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Pedimos intervención gubernamental en el PANACI

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San José, viernes 23 de mayo de 2014.

Honorables
Señores y señoras
Ministros y ministras de Estado
Consejo de Gobierno
República de Costa Rica
CASA PRESIDENCIAL

Estimados señores ministros y estimadas señoras ministras:

Reciban sus dignas autoridades un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De manera respetuosa solicitamos su intervención de gran urgencia, a fin de que se resuelvan varias anomalías que se están cometiendo en el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), específicamente contra las personas trabajadoras de esta institución.

PANACI fue creado en 1957 bajo la Ley No. 2171. Podría decirse que es la institución más pequeña del Estado costarricense pues cuenta con 10 trabajadoras y trabajadores. Tiene una junta directiva compuesta por 7 personas, integrada por un representante del Ministerio de Salud (que en este momento es el señor José Pablo Montoya), un representante del Ministerio de Educación Pública (la señora Celia Jiménez), una representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (la señora Esmirna Sánchez), una representante de la CCSS (la señora Marlene Agüero), una representante del Colegio de Médicos (señora Marjorie Harley); así como dos representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, señores Olman Ugalde y Francisco Rodríguez Gutiérrez. Esta directiva tomó posesión de sus cargos el 7 de febrero de 2013 y desde entonces han sumido a la institución en un caos cuyo culmen ha sido la usurpación del puesto de la Directora hecho por el Presidente de la Junta Directiva, señor Francisco Rodríguez Gutiérrez. Este señor también ocupa actualmente el puesto de Presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).

Hechos sobre acuerdos o instrucciones de beneficio directo para la Junta Directiva

1. El acuerdo JD-343-14 hizo posible que a partir del 30 de abril de 2014, el señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, Presidente del PANACI, ocupe el puesto de Director a. í. de la institución, ya que la directora se encargará de preparar los documentos solicitados por la Contraloría General de la República, informe DFOE-SOC-IF-03-2014. En el mismo nunca se indica que la Directora debe dedicarse a tiempo completo. Este es el pretexto para que la Junta Directiva co-administre, nombrando a un Director a. í. en una plaza ocupada y sin tener requisitos necesarios para ese puesto. Desde el 30 de abril del año en curso, momento en que se comunicó el acuerdo a todo el personal, el señor Rodríguez Gutiérrez asumió como Director y solicitó el consecutivo de oficios para que la Directora no pudiera mandar oficios. El pretendía tomar las decisiones y que ella siguiera firmando. Como ella se negó a firmar boletas de caja chica y cheques, el señor Rodríguez fue al banco y eliminó la autorización para la firma de cheques de la señora Leticia Hidalgo Ramírez, siendo que hay un acuerdo que indica que hay tres firmas autorizadas: la del Presidente, Tesorero y Directora.

Dado lo anterior, el señor Rodríguez Gutiérrez se autoriza a si mismo las boletas de caja chica para alimentación y se compra no solo almuerzo, sino helados y otras cosas. Aunque el acuerdo dice que el puesto lo ejerce ad honoren solicita desayuno, almuerzo, transporte en autobús de Grecia a San José, taxi de la parada del autobús al Patronato y viceversa, lógicamente esos rubros le demanda a la institución un gasto de ¢12.300 diarios lo cual suma ¢319.800 mensuales. Al respecto la Directora le puso a la Junta Directiva un Recurso de Amparo, el cual fue admitido y la reintegra a su puesto mientras se resuelve.

2. El acuerdo JD-068-13 le da a la Junta Directiva prioridad absoluta sobre el uso del único vehículo que tiene la institución, sin embargo, al ser el único vehículo y ante la falta de planificación de la Junta Directiva, afectan el proceso normal de la institución, ya que ellos no tienen días fijos de reuniones y por lo general las comunican con un día de anticipación; esto hace se afecte a las personas trabajadoras que siguen los procedimientos de control interno establecidos para el uso del vehículo. El acuerdo también indica que la Junta Directiva puede hacer solicitudes a los funcionarios y funcionarias de diversa índole cuando así lo desean, no obstante, lo hacen con dos o tres días de plazo afectando la programación del cumplimiento de metas y otros requerimientos por parte de los entes de control del Estado, pues hay un exceso de solicitudes con plazos muy cortos que a veces se yuxtaponen, pues sin que concluya el plazo de cumplimiento de una solicitud, solicitan otra.

3. El acuerdo JD-276-14, que le brinda servicio de taxi a las personas integrantes de la Junta Directiva para acudir a las sesiones y otras actividades cuando no se les pueda brindar transporte con el vehículo institucional pero en la práctica, aunque el acuerdo indica que es cuando el vehículo no puede cubrir el servicio, lo hacen siempre que lo deseen, sin consultar si el vehículo está disponible o no. La boleta de caja chica, para la solicitud es aprobada por un mismo miembro de Junta Directiva, el señor José Pablo Montoya, quien funge como tesorero y por la contadora, esto riñe con el Reglamento de Caja Chica aprobado por Tesorería Nacional en donde dice que las boletas deben ser aprobadas por la Directora y por la contadora de la institución.

Lo anterior, refleja a todas luces un abuso que se ha venido dando por parte del señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, Presidente de la Junta Directiva con aprobación del Tesorero señor José Pablo Montoya. Aunado a lo anterior, nos parece importante señalar que el señor Rodríguez Gutiérrez vive en Grecia pero su hijo vive en Alajuelita, por lo que solicita taxi del PANACI a Alajuelita y de Alajuelita a San José y el pago del autobús a Grecia; esto sucede siempre que él lo solicite ya sea que asista a la institución haya reunión o no.

4. De igual manera, el señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, Presidente de la Junta Directiva da una instrucción a la Directora con la instrucción, fechada 8 de enero de 2014, para que se tomen las medidas del caso para brindar almuerzo a las personas que integran la Junta Directiva; práctica que debe darse únicamente cuando hay sesión de Junta Directiva, sin embargo, en la práctica eso no es así, se les brinda almuerzo hay o no sesión de Junta Directiva y se encuentren en la institución para la hora de almuerzo.

Hechos que afectan directamente a la población con Discapacidad Visual

1. No obstante, que las actas son documentos públicos, la Junta Directiva las mantiene como documentos privados, es decir hay que enviar una carta a la Junta Directiva y ésta decide cuando darlas, en algunos casos varios meses después. Esto fue denunciado por la Directora de la institución tanto a la Fiscal de la Junta Directiva como a la Auditoría del Ministerio de Salud, también fue denunciado por personas con discapacidad visual a la misma Auditoría sin que a la fecha los denunciantes hayan recibido respuesta.

2. Mediante los siguientes acuerdos se eliminan accesos para la población con discapacidad visual:

Acuerdo JD-056-13 elimina acceso a todo el material Tiflotécnico, que es toda tecnología adaptada para la población de personas con discapacidad visual, tales como relojes parlantes, bastones, regletas, punzones, guías de firmas, tarjetas de taxi, medidores de líquidos, etc. y afectó también el apoyo que la Asociación PROPANACI brindaba a los programas de capacitación con el financiamiento del trasporte, instructores y alimentación.

Acuerdo JD-061-13, debilita el movimiento organizativo al desarticular la Coordinadora de Ciegos de Costa Rica.

Acuerdo JD-070-13, quita el acceso al café internet adaptado que por años prestó servicio los días sábado.

Acuerdo JD-252-2013, suspende la realización de actividades de capacitación dentro de las instalaciones del Patronato, con lo cual los funcionarios y funcionarias deben buscar otros sitios lo cual no favorece la ubicación de las personas con discapacidad visual.

Hechos en que la Junta Directiva interfiere directamente en la administración de la institución

1. En el Patronato solo hay una secretaria y ella es además la encargada de la atención del público, sin embargo, la Junta Directiva desde que inició labores ha querido que ella labore tiempo completo para ellos y utilizan sus labores como ellos desean por lo que han tomado muchos acuerdos al respecto, siendo el último el Acuerdo JD-246-13, en el cual se indica que la secretaria apoyará todos los días de sesiones ordinarias y extraordinarias, los días martes y viernes y cualquier otro día que el Presidente lo indique además de destinar 3 horas semanales a trabajar en lo relativo al archivo central. Como el acuerdo indica que el Presidente adicionará otros días, facilita que él hace las solicitudes a veces el mismo día y otras el día anterior, sin tomar en cuenta los requerimientos institucionales.

2. Por medio de la resolución 02.2014 la Junta Directiva reinstala en su puesto, nombra en propiedad a la señora Victoria Velázquez y ordena el pago de los salarios caídos.

Sin embargo, debido a su desempeño poco óptimo la Directora decide no renovarle el contrato de trabajo, por lo que la señora Velásquez presenta apelación a la decisión de la Dirección e interpone un Recurso de Amparo el 3 de marzo de 2014, según expediente 14-002703-0007-CO. La Sala Constitucional emite Resolución 2014003905, con fecha 19 de marzo de 2014 que declara sin lugar el Recurso y avala la actuación de la Dirección. No obstante, a lo anterior y a pesar de que la resolución de la Junta Directiva es un acto ilegal pues no es el órgano a quien le compete hacer nombramientos tal como está estipulado en el artículo 104 de la Ley General de la Administración Publica, el señor Francisco Rodríguez Gutiérrez firma la acción de personal de la señora Victoria Velázquez, con fecha de 13 de mayo 2014 retroactiva al 1 de abril con el fin de le sean pagados dichos salarios a la señora Velázquez sin laborar.

Estos y otros muchos acuerdos ha tomado la Junta Directiva que han mantenido a la institución detenida y algunos la han hecho retroceder, de todo ello hay pruebas y solicitamos el cambio total de las personas integrantes de la Junta Directiva pues todas han sido cómplices de la actuación del Presidente, la cual pareciera que se podría catalogar como abuso de poder, acoso laboral, falta al deber de probidad en la función pública y otras.

No omitimos manifestar que todos los acuerdos mencionados en esta carta, se anexan a la misma.
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ANEXOS DEL OFICIO S.G. 13-17-0601-14

ACUERDO JD-056-13: Instruir a la Dirección Ejecutiva del Patronato Nacional de Ciegos, con copia a la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, para que saque de toda ejecución de actividades relacionadas con la Asociación Pro Patronato Nacional de Ciegos a los funcionarios (as) de dicha institución, a partir del día lunes primero de abril de 2013, hasta tanto no exista convenio aprobado por esta Junta Directiva y refrendado por la Contraloría General de la República. Acuerdo firme.

ACUERDO JD-061-13: Derogar el acuerdo 6, de la sesión 809 del 03 de septiembre del 2009, donde se nombra a la señora Leticia Hidalgo Ramírez como representante titular ante la Coordinadora Costarricense de Ciegos y el acuerdo 6, de la sesión 856, del 03 de mayo del 2012, en el cual se nombra a la señora Ileana Chacón como representante suplente del Patronato Nacional de Ciegos ante esa misma instancia.

Además, separar al Patronato Nacional de Ciegos de toda participación en esa Coordinadora a partir del día 5 de abril del 2013, debido a que la misma no es un ente legal debidamente constituido y por ende nuestra participación violenta el principio de legalidad. Pese a lo anterior, la Junta Directiva apoyará a las Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual, que constituyen la coordinadora, para que continúen con sus proyectos. Acuerdo firme.

ACUERDO JD-068-13: En relación a las instrucciones que en lo sucesivo gire la Junta Directiva o la Presidencia deberán ser acatadas de la siguiente manera:

a. En relación al rol del vehículo tendrá prioridad sobre cualquier solicitud de la administración.

b. En cuanto a otras actividades inherentes a la labor de la Junta Directiva, las mismas deberán ser acatadas de manera inmediata.

c. La coordinación se realizará con cada funcionario encargado del área respectiva de lo cual se le enviará copia a la Dirección Ejecutiva tan sólo para su información.

ACUERDO JD-070-13: Con fundamento en el informe solicitado por la Junta Directiva y rendido por la señorita Marbellys Martínez del área de informática, sobre el uso del laboratorio de cómputo (café internet) los días sábados y la ínfima cantidad de usuarios que utilizan este servicio. Además de no contar con presupuesto para el pago de horas extras, y que esta situación genera horas de reposición a los funcionarios de la institución, hecho que es de conocimiento de la Administración; y que en este momento también por parte de este Órgano Colegiado y que las mismas son ilegales, esta Junta Directiva acuerda:

a. A partir del 20 de abril del 2013 no se ofrecerá más este servicio los días sábados.

b. Derogar cualquier acuerdo que se le oponga a éste, concerniente al servicio de café internet los días sábados.

ACUERDO JD-246-13: Dejar sin efecto el acuerdo JD-202-13, por cuanto las circunstancias que mediaron para tomar la medida provisional, en este momento ya no se encuentran presentes. Para lo subsiguiente y de manera inmediata la Colaboradora Karla Mejías va a prestar sus servicios de la siguiente manera:

a) Brindar apoyo a la Junta Directiva en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias.

b) Destinar los días martes y viernes para trabajar en forma exclusiva con asuntos del Órgano Directivo, iniciando a partir de las nueve horas.

c) En caso de que se requiera algún día adicional de trabajo a lo señalado en el inciso b, con asuntos relacionados con la Junta Directiva, el presidente lo comunicará oportunamente.

d) Destinar al menos tres horas semanales para subsanar los incumplimientos detectados por la Dirección General del Archivo Nacional desde el año 2003.

e) La sustitución de la Colaboradora se hará de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control Interno del Patronato.
ACUERDO JD-252-13: Suspender todas las actividades y capacitaciones que se efectúan en las instalaciones del Patronato, hasta que la administración rinda informe con relación a la investigación solicitada, en la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva del mes de noviembre. Acuerdo firme.

ACUERDO JD-276-14: Instruir a la Directora Ejecutiva para que a partir de la comunicación de este acuerdo, en el momento en que el chofer no pueda facilitar el traslado a los miembros de Junta Directiva, representantes de Organizaciones de Personas Ciegas, para asistir a las sesiones del Órgano Directivo o cualquier otra actividad que se les delegue en representación del Órgano, el Patronato cubrirá los gastos de su desplazamiento, el monto correspondiente al servicio público modalidad taxi, lo anterior como un servicio de apoyo para que puedan ejercer su participación activa en la toma de decisiones institucionales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, artículos 1, 2 y 5, además de lo estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), todo bajo la estricta observancia de la razonabilidad de los gastos respectivos. Para los efectos de cumplir con el trámite, se designa al señor José Pablo Montoya, en su calidad de Tesorero de la Junta Directiva y a la señora Yamileth Espinoza, Contadora de la institución, para la firma de la boleta respectiva.

ACUERDO JD-333-14: Designar a la señora Leticia Hidalgo, Directora, para que se dedique a tiempo completo y de forma exclusiva a partir de la comunicación del presente acuerdo, dedicándose a cumplir con todas y cada una de las indicaciones emitidas por la Contraloría General de la República, en el informe número DFOE-SOC-IF-03-2014. Lo anterior con la salvedad de que:

1) Que tenga que resolver algún asunto financiero o de proveeduría de la institución en donde se requiera la firma de la señora Hidalgo.

2) Que tenga que resolver en forma personal por alguna actuación suya en donde no se le pueda sustituir.

3) Que tenga que atender asuntos adicionales específicos designados por la Junta Directiva.

Ante estas excepciones, deberá comunicarlo al presidente de la Junta Directiva para su aprobación y se podrá sustraer temporalmente de esta especial y provisional función.

ACUERDO JD-343-14: Nombrar al señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, como director a.í. del Patronato Nacional de Ciegos, a partir de la comunicación del presente acuerdo hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce inclusive, para que asuma la dirección de la Institución, tomando en consideración que esta Junta Directiva, ya destinó a tiempo completo a la señora Leticia Hidalgo Ramírez, para que atendiera todos los requerimientos de la Contraloría General de la República, contenidos en el informe No. DFOE-SOC-IF-03-2014 de 21 de febrero 2014.

Por tanto y considerando que la Institución no cuenta con recursos económicos suficientes para contratar a una persona que asuma la Dirección por este periodo de tiempo y que es una urgencia que el Patronato continúe con sus planes de trabajo, como medida temporal se designa de forma ad honorem como director a.í. del Patronato Nacional de Ciegos, al señor Rodríguez Gutiérrez. Para el cumplimiento del presente acuerdo únicamente la institución cubrirá el transporte y alimentación durante el tiempo que desempeñe la dirección en forma interina.

Instrucción 8 de enero: Para este jueves 09 de enero habrá sesión de Junta Directiva, para lo cual se le solicita que coordine lo pertinente para que se tenga el respectivo desayuno (refrigerio) y almuerzo para los miembros del Órgano Directivo, así como en todas las sesiones que se celebren en el resto del año. Cualquier consulta estoy a la disposición. Saludos,

FRANCISCO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Presidente Junta Directiva
Patronato Nacional de Ciegos

Resolución 02- 2014 (Conclusiones)
POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS RESUELVE:

Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho citadas en la presente resolución, la Junta Directiva resuelve:

1- Que en el presente caso no se brindó el debido proceso a la colaborado Victoria
Velásquez Pastrán para que hiciera una efectiva defensa de sus derechos.

2- Que no se cumplen ninguno de los preceptos para efectuar el cese de un funcionario interino

3- Consta que la colaboradora Velásquez Pastrán aprobó el periodo de prueba establecido en el artículo 3 del Reglamento Autónomo de Trabajo.

4- Que fue desproporcionado e irrazonable el tiempo utilizado por la directora Hidalgo Ramírez para resolver el recurso de revocatoria.

5- Que para resolver el recurso de revocatoria incumple con las garantías básicas que se exigen en este caso, se extralimita en sus funciones al resolver en nombre de la Junta Directiva, sin estar esto potestado por Ley.

6- La colaboradora Velásquez Pastrán supera el año de servicio para la institución, ya que es despedida oficialmente hasta el 28 de marzo de 2014, cuando ya había transcurrido más del año de labores.

7- Por todo lo anterior, y con las atribuciones que la Ley 2171 otorga a la Junta Directiva se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la colaboradora Victoria Velásquez Pastrán y ordena su nombramiento en propiedad, ya que los argumentos emitidos por la directora Hidalgo Ramírez no fueron justificados, y se aprecia que más bien con su actual directora eventualmente se ha puesto en riesgo a la institución. Se le ratifica en el puesto y se le reconoce el derecho a recibir todos los salarios caídos que no se le hayan cancelado por el cese irregular que se hizo de su nombramiento. La señora Victoria Velásquez se deberá integrar de inmediato a sus labores.

Es todo notifíquese a señora Victoria Velásquez Pastrán, a la señora Leticia Hidalgo Ramírez y archivo.
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Llega la Tasa Robin Hood a Europa

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La Internacional de Servicios Públicos celebra la buena noticia del acuerdo alcanzado por diez países de la UE para la introducción de una Tasa a las Transacciones Financieras — también conocida como la ‘Tasa Robin Hood’. La ISP y sus afiliadas se enorgullecen de encabezar, junto a sus aliadas de la sociedad civil, el movimiento mundial en defensa de la justicia fiscal, en el cual se enmarca la campaña por la FTT, como medio de poner fin a la pobreza y a las desigualdades a través de la financiación de los servicios públicos de calidad.

David Hillman, coordinador de la campaña asociada “Stamp Out Poverty” (Erradiquemos la pobreza) comparte el siguiente informe:

Gracias a un acuerdo histórico, diez Estados acordaron introducir una Tasa a las Transacciones Financieras (FTT, sus siglas en inglés) tras un encendido debate durante la reunión de ministros europeos de Finanzas, el 6 de mayo. George Osborne se estremeció al conocer la decisión de estos países, encabezados por Alemania y Francia, de introducir por fases la aplicación de la FTT, empezando por las acciones y algunos derivados, para comenzar a recibir ingresos el año próximo.

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, tomando la palabra durante la sesión, transmitida por televisión, hizo referencia explícita al amplio respaldo que la ciudadanía europea da la FTT. Prueba de ello, informó a los ministros, era la movilización a favor de la Tasa Robin Hood que estaba teniendo lugar en el exterior para la prensa allí reunida. Como símbolo de la victoria de Robin Hood, los activistas instalaron un ring de boxeo en el que Robin acorralaba contra las cuerdas a un banquero, bajo los vítores de la multitud; aunque Robin no llegaba a alcanzar el premio del dinero, que seguía en manos de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés, François Hollande.

Esta representación simboliza a la perfección el punto en el que se encuentra la campaña: A pesar del gran paso adelante que supone el acuerdo político alcanzado por los diez países de la UE, aún queda mucho trabajo por delante para traducir esta tasa en “gastos Robin Hood” que sirvan para proteger los puestos de trabajo, impulsar el empleo y mejorar y salvar las vidas en los lugares más pobres del mundo.

El sí de Alemania, Francia, Italia y España, entre otros, ha impulsado la nueva tasa, pero ¿qué hay del Reino Unido? El comportamiento de nuestro gobierno nos resulta deprimentemente negativo — presentó un recurso contra la decisión de estos países pioneros, en un intento de frenar la FTT. Afortunadamente, acaba de perder una batalla, ya que el Tribunal Europeo de Justicia desestimó el 30 de abril el recurso presentado por el Reino Unido, y allanó el terreno al histórico avance logrado la semana siguiente. Se trata de un enorme y embarazoso revés para el ministro Osborne y una reprimenda por defender los intereses del sector financiero por encima de los intereses de la Gran Bretaña en su conjunto. El recurso, además de inoportuno, mal calculado e infructuoso, resultará también un gasto enorme para los contribuyentes, ya que el tribunal europeo dictaminó que el Reino Unido deberá pagar las costas del caso.

Aunque el ministro de Hacienda del Reino Unido se oponga a Robin, muchas, muchas personas lo apoyan:

Juntos, ¡conseguiremos que este sea el impuesto más popular de la Historia!

Como una bola de nieve, cada vez son mayores los apoyos a la Tasa Robin Hood: entre la ciudadanía y los ayuntamientos británicos; entre los expertos financieros; a ello sumamos el fracasado intento del gobierno británico de bloquear su avance; y el respaldo de diez países europeos a la primera fase de la FTT. No obstante, aún queda mucho por delante hasta materializar el impuesto por el que estamos luchando.

Necesitamos lograr una tasa lo más firme y con el mayor alcance posible en Europa. Tenemos que conseguir que cubra tantos productos financieros como sea posible y que carezca de lagunas legales por las que se cuele el sector financiero. También necesitamos lograr que el dinero se dirija a los lugares correctos, es decir, que se destine a la protección de los empleos y de los servicios públicos; que sirva para responder a los compromisos en materia de agua potable, salud y educación de los países en desarrollo; y para combatir los problemas derivados del cambio climático. También necesitamos aprovechar el avance de la FTT en el continente europeo para cambiar los corazones y las mentes en el Reino Unido y persuadir a los partidos políticos, en el periodo previo a las elecciones generales de mayo del próximo año, que este es el momento de aplicar la Tasa Robin Hood.

Ayúdenos a reunir un millón de voces reclamando la Tasa Robin Hood — hasta ahora hemos conseguido 700 000 firmas. Por favor, pidan a dos personas que conozcan que firmen la petición, para que podamos transmitir a los medios de comunicación de todo el planeta que la Tasa Robin Hood será el impuesto más popular de la historia. Si nos ayudan, ¡lo lograremos!.

Apoyamos a los educadores, sin embargo no asistiremos a paro nacional

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), decidió en el seno de su Junta Directiva Nacional y en sus bases sindicales, que no estará presente en el paro nacional que se realizará este viernes, sin embargo externa todo su apoyo a las y los educadores que han sido afectados por la crisis salarial.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que nuestra organización ha apoyado el movimiento de educadores desde un inicio, ya que lo vemos con simpatía, lo consideramos justo, necesario y merecedor de todo el respaldo ciudadano, popular y sindical, sin embargo el apoyo “material” no se dará este viernes.

“Para brindar (a las y los educadores) un apoyo material realmente efectivo, consistente y de impacto va más allá de una mera declaración, de sacar un estandarte, de llevar una bandera o hacer una pancarta. Dadas las condiciones en que se generó el evento de este viernes, no habrá grupo laborales que la ANEP representa en la calle; ya que para una organización grande como la nuestra la logística operativa, el desarrollo de la organización para la movilización y sobre todo la interiorización en las mentes de nuestros representados sobre la importancia de estos movimientos no lo podemos resolver en 24 o 48 horas”, manifestó Vargas.

Ante este panorama, la ANEP no quiere engañar a los educadores y las educadoras diciéndoles que tiene un respaldo concreto con paralización de labores, servicios públicos e instituciones que nuestra organización representa, “ya que eso no es cierto, no estaría para mañana (viernes)”.

Cabe recordar, que la ANEP realizó una propuesta de pago a los educadores con crisis salarial por intermedio de los bancos, “y estamos muy contentos de que el Gobierno de la República en esencia acogiera nuestra propuesta”.

“Si bien es cierto, la propuesta acogida por el Gobierno, no resuelve el problema completamente, porque es más complejo, abre la posibilidad de que se resuelvan las situaciones de gran emergencia económica y socio familiar; para que los educadores pueden honrar deudas y adquirir alimentos. Esto después permitirá que ambas partes se sienten en plenitud de tranquilidad a buscar la situación integral al problema”, finalizó Vargas.

Vitoreamos el nuevo reglamento para propinas de saloneros

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Saloneros, celebran la aprobación del reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” conocida como “la ley de las propinas”, que viene a establecer diversas normas en beneficio de las y los saloneros del país.

Dicho reglamento entró en vigencia el pasado 6 de mayo, al ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta y entre las principales disposiciones aclara la naturaleza no salarial de la propina, a la vez que determina como esa propina debe de ser distribuida equitativamente entre los empleados del establecimiento, en aquellos casos donde el servicio de mesa sea brindado por más de un colaborador.

Además, la normativa establece que el monto total de la propina debe ser entregado y puesto a disposición de los saloneros, por lo que el patrono no puede imponer o hacer uso de ese dinero.

Otra de las aclaraciones que registra el nuevo reglamento es que el patrono o dueño del establecimiento no puede realizar ninguna deducción ni carga económica a la propina.

Ricardo Moreno Niño, Presidente de la Seccional ANEP –Saloneros, indicó que están muy satisfechos y celebrando este logro de una lucha que arrancó desde el 2012, y que ahora beneficiará a más de 115 mil personas en todo el territorio nacional que dependen de esta actividad.

“Las cámaras intentaron realmente quitarnos nuestro salario y dejarnos solo el 10% (propinas) como salario, pero en ningún momento eso se establece en ninguna ley. Nos quisieron enredar y abusaron por nuestro desconocimiento a la ley, Junto a la ANEP hemos defendido lo que muchos no se atrevieron, porque los empresarios han utilizado artimañas muy bajas humillando, presionando e intimidando a la gente por la falta de necesidades de trabajo”, manifestó Moreno.

Moreno agregó, que el cambio es radical, ya que ahora la ley con el nuevo reglamento está completamente a favor de los y las saloneros del país. “Aquí no hay vuelta de hoja, La Ley es concisa es únicamente para saloneros y saloneros en la defensa de ese 10% que ahora es intocable. Según nuestros cálculos este genera por mes a nivel nacional entre 8 a 10 millones de dólares y se lo estaban quedando los empresarios de este país, pero ahora va ser distribuido como se debe y equitativamente”.

Dentro de las nuevas disposiciones, también destaca los plazos durante los cuales se deben de cancelar los dineros por concepto de propinas, lo que dependerá de la forma de pago del cliente. Por ejemplo de ser en dinero en efectivo este deberá ser entregado en un plazo de una semana, si el pago es realizado con tarjeta de débito o crédito el plazo para entregar el 10% al salonero será de un mes.

Así mismo, es importante destacar que el nuevo reglamento ordena a los patronos a establecer de común acuerdo con sus empleados (saloneros), un sistema de control de las propinas que se generen a favor de cada trabajador, Además los saloneros y saloneras, así como las autoridades respectivas podrán solicitar al empleador un informe de dicho control.

Según indicó el Presidente de la Seccional ANEP-Saloneros la única modificación que solicitarán al nuevo reglamento es en el concepto de las barras, con el objetivo de que los barteder reciban este reconocimiento, ya que en muchos restaurantes y bares se cobra ese 10% en las barras, pero se lo quedan los empresarios.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados invitamos a todos los y las saloneras de este país a denunciar en nuestras instalaciones si sus patronos no estén cumpliendo con esta nueva normativa, que entró en vigencia desde el pasado 6 de mayo del 2014.

Celebramos que el Gobierno acogiera la propuesta de la ANEP

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebra que el Gobierno de la República acogiera esta tarde la propuesta realizada por nuestra organización para que los bancos estatales se encarguen de solventar el pago salarial que afecta a miles de educadores en todo el país.

Dicha propuesta titulada: “La banca estatal puede ayudar a resolver la huelga magisterial” fue formulada por la ANEP a la opinión pública el pasado 14 de mayo y difundida en diversos medios de comunicación del país.

La propuesta generada desde nuestra organización establecía que: El Gobierno de la República declara Emergencia Nacional la situación de atrasos en el pago de salarios a los educadores, facultando a los bancos del Estado, en particular al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco de Costa Rica (BCR), a tomar los recursos necesarios para realizar los pagos a los educadores a partir del lunes 12 de mayo.

El MEP y los bancos implementarán de forma inmediata los mecanismos de emergencia que permitan en las próximas 48 horas hábiles, habilitar en todas las sucursales de dichos bancos en el país un proceso especial de pago de los salarios atrasados de educadores que laboran para el MEP en todo el país y que se presenten a dichas oficinas con los documentos que se indicarán.

Para agilizar todos los procesos administrativos y corresponder a la brevedad con los pagos de salarios atrasados a los educadores, los Bancos indicados operarán con recursos propios ante la emergencia declarada.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que nuestra organización venía planteando esto hace bastantes días, presionando al respecto y le alegra mucho que el Gobierno tomara cartas en el asunto, “usando su poder de imperio y la magnitud de capital político con que entró” para lograr el acuerdo de esta tarde con la Asociación Bancaria Costarricense, que permite a los educadores presentarse en ventanilla con una constancia del Ministerio de Educación Pública para retirar el salario adeudado.

“La primera satisfacción que uno siente es con las y los compañeros educadores que han estado sufriendo días, horas y minutos de tensión porque nos les llegaba su platita, eso nos hace sentir bien”, manifestó Vargas.

Sin embargo, el Secretario General de la ANEP, fue más allá e indicó que esta decisión a partir de la propuesta de la ANEP deja en el aire una serie de dudas que necesitan ser transparentadas a la brevedad.

“Sería importante, sí esta decisión a partir de la propuesta de la ANEP, no deja la gran interrogante de: ¿Cuál es la magnitud del daño tecnológico que se causó?, porque si el Gobierno está tomando esta decisión podría mandarnos a decir que el daño puede tardar mucho en ser reparado. Pero además, sería importante que el Gobierno también nos diga transparentemente si hubo aquí una empresa privada, cómo se llama esa empresa privada, cuánto costo esa asesoría y cómo se licitó. Además, cuáles son las responsabilidades a seguir en que caso de que una empresa privada este metida en semejante problema”, finalizó Vargas.

La Uccaep y la RPL

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El gran empresariado que se aglutina en la entidad de negocios denominada Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), lanzó una especie de “amenaza” contra varias personas legisladoras del actual Parlamento que acaba de empezar su período constitucional; dada la posibilidad de que la Reforma Procesal Laboral (RPL) se convierta, de una vez por todas, en Ley de la República, al levantarse el veto que infamemente le interpuso la anterior mandataria Laura Chinchilla Miranda, ahora “desahogada” de su responsabilidad presidencial, como ella mismo lo dijo.

Como sabemos, la RPL fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa y recibió en las dos obligadas votaciones constitucionales que se exigen para que un proyecto sea Ley de la República, mayorías de lujo (44 y 40 votos, respectivamente).

Hemos venido planteando, de manera reiterada, que existe suficiente base legal, activa jurisprudencia y gran soporte ético-moral para levantar ese, repetimos, infame veto. Se lo hemos venido solicitando insistentemente, con respeto pero con vehemencia, al actual señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Sin embargo, él optó por otro camino político, relacionado con la elección del actual directorio legislativo, en especial, la del ahora presidente del parlamento, don Henry Mora Jiménez; con base en lo que al respecto pactó con la fracción diputadil del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); no así con la del Partido Frente Amplio, cuyos integrantes nos negaron que hayan tenido algo que ver con el plazo de hasta un año para materializar el levantamiento de tal veto presidencial, si no pasa nada en ese plazo en la actual Asamblea Legislativa con relación a la RPL. Pensamos que en tal marco de condiciones, es importante anotar lo siguiente: a) La Uccaep no tiene autoridad moral para objetar la RPL porque le dio su respaldo político al inicio y hasta firmó el acuerdo que viabilizó su aprobación legislativa. b) La RPL es un compromiso-país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No puede Costa Rica deshonrar más el mismo, a no ser de que tanto la Uccaep como el actual Gobierno, decidan que nos “desafiliemos” de este prestigioso ente global del Trabajo. c) La RPL está en estricto apego a toda la normativa internacional firmada por el país en materia de Derechos Humanos. d) De manera perversa, la prensa afín al gran capital neoliberal insiste en que la RPL “legaliza” la huelga en los servicios públicos esenciales. Todo lo contrario: la regula, posibilitando que nunca prive la deshumanización a la hora de que la ciudadanía usuaria de los mismos se enfrente a su paralización laboral.

Nosotros también hemos de estar vigilantes del acuerdo entre el PAC y el PUSC, aunque no lo compartamos, en eso de dar plazo de hasta un año para quitarle el veto presidencial a la RPL, si no hay acuerdo intraparlamentario al efecto. ¿Acuerdo en qué?, nos preguntamos.

Desde nuestra perspectiva lo que corresponde es, por un lado, quitar ese veto para que la RPL sea a plenitud Ley de la República; y, por otro, que la Uccaep de ahora vaya, si quiere, a “pulsearla” con las reformas legales que quiere de la misma; tanto como lo hemos realizado a lo largo de los últimos 15 años, entidades laborales como las que representamos que sí asumimos con gran seriedad y con responsabilidad el desafío de la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Aplaudimos la decisión de revisar los gastos de alquiler en que incurre el Gobierno

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude la decisión del Gobierno de revisar y tomar acciones sobre los gastos en alquiler de edificios que incurre para el sector público y, que dicha revisión empiece por el Ministerio de Hacienda, como lo indicó el propio Ministro de esa cartera, Helio Fallas, quien además calificó de “astronómicas” las cifras que paga el Estado por ese concepto.

Lo anterior debido, a que según datos solicitados al Ministerio de Hacienda, el 28 de noviembre del 2013, por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, y entregados el 22 de mayo del presente año, indican que sólo dicho Ministerio gasta por año en alquiler de edificios la suma de 7.500 millones de colones, lo que representa cerca de 600 millones de colones por mes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que hay que celebrar que el Gobierno de la República este hablando de este tema del pago de alquileres, y también de anotar de que el ejemplo empieza por casa (Ministerio de Hacienda), “Le adelantamos a don Helio (Fallas) que en ANEP ya teníamos datos de que en el caso del Ministerio de Hacienda la cifra ronda los 7.500 millones de colones al año en alquileres, lo que representa 600 millones de colones por mes”.

“Lo que nosotros nos mueve al comentar esto, es que ojala se realice de manera integral, al menos empezando por el Gobierno Central y sus entes adscritos. Pero también sería muy interesante y que ANEP lo va a formalizar, es saber con exactitud las sociedades o personas que le cobran esos alquileres al Estado; de tal suerte que pudiéramos constatar si hay diversidad de oferentes, si existe concentración de grupos empresariales, si están al día con sus responsabilidades tributarias, y también si estos grupos o personas han tenido o mantienen nexos con importantes figuras del sistema político tradicional”, dijo Vargas.

Para el Secretario General de la ANEP parece muy importante transparentar esto, ya que en reiteradas ocasiones desde nuestra organización se ha dicho que el problema del déficit fiscal que tanto preocupa no necesariamente es un problema de salarios, ni se le debe de echar los muertos del déficit fiscal a los pluses salariales, si no que existen muchas vías para resolver el problema tributario del país.

“Si en alquileres se pueden dar pasos en esa dirección, en buena hora que el Gobierno haya señalado este punto”, finalizó Vargas.

Trabajadores de Tiendas Libres del IMAS se unen a la ANEP

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El pasado martes 13 de mayo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sumó una nueva Seccional en busca de defender los derechos laborales de los y las trabajadoras, se trata de los colaboradores de las Tiendas Libres del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ubicadas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, quienes han visto como se vulneran sus derechos.

Esteban Solís Hernández, Presidente de la Seccional ANEP-Tiendas Libres, indicó que la idea de unirse a nuestra organización es apalancarse en todo el sistema que tiene establecido la ANEP, para lograr los objetivos que tienen en defensa de sus derechos laborales.

“Lo que queremos es la defensa de ciertos derechos que nos están violando como por ejemplo: que en este momento no hay comedor de empleados, incluso en este tema ya presentamos una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes. A nivel laboral varios compañeros tenemos en la corte una denuncia contra el IMAS, debido a que no nos han pagado el derecho de las vacaciones, otro de los objetivos es el tema de horarios ya que muchos no podemos estudiar y los viáticos. Además, estamos con investigaciones ya que tenemos bastantes dudas sobre trámites que se han realizado a lo interno en contratación de servicios externos”, dijo Hernández.

Respecto al comedor Hernández indicó que este se encuentra enfrente del aeropuerto y el traslado ida y vuelta les toma unos 30 minutos y a esto se suma que solo tiene 45 minutos de almuerzo.

“Están violando nuestro derecho a alimentarnos. No podemos comer en las áreas comunes del aeropuerto porque el personal de la terminal aérea nos retira el gafete lo que significa perder nuestro empleo y si comemos en la tienda somos amonestados, por lo que en ocasiones debemos consumir los alimentos a escondidas. Queremos mantenernos unidos porque se están dando ciertos abusos por parte de la gerencia del IMAS y de la parte administrativa del aeropuerto”, manifestó el Presidente de la Seccional ANEP-Tiendas Libres.

Otros de los objetivos de la Seccional que está conformada por 31 trabajadores, es negociar una convención colectiva que les permita establecer sus derechos laborales y obligaciones de su patrono.

ANEP Joven invita a los cursos a distancia: Formación de jóvenes promotores

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados por medio de su Secretaría de Juventud, ANEP Joven invita a todas las personas menores de 35 años a que participen del curso a distancia denominado: Formación de jóvenes promotores y promotoras sindicales: Por más Trabajo Decente, auspiciado por la Oficina Regional de la OIT y el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín, en coordinación con CSA y UNI Américas juventud:

Dicho curso se realizará del 26 de mayo al 26 de julio y la convocatoria está abierta, con un cupo limitado de 90 sindicalistas jóvenes de toda América Latina.

Como objetivo principal del curso, se persigue capacitar a jóvenes sindicalistas (hasta los 35 años de edad), para que “conozcan sus derechos y responsabilidades, fomentando así la formación de una sociedad más justa, democrática y solidaria, acercando a los y las jóvenes y futuros trabajadores y trabajadoras a los sindicatos”.

Debido a que la naturaleza del curso no es presencial, se requiere el uso de una plataforma virtual, por lo que los interesados a participar deben de cumplir con los siguientes requisitos:

  • Disponibilidad de al menos 6 horas por semana en su propio horario y posibilidades para participar en los foros.
  • Tener habilidades informáticas básicas.
  • Uso básico de un procesador de texto.
  • Enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
  • Navegar en Internet y ubicar páginas Web e información específica.
  • Descargar un archivo de datos desde una página Web, grabarlo en el disco duro de su computador e imprimirlo (de ser necesario).

Quienes cumplan con los requisitos de edad y los antes señalados, deben externar su interés, registrándose antes del 20 de mayo en la página web de la Escuela de Trabajo Decente www.actrav-etd.com

Una vez inscritos, deben comunicarse con la compañera María Laura Sánchez Rojas para informarnos de su registro a la siguiente dirección: marialaura@anep.or.cr para poder mantener la coordinación del grupo representante por ANEP.

Esperamos contar con su valiosa participación en este curso de gran relevancia para su formación personal y sindical, así como para beneficio de nuestra querida ANEP.

Recordarles respetuosamente que quienes participen lo hacen en representación de ANEP y por lo tanto deben ser puntuales, cumplidos/cumplidas y atender esta capacitación con seriedad. Esto siempre se les solicita a quienes representen a nuestra organización en diversas actividades.

Si tienen alguna consulta, pueden comunicarse con el compañero Deiby Porras o las compañeras Paola Badilla y María Laura, a los teléfonos 8895-2550 8997-7584 ó 8702-5328 respectivamente.

La reunión de los “papudos” banqueros con el Presidente Solís

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El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, recibió en su despacho a los representantes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), poderoso gremio corporativo-empresarial en cuyo seno se han integrado los mismos bancos del Estado que, en buen parte, comparten los “ideales” de los banqueros “naturales”: que es la máxima reproducción del capital posible sin consideraciones de orden social ni de integración y movilidad sociales.

Los banqueros de la ABC le “ofrecieron” al nuevo Gobierno, para empezar (porque podría ser más plata), ¡500 millones de dólares!: casi 300 mil millones de colones; poco más de un 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta gigantesca cantidad de dinero que le ofrecen prestar al Gobierno para que éste lleve a cabo sus buenas intenciones en materia de construcción de obra pública (como escuelas) y en reparación y restauración de diversa infraestructura vial; nos motiva para lanzar varias reflexiones e interrogantes:

Los banqueros han venido siendo objeto de grandes privilegios fiscales-tributarios en los últimos tiempos del fundamentalismo macroeconómico de sesgo neoliberal. Si tienen para prestar, “en dos toques” (como diría nuestro pueblo), 500 millones de dólares, o más; entonces; ¿de qué naturaleza ha sido el tratamiento fiscal-tributario para que se diera semejante acumulación de capital durante los gobiernos neoliberales del PLUSC?…

¿No habrá llegado la hora de “darle vuelta a la tortilla” y poner a los banqueros a tributar en proporción progresiva a sus abultados ingresos, capitales y nuevas posibilidades de negocio que representa un préstamo de tal magnitud?

Es evidente que tal acumulación de capital generada por el negocio financiero-bancario de las entidades integradas en la ABC, son la contracara (o, por lo menos, una de las principales), del doloroso proceso de crecimiento de la desigualdad, de la precariedad laboral, del crecimiento del empleo informal y de la prevalencia de un sistema tributaria absolutamente injusto: el regresivo, el que hace pagar más, proporcionalmente hablando, al que gana menos. Evidentemente, cada vez se nota el carácter de desafío estratégico para la lucha social y popular que significa cambiar el sistema tributario costarricense.

¿Cómo se ha de manejar semejante cantidad de plata en manos de una institucionalidad pública, como la de los consejos del MOPT, altamente cuestionada e impregnada de gran opacidad? En lo específico y en materia de construcciones, se abren las posibilidades de nuevos y enormes negocios de insospechados beneficios rentistas, a favor de varias y poderosas empresas constructoras privadas que han venido funcionando como una especie de cártel oligopólico en materia de construcción privada de infraestructura vial pública pagada con fondos públicos.

La dimensión del reto gubernamental para transparentar este aspecto, se agiganta enormemente ante la posibilidad del uso de esos 500 millones de dólares que la ofrece la ABC al gobierno del Presidente Solís, en un marco de una institucionalidad que no ha cambiado.

Finalmente, lo que debe ocurrir con una recuperación nacional del papel de la banca pública en un escenario de “cambio” como el que se nos viene indicando, debe ser una preocupación de todos los sectores políticos y sociales que vemos en el crecimiento de la desigualdad un grave problema de estabilidad democrática.

Al menos, en lo que a esta organización respecta, la tarea histórica es obligar a los bancos estatales a volver a sus postulados originales, los de la nacionalización bancaria de 1949, decretada con don José Figueres Ferrer (“Don Pepe”). Este podría ser uno de los ámbitos donde el “cambio” alcance a más gente, tanto como la enorme cantidad de ciudadanía que tiene confianza en la acción gubernativa del Presidente Solís.

¿No será que llegó el momento de que a la banca pública se le ordene dejar de andar con “malas juntas”? Además, es preciso saber cuánta plata de esos 500 millones de dólares los aportan los bancos del Estado; para, al menos en este ámbito, intentar averiguar por qué razón les ha estado “sobrando” tanta plata en medio de tanta desesperanza y sufrimiento social de grandes segmentos de compatriotas, especialmente la agobiada y estrujada clase media.