia de la Fuerza Pública en el sitio e incluso al punto de pedir del desalojo del salón.

Sin embargo, la manifestación pacífica no permitió que los efectivos de la Fuerza Pública sacaran a los trabajadores del concejo, como así lo solicitaban tres regidores.

Los representantes sindicales del PAC y del Partido del Sol intentaron por todos los medios atrasar la votación del ajuste de la anualidad. Lo que llevo a una suspensión de 3 horas de la sesión.

El Presidente y Vicepresidente insisten en desalojar el salón, situación que es bien analizada por la Fuerza Pública que no interviene y solamente decide tener presencia en el lugar.

Los ánimos se calientan al punto que el Vicepresidente del Concejo, Luis Vargas intenta agredir a Albino Vargas Secretario General de la ANEP

Al ser las once y cuarenta de la noche, el Presidente del Concejo Municipal de Santa Ana decide reanudar la sesión para realizar la votación, la cual es en contra del acuerdo, sin embargo esta se habría dado un escenario anómalo e incluso negando la palabra de uno de los regidores en favor del ajuste de las anualidades para los trabajadores.

Está situación será investigada por un profesional de la ANEP en materia municipal, con el objetivo de presentar las apelaciones respectivas, que declaren nula la votación

Procuraduría avala separación administrativa de la Policía de Migración

La mañana de este miércoles, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, se reunieron con la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada; para tratar diversos temas referentes a este cuerpo policial, con muy buenas noticias.

En dicha reunión, la Viceministra de Gobernación confirmó a los representantes sindicales el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que indica la separación administrativa de la Policía Profesional de Migración con el régimen Administrativo del Servicio Civil.

Gelvin Montes Medina, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración indicó que esta noticia viene a destruir el interés de ciertos mandos que durante años han estado de forma ilegal a cargo de la Policía Profesional de Migración.

“Son jefaturas amparadas al Servicio Civil, que tenían oficiales a su cargo y la Ley General de Policía es muy clara y dice que la policía debe de estar a cargo de jefes policiales, y así quedó estipulado en este pronunciamiento de la Procuraduría”, dijo Montes.

El Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración destacó la disposición mostrada por la Viceministra de Gobernación en aclarar este tema, ya que según Mena, fue ella quien solicitó a la Procuraduría un dictamen sobre la situación.

“La postura de la Viceministra fue de análisis, primero puso personal y asesores a su cargo a analizar e investigar que estaba sucediendo, el resultado de esas averiguaciones fueron que la posición dela ANEP y la Seccional de ANEP en la Policía Profesional de Migración estaban en lo correcto, y se debía realizar una separación de la parte administrativa con la policial, ya que jefes administrativos no tenían que estar a cargo de oficiales de la policía”, explicó Mena.

Según indicó el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración solo falta que la Viceministra de Gobernación se reúna con el Ministro, Celso Gamboa, para que el pronunciamiento sea oficializado.

Respecto al Manual de Puestos, la Viceministra Muñoz se mostró muy anuente a cooperar en el proceso de aprobación de este importante acuerdo.

El G+77, nuevos paradigmas para la humanidad

Dada la naturaleza de la hegemonía mediática global, ha pasado “inadvertida” por estos lares, la más reciente cumbre del grupo de países conocido como el G-77, que ha tenido lugar en la hermana nación latinoamericana de Bolivia.

Su presidente, Evo Morales Aymá, al pronunciar el mensaje inaugural, lanzó una serie de planteamientos que podrían dar pie a la reformulación de nuevos postulados para “otro” orden de primacía en las relaciones internacionales entre Estados y pueblos.

El G-77 nació hace 50 años en el marco de la Guerra Fría. Superada esta y ante el declive de la hegemonía imperial estadounidense y la emergencia de un mundo multipolar, 133 países forman parte de tal agrupación en la actualidad, cuando tenemos un mundo mucho más profundamente desigual que en aquel entonces.

El Mandatario boliviano nos indica que 10 países del orbe controlan el 40% de la riqueza de todo el planeta; además, 15 gigantescas empresas multinacionales controlan el 50% de la producción mundial. La situación de la desigualdad global es, realmente, espeluznante: El 0,1% de la población planetaria es propietaria del 20% del patrimonio de la humanidad, nos indica Morales.

El caso gringo es paradigmático de la decadencia del otrora “American Way of Life”, signado por la sociedad del bienestar y de las capas medias. En 1920, un gerente estadounidense ganaba 20 veces el salario de un obrero; hoy, en el 2014, 331 veces más.

Para el Mandatario suramericano, hemos llegado a un nivel realmente perverso de concentración de la riqueza y de modelo de desarrollo depredador de la naturaleza que la sustenta; que son la base de las crisis financiera, alimentaria, energética, climática e institucional que agobia a nuestros países y pueblos.

El presidente Morales Aymá nos lanza el reto de transitar desde el paradigma del “Desarrollo Sostenible”, al paradigma del “Desarrollo Integral para Vivir Bien”. Argumenta que “ningún desarrollo es sustentable si la producción destruye la Madre Tierra, ya que es la fuente de la vida y de nuestra existencia. Ninguna economía es duradera si produce desigualdades y exclusiones”.

Nos llama a luchar, reivindicando la garantía y el reconocimiento de los servicios básicos como Derecho Humano, y nos denuncia de que “la peor tiranía que enfrenta la humanidad es permitir que los servicios básicos estén bajo control de las empresas transnacionales”. Planteó la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, límites a las ganancias especulativas y a la excesiva acumulación de riqueza. Fue más allá el Presidente boliviano, pues se desprende de sus palabras que la sobrevivencia del planeta está asociada a una “renovación democrática de los Estados” y a “reconstruir el mundo desde el sur”.

Sin tapujos dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU debe desaparecer, pues “ha promovido la guerra y las invasiones de potencias imperiales para apoderarse de los recursos naturales de los países invadidos”. Para él, en el seno de las Naciones Unidas se debe propiciar una “nueva institucionalidad”, un “Nuevo Orden Planetario para el Vivir Bien”…, “ha llegado el tiempo de las naciones del sur”, nos indicó. Como latinoamericanistas sentimos gran orgullo e identificación con este mensaje del Presidente boliviano en la apertura de la Cumbre del G-77. Lectura obligada para quienes pensamos ya no solamente que “otro mundo es posible”…, sino que es “imprescindible”.