A la Caja hay que salvarla

Las revelaciones periodísticas recientes sobre una serie de anomalías que se habrían venido cometiendo, con ribetes de presunta corrupción, en los últimos años en uno de los hospitales más emblemáticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Calderón Guardia, nos ha dejado con mucho dolor pero profunda indignación.

Desde nuestra perspectiva sindical hemos venido sosteniendo que la Caja, la entidad más importante de la institucionalidad costarricense, merece la más grande atención de la ciudadanía que ocupa de sus servicios, que no es ni más ni menos que la abrumadora mayoría de la población habitante del país.

A esta altura de los desafíos actuales y futuros que tiene la Caja y luego de nuestra propia experiencia sindical en torno a sus asuntos, concluimos que: a) la Caja vive una especie de secuestro por parte de poderosos grupos corporativos internos y externos, incluyendo algunos de naturaleza sindical. b) La Caja es la vida del pueblo trabajador; los y las costarricenses de los sectores medios y populares no sabemos lo que es vivir sin ella. c) La Caja es del pueblo trabajador, no de los sindicatos. d) El poder de lo que denominamos como la “realeza médica” (por sus altísimos salarios, básicamente), tiene la hegemonía en el control de la gestión de la Caja y los sucesivos gobiernos le han tenido miedo a los gremios que representan los intereses de este pequeño pero poderoso grupo.

Desde la militancia sindical que ocupa todos nuestros días, somos testigos de un gran esfuerzo multisectorial de análisis de los problemas de la CCSS en los últimos años que culminó, en febrero de 2013, con el lanzamiento de un planteamiento denominado “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

El actual Presidente de la República, su Ministro de la Presidencia y la propia Presidenta Ejecutiva de la CCSS, (en su orden, don Luis Guillermo Solís Rivera, don Melvin Jiménez Marín y la doctora Rocío Sáenz Madrigal), lo conocen muy bien porque estuvieron inmersos en el mismo, aportando ideas, mucho antes de que pensaran que iban a ocupar los altos puestos públicos mencionados.

Los tres jamás imaginaron (como le sucedió a todo el mundo), lo que pasaría con el proceso electoral nacional del 2014; y, mucho antes del mismo participaron en su condición ciudadana con los y las representantes de ese conjunto organizacional multisectorial preocupado por el futuro de la Caja.

Pues bien, necesitamos que la ciudadanía tome nota de que la Caja ocuparía de cambios como los siguientes: 1) el “desenganche” salarial médico. 2) Guardias médicas de tres turnos, las 24 horas, en los hospitales a fin de entre otros factores positivos, reducir las listas de espera que son un “misterio”. 3) Un registro obligado de todas las operaciones quirúrgicas diarias, tanto en los hospitales públicos como los privados para, por ejemplo, reducir el “biomberismo” al mínimo. 4) Centralizar el sistema de compras para evitar la corrupción y las “mordidas” con adquisiciones de insumos médico-farmacéuticos y de otra naturaleza en sede local. 5) Democratizar la formación de especialistas médicos para quitarle el control de ello a ciertos gremios ultracorporativos que controlan cuántos y quiénes ingresan anualmente a esos selectos “guetos”.

Anhelamos que el gobierno actual y las indicadas personas arriba mencionadas, abran el espacio de diálogo social del caso para empezar a hablar de los graves problemas de la Caja y empezar el camino de su “liberación”.

Policías Penitenciarios manifestaron en la capital

Varias decenas de Policías Penitenciarios se manifestaron esta mañana en las afueras del Ministerio de Justicia y Paz, en el centro de San José, en protesta a las decisiones tomadas por Pablo Bertozzi, Director de la Policía Penitenciaria, quien asumió su cargo hace menos de un mes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que este es un primer movimiento de una cadena de eventos que la ANEP con el apoyo de los policías penitenciarios va a promover.

“Existe mucha inquietud, molestia y enorme preocupación por el estilo de gestión que se quiere imponer en el sistema penitenciario nacional, se considera, que la designación de Pablo Bertozzi implica que viene tiempos de verticalismo, autoritarismo, de mucha prepotencia y ausencia del diálogo. Desde un principio plateamos que la designación de Bertozzi es desafortunada, porque la cultura de la Fuerza Pública no es la misma a la de la Policía Penitenciaria, por lo que no se puede propiciar un cambio de ese nivel a punta de patadas”, expresó el Secretario General de la ANEP.

Entre las situaciones que aquejan los Policías Penitenciarios respecto a Pablo Bertozzi, sobresalen: intentonas de traslados abusivos, autoritarios e irracionales, de policías que se han convertido en voz de sus compañeros, la cual trasladan a la ANEP como su organización oficial.

Además, Vargas dijo, que existe una circular de Pablo Bertozzi, que les dice a los Policías Penitenciarios que no hablen con el sindicato y que él es la única vos oficial para hacerlo. “Es como una ley mordaza”.

“Creemos que la inconformidad laboral va a rebasar las fronteras de la Policía Penitenciaria, y va abarcar al personal profesional, técnico, administrativo y operativo de las cárceles. Este es un personal que ha estado muy olvidado en la política pública y creemos que su estado de precariedad se resuelve con diálogo y negociación, no con prepotencia y autoritarismo”, manifestó Vargas.

Otra de las solicitudes de los y las Policías Penitenciarias es saber si Pablo Bertozzi, también recibiría la responsabilidad de ser el Director General de Adaptación Social con recargo en la Policía Penitenciaria, ya que consideran junto a la ANEP, que tal designación “es un peligroso antecedente de concentración de poder en las cárceles”.

“Estamos convencidos de que el señor Bertozzi es una mala designación, por lo que estaremos solicitando al Presidente, Luis Guillermo Solís que quite al señor Bertozzi de la Policía Penitenciaria, ese es el clamor contundente, el cual esperamos reforzarlo con un escrito de nuestras razones”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Expresidente del Concejo Municipal de Santa Ana apoya a los trabajadores

El expresidente del Concejo Municipal de Santa Ana, Audrys Esquivel Jiménez, en el periodo 2008-2010, brindó todo su apoyo a los trabajadores municipales, e indicó que el ajuste de 2% en las anualidades quedó aprobado en su gestión, gracias a un estudio de factibilidad, el cual arrojó que la Municipalidad de Santa Ana cuenta con el presupuesto para ejecutar dicho ajuste.

Esquivel indicó que dicho ajuste quedó debidamente presupuestado y los trabajadores deberían de cuestionar “a dónde realmente fue a dar ese dinero”.

Choferes de bus no son “chusma”, mucho menos maleantes

De manera enérgica condenamos las desafortunadas declaraciones periodísticas del empresario señor Carlos López, a nombre de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), pretendiendo presentar ante la opinión pública nacional, a los choferes de bus como una “chusma”, prácticamente como “maleantes”; ante la molestia que le genera a esta entidad empresarial autobusera, la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley para evitar los rebajos abusivos y sumarios del salario de estos trabajadores, sin debido proceso alguno y en total estado de indefensión, por las presuntas apropiaciones de los dineros recaudados de las tarifas a tenor de una lectura unilateral de las barras electrónicas de control del pasaje. Horas después nos enteramos de que el empresario López es representante de la cámara nacional de transportes (Canatrans), y no de canabús. Fue un error del periodista de la extra que confundió a estos gremios autobuseros.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), repudiamos esas afirmaciones del señor empresario López, en el sentido de que los choferes “Hasta orines les echan a barras para sabotearlas” (Diario Extra, hoy miércoles 25 de junio de 2014), pues contienen una generalización abusiva sobre la conducta del gremio de los choferes de autobús, uno de los sectores laborales más altamente explotado y enormemente sacrificado.

La ANEP, que ha venido asesorando y orientando a muchos choferes de autobús en su silenciosa lucha por dignificar su empleo y obtener verdadera justicia social, tiene constancia de que la abrumadora mayoría de ellos es gente de gran honestidad, pese a que han acumulado un gran enojo y molestia por el prepotente tratamiento patronal de la relación laboral.

Valga indicar que a solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

El pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, con la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo del dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente:

“Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

La ANEP, con base en tales pronunciamientos solicitados por esta organización desde hace dos años, expresa abiertamente y por esta vía, su total respaldo a la iniciativa de ley que se tramita en tal sentido en el parlamento, solicitándole a los señores diputados y a las señoras diputadas actuar con urgencia al respecto.

Por otra parte, la ANEP hará una gestión oficial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús y que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP), debe incluir todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata. En próximos días ANEP hará una gestión oficial ante los máximos jerarcas ministeriales del MOPT.

En lo específico, si de ahora en adelante para pedir incrementos de tarifas de bus es necesario demostrar altos estándares en cuanto a cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad; deberá tener el mismo carácter valorativo la aplicación estricta y la observancia plena de los compromisos que Costa Rica ha asumido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el “Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha en la República de Costa Rica del Programa de Trabajo Decente por país”; compromiso que incluso cuenta con la firma de la propia Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

En dicho memorándum, se establece en su Primera Prioridad, “Promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales”, lo siguiente: “Sensibilización y capacitación de los constituyentes de la OIT (gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores), para el fomento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la equidad de género, tanto en el sector privado como en el sector público…”.

Así las cosas, la ANEP le recomienda al empresariado autobusero, tanto el que se aglutina en Canatrans, como los de las otras cámaras que, en vez de agredir y desacreditar a sus propios choferes, sin los cuales no podrían sobrevivir, abran espacios de diálogo social, acepten la organización sindical y procedan a entablar diversos mecanismos de negociación colectiva para, entre otros importantes aspectos, combatir algunas y pocas prácticas impropias que bien sabemos son la excepción, no la regla.

ANEP está dispuesta a un “tú a tú”, respetuoso y transparente, de cara a la opinión pública, para dialogar al respecto con Canatrans y con las otras corporaciones empresariales autobuseras sobre esta temática para construir acuerdos de paz social, estabilidad del negocio y seguridad laboral de los choferes a plenitud.

Es más, que quede por esta vía, así, de manera pública, un reto abierto en tal sentido quedando de nuestra parte a la espera de recibir una invitación empresarial para dialogar.

Treinta años de la Huelga en Adaptación Social

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), saluda y rinde homenaje a todos los compañeros trabajadores y a todas las compañeras trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional y de la administración central del Ministerio de Justicia y Paz, con ocasión de la histórica celebración del DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO.

Nuestro profundo respeto y admiración para quienes, en el día a día, mantienen la estabilidad carcelaria y penitenciaria del país, en medio de grandes limitaciones, sobrecargas laborales impresionantes, deteriorada salud ocupacional, y alto riesgo psicoemocional y de sus propias vidas; entre otros aspectos que caracterizan en la actualidad lo que la ANEP ha denominado como “LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”.

¡Grande honor para los y para las profesionales; para todo el personal técnico, administrativo y operativo; y, para los compañeros y para las compañeras de la Policía Penitenciaria cuyo papel es profundamente estratégico!

Esta emblemática efemérides, el DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, nos recuerda el día viernes 22 de junio de 1984, el quinto día de la HUELGA PENITENCIARIA, cuando en horas de la tarde y en las afueras del portón de ingreso de vehículos a la cárcel de San Sebastián, unos 70 compañeros y compañeras de la institución, huelguistas, fueron detenidos y conducidos a las celdas de la entonces Detención General de la Fuerza Pública, en Cuesta de Núñez, San José. Los compañeros fueron llevados en “perreras” de la Fuerza Pública y a las mujeres se les trasladó en microbús. La detención se hizo ante la prensa nacional y las cámaras de los telenoticieros de la época.

El martes siguiente a esa fecha, 26 de junio de 1984 se firmaba en el Palacio Arzobispal de San José, con la mediación del hoy fallecido arzobispo Monseñor Román Arrieta Villalobos, un histórico acuerdo entre la ANEP y el gobierno del Presidente Luis Alberto Monge Álvarez; acuerdo que logró el ingreso colectivo, grupal y sin examen, al sistema del Servicio Civil de lo que en ese entonces era el 85 % del personal profesional, técnico, administrativo y operativo que hasta la llegada de la HUELGA PENITENCIARIA, estaba excluido del Régimen de Servicio Civil y, por tanto, no tenían ni estabilidad en el empleo ni derecho a tener anualidades.

También el personal de la Policía Penitenciaria de ese entonces, empezó a ganar anualidades pues la lucha de la ANEP fue para que en el Sistema Penitenciario Nacional se aplicara la Ley No. 6835 a todos los sectores laborales de la institución.

Valga indicar que, precisamente y con gran presión de la ANEP, la Asamblea Legislativa había aprobado en diciembre de 1982 esa Ley No. 6835; precisamente para que las anualidades fueron un derecho general de los empleados públicos y de las empleadas públicas aunque no estuvieran bajo el Régimen de Servicio Civil.

En el caso del Sistema Penitenciario Nacional, bajo lo que se llamó Ministerio de Justicia y Gracia, la lucha por la aplicación de la “ley de las anualidades”, se desarrolló a lo largo de todo el año 1983 y culminó con la HUELGA PENITENCIARIA, de nueve días de duración, entre el lunes 18 de junio y el martes 25 del mismo mes, de 1984.

La HUELGA PENITENCIARIA, gestada, dirigida, financiada y negociada por la ANEP, fue de tal impacto que generó, por ejemplo, la aplicación inmediata de la “ley de las anualidades” a todo el personal del Ministerio de Seguridad Pública (la Fuerza Pública, particularmente); así como también abarcó lo que en aquel entonces era la Guardia de Asistencia Rural (GAR), que existió bajo el Ministerio de Gobernación y Policía; sin que estos grandes grupos laborales tuvieran que hacer ningún tipo de presión. Con el correr de los años este asunto de las anualidades se extendió por todo el Estado, incluyendo a las municipalidades. Tal fue el impacto de esa legislación, No. 6835, lograda por la ANEP de la época.

La HUELGA PENITENCIARIA también hizo que se creara el sobresueldo Riesgo Penitenciario para todo el personal penitenciario, incluyendo a la Policía Penitenciaria. Años después, gracias a otra lucha de la ANEP en la Asamblea Legislativa, nació el Riesgo de Seguridad y Vigilancia, exclusivo para el personal de seguridad de las cárceles costarricenses.

Los compañeros detenidos y las compañeras detenidas en aquella tarde del viernes 22 de junio de 1984, fueron liberados cerca de la medianoche de ese mismo día pero luego tuvieron que enfrentar un largo proceso judicial, pues se les acusó bajo los artículos 333 y 334 del Código Penal (hoy derogados) que catalogaba la huelga en los servicios públicos, como delito penal. La ANEP se hizo cargo de la defensa de la abrumadora mayoría de los y de las huelguistas acusados quienes, finalmente, fueron absueltos.

30 años después de aquel viernes de junio de 1984 nuestra lucha, la lucha de la ANEP en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, continúa. La ANEP, institución sindical legendaria, renueva su compromiso en tal sentido. La ANEP, nacida como parte de los procesos sociohistóricos de las luchas sociales y sindicales de los años 40 del siglo XX, continúa con plena vigencia, destacándose nacionalmente como consta a todos y a todas. En el Sistema Penitenciario Nacional llevamos 30 años luchando, fomentando la unidad y la unión de la familia laboral penitenciaria. 30 años después continuamos por la misma senda: luchando y uniendo; uniendo y luchando… No dividimos. Unimos.

La ANEP, entidad sociolaboral de sólida consolidación, al acercarse a sus 56 años de haber sido fundada, está con nuevos planteamientos en función de nuestro concepto de que hoy en día el Sistema Penitenciario Nacional sufre una profunda crisis de diversas raíces. A fin de enfrentar este desafío nos venimos preparando lo suficiente para, junto con el personal, desafiar a las nuevas autoridades políticas a fin de que éstas tomen las decisiones estratégicas correspondientes.

Ambiente de altísima tensión esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana

Por cuarto martes consecutivo la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana estará en medio de un ambiente de altísima tensión. Ha venido creciendo el enfrentamiento entre tres de los cinco regidores de esta municipalidad con el grupo de los trabajadores, a raíz de la controversia por un incremento del 2% al 4% en las anualidades del personal acordado hace 4 años. Este acuerdo pretende ser derogado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), en alianza con el partido local denominado Partido del Sol.

Luego del riesgo de enfrentamiento físico, el pasado martes 17 de junio, donde incluso el regidor del PAC, Luis Vargas mostró intenciones de agredir al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, nos hemos enterado esta tarde que la secretaria del Concejo Municipal de Santa Ana ha recibido una orden para alterar el contenido de la parte final del acta de la sesión conflictiva del martes anterior.

Esto no solamente enardecerá los ánimos esta noche, sino que, abre un camino seguro de cuestionamientos en sede contencioso administrativa de semejante irregularidad, e incluso podría dar pie a eventuales procesos de orden penal para los regidores que están ordenando alterar el acta de la sesión del martes 17 de junio.

Así las cosas, la ANEP reitera que se va hacer presente, esta noche, en el Concejo Municipal de Santa Anna a las 7:00 p.m., insistiendo en el diálogo, la negociación, sin apelar a la violencia; pero seremos enfáticos en denunciar en todo momento casi que actos delictivos para imponer un acuerdo que ahora se comprueba está siendo impulsado por actos ilegales y espurios.

Para declaraciones comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 8839-7171. Además, Vargas estará presente esta noche en el Concejo Municipal de Santa Ana junto con un importante contingente del personal de la Municipalidad.

La hegemonía política global de las transnacionales

Hemos venido hablando sobre la cuestión del poder real que en estos momentos rige los destinos de la Humanidad, en términos de hegemonía política dominante a nivel planetario.

Es el poder de las empresas transnacionales, verdaderos imperios que bajo la lógica de una acumulación capitalista desenfrenada, congruente con los postulados del neolibealismo, amenazan la existencia misma de toda la Humanidad.

Gracias a los profundos estudios que en la materia realiza el Transnational Institute (TNI), podemos tener información precisa acerca de la naturaleza del poder de las multinacionales en este siglo XXI.

El TNI es un centro de estudios, banco de datos y generación de pensamiento (o “think tank”, en inglés), con sede en Washington, D. C.

El TNI genera análisis radicales y críticas sobre cuestiones globales candentes; forma alianzas con movimientos sociales; y, propone alternativas para un mundo más sostenible, justo y democrático”.

El TNI, en su análisis anual 2014 sobre el “Estado del Poder” en el planeta, nos da impresionantes datos en esto de la hegemonía política global del imperio de las empresas multinacionales.

1) De las 100 mayores economías planetarias, 37 de ellas son corporaciones transnacionales; es decir, hay 37 multinacionales que son más poderosas que las economías de unos 160 países.

2) Los primeros 36 lugares de esas 100 grandes economías mundiales son países y solamente hay tres de la América Latina en este “selecto” grupo: Brasil, lugar 7; México, 14; y Argentina, 26. Cuatro corporaciones globales están en los lugares 28, 29, 30 y 31: Walmart, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Sinopec-China Petroleum.

Es decir, estas cuatro multinacionales tienen, cada una, una economía más grande que el resto de los países de Latinoamérica; más grande que países como Sudáfrica, Dinamarca, Singapur, Nigeria, Egipto, Finlandia, Grecia, Portugal, Argelia, Qatar y Kuwait, entre otros.

3) Según ubicación por país de origen, de 200 gigantes corporaciones empresariales globales, tenemos que: El 86.5 % tiene su sede en el “primer mundo”, el “mundo industrializado”: Estados Unidos tiene 56; Japón, 28; China, 20; Reino Unido, 16; y Francia, 12.

Muchas de estas gigantes del empresariado global de signo neoliberal, enfrentan acusaciones severas por “crímenes corporativos”, a juicio de importantes medios de prensa y de parte de observatorios ciudadanos.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales serán objeto de una audiencia inaudita del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su 26º período de sesiones actualmente en desarrollo, en Ginebra.

Esto podría suponer un primer paso histórico hacia el fin de la impunidad de las empresas transnacionales. En una iniciativa sin precedentes, en septiembre de 2013, el Gobierno de Ecuador, junto con otros 84 países, presentó ante el CDH una declaración en la que propone un mecanismo jurídico vinculante sobre las actividades de las transnacionales.

Propuesta de UCCAEP del 1,33% potencia el empobrecimiento

Como era lógico suponer, el 1.33 % de reajuste por costo de vida a los salarios mínimos propuesto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para aplicarse a partir del próximo 1 de julio; refuerza la tesis de este gremio corporativo de que la política salarial debe seguir por el mismo sendero pernicioso de los últimos años: a) reforzar la concentración de la riqueza, b) impedir la ampliación del poder de compra del salario, c) aumentar el crecimiento de la desigualdad y d) impedir una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.

El Gobierno del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha quedado en una encrucijada, considerando que es ésta la primera fijación de las 8 que deben darse en su administración, en el ámbito de los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía. ¡Llegó el momento de su “prueba de fuego”! Tres alternativas tiene a su disposición:

1) Darle su aprobación a la injusta y egoísta propuesta empresarial, mandando así una clarísima señal de cuál será la naturaleza esencial de su gestión gubernativa, lo que evidenciaría que el tal “cambio” fue únicamente una exitosa estrategia de propaganda electoral.

2) Darle su aprobación a la propuesta sindical, por ejemplo, la del 4.12 % que la ANEP y otras entidades sindicales sensatas estamos respaldando, enviando así una poderosa señal de que en su gestión la política salarial es componente esencial para reducir la desigualdad y potenciar la capacidad adquisitiva del salario para incrementar el papel del mercado interno en la reactivación de la economía. Además, mostraría el nuevo gobernante que comprende bien que quien le llevó a la Presidencia fue, en esencia, el voto obrero, pues abrumadoramente los grandes segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada, de los sectores privado y público, le hicieron ganar la segunda ronda electoral.

3) La tercera alternativa es mostrar una enorme capacidad de gestión de consenso para que haya un acuerdo tripartito en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS) y que haya un acuerdo empresarios-sindicatos con el voto gubernativo, por una propuesta mucho más decente y justa que el repugnante 1.33 % propuesto por la UCCAEP.

Desde un principio indicamos que esta fijación salarial, por ser la primera de la Administración Solís Rivera, representa una “prueba de fuego”. ¡Acertamos! En próximas horas constataremos la realidad del comportamiento gubernamental en un tema de tanta sensibilidad para la clase trabajadora asalariada del sector Privado.

Choferes de taxi solicitan Garantías Sociales a los dueños de placas de taxi

La nueva Seccional ANEP-Choferes de Taxi Organizados, se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para solicitar su ayuda e intervención, ya que actualmente a estos no se les reconoce ninguna de las Garantías Sociales a la que tiene derecho los trabajadores.

Así lo explicó César Alvarado Ramírez, Presidente de la Seccional ANEP-Choferes de Taxi Organizados, quien indicó que actualmente los dueños o concesionarios de las placas de taxi no ofrecen aguinaldo, vacaciones, días libres, seguro social y riesgo del trabajo a los choferes de taxi, esto último, pese a ser una profesión bastante peligrosa; por lo que buscan la intervención del MTSS.

“Este interés de reunirnos con el Viceministro de Trabajo, fue para hacerle conocer de algunos problemas que hemos tenido durante años, en cuanto a la relación laboral de los empleados de taxi con los concesionarios, que nos evaden diversas garantías sociales. No nos cubre ningún tipo de garantía, por ejemplo si somos despedidos, ya que no nos reconocen cesantías, aguinaldos, ni nada por el estilo; para logar esto debemos llevar un largo proceso judicial que tarda años. Incluso eso nos obliga a llegar a conciliaciones”, manifestó Alvarado.

Según Alvarado, lo que buscan con este primer acercamiento con las autoridades del Ministerio de Trabajo, es poder establecer un mecanismo que permita ejercer mayores controles sobre las responsabilidades de los concesionarios de taxi hacia los choferes de este transporte público, incluso para que el día de mañana puedan optar por una pensión.

Un ejemplo claro de esta situación, es la que vive Victoriano Morales Bonilla, quien tiene 20 años de ser chofer de taxi, sin embargo hace cuatro meses se le detecto un cáncer en su columna vertebral por lo que fue incapacitado de por vida, no obstante no cuenta con un seguro que le permita seguir adelante, además que no recibió ninguna retribución por parte de su concesionario de taxi.

Ante esta situación y el panorama que viven miles de choferes de taxi, que diariamente salen a la calle a ganarse el sustento diario y, además, deben de pagar una cuota diaria para el uso del vehículo, sin recibir ninguna clase de Garantía Social, es que el MTSS se comprometió a realizar una intervención sobre el tema con el Concejo de Transporte Público (CTP) en busca de normalizar esta situación.

Otro de los planteamientos realizados por la cartea de trabajo, fue la utilización de inspectores, que junto a la Seccional verificarán en las paradas de taxi, si los concesionarios cumplen con el seguro social y otros beneficios para con sus choferes.

Saloneros buscan rápida aprobación del reglamento del 10%

La Seccional ANEP-Saloneros se reunió este lunes por la mañana con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en barrio Tournon, para instar a esta cartera a la pronta aprobación del reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” conocida como “la ley de las propinas o 10%”, que viene a establecer diversas normas en beneficio de las y los saloneros del país.

Ricardo Moreno Niño, Presidente de la Seccional ANEP-Saloneros, indicó que el gremio necesita la pronta aprobación del reglamento, ya que esto vendría a establecer una herramienta de suma importancia, para así acabar con tanto abuso que deben de soportar los saloneros, por el manoseo de los patronos sobre el 10%, el cual es exclusivo de los saloneros.

Dicho reglamento fue lanzado a consulta popular, el pasado 6 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta, y entre las principales disposiciones aclara la naturaleza no salarial de la propina, a la vez que determina como esa propina debe de ser distribuida equitativamente entre los empleados del establecimiento, en aquellos casos donde el servicio de mesa sea brindado por más de un colaborador.

Además, la normativa establece que el monto total de la propina debe ser entregado y puesto a disposición de los saloneros, por lo que el patrono no puede imponer o hacer uso de ese dinero.

Otra de las aclaraciones que registra el nuevo reglamento es que el patrono o dueño del establecimiento no puede realizar ninguna deducción ni carga económica a la propina.

Moreno manifestó, que la reunión también fue aprovechada para entregar una nueva lista con los establecimientos que están incumpliendo o haciendo un uso indebido del 10%.

“El Ministerio se van encargar de realizar la inspección para verificar que estos restaurantes están incumpliendo la ley, se va hacer la vista a los restaurantes que aparecen en la lista, unidad a la que ya habíamos entregado el año anterior”, dijo Moreno.

La lista está conformada por cerca de 200 restaurantes, nombres que la ANEP dará a conocer próximamente en conferencia de prensa a la opinión pública.
De ser aprobado el reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” se estaría beneficiando a más de 115 mil personas en todo el territorio nacional que dependen de esta actividad.