Paro provoca mejoras en Nutrición del Hospital de Niños

Las personas trabajadoras del Departamento de Nutrición del Hospital Nacional de Niños se mantuvieron en un movimiento de paro de labores durante la mañana del jueves 11 de julio. Pedían mejoras en la metodología de evaluación, así como varios cambios en el departamento.

La reacción positiva de la administración no se hizo esperar, rápidamente se sentó una mesa de diálogo y se llegaron a acuerdos positivos en todos los puntos que presentaron trabajadores y trabajadoras. Además, se acordó que no habrá ninguna represalia contra las personas que estuvieron en paro.

Estos son los puntos de negociación que presentaron las personas en paro:

  • Mejorar el método de calificación.
  • Solucionar el tiempo extraordinario en el área de nutrición.
  • Permitir el cambio de turnos entre el personal.
  • Parar el maltrato al personal.
  • Tres plazas para mejorar la atención.
  • Cambios en el menú de comidas para los pacientes.
  • Dos plazas más para el área de medicina 3.

ANEP nunca ha sido condenada por persecución sindical

El día martes 9 de julio DIARIO EXTRA publica, en su página 2, el artículo titulado “¡Lío legal por despido en ANEP!” con una clara tendencia a dar por cierta la información que maliciosamente brinda la señora Susan Quirós.

Como el periodista Marco Leandro escribe en el primer párrafo de su nota, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José declaró viciado de nulidad todo el procedimiento, ya que la sentencia anulada se dio por no conocer el juez toda la contestación presentada por la ANEP a la demanda de la señora Quirós. Todo esto está escrito en el expediente 13-000323-1178-LA-3.

Las declaraciones de la señora Quirós son completas calumnias hacia nuestro sindicato y hacia nuestro secretario general, Albino Vargas Barrantes. El Juzgado nunca ha demostrado que hubo un despido antisindical.

La declaratoria con lugar a la primera sentencia, la que como decimos ya fue anulada, se dio únicamente porque el señor juez presupuso que la ANEP no había presentado pruebas, no le había dado seguimiento al proceso, y por tanto “se dan por ciertos los hechos”; no porque existiera prueba alguna de persecución sindical en nuestro sindicato.

Las pruebas sí fueron presentadas, existen los documentos que así lo demuestran y es por eso que se da la sentencia y todo el procedimiento como nulo.

También miente la señora Quirós al decir que en el último proceso electoral de la ANEP hubo “fraude”. Se trata de escudar en decir que “otros pensaban que en las elecciones internas hubo fraude”. Esas no son palabras de otros, son calumnias de su propia boca.

El proceso electoral interno de la ANEP fue completamente limpio y transparente, tanto así que la tendencia electoral a la que se adscribió la señora Quirós ganó 7 escaños en la junta directiva nacional, de los cuales 6 fueron abandonados casi al día siguiente de realizadas las elecciones.

Y por último, vuelve a mentir la señora Quirós al decir que laboró 14 años como abogada en este sindicato, ya que aunque en ANEP le dimos incentivos salariales y de tiempo para que finalizara sus estudios, mientras estuvo laborando acá nunca sacó su título de licenciada en Derecho, por lo tanto no podía ser contratada como abogada por esta organización. Al terminar su relación laboral con la ANEP, dicha señora recibió, en un solo pago, todos los extremos laborales que según la ley le correspondían.

Lamentamos mucho el tono de la nota escrita por el señor Leandro, ya que la ciudadanía se quedó con la sensación de que lo dicho por la demandante es la verdad. Serán los Tribunales de Justicia los que den la razón a la ANEP y se compruebe, sin ninguna duda, que no hubo ningún tipo de persecución sindical en el proceso de despido de la señora Quirós.

Lic. Wálter Quesada Fernández
Secretario general adjunto de ANEP

Transformación de pensamiento en favor de la calidad humana

Algunos estudios señalan _“En esta época en que todos y todas, hablan de calidad de productos, de calidad de procesos, calidad de servicios, calidad de sistemas… muy poca gente habla de calidad humana, calidad de vida… y sin ella, todo lo demás es apariencia, sin fundamento”_…

Esta presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Publica, y de paso repercute en la ley General de Policía 7410 tal como nos lo adelantara el señor José María Rico, en un artículo de opinión, se presenta con el expediente número18.751 en el se plasman algunas modificaciones que coinciden con algunos de nuestros ideales de lucha.

Entre estos la creación de Régimen de Bienestar Social de los funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Publica, la Posibilidad de un Régimen especial de pensión que permita la jubilación a los 55 años, lo cual es justo por el desgaste que sufre la salud del Policía luego de los años de servicio, igual es importante que todos los oficiales tengan derecho de ingresar al régimen de estatuto, reconociéndose la experiencia, como método similar al de convalidación de materias, para quienes pasen el curso Básico Policial de alta, aunque les haga falta el tercer ciclo.

Sin embargo, nos preocupan algunos temas, como la reubicación por tiempo indefinido, consideramos que debería establecer claramente la justificación de la reubicación, los plazos y los motivos por los cuales se pueda ampliar, consideramos igual la malla curricular de la Academia Nacional de Policía debe ampliarse de forma que se obtenga un nivel, mínimo de Técnico Policial.

Desde nuestra visión, pensamos el proyecto debería indicar claramente en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico, la jornada de trabajo que debe cumplir el servidor Policial, y las excepciones en que esta se podría prolongar, esto para evitar algunos de los constantes abusos por parte de un sector del mando.

La omisión de estos derechos, por la administración deshumaniza el servicio del Policía, lo cual nos ha llevado como representantes sindicales desde la ANEP, a acuñar la necesidad de interponer acciones varias en aras de favorecer el ambiente laboral de nuestros afiliados y por ende beneficiar el servicio que recibe la ciudadanía, pero además hemos solicitado a dos de los señores Legisladores que integran esta comisión, audiencia para abordar algunos de estos aspectos.

Sigue dejando de lado la necesidad de humanizar la labor del Policía, el cual debe desempeñar una tarea sumamente diversa, compleja y peligrosa, procurando el ejercicio de sonreír y servir. Aunque esté perdiendo la posibilidad de convivir en familia.

EL POLICIA NECESITA DE SU FAMILIA Y DE CALIDAD DE VIDA

Atiende a tu propio interés sin descuidar el interés ajeno, Costa Rica, está siendo inundada de Narcotráfico y Crimen Organizado, esto no es ningún secreto, lo ratifico recientemente el señor Director del Organismo de Investigación Judicial, (O.I.J), ante este panorama se hace sumamente necesario manejar una adecuada supervisión del trabajo Policial, está bien que se quieran crear oficinas encargadas de esta tarea, sin embargo se debe buscar también la forma efectiva de minimizar la tentación en el Policía de pasarse de “acera”.

El Policía, no es un robot, o un ser distinto inmune a la corrupción, y las condiciones actuales, son evidentemente muy distintas a las de hace 25 años, cuando el Guardia Rural, hasta ordenaba un lindero. Los y las Policías, que a pesar de la importantísima labor que desempeñan, reciben un BAJO salario máxime al considerar que la jornada es de doce horas, tienen la “obligación” de no equivocarse, y el deber de permanecer siempre atentos y amigables, como si tal en verdad fueran máquinas.

Por es necesaria una transformación, que disminuya el desarraigo familiar, y la desintegración familiar, atenuantes de un grave problema que no se contempla de manera directa en la reforma, la pérdida de hogares, los múltiples divorcios, afectan socialmente a hijos de Policías, que crecieron con la figura de padres ausentes, este “fenómeno” indudablemente repercute de manera directa en la motivación, potencia la corrupción y afecta la prestación del servicio de seguridad ciudadana, además de los procesos que de alguna manera son causados por la misma administración, reduciendo los salarios, aplicando suspensiones a un oficial sin considerar dentro del debido proceso, si la “falta” se dio por caso fortuito, en cumplimiento del deber, e inclusive como resultado de la fatiga que representa la función Policial de doce horas, con el actual nivel de peligrosidad, ¿será esta la idea de un tribunal especial?.

Lo cierto es que los y las Policías deben ser honestos, y necesitan ser fuertes ante la tentación, aunque su salario siga siendo inferior al merecido… San Mateo 25; 21“Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.”. Servir es un honor.

Bolivia ofrecerá asilo a Snowden si se lo pide.

“Si nos lo pide legalmente, vamos a dar asilo para saber cómo nos controlaba el gobierno de Estados Unidos (…) No tenemos ningún miedo”, afirmó Morales en un acto público en Chipaya, zona rural del departamento andino de Oruro.

“Vamos a dar asilo si nos pide ese norteamericano perseguido por sus compatriotas”, aseguró el presidente venezolano.

Morales afirmó que daría asilo a Snowden en “protesta” contra los países europeos que impidieron el tránsito de su avión bajo sospechas de que a bordo estaba el extécnico de la CIA.

Bolivia se suma así a otros dos país de ALBA, Venezuela y Nicaragua, que también se muestran dispuestos a conceder asilo a Snowden.

La decisión de varias naciones latinoamericanas, como Venezuela y Nicaragua, de conceder asilo a Snowden demuestra su independencia de EE.UU. En respuesta, Washington intentará aislar a esos países recurriendo a la ayuda de sus aliados, dijo a RT el periodista Yusuf Fernández.

El pasado 2 de julio presidente boliviano se vio obligado a pasa más de 13 horas en el aeropuerto de Viena cuando regresaba a su país procedente de Rusia, después de que varios países europeos le impidieran aterrizar o sobrevolar sus espacios aéreos ante la sospecha de que Snowden estuviera a bordo del avión presidencial. Más de 130 países, miembros del Grupo de los 77 y del Movimiento de los Países No Alineados repudiaron el incidente, calificándolo de acto “injustificado e inamistoso” contra la seguridad del presidente de Bolivia.

Edward Snowden, que ha quedado ‘atrapado’ en uno de los aeropuertos de Moscú después de que EE.UU. revocara su pasaporte, ya ha pedido asilo a 27 países.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/99350-bolivia-asilo-snowden

Socialdemócrata, cristiano y de izquierda

Considerando la esfera sociopolítica en la que nos desenvolvemos en nuestro trabajo cotidiano, insertos en la causa de aportar para la dignificación plena de la clase trabajadora, en general; algunas personas nos han preguntado cuál es nuestra ideología, cuál es la naturaleza de nuestro pensamiento filosófico y cuál es, incluso, nuestro “partido”.

Esto es muy importante comentarlo públicamente, sobre todo por la presencia en las filas del sindicalismo nacional, de pensamientos totalitaristas y excluyentes, mismos que se sienten dueños de la verdad absoluta y que no son capaces de tolerar la diversidad ni la diferencia.

Pues bien, siempre nos gustó la política. Nacimos a la misma en el Partido Liberación Nacional (PLN), cuando éste todavía se inspiraba en los postulados clásicos de la Socialdemocracia. Esto fue allá por los años 70 del siglo pasado. Posteriormente, al calor de la gran emoción y adhesión del pueblo costarricense con la causa sandinista nicaragüense y en contra de la tiranía somocista nos acercamos a naciente coalición Pueblo Unido, llegando a militar en su parte más grande, el Partido Vanguardia Popular (PVP), en la primera parte de la década de los años 80.

A la altura de 1986, más o menos y tres años antes de la caída del Muro de Berlín, abandonamos sus filas para, hasta la fecha, casi treinta años después, no militar en ningún partido político. No obstante, estamos orgullos de nuestro pasado partidario.

Conocimos de la degeneración ideológica de la socialdemocracia tica que era prohijada por el PLN, como también conocimos de la división del PVP, cuyos responsables históricos, algunos todavía vivos, no dan cuenta aún de sus actos al respecto.

Al derrumbarse el totalitarismo soviético, en 1989; así como al manifestarse el avasallamiento neoliberal posterior contra los derechos sociales de los pueblos y la entronización en el poder global de la hegemonía más brutal del capitalismo, la de signo bancario-financiero; nos llevaron a la comprensión de que el Humanismo Cristiano, las enseñanzas de Cristo, podían alimentar la lucha sindical y social; tanto como la interpretación marxista de la contradicción fundamental de la sociedad, el capital vs. el trabajo; al igual que considerar la recuperación histórica de los fundamentales postulados socialdemócratas se volvía prioridad en el escenario planetario de hoy.

Adicionalmente, en nuestro propio escenario sociohistórico de la formación de la nacionalidad costarricense, la recuperación del pensamiento de aquellos patricios y de aquellas grandes mujeres del pasado nacional, también podían alimentar la construcción de una opción sindical de alta diversidad, potenciadora de la construcción de un polo sólido de contrapoder y en gran confluencia con el sentir ciudadano, no contra él.

Uno ve lo que pasa en Grecia, en España, en Italia, en Irlanda, en Portugal y otros países de la Unión Europea (UE); uno ve cómo en Cuba se dan transformaciones económicas que van hacia formas de propiedad clásicas y de Economía Social; uno ve cómo en varios países de la América del Sur, las políticas son para profundizar la democracia, empoderar a la ciudadanía y mayores y más profundas políticas de inclusión, de integración y de igualdad sociales.

Entonces creemos no andar tan “perdidos” en el pensamiento sindical que estamos defendiendo y practicando. Lo que tanto ortiga al sindicalismo panfletario y vagabundo que no estudia. En nuestro próximo comentario, ahondaremos sobre ello.

Imprescindible un reajuste verdaderamente compensatorio para los puestos de “más abajo”

El próximo martes 9 de julio, a partir de las 2 de la tarde y en el mismo lugar (sede central, en barrio Tournón del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tendrá lugar la segunda reunión entre el Gobierno y las principales corrientes sindicales con representación laboral en el Estado, a fin de determinar de cuánto será el reajuste salarial para quienes trabajan en la Administración Pública, correspondiente al segundo semestre, ya iniciado, de este 2013.

Para la Presidenta Chinchilla no hay pobres entre los empleados públicos. Su alto estándar de vida no le “permite” percatarse de lo siguiente:

Al 30 de junio de 2013, según datos oficiales del Consejo Nacional de Salarios, ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el monto básico, el “piso” del salario mínimo (o “mínimo minimorum”), estaba en la suma de 229.777 colones; prácticamente el ingreso salarial neto de 64 mil empleados públicos (63.902, para ser exactos), que está en la suma de 233.217 colones, a esa fecha. Otros casi 39 mil (38.526), están en el rango salarial neto mensual de 233.217 a 310 mil colones.

Estos datos, extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares, correspondiente al año 2012 y elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es absolutamente clara de que sí hay personas trabajadoras que laboran para el sector Público en condición de pobreza, pese a que la Presidenta Chinchilla no lo crea.

Unos 100 mil empleados públicos y empleadas públicas tienen que vivir con 310 mil colones, o menos, al mes; cantidad a la cual hay que quitarle los pagos por deudas que, por lo general, son deducidas de planilla.

Con la liquidez que quede, se deben pagar todos los demás gastos: agua, luz, teléfono, celular e internet (si se puede tener), pasajes de autobús y comedera (lo fundamental)… La plata no alcanza para un nivel de calidad de vida digno. En miles de estos hogares, solamente hay ese único ingreso; y, por lo general, 4 personas por hogar, con lo cual el nivel de empobrecimiento es más intenso por esa precariedad salarial.

Por eso es que reiteramos los planteamientos centrales que dejamos en mesa, el pasado viernes 5 de julio, cuando se dio la primera reunión bipartita sobre este asunto; planteamientos que vemos como los pilares para el diseño de “otra” política salarial que empiece a revertir por esta vía el sistemático crecimiento de la desigualdad en Costa Rica.

PRIMERO: 6.20% para abrir la negociación en cuanto a cifras concretas (inflación vencida, 3.24; inflación proyecta, 2.5%; 0.46, como porcentaje redistributivo de crecimiento de la riqueza por aumento del PIB).

SEGUNDO: Redefinición metodológica de la conformación de la Canasta Básica Alimentaria para establecer actualización plena a la realidad del hoy y con base en la inspiración de un nivel de calidad de vida digno, más allá del cálculo sobre la mera sobrevivencia.

TERCERO: Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre el crecimiento de la desigualdad.

CUARTO: Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre los niveles actuales de endeudamiento de la población trabajadora asalariada, en ambos sectores de la economía.

El Candidato Verdiblanco

El candidato Jhonny Araya
Esta en primer lugar,
pero la campaña política
no ha comenzado a calentar.

Conforme pasen los meses
y aparezcan más candidatos,
podría ser posible
Que cambien los datos.

Que los electores se inclinen,
Por otras opciones,
y que todo sea distinto
el día de las elecciones.

Que los ticos voten
por otros partidos,
y que Jhonny no alcance
Los votos requeridos.

Que todo se diferente
el día de la elección,
y que saquen del poder
al partido Liberación.

Homologada Convención Colectiva en el SINART

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha emitido resolución oficial por medio de la cual se homologa la Primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT), suscrita entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART S. A.), y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Dicha resolución, No. DRT-224-2013, de las doce horas del día tres de julio del año dos mil trece, está firmada por la licenciada Leda Villalobos Villalobos, Jefe del Departamento de Relaciones de Trabajo, de la Dirección General de Asuntos Laborales, del MTSS.

Culmina así un largo y sinuoso camino, incluso con varios años en tal proceso, para tener lo que ya es una realidad histórica en la vida laboral del país: Hablamos no solamente de la Primera CCT en la historia del SINART, S. A. a 35 años de su fundación; sino de la primera CCT en un medio de comunicación colectiva del país.

Muchos han sido los esfuerzos de la ANEP durante todo este largo tiempo y citar los nombres de las principales personas intervinientes en todo este lapso podría llevar a que cometiéramos injusticias al dejar de nombrar a alguien en particular. Anticipadas disculpas por ello.

Pero, sin duda alguna, el principal palmarés al respecto corresponde a ese gran luchador sindical de toda una vida, ese anepista de corazón, compañero Fernando Vargas Torres, actual Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART y representante laboral ante el Consejo Directivo del SINART S. A. Figura ya legendaria en la lucha laboral, sindical y social en el SINART y siempre con la bandera y con los ideales de la ANEP. La gran perseverancia y terquedad clasista en este proceso, debe reconocerse y desde esta Secretaría General, sinceramente, le felicitamos.

También merece reconocerse el papel, al final del proceso, del compañero Rafael Ángel Mora Solano, Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP, y quien hizo una intensísima laboral de eficiente gestión político-sindical ante la cúpula del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que la CCT del SINART saliera del atascamiento en que se encontraba, casi que “vetada”.

El compañero responsable de atender el SINART, como integrante de nuestra Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), también tiene mérito: don Javier Valerín Villegas. Igualmente, el equipo jurídico de la organización interviniente en el proceso, bajo, en ese momento, la guía de nuestro compañero M. Sc. Mauricio Castro Méndez.

Hay que resaltar la envergadura de este acontecimiento laboral en la vida de nuestra ANEP, sin condenar, enérgicamente, por esta vía, la errónea decisión gubernamental de descalificar el acuerdo interpartes, reiterado en grado sumo, para que la cesantía en el SINART S. A. quedara en 12 años, tal y como fue negociado y acordado tanto por la parte patronal y por la parte laboral.

El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), don Olman Segura Bonilla, “vetó”, finalmente, que en la Primera CCT del SINART S. A. su personal tuviera esa cesantía de 12 años y se tuvo que dejar como en la actualidad: 8.

Es necesario destacar que la parte patronal, varias veces, indicó que sí era manejable para la institución una cesantía en 12 años. A final de cuentas, la esencia neoliberal del presente Gobierno, quedó de nuevo manifiesta.

Indudablemente que la ANEP no se quedará con los brazos cruzados al respecto y ya tenemos en mente cómo hemos de enfrentar la “errónea” decisión política del indicado jerarca y del propio Gobierno.

Si usted repara en el documento del que estamos hablando, adjunto a esta comunicación (la homologación), le pedimos que se fije en el contenido del punto cuarto, pues los términos negociados debieron serlo al amparo del “diktat” (imposición imperial) de la funesta “Comisión para la Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público”.

Ésta está integrada solamente por representantes del Poder Ejecutivo, los cuales atienden los lineamientos políticos que la Casa Presidencial orden imponer a todo proceso de negociación colectiva en el sector Público, lo que contradice las mismas normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la materia; situación ésta que (entre otras), tiene en entredicho al país ante tal entidad global del mundo del trabajo.

Precisamente por esta situación, la ANEP impulsó y lo logró que la comisión de marras fuera eliminada en el texto ya aprobado de la Reforma Procesal Laboral (RPL), mismo que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa pero que la Presidente Chinchilla vetó, aunque no por esta razón.

Si logramos superar este veto y la RPL es ley de la República, la tal comisión desaparece y, por tanto, la negociación colectiva en todo el sector Público, llegará a ser plena. Entre otras muchas razones, ésta nos motiva para seguir luchando a favor de la RPL, tanto como ya lo hemos venido haciendo.

No termina dejar de impresionarnos cómo hay “dirigentes” sindicales que piden que la RPL se archive, tanto como lo pide el gran empresariado bananero antisindicalista de la Corporación Bananera Nacional (Corbana). Vea nuestro artículo en Diario Extra al respecto: “RPL: Los extremismos se unen”, de fecha miércoles 26 de junio de 2013.

¡¡¡FELICITACIONES A LOS TRABAJADORES Y A LAS TRABAJADORAS DEL SINART,
por este logro histórico de la lucha sindical anepista!!!

¡¡¡FELICITACIONES A TODOS LOS Y A TODAS LAS ANEPISTAS DEL SINART S. A.
por confiar en la ANEP!!!

¿Qué debe contemplar la venidera “negociación” salarial para el sector Público?

El Gobierno ha convocado a las principales organizaciones sindicales con representación laboral en el seno del conglomerado trabajador del sector Público, para “negociar” el monto-porcentaje del reajuste salarial por costo de vida correspondiente al segundo semestre del 2013; definición que de un modo u otro incidirá en la calidad de vida de las 288 mil personas que trabajan para la Administración del Estado en todos sus niveles.

La ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), llevarán su propio planteamiento cuyos puntos centrales son:

El “desenganche” de la ley salarial de los profesionales en ciencias médicas del país con relación a los 22 puestos del Gobierno Central

Salarios policiales: a) Revisión del reajuste salarial extraordinario para los policías de “abajo” de la Fuerza Pública; b) el pendiente manual de puestos de la Policía Profesional de Migración; c)así como las deudas por homologación y disponibilidad en la Policía Penitenciaria.

Sacar del sótano salarial a los vigilantes de los centros educativos público que están ganando por debajo del mínimo-minimorum. Algo similar debe hacerse con los guardaparques nacionales.

La especialización técnico-profesional para el personal, básicamente femenino, de los CEN-CINAI.

Otros puestos del Estado central en condición salarial precaria: administrativos y operativos-técnicos, por ejemplo.

Para hacer verdadera justicia salarial y para empezar a atacar el crecimiento de la desigualdad vía una nueva política salarial, se necesita considerar lo siguiente para el reajuste:

Inflación vencida del primer semestre del 2013: 3.24%
Inflación proyectada al final del segundo semestre del 2013: 2.5%
Un porcentaje por crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): 0.46%

6.20%, en consecuencia, sería un reajuste por costo de vida, realmente digno y compensatorio del deterioro del poder de compra del salario de quienes laboran para el sector Público; especialmente, en los puestos más bajos de la Administración Central del Estado (Poder Ejecutivo), gran parte de los cuales son afectados por su ligamen con la ley salarial médica.

Finalmente, se hará un planteamiento para la emisión de una directriz política al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a fin de que se abra una línea de investigación estadística para, por un lado, hacer mediciones más puntuales y específicas sobre el crecimiento de la desigualdad; y, por otro, para pormenorizar sobre el problema del alto endeudamiento salarial y cómo éste carcome las economías familiares asalariadas.

Millones para politiqueros nombrados en el MAG

Una importante sentencia judicial, la número 2013-000391, fechada 12 de abril de 2013, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al Estado, vía Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pagar importantes sumas salariales a altos jerarcas actuales, con rango de Director Regional, desde que tales funcionarios fueron impuestos en esos puestos en la Administración Arias Sánchez, pese a que ya había servidores públicos ocupando los mismos, bajo el Régimen de Servicio Civil y con la estabilidad en los cargos que él mismo presupone.

La administración del Expresidente Oscar Arias Sánchez, nombró a sus incondicionales en esos importantes puestos, que son la cabeza de las nueve direcciones regionales del MAG; y relegó a los legítimos jerarcas de carrera, generándose así un “paralelismo” en cada una de estas divisiones institucionales: la jefatura legal vs. la jefatura política… más bien, politiquera, la de los “partidarios incondicionales”.

Cuatro de los jerarcas regionales del MAG, impuestos por la Administración Arias Sánchez, recibirán sumas millonarias aún por cuantificar en cada caso, pues alegaron haber desempeñado tales cargos sin el salario correspondiente; dado que el salario correspondiente lo siguieron recibiendo los jerarcas desplazados, los que estaban en plena legalidad en esos puestos.

Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de que la indicada sentencia ordena el pago de esas “deudas” salariales, le ordena a la Administración la restauración en sus puestos originales-legales a los directores regionales desplazados por la politiquería.

Efectivamente, en el fallo judicial se habla, nada más y nada menos, en estos términos, de “botín político”; indicando que “…lo pretendido realmente era realizar nombramientos con fraude de ley”; y, además, “se estaría cohonestando unos nombramientos irregulares, producto de la decisión política aceptada con satisfacción por los accionantes”.

La sentencia judicial es tan ejemplarizante y de tanta contundencia como para afirmar que “…en esta situación se ha presentado un enriquecimiento injusto…, ya que la Administración se vio obligada a seguir cancelando los salarios a las personas que legítimamente ocupaban los puestos de mayor jerarquía y que se vieron desplazados con el cambio de gobierno”.

Lo peor de todo es que la presente administración gubernativa, de la Presidenta Chinchilla, por ser de la misma línea neoliberal que tenía su antecesor, el hoy Expresidente Arias, dejó que la situación continuara, cohonestó políticamente semejante barbaridad y con ello aumentó el daño económico para el Estado, que es decir, para el pueblo costarricense.

La ANEP ha enviado ya a la señora Ministra del MAG, doña Gloria Abraham Peralta, petición expresa para que proceda a restablecer la legalidad y el ordenamiento jurídico violentado en el caso de las direcciones regionales del MAG, a fin de detener el deterioro económico del patrimonio público ya erosionado por la conducta de “pegabanderas” tan esencial para la politiquería tradicional.

Todavía está por saberse a cuánto asciende el daño al erario generado por la administración gubernativa anterior y profundizado en la presente.
____________________________________________________________________________________

Licenciada
Gloria Abraham Peralta
Ministra
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANANDERÍA (MAG)

Estimada señora ministra:

La presente es para saludarla, respetuosamente; así como para transmitirle nuestra preocupación, llamando su atención sobre el alcance de la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Número 2013-000391, de fecha 12 de abril de 2013, en la que se condena al Estado al pago de una cantidad de dinero a sus funcionarios Alberto Javier Ávila Vega, Dagoberto Elizondo Valverde, Francisco Brenes Brenes y Juan Carlos Moya Lobo, ocupantes del puesto de directores regionales interinos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), producto de decisiones políticas equivocadas con grave efecto económico y administrativo para la institución. A continuación le desglosamos un resumen de dicha sentencia:

1- “…por el cambio de Gobierno, y a manera de botín político, el jerarca repartió entre los accionantes, las direcciones regionales y desplazó al personal titular de sus cargos, causando graves consecuencias económicas que esa situación acarrea al Estado y a los fondos públicos, todo por una decisión política”.

Como usted podrá observar, la Administración Arias Sánchez, 2006-2010, desplazó por razones políticas a funcionarios que ocupaban el puesto de Director Regional reconocido por la Dirección General de Servicio Civil; decisión que se mantuvo bajo su mandato, en la presente Administración Chinchilla 2010-2014, ocasionando un mayor perjuicio económico y daño del erario público.

Esta acción de desplazar a los titulares en propiedad conllevó, como resultado de esta sentencia de la Sala Segunda, que debemos de pagar los y las costarricenses a dos funcionarios de diferentes tipos (plazas), el mismo salario por ejecutar en teoría la misma función: director regional titular y director regional interino. Agregamos que adicionalmente debería su despacho evaluar el impacto de esta sentencia en los otros directores interinos (Nils Solórzano, Luis Fernando González, Nelson Kooper, Ana Gabriela Zúñiga y Eduardo Artavia), mismos que usted mantiene hasta la fecha y que podrían transformarse en potenciales demandantes al Estado, con la jurisprudencia de esta sentencia y de otras, ocasionando otra pérdida millonaria para el Estado si quisieran ejercer su derecho (igual trabajo igual paga).

Señora Ministra: Con el mayor de los respetos usted debe determinar las consecuencias de permitir que esta situación continúe, ya que con esto su distinguida persona tiene ya conocimiento de causa y podría ser acusada por la Ley de Enriquecimiento Ilícito de permitir este hecho y obligada a cancelar de su propio peculio dichas anomalías.

Como usted podría concordar con ANEP, al leer dicha sentencia, lo realizado por los demandantes tenía un trasfondo de desplazar de manera permanente a los propietarios de los cargos, al solicitar en dicho juicio la reasignación y la concesión de la propiedad como director regional permanente, y establecer con ello un mal precedente que el tribunal rechazó por ser claramente violatorio de la normativa, en este caso la Ley del Servicio Civil y los derechos de los trabajadores propietarios.

Permitir tales propósitos es legitimar una acción de “botín político”, tal como lo expresa la Honorable Sala Segunda al indicar: “ya que lo pretendido realmente era realizar nombramientos con fraude de ley”; y agrega: “se estaría cohonestando unos nombramientos irregulares, producto de la decisión política, aceptada con satisfacción por los accionantes”.

Lo indicado es muy serio y grave, que pone entredicho la gestión administrativa pública, ya que la acción de la demanda buscaba cohonestar un acto antijurídico por lo que dicha sentencia se encarga de dimensionar dicho hecho en su real dimensión al indicar: “en esta situación se ha presentado un enriquecimiento injusto…, ya que la Administración se vio obligada a seguir cancelando los salarios a las personas que legítimamente ocupaban los puestos de mayor jerarquía y que se vieron desplazados con el cambio de gobierno”.

El daño económico al Estado es grave; suma las diferencias salariales, salario escolar, aguinaldo, ajustes de ley, pluses como indemnización, pago de horas extras, para cuatro profesionales desde mayo del 2006 (el mes que entró la administración Arias Sánchez) a hoy; además sumar 20% de costos sobre el total. Preguntamos: ¿Es justo que el pueblo pague esto? ¿Quién es el responsable de este gasto extraordinario y evitable?

2- Menciona la sentencia de la Sala Segunda que “la representación del Estado ya se inició las gestiones necesarias para que se restablezca la situación de legalidad en el Ministerio de Agricultura”, y agrega nuevamente esta sala judicial: “este órgano ha advertido sobre la responsabilidad que recae sobre el personal jerárquico que ha promovido o tolerado este tipo de anomalías”.

Le consultamos si usted, como jerarca máxima del Ministerio de Agricultura y Ganadería ya ejecutó lo antes mencionado. Si fue así, apreciaríamos tener el documento donde dio inicio del proceso de restablecimiento de la situación laboral de los profesionales que ocupaban la condición de directores regionales propietarios reconocidos por el Servicio Civil.

Concordamos con los señores magistrados que dicha sentencia no es un mero acto de justicia a los demandantes, sino además un acto de llamado de atención a los responsables de instituciones públicas, a evitar los vaivenes o botines políticos para sus correligionarios; es un llamado a una administración sana y justa para el pueblo.

Se extiende de la misma que debe de cumplirse con lo dispuesto en la normativa del Servicio Civil respetando los derechos laborales de los funcionarios con propiedad al cargo de director. También en la defensa de una administración responsable y saludable en lo financiero para la hacienda pública.

Nuestra organización estará pendiente que la justicia sea cumplida y el derecho al trabajo sea respetado, en beneficio de una saludable, eficiente e importante función del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el logro de los nobles y estratégicos objetivos asignados a esta institución según la ley que define su rol en la sociedad costarricense.

3- Relacionado con el trabajo ejecutado por esos directores interinos, nos causa mucha sorpresa que se mantengan en sus cargos, más conociendo los informes de la Contraloría General de la República, a saber: INFORME DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS (PNA), INFORME No. DFOE-EC-IF-11-2011, 12 de diciembre, 2011; Informe Evaluativo del Sector Agropecuario, Informe NºDFOE-PGAA-IF-22-2010, 31 de agosto 2010.; INFORME SOBRE RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MIINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INFORME No. DFOE-EC-IIF—07-2012, 29 de junio 2012, mismos que señalan grandes pérdidas económicas, falta de comprobantes de los desembolsos de las ayudas dadas; debilidades en el sistema de Planificación y en la ejecución del Plan de Alimentos; debilidades en la Integración Sectorial.

Este escenario coincide con el mismo período en que fueron reemplazados los directores titulares y de carrera por otros. Esta transición fundamentada en criterios político-partidistas podría ser una de las principales razones de la carencia de visión del desarrollo agropecuario, de implantar un sistema gerencial verticalista, de escaso acceso, nulo trabajo en equipo y pobre integración tanto multidisciplinaria como interdisciplinaria; escasa o nula integración de los niveles nacionales con los regionales y locales.

Finalmente, solicitamos a su despacho un informe financiero-contable en el que se detalle, mes a mes y desde que se cometió la ilegalidad mencionada, las cifras pagadas dobles por los mismos cargos, de forma tal que podamos establecer a cuánto asciende la pérdida en el erario y, eventualmente, poder determinar a quién hay que demandarle los correspondientes resarcimientos.

Al dirigirnos a su digna autoridad por este medio, hemos invocado de principio a fin el contenido del artículo 27 Constitucional, así como el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General