La decadencia de valores, son la principal amenaza de una sociedad democrática como la nuestra, más preocupante que las mismas acciones del crimen organizado y el narcotráfico que según nuestro señor Ministro de Seguridad son la razón por la cual se compraron vehículos Toyota Prado. Pensamos esto por cuanto son los valores éticos y morales los que permiten a una sociedad ser resistente a la “invasión” de estos flagelos.
Igualmente la verdad y la justicia son valores esenciales en la vida y el ejercicio de nuestras funciones, tanto privadas como profesionales, por esto a través de estas líneas trataremos de aclarar al señor Ministro de Seguridad algunos términos.
Primero: aclararle que no actuamos por ignorancia, y muchos menos por mala fe, la ignorancia suele entenderse de forma general como falta de conocimiento acerca de un asunto determinado, se toma como sinónimo de estupidez, tomándose de ese modo como un insulto, si no es un desprecio. Pero no asumiremos ninguna de estas por cuanto le podemos demostrar que tenemos el conocimiento suficiente para hablar del tema, de manera técnica y práctica, por esto le seguiremos cuestionando la compra de 52 vehículos de lujo, que no reúnen características para las tareas policiales.
Segundo: Se considera la mala fe, como una actitud maliciosa o temeraria, algo que a diario le pido a Dios, no forme parte de mis acciones, toda vez que nos motivan la búsqueda de la verdad, de la justicia y del bien común, principios que forman parte de la herencia de valores que acuñamos.
Ante nuestros cuestionamientos, bien fundados y ante la carencia de argumentos de su parte, se recurre a la ofensa, y el descredito de nuestra labor, pero olvidándose un pequeño detalle, que nosotros conocemos la materia policial.
Se dice que en un estado de derecho, todos estamos obligadas a observar y respetar la Ley, esto no se observa en la compra de los Toyota Prado, por cuanto se omitió el artículo 59 de la ley 7410, ¿Por qué? ¿Acaso se omitió involuntariamente el marco jurídico?, hablo del color de los vehículos, aunque pareciera percata minuta, es parte de la Ley.
Más llama la atención del caso, el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con cientos de abogados, incluyendo a su máximo jerarca, además de un cuerpo de asesores, ante esto en caso de que no sea algún acto “nebuloso” se podría justificadamente pensar que la compra NO fue planificada, si lo hubiera sido, los carros hubiesen cumplido con las especificaciones señaladas en la Ley.
Existe una preocupación más que justifica nuestra denuncia, como por ejemplo: el Convenio Marco que usted cuestionó en el año 2012, carecía de mantenimiento para los vehículos, y de todos es sabido el alto índice de siniestralidad de los vehículos de la Fuerza Pública, así como las fallas mecánicas en los equipos de transporte.
Ahora bien, es importante señalar que según documentación en nuestro poder, en esta compra únicamente se consideró los cambios de aceite, filtros de aire y filtros de aceite, algo sumamente insignificante, considerando los datos de accidentes de las unidades policiales, por la naturaleza de sus funciones.
Nos parece que debido a lo anterior, se nos debería aclarar, si se cumplió el deber de observar el debido equilibrio entre finanzas, inversión, uso y rentabilidad, así como, garantías, mantenimiento de vehículos que en la sana teoría deberían laborar 24/7. Igual debería aclararse porque se mantienen estos vehículos sin accesorios como las luces rotativas etc.
En la justificación de este “sospechoso” tema, se intenta confundir a la opinión pública, diciendo que nos oponemos a que la policía tenga buenos vehículos, lo cual es rotundamente falso, no estamos cuestionando la compra y distribución de 312 vehículos “Pick Up”, tampoco cuestionamos la compra y entrega de Motos, estamos cuestionando la compra de carros de lujo, hablamos de los Toyota Prado Automáticos, que solo manejan personas adineradas y/o grandes corporaciones.
Señor Ministro, como virtud la justicia es un principio operativo que nos dirige a ser justos.
